Cataluña

2. CATALUÑA

2.1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA

DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA

A cargo de Joan Vintró

Ley 1/2000, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 13/1989, de organi-

zación, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Ge-

neralidad de Cataluña, del Decreto legislativo 1/1991, por el que se

aprueba la refundición de las leyes 3/1985 y 21/1990, de la Comisión Ju-

rídica Asesora, y de la Ley 7/1996, de organización de los servicios jurí-

dicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y de deroga-

ción parcial de un artículo de la Ley 3/1982, del Parlamento, del

presidente y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad (DOGC núm.

3111, de 31 de marzo).

toria comparecencia del presidente

—o de un miembro del Gobierno, según

los términos literales de la Ley— ante el

Parlamento cada vez que se apruebe un

decreto en la materia. Ello significa que

las modificaciones de la estructura de-

partamental de la Generalidad deberán

ser sometidas necesariamente a un deba-

te parlamentario que la Ley 1/2000 no

concreta si será en Pleno o en Comisión.

Invocando la Ley 1/2000 se han apro-

bado el Decreto 123/2000, mediante el

cual se creó el Departamento de Univer-

sidades, Investigación y Sociedad de la

Información, y el Decreto 12/2001, por

el que el consejero del Departamento de

la Presidencia tiene la denominación

de conseller en cap de la Generalidad y

recibe de la Presidencia de la Generali-

dad la delegación de funciones prevista

en los artículos 62 y 63 de la Ley

3/1982.

Las otras dos modificaciones incor-

poradas por la Ley 1/2000 tienen otro

Los preceptos sin duda más relevantes

de la Ley 1/2000 hacen referencia a la

modificación del artículo 9 de la Ley

13/1989 y a la derogación del primer

párrafo del apartado 2 del artículo 79 de

la Ley 3/1982. A partir de tales precep-

tos de la Ley 1/2000, la creación y deter-

minación del nombre, denominación y

ámbito de competencias de los departa-

mentos en que se estructura la Adminis-

tración de la Generalidad se establecen

por decreto de la Presidencia de la Ge-

neralidad. De esta forma, y a diferencia

de la normativa anterior, queda total-

mente deslegalizada la materia relativa

al número de departamentos del Go-

bierno, ya que éstos son creados o supri-

midos por decreto de la Presidencia de

la Generalidad y no se determina legal-

mente ni su número mínimo ni su nú-

mero máximo. La contrapartida estable-

cida por la Ley 1/2000 a la libre decisión

presidencial por lo que respecta a la es-

tructuración del Gobierno es la obliga-

Autonomies, núm. 27, diciembre de 2001, Barcelona.

AUTONOMIES · 27

198

La Ley 2/2000, de 4 de mayo, del

Consejo del Audiovisual de Cataluña,

es una norma pionera en el Estado es-

pañol puesto que sustituye al anterior

Consejo del Audiovisual de Cataluña

(CAC), creado por la Ley 8/1996, de

5 de julio, de regulación de la progra-

mación audiovisual distribuida por ca-

ble, como mero organismo asesor del

Consejo Ejecutivo, por una verdade-

ra administración independiente del

audiovisual. En efecto, el CAC ha sido

constituido como un ente público de

carácter institucional sometido al dere-

cho administrativo en lo que se refiere

al régimen de sus actos (art. 3), cuyo

objetivo es velar por el respeto a los de-

rechos y a las leyes reconocidos por la

Constitución y el Estatuto de autono-

mía de Cataluña en el ámbito de los

medios de comunicación audiovisual.

A fin de cumplir estas funciones, el

Consejo goza de plena independencia

respecto al resto de administraciones

públicas y está dotado de autonomía

orgánica y funcional para el ejercicio de

sus funciones (art. 1). Esta independen-

cia queda patente en algunos de los as-

pectos de la regulación de este nuevo

organismo.

En primer lugar, conviene destacar

que el CAC está integrado por diez

miembros, elegidos entre personas de

reconocido prestigio, con experiencia

en el sector audiovisual y que ofre-

cen plenas garantías de independencia.

Además de los diez miembros, nueve,

los consejeros, son designados por el

Parlamento, por una mayoría de dos

terceras partes y a propuesta, como mí-

nimo, de tres grupos parlamentarios.

El presidente es propuesto y nombrado

por el Gobierno, después de escuchar

la opinión mayoritaria de los nueve

miembros elegidos por el Parlamento

(art. 4).

Por otra parte, y en lo que se refiere al

Estatuto personal de los miembros del

Consejo, cabe señalar que, a fin de que

los miembros del Consejo actúen con

plena independencia y neutralidad, se

prevé que tengan dedicación exclusiva y

un estricto régimen de incompatibilida-

des (art. 6) y, además, se prevé que no se

pueda renovar el mandato (el artículo 5

prevé que sea de seis años y que en el

caso de los consejeros se lleve a cabo una

renovación parcial de un tercio cada dos

años), que el nombramiento sea irrevo-

cable y que la pérdida de la condición de

miembro del Consejo únicamente pue-

da tener lugar por una de las causas pre-

vistas en la Ley (art. 7).

En cuanto a las funciones atribuidas al

CAC, conviene señalar, por una parte,

que serán ejercidas, de acuerdo con el ar-

tículo 2, «en el ámbito de la comunica-

ción audiovisual gestionada directamen-

te por la Generalidad o en régimen de

concesión o habilitación» otorgadas por

la Generalidad «sea cual sea la forma de

emisión o la tecnología empleadas, y

alcance, y se limitan a dejar en manos

del Gobierno, es decir, al margen de la

regulación legal, la adscripción depar-

tamental de la Comisión Jurídica Ase-

Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña (DOGC

núm. 3133, de 5 de mayo).

sora y del Gabinete Jurídico de la Ge-

neralidad.

J. V.

también en los supuestos en los que se

efectúen emisiones específicas para Ca-

taluña y otros en los que, por aplicación

de la normativa vigente, permanezcan

sometidos al ámbito de gestión y tutela

de la Generalidad». Por otra parte, es

preciso mencionar los distintos tipos de

funciones que, en este ámbito, le son

atribuidas (art. 10). En primer lugar, le

son atribuidas competencias decisorias,

como la de adoptar decisiones vinculan-

tes para sus destinatarios en relación con

las quejas formuladas por los usuarios de

los servicios de comunicación audiovi-

sual (art. 10.f), la de adoptar las medidas

necesarias para restablecer los efectos de

la difusión o la introducción en la pro-

gramación o la publicidad de mensajes o

contenidos que atenten contra la dig-

nidad humana y el principio de igual-

dad (art. 10.m), y la de disponer el cese o

la rectificación de las emisiones de pu-

blicidad ilícita o prohibida (art. 10.o).

También se le atribuyen competencias

supervisoras como la de velar por el

cumplimiento de la normativa regulado-

ra del audiovisual y por la indemni-

dad de los principios que la informan

(art. 10.d), por la pluralidad lingüística y

cultural en el conjunto del sistema au-

diovisual en Cataluña (art. 10.e), por el

cumplimiento de la legislación sobre pu-

blicidad (art. 10.j) y sobre protección de

los niños y adolescentes, así como por el

cumplimiento de la normativa de la

Unión Europea sobre esta materia (art.

10.l), y, finalmente, la de garantizar el

cumplimiento de las misiones de servi-

cio público asignadas a los medios au-

diovisuales de gestión pública. También

conviene destacar que, a pesar de no

tener competencias para otorgar las con-

cesiones para la gestión indirecta de los

servicios de difusión sonora y de televi-

sión, corresponde al CAC llevar a cabo el

seguimiento de los aspectos no técnicos

de ésta. Por eso, la Ley otorga la función

de informar preceptivamente no sólo so-

bre la propuesta del pliego de condicio-

nes formulada por el Gobierno con ca-

rácter previo a la convocatoria de cada

concurso, sino también sobre las pro-

puestas presentadas en los concursos de

adjudicación de concesiones, sobre las

peticiones de renovación de las concesio-

nes y sobre los expedientes de modifica-

ción de capital social de las empresas ti-

tulares de la concesión y los expedientes

de transmisión de las concesiones, con el

fin de velar por el pluralismo y la libre

competencia, y a fin de que los operado-

res observen y cumplan las condiciones

de la concesión en lo relativo a la norma-

lización de la lengua y la cultura catala-

nas y el aranés (art. 10 by c). Además, el

Consejo debe informar previamente los

proyectos de ley y los proyectos de dispo-

siciones de carácter general relativos al

sector del audiovisual, y también puede

elaborar aquellos informes o dictámenes

que considere convenientes y los que le

sean solicitados por el Parlamento y por

el Gobierno. En este sentido, el artículo

12 de la Ley 2/2000 prevé que el CAC

elabore anualmente un informe sobre su

actuación y sobre la situación del sistema

audiovisual en Cataluña, que debe en-

tregar al Parlamento a través de la Comi-

sión de Control de Radio y Televisión y

al Gobierno.

Finalmente, es preciso mencionar las

competencias reguladoras y sancionado-

ras que corresponden al CAC. En cuan-

to a las competencias reguladoras, con-

viene destacar que a este alto organismo

no sólo se le atribuye la potestad de auto-

organizarse mediante la aprobación de

su Estatuto orgánico y de funcionamien-

to, sino también se le atribuye la potes-

tad de «dictar instrucciones generales de

carácter vinculante dirigidas a los opera-

dores», es decir, se le atribuye potestad

ACTIVIDAD NORMATIVA... 199

AUTONOMIES · 27

200

1. Introducción

El título de la Ley 6/2000, de 19 de

junio, de pensiones periódicas, resulta

excesivamente genérico, ya que regula

únicamente pensiones de carácter per-

sonal y voluntario, quedando fuera de

su ámbito las pensiones de carácter real,

así como otras pensiones periódicas que

no se definen por su carácter voluntario

y que también regula el derecho catalán.

Esta Ley sustituye la regulación del

censal y del violario contenida en los art.

330 a 335 de la Compilación del dere-

cho civil de Cataluña (CDCC). Por lo

que respecta al violario, el carácter más

completo de su regulación elimina la su-

pletoriedad de las disposiciones sobre

renta vitalicia del Código civil (art.

1802-1808 Cc). Además, la Ley ha su-

primido el carácter subsidiario de la re-

gulación del censal respecto a la del vio-

lario, lo que constituye una manifesta-

ción más del distanciamiento entre am-

bas instituciones, sobre todo en cuanto a

su finalidad. Así, si bien el censal sigue

teniendo la finalidad crediticia que tra-

dicionalmente se ha vinculado a ambas

figuras, el violario, por el contrario, no

excluye actualmente finalidades asisten-

ciales, pese a que durante la tramitación

parlamentaria se haya eliminado de su

regulación la referencia que hacía el Pro-

yecto: por un lado, a que la pensión pue-

da consistir en alimentos y, por otro, a la

supletoriedad de la regulación del viola-

rio respecto de los contratos onerosos

por los que una parte se obliga a dar asis-

tencia a la otra mientras viva.

En cuanto a la terminología, la Ley

habla indistintamente de violario o pen-

sión vitalicia, mientras que en el caso del

censal utiliza únicamente esta termino-

logía tradicional.

reglamentaria limitada tanto en lo que se

refiere a sus destinatarios, como en cuan-

to a su contenido, dado que estas ins-

trucciones deben tener como finalidad

exclusiva «garantizar el cumplimiento de

la legislación vigente» en el ámbito de las

competencias del CAC.

En cuanto a las competencias sancio-

nadoras, el artículo 10.greconoce al

CAC la potestad sancionadora; sin em-

bargo, la Ley 2/2000 ha optado por no

definir un régimen sancionador pro-

pio, sino que ha preferido remitirse a las

competencias que en materia sanciona-

dora corresponden, de acuerdo con la

legislación vigente del audiovisual, a la

Generalidad, en lo que se refiere al ám-

bito de actuación y a las funciones del

CAC (art. 11). Asimismo, y en cuanto a

la tipificación de infracciones y la deter-

minación de sanciones, la disposición

transitoria segunda establece que, mien-

tras no se apruebe la norma reguladora

del audiovisual en Cataluña, éstas serán

las que establezca la legislación vigente

en el momento en que se apruebe la Ley.

Para acabar, cabe aludir a la posibilidad

de establecer acuerdos de colaboración y

cooperación con otras autoridades rela-

cionadas con la regulación audiovisual y

de participar en los organismos corres-

pondientes del Consejo de Europa y de la

Unión Europea, que recoge expresamen-

te el artículo 13 de la Ley.

Esther Andreu

Ley 6/2000, de 19 de junio, de pensiones periódicas (DOGC núm. 3174, de 4

de julio).

2. Tipificación

La regulación del censal y del violario

se realiza a partir del derecho de crédito

constituido (art. 2, 3 y 10). Se trata de

obligaciones periódicas que no tienen

carácter real (a diferencia de los censos

enfitéutico y vitalicio).

El elemento básico que diferencia al

censal del violario es su duración (art.

2). Así, mientras el censal tiene carácter

indefinido, el violario es vitalicio (nota

de la que deriva la propia denomina-

ción de la institución).

Tanto el censal como el violario (este

último claramente en caso de constitu-

ción onerosa [art. 16.1.6]) son redimi-

bles, sin necesidad de pacto. La redimi-

bilidad del violario —que contrasta con

la irredimibilidad, salvo pacto, del censo

vitalicio real (art. 2 y 29 de la Ley

6/1990, de los censos [LC])— ya resul-

taba de su regulación en la Compila-

ción, pese a que la SAP Barcelona de 27

de febrero de 1996 parecía exigir que se

hubiera pactado expresamente.

3. El censal

3.1. Concepto y constitución

El censal es un derecho de crédito a

cobrar una pensión periódica que co-

rresponde indefinidamente a una perso-

na y a sus sucesores (art. 1, 2 y 3).

Una de las principales novedades en

la regulación del censal que destaca el

preámbulo es la de reconocer como títu-

los constitutivos los actos no onerosos.

Sin embargo, esta novedad, al menos tal

y como se ha introducido, plantea algu-

nos problemas interpretativos.

Así, la definición que del censal rea-

liza el art. 3 no concuerda con la posibi-

lidad de constitución por actos no one-

rosos —concretada, de forma poco ri-

gurosa, en el art. 4, que admite como

títulos constitutivos del censal, aparte

del contrato, la “donación” y el “lega-

do”—. La referencia que se hace a «en

virtud del capital recibido» en el último

inciso del art. 3 (siguiendo el art. 330

CDCC) concuerda básicamente con la

constitución onerosa. En tal sentido,

en el caso del violario, la primera refe-

rencia al capital recibido la hallamos en

el artículo dedicado a su constitución

onerosa (art. 11.1), y no en el que lo

define (art. 10).

El art. 4.1 admite, como títulos cons-

titutivos del censal, el contrato —one-

roso—, la “donación” —referencia no

exenta de problemas— y el legado —el

cual tradicionalmente ya solía admitir-

se—. En cualquier caso se exige, como

forma ad solemnitatem, escritura pública

(art. 5.1), en la que deben constar las

circunstancias indicadas en el art. 5.2.

Según el art. 4.2, en el caso de «cons-

titución a título gratuito», las atribu-

ciones se hacen al censatario con la obli-

gación de que pague la pensión al

censualista. Ello hay que entenderlo re-

ferido, fundamentalmente, a la consti-

tución del censal a través de una estipu-

lación a favor de tercero (art. 1257.2

Cc), si contemplamos la relación de va-

luta entre el constituyente del censal (es-

tipulante) y el perceptor de la pensión

(beneficiario) —relación que, a diferen-

cia de la relación de cobertura entre el

estipulante y el promitente, tendría

como fundamento la causa donandi—.

En el caso de constitución del censal a

través de un legado o de un sublegado

(art. 184.2 y 270.2 del Código de suce-

siones catalán [CS]), hay que tener en

cuenta que si se trata de un modo (im-

puesto al heredero o al legatario), tal y

como está configurado en el art. 161

CS, «no atribuye otro derecho que el de

ACTIVIDAD NORMATIVA... 201

solicitar su cumplimiento, sin que re-

dunde en provecho directo de quien

puede pedirlo».

La relación jurídica del censal se esta-

blece entre el censatario, deudor de la

pensión (el art. 214 CS contempla un su-

puesto específico), y el censualista, que es

el acreedor. En caso de que se produzca

entrega de capital en la constitución del

censal, el censualista puede diferir de

quien entrega el capital (art. 1257.2 Cc)

y, obviamente, será distinto del testador

en el supuesto de constitución por lega-

do. El art. 80 CS prohíbe al heredero

ocupar la posición del que entrega el ca-

pital en la constitución de censales (así

como de violarios, que solían considerar-

se una modalidad temporal de censal).

3.2. Garantías

La obligación personal en que consis-

te el censal puede garantizarse con fian-

za o con hipoteca (art. 6.1).

Las hipotecas constituidas en garantía

del censal no prescriben mientras éste

no lo haga (art. 6.2); ello supone: por un

lado, admitir explícitamente (como ya

hacía el art. 333.III CDCC) que el cen-

sal prescribe y, por otro, ampliar el plazo

de prescripción de la acción hipotecaria.

El último inciso del art. 6.2, que permi-

te pactar la extinción de la hipoteca, re-

sulta una obviedad.

Se ha eliminado la remisión que hacía

el art. 332 CDCC a los párrafos segun-

do y tercero del art. 157 de la Ley hi-

potecaria (LH) (precepto que regula la

hipoteca en garantía de rentas o presta-

ciones periódicas). En contra de lo que

pueda parecer, esta remisión no resulta-

ba superflua, en la medida en que el art.

248 del Reglamento hipotecario (RH)

parece partir de que este tipo de hipote-

ca sólo puede constituirse en garantía de

prestaciones periódicas de carácter tem-

poral. Por lo tanto, pese a que, por el ca-

rácter esencialmente redimible del cen-

sal, tal vez podría considerarse la reden-

ción (aunque sólo proceda a instancias

del deudor) como «evento o condición

que determine su extinción» a efectos de

lo dispuesto en el art. 248.III RH, la re-

misión a aquel precepto de la LH elimi-

naría cualquier duda sobre su aplicación

a la hipoteca constituida en garantía de

un censal. En cualquier caso, respecto a

las consecuenci as que vincula la doctrina

a la alienación de la finca hipotecada, hay

que tener en cuenta que tradicionalmen-

te se había entendido que el censatario

sólo quedaba liberado de la acción perso-

nal si el censualista aceptaba el encargo

del censal a costa del comprador (caso en

que existía una novación por cambio de

deudor).

En caso de que el censo se garantice

con fianza, por lo general los fiadores

sólo resultaban obligados por un tiempo

determinado; el vendedor del censal so-

lía pactar con los fiadores que al cabo de

cierto tiempo redimiría el censal o los

relevaría de la fianza.

El censal puede contener un pacto de

mejora para garantizarlo o para mejorar

la garantía establecida. En tal caso, el

censualista no puede exigir la garantía o

su mejora hasta que haya transcurrido el

tiempo estipulado o, de no haberse con-

cretado el plazo, mientras no transcu-

rran cinco años (art. 7.1). Este precepto,

siguiendo lo previsto en el art. 331

CDCC, regula un pacto que histórica-

mente se había convertido en cláusula

de estilo en todas las escrituras de cons-

titución de censal y que el capítulo XIII

de las Cortes de Barcelona de 1702

(3ªCYADC.I, 7,11,25) reconocía implí-

citamente al prohibirlo en los violarios.

Si el pagador de la pensión incumple el

pacto de mejora, puede ser compelido a

restituir el capital del censal (art. 7.2).

AUTONOMIES · 27

202

3.3. Pago

Salvo pacto contrario, la pensión del

censal se pagará por anualidades venci-

das (art. 8.1). Son aplicables a los censa-

les las normas de pago de pensiones atra-

sadas relativas a los censos (art. 8.2), lo

que supone una remisión al art. 9 LC.

Las pensiones periódicas del censal pue-

den sujetarse a una cláusula de estabiliza-

ción monetaria de su valor (art. 1.2).

3.4. Extinción

La Ley regula una causa específica de

extinción del censal: la redención (art.

9). Se trata de una facultad que se reco-

noce al censatario que esté al corriente

de pago de las pensiones vencidas, y

consiste en poder extinguir el censal

«devolviendo» el importe del capital con

el que se constituyó. Hablar de «devolu-

ción» del capital no es del todo preciso,

en la medida en que si el censualista es

distinto de quien entregó el capital, el

importe del capital deberá entregarse a

aquél (al censualista); se le capitaliza el

crédito, que se extingue por cumpli-

miento.

El censal es esencialmente redimible;

el pacto de irredimibilidad sólo podrá

ser temporal, con aplicación de los lími-

tes establecidos para los censos —lo que

supone una remisión al art. 11.3 LC

(art. 9.1).

En los censales constituidos «a título

gratuito» (expresión que incluye tanto

la constitución gratuita, como la lucra-

tiva por legado, en el mismo sentido

que utiliza el término gratuito el art.

11.2), sin expresión del capital, la de-

terminación del capital al efecto de

redención se obtiene a partir de la ca-

pitalización de la pensión inicial al pre-

cio del dinero en el momento de la

constitución (art. 9.2). En la regulación

anterior el índice de capitalización se

fijaba en el 3 % para todos los casos

en que no constara el capital entregado

(art. 330.III CDCC).

El preámbulo destaca como novedad

la admisión de la redención parcial, aun-

que el hecho de que en este caso se re-

quiera la conformidad del censualista

(art. 9.3) —a diferencia de lo que sucede

en la redención total, que el censatario

puede imponer al censualista— priva de

entidad a tal novedad.

4. El violario

4.1. Concepto y constitución

El violario es un derecho de crédito a

cobrar una pensión periódica en metáli-

co durante el tiempo definido por la

vida de una o más personas que estén vi-

vas en el momento de su constitución

(art. 1.1, 2 y 10).

La Ley dota a esta figura de una regu-

lación mucho más completa que la con-

tenida en la Compilación (art. 334 y

335).

Según el art. 11.1, el violario puede

constituirse a título oneroso —supuesto

en el que tiene como causa la percep-

ción de un capital en bienes muebles o

inmuebles— o a título gratuito —caso

en el que trae como causa la mera libera-

lidad—. Cuando se constituye a título

oneroso, el transmitente (del capital)

queda obligado al saneamiento en los

mismos términos que el vendedor (art.

11.3). Como reminiscencia de que, tra-

dicionalmente, la constitución de viola-

rios (así como de censales) se realizaba

en forma de venta, la Ley utiliza repeti-

damente la dualidad «capital o precio»

(art. 13.2, 13.5, 15.4 y 16.1.b, por

ejemplo). Quien entrega el capital pue-

de ser distinto de quien sea el acreedor

ACTIVIDAD NORMATIVA... 203

de la pensión (art. 12.1, 13.2 y 13.5); en

caso de contrato con estipulación a favor

de tercero (art. 1257.1 Cc), la designa-

ción del beneficiario podrá revocarse an-

tes de que éste acepte; si ocurre esto o re-

nuncia el beneficiario (renuncia previa)

y no hay persona sustituta (designación

sucesiva del art. 13.4), la pensión se paga

a quien entregó el capital (art. 13.5).

La constitución «a título gratuito» de

que trata el art. 11.1 incluiría el título

lucrativo en el caso del legado o sublega-

do, tal como resulta del primer inciso

del art. 11.2, según el cual si la pensión

vitalicia se constituye a título gratuito,

se le aplican las normas sobre donacio-

nes y legados. Quien constituya una

pensión vitalicia a título «gratuito» po-

drá determinar expresamente en el mo-

mento de la constitución que el benefi-

ciario no pueda transmitirla; se trata de

una prohibición de disponer impuesta

por el testador o donante (art. 26.3 LH,

166 CS y 639 Cc).

En caso de que el violario se asegure

con garantía real, debe constituirse en

escritura pública (art. 15.3).

Puede ser acreedor de la pensión cual-

quier persona o personas, y también los

concebidos y no nacidos en el momento

de la constitución (art. 13.1), que se tie-

nen por nacidos para los efectos favora-

bles (art. 29 Cc). La designación de una

pluralidad de acreedores puede ser simul-

tánea —caso en el que, si alguno de ellos

muere, existirá derecho de acrecer— o

sucesiva —aplicándose entonces los lími-

tes de las sustituciones fideicomisarias

(art. 13.4 de esta Ley y 204 CS).

4.2. Duración

La duración del violario viene defini-

da por la vida de una o más personas

que estén vivas en el momento de su

constitución (art. 10). Relacionado con

ello, el art. 16.2 (en la misma línea que

el art. 1804 Cc) establece que es nula la

pensión vitalicia constituida sobre la

vida de una persona fallecida en la fecha

del otorgamiento.

No se limita el número de personas

sobre cuyas vidas puede constituirse el

violario (siempre que estén vivas en el

momento de su constitución). Ello con-

trasta con la anterior regulación, pues el

art. 334 CDCC limitaba la duración del

violario a la vida «de una o dos personas

que a la sazón estén vivas», como hace

aún el art. 28 LC en el caso del censo vi-

talicio real. Si la pensión vitalicia se cons-

tituye sobre la vida de varias personas, el

derecho a percibirla íntegramente sub-

siste hasta que muera la última (art.

12.2); se extingue cuando mueren todas

(art. 16.1.a).

