Cataluña

La presente Ley debe considerarse la

primera ley catalana que establece una

ordenación integral y completa del ur-

banismo. A pesar de que muy poco des-

pués de la restauración del Parlamento,

en 1981, se empezó a legislar en esta

materia, y han sido varias las normas

producidas desde entonces, la gran ma-

yoría de éstas eran leyes parciales, que

modificaban fragmentariamente aspec-

tos del ordenamiento urbanístico, cons-

tituido, principalmente, en el ámbito le-

gal, por la Ley estatal del suelo. Si bien

es cierto que desde 1992 se dispone de

una norma global emanada de los órga-

nos autonómicos, la refundición de dis-

posiciones vigentes en materia de ur-

banismo, aprobada por el Decreto

legislativo 1/1992, se trata de una nor-

ma que refunde la fragmentaria legisla-

ción anterior producida por el Parla-

mento con la parte de la Ley del suelo

estatal que podía considerarse vigente,

«interiorizándola», por así decirlo; por

lo tanto, es una refundición que integra

unas normas que originariamente no

son autonómicas, en el sentido de que

no todas han sido producidas por órga-

nos propios de la comunidad autóno-

ma. En cambio, en el caso de la ley que

ahora se presenta, se trata de una norma

que tiene su origen íntegramente en ór-

ganos autonómicos y no sólo «aproba-

da» por éstos. Ello no significa, eviden-

temente, que se parta de cero, que se tra-

te de una creación absolutamente origi-

nal e innovadora, algo ilusorio hoy en

día, y en buena medida debe verse como

heredera de la anterior legislación, no

sólo en lo que la sigue claramente sino

también, en ocasiones, en lo que se

aparta de la misma, pues deliberada-

mente se pretende rectificarla, a partir

de la experiencia lograda por la aplica-

ción de aquélla.

Constituye uno de los elementos de-

terminantes de la nueva ordenación,

precisamente, la experiencia acumula-

da, al ser la legislación urbanística uno

de los ordenamientos que más aplica-

ción genera, de forma continuada y en

todo el territorio. Y, además, los resulta-

dos de dicha aplicación resultan espe-

cialmente visibles, si no a corto plazo,

por lo menos a medio plazo; en nuestro

caso, puede considerarse suficiente al

respecto el tiempo transcurrido desde la

recuperación del autogobierno y desde

la promulgación de las sucesivas normas

para valorar sus resultados. Natural-

mente, la experiencia es un destacado

condicionante de la nueva ordenación,

aunque no sea el elemento determinan-

te ni el motor; más bien debemos refe-

rirnos a los últimos cambios legislativos

a nivel estatal y a las sentencias del Tri-

2. CATALUÑA

2.1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA

DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA

A cargo de Joan Vintró

Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo (DOGC núm. 3600, de 21 de

marzo).

Autonomies, núm. 29, noviembre de 2003, Barcelona.

bunal Constitucional, en tanto han

aclarado la delimitación y el alcance de

la capacidad de intervención del legisla-

dor catalán en esta materia.

Esta Ley aparece después de que se

hayan sucedido dos reformas, en el ám-

bito estatal, de la ley conocida como Ley

del suelo, en 1992 y en 1997-98, en di-

recciones muy diferentes, de forma que

la segunda puede considerarse como

una «contrarreforma» respecto de la pri-

mera, producto cada una de mayorías

parlamentarias contrapuestas. Además,

en el lapso que media entre ambas el Tri-

bunal Constitucional dictó la sentencia

sobre la primera de las reformas, que

vino a justificar, en parte, la línea em-

prendida por la segunda, por lo menos

en lo referente a la organización territo-

rial del urbanismo. La Ley de urbanismo

de Cataluña debe situarse, lógicamente,

en el marco establecido por la vigente

legislación estatal, aunque teniendo pre-

sente, al mismo tiempo, la jurisprudencia

establecida por las sentencias 61/1997,

de 27 de marzo, 159/2001, de 5 de ju-

lio, y 164/2001, de 11 de julio, que han

precisado el terreno que corresponde al

Estado y a las comunidades autónomas,

y que, pese a las fuertes críticas doctrina-

les que han recibido, por supuestos erro-

res técnicos, es posible pensar que han

sido ya asumidas, cuando menos por lo

que respecta a la primera y a su noción

de la cláusula de supletoriedad, por lo

que puede afirmarse que no es previsible

ningún cambio de criterio, habida

cuenta, además, de que no se produjo

un número significativo de votos parti-

culares.

Cataluña no ha sido la primera comu-

nidad autónoma que ha aprovechado el

nuevo marco legal estatal para establecer

una legislación urbanística completa sin

utilizar los recortes de la reforma de

1992, como han hecho otras comunida-

des, incluso partiendo del texto refundi-

do de 1976, aunque me atrevería a seña-

lar que es la que ha introducido más no-

vedades y establecido una regulación

más desarrollada. Veamos, seguidamen-

te, los rasgos más significativos de la

nueva ley.

Respecto de la clasificación del suelo,

la Ley establece importantes precisiones

a las tres categorías de suelo definidas

por la legislación estatal. En el suelo ur-

bano, distingue entre el consolidado y el

no consolidado. El primero requiere dis-

poner de los servicios urbanísticos bási-

cos o de un determinado grado de con-

solidación edificatoria, cifrada en dos

terceras partes de la superficie edifica-

ble, mientras que el segundo posee ca-

rácter residual. Se adoptan, por tanto,

para definir el suelo urbano consolida-

do, los dos criterios seguidos por otras

comunidades autónomas, aunque la

mayoría se han decantado sólo por uno

de ellos. Cabe reseñar asimismo que el

grado de consolidación es superior al

exigido por regla general —el 50 %— y

que no se ha establecido ninguna distin-

ción por razón de población, de lo que

podría deducirse que se ha observado

un criterio más restrictivo.

Por lo que se refiere al suelo no urba-

nizable, siguiendo las pautas de la Ley

estatal 6/1998, se han concretado las ra-

zones que justifican su necesidad: se am-

plía el concepto de suelo no urbanizable

por razón de los valores a proteger, al

modularlo como suelo no urbanizable

por incompatibilidad con su transfor-

mación, y —lo que es más innovador—

se determina que es suelo no urbaniza-

ble el que resulta inadecuado para el de-

sarrollo urbano no sólo por los valores

que encierra sino por el destino que

debe tener conforme a un criterio vo-

luntarista o finalista, al objeto de garan-

tizar la utilización racional del territorio

AUTONOMIES · 29

304

y la calidad de vida, de acuerdo con el

modelo de desarrollo urbanístico soste-

nible. Al respecto señalaremos que, ya

desde el artículo 3, donde se erige como

objetivo, la preocupación por asegurar

el desarrollo sostenible es una constante

de toda la Ley.

En relación con el suelo urbanizable,

se distingue entre el delimitado y el no

delimitado, definiéndose como el inte-

grado por los terrenos necesarios para

garantizar el crecimiento de la pobla-

ción y el crecimiento económico.

La Ley determina los porcentajes de

aprovechamiento privado en suelo ur-

banizable —no inferior al 45 % de la su-

perficie total del sector— y concreta las

reservas para sistemas urbanísticos loca-

les y generales, así como las reglas de de-

terminación del aprovechamiento urba-

nístico. El porcentaje de cesión al

ayuntamiento o a la Administración ac-

tuante de suelo de aprovechamiento ur-

banístico se fija en el 10 %.

La Ley concreta muy minuciosamen-

te las posibilidades de edificar, mínimas

o excepcionales, en suelo no urbaniza-

ble. Constituye una novedad legislativa

el establecimiento de directrices para las

licencias de edificación en suelo no ur-

banizable y la mayor especificación de

los usos provisionales en suelo urbaniza-

ble.

En el ámbito del planeamiento, las

novedades han sido importantes, más

allá del cambio de denominación de al-

gunas figuras ya existentes. Puede desta-

carse la reformulación del concepto de

los programas de actuación urbanística,

a los que se confiere un papel de singular

importancia: son expresión de las polí-

ticas municipales de suelo y de vivien-

da y el marco para la concertación de

actuaciones entre los ayuntamientos y

la Administración de la Generalidad.

Igualmente debe mencionarse la dife-

renciación, dentro de los planes parcia-

les, entre planes de delimitación y el res-

to de planes, así como la desaparición de

los estudios de detalle y la redefinición

de los proyectos de urbanización, que

pasan a contener sólo las obras comple-

mentarias no determinadas en los pla-

nes parciales.

La formulación y tramitación del pla-

neamiento también experimenta cam-

bios. Entre los más reseñables figura la

posibilidad de que los ayuntamientos,

sin distinción por número de habitan-

tes, puedan aprobar planes especiales,

planes de mejora urbana —equivalen-

tes, en parte, a los antiguos PERI— y

planes parciales, todos ellos promovidos

según las determinaciones de un progra-

ma de actuación urbanística, así como

planes parciales de los sectores de urba-

nización prioritaria. Se ha considerado

especialmente la participación ciuda-

dana, precisando los trámites y actua-

ciones, con el fin de evitar dilaciones y

situaciones dudosas o lagunas que pu-

dieran demorar la tramitación, además

de delimitarse claramente las relaciones

entre las distintas administraciones,

conforme a los criterios definidos por la

jurisprudencia a la luz del principio de

autonomía local.

La gestión urbanística ha sido objeto

de una extensa remodelación, desde la

propia definición del concepto, sus prin-

cipios y límites, hasta la determinación

de los instrumentos o sistemas suscepti-

bles de ser utilizados para su realización.

Se precisa qué gastos de urbanización

correrán a cargo de los propietarios y se

regula el derecho de realojamiento.

Respecto a los sistemas de ejecución,

se establecen dos clases: el de reparcela-

ción y el de expropiación. El primero

incluye las modalidades de compensa-

ción básica, de compensación por con-

certación, de cooperación —que equi-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 305

valdría al antiguo sistema de reparcela-

ción— y de sectores de urbanización

prioritaria. En la regulación concreta de

las distintas modalidades de reparcela-

ción se introducen varias novedades res-

pecto al anterior ordenamiento: la in-

corporación de los propietarios a la

junta de compensación no supone la

transmisión de los terrenos; las juntas

actúan como fiduciarias; no existen ba-

ses de compensación; la modalidad de

concertación se desarrolla sobre la base

de un convenio con el ayuntamiento,

impulsado por el 25 % de los propieta-

rios, de modo que se reconoce por ley

un tipo de convenio habitual en la prác-

tica urbanística, etcétera.

La regulación del patrimonio munici-

pal del suelo enmarca las actuaciones en

los programas de actuación urbanística,

siguiendo la línea de la anterior legisla-

ción, si bien precisa el alcance de los

instrumentos utilizables, con vistas a

mejorar su eficacia. Se ha intentado asi-

mismo hacer más efectiva que hasta la

fecha la obligación de edificar, mante-

niéndose el instrumento del Registro

municipal de solares sin edificar para to-

dos los municipios que cuenten con

programa de actuación urbanística. Res-

pecto al régimen de intervención en el

uso del suelo y en la edificación, se han

determinado por ley los actos sujetos a

licencia, hasta ahora regulados por re-

glamento, además de actualizarse su re-

lación y regularse el régimen jurídico de

las licencias y su caducidad. Igualmente

se ha actualizado la regulación de las

parcelaciones urbanísticas, de las órde-

nes de ejecución y de los supuestos de

ruina y las subsiguientes actuaciones.

Las medidas de protección de la legali-

dad urbanística no se apartan demasia-

do de las que ya existían, aunque se han

precisado y distinguido las distintas cla-

ses de actuaciones —suspensiones cau-

telares, requerimientos de restauración

de la realidad alterada, revisión de actas

y licencias y procedimiento sanciona-

dor— y el régimen sancionador ha sido

objeto de actualización.

La parte final, además de realizar una

extensa regulación de las situaciones

transitorias así como de los diversos su-

puestos que pueden producirse, dispone

el desarrollo reglamentario de la Ley y la

aprobación de una tabla de vigencias,

pese a que no se fijan plazos para el

cumplimento de este mandato. Por últi-

mo, se establece que la Ley entre en vi-

gor a los tres meses de su publicación,

tiempo que se considera necesario para

permitir su conocimiento debido a las

novedades que introduce y a la exten-

sión del texto, así como para facilitar su

más correcta aplicación.

Xavier Muro

AUTONOMIES · 29

306

Para actuar contra el transfuguismo

en el ámbito local, la Ley 3/2002, de 22

de marzo, dispone que los concejales

que abandonen el grupo constituido

por la candidatura en la que se presenta-

ron a las elecciones no se pueden inte-

grar en el grupo mixto, sino que quedan

como concejales no adscritos, los cuales

tendrán los derechos y deberes indivi-

duales, incluidos los materiales y econó-

micos, que según las leyes formen parte

del estatuto de los concejales, y partici-

Ley 3/2002, de 22 de marzo, de cuarta modificación de la Ley 8/1987, muni-

cipal y de régimen local de Cataluña (DOGC núm. 3605, de 28 de marzo).

parán en el ayuntamiento «de manera

análoga a la del resto de concejales», dice

la Ley, sin que se les reconozcan expresa-

mente los derechos que se acuerden a fa-

vor de los grupos políticos.

La imprecisión de esta solución legis-

lativa pudiera ofrecer algunas dudas, que

ya fueron suscitadas por el Dictamen del

Consejo Consultivo sobre el proyecto, y

que motivaron alguna modificación en

la redacción definitiva de la Ley. Poste-

riormente, no obstante, en el ámbito es-

tatal se han propiciado reformas para dar

cabida a soluciones de este tipo.