La vida que puede tenerse en cuenta

para fijar la duración del violario (la vida

módulo) puede ser la del deudor, la del

acreedor (supuesto normal y que prevale-

ce en caso de duda —art. 12.3), la de

quien eventualmente entrega el capital o

la de una tercera persona o más de una; en

caso de que se trate de una persona jurídi-

ca, el violario podrá constituirse por tiem-

po no superior a treinta años (art. 12.1)

—plazo que coincide con el previsto para

el derecho de uso en el art. 39 Ley

13/2000, de regulación de los derechos

de usufructo, uso y habitación—. No hay

que confundir la vida módulo y la de

quien sea acreedor (art. 12.1 y 13.3) o

deudor (art. 12.1) de la pensión, aunque

puedan coincidir.

Si el acreedor de la pensión es persona

distinta de aquella o aquellas sobre cuya

vida se haya constituido la pensión y el

acreedor premuere a ésta o éstas, trans-

mite el derecho a cobrar la pensión a sus

herederos hasta la extinción del derecho

(así es como parece que debe entenderse

el art. 13.3).

AUTONOMIES · 27

204

ACTIVIDAD NORMATIVA... 205

4.3. Pago

En defecto de pacto, la pensión se pa-

gará por adelantado y en el domicilio

del acreedor (regla diferente de la gene-

ral contenida en el art. 1171.III Cc). La

pensión correspondiente al período

dentro del cual se ha producido la de-

función de la persona o de la última de

las personas sobre cuya vida se constitu-

yó el violario se pagará íntegramente

(art. 14.2) —regla que tiene sentido bá-

sicamente si se trata de plazos anticipa-

dos—. Si existen dudas sobre la periodi-

cidad de la pensión, deberá tenerse en

cuenta la observada en los pagos efec-

tuados (art. 14.3); con buen criterio, el

Proyecto añadía: «y, en último término,

se considerará que es anual».

Como en el caso del censal, la pen-

sión puede sujetarse a una cláusula de

estabilización monetaria de su valor

(art. 1.2).

4.4. Incumplimiento y garantías

La reclamación de las pensiones exige

la acreditación de que la persona sobre

cuya vida se constituyó el violario está

viva (art. 14.1).

En caso de impago reiterado de las pen-

siones, podrá solicitarse al juez la adop-

ción de las medidas de garantía necesarias

para asegurar el pago de las futuras pen-

siones (art. 15.2). De esta previsión, que

recuerda la contenida en el art. 268.3 CF,

se deduce que se está pensando en una

pensión de carácter alimenticio (lo que

contrasta con la finalidad que se predica-

ba anteriormente del violario; al respecto,

véase la SAP Barcelona de 27 de febrero

de 1996 y la STSJC de 4 de febrero de

1999).

Puede pactarse expresamente la resolu-

ción del contrato de constitución a título

oneroso del violario por falta de pago de

las pensiones; en caso de resolución, de-

berá restituirse el capital (art. 15.4) a

quien lo entregó al constituir el violario,

aunque sea una persona distinta del acre-

edor de la pensión. Según el art. 16.3, de

la restitución del capital causada por im-

pago de las pensiones no se puede apro-

vechar la persona obligada a satisfacer

dichas pensiones, es decir, al deudor (que,

en la medida en que será precisamente

quien deberá restituir el capital, no resul-

ta muy comprensible cómo podrá bene-

ficiarse de tal restitución.

La pensión vitalicia puede asegurarse

mediante garantía real, supuesto en el

cual deberá constituirse en escritura pú-

blica (art. 15.3). Esta referencia expresa

a la garantía real no parece excluir otras

modalidades de garantía. El haber eli-

minado la salvedad que establecía el art.

335.II CDCC respecto de la aplicación

al violario del pacto de mejora lleva a

pensar que actualmente no se excluye

dicho pacto en el violario.

4.5. Extinción

El art. 16 regula específicamente dos

causas de extinción del violario. La pri-

mera de ellas, que es consecuencia del

propio concepto de violario (art. 10 y

12), es la muerte de la persona o perso-

nas en relación con cuya vida se consti-

tuyó (art. 16.1.a). Respecto a esta prime-

ra causa, el art. 16.1.aplantea varios

problemas interpretativos en relación

con la excepción a la extinción que esta-

blece para el caso de que el obligado in-

tente liberarse de la deuda causando la

muerte de la persona sobre cuya vida se

constituyó el violario. Así, literalmente,

por ejemplo, no parece excluir el caso de

muerte accidental y no queda claro hasta

cuándo subsiste íntegro el derecho a co-

brar la pensión por parte del «beneficia-

rio o sus sucesores».

La segunda causa de extinción del vio-

lario regulada por el art. 16 es la reden-

ción que, al igual que en el caso del cen-

sal, constituye una facultad reconocida al

censatario que esté al corriente de pago

de las pensiones vencidas para poder ex-

tinguirlo «restituyendo» el capital; tam-

poco aquí resulta del todo exacto hablar

de «restitución», en la medida en que el

capital deberá entregarse al acreedor de la

pensión —a quien se capitaliza el crédi-

to—, a pesar de que sea diferente de

quien, eventualmente, haya entregado el

capital, o aunque se haya constituido a tí-

tulo “gratuito” sin haberse entregado ca-

pital al constituirlo (a no ser que se inter-

prete que en caso de constitución gratuita

o lucrativa no procedería a redención,

puesto que no cabría la “restitución” del

capital de que habla el art. 16.1.6).

Según el art. 16.2, es nula la pensión

vitalicia constituida sobre la vida de una

persona que sufra una enfermedad que

pueda llegar a causarle la muerte duran-

te los dos meses siguientes a la fecha de

constitución. Esta previsión, que ten-

dría sentido sobre todo en el caso de

constitución onerosa (que tiene carácter

aleatorio), es similar a la contenida en el

art. 30.2 LC para el censo vitalicio, pero

la redacción de este precepto de la LC

resulta más adecuada.

M. Esperança Ginebra

AUTONOMIES · 27

206

Ley 9/2000, de 7 de julio, de regulación de la publicidad dinámica en Catalu-

ña (DOGC núm. 3189, de 24 de julio).

de la Constitución respecto a la tipifica-

ción de las infracciones administrativas.

En este sentido, se dota a los ayunta-

mientos de Cataluña de los instrumentos

necesarios para hacer frente a los indesea-

bles efectos que resultan de un ejercicio

desordenado de la actividad de publici-

dad dinámica, tales como la suciedad y

contaminación que puede causar al en-

torno, los perjuicios que, en general, pue-

den derivarse respecto al derecho de los

ciudadanos a utilizar de forma adecuada

las zonas de dominio público, así como

las zonas privadas de concurrencia y uso

público, la incidencia sobre el derecho al

descanso y al ocio sin molestias, la reper-

cusión puntual en el orden público, etc.

Las distintas modalidades de publici-

dad dinámica reguladas en la Ley son la

publicidad manual, la publicidad oral y la

publicidad telemática, que se sujetan al ré-

gimen general de la Ley, así como el repar-

to domiciliario de publicidad y la publici-

En ejercicio de la competencia exclu-

siva que el artículo 9.30 del Estatuto de

autonomía otorga a la Generalidad de

Cataluña en materia de publicidad, el

Parlamento ha aprobado la presente Ley

de regulación de la publicidad dinámica

en Cataluña, que tiene como precedente

en el marco autonómico la Ley 5/1997,

de 8 de julio, por la que se regula la pu-

blicidad dinámica en las Islas Baleares.

El objeto fundamental del presente

texto legal es establecer un marco nor-

mativo que comprenda los principios

fundamentales que deben regir toda la

actividad de publicidad dinámica en

Cataluña, principios que podrán ser de-

sarrollados y concretados por cada

ayuntamiento mediante la correspon-

diente ordenanza municipal.

Más allá de este loable objetivo, la au-

téntica razón de ser de esta Ley reside,

desde un punto de vista jurídico, en la

reserva de ley que hace el artículo 25.1

ACTIVIDAD NORMATIVA... 207

dad mediante el uso de vehículos, que dis-

ponen de una regulación específica en el

título III, sin perjuicio de que se rijan por

las demás normas de la Ley, en todo lo que

no sea objeto de esta especificidad.

En cuanto a los requisitos del ejerci-

cio de la publicidad dinámica se recuer-

da la obligatoriedad de que ésta respete

los valores reconocidos en la Constitu-

ción y la prohibición de que se incurra

en engaño y deslealtad. Asimismo, se es-

tablece que cuando la publicidad se rea-

lice en soporte papel, éste deberá ser

preferentemente reciclado y llevar una

leyenda que aconseje su depósito en un

contenedor de recogida selectiva.

Se excluye del ámbito de aplicación de

esta Ley, entre otras, actividades como la

publicidad electoral, los mensajes y co-

municaciones de las administraciones

públicas y aquellas que se dirijan única y

exclusivamente a la materialización del

ejercicio de derechos fundamentales y li-

bertades públicas.

El ejercicio de la actividad de publici-

dad dinámica se sujeta a la obtención

previa de una licencia municipal de ca-

rácter reglado, a excepción de la modali-

dad de publicidad mediante el uso de

vehículos en que la concesión de la li-

cencia municipal posee carácter discre-

cional. Corresponde al ayuntamiento

donde deba desarrollarse la actividad

publicitaria la competencia para la con-

cesión de la licencia municipal, que se

otorgará por un plazo máximo de dos

años renovables.

Los ayuntamientos podrán sujetar el

ejercicio de la actividad dinámica objeto

de la licencia al cumplimiento de una

serie de medidas correctoras, con la po-

sibilidad de exigir la prestación de una

garantía de hasta 1.000.000 de pesetas,

en la forma que determine la correspon-

diente ordenanza, si bien se reserva a la

Generalidad el establecimiento por re-

glamento de los criterios de ésta, según

las bases de población.

Además, se faculta a los ayuntamien-

tos para que puedan acordar una serie

de medidas cautelares, como el decomi-

so del material, la inmovilización y reti-

rada de vehículos y, en general, todas

aquellas medidas necesarias para impe-

dir el ejercicio de actividades que se pre-

suma puedan producir daños y perjui-

cios al interés público. También se

faculta a los ayuntamientos a resarcirse

de los daños causados por actuaciones

infractoras de la Ley.

En el título IV se regula el régimen

sancionador con la concreción de las

distintas infracciones y sanciones a que

pueden dar lugar. Se prevé la posibilidad

de que los ayuntamientos, mediante la

correspondiente ordenanza, puedan de-

sarrollar las infracciones tipificadas por

la Ley, aunque tal desarrollo deberá dar-

se siempre en el terreno de lo descriptivo

y en ningún caso constitutivo de la in-

fracción, ya que el objeto de la norma

reglamentaria municipal es contribuir a

una identificación más correcta de las

conductas y de las correspondientes san-

ciones.

Las sanciones previstas por la Ley

pueden alcanzar los 100.000.000 de pe-

setas, si bien la capacidad sancionadora

de los ayuntamientos se limita a un má-

ximo de 1.000.000 de pesetas, con la es-

cala que en función de la población del

correspondiente municipio establece el

artículo 11 del Decreto 108/1997, de

29 de abril, por el que se regulan los ór-

ganos competentes en la imposición de

sanciones y demás normas en materia de

defensa de los consumidores, a la que re-

mite la Ley a través de su disposición

adicional tercera.

En caso de que de la instrucción del

expediente sancionador se derive una

sanción superior al millón de pesetas o

al importe máximo que corresponda a

un ayuntamiento en función de su po-

blación, éste podrá inhibirse a favor de

la Generalidad, la cual es competente,

además, para la imposición de sanciones

en todo lo referente al contenido del

mensaje publicitario.

Por otro lado, destaca el hecho de que

la Ley prevea, como sanción de carácter

accesorio, la posibilidad de sancionar a

los infractores con la suspensión de la li-

cencia de que dispongan por un período

máximo de un año y la inhabilitación

para obtener otra de naturaleza similar,

por un período máximo de tres años.

Los plazos de prescripción se estable-

cen en cinco años para las infracciones

muy graves y dos años para el resto. Para

las sanciones, el plazo se fija en un año,

excepto para las impuestas por infrac-

ciones graves, que prescribirán a los dos

años.

En otro orden de cosas, la Ley estable-

ce un mandato a las corporaciones loca-

les de modo que éstas deberán favorecer,

estimular y fomentar el uso de la lengua

catalana en todas las modalidades de la

publicidad dinámica, de acuerdo con las

medidas establecidas en el apartado 2

del artículo 37 de la Ley 1/1998, de 7 de

enero, de política lingüística.

Por último, cabe señalar que el legisla-

dor ha entendido que había que aplazar

un cierto tiempo la entrada en vigor de

la presente ley a fin de que los ayunta-

mientos catalanes tuviesen tiempo para

adaptar o aprobar las respectivas orde-

nanzas municipales de publicidad diná-

mica. Por ello la disposición adicional

segunda establece que la Ley entrará en

vigor a los tres meses de su publicación

en el DOGC.

Vicenç Santaló

AUTONOMIES · 27

208

Ley 10/2000, de 7 de julio, de ordenación del transporte en aguas marítimas y

continentales (DOGC núm. 3189, de 24 de julio).

de seguridad. Recientemente, también

se han ampliado los objetivos de la regu-

lación, con la finalidad de que esta acti-

vidad se lleve a cabo de una manera res-

petuosa con el medio ambiente.

En el sector del transporte, el de cor-

ta distancia que tiene lugar en aguas ma-

rítimas o continentales ocupa un espacio

reducido, tanto por su volumen como

por su importancia económica, si se

compara con el que se realiza por otras

vías, lo cual se refleja en la enorme aten-

ción que ha merecido en el ordenamien-

to jurídico español. Un caso distinto es

el de los estados con vías navegables im-

portantes, por dimensiones y por tra-

dición —a causa del uso secular que ha

tenido también como vía de comunica-

ción para largos recorridos. El desarrollo

Tradicionalmente ha tenido lugar

una importante penetración del dere-

cho público en el sector de los transpor-

tes, puesto que ésta es una actividad

que, por regla general, se lleva a cabo en

vías de dominio público y dado que,

además, desde el siglo XIX el poder pú-

blico ha sido el titular de los servicios de

transporte de mayor trascendencia eco-

nómica. En este ámbito, últimamente

se han puesto en práctica políticas libe-

ralizadoras que, impulsadas por las ins-

tituciones europeas, han conducido a

que el poder público ceda terreno en la

titularidad de bienes y servicios aunque

no en la regulación del sector, puesto

que se ha considerado que era necesario

intervenir a fin de proteger los intereses

de los usuarios, tanto económicos como

ACTIVIDAD NORMATIVA... 209

económico y social no ha supuesto la de-

cadencia o la progresiva desaparición de

esta clase específica de transporte como

cabría esperar, sino que, al contrario, éste

se ha consolidado y ha adquirido un

nuevo impulso gracias al turismo. Ade-

más, por sus características, se ha conver-

tido en objeto de una política pública

que pretende fomentarlo, y así lo prue-

ban, en el ámbito europeo, la Resolución

del Consejo de Europa , de 14 de febrero

de 2000, sobre el fomento del transporte

marítimo de corta distancia, el Regla-

mento 718/1999 del Consejo, de 28 de

marzo, y el Reglamento 805/1999 de la

Comisión, de 16 de abril.

La materia de regulación de esta Ley

es la actividad del transporte en aguas

continentales —definido como el que se

lleva a cabo íntegramente entre puntos

situados a orillas de los ríos que discurren

por el territorio de Cataluña y en las

aguas de los lagos, lagunas y embalses del

mismo territorio— y la del transporte en

aguas marítimas —definido como aquel

que se lleva a cabo entre puertos y puntos

del litoral de Cataluña y entre éstos y los

puntos a orillas de los ríos que discurren

por ese mismo territorio. Se trata de una

materia de regulación de difícil delimita-

ción respecto a otras en las que es posible

la intervención de los poderes públicos y

que se sitúan bajo títulos competenciales

diferentes, que, por otra parte, corres-

ponden al Estado. Así pues, la Ley evita

cuidadosamente la invasión del que sería

el espacio de la seguridad marítima o de

la regulación del dominio público hi-

dráulico o de los puertos de interés gene-

ral —de los que fue transferida la gestión,

pero no la regulación— y se ciñe estricta-

mente a lo que es el transporte, para cuya

regulación se dispone de título compe-

tencial, que establece el artículo 9.15 del

Estatuto. Antes existía una regulación

con este objeto, aunque de rango regla-

mentario, un rango insuficiente si se pre-

tende establecer un régimen sancionador

y si además se tiene en cuenta el grado de

intervención administrativa que la Ley

introduce.

La regulación se refiere al transporte

de pasajeros y mercancías, con algunas

exclusiones (artículo 1.2). La Ley somete

este transporte a un sistema de interven-

ción administrativa que se basa en la ob-

tención de una autorización previa.

Dado que esta actividad también se en-

cuentra sometida a otros regímenes de

intervención administrativa, y teniendo

en cuenta que ya existen otros controles

sobre los medios utilizados en el trans-

porte —las embarcaciones— y sobre la

capacitación y las condiciones de la tri-

pulación, la Ley obliga al establecimiento

de la coordinación entre las distintas in-

tervenciones, mediante comunicaciones

de actos o bien a través de la emisión de

informes preceptivos a cargo de los dife-

rentes organismos y administraciones

competentes en esta materia. Además,

como garante del conocimiento y publi-

cidad de las autorizaciones, se crea un re-

gistro administrativo, el Registro de au-

torizaciones para servicios de transporte

en aguas marítimas y continentales.

La Ley determina de forma detallada

la documentación necesaria para solici-

tar la autorización, por ejemplo, la do-

cumentación acreditativa del cumpli-

miento de los requisitos técnicos y de

seguridad de la embarcación, el seguro

de responsabilidad civil de la empresa

que presta el servicio o el justificante

que prueba que se está al corriente de las

obligaciones tributarias y de seguridad

social. De estas prescripciones y de los

informes que se deben exigir en la tra-

mitación de la solicitud se desprende

claramente que el objetivo de la Ley es

garantizar, o mejorar, la seguridad de los

pasajeros en este medio de transporte,

dado que tuvo lugar un accidente con

un elevado número de víctimas que

tuvo una repercusión pública notable.

El plazo para la resolución de las soli-

citudes de autorización es de seis meses,

transcurrido el cual, y en caso de que no

se haya dictado ninguna resolución, se

entiende que son desestimadas. Por regla

general las autorizaciones se otorgan por

un plazo de tres años, ampliable a cinco

años cuando los servicios se presten con

embarcaciones nuevas. Las autorizacio-

nes son prorrogables para periodos igua-

les al inicial, sin que se haya establecido

un límite de prórrogas, mientras subsis-

tan las condiciones que justificaron la

autorización. Se regula la modificación

de las condiciones de prestación, que se

someten a régimen de comunicación, lo

cual puede dar lugar a la sujeción a una

nueva autorización si son importantes, y

la regulación de esta cuestión se somete

a reglamento. La Ley establece la inspec-

ción periódica de los servicios autoriza-

dos y regula el alcance de la potestad

inspectora y la sujeción a ésta de los titu-

lares de las contrataciones y de los man-

dos de la tripulación.

Para asegurar su cumplimiento, la

Ley establece un régimen sancionador,

tipificando las infracciones y determi-

nando las sanciones, que pueden al-

canzar los cinco millones de pesetas

(30.050,61 ), además de la suspensión

de la actividad e incluso la revocación de

la autorización. Recoge también la posi-

bilidad de imponer medidas provisio-

nales para asegurar la efectividad de la

resolución y preservar los intereses gene-

rales.

La Ley establece que debe realizarse

el desarrollo reglamentario y un plazo

de seis meses para adecuar las situacio-

nes existentes a la nueva regulación.

Xavier Muro

AUTONOMIES · 27

210

Ley 11/2000, de 13 de noviembre, reguladora de la incineración de residuos

(DOGC núm. 3269, de 20 de noviembre).

En los últimos años se ha extendido

entre las distintas instancias con respon-

sabilidad de gobierno la sensibilización y

preocupación por las consecuencias que

los diversos sistemas de tratamiento de

residuos pueden producir sobre el medio

ambiente, en el marco de un debate pú-

blico con argumentos científicos y polí-

ticos. Esto ha dado lugar a que se genera-

se un importante cuerpo normativo,

encabezado por la legislación comunita-

ria impulsora de políticas en este terreno

a partir del establecimiento de las «jerar-

quías de principios en política de gestión

de residuos». En este contexto debe ins-

cribirse la regulación de las condiciones

en que se efectúa la incineración.

Dada la dimensión transfronteriza de

la problemática, y con el fin de conseguir

la máxima eficacia, las instituciones eu-

ropeas aplicaron una estrategia que no se

limitaba a la definición de políticas y re-

comendaciones, sino que se incluía la

adopción de normas, empezando por las

dos directivas del Consejo, aprobadas en

junio de 1989, para controlar las emisio-

nes de algunos contaminantes proce-

dentes de instalaciones de incineración

de residuos municipales: la Directiva

89/369 CEE y la 89/429 CEE. A pesar

de que supusieron una importante apor-

tación a la reducción de emisiones, te-

nían un alcance limitado ya que no con-

sideraban la incineración de los residuos

más peligrosos. Éstos fueron objeto de

una nueva Directiva, la 94/67 CE del

Consejo.

La política comunitaria se basará prin-

cipalmente en el criterio «de principio a

fin», consistente en considerar que la re-

gulación sobre los residuos debe tener en

cuenta no sólo la parte final del ciclo pro-

ductivo sino su totalidad, empezando

por la extracción de las materias primas.

A esto hay que añadir varias decisio-

nes del Consejo, entre las que debe in-

cluirse la de 24 de febrero de 1997, que

no hace referencia a la incineración,

sino que pretende establecer una estra-

tegia comunitaria de gestión de resi-

duos, en la que el Consejo Europeo opi-

na que se tienen que establecer normas

adecuadas de emisión de las operaciones

realizadas en las instalaciones de incine-

ración de residuos con el fin de garanti-

zar un alto nivel de protección del me-

dio ambiente, normas que se han de

respetar estrictamente, y que, por lo que

respecta a las instalaciones existentes,

hay que disponer de mecanismos de

control específico. Por tanto, se admite

la posibilidad de incinerar en las condi-

ciones adecuadas y con la correspon-

diente supervisión y vigilancia, con lo

que se mantiene el criterio sobre el que

se sustentaba la Directiva de 1994.

Ahora bien, el Consejo invita a la Co-

misión a revisar esta última Directiva con

el fin de adaptarla al progreso técnico, y

se acentúa la necesidad de fomentar la va-

lorización de los residuos con la finalidad

de reducir la cantidad de éstos destinada

a la eliminación y economizar los recur-

sos naturales, especialmente por medio

de la reutilización, el reciclaje, el compos-

taje y la recuperación de energía. A la

normativa europea hay que añadir la

estatal, constituida por la Ley 10/1998,

de 21 de abril, de residuos que, aparte de

establecer principios generales, establece

mecanismos de cooperación y de inter-

cambio de información.

Para completar el cuadro es ineludible

referirse a la Ley 6/1993, de 15 de julio,

que sigue el camino trazado por las di-

rectivas, es decir, que se orienta a favore-

cer la minimización, la valorización y la

disposición correcta del desecho.

La incineración de los residuos resulta,

pues, un sistema aceptado por el ordena-

miento sectorial, pero que ofrece riesgos

comprobados de contaminación del sub-

suelo, del aire y de las aguas, que puede

afectar a la salud humana, según han

puesto de manifiesto los conocimientos

científicos, que han abordado la relación

con las dioxinas y los furanos. Los avan-

ces técnicos y científicos posibilitan la

adopción de medidas correctoras más efi-

caces y la obtención de sistemas más pre-

cisos de registro y medición, que han de

ser tenidos en cuenta, pero esto no com-

porta una desviación de los objetivos

principales, que son la minimización, la

valorización, el reciclaje y la reutilización.

La Ley es breve, con un importante

contenido programático o finalista. Pese

a que su objeto es el de regular las condi-

ciones en que se tiene que hacer la inci-

neración de residuos en Cataluña, no las

ordena o regula directamente de manera

detallada y exhaustiva, sino que establece

el marco en el que se contienen los prin-

cipios o reglas a las que se ha de someter

el conjunto de actuaciones públicas en

este ámbito. Se trata, por tanto, de una

Ley que ha de desplegar su eficacia pro-

gresivamente, y en un periodo de tiem-

po dilatado, al remitirse a futuros pla-

nes o programas de diversas clases (plan

de acción para reducir las fuentes de

compuestos orgánicos persistentes, in-

ventario de focos emisores de estos com-

puestos, programas cuatrienales de pre-

vención, reducción y valorización de

residuos, programación del cierre de ins-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 211

AUTONOMIES · 27

212

talaciones de incineración, programas de

gestión de residuos) y contener varias re-

misiones específicas de despliegue regla-

mentario, además de las de carácter ge-

neral (art. 2.3, 6.1.ay b). La Ley también

pretende establecer instrumentos para

asegurar la participación ciudadana tan-

to en la realización de determinadas acti-

vidades de desarrollo de los objetivos de

la Ley como en la inspección de las plan-

tas de incineración (art. 8.1), si bien en

este último caso no concreta qué grupos

o qué personas pueden tener esta repre-

sentación social. Con el fin de facilitar el

control ciudadano sobre el desarrollo de

la actividad de incineración, se establece

el acceso público a los datos contenidos

en los programas de vigilancia ambien-

tal, de consignación obligatoria al depar-

tamento competente.