Tomàs Font

ACTIVIDAD NORMATIVA... 307

Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección de Datos

(DOGC núm. 3625, de 29 d’abril).

El 23 de julio de 2001, el Gobierno

de la Generalidad, representantes de to-

dos los grupos parlamentarios y el con-

sorcio Localret firmaron, frente al presi-

dente del Parlamento, el Pacto para la

promoción y el desarrollo de la sociedad

de la información en las administracio-

nes públicas catalanas. Entre los puntos

fundamentales de dicho Pacto se hacía

constar el compromiso de «promover la

creación de la Agencia Catalana de Pro-

tección de Datos para garantizar a los ciu-

dadanos el buen uso de la información

tanto por parte de la Administración como

de las empresas, de acuerdo con lo que

establece la Ley orgánica 15/1999, del

13 de diciembre, de protección de datos

de carácter personal».

Este acuerdo es el antecedente más in-

mediato del Proyecto de ley de la Agen-

cia Catalana de Protección de Datos,

que fue presentado en el Parlamento el 2

de agosto del mismo año. Hay que re-

marcar, sin embargo, que en el origen de

esta regulación se encuentra el art. 18.4

de la Constitución, que establece que la

ley tiene que limitar el uso de la infor-

mática con el fin de garantizar el honor

y la intimidad personal y familiar de los

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus

derechos. En un primer momento, la dis-

posición transitoria primera de la Ley

orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de pro-

tección civil del derecho al honor, a la

intimidad personal y familiar y a la pro-

pia imagen, constituyó la norma aplica-

ble a la materia mientras no se promul-

gara la ley específica prevista por la

Constitución. Posteriormente, la apro-

bación de la Ley orgánica 5/1992, de

29 de octubre, sobre tratamiento auto-

matizado de datos de carácter personal

(Lortad), ya derogada, incluyó una re-

gulación general sobre esta materia, pos-

teriormente sustituida por la que esta-

blece la Ley orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de protección de datos de ca-

rácter personal (LOPD), que ha adapta-

do al ordenamiento jurídico del Estado

español la Directiva 95/46/CE del Par-

lamento Europeo y del Consejo, de 24

de octubre de 1995, relativa a la protec-

ción de las personas físicas en lo que

concierne al tratamiento de datos perso-

nales y a la libre circulación de éstas.

La Lortad estableció el régimen jurídi-

co de los ficheros, que diferenció aten-

diendo a su titularidad pública o privada;

creó la Agencia de Protección de Datos

como órgano administrativo indepen-

diente, al cual se encomiendan funcio-

nes de registro administrativo de los

ficheros y de policía administrativa sec-

torial, y estableció un régimen sanciona-

dor. Finalmente, estableció que las co-

munidades autónomas crearan órganos

equivalentes a la mencionada Agencia

para tutelar sus propios ficheros. Esta

regulación fue impugnada por el Go-

bierno y el Parlamento de Cataluña al

considerar que la limitación de las fun-

ciones de las comunidades autónomas a

los ficheros propios podía ser inconsti-

tucional, argumentando que el uso de la

informática era un instrumento para

ejercer actividades y la regulación o la

intervención en relación con éstas podía

ser competencia autonómica, y que te-

nía que ser la titularidad sobre la com-

petencia sustantiva, y no el carácter pú-

blico o privado del fichero, lo que

determinara si las funciones de la Agen-

cia tenían que ser ejercidas por el Estado

o por las comunidades autónomas. La

STC 290/2000, de 30 de noviembre,

desestimó las pretensiones del Gobierno

y el Parlamento de Cataluña, cuando ya

la Lortad había sido derogada y la nueva

regulación establecida por la LOPD

ampliaba las funciones autonómicas re-

conociendo que éstas incluían los fiche-

ros propios y también los de los entes lo-

cales del ámbito territorial respectivo.

La LOPD fue también objeto de re-

curso de inconstitucionalidad, inter-

puesto por el defensor del pueblo, el

cual fue resuelto mediante la STC

292/2000, de 30 de noviembre, que de-

claró inconstitucionales algunos aspec-

tos de la Ley que son de interés en el ám-

bito autonómico en la medida que

afectan los ficheros de las administracio-

nes públicas. En concreto, la Sentencia

declaró inconstitucional que, por el

simple hecho de que las disposiciones de

creación de los ficheros de datos perso-

nales lo establecieran, las administracio-

nes públicas pudieran comunicarse en-

tre ellas datos de carácter personal para

el ejercicio de competencias diferentes,

tal como establecía el art. 21.1 de la

LOPD; que se exceptuara del derecho a

la información de la persona afectada

los casos en que esta información pudie-

ra impedir o dificultar gravemente el

cumplimiento de las funciones de con-

trol y verificación de las administracio-

nes públicas (art. 24.1), y que se limitara

a los interesados afectados el derecho de

acceso, rectificación y cancelación de los

propios datos personales (art. 24.2).

En este marco, pues, es donde se in-

serta la Ley 5/2002, de 19 de abril, de la

Agencia Catalana de Protección de Da-

tos. La Agencia, siguiendo el modelo de

la Lortad y la LOPD, se constituye

como una institución de derecho públi-

co, con personalidad jurídica propia y

plena capacidad de obrar, que tiene que

actuar con objetividad y plena indepen-

dencia de las administraciones públicas

en el ejercicio de sus funciones, las cua-

les responden al objeto de velar por el

respeto de los derechos fundamentales y

las libertades públicas de los ciudadanos

en todo aquello que concierne a las ope-

raciones hechas mediante procesamien-

tos automatizados o manuales de datos

personales. Hay que remarcar que la in-

clusión del tratamiento manual de datos

personales en el ámbito de protección

fue una novedad de la LOPD, que esta-

blecía un plazo de diez años desde su en-

trada en vigor para la adaptación de los

ficheros manuales a la nueva regulación.

La Ley 5/2002 reduce el plazo para for-

malizar la inscripción de los ficheros

manuales en el Registro de protección

de datos de Cataluña a dos años a contar

desde su entrada en vigor.

El ámbito de actuación de la Agencia

se extiende a los tratamientos de datos

personales llevados a cabo por la Gene-

ralidad de Cataluña, por los entes que

integran la Administración local, por las

universidades en el ámbito territorial de

AUTONOMIES · 29

308

Cataluña, por los organismos y las enti-

dades autónomas que dependen de la

Administración de la Generalidad o de los

entes locales y por los consorcios de los cua

-

les forman parte. No obstante, la Agen-

cia también ejerce sus competencias sobre

los ficheros creados por las administra-

ciones y los organismos mencionados

cuando son gestionados por entidades

públicas o privadas que prestan servicios

públicos, por asociaciones o fundacio-

nes o por las sociedades civiles o mer-

cantiles en cuyo capital la Generalidad o

los entes locales tienen la participación

mayoritaria, cuando llevan a cabo acti-

vidades por cuenta de una administra-

ción pública.

Las funciones de la Agencia en su ám-

bito de actuación se concretan en el re-

gistro de ficheros de datos personales y

de los códigos tipo formulados por la

Generalidad o por los entes que inte-

gran la Administración local, el control

y la inspección en materia de protección

de datos, y también, con respecto a la re-

cogida de datos estadísticos y al secreto

estadístico, la inspección de los ficheros

sometidos a la Ley, la sanción de las in-

fracciones y la adopción de resoluciones

para restaurar la legalidad, que pueden

incluir la inmovilización de ficheros.

Adicionalmente, también se atribuye a

la Agencia la adopción de propuestas e

instrucciones.

La Agencia se estructura en dos órga-

nos de gobierno: el director o directora

y el Consejo Asesor. El director o direc-

tora dirige la Agencia, ejerce la represen-

tación y tiene atribuidas las funciones

que por reglamento se determinen. Es

nombrado por el Gobierno, a propuesta

de los miembros del Consejo Asesor,

por un periodo de cuatro años, y puede

renovarse de un modo indefinido. El

Consejo Asesor de Protección de Datos

de Cataluña tiene las funciones de ase-

soramiento, consulta, fijación de crite-

rios y estudio. Está constituido por trece

miembros, que son designados por di-

versas instituciones —tres por el Parla-

mento, tres por el Gobierno, dos por los

entes locales, dos por el Consejo Inter-

universitario, uno por el Instituto de

Estudios Catalanes y uno por las organi-

zaciones de consumidores y usuarios—,

salvo uno, el director o directora del Ins-

tituto de Estadística de Cataluña, que es

miembro nato. El director o directora

de la Agencia asiste a las reuniones del

Consejo Asesor, con voz y sin voto.

Sin perjuicio de que la estructura de

la Agencia tenga que determinarse por

reglamento, la Ley crea directamente el

Registro de protección de datos de Ca-

taluña como órgano integrado a la

Agencia. En este Registro tienen que

inscribirse los ficheros de datos persona-

les incluidos en el ámbito de aplicación

de la LOPD, de los cuales son titulares

la Generalidad, los entes que integran la

Administración local y el resto de orga-

nismos y entidades a que se refiere el art.

3 de dicha Ley. También tienen que re-

gistrarse los datos relativos a estos fiche-

ros que sean necesarios para el ejercicio

de los derechos de información, de acce-

so, de rectificación, de cancelación y de

oposición. Asimismo, tienen que inscri-

birse los códigos tipos definidos por la

LOPD, formulados por la Generalidad

o por los entes que integran la Adminis-

tración local.

El Registro tiene que establecer los

acuerdos de cooperación necesarios con

el Registro general de protección de da-

tos del Estado a los efectos de integrar la

información registral y de mantenerla

actualizada. Por estos motivos, las dis-

posiciones transitorias de la Ley estable-

cen que, en el plazo de tres meses a par-

tir de la constitución del Consejo

Asesor, la Agencia tiene que pedir a la

ACTIVIDAD NORMATIVA... 309

Agencia de Protección de Datos del Es-

tado toda la información con respecto a

los ficheros inscritos en su Registro ge-

neral cuyos titulares son los entes que

integran la Administración local de Ca-

taluña, ya que conviene recordar que,

con el antiguo régimen de la Lortad, es-

tos ficheros no se consideraban de com-

petencia de la Generalidad sino del Es-

tado.

Pere Sol

AUTONOMIES · 29

310

Ley 7/2002, de 25 de abril, de modificación de la Ley 6/1984, de 5 de marzo,

de la Sindicatura de Cuentas, modificada por la Ley 15/1991, de 4 de julio

(DOGC núm. 3627, de 2 de mayo).

La Ley 7/2002, de 25 de abril, preten-

de resolver la crisis institucional deriva-

da de la renuncia del síndico mayor de

la Sindicatura de Cuentas de Cataluña

el mes de febrero de 2001 y la incapaci-

dad de elegir un nuevo síndico mayor

por una falta de entendimiento entre los

síndicos, con cerca de cincuenta vota-

ciones fracasadas.

La Ley responde, pues, a una situa-

ción excepcional que se reconoce explí-

citamente en el preámbulo, dónde se

afirma que hace falta establecer un pro-

cedimiento específico para desbloquear

el nombramiento del síndico mayor

«atendiendo a las circunstancias espe-

ciales que han concurrido últimamente

en las repetidas y fallidas votaciones en

el seno del Pleno de la Sindicatura». La

intervención legislativa se produce, sin

embargo, cuando la crisis ya hace más

de un año que se había iniciado, de ma-

nera que proponer una solución de ca-

rácter general debía tener en cuenta la

previsibilidad del resultado que tendría

la aplicación de la norma a la situación

presente. Para resolver esta cuestión se

llegaron a presentar hasta tres propo-

siciones de ley. La primera, presenta-

da por el Grupo Parlamentario de Ini-

ciativa per Catalunya-Verds y que no fue

tomada en consideración por el Pleno

del Parlamento, planteaba que si hechas

tres votaciones en el seno de la Sindica-

tura ningún síndico obtenía la mayo-

ría, el Pleno del Parlamento tenía que

nombrarlo por mayoría de 3/5 partes. La

segunda proposición, presentada con-

juntamente por los grupos parlamenta-

rios de Convergència i Unió, Popular

y de Iniciativa per Catalunya-Verds,

planteaba que si hechas dos votaciones

ningún síndico obtenía la mayoría ab-

soluta, la Comisión parlamentaria de

l

a Sindicatura de Cuentas tenía que

designarlo por mayoría absoluta, pro-

cedimiento éste último que tenía que

aplicarse directamente al momento

presente sin nuevas votaciones en el

seno de la Sindicatura. Finalmente, la ter-

cera proposición, presentada por el Gru-

po Parlamentario Socialistes-Ciutadans

pel Canvi, ofrecía como solución que

si hechas dos votaciones ningún síndi-

co obtenía la mayoría absoluta, tenía

que hacerse una tercera que tenía que

dirimirse por mayoría simple y en la

cual los candidatos sólo podían ser

los dos síndicos que hubieran obteni-

do más votos en las votaciones pre-

cedentes, contemplando, además, que

en caso de empate, el nombramiento

tenía que hacerse en aquél que hubie-

ra ejercido más tiempo el cargo y, si el

tiempo era el mismo, en el de más

edad. Estas dos últimas proposicio-

nes serían tomadas en consideración

por el Pleno del Parlamento el 13 de fe-

brero de 2002. La Junta de Portavoces,

sin embargo, a propuesta de la Mesa del

Parlamento, acordó el 19 de febrero

que se constituyera una ponencia con-

junta de todos los grupos para elaborar

una nueva proposición de Ley y dejó

en suspenso la tramitación de las dos

proposiciones ya tomadas en conside-

ración.