Otra nota que tener en consideración

de esta Ley es que establece una delimita-

ción competencial entre la Administra-

ción de la Generalidad y los municipios,

especificando las responsabilidades res-

pectivas en la materia. La potestad de in-

tervención más intensa, como es la de

prohibir la incineración de determinadas

categorías de residuos, o la reglamentaria,

se atribuyen al Gobierno de la Generali-

dad. En cambio, en lo que respecta al cie-

rre de instalaciones, sólo se prevé la nece-

sidad de programarlo de acuerdo con los

municipios, dado que, de conformidad

con la legislación precedente, habrá que

considerar que se trata de una competen-

cia municipal. Finalmente, hay un con-

junto de competencias de fomento que

se atribuyen a todas las administraciones

sin distinguir (art. 3) la obligación gené-

rica «de establecer los instrumentos nece-

sarios» para llevar a cabo ciertas actuacio-

nes (art. 3.c, art. 6.3).

Por otra parte, hay que deducir que la

Ley parte de las definiciones de la mayo-

ría de los términos técnicos que utiliza,

establecidas por la Ley 6/1993 (art. 3),

definiciones legales previas, no reserva-

das a la mencionada Ley y que posibili-

tan la adecuada comprensión del texto

ahora adoptado.

Finalmente, hay que destacar que ésta

es una Ley que resulta del ejercicio de

una iniciativa legislativa popular, la pri-

mera que se presentó ante el Parlamen-

to, de conformidad con la Ley 2/1995,

de 3 de abril.

Después de haber obtenido el número

de firmas establecido por la ley (65.000),

y una vez debidamente verificadas por la

Junta de Control constituida a estos efec-

tos, la proposición fue sometida al mismo

procedimiento que el resto de proposicio-

nes de ley, por lo que tuvo que superar los

dos obstáculos a los que se someten éstas

al inicio de la tramitación, es decir, la

toma en consideración y la conformidad

presupuestaria del Gobierno de la Gene-

ralidad. Una vez los hubo superado, la

tramitación prosiguió con la presentación

de enmiendas. Como ya se había anun-

ciado durante el debate de la toma en

consideración, los grupos parlamentarios

mayoritarios se inclinaban por alterar ra-

dicalmente el propósito inicial contenido

en la proposición, que era el de prohibir la

incineración y sustituirlo por una regu-

lación de esta actividad con sujeción a

condiciones. La posibilidad de que la tra-

mitación parlamentaria modificase sus-

tancialmente la proposición impulsada

por los ciudadanos no planteaba dudas

desde el punto de vista jurídico formal, al

hallarse sujeto a las mismas reglas que las

otras proposiciones, pese a que para algu-

nos se afecta el derecho fundamental de

participación de los ciudadanos ejercido a

través de esta institución al aprovechar su

iniciativa o voluntad para alterarla sin su

consentimiento. Preverlo de otra manera

en la Ley de iniciativa legislativa popular

también resultaba problemático porque

llevaba a tratar dónde se encontraban los

límites a una posible alteración de la vo-

luntad inicialmente contenida en la pro-

posición y sobre todo quién era el sujeto

que tenía que considerar que se sobrepa-

saban. Durante el debate parlamentario

de la proposición, los grupos parlamenta-

rios que sustentaban la redacción origina-

ria defendieron que los promotores de la

iniciativa debían conservar un derecho de

retirada de la proposición en todo el

transcurso de la tramitación parlamen-

taria para evitar así la posible desnaturali-

zación de su propósito. Los promotores

reclamaron, también, el derecho a inter-

venir en el debate plenario de la proposi-

ción, como se ha recogido en otras legisla-

ciones del Estado. Estas cuestiones sin

duda habrán de ser tenidas en considera-

ción en una eventual modificación de la

Ley 2/1995. En todo caso, la ley regula-

dora de la incineración finalmente apro-

bada difiere de modo sustancial de la pro-

posición que se encuentra en su origen.

Xavier Muro

ACTIVIDAD NORMATIVA... 213

Ley 13/2000, de 20 de noviembre, de regulación de los derechos de usufructo, de

uso y de habitación (DOGC núm. 3277, de 30 de noviembre de 2001).

El objeto principal de esta Ley es la

regulación específica del derecho de

usufructo. En sede de derechos reales, la

Compilación contemplaba únicamente

el usufructo de bosques y plantas (art.

279-282, ahora sustituidos por esta Ley,

cuyos art. 20-25 incorporan aquella

normativa compilada). Sin embargo, el

texto compilado contiene también otras

referencias al derecho de usufructo,

esencialmente en el ámbito del derecho

de familia: art. 30.1 (dote); 38 y ss. (te-

nuta), 46.1 (esponsalicio) o 48.3 (tan-

tumdem); hay que tener en cuenta que la

disposición transitoria segunda del Có-

digo de familia parece mantener la vi-

gencia de la regulación de estas institu-

ciones dotales y paradotales. Además,

hay asimismo disposiciones relativas al

usufructo más o menos dispersas en

otros cuerpos legales cuya subsistencia

no queda afectada por la entrada en vi-

gor de la Ley 13/2000 (el art. 1.2 se re-

mite a ella). Así, en el Código de familia

se regula el usufructo universal capitular

(art. 24-30), y en el Código de sucesio-

nes se pueden mencionar los art. 69, 74,

77 u 83 (heredamientos), 143 y 304 (le-

gado de usufructo universal), 252.2

(atribuciones de usufructo pactadas en

capítulos a favor de cónyuges), 331-332

(usufructo viudal abintestado) o 360

(legítima).

La regulación del usufructo conteni-

da en la Ley 13/2000 está falta de la pre-

tensión de complitud que en cambio ca-

racteriza a todas las otras leyes que el

Parlamento de Cataluña ha aprobado en

los últimos años en materia de derecho

civil. Con una técnica más propia de la

época compiladora que del actual perio-

do codificador, el legislador catalán in-

dica en el preámbulo (ap. 2) que en rela-

ción con el derecho de usufructo «se ha

optado, de momento, por establecer

sólo una regulación de las especificida-

des que ha tenido esta institución y las

que se considera que ha de tener en el

futuro en el derecho catalán, y con apli-

cación supletoria del Código civil» (pese

a que esta supletoriedad no se explicita

en el texto normativo, algo que en cam-

bio sí hacía el proyecto de ley). Al igual

que la Compilación de 1960, se trata,

pues, de una regulación presidida por el

principio de especialidad. La inclusión

de esta normativa en el futuro Código

civil de Cataluña exigirá, por tanto, su

posterior desarrollo (cuestión a la que

alude la expresión «de momento» del

preámbulo, que indica que se trata de

una regulación provisional).

La incomplitud de la Ley 13/2000 en

materia de usufructo (punto en el que el

título de la Ley resulta más amplio que su

contenido) tiene una doble manifesta-

ción. Por una parte, esta Ley no constitu-

ye una regulación autónoma del derecho

de usufructo en Cataluña: no se desarro-

llan los usufructos regulados en el Códi-

go de familia y en el Código de sucesio-

nes, a cuyas disposiciones se remite el art.

1.2 como supletorias de las carencias de

la propia Ley y del título constitutivo.

Por otra parte, y por lo que respecta al

usufructo en general, se ha optado por re-

gular sólo determinados aspectos de éste.

La Ley 13/2000 ciertamente contiene

una serie de disposiciones relativas al

usufructo en general, en el capítulo II

(art. 4-13), donde también se tendrían

que haber situado los art. 2 y 3 (inexis-

tentes en el proyecto de ley, lo que tra-

duce el singular «disposición general» de

la rúbrica del capítulo I, en principio

dedicado a los tres derechos reales que

regula la Ley): pese a su ubicación, los

art. 2.2 y 3 se refieren exclusivamente al

usufructo, y si bien en principio el art.

2.1 prevé en general los títulos constitu-

tivos de los derechos de usufructo, de

uso y de habitación, resulta que los títu-

los de constitución de estos dos últimos

derechos reales se especifican en parti-

cular en el art. 33 (que es más amplio

porque también incluye la constitución

legal y no sólo la derivada de acto nego-

cial). En realidad, por tanto, el art. 2.1

se refiere sólo al usufructo, y esto signifi-

ca que la Ley 13/2000 deja fuera de su

ámbito de aplicación tanto el usufructo

viudal abintestado como el adquirido

por usucapión.

Por lo que respecta al régimen general

del derecho de usufructo, la Ley 13/2000

prevé al usufructuario como perceptor de

la utilidad de la cosa ajena (art. 3) con el

tradicional límite del principio salva re-

rum substantiae, excepcionable por la ley

(usufructo de cosas consumibles, art. 3.2,

o de dinero, art. 26) o bien por la volun-

tad (usufructo con facultad de disposi-

ción, art. 14-19), pero, en cambio, no se

regula el estatuto jurídico del usufructua-

rio como administrador de bienes ajenos

en interés propio: de acuerdo con el art.

1.2, por tanto, para las cuestiones relati-

vas al inventario y a la fianza o caución (a

cuya existencia o dispensa alude el art.

26.2 y 3) se tendrán que aplicar, entre

otros, los art. 25-27 del Código de fami-

lia o los art. 74 y 304.3 del Código de su-

cesiones antes de recurrir a la aplicación

supletoria de los art. 491 y ss. del Código

civil español.

La principal novedad que cabe desta-

car entre las disposiciones generales es el

derecho de adquisición preferente (en la

típica doble fase de tanteo o de retracto)

que el art. 5 de la Ley 13/2000 atribuye al

nudo propietario en el caso de enajena-

ción del derecho de usufructo, tanto si

esta enajenación es a título oneroso como

si es a título gratuito. Por eso el art. 4 su-

pedita el poder de disposición del usu-

fructuario sobre el derecho del que es ti-

tular a la carga de notificar al nudo

propietario el propósito y las circunstan-

cias de la transmisión. El resto de disposi-

ciones generales prevén puntualmente

determinados aspectos relativos al usu-

fructo de cuota de cosa en condominio

(art. 6 y 8), al de finca hipotecada (art. 9),

a la pluralidad simultánea o sucesiva de

usufructuarios (art. 10 y 11) y a la extin-

ción del usufructo sometido a condición

AUTONOMIES · 27

214

resolutoria o a plazo final en relación con

la muerte del titular (art. 12).

De hecho, el grueso de la Ley 13/2000

está constituido por las «especificidades»

a las que, según el preámbulo (ap. 2), se

limita la regulación del derecho de usu-

fructo, que son las que en el propio pre-

ámbulo (ap. 5) se califican de «situacio-

nes especiales»: el usufructo de bosques y

plantas, el usufructo con facultad de dis-

posición y el usufructo de dinero y de

participaciones en fondos de inversión.

Por lo que respecta al usufructo de

bosques y plantas, al que se dedica el ca-

pítulo IV, los art. 20-25 se limitan a in-

corporar la regulación de los anteriores

art. 279-282 de la Compilación, basados

en la tradicional distinción entre el usu-

fructo de árboles y bosques y el usufruc-

to de fincas que tienen árboles o plantas

como parte integrante de la finca. En el

primer caso, el régimen jurídico se orga-

niza en función de que se trate de bos-

ques que por su propia naturaleza están

destinados a madera o bien que tengan

un destino económico distinto del de la

obtención de madera (art. 20 y 21). En

este segundo caso, el criterio de distin-

ción se sitúa en el hecho de que los árbo-

les o arbustos existentes en la finca usu-

fructuada sean de los que se renuevan o

rebrotan por el tronco o por las raíces o

bien de los que, después de cortados, no

se renuevan o no rebrotan (art. 22 y 23).

La novedad de la Ley 13/2000 son los

otros usufructos especiales que ahora se

regulan por vez primera. Por un lado, el

usufructo con facultad de disposición so-

bre los bienes que constituyen su objeto,

del que se ocupa con mucho detalle el ca-

pítulo III (art. 14-19). Excepto una pre-

visión expresa en otro sentido en el título

constitutivo, la facultad del usufructua-

rio se entiende atribuida sólo para dispo-

ner de los bienes a título oneroso (art.

14.2), tanto si el objeto del usufructo es

universal como si es particular (art.

14.2). No obstante, en el caso del usu-

fructo universal, las facultades dispositi-

vas del usufructuario quedan limitadas

como máximo a las tres cuartas partes de

los bienes: según el art. 18 el usufructua-

rio universal no puede disponer de la

cuarta parte de los bienes usufructuados,

si bien el nudo propietario puede elimi-

nar esta limitación y autorizar expresa-

mente al usufructuario a disponer de to-

dos los bienes comprendidos en el

usufructo. La facultad de disposición se

puede atribuir sólo para el caso de necesi-

dad (art. 16, 17 y 19.2), supuesto en el

que el usufructuario sólo queda legitima-

do si no tiene bienes propios no necesa-

rios para la vida o para el ejercicio de la

profesión y, en la parte de la contrapresta-

ción obtenida que no se haya tenido que

aplicar a la satisfacción de la necesidad,

obra el principio de subrogación real.

El art. 26, en el capítulo V de la Ley, se

ocupa de la «especificidad» del usufructo

de dinero, cuya especialidad estriba en la

fungibilidad del objeto: el usufructo de

cosa fungible se aproxima al mutuo,

toda vez que la fungibilidad provoca la

adquisición de la propiedad del dinero

por parte del usufructuario (por mucho

que el último apartado del precepto afir-

me la titularidad del nudo propietario,

se trata de la titularidad de un derecho

de crédito y no de la propiedad). Por eso,

al admitir el derecho a los rendimientos

de un capital en dinero (como frutos ci-

viles, art. 28), se establece la obligación

del usufructuario de restituir el tantum-

dem a la extinción del usufructo.

El resto del capítulo V (art. 27-32) se

dedica a regular el régimen especial del

usufructo de participaciones en fondos de

inversión, que es seguramente el tema

central de la Ley 13/2000. El régimen ju-

rídico de los fondos de inversión se en-

cuentra en la Ley estatal 46/1984, de 26

ACTIVIDAD NORMATIVA... 215

AUTONOMIES · 27

216

de diciembre, reguladora de las institucio-

nes de inversión colectiva (y su reglamen-

to, en el Real decreto 1393/1990, de 2 de

noviembre), que además de la modalidad

general de los fondos con distribución de

resultados prevé también los fondos de

carácter acumulativo o de capitalización,

sin distribución de rendimientos. La ley

catalana regula extensamente el usufructo

de participaciones en fondos de inversión

en estas dos modalidades.

El régimen general lo establece el art.

27, que sitúa el riesgo de los rendimien-

tos (frutos civiles, art. 28) a cargo del

usufructuario y atribuye al nudo propie-

tario la facultad de exigir el reembolso

de las participaciones antes de la extin-

ción del usufructo (excepto si se trata de

un fondo de inversión garantizado, art.

27.5). Ahora bien, con el fin de no per-

judicar los intereses del usufructuario,

en el caso de reembolso anticipado, el

nudo propietario ha de reinvertir el ca-

pital obtenido en un nuevo fondo; si no

es así, el derecho del usufructuario se

convierte en un usufructo de dinero (re-

gulado en el art. 26). Los art. 30 y ss. se

ocupan del usufructo de participaciones

en fondos de inversión de carácter acu-

mulativo, en los que no hay distribu-

ción de resultados. Lo que tiene derecho

a recibir el usufructuario en estos casos

es la plusvalía de las participaciones. En

general, esta plusvalía sólo se percibe en

el momento del reembolso final, pero

en relación con los usufructos sucesorios

se atribuye al usufructuario la opción de

renunciar al sistema general de cobro fi-

nal a cambio de obtener del nudo pro-

pietario, por anualidades vencidas, un

rendimiento presunto equivalente al in-

terés legal del dinero (incrementado en

dos puntos si las participaciones son so-

bre un fondo de inversión mobiliaria).

Por último, el capítulo VI de la Ley

13/2000 (art. 33-46) contiene la regula-

ción autónoma de los derechos reales de

uso y de habitación, a los que, según el

art. 1.3, resultan supletoriamente aplica-

bles las disposiciones de esta Ley relativas

al derecho de usufructo. El derecho de ha-

bitación se configura como el de ocupa-

ción parcial de una vivienda y sólo se pue-

de constituir a favor de personas físicas. El

derecho de uso es descrito como el dere-

cho a poseer y a utilizar una cosa ajena en

función de las necesidades del usuario y

su familia. Se puede establecer sobre toda

clase de bienes, pero se prevén en particu-

lar el uso de una vivienda y el constituido

sobre una finca fructífera, sobre rebaño y

sobre un bosque o sobre plantas.

Anna Casanovas

Ley 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre grandes establecimien-

tos comerciales (DOGC núm. 3295, de 30 de diciembre).

La Ley del impuesto sobre grandes es-

tablecimientos comerciales se inserta en

un campo —el de los tributos pro-

pios— en el que la legislación catalana

es más bien escasa. Si bien la enumera-

ción de los recursos financieros de la

Generalidad que aparece en el artículo

44 del Estatuto se inicia precisamente

con los rendimientos de los impuestos

que debe establecer la propia Genera-

lidad, éstos no han sido nunca demasia-

do relevantes. Al carácter polémico, y

en muchos casos impopular, de la crea-

ción de nuevas figuras tributarias, cabe

añadir que el modelo de financiación

descrito en el Estatuto y desarrollado me-

diante los acuerdos el Consejo de Política

Fiscal y Financiera se ha fundamentado

en la participación en la recaudación de

tributos del Estado y en el rendimiento

de los impuestos cedidos. Por otra parte,

la Ley orgánica de financiación de las co-

munidades autónomas (LOFCA) limita

extraordinariamente la posibilidad de

creación de nuevos impuestos por la vía

de prohibir, por una parte, que los tribu-

tos de las comunidades autónomas se es-

tablezcan sobre hechos imponibles grava-

dos por el Estado y, por otra parte, que

estos tributos sólo se pueden establecer

sobre materias reservadas a las corpora-

ciones locales en la medida en que la le-

gislación de régimen local lo prevea. Es-

tas medidas que, desde una perspectiva

teórica, no impedirían el desarrollo de un

sistema tributario propio, hacen inviable,

en la práctica, la diversidad fiscal, dado

que ni el Estado ha renunciado a ocupar

la práctica totalidad de las fuentes tribu-

tarias ni la legislación del Estado en ma-

teria de finanzas locales ha permitido el

despliegue de un sistema con una inci-

dencia fiscal importante.

Las limitaciones establecidas convier-

ten en residual la posibilidad de creación

de impuestos. Ésta se reduce básicamente

a la creación de tributos de fundamento

extrafiscal, vinculada necesariamente al

ejercicio de una competencia sustantiva

de la comunidad autónoma en cuestión.

En este sentido resulta sintomático que

los dos impuestos propios de la Generali-

dad vigentes en el momento de la apro-

bación de la Ley 16/2000 eran el canon

del agua, impuesto que se basa en el im-

pacto ecológico del uso del agua o la car-

ga contaminante vertida al medio acuáti-

co, y el gravamen sobre los elementos

patrimoniales afectos a las actividades de

planes de protección civil de Cataluña.

El impuesto sobre grandes estableci-

mientos comerciales no es una excepción

a este planteamiento. En el preámbulo se

afirma que: «El tributo que ahora se crea

tiene naturaleza de impuesto, de acuerdo

con el artículo 26 de la Ley General Tri-

butaria; un impuesto, sin embargo, con

un carácter marcadamente extrafiscal.

Ciertamente, la finalidad del impuesto

sobre grandes establecimientos comer-

ciales tiende a la corrección y a la com-

pensación del impacto territorial y me-

dioambiental que puede ocasionar este

fenómeno de concentración de grandes

superficies comerciales, y también a la

atención de las necesidades de moderni-

zación y fomento del comercio integrado

en la trama urbana.» De acuerdo con

ello, el artículo 3 de la Ley 16/2000 esta-

blece que el impuesto queda afectado al

fomento de las medidas para la moderni-

zación del comercio urbano de Cataluña

y al desarrollo de planes de actuación en

las áreas afectadas por los emplazamien-

tos de grandes establecimientos comer-

ciales. No obstante, y contrariamente a lo

que sería deseable desde un punto de vis-

ta de técnica legislativa, los criterios con-

cretos de afección no los establece la Ley

del impuesto, sino que lo hace la Ley

15/2000, de 29 de septiembre, de medi-

das fiscales y administrativas, la cual dis-

tribuye los rendimientos del impuesto

entre mercados municipales y urbanismo

comercial (40%), planes de dinamiza-

ción comercial (25%), fomento del co-

mercio asociado y líneas de financiación

subsidiaria para el comercio urbano

(25%) y planes de actuación medioam-

biental en las áreas afectadas por los em-

plazamientos de grandes establecimien-

tos comerciales (10%).

Pero al margen de la finalidad extrafis-

cal del impuesto, la estructura de éste res-

ponde a la de un tributo exigido sin con-

traprestación, cuyo hecho imponible está

constituido por negocios, actos o hechos

de naturaleza jurídica o económica que

ACTIVIDAD NORMATIVA... 217

AUTONOMIES · 27

218

ponen de manifiesto la capacidad contri-

butiva del sujeto pasivo, como conse-

cuencia de la posesión de un patrimonio,

la circulación de bienes o la adquisición o

el gasto de la renta, de acuerdo con la

concepción del artículo 26 de la Ley ge-

neral tributaria. A tal efecto, la capacidad

económica del sujeto pasivo —persona

física o jurídica titular del gran estableci-

miento comercial— se presume para de-

terminados establecimientos comerciales

como consecuencia de estar implantados

en grandes superficies.

El hecho imponible lo constituye, de

acuerdo con el artículo 4 de la Ley, la utili-

zación de grandes superficies con fines co-

merciales a causa del impacto que puede

ocasionar en el territorio, en el medio am-

biente y en la trama de comercio urbano

de Cataluña. Esta utilización de grandes

superficies con fines comerciales se defi-

ne como la que llevan a cabo los grandes

establecimientos comerciales individuales

—los que disponen de una superficie de

venta igual o superior a 2.500 metros cua-

drados— dedicados a la venta al por me-

nor. A pesar de ello, algunos estableci-

mientos están exentos del impuesto, en la

medida en que la utilización de grandes

superficies es necesaria para el tipo de

productos que comercializan (jardinería,

venta de vehículos, materiales para la

construcción, venta de maquinaria y su-

ministros industriales). Pero en todos los

casos los primeros 2.499 metros cuadra-

dos de superficie de venta tienen la consi-

deración de mínimo exento y este míni-

mo también se tiene en cuenta a la hora

de determinar las superficies destinadas a

almacenes, talleres y espacios de produc-

ción así como aparcamientos. En relación

con este último elemento, la Ley ha opta-

do por establecer un sistema objetivo de

cálculo de esta superficie a partir de coefi-

cientes, que oscilan entre 0,5 y 1,8, que se

tienen que multiplicar por la superficie de

venta efectivamente gravada, de manera

que este elemento incide de manera sensi-

blemente inferior a la que resultaría de

considerar la superficie efectivamente

ocupada.

La base imponible está constituida

por la superficie total del gran estableci-

miento comercial individual, con las co-

rrecciones que ya hemos mencionado.

No obstante, la base liquidable es el re-

sultado de multiplicar la base imponible

por el coeficiente aplicable —que oscila

entre los valores 0,6 y 1— según la su-

perficie del terreno ocupada por la pro-

yección horizontal del establecimiento

en concreto. Así se obtiene un sistema

progresivo basado no tanto en la superfi-

cie de venta, sino en el impacto de la

ocupación del suelo. Este elemento debe

complementarse con una bonificación

del 40% de la cuota para aquellos esta-

blecimientos que estén situados en zonas

de accesibilidad mediante varios trans-

portes públicos, con lo cual el funda-

mento extrafiscal del impuesto se refleja

efectivamente en su aplicación.

Pere Sol

Ley 17/2000, de 29 de diciembre, de equipamientos comerciales (DOGC

núm. 3299, de 5 de enero de 2001).

Ésta es la tercera ley de equipamien-

tos comerciales aprobada por el Parla-

mento de Cataluña en los últimos trece

años. La primera fue la Ley 3/1987, de 9

de marzo, y más recientemente lo ha

sido la Ley 1/1997, de 24 de marzo.

La evolución que supone la aproba-

ción de estos tres textos legislativos en

este relativamente corto espacio de

tiempo se caracteriza por un cada vez

mayor intervencionismo de la Generali-

dad en el régimen de los establecimien-

tos comerciales, de cara a fomentar, tal y

como se señala en el preámbulo de ésta y

de la Ley 1/1997, un sistema de distri-

bución eficiente que asegure el aprovi-

sionamiento de los consumidores con el

mejor nivel de servicios posible y el mí-

nimo coste de distribución y permita la

mejora continuada en los precios, en la

calidad y en las condiciones de oferta y

de servicio; un sistema de distribución

eficiente a partir de la libre y leal compe-

tencia de los agentes y en el que las pe-

queñas, las medianas y las grandes em-

presas comerciales puedan concurrir de

forma equilibrada.

El dinamismo empresarial del sector,

que en los últimos tiempos ha estado

marcado por fusiones de importantes

grupos comerciales, de un lado, y por

una mayor o total libertad horaria, de

otro, ha puesto de manifiesto que la vi-

gente regulación presentaba una clara in-

suficiencia respecto a la valoración por la

Generalidad del grado de concentración

empresarial en el momento de otorgar

nuevas licencias comerciales, así como

respecto a una decidida aplicación de una

política de modernización, innovación y

mejora del comercio urbano, tantas veces

perjudicado por el creciente fenómeno

de las grandes superficies. En este senti-

do, hay que relacionar directamente la

presente Ley con la Ley 16/2000, del im-

puesto sobre grandes superficies comer-

ciales, por la que se crea y regula un tribu-

to cuya recaudación íntegra servirá para

financiar el llamado Plan de dinamiza-

ción del comercio urbano.

El mayor intervencionismo público al

que me he referido se concreta en las in-

novaciones que a continuación paso a

analizar. La Ley clasifica los estableci-

mientos comerciales en tres tipos: gran-

des establecimientos comerciales, esta-

blecimientos comerciales medianos y

establecimientos comerciales pequeños,

a los que sólo se menciona en el preám-

bulo, pero que debemos considerar un

tipo propio en el que incluiremos aque-

llos que no figuran dentro de la defini-

ción por la Ley como grandes o media-

nos establecimientos comerciales.

Se mantiene la clasificación de lo que

son grandes establecimientos comercia-

les en función de su superficie y del nú-

mero de habitantes del municipio en

que se instalen, criterios reproducidos en

la delimitación de lo que son estableci-

mientos comerciales medianos; no obs-

tante, la graduación se hace más especí-

fica al rebajarse el número de metros

cuadrados a partir de los que un estable-

cimiento debe ser considerado como

gran establecimiento comercial.

Los requisitos para la autorización de

apertura, ampliación, cambio de activi-

dad o traslado de un establecimiento co-

mercial varían según el tipo. Para los es-

tablecimientos comerciales pequeños,

basta con la correspondiente licencia

municipal, salvo aquellos estableci-

mientos dedicados a la venta al por me-

nor de productos alimenticios y de gran

consumo en régimen de autoservicio

con una superficie de más de cuatro-

cientos metros cuadrados, así como los

de menos de cuatrocientos metros cua-

drados que pertenezcan a grupos em-

presariales con una facturación anual de

más de quinientos mil millones de pese-

tas, que se someten al régimen previsto

para los establecimientos comerciales

medianos.

Para los establecimientos comerciales

medianos, la Ley crea la denominada li-

cencia municipal comercial, cuya única

ACTIVIDAD NORMATIVA... 219

particularidad respecto a la licencia mu-

nicipal de apertura ordinaria es que su

concesión o denegación debe acordarse

teniendo en cuenta que el proyecto se

adecue al Plan territorial sectorial de

equipamientos comerciales y, previo a la

concesión, es preciso obtener obligato-

riamente el informe favorable del Ser-

vicio de la Competencia en la Distri-

bución Comercial, de nueva creación;

conforme a lo establecido en el artículo 6

de la Ley, dicho Servicio no otorgará

ningún informe favorable si el solicitan-

te pertenece a un grupo de empresas con

una cuota de mercado superior al veinti-

cinco por ciento de los metros cuadrados

de venta existentes en Cataluña, o al

treinta y cinco por ciento del área de in-

fluencia del establecimiento proyectado.

El citado informe tendrá carácter vincu-

lante en la denegación de la licencia soli-

citada.

Respecto a los grandes establecimien-

tos comerciales, se mantiene la exigencia

de la licencia comercial de la Generali-

dad como requisito previo para la ob-

tención de la licencia municipal, si bien

se lleva a cabo una regulación mucho

más exhaustiva. Esta licencia la concede

el Departamento de la Generalidad

competente en materia de comercio,

con el informe previo de la Comisión de

Equipamientos Comerciales y, al igual

que en el caso anterior, se acordará te-

niendo en cuenta que el proyecto se ade-

cue al Plan territorial sectorial de equi-

pamientos comerciales. Mientras en la

anterior regulación la exigencia de esta

licencia se limitaba a la apertura, am-

pliación y cambios de actividad, ahora

se extiende al traslado y a la transmisión

de un gran establecimiento comercial o

de las acciones y participaciones de las

sociedades que, directa o indirectamen-

te, sean titulares y estén obligadas a con-

solidar sus cuentas conforme a la legisla-

ción mercantil, salvo las transmisiones

hereditarias.

Se mantiene la exclusión de este régi-

men para los mercados municipales, tal y

como ya establecía la Ley de 1997; sólo

requerirán dicha licencia comercial

aquellos establecimientos individuales si-

tuados en su interior con superficie de

venta que, según el apartado 1 del artícu-

lo 3, los haga tributarios de la considera-

ción de gran establecimiento comercial,

circunstancia que raramente se dará.

Como novedad, la Ley introduce un

régimen especial para las superficies

comerciales de parques temáticos y res-

pecto a los grandes establecimientos

comerciales situados en centros urba-

nos. En cuanto a los primeros, sólo

quedarán sujetos a la licencia comer-

cial de la Generalidad cuando el con-

junto de su superficie de venta supe-

re los cinco mil metros cuadrados, el

quince por ciento de la superficie edifi-

cada total o en caso de que los estable-

cimientos individuales superen los lí-

mites establecidos en los apartados 1 y

2 del artículo 3. Respecto a los segun-

dos, no requerirán la licencia comer-

cial de la Generalidad aquellos con una

antigüedad de más de diez años para

las reformas que supongan una amplia-

ción no superior a cinco mil metros

cuadrados de superficie de venta, siem-

pre que dicho crecimiento sea inferior

al treinta por ciento de la superficie de

venta preexistente.

Por último, cabe destacar el decisivo

papel que se otorga a los ayuntamientos

en la eventual concesión de esta licencia

comercial de la Generalidad, pues si

bien hasta ahora era preceptivo consul-

tar al respectivo ayuntamiento, a partir

de este momento, si de dicha consulta

resultase un informe desfavorable, éste

tendrá carácter vinculante para la Gene-

ralidad.

AUTONOMIES · 27

220

ACTIVIDAD NORMATIVA... 221

Como ya sucedía en la Ley de 1997,

el texto aprobado prevé la existencia del

Plan territorial sectorial de equipa-

mientos comerciales como instrumento

para ordenar la localización de equipa-

mientos comerciales en Cataluña, al

que deberá adecuarse el planeamiento

urbanístico. Se mantiene la obligación

de revisar dicho Plan cada cuatro años,

aunque como novedad se establece que

en caso de que se produzcan circuns-

tancias que modifiquen la estructura de

la oferta o la demanda comerciales, po-

drá realizarse una revisión anticipada,

general o parcial.

La Ley profundiza en la regulación

de los programas de orientación para

equipamientos comerciales, a fin de

adaptar el equipamiento comercial de

los municipios a las necesidades de los

consumidores. De acuerdo con lo seña-

lado en su artículo 16, la elaboración y

aprobación inicial de dichos programas

corresponderá a los respectivos ayunta-

mientos, y la aprobación definitiva al

departamento competente en materia

de comercio. Como novedad destaca

que la aprobación de tales programas

resulta obligatoria para la instalación de

grandes establecimientos comerciales

cuando los mismos superen los tres mil,

cinco mil, diez mil o veinte mil metros

cuadrados en función del número de

habitantes del municipio en que se esta-

blezcan.

Por otra parte, se regulan las faculta-

des de los inspectores, así como las in-

fracciones y el régimen sancionador,

que recibe un tratamiento mucho más

exhaustivo del que era objeto en la Ley

de 1997. Las infracciones se circunscri-

ben fundamentalmente a no disponer

de la licencia comercial, sea la munici-

pal o la de la Generalidad, cuando la

misma sea exigible conforme a los pre-

ceptos de la presente Ley. Destaca que

el régimen de sanciones sólo esté previs-

to respecto a las infracciones por no dis-

poner de la licencia comercial de la Ge-

neralidad, lo que supone que mientras

ésta puede llegar a imponer multas de

hasta 100.000.000 de pesetas, la san-

ción que los ayuntamientos pueden

acordar por no disponer de la licencia

comercial municipal —a la que, como

hemos visto, quedan sujetos los estable-

cimientos comerciales medianos— se

limita a los exiguos importes estableci-

dos, con carácter general, por la Ley

7/1985, reguladora de las bases del régi-

men local, modificada por la Ley

11/1999.

También es importante señalar que,

además de la creación del Servicio de

Competencia en la Distribución Co-

mercial, la Ley prevé la creación de un

registro de todos los grandes y medianos

establecimientos comerciales de Catalu-

ña, cuyo mantenimiento corresponderá

al departamento competente en materia

de comercio, así como el mandato al

Gobierno para la elaboración y aproba-

ción durante el año 2002 de un libro

blanco sobre la concentración empresa-

rial.

Por último, la Ley dispone la suspen-

sión temporal de concesión de licencias

comerciales, tanto municipales como de

la Generalidad, a supermercados hasta

la aprobación del Plan territorial secto-

rial de equipamientos comerciales, de-

terminándose que, a tales efectos, tienen

dicha condición los establecimientos

con una superficie de cuatrocientos a

dos mil cuatrocientos noventa y nueve

metros cuadrados, que ofrezcan en régi-

men de autoservicio productos de con-

sumo cotidiano y, según su dimensión,

cuenten también con otros productos

no alimenticios.

Vicenç Santaló

AUTONOMIES · 27

222

Ley 18/2000, de 29 de diciembre, por la cual se regula la publicidad institu-

cional (DOGC núm. 3300, de 8 de enero de 2001).

La comunicación es una actividad

fundamental de las instituciones públi-

cas, tanto para el desarrollo de sus fun-

ciones como para la construcción de una

imagen de eficacia, credibilidad y cohe-

rencia. La publicidad institucional es la

concreción de la comunicación pública.

El Estatuto de autonomía de Cataluña

reconoce a la Generalidad la competencia

exclusiva en materia de publicidad (ar-

tículo 9.30), según la cual se aprueba esta

Ley, pionera en el contexto del Estado.

Conviene distinguir entre diferentes

tipos de publicidad política: la vincula-

da a los procesos electorales, la que lle-

van a cabo las instituciones para promo-

cionar y defender los valores cívicos y la

publicidad de carácter meramente ad-

ministrativo, que sirve para comunicar

informaciones administrativas. Esta Ley

regula, fundamentalmente, el segundo

tipo de publicidad mencionado y, tan-

gencialmente, la de carácter electoral.

El ámbito de aplicación de la Ley es el

de todas las administraciones de Cataluña,

tanto las administraciones locales como

las supralocales, incluyendo todos los ám-

bitos de actuación que les corresponden.

La Ley describe el objeto y los objetivos de

la publicidad institucional, establece el sis-

tema de contratación de la creación publi-

citaria y fija los criterios a los que debe ade-

cuarse la difusión publicitaria.

No es publicidad institucional la

mera actividad comunicacional de las

administraciones cuando tiene carácter

exclusivamente informativo; en cambio,

es publicidad institucional la que llevan

a cabo las instituciones públicas para

promover y defender la consolidación

de la democracia, el bienestar social, la

salud y la seguridad.

La Comisión Asesora sobre Publicidad

Institucional, creada por el Decreto

289/1997, de 11 de noviembre, ve con-

sagrada su existencia en una norma de

rango legal, mediante la cual se recono-

cen sus competencias y funciones y se es-

tablecen unos requisitos básicos respecto

a su composición, y prevé que estén re-

presentados la Administración de la Ge-

neralidad, las entidades municipalistas de

Cataluña y los sectores académicos y pro-

fesionales relacionados con la publicidad

institucional, aunque la concreción defi-

nitiva se reserva al reglamento, lo cual,

sin duda, acarreará tensiones entre el Go-

bierno y los grupos parlamentarios, que

no llegarán a un acuerdo para garantizar

su composición o sus requisitos básicos.

Es necesario señalar, aunque sea obiter

dicta, la importante labor que llevó a

cabo la Comisión en la definición de los

principios de deben informar la publici-

dad institucional, y la trascendental mi-

sión de control cívico que le correspon-

derá en el futuro, para concretar la

aplicación de los principios y velar por

ella, como veremos a continuación.

Un aspecto innovador de la Ley es que

establece los principios que debe respetar

la publicidad institucional. Es necesario

destacar su valor y su trascendencia,

dado que pueden permanecer en el reino

de los principios kantianos y del impera-

tivo categórico más propios de un códi-

go ético y de autolimitación —el self res-

traint, tan propio de otras culturas

jurídicas como alejado de la nuestra, a

pesar de que cada vez resulte más necesa-

rio— que no de una ley. Puesto que ésta

es la limitación más importante que pre-

senta esta Ley: la aplicación de los prin-

cipios y de las reglas que establece resulta

difícilmente exigible, dado que no prevé

ningún régimen de recursos, ni de san-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 223

ciones, ni de garantías para exigir su apli-

cación en caso de que una administra-

ción no los aplique.

El éxito de esta Ley exige el compro-

miso y la corresponsabilización de las ad-

ministraciones públicas. La Comisión

Asesora sobre Publicidad Institucional

debe convertirse en la conciencia ciuda-

dana refleja, que evite los abusos en los

que podrían incurrir algunas adminis-

traciones; más aún, la crítica y la conde-

na moral de los ciudadanos son el único

elemento que podrá suplir la falta de

controles jurisdiccionales, pues uno de

los peores errores en los que se podría in-

currir en la aplicación de esta Ley sería la

hipótesis —tan posible en la práctica y

tan cercana en nuestra cultura política

como rechazable desde la conciencia cí-

vica democrática— de que unas admi-

nistraciones que se permitieran determi-

nadas acciones publicitarias criticaran o

incluso pretendieran evitar acciones si-

milares de otras administraciones con

mayorías políticas diferentes.

Esta Ley exige, desde su nacimiento,

la evaluación de su aplicación, es decir,

un seguimiento de su eficacia y de su

rendimiento, y desde ahora invitamos a

llevarlo a cabo: dado que la Administra-

ción no lo hará, puede resultar un buen

tema para los estudiantes de másters y

posgrados, para introducir progresiva-

mente en nuestro territorio las técnicas

de evaluación legislativa.

Hablemos pues, aunque sea brevemen-

te, de técnica legislativa. La introducción

de la Ley se denomina preámbulo y contie-

ne los elementos clásicos que exige la doc-

trina. La Ley, muy breve (incluye única-

mente ocho artículos), no se divide en

títulos y capítulos; además, los artículos

no llevan título. Las disposiciones adi-

cionales, transitoria y final, tampoco. La

disposición adicional primera es un mo-

delo de anfibiología, puesto que sobra por

evidente y, además, no se sabe qué quiere

decir —es un ejemplo de transacción po-

lítica, al margen de su calidad—; la dispo-

sición adicional segunda, que autoriza al

Gobierno a desarrollarla y a aplicarla,

comportará tensiones con toda seguridad,

si el Gobierno entiende que el hecho de

desarrollar la Ley permite innovarla, espe-

cialmente en lo que se refiere a la compo-

sición de la Comisión Asesora sobre Pu-

blicidad Institucional, al margen de los

principios que conforman la Ley. La en-

trada en vigor, disposición final, en contra

de la opinión garantista y con el pretexto

de que es una ley que afecta fundamental-

mente a las administraciones, tendrá lugar

al día siguiente de su publicación.

Si la Ley confía en la eficacia de los va-

lores de la norma y comparte la convic-

ción de que democracia es pedagogía, exigi-

mos que las instituciones —y velemos

para que así sea—, mediante la comuni-

cación y la publicidad institucional, im-

pulsen el crecimiento de los valores que

permitan la consolidación del Estado de

derecho, en una sociedad plural y avanza-

da, impregnada de civismo, respeto, soli-

daridad y tolerancia.

Ismael E. Pitarch

Ley 19/2000, de 29 de diciembre, de aeropuertos de Cataluña (DOGC núm.

3303, de 11 de enero de 2001).

La Ley de aeropuertos es la primera que

con este objeto específico se aprueba en el

Estado español, ya que la regulación esta-

tal aparece dispersa entre la Ley de nave-

gación aérea y otras normas de distinto

rango y propósito. Desde este punto de

vista, cabe señalar asimismo que se trata

de una norma bastante inusual en el dere-

cho comparado, en que la normativa so-

bre la materia acostumbra a ser fragmen-

taria, incluyéndose a menudo entre las

leyes sobre aviación comercial o navega-

ción aérea.

Una primera constatación debe ser

que la presente Ley pretende integrar las

variadas perspectivas sobre la materia

contenidas en la legislación sectorial di-

versa, o deducidas de ésta, para establecer

un tratamiento unitario, ordenado y sis-

temático. Hay que tener en cuenta que

los aeropuertos y aeródromos pueden ser

objeto de una triple perspectiva: como

servicio público, como obra y como con-

junto de instalaciones de carácter perma-

nente, y como espacio físico —según los

casos, de dominio público—, que mere-

ce tener una consideración específica;

por otra parte, los aeropuertos pueden te-

ner incidencia sobre otros sectores o ma-

terias en que también concurren intereses

públicos, tales como ordenación del te-

rritorio y urbanismo, medio ambiente,

los otros transportes, comunicaciones,

comercio y turismo, etc. En aras a un tra-

tamiento integral y coherente, la Ley pre-

tende asegurar la coordinación entre las

distintas administraciones con compe-

tencia y establecer los instrumentos de

planificación que posibiliten una ordena-

ción coherente y respetuosa con los di-

versos intereses en juego.

Como cuestión previa, hay que seña-

lar que la presente Ley no es de aplica-

ción a todos los aeropuertos de Catalu-

ña sino sólo a los que no poseen la

calificación de interés general —que son

los más importantes—. Lógicamente, la

Ley debe partir de la situación y marco

actuales y carece de sentido que ordene

hipotéticas situaciones futuras que exi-

girán, en su caso, una nueva regulación

o una adaptación de ésta.

La presente Ley distingue dos clases

de instalaciones aeroportuarias: los ae-

ropuertos propiamente dichos y los ae-

ródromos. Los primeros se caracterizan

por disponer de servicios e instalaciones

para atender de forma regular el tráfico

aéreo, a diferencia de los aeródromos.

Además, se distingue, tanto en una clase

como en otra, entre los de titularidad

pública y los de titularidad privada. Res-

pecto a la determinación de las condi-

ciones técnicas con que deben contar, la

Ley se remite al reglamento.

La Ley crea una entidad, la autoridad

aeroportuaria de Cataluña, a la que atri-

buye la responsabilidad de determinar la

política estratégica, los objetivos y el

plan de negocio «aeroportuarios», fun-

ción directiva que no excluye otras de

carácter más ejecutivo, como la elabora-

ción del Plan director de aeropuertos.

En cuanto a otras funciones públicas

establecidas en esta Ley, su atribución se

realiza a favor de la Administración de la

Generalidad, y en la mayor parte de los

casos, más concretamente, del Departa-

mento de Política Territorial y Obras Pú-

blicas, pese a que en algunos casos no se

determine el departamento al que co-

rresponden, aspecto que se refiere al de-

sarrollo reglamentario como es habitual

en la mayor parte de leyes sectoriales. No

obstante, es preciso señalar que la Ley

hace hincapié en la actividad de planifi-

cación y control previos, estableciendo

los instrumentos específicos sobre dicha

cuestión, los cuales, una vez más, inten-

tan lograr la coordinación e integración

de las diversas intervenciones admi-

nistrativas. Sin embargo, quedan por

establecer las características de la autori-

dad aeroportuaria como administración

—¿será un ente público sometido al dere-

cho privado o una entidad autónoma?—,

interrogante que debe aclararse por me-

dio de la norma de rango adecuado.

AUTONOMIES · 27

224

ACTIVIDAD NORMATIVA... 225

La Ley regula el procedimiento para

tramitar y aprobar nuevos aeropuertos y

modificar los existentes, estableciendo

diferencias procedimentales entre los de

iniciativa pública —de la Administra-

ción de la Generalidad y de entidades

locales— y los de iniciativa privada, que

se someten a un régimen de autoriza-

ción.

En cuanto a la gestión de aeropuertos

y aeródromos, la Ley regula especial-

mente la de los que son de titularidad

pública, puesto que, en los de titulari-

dad privada, la forma en que aquella se

produzca corresponde al ámbito de libre

determinación del propietario.

Cabe destacar que se prevé la incorpo-

ración de representantes de las entidades

locales afectadas y de otras entidades, vin-

culadas o afectadas por la actividad aero-

portuaria a los órganos de gestión como

instrumento para vehicular su participa-

ción, sin perjuicio de que cuenten tam-

bién con un comité de usuarios. Aunque

no se enuncien las funciones de este co-

mité, hay que suponer que serán de tipo

consultivo o asesor, al tiempo que de ins-

tancia representativa para conocer la opi-

nión de los usuarios, por medio de sus re-

presentantes específicos, en los asuntos

relativos a la gestión aeroportuaria.

A fin de reunir la información técnica

aeronáutica, se crea el Registro de Aero-

puertos y Aeródromos en el seno del

Departamento de Política Territorial y

Obras Públicas.

Por último, la Ley contiene un último

capítulo dedicado a establecer el régi-

men sancionador y de inspección para

asegurar su cumplimiento, con sancio-

nes que van desde las 250.000 pesetas

hasta los 30.000.000 de pesetas.

Para el desarrollo reglamentario de la

Ley —que no debe ser en un texto úni-

co— se establece un plazo de seis meses,

y para la regularización de los aeropuer-

tos y aeródromos existentes, un plazo de

un año desde su entrada en vigor.

Xavier Muro

Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concer-

niente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica

(DOGC núm. 3303, de 11 de enero de 2001; corrección de errores DOGC

núm. 3353, de 22 de marzo de 2001).

situación de expresarlas —lo que co-

múnmente se conoce como testamentos

vitales o testamentos biológicos. Esta re-

sonancia mediática ha hecho que la Ley

sea conocida como la Ley del testamento

vital, sin perjuicio de que su contenido

tenga un alcance bastante más amplio.

El objetivo básico de la Ley es, esen-

cialmente, concretar los derechos de los

pacientes en el ámbito sanitario —dere-

cho a la información, al consentimiento

informado y al acceso a la documenta-

ción clínica— como eje básico de las re-

La aprobación por el Parlamento de

Cataluña de la Ley sobre los derechos de

información concerniente a la salud y la

autonomía del paciente y la documenta-

ción clínica ha tenido una resonancia

mediática importante, especialmente

porque, por primera vez en el Estado, se

regula la posibilidad de elaborar docu-

mentos de voluntades anticipadas a fin

de poder determinar, antes de una inter-

vención médica, cuáles son las volunta-

des del paciente por si, en el momento

de la intervención, no se encuentra en

laciones clínico-asistenciales. En este

sentido, el marco de referencia lo consti-

tuye de manera especial, de acuerdo con

la exposición de motivos, el Convenio

sobre los derechos del hombre y la bio-

medicina, de 4 de abril de 1997, que en-

tró en vigor en el Estado español el 1 de

enero de 2000. Este Convenio se refiere

a la necesidad de reconocer, en distintos

aspectos y con una gran extensión, los

derechos de los pacientes, entre los que

destacan el derecho a la información, al

consentimiento informado y a la intimi-

dad de la información relativa a la salud

de las personas, a fin de conseguir un ar-

monización de las legislaciones de los

diversos países en estas materias.

A pesar de que la Ley se estructura

formalmente en seis capítulos, dejando

aparte el primero, que sólo contiene un

artículo destinado a definir el objeto de

la Ley, se pueden distinguir claramente

dos partes temáticas.

La primera parte, que engloba los capí-

tulos 2, 3 y 4, se centra en el derecho a la

información, el derecho a la intimidad y

el derecho a la autonomía del paciente, o,

como señala el artículo 1 de la Ley, «de-

terminar el derecho del paciente a la in-

formación concerniente a su salud y a su

autonomía de decisión». El principio bá-

sico del derecho a la información lo for-

mula el artículo 2, que establece que los

pacientes, en cualquier intervención asis-

tencial, tienen derecho a conocer toda la

información obtenida sobre la propia sa-

lud. Esta información debe ser verídica, y

debe darse de manera comprensible y

adecuada. El derecho a la información

debe ser garantizado por el médico res-

ponsable del paciente. El titular del dere-

cho a la información es el paciente, sin

perjuicio de que la Ley prevea situaciones

en que los familiares u otras personas vin-

culadas al paciente puedan ser también

informadas. A tal efecto, el artículo 5 es-

tablece el derecho a la intimidad en ma-

teria de salud de forma categórica, al dis-

poner que toda persona tiene derecho a

que se respete la confidencialidad de los

datos relacionados con su salud, y atribu-

ye a los centros sanitarios la obligación de

adoptar las medidas oportunas para ga-

rantizar este derecho.