El mes de marzo de 2002 la ponencia

conjunta constituida presentó su pro-

puesta, que prácticamente se corres-

ponde con la Ley definitivamente

aprobada. La solución aportada inclu-

ye una norma de carácter general con

efectos pro futuro que reproduce el sis-

tema propuesto en la proposición de

ley del Grupo Parlamentario Socialis-

tes-Ciutadans pel Canvi y una regula-

ción específica para el caso que quería

resolverse, basado en la proposición

presentada conjuntamente por los gru-

pos parlamentarios de Convergència i

Unió, Popular y de Iniciativa per Cata-

lunya-Verds, la cual establecía que la

Comisión parlamentaria de la Sindi-

catura de Cuentas tenía que designar

al síndico mayor directamente y sin

ninguna otra votación en el seno de la

Sindicatura. Esta designación sólo re-

quería la mayoría simple de los miem-

bros de dicha Comisión, lo que pone

de manifiesto que el acuerdo entre los

diversos grupos parlamentarios para

cerrar la crisis tendría que calificar-

se más de un acuerdo de no beligeran-

cia que de un consenso real sobre la

cuestión.

Pere Sol

ACTIVIDAD NORMATIVA... 311

Ley 8/2002, de 27 de mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de di-

ciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de

la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con

conductas de alto riesgo social (DOGC núm. 3648, de 3 de junio).

La Ley 8/2002, de 27 de mayo, res-

ponde especialmente a la percepción so-

cial de un incremento de la presencia en

la calle de adolescentes en situación de

predelincuencia, a los cuales la Ley cali-

fica de adolescentes «con conductas de

alto riesgo social».

El problema no es nuevo y ya había

sido tratado por la Ley 11/1985, de 13

de junio, de protección de menores, la

cual dedicaba su título quinto —dero-

gado por la Ley que presentamos— a la

prevención de la delincuencia infantil y

juvenil. La Ley 11/1985 fue modificada

por la Ley 12/1988, que derogó, con el

objetivo de deslegalizar la regulación, la

asignación de competencias al Departa-

mento de Justicia y las normas relativas

al Consejo Asesor y Coordinador; pos-

teriormente, la Ley 37/1991, de 30 de

diciembre, sobre medidas de protección

de los menores desamparados y de la

adopción, derogó expresamente el título

VI de la Ley 11/1985 y reguló la protec-

ción de los menores por separado del

resto del contenido de aquella Ley; la

Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la

tutela y las instituciones tutelares; la Ley

8/1995, de 27 de julio, de atención y de

protección de los niños y adolescentes y

de modificación de la Ley 37/1991, que

incorporó a dicha Ley el capítulo IV, el

cual regula el régimen sancionador en

materia de protección de los menores

desamparados y de la adopción; la Ley

9/1998, de 15 de julio, del Código de

familia, que reguló la adopción y algu-

nas actuaciones de la Administración

que entran en el ámbito del derecho ci-

vil; y, finalmente, la Ley 27/2001, de 31

de diciembre, de justicia juvenil. La

nueva regulación tiene como objetivo

declarado en el preámbulo actualizar la

regulación de aquella parte de la protec-

ción que afecta la población adolescente

que se encuentra en conflicto social, y

regular el incremento de respuestas pro-

tectoras y de recursos que tienen que ar-

ticularse, y al mismo tiempo arbitrar los

mecanismos para que en los casos de

gran movilidad geográfica y desarraigo

también se disfrute de los recursos de la

administración sanitaria y educativa, de

la atención social primaria, etc.

Desde un punto de vista formal, la Ley

8/2002 implica la modificación de la

Ley 37/1991 mediante la adición de dos

nuevos apartados al art. 2, de un artículo

5 bis, de un inciso al art. 12.3 y, final-

mente, de dos nuevos capítulos, que se

convierten en el quinto y el sexto de la

Ley modificada. La Ley también modifi-

ca los artículos 3 y 6 de la Ley 37/1991,

para sustituir la referencia a la patria po-

testad por la potestad del padre y de la ma-

dre, de conformidad con la terminología

utilizada por el Código de familia.

El primero de los apartados que se

adicionan al art. 2 de la Ley 37/1991 es-

tablece la obligatoriedad de todos los

centros de acogida de prever el conjun-

to de actuaciones socioeducativas enca-

minadas a la preparación para un tra-

bajo de los adolescentes. El segundo

apartado dispone la creación de centros

o unidades de estancia limitada para

atender por separado, con la función de

adaptarse al sistema, a los menores de-

samparados y a los adolescentes con

conductas de alto riesgo social, defini-

dos como los menores adolescentes cuya

conducta altera de manera grave las

pautas de convivencia y comportamien-

to social generalmente aceptadas, de

manera que provocan un riesgo eviden-

te de causarse daños a ellos mismos o de

perjudicar a terceras personas. Para in-

terpretar esta definición, bastante gené-

rica, el preámbulo de la Ley habla de las

personas, dentro de la población adoles-

cente, «que han dejado el hogar, algunas

de éstas procedentes de otros países, a

veces indocumentadas y que rechazan

sistemáticamente las medidas de pro-

tección establecidas por la legislación

vigente». Estos dos elementos —la in-

migración ilegal de menores, que se

expresa en la falta de documentación, y

el rechazo a las medidas de protec-

ción— constituyen, a pesar de la defini-

ción legal, el núcleo del problema; en

este sentido el art. 5 bis que se adiciona a

la Ley 37/1991 establece la obligación

del organismo de protección de meno-

res de comunicar la falta de documenta-

ción de los menores de manera inmedia-

ta a la autoridad competente y establece

las medidas de protección que puede

adoptar el organismo de protección de

los menores que necesiten su actuación

«aunque la rechacen». Estas medidas

consisten en la asistencia de los menores

sin hogar en centros de día para partici-

par en programas de intervención so-

cioeducativa y en el alojamiento noctur-

no para satisfacer las necesidades

asistenciales. Como medida excepcio-

nal, y que únicamente se puede adoptar

cuando el menor rechace las otras medi-

das, la Ley establece la posibilidad de in-

greso en centros o unidades con restric-

ción o supresión de salidas por un

tiempo limitado, con el objetivo de de-

sarrollar programas individuales. La

adopción de esta medida debe hacerse

constar en el informe de seguimiento de

AUTONOMIES · 29

312

la acción educativa de los menores afec-

tados, tiene que notificarse a la Fiscalía

antes de las veinticuatro horas siguientes

al ingreso, tiene que revisarse semanal-

mente y su duración no puede superar

los treinta días, aunque puede ser nue-

vamente adoptada si las otras medidas

son rechazadas de nuevo y de forma rei-

terada. Como elemento complementa-

rio, la adición de un inciso al art. 12.3

de la Ley 37/1991 autoriza a incorporar

en la configuración arquitectónica de los

centros que acojan adolescentes elemen-

tos constructivos de seguridad, con el

objeto de favorecer la eficacia de los pro-

gramas educativos y sin que se altere el

régimen abierto de los centros.

El nuevo capítulo quinto de la Ley

37/1991 bajo la rúbrica de «la atención

especial a la población adolescente con

conductas de alto riesgo social» sustitu-

ye la regulación de la prevención de la

delincuencia infantil y juvenil que con-

tenía la Ley 11/1985: Este capítulo, ar-

ticulado en dos secciones, incorpora 5

nuevos artículos —del 43 al 47— a la

Ley 37/1991. El art. 43 define el con-

cepto de adolescente con conductas de

alto riesgo social, que ya hemos comen-

tado más arriba; el art. 44 establece los

principios básicos de la actuación en la

atención social de los adolescentes. En

este sentido se establece como priori-

taria la acción preventiva, para lo que

la Ley reclama los recursos económicos

necesarios y declara el compromiso de

las administraciones a financiar con las

dotaciones adecuadas el trabajo de los

educadores de calle, equipos básicos de

servicios sociales y equipos de atención

a la infancia y a la adolescencia, y tam-

bién todos aquellos servicios o presta-

ciones que den apoyo a la atención del

adolescente en el propio entorno. En

cualquier caso, las intervenciones que

afecten a los adolescentes tienen que ser

respetuosas con los derechos que les re-

conoce el ordenamiento jurídico y debe

prevalecer el interés del menor por enci-

ma de los otros que puedan concurrir.

Los art. 45, 46 y 47 conforman la sec-

ción segunda del capítulo y establecen el

conjunto de medidas preventivas y edu-

cativas que pueden adoptarse en rela-

ción a los adolescentes con conductas de

alto riesgo social, las cuales han de pro-

mover especialmente programas educa-

tivos y preventivos destinados a fomen-

tar la capacidad crítica, de autocontrol

y el sentido de la propia responsabili-

dad. La Ley permite que los adolescen-

tes sujetos a la atención socioeducati-

va pueden recibir atención simultánea

en diversos programas y tratamientos

preventivos, sin perjuicio que en todos

los casos la atención preventiva y educa-

tiva debe llevarse a cabo siempre con el

consentimiento del representante legal

del adolescente, una vez consultado y

escuchado éste, o, en su caso, porque

falta el representante o porque éste se

opone de manera infundada, hace falta

la autorización judicial, una vez escu-

chado el Ministerio Fiscal.

El capítulo sexto regula el estatuto de

los menores de edad acogidos en cen-

tros. Este capítulo se estructura también

en dos secciones, la primera de las cuales

incorpora los nuevos artículos 48 y 49 a

la Ley 37/1991. El primero de dichos

artículos incluye un verdadero catálogo

de derechos de los menores acogidos en

centros, entre los cuales conviene desta-

car como novedad relevante el derecho a

ser documentados por la Administra-

ción si están indocumentados. El art. 49

establece los deberes que corresponden

a los menores acogidos, los cuales tienen

que cumplir la normativa del centro,

respetar la dignidad y las funciones del

personal del centro y de las otras perso-

nas residentes y desarrollar las activida-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 313

des educativas, laborales y de formación

que formen parte de su proyecto educa-

tivo. Ya en la sección segunda, el art. 50

determina cuáles son los incumplimien-

tos de los deberes de los menores que

pueden comportar la adopción de me-

didas educativas correctoras, las cuales

son establecidas en el art. 51 y, en nin-

gún caso, pueden implicar, directamen-

te o indirectamente, castigos corporales,

privación de la alimentación, privación

del derecho de visita de la familia, priva-

ción del derecho a la educación obliga-

toria y de asistencia al centro escolar, ni

atentar contra la dignidad del menor. El

art. 52 establece las garantías de proce-

dimiento que deben aplicarse para la

adopción de medidas correctoras, que

para los incumplimientos calificados de

graves y muy graves requieren la ins-

trucción de un expediente disciplinario,

sin perjuicio de que en todos los casos

tenga que comunicarse al Ministerio

Fiscal y al órgano competente de la Ad-

ministración que tenga asignadas las

funciones sobre atención a los menores,

en este último caso para que quede

constancia en su expediente personal.

La parte final de la Ley consta de una

disposición adicional que determina

que deben regularse por decreto, en un

plazo de seis meses, las características,

las funciones y la estructura de los cen-

tros o las unidades de estancia limitada,

de una disposición derogatoria del títu-

lo V de la Ley 11/1985, y de dos dispo-

siciones finales: la primera, de habilita-

ción del Gobierno para el desarrollo de

la Ley, y la segunda, que determina su

entrada en vigor.

Pere Sol

AUTONOMIES · 29

314

Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña (DOGC núm. 3669,

de 3 de julio).

La competencia exclusiva que de

acuerdo con lo señalado por el artículo

9.12 del Estatuto de autonomía posee

la Generalidad en materia de turismo

no se había concretado hasta el mo-

mento en una ley general en dicha ma-

teria. Y es que en el ámbito normativo

el ejercicio de esa competencia se ha-

bía materializado en la aprobación de

varios decretos de carácter organizati-

vo o de regulación y clasificación bási-

ca de las empresas, establecimientos y

actividades de carácter turístico, ade-

más de haber estado presente en la

aprobación de varias leyes de carácter

sectorial tales como la Ley sobre disci-

plina de mercado y de defensa de los

consumidores y usuarios, la Ley del

Estatuto del consumidor, la Ley de ac-

tividades feriales o la Ley sobre centros

recreativos turísticos.

Entre los argumentos que la propia Ley

ofrece para la conveniencia de su aproba-

ción, tales como la experiencia acumula-

da, la voluntad de contar con una orde-

nación general del sector con rango de ley

y el deseo de seguir impulsando el turis-

mo con nuevos instrumentos, desde un

punto de vista estrictamente jurídico re-

sulta determinante la necesidad de satis-

facer plenamente el principio de reserva

de ley en materia de inspección y de régi-

men sancionador, según lo preceptuado

en el artículo 25 de la CE.

Al objeto de regular la ordenación y

promoción del turismo en Cataluña, la

Ley se refiere entre otros a los recursos,

sujetos y actividades que integran el sec-

tor turístico. En cuanto al régimen ge-

neral de los recursos turísticos, éstos se

clasifican en recursos turísticos esencia-

les, recursos turísticos de interés local y

recursos turísticos potenciales.

Se prevé el deber general de no despil-

farrar los recursos turísticos encomen-

dando a los órganos administrativos en-

cargados de su gestión o protección la

obligación de promover su uso respe-

tuoso para con el medio ambiente, así

como a impulsar su creación, conserva-

ción y mejora. Además, se establece que

los recursos turísticos que se declaren

esenciales sean objeto de inventario, que

conforme a lo establecido en la disposi-

ción adicional segunda deberá efectuar

el departamento competente en materia

de turismo en el plazo de un año desde

la publicación de la presente Ley en el

DOGC.

Es preciso poner de relieve la inci-

dencia de esta Ley en el planeamiento

urbanístico, al establecer que los ins-

trumentos de planeamiento de los mu-

nicipios turísticos deberán incluir me-

didas específicas para la promoción y

protección de los recursos turísticos y

al preceptuar que la tramitación de la

primera formulación o de la revisión de

una figura de planeamiento urbanísti-

co general requerirá un informe del de-

partamento competente en materia de

turismo.

Como instrumento básico de planifi-

cación turística de la Generalidad la Ley

establece el Plan de turismo de Catalu-

ña, con la consideración de plan territo-

rial sectorial, al objeto de desarrollar,

promocionar y proteger los recursos tu-

rísticos, fomentar una oferta turística de

calidad y estimular todas aquellas actua-

ciones que refuercen la consideración de

Cataluña como marca turística global.

La formulación y redacción de dicho

Plan, así como sus modificaciones o re-

visiones, corresponderán al departa-

mento competente en materia de turis-

mo, siendo su aprobación competencia

del Gobierno. La disposición adicio-

nal cuarta establece un plazo máximo

de dos años desde la entrada en vigor de

la Ley a fin de que dicho Plan sea re-

dactado.

Es importante la distinción realizada

por la Ley entre municipios turísticos y

municipios, lugares, bienes, servicios,

comarcas y otros ámbitos de interés tu-

rístico. La declaración de municipio

turístico debe ser solicitada al depar-

tamento competente en materia de Ad-

ministración local, correspondiendo al

Gobierno la adopción, en su caso, del

acuerdo de declaración. La declaración

de municipio turístico supone para el

mismo una serie de derechos y deberes

que se especifican en los artículos 19 y

20 de la Ley.

En lo relativo a los deberes, la Ley

obliga a los municipios turísticos a pres-

tar, además de los servicios mínimos es-

tablecidos con carácter general en la Ley

de régimen local, una serie de servicios

enumerados en el artículo 19.

Respecto a los derechos, la Ley les re-

conoce que los servicios mínimos que

tienen que prestar por poseer la condi-

ción de municipio turístico tendrán la

consideración de prioritarios a efectos

del Plan director de inversiones locales.

Asimismo, se establecen una serie de

ámbitos en los que los municipios turís-

ticos deben ser objeto de una atención

preferente, reconociéndoseles tímida-

mente el derecho a establecer una ecota-

sa, ya que se hace expresa remisión a lo

que disponga la legislación de las finan-

zas locales. En tal sentido se critica que

el incremento de obligaciones para este

tipo de municipios no venga compensa-

do por una posibilidad real de obtener

más recursos.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 315

La declaración de municipio de inte-

rés turístico podrá ser solicitada por to-

dos aquellos municipios que posean

dentro de su término municipal un re-

curso turístico esencial y se realizará

conforme a lo que se establezca regla-

mentariamente. El único derecho que la

Ley recoge expresamente a favor de este

tipo de municipios es el de ser objeto de

una atención especial dentro de las acti-

vidades de planificación y promoción

estipuladas por la Administración de la

Generalidad. Asimismo, podrán ser de-

clarados de interés turístico lugares, bie-

nes, servicios, comarcas y ámbitos su-

pramunicipales o intercomarcales.

Se regulan los derechos y deberes de

los usuarios turísticos y el régimen gene-

ral de los establecimientos y empresas

turísticos. Éstas se clasifican en empre-

sas turísticas de alojamiento, empresas

turísticas de restauración, empresas tu-

rísticas de mediación y empresas turísti-

cas de servicios complementarios, defi-

niéndose y regulándose en cada caso las

distintas modalidades.

La Ley hace referencia asimismo a las

profesiones turísticas, estableciendo que

el Gobierno de la Generalidad deberá

promover la homogeneidad de criterios

en los programas y estudios de forma-

ción profesional reglada y ocupacional

en materia de turismo con el fin de posi-

bilitar su equiparación. Además, se vela

por la calidad de los servicios de infor-

mación turística, al determinarse que en

los recintos de museos, monumentos y

conjuntos históricos que sean declara-

dos bienes culturales de interés nacional

estos servicios deberán ser prestados por

personas con la habilitación de guía de

turismo otorgada por la Administración

turística competente.

A continuación, la Ley señala las ad-

ministraciones competentes en materia

de turismo y precisa las competencias

que en este terreno corresponden a la

Administración de la Generalidad, a los

ayuntamientos, a los consejos comarca-

les, a las diputaciones provinciales y al

Consejo General de Arán. Respecto a la

regulación de la Administración turísti-

ca de la Generalidad, la disposición final

primera dispone que, en el plazo máxi-

mo de un mes desde la entrada en vigor

de la presente Ley, el Gobierno deberá

presentar un proyecto de ley de creación

y regulación de la agencia Cataluña Tu-

rismo.

Se regula asimismo la existencia de la

Red de Oficinas de Turismo de Catalu-

ña y el Registro de turismo de Cataluña.

La primera constituye un sistema inte-

grado y coordinado de información y

atención a los usuarios turísticos forma-

do por las oficinas de turismo del Admi-

nistración de la Generalidad, de las co-

marcas de interés turístico y de los

municipios turísticos, así como por las

oficinas turísticas públicas o privadas

que se adhieran voluntariamente a la

misma. Cabe destacar que a las oficinas

integradas en la red creadas y regidas por

una Administración pública se les otor-

garán ciertas facultades de mediación

propias de las agencias de viajes como,

por ejemplo, realizar reservas de aloja-

miento y de servicios turísticos, a solici-

tud de los usuarios turísticos. En cuanto

al Registro de turismo de Cataluña, éste

posee naturaleza administrativa y tiene

por objeto el ejercicio de la función re-

gistral relacionada con la ordenación y

control del sector turístico. Se establece

la obligación de inscripción para todos

aquellos sujetos que lleven a cabo activi-

dades turísticas.

La última parte de la ley se dedica a la

inspección turística y al régimen sancio-

nador. Tanto una como otro correspon-

den y afectan a las administraciones tu-

rísticas competentes, dentro del respeto,

AUTONOMIES · 29

316

en lo referente a los entes locales, a las li-

mitaciones establecidas por la legisla-

ción de régimen local.

Por último, la disposición final cuar-

ta aplaza la entrada en vigor de la pre-

sente Ley hasta seis meses tras su publi-

cación en el Diario Oficial de la Gene-

ralidad.

Vicenç Santaló

ACTIVIDAD NORMATIVA... 317

Ley 15/2002, de 29 de junio, de ordenación vitivinícola (DOGC núm. 3673,

de 9 de julio).

La aprobación de la presente Ley de

ordenación vitivinícola figura entre las

propuestas recogidas en el Libro blanco

del sector agrario, presentado al Parla-

mento en el año 2000. Con la misma se

pretende dotar al sector vitivinícola ca-

talán de un marco legal a partir del cual

se garantice la preservación de la calidad

de los productos vinícolas, se favorezca

su competitividad en el mercado inter-

nacional y se establezca una adecuada

protección de los consumidores. De he-

cho, se trata de un sector muy regulado

por la Unión Europea, que hasta la fe-

cha ha aprobado ocho reglamentos que

limitan notablemente el alcance de la

acción legislativa de los estados miem-

bros o de los entes subestatales con com-

petencias en este terreno.

Por lo que respecta al Estado español,

la legislación vigente en el momento de

la aprobación de la presente Ley era la

Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Es-

tatuto de la viña, el vino y los alcoholes,

un marco legal preconstitucional y en

buena medida obsoleto que muy pronto

será sustituido por una nueva ley estatal,

la cual, en todo caso, deberá respetar las

competencias de Cataluña en este sec-

tor.

Los instrumentos jurídicos con que

esta Ley que presentamos dota al sector

surgen del convencimiento de que el fu-

turo de la producción vitivinícola de

Cataluña únicamente puede sustentarse

en la calidad y singularidad de sus pro-

ductos elaborados.

La Ley tiene por objeto la ordenación

del sector de la viña y el vino, la regula-

ción de las denominaciones de origen de

los vinos y sus respectivos consejos regu-

ladores, la determinación del régimen

sancionador así como el establecimiento

de las competencias y estructura del Ins-

tituto Catalán de la Vid y el Vino.

Las denominaciones de origen se con-

ceptúan como bienes de titularidad pú-

blica que no pueden ser objeto de alie-

nación o gravamen y cuya gestión corre

a cargo del respectivo consejo regulador.

La protección otorgada a una deno-

minación de origen se extiende al uso de

los nombres de las regiones, comarcas,

municipios y ámbitos que conforman

las respectivas zonas de producción, ela-

boración, envejecimiento y embotella-

miento. Además, la protección de la

denominación de origen implica el de-

recho a utilizar su nombre en los pro-

ductos amparados y se extiende a todas

las fases de producción y comercializa-

ción de los mismos.

Cada denominación de origen se re-

girá por un reglamento que establecerá

todos los elementos señalados en el ar-

tículo 8, entre los que cabe destacar la

definición de los productos protegidos,

la delimitación de la zona geográfica de

producción y de la zona de elaboración,

las variedades de viña autorizadas y el re-

gistro de los titulares de vides y bodegas,

entre otros.

Corresponderá al Gobierno de la Ge-

neralidad regular el procedimiento de

reconocimiento de las denominaciones

de origen. En todo caso, éste deberá res-

petar la regulación que la propia Ley rea-

liza al respecto. En tal sentido se estable-

ce que los viticultores y los elaboradores

de vino, o sus respectivas agrupaciones,

deberán presentar la solicitud ante el

Instituto Catalán de la Viña y el Vino.

Corresponderá adoptar, en su caso, la

resolución de reconocimiento de la de-

nominación de origen al consejero o

consejera competente en materia de

Agricultura, que al mismo tiempo debe-

rá aprobar el reglamento, conceder la

gestión y autorizar, si procede, a la auto-

ridad de control.

Una importante novedad con rela-

ción al régimen vigente hasta la entrada

en vigor de la presente Ley es la natura-

leza jurídica que se reconoce a los conse-

jos reguladores de las denominaciones

de origen, pues transforma a los anti-

guos consejos reguladores, que eran ór-

ganos desconcentrados de la Adminis-

tración, en corporaciones de derecho

público, es decir, en entidades con per-

sonalidad jurídica propia, que ejercen

funciones públicas pero sometidas, con

carácter general, a normas privadas. La

Administración se reserva únicamente

las funciones de supervisión y tutela so-

bre su correcto funcionamiento y adap-

tación a las finalidades y obligaciones

que les señale el contenido de la Ley.

Los consejos reguladores estarán inte-

grados por personas físicas o represen-

tantes de personas jurídicas inscritas en

los registros de las correspondientes de-

nominaciones de origen y se organiza-

rán mediante una comisión rectora, un

presidente o presidenta y cualquier otro

órgano que establezcan sus estatutos.

Las finalidades de los consejos regulado-

res son la representación, defensa, ga-

rantía y promoción de la denominación

de origen, y poseen las funciones que se

relacionan en el apartado 2 del artícu-

lo 11.

Entre tales funciones figura la potes-

tad de establecer y gestionar las cuotas

obligatorias para financiarse, conforme

a lo dispuesto en sus reglamentos inter-

nos. Esto supone un notable cambio

respecto a la regulación del sistema de

financiación de los consejos regulado-

res, que hasta la fecha venían regulados

con carácter general por los artículos

304 a 307 de la Ley 15/1997, de 24 de

diciembre, de tasas y precios públicos de

la Generalidad de Cataluña, que la pre-

sente Ley expresamente deroga en su

disposición final segunda.

Por medio del régimen sancionador se

garantizan a la Administración los me-

dios adecuados para el cumplimento de

esta Ley por las personas afectadas, en

particular las personas físicas o jurídicas

titulares de viñas y bodegas inscritos en

los correspondientes registros. Constitu-

ye un destacado aspecto en este terreno

la organización y potestades que se reco-

nocen a los servicios de inspección. Estos

se realizarán por medio de los inspecto-

res de la Administración pública que

tengan la consideración de agentes de la

autoridad y por los veedores de los con-

sejos reguladores con funciones inspec-

toras, que poseen las mismas atribucio-

nes que los primeros y cuyas actuaciones

deberán ser consideradas como realiza-

das por la Administración.

Las infracciones se clasifican en leves,

graves y muy graves. Las leves podrán

ser sancionadas con una multa de hasta

2.000 euros; las graves, con una multa

entre 2.001 y 30.000 euros, y las muy

graves, con una multa entre 30.001 y

300.500 euros, si bien, en estos dos últi-

AUTONOMIES · 29

318

mos casos, el importe de la sanción po-

drá ser aumentado hasta el valor de las

mercancías, productos o superficies ob-

jeto de la infracción.

Asimismo, la Ley realiza una minu-

ciosa regulación del Instituto Catalán de

la Viña y el Vino (Incavi), que hasta la

fecha de su entrada en vigor venía regu-

lado por el Decreto de 8 de abril de

1980 y el Decreto 221/1980, de 24 de

octubre, que quedan derogados.