Por su parte, el derecho a la autono-

mía del paciente implica que cualquier

intervención en el ámbito de la salud re-

quiere que la persona afectada haya dado

su consentimiento específico y libre y

haya sido informada previamente. La

Ley determina el alcance de este derecho

y regula los casos en los que es preciso ex-

ceptuarlo, bien de manera absoluta, con

la exención de la obtención del consenti-

miento, bien de manera relativa, me-

diante el otorgamiento del consenti-

miento por sustitución. Es en algunos de

estos casos excepcionales cuando entra

en juego el documento de voluntades

anticipadas, que tiene como objetivo ex-

presar las instrucciones del paciente que

se deben tener en cuenta cuando se en-

cuentre en una situación en que las cir-

cunstancias que concurran no le permi-

tan expresar personalmente su voluntad.

En este documento, la persona también

puede designar un representante para

que la sustituya en caso de que no pueda

expresar su voluntad por sí misma. El

documento sólo puede ser formulado

por personas mayores de edad con capa-

cidad suficiente y debe garantizarse que

éstas actúan con plena libertad, por lo

cual se requiere que sea expresado en es-

critura pública o ante tres testigos, dos

de los cuales no pueden tener relación de

parentesco hasta el segundo grado ni es-

tar vinculados por ninguna relación pa-

trimonial con el otorgante.

La segunda parte de la Ley se refiere

extensamente al tratamiento de la docu-

mentación clínica y, concretamente, de la

AUTONOMIES · 27

226

historia clínica, entendida como el con-

junto de documentos relativos al proceso

asistencial de cada enfermo con identifi-

cación de los médicos y el resto de profe-

sionales asistencales que hayan interveni-

do. En este sentido, la Ley sistematiza los

datos mínimos que debe contener cual-

quier historia clínica —datos de identifi-

cación del enfermo y de la asistencia, da-

tos clínico-asistencales y datos sociales.

Cabe señalar que si el enfermo ha otorga-

do un documento de voluntades antici-

padas, éste también debe incorporarse a

la historia clínica. La historia clínica se

define como un instrumento destinado

fundamentalmente a ayudar a garantizar

una asistencia adecuada al paciente, por

lo cual la Ley regula su uso, el acceso a la

información que contiene —quién pue-

de acceder y en qué condiciones—, así

como los plazos durante los cuales esta

información se debe conservar.

Pere Sol

ACTIVIDAD NORMATIVA... 227

Ley 22/2000, de 29 de diciembre, de acogida de personas mayores (DOGC

núm. 3304, de 12 de enero de 2001).

La Ley 22/2000 supone un primer

paso en la consecución de medidas de

protección de las personas mayores en el

ámbito del derecho privado. Esta norma

regula el pacto de acogida como alterna-

tiva al ingreso de los ancianos en institu-

ciones geriátricas, en cuya virtud unas

personas, los acogedores, se comprome-

ten a cuidar y a convivir con otras de

más edad (art. 1.1, 2.1, 3.2) —los acogi-

dos— a cambio de una contrapresta-

ción económica (art. 1.1, 2.3) y con el

deber de comportarse mutuamente

como han de hacerlo padres e hijos en-

tre ellos (art. 1.1) El preámbulo de la

Ley destaca el origen consuetudinario

de esta institución y menciona la prácti-

ca tradicional en algunas comarcas de

Cataluña (y de Aragón) de «darse» a una

familia (o a un convento); hace referen-

cia también al derecho especial de Tor-

tosa como precedente, pero esta hipó-

tesis es poco viable. Seguramente, el

modelo más influyente ha sido la Ley

francesa 89-475, de 10 de julio de 1989,

relative à l’accueil par des particuliers, de

majeurs protegées ou handicapées adultes.

Las causas que hacen necesaria la

atención legal a este colectivo de perso-

nas mayores, en el ámbito público y/o

privado, son diversas: por una parte, el

incremento de la expectativa de vida in-

crementa también la dependencia fami-

liar, sanitaria y social, y, por otra, el des-

censo de la natalidad reduce el número

de miembros de la familia a los que po-

dría quedar atribuido el cuidado y el

bienestar de los ancianos. A todo esto

hay que añadir el fenómeno migratorio,

que provoca la marcha de los jóvenes de

sus familias y el desamparo de los más

mayores, que, de este modo, no tienen

otra opción que retirarse a residencias o

centros de acogida. La situación ya ha

provocado la intervención del legisla-

dor, que viene exigida por los art. 43 y

50 CE. En Cataluña, esta actuación es

posible como consecuencia de la asun-

ción de competencia en materia civil en

el art. 9.2 EAC, y gracias también al re-

conocimiento de otros preceptos estatu-

tarios que, directa o indirectamente,

permiten legislar en el ámbito de la ve-

jez. Por ejemplo, en lo que respecta a

asistencia social, ocio o sanidad interior.

La medida de acoger personas mayo-

res se plantea como una alternativa al

censo vitalicio (art. 28 y ss. de la Ley

6/1990, de 16 de marzo, de censos), a las

pensiones periódicas vitalicias (Ley

6/2000, de 19 de junio, de pensiones pe-

riódicas) o al pacto de alimentos (art.

272 de la Ley 9/1998, del Código de fa-

milia (CF)). Todas ellas son regulaciones

de cariz claramente ius privatista. De

todos modos, la Ley 22/2000 coexiste

con la recientemente promulgada Ley

11/2001, de 13 de julio, de acogida fa-

miliar para personas mayores que, en

cambio, configura la acogida familiar de

las personas mayores como servicio so-

cial (art. 1), entendida ésta como la defi-

ne el anexo 2.6.2 del Decreto 284/1996,

de 23 de julio, por el que se regula el sis-

tema catalán de servicios sociales.

Así pues, actualmente coexisten con el

mismo nombre dos instrumentos de asis-

tencia a las personas mayores de naturale-

za jurídica radicalmente distinta: el con-

trato de acogida y el servicio social de

acogida (llamado «familiar»). Sólo el pri-

mer tipo es oneroso, da derechos suceso-

rios y excluye todo control de la Adminis-

tración. La acogida como servicio social

regulado en la Ley 11/2001 —que igual-

mente exige pacto previo (art. 3.1)— se

promueve para las personas sin recursos

(disposición final primera) y funciona

con su propio Registro (art. 4). Hubiera

sido oportuna una mayor coordinación

en la elaboración de ambas normas y, so-

bre todo, hubiera sido deseable que las

prescripciones de esta última, en lo tocan-

te a seguimiento y control administrativo

del pacto (art. 3), se hubiesen incorpora-

do previamente a la Ley 22/2000, de aco-

gida de personas mayores.

La finalidad de la Ley 22/2000 es «la

ayuda al más débil» (preámbulo, II; art.

2.1), pero el art. 2.2 desmiente esta con-

sideración al admitir «la ayuda mutua»

entre acogidos y acogedores. La convi-

vencia entre acogedores y acogidos no

constituye una familia, aunque las rela-

ciones que el pacto genera son parecidas

a las de parentesco (art. 1.1), tal como lo

demuestra el hecho de que no sólo obli-

ga a los acogidos a contribuir a las cargas

familiares según sus posibilidades (art.

2.2), sino que, más aún, se otorgan de-

rechos sucesorios a los acogedores en la

herencia de los acogidos (art. 8 y 9).

Esto último, y a pesar de que estemos

ante un contrato oneroso (art. 1.1; art.

4.3), induce a reconocer un significado

casi parental a las relaciones que el pacto

genera.

Las personas acogidas son las «perso-

nas mayores» (rúbrica ley), pero tam-

bién las discapacitadas (art. 1.1). El pac-

to de acogida es oneroso: los acogidos

han de ceder bienes muebles o inmue-

bles o dinero en pago a los servicios

prestados. Dentro de esta contrapresta-

ción no se incluyen las donaciones efec-

tuadas por las personas acogidas a las

acogedoras y a terceras personas en inte-

rés de éstas, de presente o para después

de la muerte, ni tampoco las contrapres-

taciones que derivan del contrato de ali-

mentos autónomo previsto en el art.

4.3, o las donaciones que, a causa de este

mismo contrato, los alimentados hacen

a los alimentantes. El contrato de acogi-

da nunca tiene que ser inferior a tres

años, con carácter general (art. 3.4). Se

puede pactar la asistencia por un perio-

do menor, pero entonces no se adquie-

ren las ventajas legales: v. gr. los benefi-

cios en materia de vivienda (art. 7). En

lo tocante a los derechos sucesorios, el

tiempo mínimo para poder disfrutar de

ellos es de cuatro años (art. 8.1 y 9.1).

En lo referente a la capacidad de obrar

de los sujetos, se exige que ésta sea plena

y, además, mayoría de edad (art. 3.1). El

acogedor ha de tener, como mínimo, 15

años menos que la persona acogida (art.

AUTONOMIES · 27

228

3.2), a menos que la acogida se haga por

razón de discapacidad (art. 3.3). La edad

mínima que ha de tener la persona aco-

gida es siempre, sin excepciones, de 65

años. Por lo que respecta a la legitima-

ción, no pueden ser acogidas las perso-

nas que tengan una relación de parentes-

co hasta el segundo grado en línea recta y

colateral. Es posible, pues, una acogida

entre personas ya unidas por vínculos de

parentesco a partir del tercer grado y, se

entiende, indistintamente, en línea recta

o colateral.

Sólo puede ser acogida una persona

por parte de una o varias personas que

formen una familia —en sentido am-

plio—, excepto en caso de que los acogi-

dos sean matrimonio o pareja estable (y

a estos efectos se entiende que no nece-

sariamente lo son sólo las que la Ley

10/1998, de uniones estables de pareja

(LUEP), tiene en cuenta) o tengan entre

ellas relación de parentesco hasta el se-

gundo grado de consanguinidad o

adopción (art. 1.2).

La acogida se tiene que constituir en

escritura pública (forma ad constitutio-

nem) y se formaliza —su constitución y

su extinción— mediante la inscripción

del contrato en el registro administrativo

correspondiente (art. 4.1 y 6.5, disposi-

ción adicional única). En la escritura pú-

blica deben constar las contraprestacio-

nes, los derechos y las obligaciones que

corresponden a cada parte y también, en

su caso, las donaciones hechas por las

personas acogidas a las acogedoras y a

terceras personas en interés o en contem-

plación de éstas, de presente o para des-

pués de la muerte (art. 4.2).

De manera inadvertida, el art. 4.3 re-

gula un contrato de prestación de ali-

mentos autónomo, distinto de los ali-

mentos del art. 2.1 (cargas familiares) y

de la obligación legal de alimentos entre

parientes (art. 259 y ss. CF).

Las causas de extinción del contrato

de acogida se tipifican en el art. 5.1 y sus

efectos, en los art. 5.2 y 6-9. La primera

causa de extinción es la común voluntad

de las partes manifestada en la escritura

pública de constitución (art. 5.1 a) o en

una posterior que recoja un pacto autó-

nomo de extinción de la acogida por

mutuo acuerdo (art. 5.1 b). Las letras cy

ddel art. 5 prevén la extinción que es

consecuencia de la voluntad unilateral,

ya sea expresada de manera discrecional,

o ya sea consecuencia del incumplimien-

to de los deberes del cocontratante (art.

1124 Cc) —acogedor o acogido. En el

primer caso, tiene que ser manifestada

esta voluntad en escritura pública y ha

de darse a conocer a la otra parte en el

plazo de seis meses, a contar desde la re-

solución. Transcurridos éstos, hay tres

meses para abandonar la vivienda (art.

6.2). Si la resolución es por causa impu-

table a uno de los contratantes (incum-

plimiento de sus deberes o conducta que

dificulte la convivencia), la resolución

tiene entonces efectos inmediatos, una

vez notificada. El abandono de la vivien-

da debe tener efecto en los primeros 15

días siguientes a su recepción, si los in-

cumplidores son los acogedores no pro-

pietarios de la vivienda; o en el plazo de

dos meses, si quienes incumplen son las

personas acogidas no titulares (art. 6.3).

La muerte es la otra causa de extinción

del contrato. Se prevé la del/de los acogi-

do/s y la del/de los acogedor/es (art. 5.1

ey f). Si sólo muere uno de los (dos o

más) acogidos o uno de los (dos) acoge-

dores, se mantiene el contrato con el res-

to, aunque el art. 5.1 f permitiría al so-

breviviente su revisión e inclusive su

extinción. En este último caso, se precisa

la notificación al/a los acogido/s en un

plazo máximo de tres meses. Esta facul-

tad de opción que la Ley prevé en el art.

5.1 f, literalmente sólo se reconoce a la

ACTIVIDAD NORMATIVA... 229

AUTONOMIES · 27

230

persona acogedora. Ahora bien, ésta tie-

ne que hacerse extensiva a la persona

acogida, toda vez que es evidente que si

la prestación del acogedor sobreviviente

puede reducirse a causa de la disminu-

ción de los ingresos de la familia acoge-

dora, también en caso de muerte de uno

de los acogidos tendría que ser menor la

contraprestación que pagar por el tiem-

po que quede de ésta.

Sea cual sea la causa de extinción de la

acogida, los poderes que recíprocamente

hayan podido otorgarse las partes que-

dan automáticamente resueltos (art.

5.2). El casamiento o la pareja de hecho

sobrevenidos no extinguen el contrato

de acogida; o no de manera necesaria,

porque se puede incorporar la pareja al

contrato (art. 5.3).

Por lo que respecta a los efectos, los

hay vinculados al caso de extinción del

contrato por incumplimiento o por vo-

luntad discrecional o ad nutum; y otros

que se vinculan a la muerte. En cuanto a

los primeros, los más importantes son

los que hacen referencia al enriqueci-

miento injusto y a la revocabilidad de

las donaciones por incumplimiento de

cargas (art. 6.4 en relación con los art.

5.1 cy d) y al importe de los alimentos

que pueden ser reclamados por los ter-

ceros que los han prestado sin estar obli-

gados a ello (art. 6.6, que es incorrecto

porque la acción de repetición se tendría

que dirigir contra los parientes alimen-

tantes). En lo tocante a los segundos, los

art. 7-9 regulan los efectos de la extin-

ción respecto a la vivienda y en caso de

sucesión testada e intestada. Efectiva-

mente, los art. 7.1 y 3 reconocen un de-

recho de vivienda y un derecho a utilizar

el menaje del hogar, durante un año, en

favor del/de los no titular/es del piso

donde tiene lugar la convivencia, a la

muerte de éste/éstos (de ambos, si son

más de uno); en cambio, el art. 7.2 parte

de una situación de alquiler y no se pro-

nuncia de manera expresa sobre el dere-

cho a permanecer en el piso de la parte

contractual sobreviviente no titular del

contrato de arrendamiento, sino que re-

mite a lo que dispone la legislación vi-

gente en materia de arrendamientos ur-

banos. Se trata de una remisión vacía de

contenido porque ningún precepto se

ocupa del tema.

La Ley sólo otorga derechos al acoge-

dor en la herencia del acogido y no a

este último en la del primero. Sin em-

bargo, es necesario que la convivencia

haya sido por un periodo mínimo de

cuatro años. El art. 8.1-4 regula lo que

llamaríamos «cuarta acogedora» (ex art.

379 de la Ley 40/1991, del Código de

sucesiones por muerte en el derecho ci-

vil de Cataluña (CS); art. 34.1 aLUEP),

a la que se tiene derecho tanto en la su-

cesión testada como en la intestada (art.

9.1). El art. 8.5 se ocupa de la sucesión

intestada de los acogidos cuando no hay

descendientes, ni cónyuge, ni ascen-

dientes, ni colaterales, pero, respecto a

estos últimos, precisa que no todos, sino

sólo hasta el segundo grado; o si los hi-

jos de éstos, que tendrían que suceder

por representación (art. 339.1 CS), han

premuerto. Si la sucesión es testada, el

art. 9.2 reconoce un derecho de com-

pensación a los acogedores, siempre que

se produzca una situación de enrique-

cimiento injusto como consecuencia de

la desproporción entre las prestaciones

realizadas y las contraprestaciones reci-

bidas. La acción para reclamar prescribe

al cabo de un año de la muerte de la per-

sona acogida.

Esther Arroyo

Ley 1/2000, de 30 de marzo, de modifica-

ción de la Ley 13/1989, de organización,

procedimiento y régimen jurídico de la

Administración de la Generalidad de Ca-

taluña, del Decreto legislativo 1/1991,

por el que se aprueba la refundición de las

leyes 3/1985 y 21/1990, de la Comisión

Jurídica Asesora, y de la Ley 7/1996, de

organización de los servicios jurídicos de

la Administración de la Generalidad de

Cataluña, y de derogación parcial de un

artículo de la Ley 3/1982, del Parlamen-

to, del presidente y del Consejo Ejecutivo

de la Generalidad (DOGC núm. 3111,

de 31 de marzo de 2000).

Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo

del Audiovisual de Cataluña (DOGC

núm. 3133, de 5 de mayo de 2000).

Ley 3/2000, de 19 de mayo, de presu-

puestos de la Generalidad de Cataluña

para el 2000 (DOGC núm. 3144, de 22

de mayo de 2000; corrección de erratas,

DOGC núm. 3166, de 22 de junio

de 2000 y DOGC núm. 3229, de 20 de

septiembre de 2000).

Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas

fiscales y administrativas (DOGC núm.

3149, de 29 de mayo de 2000).

Ley 5/2000, de 5 de junio, de modifica-

ción del artículo 29 de la Ley 16/1991, de

las policías locales (DOGC núm. 3160,

de 14 de junio de 2000; corrección de

erratas, DOGC núm. 3181, de 12 de ju-

lio de 2000).

Ley 6/2000, de 19 de junio, de pensio-

nes periódicas (DOGC núm. 3174, de

4 de julio de 2000).

Ley 7/2000, de 19 de junio, de modifi-

cación de la Ley 5/1985, de 16 de abril,

de creación del Centro de Información

y Desarrollo Empresarial, y de la Ley

23/1984, de 28 de noviembre, del La-

boratorio General de Ensayos e Investi-

gaciones (DOGC núm. 3174, de 4 de

julio de 2000; corrección de erratas,

DOGC núm. 3312, de 24 de enero de

2001).

Ley 8/2000, de 19 de junio, de modifi-

cación parcial de la Ley 18/1990, de 15

de noviembre, de creación del Centro

de Estudios Jurídicos y Formación Es-

pecializada (DOGC núm. 3174, de 4

de julio de 2000).

Ley 9/2000, de 7 de julio, de regulación

de la publicidad dinámica en Cataluña

(DOGC núm. 3189, de 24 de julio de

2000).

Ley 10/2000, de 7 de julio, de ordena-

ción del transporte en aguas marítimas y

continentales (DOGC núm. 3189, de

24 de julio de 2000).

Ley 11/2000, de 13 de noviembre, regu-

ladora de la incineración de residuos

(DOGC núm. 3269, de 20 de noviem-

bre de 2000).

Ley 12/2000, de 20 de noviembre, para

la transmisión a la Generalidad de Ca-

taluña de la titularidad de las instalacio-

nes del sistema Ter-Llobregat (DOGC

núm. 3270, de 21 de noviembre de

2000).

Ley 13/2000, de 20 de noviembre, de

regulación de los derechos de usufructo,

uso y habitación (DOGC núm. 3277,

de 30 de noviembre de 2000).

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de

presupuestos de la Generalidad de Cata-

luña para el 2001 (DOGC núm. 3295,

de 30 de diciembre de 2000; corrección

de erratas, DOGC núm. 3332, de 21 de

febrero de 2001).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 231

Leyes promulgadas en Cataluña entre enero y diciembre de 2000.

AUTONOMIES · 27

232

Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de me-

didas fiscales y administrativas (DOGC

núm. 3295, de 30 de diciembre de 2000;

corrección de erratas, DOGC núm.

3322, de 7 de febrero de 2001).

Ley 16/2000, de 29 de diciembre, del

impuesto sobre grandes establecimien-

tos comerciales (DOGC núm. 3295, de

30 de diciembre de 2000; corrección de

erratas, DOGC núm. 3322, de 7 de fe-

brero de 2001).

Ley 17/2000, de 29 de diciembre, de

equipamientos comerciales (DOGC

núm. 3299, de 5 de enero de 2001; co-

rrección de erratas, DOGC núm. 3329,

de 16 de febrero de 2001).

Ley 18/2000, de 29 de diciembre, por la

que se regula la publicidad institucional

(DOGC núm. 3300, de 8 de enero de

2001).

Ley 19/2000, de 29 de diciembre, de ae-

ropuertos de Cataluña (DOGC núm.

3303, de 11 de enero de 2001).

Ley 20/2000, de 29 de diciembre, de

creación del Instituto Catalán de las

Industrias Culturales (DOGC núm.

3304, de 12 de enero de 2001).

Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre

los derechos de información concernien-

te a la salud y la autonomía del paciente

y a la documentación clínica (DOGC

núm. 3303, de 11 de enero de 2001).

Ley 22/2000, de 29 de diciembre, de

acogida de personas mayores (DOGC

núm. 3304, de 12 de enero de 2001).

Ley 23/2000, de 29 de diciembre, de

modificación de la Ley 15/1998, de 28

de diciembre, del Consejo Interuni-

versitario de Cataluña (DOGC núm.

3309, de 19 de enero de 2001).

Decreto 40/2000, de 26 de enero, de

modificación del Decreto 102/1998, de

15 de abril, de desarrollo de las compe-

tencias de la Generalidad de Cataluña

en materia de tráfico, circulación de

vehículos y seguridad vial (DOGC

núm. 3070, de 3 de febrero).

Se modifica el Decreto a fin de adap-

tarlo a la creación del Departamento de

Interior, al que corresponden las compe-

tencias que con anterioridad tenía asig-

nadas el Departamento de Gobernación

y que no han sido atribuidas al Departa-

mento de Gobernación y de Relaciones

Institucionales.

Decreto 43/2000, de 26 de enero, del

Fondo de Gestión de Residuos (DOGC

núm. 3071, de 4 de febrero).

El objeto del presente Decreto es desa-

rrollar el régimen jurídico aplicable al

Fondo y regular, entre otros, aspectos

relativos a su composición, los entes be-

neficiarios del mismo y los criterios de

selección de proyectos.

Decreto 54/2000, de 26 de enero, por el

que se establecen los requerimientos mí-

nimos para el funcionamiento de los

centros de inmersión (DOGC núm.

3074, de 9 de febrero).

Se consideran centros de inmersión

aquellos centros dedicados a la realiza-

ción de salidas al mar con inmersión y/o

a la enseñanza de la natación subacuáti-

ca de recreo. Se regulan, entre otros, as-

pectos tales como autorizaciones, regis-

tro e identificación, seguro, normas de

seguridad e inspección.

Decreto 68/2000, de 8 de febrero, de

modificación del Decreto 246/1996, de 5

de julio, que aprueba el Reglamento del

cuerpo de bomberos voluntarios de la

Generalidad de Cataluña (DOGC

núm. 3079, de 16 de febrero).

Se modifica el sistema de ingreso,

estableciendo medidas de carácter orga-

nizativo y estructural, así como el proce-

dimiento para la percepción de com-

pensaciones económicas, y se desarrolla

el sistema de elecciones de los jefes de

agrupación.

Orden de 18 de enero de 2000, de cons-

titución de ponencias ambientales en

entes locales (DOGC núm. 3083, de 22

de febrero).

Se regulan la composición y funcio-

nes de las unidades técnicas de los entes

locales que deben formular la evaluación

e informe de las actividades recogidas en

el anexo II.2 de la Ley 3/1998, estable-

ciéndose además el procedimiento de

atribución de competencias a los muni-

cipios de menos de 50.000 habitantes.

Decreto 95/2000, de 22 de febrero, por

el que se establecen normas sanitarias

aplicables a piscinas de uso público

(DOGC núm. 3092, de 6 de marzo).

2.2. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

A cargo de Vicenç Aguado

Autonomies, núm. 27, diciembre de 2001, Barcelona.

El presente Decreto atribuye a los

titulares de las instalaciones en que se

ubiquen piscinas de uso público las ta-

reas de autocontrol de los riesgos para

la salud asociados a las distintas activi-

dades que pueden desarrollarse en las

mismas. Otro aspecto en el que incide

este Decreto es el de la corresponsabili-

dad de las personas usuarias de este

tipo de piscinas en la minimización de

riesgos. Se prevé asimismo que los titu-

lares de piscinas de uso público propor-

cionen a las personas usuarias unas

normas de régimen interno, en las que

figuren las pautas de comportamiento

encaminadas a la prevención de acci-

dentes y al mantenimiento de la higie-

ne en las instalaciones, las cuales debe-

rán exponerse en lugares estratégicos

para que sean de fácil visibilidad y lec-

tura por parte de los usuarios. Los

ayuntamientos podrán desarrollar a tra-

vés de reglamento u ordenanza, en ejerci-

cio de las competencias que les atribuye

la normativa de régimen local, los pre-

ceptos del presente Decreto a fin de ga-

rantizar las medidas de protección de la

salud contenidas en el mismo y el ejerci-

cio de la actividad de control municipal.

Decreto 116/2000, de 20 de marzo, por

el que se establece el régimen jurídico y

se aprueba la norma técnica de las infra-

estructuras comunes de telecomunica-

ciones en los edificios para el acceso al

servicio de telecomunicaciones por ca-

ble (DOGC núm. 3107, de 27 de mar-

zo).El presente Decreto tiene por objeto

establecer el régimen jurídico de las in-

fraestructuras comunes en el interior de

edificios para el acceso a los servicios de

telecomunicación por cable, mediante

los elementos técnicos necesarios que

permitan la conexión de las distintas vi-

viendas o locales de un edificio a las re-

des de operadores habilitados, así como

aprobar la norma técnica de aplicación

obligatoria a infraestructuras comunes

de telecomunicación en edificios (ICT)

para el acceso al servicio de telecomuni-

caciones por cable que figura en el ane-

xo de esta disposición.