El Incavi se configura como un orga-

nismo autónomo, de carácter adminis-

trativo, con autonomía económica y fi-

nanciera, personalidad jurídica propia y

capacidad de obrar para el cumplimien-

to de las funciones establecidas por la

Ley, o las que le sean aplicables, adscrito

al departamento competente en materia

de Agricultura. Se establecen como ór-

ganos del Incavi los siguientes: el presi-

dente o presidenta, el Consejo Rector, el

director o directora y el Consejo Asesor,

cuyas funciones se precisan en los ar-

tículos 32 a 35.

Por último, debido al cambio de na-

turaleza jurídica de los consejos regula-

dores de las denominaciones de origen

introducido por la Ley, ésta les otorga el

plazo de un año desde la fecha de entra-

da en vigor para adaptar su reglamento

a las nuevas disposiciones legales. Al

término de dicho plazo, los consejos re-

guladores que no hayan adaptado su

reglamento quedarán automáticamente

extinguidos.

Vicenç Santaló

ACTIVIDAD NORMATIVA... 319

Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica

(DOGC núm. 3675, de 11 de julio).

La lucha contra el ruido ha ido

abriéndose paso poco a poco dentro de

la acción administrativa por la creciente

sensibilidad respecto a la preservación de

un medio ambiente adecuado a un deter-

minado estándar o nivel de calidad de

vida, así como por el hecho de que en las

sociedades posindustriales el desarrollo

ha venido asociado a un incremento del

nivel de ruido —y no sólo vinculado a

las actividades industriales, o no precisa-

mente, mejor dicho, sino a las activida-

des de ocio y a las infraestructuras de

transportes y comunicaciones.

La contaminación acústica es un fenó-

meno fundamentalmente urbano, aun-

que no en exclusiva, puesto que las gran-

des infraestructuras viales y de transporte

atraviesan justamente, en gran medida,

espacios poco poblados, en los que, si

bien afectan a menos personas, la altera-

ción de la tranquilidad natural resulta

más intensa. Entendida como alteración

de la tranquilidad, la contaminación

acústica ya era objeto de atención en

las antiguas normas de policía local —re-

cordemos la vieja formulación de Hen-

rion de Pansey sobre la finalidad caracte-

rística de la policía local: la seguridad, la

tranquilidad y la salubridad—, por lo que

tradicionalmente ha sido integrada entre

las competencias municipales. Ahora

bien, el notable incremento de la conta-

minación acústica, fruto del desarrollo

económico, respecto al tiempo en que se

empezó a abordar a escala local ha altera-

do la índole del problema de tal modo

que es preciso considerar que requiere un

tratamiento a una escala superior, con el

fin de homogeneizar conceptos, estable-

cer directrices y medidas de planificación,

así como ordenar la coordinación y cola-

AUTONOMIES · 29

320

boración administrativas, debido a que

entre las actividades causantes de impor-

tantes infracciones acústicas se encuen-

tran las que desarrollan administraciones

superiores a las municipales o las que se

llevan a cabo en bienes gestionados por

aquellas. Además, en la medida en que

la contaminación acústica se estima me-

recedora de una intervención específica

que complemente la establecida en la

Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la in-

tervención integral de la Administra-

ción ambiental, de carácter más general,

y, además, debido a que fija un régimen

sancionador que tipifica infracciones y

sanciones, resulta conveniente dar a esta

ordenación el rango normativo adecua-

do, que es el de ley.

En cuanto a su contenido, cabe seña-

lar, en primer lugar, que la Ley se ajusta

al esquema habitual y canónico desde el

punto de vista de la técnica normativa.

En la parte introductoria o general se es-

tablecen el objeto, los principios y obje-

tivos y las definiciones de los términos

específicos. Se realiza una clasificación

de los niveles de ruido y se establece una

zonificación adecuada. Respecto a las

medidas de intervención, se ordenan se-

gún el nivel de la Administración com-

petente sobre las fuentes contaminantes

y según el grado de contaminación. En

cuanto a las fuentes de ruido, se distin-

guen los siguientes supuestos: infraestruc-

turas, construcción de edificios, activida-

des y relaciones de vecindad, vehículos y

espacios públicos.

En la mayor parte de esos supuestos la

intervención administrativa se inserta

en procedimientos ya existentes, tales

como la autorización o licencia ambien-

tal, la evaluación de impacto ambiental

o la licencia de obras. Algunas obliga-

ciones concretas vienen impuestas di-

rectamente por la Ley y casi no se crean

instrumentos de intervención —nuevas

clases de licencias o autorizaciones—,

salvo, tal vez, el plan de minimización

del impacto acústico de las infraestruc-

turas, cuya competencia para su aproba-

ción se atribuye al Departamento de

Medio Ambiente, si bien no se estable-

cen las consecuencias en caso de que se

incumpla ni medida alguna para obte-

ner su cumplimento, confiando proba-

blemente en la voluntad de colabora-

ción interadministrativa.

A los citados instrumentos de inter-

vención sería preciso añadir otro igual-

mente tradicional en el nivel local: la re-

glamentación por medio de ordenanzas,

las cuales, según la presente Ley, deben

tener un contenido determinado. Pese a

que muchos municipios disponen de

ordenanzas que se ocupan de los ruidos,

algunas de ellas muy antiguas, adquiere

pleno sentido que la Ley las tenga en

cuenta, al margen de las disposiciones

generales de la legislación sobre régimen

local, al proporcionales el fundamento

legal específico o sectorial de que care-

cían hasta el momento, ausencia que

podría haber sido criticada desde el

punto de vista de la necesidad de la re-

serva de ley para limitar la actividad de

los particulares —a pesar de la flexibili-

dad con que ha sido aplicada e interpre-

tada la institución de la reserva de ley en

cuanto a la limitación de actividades

empresariales.

Para asegurar la efectividad de las me-

didas estipuladas, se regula la vigilancia

y, en su caso, la represión de las conduc-

tas que contravengan lo dispuesto en la

Ley o las acciones desarrolladas en ejecu-

ción de la misma. En concreto, se dedica

un capítulo a la ordenación de la inspec-

ción y del régimen sancionador, de for-

ma bastante detallada para no requerir

desarrollo reglamentario. En otro nivel

se sitúan las ordenanzas locales y el régi-

men sancionador que puedan establecer.

Es importante, asimismo, la conside-

ración que esta Ley lleva a cabo de las re-

laciones entre las distintas administra-

ciones implicadas, tanto desde el punto

de vista de la colaboración administrati-

va (artículos 25 y 26) como, en especial,

del auxilio necesario que se obliga a

prestar a los ayuntamientos, que muy a

menudo pueden ser los principales res-

ponsables de la aplicación de la Ley o

que, al menos, desempeñan un destaca-

do papel, sobre todo ante los ciudada-

nos, ya que, entre otras competencias,

esta Ley les atribuye la inspección de la

contaminación acústica producida por

actividades, comportamientos ciudada-

nos, maquinaria y vehículos de motor

(artículo 27). El apoyo de la Adminis-

tración de la Generalidad a los ayun-

tamientos y a las demás entidades loca-

les, en formas diversas, se recoge en los

artículos 21.4, 23 y disposición adicio-

nal tercera.

Considerando, asimismo, el impacto

económico de esta Ley sobre los titula-

res de actividades e instalaciones que ge-

neran ruido, se recoge la posibilidad de

establecer líneas de ayudas para los par-

ticulares. El legislador también ha sido

consciente de la importancia de la acti-

tud cívica y la educación ambiental,

dentro de una cultura favorable a la con-

tención del ruido, de ahí que el artícu-

lo 24 establezca su fomento.

La Ley incluye unos anexos en los que

se determinan los niveles admisibles de

inmisión sonora, según el tipo de fuente

o emisor de ruido y según la franja hora-

ria, aparte de otras cuestiones de carác-

ter técnico que habrá que tener en cuen-

ta al tiempo de aplicarla.

Por último, cabe señalar el amplio

consenso logrado alrededor de la Ley,

como lo demuestra el hecho de que, du-

rante la tramitación parlamentaria del

proyecto de ley, se presentaran 169 en-

miendas, de las que sólo 12 llegaron al

debate del texto en el Pleno; al ser todas

éstas transaccionadas, la Ley fue aproba-

da por unanimidad.

Xavier Muro

ACTIVIDAD NORMATIVA... 321

Ley 17/2002, de 5 de julio, de ordenación del sistema de ocupación y de crea-

ción del Servicio de Ocupación de Cataluña (DOGC núm. 3676, de 12 de

julio).

La creación de ocupación de calidad

es un eje de la política social y se confi-

gura como objetivo prioritario de las ac-

ciones de la Unión Europea y de las ins-

tituciones políticas de ámbito territorial

inferior. A partir del Libro blanco de

Delors y de su concreción política en el

Consejo Europeo de Essen (diciembre

de 1994), se inicia en el ámbito europeo

un periodo en que la ocupación se sitúa

como fundamento de la cohesión social.

En el año 1997 se adopta el Tratado de

Amsterdam y se celebra el Consejo Eu-

ropeo extraordinario de Luxemburgo,

dos acontecimientos clave para el futuro

desarrollo de las políticas de ocupación

en Europa, que tendrán un reflejo in-

mediato en la cumbre de Cardiff (1998)

con la presentación de los primeros Pla-

nes nacionales de acción para la ocupa-

ción, y en la posterior definición de la

Estrategia europea para la ocupación (a

partir del Consejo de Colonia de 1999).

Los consejos de Lisboa, Niza y posterio-

res, la aprobación de la Agenda social

europea, el establecimiento de las direc-

trices anuales para la ocupación, entre

otros hitos en esta materia, configuran

el marco jurídico y político europeo en

que se sitúa la regulación necesaria del

sistema de ocupación de Cataluña y la

creación del Servicio de Ocupación.

En el ámbito estatal español, el art. 40

de la CE establece, como principio rec-

tor de la política social y económica, un

mandato a los poderes públicos a fin de

que promuevan el progreso social y eco-

nómico, una distribución equitativa de

la renta y, especialmente, a fin de que rea-

licen una política orientada a la plena

ocupación. El art. 149.1.13 CE reserva

al Estado competencias exclusivas sobre

las bases y la coordinación de la planifi-

cación general de la actividad económi-

ca. Sin embargo, el art. 148.1.13 posibi-

lita que las comunidades autónomas

asuman competencias en materia de de-

sarrollo económico dentro de los objeti-

vos establecidos por la política econó-

mica estatal. Respetando este marco

competencial, el EAC recoge, en el art.

12.1, la competencia exclusiva de la Ge-

neralidad sobre la planificación econó-

mica de Cataluña. El art. 52 EAC otor-

ga a la Generalidad la facultad de crear

instituciones para el fomento de la plena

ocupación y del desarrollo económico y

social.

En este marco nace la norma ahora

comentada, que da respuesta a las nece-

sidades de un ámbito competencial que,

lentamente, ha conocido ampliaciones

sucesivas. En materia de ocupación la

Generalidad asumió la gestión de la for-

mación profesional ocupacional (1991),

creó el Servicio Catalán de Colocación

(1995), asumió la gestión del INEM

(1997), firmó el Pacto para la ocupación

en Cataluña y creó el Servicio Públi-

co de Ocupación de Cataluña (2000).

Éstos son los principales anteceden-

tes de la Ley 17/2002, de 5 de julio, de

ordenación del sistema de ocupación y

de creación del Servicio de Ocupación de

Cataluña (DOGC núm. 3676, de 12 de ju-

lio de 2002). Cabe decir, también, que la

Ley tiene el origen inmediato en el acuer-

do suscrito un año antes de su promul-

gación, entre el Gobierno, las organiza-

ciones sindicales y empresariales y las

instituciones locales, aunque en la tra-

mitación parlamentaria se introdujeron

modificaciones relevantes en algunas

materias.

La norma, a partir de la experiencia

alcanzada en materia de ocupación e in-

termediación laboral, establece «los cri-

terios ordenadores e integradores de las

funciones y servicios» en materia de

ocupación, y crea el Servicio de Ocupa-

ción de Cataluña (en lo sucesivo, SOC)

para responder a «las necesidades que

un servicio público requiere» (véase la

exposición de motivos de la Ley). Así, el

artículo primero establece que la Ley

tiene por objeto la ordenación básica

del sistema de ocupación de Cataluña,

la creación del SOC y la regulación de

las entidades cooperadoras y colabora-

doras, y modifica la normativa anterior,

la actualiza e incorpora un mayor grado

de seguridad jurídica para los operado-

res laborales y para los mismos usuarios

de los servicios de ocupación. Aparte de

modificar la denominación de órganos

y organismos administrativos, la Ley

17/2002 deroga «todas las otras normas

que regulan funciones que esta Ley atri-

buye al Servicio de Ocupación de Cata-

luña». Sin embargo, en todo aquello

que no se opongan, permanecen vigen-

tes el Decreto 320/1998, de 15 de di-

ciembre, de creación del Consejo de

Dirección del Servicio Público de Ocu-

pación de Cataluña y el Decreto

336/1998, de 15 de diciembre, por el

que se regulan las mesas locales de ocu-

pación.

AUTONOMIES · 29

322

La Ley se estructura en cinco títulos.

El primero recoge como disposiciones

generales el objeto de la norma, los prin-

cipios y criterios rectores, los derechos y

deberes de los usuarios, y establece la

competencia del Gobierno para la apro-

bación del Plan de ocupación de Cata-

luña (para el trienio 2004-2006, puede

consultarse el Acuerdo del Gobierno de

aprobación del Plan general de ocupa-

ción de Cataluña, en el Boletín Oficial

del Parlamento de Cataluña, núm. 462,

de 29 de septiembre de 2003). El título

segundo regula el SOC, y establece su

naturaleza, su objeto, sus funciones y

sus recursos. Los títulos tercero y cuarto

establecen la organización, la estructura

y el régimen jurídico, y el quinto regula

la red ocupacional de Cataluña diferen-

ciando las entidades cooperadoras y las

colaboradoras.

Haciendo una exégesis de la norma,

debe destacarse que prevé, como princi-

pios y criterios rectores del sistema de

ocupación y del SOC, la igualdad de

oportunidades en el acceso a la ocupa-

ción, sin ningún tipo de discriminación;

la universalidad, la gratuidad y la perso-

nalización de todas las actuaciones y las

prestaciones ocupacionales; la cohesión

social, con la adopción de actuaciones

positivas a favor de las personas con ma-

yores dificultades de inserción laboral;

la cohesión territorial, favoreciendo las

áreas territoriales con mayores carencias

ocupacionales. La ordenación y gestión

de la política de ocupación tiene que

responder a criterios de equidad en el

acceso, transparencia del mercado de

trabajo, integralidad, complementarie-

dad y coordinación de las medidas.

En relación con los distintos ámbitos

que inciden en las políticas de ocupa-

ción, se establece el principio de subsidia-

riedad, para garantizar que las adminis-

traciones locales, los agentes económicos

y sociales, las organizaciones, las asocia-

ciones, las entidades y las empresas, co-

laboren con el sistema de ocupación a fin

de que la gestión se lleve a cabo en el ám-

bito que garantice el máximo nivel de

eficacia y eficiencia. En lo que concier-

ne a la participación institucional, se es-

tablece la intervención de los agentes

económicos y sociales y de la Adminis-

tración local en los procesos de análisis,

prospectiva, establecimiento de objeti-

vos, y de seguimiento, evaluación y con-

trol de la política de ocupación. La pre-

visión anterior es coherente, desde la

perspectiva de la gestión, con las ideas

de racionalización, simplificación, des-

concentración y descentralización pre-

vistas también por la norma, aunque la

descentralización queda sometida al con-

dicional «si procede».

La calidad de los servicios tiene que

garantizarse mediante el establecimien-

to de sistemas de evaluación y mejora

permanente, con la particularidad que

esta evaluación tiene que ser realizada

por organismos externos e independien-

tes.

Se regulan también los derechos y de-

beres de los usuarios, y se hace hincapié

en la necesidad de garantizarles el respe-

to a la intimidad personal, la confiden-

cialidad de la información y la no discri-

minación.

La Ley otorga al SOC la naturaleza

jurídica de organismo autónomo de ca-

rácter administrativo, con personalidad

jurídica propia, autonomía administra-

tiva, plena capacidad de obrar, autono-

mía económica y «si procede», también

financiera. El organismo está adscrito al

Departamento de Trabajo, que ejerce la

dirección estratégica y el control, a la

vez que garantiza que se realicen las eva-

luaciones externas de su actividad. El

objeto del SOC es la gestión e integra-

ción de las políticas activas de ocupa-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 323

ción, que son las dirigidas a fomentar

la ocupación estable, prevenir y reducir

el desempleo, garantizar la formación

profesional ocupacional y continua y

ejercer la intermediación laboral. Para

el cumplimiento de este objeto, son fun-

ciones básicas del SOC la ordenación y

la ejecución de las acciones ocupacio-

nales; la información y la orientación

laborales; la gestión de la formación pro-

fesional ocupacional y continua; la eje-

cución de la normativa laboral relativa

al cumplimiento de las obligaciones en

materia de ocupación, incluso ejercien-

do la potestad sancionadora; la inter-

mediación laboral mediante una única

red pública constituida por los recursos

propios del SOC y por las entidades co-

operadoras y colaboradoras de éste; y la

articulación de la colaboración con es-

tas entidades.

La norma configura las entidades co-

operadoras como aquéllas que pueden

ofrecer unos servicios integrales de las

actuaciones ocupacionales, cuya titu-

laridad corresponde a centros públicos

de la Generalidad, administraciones lo-

cales, organizaciones empresariales y sin-

dicales más representativas de Cataluña,

o instituciones sin afán de lucro creadas

por determinadas entidades o entes.

Serán entidades colaboradoras las que

permitan desarrollar únicamente algu-

nas de las actuaciones ocupacionales. La

actuación de las primeras tiene que rea-

lizarse mediante la suscripción de con-

venios. Las segundas tienen que ser ex-

presamente autorizadas por el SOC.

El título III de la Ley regula, con mu-

cho detalle, los órganos que integran el

SOC. Deben resaltarse las oficinas de

ocupación (que sustituyen terminológi-

camente las oficinas de trabajo de la Ge-

neralidad), los centros de información

profesional, los centros de innovación y

formación ocupacional y las mesas loca-

les de ocupación. Las mesas se configu-

ran como órganos de participación te-

rritorial que tienen la finalidad de ade-

cuar las acciones ocupacionales a las

necesidades del territorio, y es obliga-

ción del Departamento de Trabajo «dar

apoyo a la suscripción de los pactos

territoriales para la ocupación entre la

Administración local y los agentes so-

ciales», y se sitúan como un de los instru-

mentos estratégicos de funcionamiento

del SOC.

En lo que concierne a la estructura y

organización del SOC, tiene que desta-

carse que se regula con detenimiento la

figura del director o directora, y se le

otorga un amplio y detallado abanico de

funciones, y se regula con detalle el

Consejo de Dirección, en lo que con-

cierne a composición y funciones.

La Ley 17/2002 establece también el

régimen de los recursos económicos,

humanos y patrimoniales del SOC. En

relación con esta materia cabe decir

que, sin duda, aparte de la regulación

legal, las decisiones políticas relativas al

impulso y a la dotación de recursos del

sistema ocupacional de Cataluña serán

las que harán materialmente o no posi-

bles que se cumplan los objetivos

anunciados de la Ley ahora comentada,

conseguir una ocupación plena, esta-

ble, de calidad, y una sociedad cohesio-

nada.

Debe destacarse, finalmente, que una

de las claves de vuelta competenciales en

materia de ocupación es la gestión de las

prestaciones económicas por desem-

pleo, las denominadas políticas pasivas,

que permanecen, como es sabido, en

manos estatales. La Ley 17/2002, cohe-

rente con el deseo político de alcanzar

estas competencias, establece en la dis-

posición adicional segunda que el SOC

«tiene que asumir las funciones de pro-

tección por desempleo en el momento

AUTONOMIES · 29

324

que la Generalidad asuma efectivamen-

te esta competencia». De hecho, la nor-

ma catalana puede verse afectada por la

futura regulación estatal de las políticas

de ocupación, teniendo en cuenta que la

Ley estatal 51/1980, de 8 de octubre,

básica de ocupación, vigente en el mo-

mento de redactar estas líneas, está en

fase de revisión mediante la tramitación

parlamentaria del proyecto de ley de

ocupación. La posible aprobación de la

norma estatal incidiría sobre la ordena-

ción de la política de ocupación en Ca-

taluña, no en vano la exposición de mo-

tivos del proyecto hace referencia a la

necesidad de armonizar el modelo con

la actual distribución competencial en

materia de política de ocupación. Se

afirma que, con el fin de «asegurar la co-

operación y coordinación entre las ad-

ministraciones implicadas [...] el instru-

mento nuclear para conseguir tal

finalidad es el Sistema Nacional de Em-

pleo [...] integrado por el Servicio Pú-

blico de Empleo Estatal y los Servicios

Públicos de las Comunidades Autóno-

mas», y se anuncia la integración de los

servicios autonómicos en un único ser-

vicio estatal, con una clara tendencia

centralizadora.

Josep M. Fusté

ACTIVIDAD NORMATIVA... 325

Ley 19/2002, de 5 de julio, de derechos reales de garantía (DOGC núm. 3679,

de 17 de julio).

En el ejercicio de su competencia en

materia de derecho civil (art. 9.2 EAC y

149.1.8 CE), el Parlamento de Catalu-

ña aprobó la Ley 19/2002, de 5 de julio,

de derechos reales de garantía (de ahora

en adelante, LDRG; DOGC núm.

3679, de 17 de julio de 2002). Esta Ley

toma como base la Ley 22/1991, de 29

de noviembre, de garantías posesorias

sobre cosa mueble, y tiene una doble fi-

nalidad: por una parte, modificar algu-

nos aspectos de la regulación de las ga-

rantías mobiliarias, a las cuales se

limitaba la Ley de 1991; y de la otra,

ampliar las modalidades de garantía

real, pasando a regular el derecho de re-

tención sobre inmuebles y la anticresis.

Hay que decir que todos los artículos,

o partes de artículos, de la nueva Ley,

que se refieren a los derechos reales de

garantía sobre inmuebles, han sido ob-

jeto de recurso de inconstitucionalidad

(Recurso 5840/2002, de 17 de octubre

de 2002). Sin entrar en detalles sobre la

argumentación del recurso, hay que des-

tacar ahora que uno de sus principales

argumentos, cómo es que el derecho de

retención sobre inmuebles no tiene nin-

guna conexión ni antecedente en la le-

gislación catalana anterior a la nueva

Ley es erróneo; ver, en este sentido, los

diferentes supuestos de derecho de re-

tención inmobiliario al cual hacemos re-

ferencia en el apartado siguiente de este

trabajo.

A continuación haremos una síntesis

de las principales novedades introduci-

das por la LDRG.

1. El derecho de retención sobre in-

muebles

Una de las novedades más destacables

de la LDRG es la regulación del derecho

de retención inmobiliario. Hasta la pro-

mulgación de la nueva Ley, la retención

de inmuebles era sólo posible en deter-

minados casos, contemplados específi-

camente para otras normas diferentes de

la Ley de 1991, cuyo ámbito se limitaba

a los bienes muebles; concretamente, los

art. 16 y 17 de la Ley 25/2001, de 31 de

diciembre, en materia de accesión, y los

art. 237 y 238 del Código de sucesiones,

en materia de fideicomisos. Ahora bien,

estos casos no se incluían en el ámbito

de la Ley de 1991 y los efectos del dere-

cho de retención se limitaban a la mera

retención de la cosa.

Parece conveniente, atendiendo a la

utilidad que la figura puede tener en el

tráfico jurídico, admitir el derecho de

retención sobre inmuebles con carácter

general. En este sentido, la LDRG apli-

ca a los inmuebles los mismos requisitos

y efectos que hasta ahora se preveían

para el derecho de retención de bienes

muebles. En concreto, estos efectos son

la retención de la posesión de la cosa

hasta el pago completo de la deuda ga-

rantizada, la imputación de los frutos de

la cosa a los intereses de la deuda garan-

tizada y, si procede, al capital y, final-

mente, la realización del valor de la cosa

(art. 2 LDRG).

De acuerdo con su naturaleza real, el

derecho de retención inmobiliario es

inscribible en el Registro de la propie-

dad (art. 2.2 LH). Como consecuencia

de eso, el art. 4.2 de la LDRG introdu-

ce un requisito de operatividad de la fi-

gura: si el derecho de retención sobre

un inmueble se vuelve realmente ope-

rativo cuando se inscribe en el Registro

de la propiedad, hay que posibilitar el

acceso al mismo y permitir al retenedor

obtener la titulación que debe permi-

tirle la inscripción, para evitar proble-

mas de trato sucesivo en el caso que la

finca se llegue a subastar (arte. 20 LH).

Por ello el retenedor puede exigir al ti-

tular de la finca el otorgamiento de es-

critura pública de reconocimiento del

derecho real de retención, a los efectos

de su inscripción en el Registro de la

propiedad.

2. Laanticresis

La admisión del derecho de retención

sobre inmuebles como verdadero derecho

real de garantía tiene una consecuencia

lógica: hacía falta regular el derecho real

de anticresis, que es perfectamente asi-

milable al derecho de retención sobre

inmuebles.

En efecto, la única diferencia entre el

derecho de retención de inmuebles y la

anticresis reside en el hecho que el dere-

cho de retención es de constitución uni-

lateral, impuesto por el retenedor,

mientras que la anticresis es normal-

mente de constitución bilateral, a partir

de un acuerdo de voluntades. Así, ve-

mos que una buena parte del régimen

jurídico de la anticresis es el mismo que

el del derecho de retención inmobilia-

rio, cómo lo manifiesta la remisión del

art. 22.1 a los art. 13, 14 y 18.1, todos

de la LDRG. Por lo tanto, las peculiari-

dades de la regulación de la anticresis

son mínimas.

Aparte de, cómo hemos visto, la lógi-

ca interna de la LDRG, la regulación de

la anticresis resulta conveniente por su

utilidad en el tráfico jurídico. En efecto,

si bien la anticresis ya no es una garantía

real que disfrute de una gran difusión en

la práctica, puede dar respuesta a pro-

blemas e intereses concretos; prueba de

eso es el mantenimiento de una figura

similar a la anticresis en algunos de los

códigos civiles más modernos, como

los de Portugal o Québec, así como en la

nueva Ley de enjuiciamiento civil espa-

ñola, con la figura de la «administración

para pago», regulada en los art. 676 a

680.

AUTONOMIES · 29

326

3. Obligaciones que originan el dere-

cho de retención

En relación con la Ley de 1991, la no-

vedad más importante en el ámbito de

las obligaciones que originan el derecho

de retención es la consideración de los

gastos útiles, y no solamente de los ne-

cesarios, como una de las obligaciones

que permiten iniciar la retención de una

cosa (art. 5.aLDRG). De esta manera se

evitan posibles controversias en un tema

que en la práctica puede resultar de difí-

cil determinación, cómo es el de si un

gasto debe considerarse como necesario

o útil; con la nueva Ley, el resarcimiento

de cualquiera de ellos puede originar el

derecho de retención.