Decreto 117/2000, de 20 de marzo, por

el que se establece el régimen jurídico y

se aprueba la norma técnica de las infra-

estructuras comunes de telecomunica-

ciones en edificios para la captación,

adaptación y distribución de señales de

radiodifusión, televisión y otros ser-

vicios de datos asociados procedentes

de emisiones terrestres y por satélite

(DOGC núm. 3107, de 27 de marzo).

El presente Decreto tiene por objeto

establecer el régimen jurídico de las in-

fraestructuras comunes de telecomuni-

caciones en edificios para la captación,

adaptación y distribución de señales de

radiodifusión, televisión y otros servicios

de datos asociados procedentes de emisio-

nes terrestres y por satélite y su distribu-

ción hasta los puntos de conexión situa-

dos en las distintas viviendas o locales de

un edificio, así como aprobar la norma

técnica de infraestructuras de telecomu-

nicaciones en edificios (ICT) para la cap-

tación, adaptación y distribución de seña-

les de radiodifusión, televisión y otros

servicios de datos asociados procedentes

de emisiones terrestres y por satélite, que

figura como anexo de esta disposición.

Decreto 120/2000, de 20 de marzo, por

el que se modifica el artículo 11 del De-

creto 5/1998, de 7 de enero, sobre la ac-

tividad de guía de turismo (DOGC

núm. 3111, de 31 de marzo).

Se da nueva redacción de acuerdo

con la Sentencia de 22 de marzo de

1994 del Tribunal de Justicia de las Co-

munidades Europeas, que declaró el in-

AUTONOMIES · 27

234

cumplimiento por el Estado español de

determinadas obligaciones derivadas del

Tratado de la Unión Europea en rela-

ción con la libre prestación de servicios

por las personas que ejercen la actividad

de guía de turismo y su capacitación

profesional exigible.

Decreto 121/2000, de 20 de marzo, por

el que se regula la capacidad sanciona-

dora en materia de industria, energía

y minas (DOGC núm. 3111, de 31 de

marzo).

Se establecen los órganos compe-

tentes para incoar procedimientos san-

cionadores, imponer sanciones e impo-

ner sanciones accesorias, así como se

procede a la actualización de la cuantía

de las sanciones de conformidad con la

Ley 13/1987.

Decreto 123/2000, de 3 de abril, por el

que se crea el Departamento de Univer-

sidades, Investigación y Sociedad de la

Información y se determina el número

de departamentos en que se estructura

la Administración de la Generalidad de

Cataluña (DOGC núm. 3112, de 3 de

abril).

Decreto 129/2000, de 3 de abril, de modi-

ficación del Decreto 297/1999, de crea-

ción y reorganización de departamentos

de la Administración de la Generalidad

(DOGC núm. 3113, de 4 de abril).

Decreto 141/2000, de 3 de abril, sobre

régimen jurídico y procedimiento de

autorización de centros de distribución

y de dispensa de medicamentos de uso

veterinario en Cataluña (DOGC núm.

3120, de 13 de abril).

Se regulan los requisitos técnico-sa-

nitarios y el procedimiento de autoriza-

ción y registro, además de establecerse

previsiones en relación con el régimen

sancionador.

Decreto 167/2000, de 2 de mayo, de

medidas excepcionales en materia de

fuentes de suministro públicas afectadas

por nitratos (DOGC núm. 3141, de 17

de mayo).

Dada la situación de algunos sumi-

nistros de agua en relación con el conte-

nido de nitratos, el Departamento de

Medio Ambiente, a través de la Agencia

Catalana del Agua, promoverá fuentes

de suministro alternativas de origen su-

perficial o subterráneo exentas de dicha

contaminación, con el fin de sustituir o

complementar (por dilución) las exis-

tentes, siempre que sea posible, de

modo que se cumpla la normativa sani-

taria de aplicación.

Decreto 168/2000, de 2 de mayo, de

adopción de medidas excepcionales en

relación con la utilización de los recur-

sos hidráulicos (DOGC núm. 3141, de

17 de mayo).

El presente Decreto establece medi-

das de aplicación directa para economi-

zar el agua almacenada en los embalses,

tales como el régimen de dotaciones a

derivar de los pantanos más gravemente

afectados, habilitando a la Administra-

ción hidráulica de Cataluña para adop-

tar medidas excepcionales en casos con-

cretos, intensificando las facultades de

intervención y control de los aprovecha-

mientos hidráulicos y de los vertidos, así

como estableciendo las condiciones

para que, a solicitud de las entidades lo-

cales interesadas, puedan lograrse unas

dotaciones mínimas de agua para uso

doméstico, destinando al efecto aguas

concedidas para otros usos. Por otro

lado, se declara que no generan derecho

a indemnización, con las excepciones

que expresamente se prevén, las medi-

das orientadas al ahorro del agua dispo-

nible y a la optimización de su utiliza-

ción.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 235

Decreto 176/2000, de 15 de mayo, de

modificación del Decreto 284/1996, de

23 de julio, de regulación del Sistema

Catalán de Servicios Sociales (DOGC

núm. 3148, de 26 de mayo).

Entre otros, se regulan aspectos so-

bre: a) las exigencias de atención a per-

sonas mayores, en horario nocturno, en

establecimientos residenciales, así como

pautas de actuación para la acogida y

adaptación y para la correcta atención

de incontinencias, caídas, contenciones,

lesiones por presión e higiene; b) la de-

dicación y función del responsable de la

organización higiénico-sanitaria de los

establecimientos; c) el control judicial

previo al ingreso de personas en estable-

cimientos de servicios sociales; d) las

obligaciones propias que corresponden

a los directores de los establecimientos

residenciales de servicios sociales, en los

supuestos en que una persona atendida

puede estar sujeta a contención física o

medicamentosa; e) la incompatibilidad

del contrato asistencial con cualquier otra

modalidad contractual que tenga por ob-

jeto la transferencia de los bienes del

usuario a la entidad prestadora del servi-

cio residencial como contraprestación;

f) la tipología de los servicios sociales.

Decreto 183/2000, de 29 de mayo, de

regulación del Servicio de Prevención de

Riesgos Laborales del Departamen-to

de Enseñanza (DOGC núm. 3152, de 1

de junio).

Este servicio se crea como unidad

administrativa con dependencia orgáni-

ca y funcional de la Dirección General

de Recursos Humanos. Entre sus fun-

ciones figuran: a) diseño y coordinación

de programas de actuación preventiva;

b) determinación de los procedimientos

de evaluación de los factores de riesgo

que puedan afectar a la salud y seguri-

dad de trabajadores y trabajadoras; c)

planificación para la adopción de medi-

das preventivas ante factores de riesgo;

d) planificación y asesoramiento en acti-

vidades de información y formación de

trabajadores y trabajadoras; e) asesora-

miento y participación en la elaboración

de planes de emergencia y en la organi-

zación de primeros auxilios; f) planifica-

ción y coordinación de los sistemas de

vigilancia de la salud en relación con

riesgos derivados del trabajo; g) formar

parte de la Comisión Paritaria de Pre-

vención de Riesgos Laborales.

Decreto 201/2002, de 13 de junio, de re-

gulación de la División Central de Tráfi-

co y de las áreas regionales de tráfico de

la policía de la Generalidad – mossos

d'esquadra (DOGC núm. 3166, de 22

de junio).

Las funciones de tráfico, circulación

de vehículos y seguridad vial atribuidas

al cuerpo de mossos d'esquadra se ejerce-

rán a través de la División Central de

Tráfico y de las áreas regionales de tráfi-

co con apoyo del resto de efectivos de la

policía de la Generalidad – mossos d'es-

quadra. Esta División Central posee ca-

rácter de servicio central y su ámbito de

actuación abarca todo el territorio de

Cataluña.

Decreto 202/2000, de 13 de junio, por

el que se aprueba el Reglamento del Ju-

rado de Expropiación de Cataluña

(DOGC núm. 3166, de 22 de junio).

Se dictan reglas relativas a la estruc-

tura, derechos y deberes de los vocales

del Jurado, la presencia de vocales técni-

cos en la fijación de la apreciación y del

resto de vocales. Cabe destacar la regula-

ción del procedimiento y, en particular,

la asunción de las técnicas e instrumen-

tos de terminación convencional del

procedimiento dispuestos en el art. 88

de la Ley 30/1992, de régimen jurídico

AUTONOMIES · 27

236

de las administraciones públicas y del

procedimiento administrativo común.

En el marco de dichas técnicas se estable-

ce un trámite de transacción voluntario.

También se regulan las funciones de la

Comisión Técnica de Valoraciones así

como su intervención en el procedimien-

to de establecimiento de la apreciación.

Decreto 221/2000, de 26 de junio, por el

que se modifica el Decreto 266/1997, de

17 de octubre, sobre derechos y deberes

de los alumnos de los centros de nivel no

universitario de Cataluña (DOGC núm.

3175, de 5 de julio).

Se modifica parcialmente el conte-

nido de este Decreto en relación con el

ejercicio del derecho de reunión de los

alumnos en determinadas circunstan-

cias, haciendo remisión al reglamento

de régimen interior. Se establece que la

reglamentación del derecho de reunión

no podrá incluir procedimientos de au-

torización previa que dificulten el ejer-

cicio de este derecho y contemplará la

posibilidad de que determinadas reu-

niones se efectúen en horario lectivo, es-

pecialmente las reuniones de los delega-

dos y delegadas de curso. Los centros

docentes velarán porque se establezca

un horario de reuniones de los represen-

tantes del alumnado que asegure el nor-

mal ejercicio de sus derechos. Asimis-

mo, se permite a los directores de los

centros ampliar la duración de las medi-

das cautelares que sea preciso adoptar

para proteger, al mismo tiempo, el nor-

mal desarrollo de las actividades ordina-

rias de los centros docentes y el derecho

del alumno a la educación, en casos ex-

cepcionales en que resulte conveniente

privar de forma temporal y limitada la

asistencia a clase de cualquier alumno

cuya conducta perturbe gravemente la

convivencia.

Decreto legislativo 1/2000, de 31 de ju-

lio, por el que se aprueba el Texto único

de la Ley del deporte (DOGC núm.

3199, de 7 de agosto).

Este texto queda estructurado con

una exposición de motivos, un título pre-

liminar relativo a los principios rectores

de la política deportiva de la Generalidad

y seis títulos que regulan las entidades

deportivas, el primero; la organización

administrativa del deporte catalán, el se-

gundo; la gestión y regulación de la edu-

cación física y el deporte, el tercero; la

inspección deportiva y el régimen san-

cionador administrativo, el cuarto; la

Comisión Antidopaje de Cataluña y

la Comisión contra la Violencia en Es-

pectáculos de Cataluña, el quinto, y la ju-

risdicción deportiva, el sexto. Consta,

además, de nueve disposiciones adiciona-

les y cinco transitorias.

Decreto 252/2000, de 24 de julio, sobre la

actividad artesanal en Cataluña (DOGC

núm. 3198, de 4 de agosto).

El presente Decreto tiene por objeto

la ordenación del sector artesano a fin

de promover su desarrollo y moderniza-

ción, proteger los oficios artesanos, fo-

mentar la aparición de nuevas manifes-

taciones artesanales, abrir canales de

comunicación o cooperación entre el

sector y los órganos competentes de la

Administración en materia de artesanía,

promocionar las distintas actividades ar-

tesanas e impulsar la creación y promo-

ción de canales de comercialización ade-

cuados que potencien el desarrollo

económico, social y cultural de esta acti-

vidad. Para el mejor desarrollo de dichas

funciones, y dado que las mismas se en-

marcan dentro de los objetivos del Con-

sorcio de Promoción Comercial de Ca-

taluña (COPCA), lo más adecuado es

integrar el Centro Catalán de Artesanía

(CCA) en dicho Consorcio, desvincu-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 237

lándolo del Centro de Innovación y De-

sarrollo Empresarial (CIDEM).

Orden de 25 de julio de 2000, por la que

se desarrolla el Decreto 252/2000, de

24 de julio, sobre la actividad artesanal

en Cataluña (DOGC núm. 3198, de 4

de agosto).

Se desarrolla el Decreto en varios as-

pectos, tales como el establecimiento de

los requisitos necesarios para obtener el

carnet de artesano y el diploma de maes-

tro artesano, que sustituyen a las cartas

de artesano y de maestro artesano, el es-

tablecimiento de los requisitos para

obtener la denominación de producto

artesano calificado (PAQ) y la identifi-

cación de las zonas que pueden ser con-

sideradas de interés artesanal para la

promoción de sus productos.

Decreto 257/2000, de 24 de julio, de

transferencia de competencias de la Ge-

neralidad de Cataluña al Conselh Gene-

rau dera Val de Aran en materia de turis-

mo (DOGC núm. 3200, de 8 de agosto).

Se transfieren competencias en ma-

teria de inspección de disciplina turísti-

ca y de procedimiento, así como el ejer-

cicio de la potestad sancionadora hasta

un millón de pesetas (6.010,12 ).

Decreto 259/2000, de 24 de julio, de

transferencia de competencias de la Ge-

neralidad al Conselh Generau dera Val de

Aran en materia de agricultura y ganade-

ría (DOGC núm. 3200, de 8 de agosto).

Se transfieren todas las funciones

que realiza la Oficina Comarcal del De-

partamento de Agricultura, Ganadería y

Pesca a Era Val de Aran, incluidas las de

apoyo técnico.

Decreto 266/2000, de 31 de julio, por el

que se regula la Inspección de Enseñanza

(DOGC núm. 3200, de 8 de agosto).

El presente Decreto determina las

funciones de la Inspección de Enseñan-

za, recogiendo específicamente las pro-

pias de la evaluación y asesoramiento de

los centros docentes. Asimismo, explici-

ta las atribuciones que la consideración

legal de autoridad en su ámbito profe-

sional otorga a los inspectores e inspec-

tores de educación en el ejercicio de sus

funciones. Así, estarán facultados para

levantar actas con naturaleza de docu-

mento público y recibirán de los distin-

tos miembros de la comunidad educati-

va, así como de las demás autoridades y

funcionarios, la ayuda y colaboración

necesarias para el desarrollo de su activi-

dad. El presente Decreto atribuye a la

Subdirección General de la Inspección

la dirección y coordinación de las activi-

dades de la Inspección de Enseñanza en

el marco de las directrices que el Depar-

tamento de Enseñanza determine. Cabe

destacar asimismo que la Inspección de

Enseñanza en Cataluña, conforme a la

descentralización administrativa del

Departamento, está adscrita a las distin-

tas delegaciones territoriales.

Decreto 260/2000, de 31 de julio, por el

que se desarrollan la estructura y organi-

zación centrales del ente público Servi-

cio Catalán de la Salud (DOGC núm.

3200, de 8 de agosto).

El Servicio Catalán de la Salud se es-

tructura en los siguientes órganos cen-

trales: a) los de dirección y gestión, que

son el Consejo de Dirección, el director,

los órganos u organismos y los servicios

establecidos reglamentariamente; y b)

los de participación, como el Consejo

Catalán de la Salud.

Decreto 273/2000, de 31 de julio, por el

que se aprueban los Estatutos de la Feria

Internacional de Barcelona (DOGC

núm. 3200, de 8 de agosto).

AUTONOMIES · 27

238

La Feria Internacional de Barcelona

es una entidad de naturaleza pública, de

base asociativa y de carácter consorcial

de fomento, integrada de forma iguali-

taria por la Generalidad de Cataluña, el

Ayuntamiento de Barcelona y la Cáma-

ra Oficial de Comercio, Industria y Na-

vegación de Barcelona, con los mismos

derechos e idénticas obligaciones. La

Feria posee personalidad jurídica propia

e independiente de sus miembros, patri-

monio independiente y plena capacidad

de obrar para el cumplimento de sus fi-

nes. La representación institucional de

la Feria recae conjuntamente en las tres

entidades consorciadas y están en pose-

sión de la misma conjuntamente. En

todo caso, el criterio de rango institu-

cional regirá en todos los actos de la Fe-

ria.

Decreto 278/2000, de 31 de julio, por el

que se crean las comisiones de secretarios

judiciales de Cataluña (DOGC núm.

3213, de 28 de agosto).

Se crea un órgano consultivo para

favorecer la comunicación entre los se-

cretarios judiciales destinados en Cata-

luña y el Departamento de Justicia, con

el fin de facilitar la ejecución y aplica-

ción de las medidas y disposiciones

emanadas del Departamento de Justicia

en virtud de las competencias traspasa-

das a la Generalidad de Cataluña en ma-

teria de medios personales y materiales

necesarios para el funcionamiento de la

Administración de Justicia.

Decreto 288/2000, de 31 de agosto, por

el que se establecen los requisitos para

regular las indemnizaciones de las per-

sonas incluidas en los supuestos previs-

tos en la Ley 46/1977, de 15 de oc-tu-

bre, de amnistía, y excluidas de los

beneficios de la disposición adicional

decimoctava de los presupuestos gene-

rales del Estado para los ejercicios 1990

y 1992 (DOGC núm. 3221, de 7 de

septiembre).

Podrán ser destinatarias de estas

ayudas aquellas personas que hayan su-

frido privación de libertad en cualquier

establecimiento penitenciario o discipli-

nario y por actos de intencionalidad po-

lítica. Los posibles beneficiarios podrán

presentar solicitud siempre y cuando

cumplan los requisitos fijados en el pre-

sente Decreto.

Decreto 293/2000, de 31 de agosto, por

el que se crea la Secretaría para la Inmi-

gración (DOGC núm. 3221, de 7 de

septiembre).

Se crea esta Secretaría como órgano

unipersonal de la Administración a fin

de que, además de asegurar la ejecución

de las actuaciones que puedan acordar

los órganos interdepartamentales exis-

tentes, preste apoyo a los departamentos

de la Generalidad en esta materia.

Decreto 295/2000, de 31 de agosto, por

el que se desarrolla el derecho a la infor-

mación de los usuarios de los servicios

de televisión (DOGC núm. 3221, de 7

de septiembre).

Es objeto del presente Decreto re-

gular en el ámbito de Cataluña la defen-

sa de los intereses legítimos de los usua-

rios y, en especial, de los menores para

preservar su correcto desarrollo físico,

mental y moral. Entre otros, se regula el

derecho a la información, las obligacio-

nes de los operadores de televisión, el

contenido mínimo de la publicidad de

la oferta de programación, la modifi-

cación de la programación, la autopro-

moción y promoción de los propios

programas, el patrocinio televisivo, las

obligaciones de información de los ope-

radores de servicio de acceso condicio-

nal o de redes de telecomunicación ha-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 239

bilitadas para prestar el servicio de difu-

sión de televisión, así como el requeri-

miento de información y archivo de la

programación.

Decreto 337/2000, de 24 de octubre, de

regulación de las actividades en el tiem-

po libre en las que participen menores

de 18 años (DOGC núm. 3255, de 30

de octubre).

Deberán ajustarse a las normas del

presente Decreto las acampadas juveni-

les, los campos de trabajo, los centros de

vacaciones, las colonias, las rutas y cual-

quier otra actividad de las que habitual-

mente realizan las entidades educativas

juveniles, así como las que puedan resul-

tar asimilables, con independencia de su

denominación y características, en las

que participen personas menores de 18

años en número superior a seis, que no

tengan carácter familiar ni escolar y que

se desarrollen en Cataluña, con finali-

dad educativa, cultural, lúdica, recreati-

va, social o de recreo, con una duración

de 4 días consecutivos o más, o bien in-

terrumpidos por un fin de semana en el

caso de los centros de vacaciones.

Decreto 352/2000, de 7 de noviembre,

por el que se regulan la constitución y

composición del Consejo Escolar y la

elección, nombramiento y cese del di-

rector y de los demás órganos uniperso-

nales de los centros docentes públicos

(DOGC núm. 3263, de 10 de noviem-

bre).

El presente Decreto regula, entre

otros aspectos, los estamentos represen-

tados en el Consejo Escolar de acuerdo

con cada tipo de centro, al tiempo que

determina los representantes de cada

sector. Se deja abierta la posibilidad de

que el Consejo Escolar pueda escuchar a

cualquier miembro de la comunidad

educativa que tenga responsabilidad so-

bre algún aspecto del funcionamiento

del centro. Se atribuye al director la fa-

cultad de convocar elecciones para la

constitución inicial o para la renovación

parcial de los miembros electos del

Consejo Escolar, fijándose el procedi-

miento al respecto. Asimismo son obje-

to de regulación los órganos uniperso-

nales, para quienes se establecen las

condiciones que deben reunir y se deter-

minan las excepciones tomando como

base la singularidad de algunos centros.

Decreto 353/2000, de 7 de noviembre,

por el que se fijan los requisitos míni-

mos de determinados centros de educa-

ción infantil (DOGC núm. 3263, de 10

de noviembre).

Por medio del presente Decreto se

regulan, en relación con los centros de

educación infantil que imparten uno o

ambos ciclos previstos en sus enseñan-

zas, dos situaciones concretas: a) la de

determinadas zonas rurales donde la de-

manda es irregular o insuficiente para

mantener en funcionamiento niveles o

ciclos completos; y b) la de determina-

das zonas urbanas ya consolidadas desde

el punto de vista urbanístico y de pobla-

ción, donde, en centros educativos au-

torizados antes de la promulgación de la

Ley orgánica 1/1990, no es posible

atender todos los requisitos en cuanto a

instalaciones o completar un determi-

nado ciclo.

Decreto 358/2000, de 7 de noviembre,

de regulación de la instalación de redes

públicas de telecomunicaciones en el

dominio público vial y ferroviario

(DOGC núm. 3265, de 14 de noviem-

bre).

El presente Decreto tiene por objeto

establecer el procedimiento para autori-

zar la implantación de canalizaciones

para telecomunicaciones en la red vial y

AUTONOMIES · 27

240

ferroviaria de titularidad de la Generali-

dad de Cataluña, así como el aplicable

respecto de canalizaciones preexistentes.

En cualquier caso, el procedimiento

previsto contempla un mecanismo de

uso compartido de acuerdo con lo pre-

ceptuado en la Ley general de telecomu-

nicaciones y su Reglamento.

Decreto 365/2000, de 7 de noviembre,

de transferencia de competencias de la

Generalidad de Cataluña al Conselh

Generau dera Val de Aran en materia de

medio ambiente (DOGC núm. 3271,

de 22 de noviembre).

Se traspasan una serie de servicios y

funciones en materia de educación am-

biental, de mejora de bosques, de protec-

ción de la fauna, de evaluación de impac-

to ambiental y de espacios protegidos.

Decreto 378/2000, de 21 de noviembre,

por el que se configura el sistema sanita-

rio integral de utilización pública de Ca-

taluña (SISCAT) (DOGC núm. 3279,

de 4 de diciembre).

Se configura el SISCAT, constituido

por los centros, servicios y estableci-

mientos sanitarios integrados por: a) la

red hospitalaria de utilización pública;

b) la red de centros, servicios y estableci-

mientos sociosanitarios de utilización

pública de Cataluña; c) la red de cen-

tros, servicios y establecimientos de sa-

lud mental de utilización pública de Ca-

taluña; d) los de atención primaria, con-

forme a lo previsto en la disposición adi-

cional 1 de esta norma.

Decreto 385/2000, de 5 de diciembre,

por el que se limita el acceso de niños

y adolescentes menores de 14 años a

las corridas de toros y a determinadas

modalidades de combate y de lucha

(DOGC núm. 3286, de 15 de diciem-

bre).

Se prohíbe a los menores el acceso a

estas corridas y modalidades de combate

y de lucha, salvo que vayan acompaña-

dos por una persona mayor de edad.

Decreto 397/2000, de 5 de diciembre,

de aprobación del traspaso a la Genera-

lidad de Cataluña de instalaciones de la

Entidad Metropolitana de Servicios Hi-

dráulicos y de Tratamiento de Residuos

(DOGC núm. 3291, de 22 de diciem-

bre).

Se culmina el proceso de transferen-

cia por el que la Generalidad asume las

consecuencias económico-financieras

de la modificación del régimen de titu-

laridad y prestación del servicio de su-

ministro de agua en alta. Al mismo

tiempo se desarrolla el alcance y la for-

ma de las garantías del cumplimiento de

las obligaciones de las operaciones fi-

nancieras autorizadas.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 241

Solicitantes:

La Mesa del Parlamento a instancia de

los grupos parlamentarios Esquerra Re-

publicana de Catalunya, de Iniciativa per

Catalunya-Verds, de Socialistes-Ciutadans

per al Canvi i de Convergència i Unió.

Ponente:

Manuel M. Vicens i Matas

Recensión de los fundamentos:

Fundamento I

En este primer fundamento se lleva a

cabo una breve exposición del contenido

del RDL 6/2000, de 23 de junio, de me-

didas urgentes de intensificación de la

competencia en mercados de bienes y ser-

vicios y, especialmente, del relativo a algu-

nas medidas adoptadas en el ámbito del

comercio interior (artículo 43, capítulo

VI, título IV), objeto de consulta en este

dictamen.