4. Realización del valor de la garantía

La LDRG, en los art. 7, 8 y 19, ha

modificado algunos aspectos de la regu-

lación de la subasta notarial, con la fina-

lidad de hacerla más operativa.

Pero sin duda la novedad más impor-

tante que ha introducido la LDRG en el

tema de la realización del valor de la ga-

rantía es la posibilidad de enajenación

directa, tanto en el caso de la prenda,

como en el del derecho de retención,

como en el de la anticresis. La posibili-

dad de realizar la garantía mediante la

enajenación directa constituye un ade-

lanto importante, que hace más ágil y

operativa la efectividad de la garantía.

La LDRG ha adoptado este sistema como

alternativa previa a la ejecución nota-

rial y contempla que la enajenación

pueda ser hecha por el retenedor, por el

propietario o por una persona o entidad

especializada. El único requisito, en be-

neficio de la transparencia y la seguridad

de la realización de la garantía, es que el

acuerdo de enajenación directa debe es-

tipularse en escritura pública, en la cual

tienen que figurar los criterios de esta

enajenación. El acuerdo tiene que ser

notificado a los titulares conocidos de

derechos reales que no se extingan como

consecuencia de la enajenación (por

ejemplo, el caso en que la cosa retenida

estuviera previamente pignorada).

5. La retención de bienes muebles de

poco valor

El rodaje de la Ley de 1991 puso de

manifiesto que, en el caso de los bienes

muebles de poco valor, la puesta en

práctica del derecho de retención era, si

bien técnicamente posible, inviable en

la práctica, debido a la desproporción

existente entre los costes de constitu-

ción y ejecución y el valor de la cosa. En

la práctica, quien reparaba un pequeño

electrodoméstico, un reloj u otro objeto

de poco valor, no podía acceder a la ga-

rantía del derecho de retención. La si-

tuación se agravaba, además, por el he-

cho de que si los bienes reparados no

eran recogidos por su propietario, quien

había hecho la reparación no tenía me-

canismos jurídicos sencillos y operati-

vos, no solamente para cobrar su crédi-

to, sino ni siquiera para poder librarse

materialmente del objeto reparado.

Por este motivo, la LDRG ha puesto

un interés especial en dar una solución

al problema que hemos planteado. Su

art. 10 establece un mecanismo alterna-

tivo de constitución de la retención para

los bienes muebles de valor inferior a

500 €, basado en criterios de simplici-

dad sin disminuir, sin embargo, la segu-

ridad jurídica de las personas que inter-

vienen en la relación jurídica. Además

de la constitución, la operatividad del

derecho de retención también se ve agi-

lizada, y se permite al retenedor dispo-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 327

ner libremente de la cosa, salvo en el

caso de que consten debidamente ins-

critas limitaciones de la facultad de dis-

posición.

Aparte del valor inferior a 500 €, el

segundo elemento del supuesto de he-

cho que permite dar lugar a esta modali-

dad de derecho de retención es que naz-

ca como garantía del pago de la

retribución de la actividad realizada en

la cosa. La principal diferencia con el

caso general del art. 5 de la LDRG es

que no se exige que haya un presupuesto

aceptado. Esta no exigencia se adecúa al

objeto de la norma, las pequeñas repara-

ciones en las cuales normalmente no se

pide un presupuesto, en el sentido más

formal del término.

El derecho de retención de bienes

muebles de poco valor se constituye con

el único requisito de la notificación al

deudor y al propietario, si fuera otro,

hecha por burofax, por correo certifica-

do con acuse de recibo o por cualquier

otro medio que acredite fehacientemen-

te la recepción.

La realización de la garantía también

es muy sencilla: una vez transcurrido un

mes de la notificación, si ni el deudor ni

el propietario de la cosa han pagado la

deuda o se han opuesto fehacientemen-

te a la retención, el retenedor puede dis-

poner libremente de la cosa. Este meca-

nismo de ejecución del derecho de

retención se justifica por su fundamen-

to, que es el desinterés que el propietario

tiene en la cosa. En muchas ocasiones

podríamos simplemente calificar el ob-

jeto retenido como una cosa olvidada.

La Ley permite, por lo tanto, el ejerci-

cio en interés propio de una titularidad

ajena, que se funda en una presunción

del desinterés por la cosa. No se trata de

que el retenedor adquiera la propiedad

de la cosa, sino de atribuirle ex lege un

poder de disposición sobre una cosa aje-

na. Se trata de un poder de disposición

tanto en sentido jurídico (el retenedor

puede enajenar el bien retenido tanto a

título oneroso como a título gratuito)

como en sentido material (el retenedor

puede tirar aquel bien que considera in-

vendible).

Como medida de protección de terce-

ros, el art. 10 de la LDRG contempla la

subsistencia de las cargas preexistentes y

especifica que la ejecución sólo es posi-

ble si no constan debidamente inscritas

en el correspondiente Registro limita-

ciones a la facultad de disposición o re-

servas de dominio.

6. Supresión del principio de especiali-

dad a la prenda

El art. 15 de la nueva Ley suprime el

principio de especialidad a la prenda.

En este sentido, cuando los objetos da-

dos en prenda sean más de uno, el deu-

dor (o, en el caso de que sea diferente, el

propietario) y el acreedor pueden fijar la

parte de crédito que cada uno de ellos

garantiza; en este caso, se entienden

constituidos tantos derechos de prenda

cómo objetos haya.

Esta novedad, en relación con la Ley

de 1991, se justifica por el hecho que en

un sistema de publicidad que se basa

principalmente en la posesión (y, de ma-

nera secundaria, en la existencia de un

instrumento público, de acuerdo con el

art. 12.2 de la LDRG), el principio de

especialidad puede ser de difícil concre-

ción en la práctica. En este sentido, la

distribución de responsabilidad entre

los diferentes objetos dados en prenda

tiene que ser meramente voluntaria, en

vez de venir impuesta por la Ley. De to-

das maneras, si se procede a determinar

la parte de crédito que cada uno de los

objetos garantiza, eso no afecta el dere-

AUTONOMIES · 29

328

cho de crédito, que sigue siendo único;

por lo tanto, tan sólo se produce una

distribución de responsabilidad entre

las diversas garantías existentes, como

consecuencia de la existencia de una

pluralidad de objetos.

7. Principio de subrogación real

El art. 17 de la LDRG introduce, en

relación con la Ley de 1991, el princi-

pio de subrogación real a la prenda, con

la finalidad de resolver la cuestión rela-

tiva a los créditos pignorados, cuyo

vencimiento o pago se produce antes

que el vencimiento del crédito garanti-

zado con prenda. En concreto, si el ob-

jeto de la prenda es un derecho de cré-

dito y éste resulta pagado antes del

vencimiento del crédito garantizado

con la prenda, la garantía recae sobre el

objeto recibido como consecuencia del

pago.

Pedro del Pozo

ACTIVIDAD NORMATIVA... 329

Ley 21/2002, de 5 de julio, de séptima modificación de la Ley 8/1987, munici-

pal y de régimen local de Cataluña (DOGC núm. 3678, de 16 de julio).

En el campo de la reforma y flexibili-

zación de la cooperación municipal, así

como de otras modificaciones menores,

destaca la Ley 21/2002. Esta Ley incor-

pora varias de las propuestas formuladas

dos años antes en el Informe de la Comi-

sión de Expertos sobre Organización

Te-

rritorial, que en un primer momento no

habían sido bien acogidas por la mayo-

ría gobernante, y regula también nuevas

figuras jurídicas que tienen por objeto

acercar la Administración a los ciudada-

nos y facilitar la gestión de los servicios

en los municipios.

Tal y como destaca el preámbulo de

la propia Ley, se da rango legal al prin-

cipio de subsidiariedad, según el cual es

preciso procurar que las competencias

se atribuyan, de forma preferente, a las

autoridades más próximas a los ciuda-

danos. Establece la obligación de some-

ter a consulta de los vecinos de los mu-

nicipios afectados los expedientes de

agregación total y de fusión de munici-

pios. Establece también la obligación

de constituir comisiones de gobierno

en los municipios de más de cinco mil

habitantes y en los que sean capital de

comarca. Amplía las competencias de los

municipios así como de los alcaldes, de

acuerdo con lo que establece la normati-

va sectorial y atendiendo a la aparición

de nuevas demandas de los ciudadanos.

La Ley amplía las competencias que

pueden ser asumidas por las entidades

municipales descentralizadas, introduce

modificaciones con relación al acuerdo

de constitución de estas entidades y a la

composición de la junta de vecinos. In-

cidentalmente, en el marco de la modi-

ficación, se adapta la regulación del pa-

drón municipal a las modificaciones

introducidas por la Ley del Estado

4/1996, por la cual se modifica la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

bases del régimen local, con relación al

padrón municipal.

Entre los aspectos más relacionados

con el fortalecimiento de las relaciones

de cooperación municipal, la Ley

21/2002 efectúa una nueva regulación

de las mancomunidades de municipios,

de acuerdo con las sugerencias del In-

forme de la Comisión de Expertos, a

los efectos de flexibilizar y facilitar su

constitución y su funcionamiento, con

la finalidad última de promover la agru-

pación de municipios para prestar servi-

cios en común.

Entre las novedades de su régimen

destaca la previsión expresa de que los

municipios asociados puedan atribuir a

las mancomunidades la potestad sancio-

nadora, aspecto discutido hasta la fecha.

En realidad, es expresión de que las

mancomunidades debieran poder ejer-

cer todas las potestades públicas que co-

rresponden a los municipios agrupados.

La mancomunidad no es solo una forma

de gestión asociada de servicios públi-

cos, en el sentido meramente prestacio-

nal, puesto que los servicios pueden re-

querir normalmente el ejercicio de

funciones de autoridad.

Con el objetivo reiterado de dotar de

más instrumentos a los municipios, so-

bre todo los pequeños y medianos, y

para facilitarles la gestión y ejecución de

tareas comunes, se crea la nueva figura

de las comunidades de municipios, en-

tendidas como unas agrupaciones sin

personalidad jurídica, cuyos acuerdos

vinculan a todos los municipios agrupa-

dos. La Ley establece un sistema ágil y

sencillo tanto para la constitución como

para el funcionamiento de estas comu-

nidades, de forma que su creación no

comporte obstáculos innecesarios para

ejercer en común la función de que se

trate. Asimismo, se mantienen todas las

garantías ante terceros al establecer que

todos y cada uno de los municipios

agrupados responden de los acuerdos de

la comunidad. Para hacerse cabal idea

de esta nueva técnica de cooperación in-

termunicipal se sintetiza a continuación

su régimen jurídico.

Los municipios, para gestionar y eje-

cutar tareas y funciones comunes, pue-

den asociarse con otros municipios y

crear una comunidad de municipios, la

cual puede tener carácter temporal o

bien indefinido. Las comunidades de

municipios no tienen personalidad ju-

rídica propia. No obstante, los acuer-

dos que adoptan vinculan todos los

municipios agrupados y tienen eficacia

ante terceros, como si fueran adopta-

dos por todos y cada uno de los muni-

cipios que integran la comunidad. Las

comunidades de municipios se rigen

por lo establecido en la Ley, por los con-

venios respectivos y, supletoriamente,

por la normativa de régimen local. Para

formar una comunidad de municipios no

es indispensable que los municipios per-

tenezcan a la misma comarca, ni que

exista continuidad territorial entre ellos,

si no lo requiere la naturaleza de la fi-

nalidad que se pretende llevar a cabo.

El objeto de la comunidad de munici-

pios debe ser siempre determinado.

El proyecto de convenio de la comu-

nidad de municipios debe establecer y

regular los aspectos necesarios para su

funcionamiento, en especial los siguien-

tes: a) Los municipios que comprende.

b) El objeto, la denominación y las fina-

lidades de la comunidad. c) El munici-

pio donde tiene el domicilio la comuni-

dad y se guarda el libro de actas. d) Los

derechos y los deberes de los municipios

agrupados. e) La relación de las compe-

tencias que se confieren a la comunidad

para ejercer las funciones que le corres-

ponden. f) Los órganos de la comuni-

dad, con referencia al procedimiento de

designación y de cese, a la composición,

a las funciones, y al régimen de funcio-

namiento y de adopción de acuerdos. g)

Los recursos financieros, las aportacio-

nes y los compromisos de los munici-

pios que integran la comunidad. h) El

plazo de duración y los supuestos y el

procedimiento de disolución y liquida-

ción de la comunidad. i) Las condicio-

AUTONOMIES · 29

330

nes para la incorporación de nuevos

miembros a la comunidad y para la se-

paración de alguno de los municipios

que la integran.

En el marco de lo regulado en el co-

rrespondiente convenio, corresponden a

la comunidad de municipios todas las

competencias, las potestades y las fun-

ciones que le atribuyen los municipios

agrupados. Como se ha dicho, todos los

municipios agrupados responden de

forma solidaria de los acuerdos adopta-

dos por los órganos de la comunidad.

En cuanto a los órganos de la comu-

nidad de municipios, deben ser repre-

sentativos de los ayuntamientos que la

constituyen, siendo órganos necesarios

de la comunidad de municipios el presi-

dente o presidenta y el consejo, en el

que deben estar representados todos los

ayuntamientos de los municipios agru-

pados, y es el órgano máximo de gobier-

no. El presidente o la presidenta de la

comunidad es designado por el pleno

del consejo, de entre los alcaldes de los

municipios que la constituyen.