Fundamento II

En este fundamento, el Consejo presen-

ta la sistemática del dictamen y enumera

los tres tipos de cuestiones que se tratarán:

En primer lugar, se analiza si «en fun-

ción del contenido de los artículos sobre la

constitucionalidad de los cuales debemos

dictaminar, la forma de Real decreto ley

resulta constitucionalmente adecuada».

En segundo lugar, se acuerda el tema de

los «eventuales vicios de inconstitucionali-

dad que puedan afectar al artículo del Real

decreto ley que concretamente se nos con-

sulta, que es el artículo 43».

Y, finalmente, se hace «una leve referen-

cia a la problemática que plantea la exis-

tencia de una ley orgánica anterior con un

contenido muy parecido al Real decreto

ley objeto de este dictamen».

En este mismo fundamento se desarro-

lla la primera de las cuestiones enunciadas,

en referencia a la cual se pronuncia así:

«Creemos que no es preciso debatir si

el Real decreto ley cumple con los requi-

sitos de no afectación al ordenamien-

to de las instituciones básicas del Estado ni

de los derechos, los deberes y las liber-

tades de los ciudadanos regulados en el

título I de la Constitución, ni tampoco

el derecho electoral general. Sin embargo,

sí que conviene destacar que el artícu-

lo 86.1 CE también excluye expresamente

de la materia afectada por este instrumen-

to jurídico el régimen de las comunida-

des autónomas, pero en el sentido que ha

precisado la Sentencia 23/1993, de 21 de

enero: “No existe obstáculo constitu-

2. 3. DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO

DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

A cargo de Esther Andreu i Fornós

Dictamen número 216, previo a la interposición del recurso de inconstitucionali-

dad contra el capítulo V, «Comercio interior», del título IV, «Otras medidas

liberalizadoras», del Real decreto ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas ur-

gentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.

Autonomies, núm. 27, diciembre de 2001, Barcelona.

cional alguno para que el Decreto-Ley

pueda regular materias en las que una

Comunidad Autónoma tenga compe-

tencias, pero en las que incida una com-

petencia legislativa del Estado, siempre

que esta regulación no tenga como fin

atribuir competencias o delimitar positi-

vamente la esfera de competencias de

Comunidades Autónomas.” (FJ 2).

»Esta consideración lleva al Tribunal

Constitucional a reconocer también la

posibilidad de que el Real decreto ley es-

tablezca normas básicas [...].

»El Real decreto ley que dictaminamos

ha satisfecho el requisito de convalidación

parlamentaria, como es notorio, pero de la

lectura de su exposición de motivos no se

deduce con la claridad exigible que se haya

dado cumplimiento al requisito de encon-

trarse el Gobierno del Estado ante una ne-

cesidad urgente y extraordinaria [...].

»No estamos ante el supuesto princi-

pal previsto por el artículo 86.1 CE. No

estamos ante un “caso de necesidad ur-

gente y extraordinaria” sino de unas me-

didas de política económica que niegan

por sí mismas su alcance coyuntural,

puesto que tienen una declarada preten-

sión estructural y de estabilidad.

»Puesto que en la exposición de motivos

se declara que las medidas se integran

en un conjunto más amplio, presentado en

bloque ante el órgano legislativo sin la tra-

mitación de urgencia que no habría aplazar

la oportuna vigencia de las leyes correspon-

dientes, parece que la “necesidad urgente y

extraordinaria” únicamente puede referirse

a la que ha tenido el Gobierno del Estado

de ver aprobado por el Congreso un con-

junto de acciones de su política, factor este

claramente subjetivo que, a nuestro enten-

der, no se acomoda a la lógica constitucio-

nal del precepto habilitador [...].

»No obstante, la práctica y la jurispru-

dencia constitucional no parece que hayan

seguido el camino trazado por el constitu-

yente, y así los diferentes gobiernos del Es-

tado han utilizado de manera considerable

el Real decreto ley y el Tribunal Cons-

titucional ha ampliado, a nuestro juicio

excesivamente, el carácter subjetivo y me-

ramente político de este instrumento nor-

mativo, destacando que “las coyunturas

económicas exigen una rápida respuesta”

(STC 6/1983, FJ 5; 60/1986, FJ 3;

29/1986 FJ 2; 177/1990, FJ 3 y 23/1993,

FJ 4, entre otras) y que “no puede desco-

nocerse, a los efectos de control jurídico

sobre el citado presupuesto de hecho habi-

litante, el peso que en la apreciación de lo

que haya de considerarse como caso de ex-

traordinaria y urgente necesidad es forzoso

conceder al juicio puramente político de

los órganos a los que incumbe la dirección

política del Estado” (STC 29/1983, FJ 3;

111/1983, FJ 5 y 29/1996, FJ 2).

»Una de las consecuencias de este tipo

de interpretación jurisprudencial es que

la carga de la prueba sobre si nos halla-

mos o no ante un caso de necesidad ur-

gente y extraordinaria recae en aquel que

impugne ante el Tribunal Constitucio-

nal un determinado Decreto Ley. Si,

además, se trata —como en esta oca-

sión— de un conjunto heterogéneo de

medidas, muy parecido a las llamadas ley

omnibus de acompañamiento, la solu-

ción que puede ofrecer el alto Tribunal

podría no ser muy diferente de la que dio

la Sentencia 29/1993, de 21 de enero, en

el fundamento jurídico quinto [...].

»Según la lógica jurisprudencial, otra

de las funciones del impugnante de un

Real decreto ley debería ser la de aumen-

tar y demostrar la existencia de abuso o

de arbitrariedad cuando pudiera demos-

trar asimismo la inexistencia de una ne-

cesidad urgente y extraordinaria, causa

directa de las medidas contenidas en él.

Dada la jurisprudencia que acabamos de

citar y resumir, tendente a la aceptación

por parte del Tribunal del criterio políti-

AUTONOMIES · 27

244

co subjetivo como definidor de la situa-

ción fáctica habilitante, consideramos

que una posible impugnación, en el caso

que nos ocupa, debería estar motivada

para conseguir un juicio favorable.

»Por otra parte, no siéndonos posible

escapar preceptivamente de la consulta

sobre la constitucionalidad de los precep-

tos sometidos a nuestro dictamen, tene-

mos que decir que el RDL 6/2000, de 23

de junio, a nuestro entender, no se ade-

cua al requisito exigido por el artículo

86.1 CE en cuanto a la circunstancia

obligada de necesidad urgente y extraor-

dinaria, ya que ni en la exposición de mo-

tivos referida al capítulo V del título IV

del Real decreto ley, ni por la naturaleza y

finalidades de las medidas prescritas en el

precepto dictaminado, no aparece ni ra-

zonada ni justificada dicha circunstancia,

razón por la cual es inconstitucional.

»No obstante, también hemos de aña-

dir que, según la jurisprudencia constitu-

cional citada en este fundamento, el cual

podría considerarse aplicable al RDL

6/2000, de 26 de junio, a nuestro pare-

cer, no se acomoda al requisito exigido

por el artículo 86.1 CE en lo que se refie-

re a la circunstancia obligada de necesi-

dad urgente y extraordinaria, puesto que

ni en la exposición de los motivos referi-

da al capítulo V del título IV del Real de-

creto ley, ni por la naturaleza ni por la fi-

nalidad de las medidas prescritas en el

precepto dictaminado, no aparece razo-

nada ni justificada dicha circunstancia,

razón por la cual es inconstitucional.»

Fundamento III

El Consejo, en este fundamento, ana-

liza la regulación que establece el artícu-

lo 43 del RDL sobre horarios comercia-

les e intenta averiguar si tales previsiones

son o no compatibles con la competen-

cia exclusiva sobre el comercio interior

que el artículo 12.1.5 EAC atribuye a la

Generalidad. A continuación, estudia

esta competencia autonómica y la rela-

ciona con la que al Estado otorgan los

números 1 y 13 del artículo 149.1 CE.

«El recurso a la competencia estatal del

artículo 149.1.1 CE —respecto de la cual,

por cierto, conviene observar que por tra-

tarse de una competencia horizontal, es

decir, susceptible de proyectarse en su caso

a todos los sectores materiales, no debe ser

interpretada expansivamente, so pena de

desfigurar el sistema de reparto de compe-

tencias establecido por la Constitución y

los estatutos de autonomía, habiéndolo

puesto así de relieve el Tribunal Constitu-

cional (STC 61/1997, de 20 de marzo;

43/1996, de 14 de marzo; 194/1994, de

28 de junio y 152/1998, de 20 de julio)—,

no hay duda de que se lleva a cabo partien-

do del presupuesto de que la regulación de

los horarios de apertura y cierre de las tien-

das y de otros establecimientos de venta al

público forma parte del contenido del de-

recho a la libertad de empresa que consa-

gra el artículo 38 CE, que, por tratarse de

un derecho fundamental, podría amparar

la fijación por parte del Estado de unas

condiciones básicas que aseguren la igual-

dad de todos los españoles en su ejercicio

en cualquier parte del territorio.

»No es preciso realizar un profundo

análisis de la libertad de empresa recono-

cida en el citado artículo 38 CE para com-

probar que la regulación de los horarios

comerciales ni es una regulación del régi-

men general de la libertad de empresas ni

tampoco va contra ninguno de sus elemen-

tos esenciales» (lo afirmaba el dictamen

número 93 y lo ha confirmado el Tribu-

nal Constitucional en las STC 225, 227,

264 y 284 del año 1983). Concretamen-

te, la STC 225/1993 «ha querido eviden-

ciar que en materia de horarios comercia-

les no influye la citadacompetencia estatal

del artículo 149.1.1 CE» (FJ B y C).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 245

«Cabe añadir, además, que tampoco

una interpretación del artículo 149.1.1

CE de conformidad con el artículo 139.2

CE, que, como sabemos, sanciona la li-

bertad de circulación y establecimiento

de personas y la libre circulación de bienes

por todo el territorio español, conduciría

a una conclusión positiva, o sea favorable,

en este caso a la competencia estatal.

»En definitiva, el fundamento en el ar-

tículo 149.1.1 CE de que la disposición

final segunda del Real decreto ley esta-

blece no habilita al Estado para efectuar

dicha regulación en tanto que básica.

»Por último, la tantas veces citada

Sentencia del Tribunal Constitucional

225/1993 también deja bien claro que

la regulación de los horarios comerciales

no es una materia que se pueda vincular

a la legislación sobre defensa de la com-

petencia» (FJ 3 A).

Finalmente, queda por analizar «hasta

qué punto la competencia del Estado del

artículo 149.1.13 CE, sobre las bases y la

coordinación de la planificación general

de la actividad económica, puede incidir

sobre la competencia exclusiva de la Ge-

neralidad sobre comercio interior y, por lo

tanto, sobre la regulación de los horarios

comerciales y, de manera muy especial,

cuando la normativa estatal supone el va-

ciamiento de la competencia autonómica

al disponer un régimen de libertad abso-

luta, que por definición no requiere de ul-

teriores desarrollos normativos. Lo que

no significa que no se pueda establecer un

régimen de libertad plena en la materia,

sino que el problema gira en torno a si de-

bería disponerlo el Estado o la Generali-

dad. Una cuestión que forzosamente con-

duce al estudio de si se deben considerar

básicas, de acuerdo con el artículo

140.1.13 CE, las medidas contenidas en

el artículo 43 del Real decreto ley objeto

del presente dictamen.

»La regulación de los horarios comer-

ciales disponiendo la libertad empresarial

de fijarlos, así como la de abrir o no los do-

mingos y festivos, ha sido reconocida

como una medida de carácter básico para

la tan citada Sentencia 225/1993, así

como por las posteriores que siguen su

doctrina.» Entre las que cabe destacar la

STC 284/1983, que declara nulo el ar-

tículo 5 de la Ley del Parlamento de Cata-

luña 23/1992, de 29 de noviembre, «la

traslación automática de esta doctrina del

Tribunal Constitucional al caso del RDL

6/2000 [...] no se puede llevar a cabo sin

grandes reservas, no sólo porque han cam-

biado radicalmente las circunstancias exis-

tentes en la época en la que se dictó [...]

sino también por las diversas razones que

pasamos a detallar a continuación:

En primer lugar, porque la existencia de

un régimen de horarios diferente en cada

comunidad autónoma no afecta al merca-

do único, al servicio del cual se encuentra

la competencia estatal reconocida por el

artículo 149.1.13 CE. «Así pues, en otro

mercado único, aún mayor que el español,

como el que se da en el seno de la Unión

Europea, se admite sin dificultad la coexis-

tencia de horarios comerciales distintos en

los diferentes territorios o estados de la

Unión» (y así lo admite el Tribunal supe-

rior de la Comunidad Europea en las sen-

tencias de 23 de noviembre de 1989, caso

Torfaem; de 28 de febrero de 1991, caso

Conforama; de 16 de diciembre de 1992,

B&Q de 20 de junio de 1996, Sindaco del

Comune di Eibusco, entre otras).

Además, «el mismo artículo 43 del

Real decreto ley, en el apartado 1, como

ya hemos observado anteriormente,

prevé la posibilidad de que la libertad

absoluta de horarios no se implante si-

multáneamente en todo el territorio del

Estado, sino por circunscripciones auto-

nómicas y cuando lo decidan conjunta-

mente el Gobierno del Estado y el de

cada una de las comunidades autóno-

AUTONOMIES · 27

246

mas interesadas. Y eso, por descontado,

pugna con considerar básicas o estruc-

turales las regulaciones horarias del

RDL 6/2000, y deja superada por la

evolución legislativa la tesis que en su

momento mantuvo el Tribunal Consti-

tucional en la Sentencia 225/1993.»

Tampoco conduciría a proclamar el

carácter básico del artículo del RDL

6/2000 el criterio de la finalidad de la

norma, y eso porque:

«La verdadera explicación de las medi-

das del artículo 43, sobre todo en lo que se

refiere al régimen de plena libertad horaria

que se otorga al pequeño comercio, es la

que brindó en el trámite de convalidación

del Real decreto ley (Diario de Sesiones del

Congreso de los Diputados, de 29 de junio

de 2000; IV Legislatura) que nada, o muy

poco, tiene que ver con la política econó-

mica general o con la ordenación general

de la economía. Así pues, establecer una

discriminación positiva para los estableci-

mientos más pequeños en competencia

con los establecimientos mayores, que es el

objetivo confesado de las medidas de las

que tratamos, encontraría un encaje más

adecuado en el título estatal de defensa de

la competencia que en el artículo 149.1.13

CE; pero aquel, como ya hemos visto que

decía la tan citada Sentencia 225/1993 (FJ

3 A), difícilmente puede admitirse que

tenga una vinculación directa con el régi-

men de libertad de horarios comerciales.

Además, ningún dato objetivo apoya que

esta supuesta mejor competitividad de los

pequeños comercios ante las grandes su-

perficies comerciales esté efectivamente ga-

rantizada por la libertad de horarios y de

días de actividad que se les autoriza. En

consecuencia, tampoco la finalidad de la

norma aporta ningún elemento de convic-

ción sobre su carácter básico.

»Asimismo entendemos que la cir-

cunstancia de que las medidas sobre hora-

rios comerciales estén incluidas en el pa-

quete de medidas económicas de alcance

más amplio y heterogéneo, no se les pue-

de comunicar el carácter de básicas o de

estructurales que por ellas mismas no

tienen, puesto que la citada circunstan-

cia representa un hecho accidental y for-

mal, sin trascendencia sustantiva [...].

»Otra razón para no considerar básicas

las medidas horarias de las que hablamos

procede de su limitado ámbito material o

sustantivo», que impide considerar que

tiene una incidencia directa y significati-

va sobre la actividad económica general,

lo cual es la única manera de que entre en

juego la competencia reconocida en el

Estado por el artículo 149.1.13 CE (STC

76/1991, FJ 4, entre otras).

»El vaciamiento total de las competen-

cias de la Generalidad respecto a los co-

mercios de menos de 300 metros cuadra-

dos comporta, como hemos anticipado,

que se pueda apreciar otro motivo para

negar el carácter básico al artículo 43.1 del

Real decreto ley. Es una doctrina ya conso-

lidada del Tribunal Constitucional (STC,

entre otras, 197/1996, de 28 de noviem-

bre; 69/1988, de 19 de abril; 227/1988,

de 29 de noviembre; 118/1998, de 4 de

junio y 242/1999, de 21 de diciembre)

que la fijación de bases no puede dejar sin

contenido o evaporar las correlativas com-

petencias autonómicas [...].

»Por eso, precisamente, resulta muy

difícil compartir la tesis del Tribunal

Constitucional plasmada en la Sentencia

284/1993, de 30 de septiembre (FJ 4 C),

cuando afirma que afectando la norma

estatal —la norma que en ese caso esta-

blecía la libertad absoluta de horarios y

de fijación de días de actividad era, como

ya sabemos, el artículo 5.1 del Real de-

creto ley 2/1985 —sólo en una materia o

subsector específico en el ámbito del co-

mercio interior —el relativo al régimen

de horarios comerciales— “no cabe esti-

mar producido un vaciamiento de aque-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 247

lla competencia —la de comercio inte-

rior— aunque se haya reducido en una

concreta materia o subsector específico

por las razones relativas al carácter y con-

tenido de la norma estatal”. Tesis que,

obviamente, no se puede aceptar porque

además de las razones que hemos ex-

puesto olvida que a la competencia le su-

cede lo mismo que al alma, si se nos per-

mite la comparación, que está tota in

toto et tota in qualibet parte.»

Finalmente, también evidencia que no

estamos en presencia de una normativa

básica el juego del artículo 43.4, segundo

párrafo, del RDL 6/2000 y el artículo 2

de la Ley orgánica a la que remite la pri-

mera de las disposiciones citadas porque

«se imponen dos sistemas contrapuestos

—el de libertad, en caso de inactividad

autonómica, y el de horarios y días de

trabajo intervenidos, si se dictan disposi-

ciones para las comunidades autóno-

mas— y ambos como básicos; siendo in-

cuestionable que lo materialmente básico

podría ser uno u otro supuesto, pero no

ambos al mismo tiempo, dependiendo

de que se produzca o no la correspon-

diente normativización autonómica.

»En resumen, si bien, como ya hemos

indicado, la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional dictada hasta ahora en

esta materia ha reconocido al Estado

una amplia competencia para regular

los horarios comerciales, opinamos que

el artículo 43 del RDL 6/2000 no es bá-

sico y al haberlo calificado como tal en

la disposición final segunda del mismo

Real decreto ley se ha incurrido en vicio

de inconstitucionalidad.»

Fundamento IV

En este último fundamento el Conse-

jo se plantea si el RDL 6/2000 podría

modificar parcialmente la Ley orgánica

2/1996, de 15 de febrero.

En primer lugar, recuerda que «el ar-

tículo 85 CE exige, a fin de que pueda

operar la congelación de rango que re-

presentan las leyes orgánicas, que la ma-

teria regulada sea realmente orgánica, es

decir, una de aquellas reservadas por la

Constitución a este tipo de leyes (artícu-

lo 81.1 CE) y que, además, se haya

adoptado con este carácter de orgánica y

votado en la forma que determina el ar-

tículo 81.2 CE, que exige una votación

por mayoría absoluta del Congreso so-

bre el conjunto del proyecto».

Estos requisitos plantean la necesidad

de analizar si el contenido de la Ley orgá-

nica 2/1996 es verdaderamente orgánico.

«Si nos atuviéramos únicamente a la

exposición de motivos de la Ley orgáni-

ca, la conclusión a la que llegaríamos es

que efectivamente se trata de una ley or-

gánica de transferencia o delegación de

competencias, mientras que si analiza-

mos su articulado, salvo el que establece

el artículo 1 relativo a la Comunidad Au-

tónoma de las Islas Baleares, la respuesta

sería mucho menos clara, y más si se tiene

en cuenta que este articulado no permite

entender con la certeza suficiente que

efectivamente se opere una traslación o

transferencia de competencias a las co-

munidades autónomas a pesar de lo que

declara la exposición de motivos.»

Esta situación confusa se acentúa si te-

nemos en cuenta que «no se tramitó des-

de un principio como una ley orgánica,

sino que se le otorgó esta naturaleza a

consecuencia de las enmiendas formula-

das por el Senado cuando los preceptos

que luego integraron en la Ley orgánica

aún formaban parte de la proposición de

ley ordinaria originalmente sometida a

las cámaras legislativas.

»Tampoco podemos olvidar que el

eventual contenido translativo de esta

Ley ha quedado agotado dado que las

comunidades autónomas que carecían

AUTONOMIES · 27

248

de competencias normativas en materia

de comercio interior han asumido estas

competencias, lo cual provoca una pér-

dida de interés ante el debate teórico so-

bre si su contenido es o no material-

mente orgánico.»

Además, la Ley orgánica 2/1996 «ni tie-

ne ni ha tenido nunca incidencia compe-

tencial en Cataluña, puesto que la Gene-

ralidad siempre ha dispuesto, es decir,

desde la aprobación del Estatuto de auto-

nomía, de competencias legislativas o nor-

mativas sobre comercio interior, de acuer-

do con el artículo 12.1.5 EAC [...]. Por lo

tanto, entendemos que la contraposición

entre el carácter orgánico de la Ley orgáni-

ca 2/1996 y la naturaleza de producto

normativo ordinario que por definición

tiene el RDL 6/2000 no sería un motivo

suficiente para fundamentar un eventual

recurso de inconstitucionalidad.»

Conclusión

«Dados los razonamientos conteni-

dos en los fundamentos precedentes,

opinamos que:

»Primero. El RDL 6/2000, de 23 de

junio, de medidas urgentes de intensifi-

cación de la competencia en mercados

de bienes y servicios es inconstitucional

dado que no respeta el supuesto habili-

tante del artículo 86.1 CE. No obstante,

según la jurisprudencia constitucional

que se cita en el Fundamento II de este

dictamen, creemos que un eventual re-

curso de inconstitucionalidad sobre la

base de este fundamento tendría pocas

posibilidades de prosperar.

»Segundo. La disposición final segun-

da del RDL 6/2000, en lo que se refiere

al carácter básico del capítulo V del títu-

lo IV del Real decreto ley que compren-

de el artículo 43, y el propio artículo,

son inconstitucionales.»

Voto particular

«Formulado por el consejero don Joa-

quim Borrell i Mestre que considera:

»Primero. Que el RDL 6/2000, de 23 de

junio, de medidas urgentes de intensifi-

cación de la competencia en mercados

de bienes y servicios es constitucional

por lo que respecta a lo dispuesto en el

artículo 86 CE.

«Segundo. Que el artículo 43 y la dispo-

sición final segunda del RDL 6/2000 es

plenamente constitucional.»

ACTIVIDAD NORMATIVA... 249

Solicitantes:

La Mesa del Parlamento a instancia

de los grupos parlamentarios Socialis-

tes-Ciutadans per al Canvi, Iniciativa

per Catalunya-Verds y Esquerra Repu-

blicana de Catalunya.

Ponente:

Joaquim Tornos i Mas.

Recensión de los fundamentos:

Fundamento I

En este primer fundamento el Consejo

expone el contenido del RDL 4/2000, de

23 de junio, de medidas urgentes de libe-

ralización en el sector inmobiliario y

transportes, objeto del dictamen.

Dictamen número 217, previo a la interposición de recurso de inconstitucio-

nalidad contra el Real decreto ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas ur-

gentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.

Fundamento II

Analiza si el RDL 4/2000 reúne los re-

quisitos exigidos por el artículo 86 CE

en los reales decretos ley. En lo que se re-

fiere al supuesto habilitante, recuerda lo

expresado anteriormente en los dictáme-

nes «números 53, de 28 de diciembre

de 1983, y 192, de 27 de septiembre de

1994, uno de los elementos más valiosos

que nos suministra el Real decreto ley

para deducir si se trata de un caso de ne-

cesidad urgente y extraordinaria es el

preámbulo, en el cual debería ser consi-

derada la justificación para utilizar esta

“vía legislativa excepcional”», y con rela-

ción al RDL 4/2000 afirma que «del

contenido de la exposición de motivos se

deduce que son las propias medidas de

política económica del Gobierno las

cuales, por su naturaleza intrínseca y fi-

nalidad, tienen por sí mismas un carác-

ter urgente y extraordinario. En buena

lógica, parece que este carácter sólo se

puede predicar de elementos extrínsecos

a las medidas y en unas circunstancias

externas que deberían ser tan apremiantes

como fuera de lo corriente» y reproduce

los razonamientos expuestos en el FJ II

del Dictamen número 216 añadiendo:

«El hecho de adoptar en el artículo pri-

mero del Real decreto Ley unas medidas

que inciden directamente en la política

del suelo podría justificar la existencia de

razones de urgencia, puesto que el anun-

cio de este tipo de medidas puede alterar

el objetivo que se persigue. La tramita-

ción de un proyecto de ley puede impe-

dir que el fin perseguido con la medida

de intervención se pueda aplicar plena-

mente si durante su tramitación se han

alterado las circunstancias de hecho so-

bre las cuales se deben aplicar las medi-

das de intervención. No obstante, en el

caso concreto que examinamos, al tratar-

se de medidas no limitativas de derecho

sino favorables para los derechos de los

propietarios y promotores, este peligro

deja de ser relevante. […] Debemos de-

cir que el RDL 4/2000, de 23 de junio, a

nuestro parecer, no se acomoda al requi-

sito exigido por el artículo 86.1 CE en lo

que se refiere a la circunstancia obligada

de necesidad urgente y extraordinaria,

puesto que ni en la exposición de moti-

vos del Real decreto ley ni por la natura-

leza y finalidades de las medidas prescri-

tas en los preceptos dictaminados no

aparece razonada ni justificada dicha cir-

cunstancia. Sin embargo, también debe-

mos decir que, según la jurisprudencia

constitucional citada en este Fundamen-

to que puede considerarse aplicable al

RDL 4/2000, éste habría cumplido el

requisito de necesidad urgente y extraor-

dinaria del artículo 86.1 CE y, por lo

tanto, sería constitucional.»

En cuanto a los límites materiales y

concretamente al relativo a la afectación

de derechos, deberes y libertades de los

ciudadanos regulados en el título prime-

ro de la CE, que puede verse vulnerado

por el artículo 1 del RDL 4/2000, el

Consejo afirma que: «Según la doctrina

del Tribunal Constitucional, esta refe-

rencia a los derechos, los deberes y las

libertades de los ciudadanos debe enten-

derse comprensiva del conjunto de de-

rechos y deberes del título primero de la

CE y, por lo tanto, incluye el derecho de

propiedad (STC 111/1983, de 2 de di-

ciembre, FJ 8 y 182/1997, de 28 de oc-

tubre, FJ 7). Ahora bien, el problema re-

side en determinar el alcance de la

expresión “afectar”. Sobre esta cuestión

el Tribunal Constitucional en la Senten-

cia 111/1983, de 2 de diciembre, fun-

damento jurídico 8, ha dicho que “la

cláusula restrictiva del artículo 86.1 de

la CE ‘no podrán afectar’ debe ser en-

tendida de modo tal que ni reduzca a la

nada el Decreto-ley, que es un instru-

AUTONOMIES · 27

250

mento normativo previsto por la Cons-

titución “del que es posible hacer uso

para dar respuesta a las perspectivas

cambiantes de la vida actual” (funda-

mento 5, Sentencia de 4 de febrero de

1983), ni permita que por Decreto-ley

se regule el régimen general de los dere-

chos, deberes y libertades del título I, ni

dé pie para que por Decreto-ley se vaya

en contra del contenido o elementos

esenciales de alguno de tales derechos”.

En la misma línea y en relación con el

contenido del artículo 31.1 de la CE la

STC 182/1997 afirma que “el Decreto-

ley no puede alterar ni el régimen gene-

ral ni los elementos esenciales del deber

de contribuir.” La incidencia del artícu-

lo primero del RDL 4/2000 en el conte-

nido del derecho de propiedad urbana

no se puede calificar de regulación de

carácter general de este derecho ni afecta

a sus elementos esenciales, si bien es cier-

to que se incide en el contenido del dere-

cho de propiedad urbana. Pero aten-

diendo al tipo de incidencia y teniendo

en cuenta que afecta al contenido de un

derecho incluido en la sección segun-

da del capítulo segundo del título pri-

mero CE, se puede afirmar que el RDL

4/2000 no vulnera el límite material

propio de esta figura normativa.»

Fundamento III

En él se expone el alcance de la modi-

ficación que el artículo primero del

RDL 4/2000 pretende introducir en al-

gunos preceptos de la Ley 6/1998, de 13

de abril, sobre régimen del suelo y valo-

raciones haciendo un recorrido por la

historia legislativa de los preceptos mo-

dificados, y concluye afirmando que:

«En definitiva el RDL 4/2000 contiene

las siguientes novedades esenciales en

materia de reforma de la Ley del suelo:

a) Suprime la discrecionalidad del

planificador para clasificar el suelo co-

mo no urbanizable.

b) Incrementa por esta vía la existen-

cia de suelo urbanizable.

c) Facilita el proceso de transforma-

ción del suelo urbanizable en suelo ur-

bano.»

A continuación examina la compe-

tencia estatal para aprobar la modifica-

ción de la Ley 6/1998 en los términos

en que lo hace el RDL 4/2000.

A fin de abordar esta cuestión y tras

referirse a su Dictamen número 208 (FJ

II), en el cual se expone el punto de par-

tida para el estudio de este tema, hace la

distinción entre el contenido de la refor-

ma del artículo 9.2 y la reforma de los

artículos 15 y 16 de la Ley 6/1998.

En cuanto a la reforma del artículo

9.2 de la Ley 6/1998, sobre los criterios

para la dosificación del suelo no urbani-

zable, se afirma que nos encontramos

ante una reforma que afecta al conteni-

do básico del derecho de propiedad (ar-

tículo 149.1.1 CE) y que pretende inci-

dir en la ordenación general de la

economía (artículo 149.1.13).

«La relación entre la clasificación del

suelo y la determinación del contenido

básico del derecho de propiedad fue

analizada en profundidad en la STC

6/1997, de 20 de marzo, con motivo de

la impugnación de los artículos 3.2 c y

9.1 del Real decreto legislativo 1/1992,

de 26 de junio, preceptos que, como he-

mos dicho anteriormente, constituyen

el antecedente inmediato de los precep-

tos que analizamos ahora.

»Según el Tribunal Constitucional, el

artículo 149.1.1 CE no atribuye el Esta-

do la elaboración de una norma básica ni

las condiciones básicas deben identifi-

carse con la determinación del conteni-

do esencial del derecho de propiedad.

La fijación de qué son las condiciones

ACTIVIDAD NORMATIVA... 251

básicas en relación con el derecho de pro-

piedad del suelo se lleva a cabo en los fun-

damentos jurídicos 8 y 9 de la Sentencia

61/1997.» A continuación, el Tribunal

Constitucional identifica el núcleo del

problema: «“Habrá que distinguir pues,

aquellas normas urbanísticas que guar-

dan una directa e inmediata relación con

el derecho de propiedad (ámbito al que

se circunscribe el artículo 149.1.1 CE) y

del que se predican las condiciones bási-

cas, de aquellas otras que tienen por ob-

jeto o se refieren a la ordenación de la

ciudad, esto es, las normas que, en senti-

do amplio, regulan la actividad de urba-

nización y edificación de los terrenos

para la creación de ciudad.” Entonces

¿en qué supuestos se regula el contenido

básico de derecho de propiedad y en

cuáles se regula la actividad de urbaniza-

ción? […]

»La propia doctrina del Tribunal

Constitucional permite concluir que la

competencia estatal amparada en el ar-

tículo 149.1.1 CE se agota en la fijación

de las categorías de suelo y en la deter-

minación de los derechos y deberes in-

herentes a cada categoría de propiedad

urbana. Pero esta competencia estatal

no puede llegar a determinar directa o

indirectamente la división del término

municipal en cada una de estas catego-

rías. Los conceptos clasificadores son

instrumentales y no pueden predeter-

minar un modelo urbanístico concreto.

Si así fuera, se estaría ejerciendo la com-

petencia urbanística que pertenece a las

comunidades autónomas y a los entes

locales. Por esta razón el Tribunal Cons-

titucional en la Sentencia 6/1997 afirma

finalmente que “la nueva distinción

operada por el precepto es, pues, com-

patible con el orden constitucional de

distribución de competencias” (FJ 15.d

in fine). Si el Tribunal hace esta afirma-

ción es porque el artículo impugnado se

limitaba a establecer las categorías del

suelo pero no pretendía determinar a

qué tipos de suelo se aplicarían todas y

cada una de las diferentes categorías.

[…]

»La nueva redacción del artículo 9.2

de la Ley 6/1998, al suprimir cualquier

posibilidad de que el planificador deter-

mine la ordenación del término munici-

pal, supone negar la competencia auto-

nómica y local en materia de urbanismo.

El título competencial del Estado esta-

blecido en el artículo 149.1.1 CE le per-

mite garantizar un contenido básico

para el derecho de propiedad urbana, y

con esta finalidad puede establecer las

categorías de suelo y sus respectivos con-

tenidos de derechos y de deberes. Pero

este título competencial no le permite

determinar dónde deberían situarse las

diferentes categorías.»

En lo que se refiere a la invocación del

artículo 149.1.13 CE, el Consejo vuelve

a citar su Dictamen número 208 cuando

afirma que «[…] el Tribunal Constitu-

cional, a pesar de que en otras materias

ha otorgado a este título competencial

una amplitud excesiva en ocasiones, tra-

tándose de la materia urbanística ha ava-

lado una interpretación restrictiva de es-

tas competencias, puesto que lo contrario

podría suponer el vaciamiento de la co-

rrelativa competencia autonómica. En

cuanto a la ordenación urbanística, la po-

lítica del suelo en su sentido más amplio

podría tener un cierto impacto en la polí-

tica económica general, pero esta posibi-

lidad también debe interpretarse restric-

tivamente (STC 61/1997, FJ 36). […]

»El Tribunal Constitucional fija con

precisión el alcance de la competencia

estatal amparada en el artículo 149.1.13

CE cuando esta competencia incide en

la materia urbanística; “tan sólo aquellas

normas básicas que respondan efectiva y

estrictamente a la planificación general

AUTONOMIES · 27

252

de la actividad económica podrían en-

contrar cobijo en el referido título”. […]

»Es preciso reconducir la competen-

cia estatal hacia la utilización de los ins-

trumentos o medidas que tengan una

incidencia directa y significativa en la

actividad económica a fin de llevar a

cabo la ordenación general de la econo-

mía (STC 21/1999, FJ 5).

»Para completar lo dicho hasta ahora,

en todo caso corresponde al Estado acredi-

tar que la intervención que pretende rea-

lizar es determinante para el funciona-

miento de la economía del Estado en su

conjunto, lo que es claramente distinto a

argumentar que su intervención es necesa-

ria para que el Gobierno central lleve a

cabo una determinada política.» En el

caso que nos ocupa «debería haber demos-

trado que la supresión de la discrecionali-

dad del planificador autonómico y local

en los términos en que dicha limitación se

establece en el nuevo artículo 9.2 de la Ley

6/1998 era un elemento imprescindible

para la planificación general de la econo-

mía estatal. Y es evidente que esta acredita-

ción no se ha realizado. Por lo tanto, ni

está acreditado que la liberalización del

suelo tenga una incidencia directa y signi-

ficativa sobre la actividad económica ge-

neral, ni se ha acreditado que la forma de

llevar a cabo esta liberalización sea la única

posible. Es decir, si bien se podría aceptar

una política liberalizadora como la llevada

a cabo por las reformas del suelo anteriores

al RDL 4/2000, en la medida en que im-

pulsaban el proceso liberalizador pero de-

jaban a las comunidades autónomas y a

los municipios una capacidad real de inci-

dir en la ordenación del suelo, el conteni-

do del RDL 4/2000 suprime de forma

sustancial las competencias urbanísticas

autonómicas y locales. Por lo tanto, se tra-

ta de una aplicación extensiva e inconsti-

tucional del título establecido en el artícu-

lo 149.1.13 CE.»

En cuanto a la reforma de los artículos

15 y 16 de la Ley 6/1998 y la competen-

cia estatal ex artículo 149.1.1 CE, el Dic-

tamen afirma: «El apartado dos del artí-

culo 1 del RDL 4/2000 incorpora un

nuevo párrafo al artículo 15 de la Ley

6/1998, en virtud del cual se reconoce

la competencia de cualquier adminis-

tración pública para promover la trans-

formación de suelo urbanizable. Esta

novedad no incide directamente en la re-

gulación básica del derecho de propie-

dad ni el contenido de los artículos

149.1.13 y 149.1.18 CE, razón por la

cual es procedente declarar su inconstitu-

cionalidad, en la medida en que reconoce

a las administraciones que no sean com-

petentes para la aprobación de la planifi-

cación de la transformación del suelo ur-

banizable. Las novedades que incorpora

el artículo 16 hacen referencia directa,

principalmente, a los derechos de los

propietarios de suelo urbanizable, con-

cretamente a las reglas básicas para su

ejercicio. […] En la medida en que esta

regulación incide de forma directa en la

delimitación del contenido del derecho

de los propietarios de suelo urbanizable,

y no limita las competencias autonómi-

cas y locales para la clasificación del sue-

lo, se puede considerar amparada por el

título competencial del Estado conteni-

do en el artículo 149.1.1 CE en relación

con el artículo 33 CE. La referencia que

aparece en el nuevo apartado 3 del ar-

tículo 16 a los instrumentos de plani-

ficación urbanística elaborados por las

administraciones públicas a las que no

pertenece su aprobación, debe conside-

rarse afectada por conexión necesaria

por la declaración de inconstitucionali-

dad del apartado 2 del artículo 15.»

En cuanto a la reforma del artículo 16

de la Ley 6/1998 y el artículo 149.1.18

CE, el Consejo se expresa como sigue:

«La nueva redacción del apartado 3 del

ACTIVIDAD NORMATIVA... 253

artículo 16 introduce algunas noveda-

des en materia de procedimiento admi-

nistrativo de aprobación de los instru-

mentos de planificación urbanística. Las

previsiones de que los instrumentos de

planificación presentados se aprobarán

por silencio positivo y la fijación de un

plazo general de seis meses que tiene va-

lor supletorio (puesto que se permite a

las comunidades autónomas determinar

otros plazos) son previsiones del Real

Decreto Ley que pueden ser considera-

das amparadas en el título competencial

del Estado contenido en el artículo

149.1.18 CE, según estableció el Tribu-

nal Constitucional en la STC 23/1993,

de 22 de enero.»

Sobre la reforma del artículo 9.2 de la

Ley 6/1998 y la garantía de la autono-

mía local, recogida en los artículos 137,

140 y 141 CE, el Dictamen expone la

doctrina del anterior Dictamen núm.

204 (FJ IV) y la de la STC 32/1981 (FJ 3)

y a continuación afirma: «La práctica

supresión de la competencia municipal

de ordenación urbanística afecta de for-

ma sustancial al contenido de la autono-

mía local, pero no llega a privar a los en-

tes municipales de sus posibilidades de

existencia. Por consiguiente, no se pue-

de concluir que el RDL 4/2000 vulnere

la garantía institucional de los entes mu-

nicipales, entendida ésta en el sentido

estricto de afectar a la existencia como

tal de la institución. Si la institución

municipal no se ve afectada en su exis-

tencia, otra cuestión es determinar si el

RDL 4/2000 respeta la garantía institu-

cional de la autonomía local, el princi-

pio constitucional de autonomía local

contenido en el artículo 137 CE. […]

»Que la materia urbanística y, concreta-

mente, la ordenación del suelo, es una ma-

teria que forma parte del círculo de los in-

tereses locales parece evidente, y así lo

acreditan los intereses históricos sobre la

distribución de competencias en esta ma-

teria», y así lo reconoce también la STC

4/1998 (FJ 39), y permite afirmar que el

urbanismo es una materia que forma parte

del núcleo esencial de la autonomía local y

que por lo tanto debe garantizarse el dere-

cho del ente local a intervenir mediante

una decisión que permita expresar su cri-

terio en el proceso de ordenación del pro-

pio término municipal. Después, afirma:

«El Real decreto ley, al suprimir la discre-

cionalidad del ente local en esta materia

concreta, de hecho suprime la capacidad

del ente municipal de realizar la función

de ordenación del suelo, para atribuir esta

importante función al legislador estatal y a

las fuerzas del mercado. […] Si bien se

puede discutir el alcance de la competen-

cia local en materia de planificación urba-

nística, así como el alcance de un posible

control por la entidad autonómica de la

planificación local, lo cierto es que lo que

se admite de manera general es que el ente

local debe poder intervenir de manera de-

cisiva en el proceso de configuración de la

ordenación urbanística del propio térmi-

no municipal. Y esta posibilidad de inter-

vención se niega de forma sustancial en el

RDL 4/2000. Al negar el RDL 4/2000 la

capacidad de incidir mediante el ejercicio

de una potestad discrecional en la defini-

ción de un interés local a los entes locales,

vinculado a una competencia clásica de las

entidades locales como es la ordenación

del suelo, debe concluirse que el artículo

9.2, que modifica el apartado U del ar-

tículo 1 del RDL 4/2000, vulnera el prin-

cipio de autonomía local consagrado en la

Constitución española.»

Fundamento IV

En este fundamento se analiza la cons-

titucionalidad del artículo 2 y la disposi-

ción transitoria del RDL 4/2000, dicta-

dos, según la disposición final, en virtud

AUTONOMIES · 27

254

de lo que dispone el artículo 149.13 y 2

CE, sobre los cuales se afirma que: «Los

preceptos del RDL 4/200 deben inter-

pretarse, por lo tanto, como aplicables

de forma exclusiva a los transportes

terrestres que circulen por los territorios

de más de una comunidad autónoma,

puesto que, de acuerdo con la STC

118/1996, de 27 de junio, no pueden te-

ner valor supletorio para las comunida-

des autónomas (FJ 8), ni pueden inter-

pretarse como dictados al amparo del

artículo 149.1.18 CE por el hecho de re-

gular aspectos concesionales (FJ 29 y 30).

Interpretados en este sentido, el artículo 2

y la disposición transitoria no presentan

problemas de constitucionalidad.»

Fundamento V

En este fundamento se estudia la

constitucionalidad del artículo 3 del

RDL 4/2000, dictado según la disposi-

ción final segunda en virtud del artículo

149.1.13 y 18 CE, y el Consejo se ex-

presa como sigue:

«La referencia al artículo 149.1.13 CE

debe ser rechazada, una vez más, dado

que se trata de una aplicación extensiva y

sin ningún tipo de justificación del título

competencial “ordenación general de la

economía”, tal y como debe ser interpre-

tado desde el punto de vista constitucio-

nal. La liberalización de una actividad

profesional concreta no puede formar

parte de la ordenación general de la eco-

nomía, ni se justifica, por otra parte, que

esta liberalización comporte necesaria-

mente una directa y significativa rebaja

en el precio de las transferencias inmobi-

liarias. En este sentido ya nos pronuncia-

mos en nuestro Dictamen núm. 176, de

26 de junio de 1992, FJ II 3. […]

«La referencia al artículo 149.1.18 CE

debe interpretarse en el sentido de que el

artículo 3 del RDL 4/2000 modifica el

régimen de un colegio profesional y, de

acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional, que ha reconocido que

los colegios profesionales son administra-

ción pública (STC 76/1983, 23/1984,

123/1997, 20/1998 y 87/1989). Pero, al

mismo tiempo, conviene poner de relieve

que, si bien el Estado no tiene un título

competencial específico en esta materia,

la Generalidad de Cataluña asumió en el

artículo 9.23 EAC la competencia exclu-

siva en materia de “colegios profesionales

y ejercicio de profesiones tituladas, sin

perjuicio de lo dispuesto en los artículos

36 y 139 CE”.

»Por consiguiente, es preciso profun-

dizar en la interpretación de las normas

competenciales aplicables en relación

con el artículo 3 del RDL 4/2000, que

afecta a las materias de ejercicio de profe-

siones, colegios profesionales y derecho

mercantil. El contenido del artículo 3, si

bien incide en el ejercicio de una activi-

dad profesional que actualmente reali-

zan los agentes de la propiedad inmobi-

liaria, y, en este sentido, tal vez se podría

relacionar con la materia del artículo

149.1.30 CE, lo cierto es que tiene por

objeto directo establecer la liberalización

de la actividad mercantil de interme-

diación inmobiliaria, al disponer que el

ejercicio de esta actividad, prevista en

el artículo 244 del Código de comercio,

cuando regula la comisión mercantil, no

requiere ningún título ni estar colegiado.

»Esta decisión puede interpretarse

amparada por el artículo 149.1.6 CE

puesto que el Estado, en virtud de su

competencia sobre legislación mercan-

til, dispone que una actividad de inter-

mediación concreta será libre.»

Fundamento VI

En este fundamento se analiza la

constitucionalidad del artículo 4 del

ACTIVIDAD NORMATIVA... 255

RDL 4/2000 que tiene como fin garan-

tizar que en el ámbito de los puertos del

Estado exista un número suficiente de

instalaciones de suministro de combus-

tibles que evite situaciones de riesgo.

«Desde la vertiente competencial, la

previsión de que un reglamento del Go-

bierno del Estado determinará las con-

diciones de seguridad de las nuevas ins-

talaciones y su incidencia en el tráfico

portuario tiene su cobertura competen-

cial en lo que establece el artículo

149.1.20 CE.

»Si bien, en principio, sería preciso in-

terpretar que este precepto, que regula

los suministros de productos petrolíferos

al por menor —en relación con las em-

barcaciones—, podría quedar incluido

en el ámbito de la competencia de la Ge-

neralidad del artículo 12.1.5 EAC sobre

comercio interior, en realidad se refiere a

unas instalaciones que deben ser califica-

das como portuarias, al estar directa-

mente afectadas a las necesidades del trá-

fico marítimo y, por lo tanto, en lo que

se refiere a los puertos de interés general,

deben considerarse de competencia del

Estado de acuerdo con el artículo 2.6 de

la Ley 27/1992, de puertos del Estado,

en relación con el artículo 149.1.21 CE.

»Por consiguiente, teniendo en cuen-

ta que el párrafo final del artículo 4 del

RDL 4/2000 respeta las competencias

sectoriales que puedan corresponder a

otras administraciones para la tutela de

otras finalidades de interés público,

debe concluirse que el artículo 4 respeta

el marco constitucional y estatutario.»

Fundamento VII

En este fundamento se estudia la lega-

lidad de la remisión genérica a la potes-

tad reglamentaria del Estado para desa-

rrollar el RDL 4/2000 que consta en la

disposición final primera de este instru-

mento normativo. En relación con esta

cuestión, el Consejo se expresa como si-

gue: «Debe ser declarado inconstitucio-

nal, en parte por la conexión con la de-

claración de inconstitucionalidad de los

preceptos que deberían desarrollarse, y

también por el hecho de que no es ad-

misible una remisión que no tenga en

cuenta la diferente naturaleza de los tí-

tulos competenciales con los cuales se

dictan los diferentes preceptos. Así, por

ejemplo, los preceptos del RDL 4/2000

que se hayan dictado al amparo del ar-

tículo 149.1.18 CE no se pueden ser de-

sarrollados de forma reglamentaria por

el Estado, y no es admisible que una dis-

posición final no haga distinciones entre

los diferentes preceptos, y sus respecti-

vos títulos competenciales, a fin de atri-

buir al Estado la competencia para su

desarrollo reglamentario. En este senti-

do, el Tribunal Constitucional, en la

Sentencia 197/1996, de 28 de noviem-

bre, FJ 24, declaró inconstitucional una

disposición final que, de manera genéri-

ca e indeterminada, atribuía carácter bá-

sico a diferentes preceptos de la norma

estatal impugnada.»

Conclusión

«Primero. El RDL 6/2000, de 23 de

junio, de medidas urgentes de liberaliza-

ción en el sector inmobiliario y de trans-

portes, es inconstitucional dado que no

respeta el supuesto habilitante del ar-

tículo 86.1 CE. No obstante, teniendo

en cuenta la jurisprudencia constitucio-

nal citada en el fundamento II de este

Dictamen, creemos que un eventual re-

curso de inconstitucionalidad sobre la

base de este fundamento tendría pocas

posibilidades de prosperar.

»Segundo. El artículo 1, apartado 1, del

RDL 4/2000 es inconstitucional dado

que vulnera las competencias de la Gene-

AUTONOMIES · 27

256

ralidad de Cataluña en materia de urba-

nismo y el principio de autonomía local.

»Tercero. El artículo 1, apartado 2, del

RDL 4/2000, en lo que se refiere al nuevo

apartado 2 que se añade al artículo 15 de

la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régi-

men del suelo y valoraciones, es inconsti-

tucional dado que vulnera las competen-

cias de la Generalidad de Cataluña en

materia de urbanismo. Por conexión, es

constitucional el artículo 1, apartado, 3,

del RDL 4/2000, que añade un nuevo

apartado 3 al artículo 16 de la Ley 6/1009,

en cuanto a la referencia a las “administra-

ciones públicas a las que no corresponde la

aprobación de la planificación.”

»Cuarto. El artículo 1, apartado 3, del

RDL 4/2000 es constitucional de acuer-

do con lo expuesto en el fundamento

III.2.C, salvo el inciso mencionado en

la conclusión anterior.

»Quinto. El artículo 2 y la disposición

transitoria del RDL 4/2000 son consti-

tucionales.

»Sexto. El artículo 3 del RDL 4/2000

es constitucional.

»Séptimo. El artículo 4 del RDL

4/2000 es constitucional.

»Octavo. La disposición final primera

es inconstitucional por conexión con la

declaración de inconstitucionalidad de

varios preceptos del RDL 4/2000 y por-

que contiene una habilitación genérica e

indeterminada a favor de la potestad re-

glamentaria estatal.

»Éste es nuestro Dictamen, que pro-

nunciamos, emitimos y firmamos en el

lugar y la fecha indicados al inicio.»

Voto particular

Formulado por el consejero señor Joa-

quim Borrell i Mestre, que considera que

la regulación contenida en el RDL

4/2000, de 23 de junio, de medidas ur-

gentes de liberalización en el sector inmo-

biliario y transportes, es constitucional.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 257

Cataluña

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