La comunidad debe contar con una

sección propia en el presupuesto de cada

uno de los ayuntamientos integrantes, la

cual está gestionada por la comunidad.

La autorización y la disposición del gas-

to corren a cargo del consejo y del pre-

sidente o presidenta, en función de la

distribución de competencias estable-

cidas por el convenio de la comunidad.

El consejo de la comunidad debe pre-

sentar anualmente una memoria y una

cuenta de la gestión del servicio, sin per-

juicio de lo que establece la legislación

de finanzas locales. El ejercicio de la

función interventora, de control finan-

ciero y de eficacia del servicio corres-

ponde, de acuerdo con lo que establece

la legislación de finanzas locales, al in-

terventor o la interventora del ayunta-

miento donde está situado el domicilio

de la comunidad. Lo mismo sucede con

la función de secretaría, que no obstante

puede ser delegada en el secretario de

otro municipio asociado.

Esta novedosa regulación de un me-

canismo de cooperación más ágil y flexi-

ble tiene claras inspiraciones en la legis-

lación francesa* e italiana —estatal y

regional— aparecida a partir de 1999

y no deja de ofrecer un carácter experi-

mental, de modo que habrá que esperar

a la praxis seguida para detectar los ám-

bitos idóneos de su aplicación, ya sea se-

gún materias o sectores, dimensiones,

etc. En todo caso, el régimen jurídico

plantea sugerentes cuestiones: se esta-

blecen unos órganos que no pertenecen

a ninguna persona jurídica; se regula

una forma de actividad más que una es-

tructura organizativa; se incorporan las

técnicas de utilización de servicios de un

ente en favor de otros, etc.

La Ley catalana 21/2002, en fin, en-

carga al Gobierno fomentar la constitu-

ción de las mancomunidades y las co-

munidades de municipios, para lo cual

establece que el Fondo de cooperación

local de Cataluña reserve un porcentaje

de la participación de los municipios en

los ingresos de la Generalidad, a distri-

buir entre mancomunidades y comuni-

dades de municipios. Asimismo, esta-

blece que el Plan de inversiones locales

de Cataluña debe priorizar los proyectos

presentados por las mencionadas agru-

paciones de municipios.

Tomàs Font

ACTIVIDAD NORMATIVA... 331

*Nota del editor: sobre esta cuestión, la revista Autonomies publicó el artículo de G. Marcou,

«Desarrollo urbano y gobierno urbano multinivel. La experiencia francesa», en el núm. 27, diciembre

de 2001, pág. 77-91.

Como es conocido, el art. 28 de la

Constitución después de proclamar el

derecho a la libre sindicación establece

que la ley puede limitar o exceptuar el

ejercicio de este derecho a las fuerzas o a

los institutos armados. En un mismo

sentido, los convenios del OIT núm.

87, sobre la libertad sindical y la protec-

ción del derecho de sindicación de 1948

(ratificado por el Estado español el 20

de abril de 1977), y núm. 151, sobre las

relaciones de trabajo en la Administra-

ción pública de 1978 (ratificado el 18

de septiembre de 1984), se remiten a la

legislación de cada estado para determi-

nar hasta qué punto las garantías esta-

blecidas en estos convenios son aplica-

bles a las fuerzas armadas y a la policía,

lo que implica una posición neutral en

relación con los criterios de oportuni-

dad que en cada caso pueda tener el le-

gislador.

Así, el art. 18 de la Ley orgánica

2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuer-

pos de seguridad, limitó el derecho de

sindicación al cuerpo nacional de poli-

cía, cuyos miembros sólo pueden afiliar-

se a organizaciones sindicales formadas

exclusivamente por miembros del pro-

pio cuerpo, sin que las mencionadas or-

ganizaciones puedan federar o confede-

rarse con otras que, a su vez, no estén

integradas exclusivamente por miem-

bros de dicho cuerpo.

La Ley 10/1994, de 11 de julio, de la

Policía de la Generalidad-Mossos d’Es-

quadra hizo suya la regulación estatal

con una remisión expresa a los art. 18.2,

19, 20, 21, 22 y 24 de la Ley orgánica

2/1986 para regular el derecho de sindi-

cación de los miembros del cuerpo de

Mossos d’Esquadra, creando al mismo

tiempo, dentro de la Dirección General

de Seguridad Ciudadana, un Registro

especial de organizaciones sindicales de

la Policía Autonómica de Cataluña. Esta

opción fue bastante criticada y en el año

1998, durante la quinta legislatura, se

presentaron dos proposiciones de ley

que pretendían permitir la libre afilia-

ción sindical de los miembros del Cuer-

po de Mossos d’Esquadra, argumentan-

do la falta de justificación de una norma

que restringía y limitaba un derecho

constitucional. Ambas proposiciones se-

rían rechazadas, lo que no fue obstáculo

para que, al inicio de la sexta legislatura,

se volvieran a presentar. Durante el de-

bate de éstas, el Gobierno, por medio

del grupo de la mayoría, se comprome-

tió a dar su conformidad a una proposi-

ción no de ley que reclamaba la modifi-

cación del marco legal vigente con el fin

de garantizar la libre afiliación de los

miembros del Cuerpo de Mossos d’Es-

quadra a sindicatos interprofesionales.

Los grupos proponentes retiraron sus

propuestas y, posteriormente, la Comi-

sión de Justicia, Derecho y Seguridad

Ciudadana del Parlamento adoptó la

Resolución 711/VI, de 10 de mayo de

2001, del Parlamento de Cataluña, so-

bre la libre afiliación de los agentes de la

Policía de la Generalidad-Mossos d’Es-

quadra a los sindicatos interprofesiona-

les, mediante la cual se instó al Gobier-

no a presentar una iniciativa legislativa

que permitiera modificar el marco legal

establecido por los art. 49 y 50 de la Ley

10/1994, de 11 de julio, de la Policía de

la Generalidad-Mossos d’Esquadra, y

por la disposición adicional decimosép-

AUTONOMIES · 29

332

Ley 26/2002, de 28 de noviembre, de modificación de la Ley 10/1994, de 11

de julio, de la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra, en relación

con la afiliación sindical de los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esqua-

dra (DOGC núm. 3776, de 5 de diciembre).

tima del Decreto legislativo 1/1997, de

31 de octubre, por el cual se aprueba re-

fundir en un texto único los preceptos

de determinados textos legales vigentes

en Cataluña en materia de función pú-

blica, con el fin de garantizar el derecho

de los miembros del Cuerpo de Mossos

d’Esquadra a la libre afiliación a los sin-

dicatos interprofesionales.

Como resultado de este proceso el

Gobierno aprobó el proyecto corres-

pondiente en diciembre de 2001, y su

tramitación parlamentaria se prolongó

durante casi todo el año 2002. El resul-

tado es la Ley 26/2002, de 28 de no-

viembre, de modificación de la Ley

10/1994, de 11 de julio, de la Policía de

la Generalidad-Mossos d’Esquadra, en

relación con la afiliación sindical de los

miembros del Cuerpo de Mossos d’Es-

quadra, la cual se estructura en tres ar-

tículos, una disposición transitoria, una

derogatoria y dos finales.

El art. 1 modifica el art. 49 de la Ley

10/1994 al suprimir la remisión a la Ley

orgánica 2/1986. El art. 2 modifica el

art. 50 de la Ley 10/1994, y elimina las

limitaciones a la libre constitución de

sindicatos, y remite a la Ley orgánica

11/1985, de 2 de agosto, de libertad sin-

dical. El art. 3 modifica el art. 51 de la

Ley 10/1994, y otorga el derecho de dis-

poner de locales en las dependencias de

la Administración a organizaciones sin-

dicales con representación en el Cuerpo

de Mossos d’Esquadra, independiente-

mente del carácter interprofesional o

no. La disposición derogatoria deroga la

disposición adicional decimoséptima

del Decreto legislativo 1/1997, que re-

gulaba el Registro especial de organiza-

ciones sindicales. La disposición transi-

toria establece la vigencia de los efectos

derivados del depósito y la inscripción

de los estatutos en el Registro especial

de las organizaciones reguladas por la

anterior normativa mientras no se depo-

siten e inscriban en la oficina correspon-

diente del Departamento de Trabajo,

Industria, Comercio y Turismo, lo que

debe hacerse antes de la convocatoria de

nuevas elecciones sindicales. Para llevar-

las a cabo la disposición final primera

obliga al Gobierno a iniciar la negocia-

ción con las organizaciones sindicales

para modificar las disposiciones regla-

mentarias que permitan la convocato-

ria. La misma disposición final primera

faculta al Gobierno para el desarrollo

reglamentario de la Ley y la disposición

final segunda establece su entrada en

vigor.

Pere Sol

ACTIVIDAD NORMATIVA... 333

Ley 28/2002, de 30 de diciembre, de creación del Instituto para el Desarrollo

y la Promoción del Alto Pirineo y Arán (DOGC núm. 3801, de 16 de ene-

ro de 2003).

La Ley 28/2002, de 31 de diciembre,

lleva a cabo la creación del Instituto

para el Desarrollo y la Promoción del

Alto Pirineo y Arán. De acuerdo con el

Informe de la Comisión de Expertos so-

bre organización territorial del año

2000, estos territorios constituyen una

unidad territorial con especificidad pro-

pia que, aún sin justificar la creación de

un ente propio de carácter territorial, de

ámbito supracomarcal, requiere de una

organización específica para promocio-

nar y canalizar las iniciativas de desarro-

llo integral.

De modo parecido a lo que se estable-

ció para las comarcas del Ebro, también

respecto del Alto Pirineo y Arán se crea

un organismo autónomo de carácter ad-

ministrativo, con un fuerte componente

participativo de las entidades locales y

ciudadanas, y con amplias funciones en

todas las políticas que afecten al desarro-

llo de la zona. Nada impide prever que

la puesta en marcha de este organismo,

al facilitar la articulación y la conciencia

territorial, pueda ser un primer paso ha-

cia la consolidación de un ámbito terri-

torial propio que en un futuro pueda

dar pie a una entidad local de carácter

territorial supracomarcal, dentro de una

proceso más general de reforma de la or-

ganización hoy provincial.

Tomàs Font

AUTONOMIES · 29

334

Ley 29/2002, de 30 de diciembre, del Código civil de Cataluña (DOGC núm.

3798, de 13 de enero de 2003).

1. El objeto de la Ley

La Ley 29/2002, de 30 de diciembre,

es la primera Ley del Código civil de

Cataluña (con algunas diferencias nota-

bles respecto del proyecto de ley, publi-

cado en el BOPA núm. 280, de 8 de

abril de 2002).

El objeto de la Ley es doble (art. 1):

por una parte, establecer la estructura y

la sistemática del Código civil de Catalu-

ña y, por otra, aprobar el Libro primero.

La regulación correspondiente a cada

uno de estos dos aspectos tiene unos mo-

mentos diferentes de entrada en vigor.

Tal como determina la disposición fi-

nal primera, la parte de la Ley que esta-

blece la estructura y la sistemática del

Código entra en vigor a los veinte días

después de su publicación (de acuerdo

con el art. 33.2 EAC y los art. 41, 42 y

61.ade la Ley 3/1983, de 23 de marzo,

sobre el Parlamento, el presidente y el

Consejo Ejecutivo de la Generalidad).

En cambio, la parte que aprueba el Li-

bro primero (con la correspondiente

disposición de sustitución de los art. 1,

2, 3 y 344 y las disposiciones finales se-

gunda y cuarta de la Compilación, se-

gún el Decreto legislativo 1/1984) no

entrará en vigor hasta el 1 de enero de

2004.

Esta vacatio legis de casi un año puede

explicarse, probablemente, por la signi-

ficación de la nueva regulación de la

prescripción y la caducidad, especial-

mente con las modificaciones de los pla-

zos de prescripción, y por la convenien-

cia de fijar en un momento preciso

como es el inicio de un año (en el mis-

mo sentido que el legislador del Código

civil alemán) la adecuación del cómputo

de los plazos establecidos por la nueva

regulación.

En este sentido, la disposición transi-

toria única determina la aplicación in-

mediata de la nueva Ley, a partir del

momento de su entrada en vigor, pero

con unas excepciones que conducen a

aplicar en cada caso el plazo más corto

de prescripción o de caducidad.

2. La estructura y la sistemática del Có-

digo civil

La estructura y la sistemática del Códi-

go, tal como se explica extensamente en

el preámbulo de la Ley, se formulan bajo

la idea de un código abierto, es decir, de

formación sucesiva (en el mismo sentido

que el legislador del Código civil neerlan-

dés), de manera que tiene que posibilitar

la incorporación de las leyes civiles vigen-

tes, sus modificaciones y las nuevas nece-

sidades de regulación (art. 6).

El Código se divide en seis libros (art.

3) y tiene una numeración discontinua

de los artículos, con el fin de facilitar las

modificaciones o las incorporaciones y

de indicar la correspondiente ubicación

sistemática en el texto legal (art. 5).

Se trata de una Ley importante, que

crea el Código civil de Cataluña y que

diseña un procedimiento adecuado a la

situación normativa civil actual de Ca-

taluña, que debe permitir la fijación y el

desarrollo del ámbito civil de su ordena-

miento jurídico.

Efectivamente, convenía un instru-

mento legal que, por una parte, permi-

tiera la reunificación y la sistematiza-

ción de la altamente dispersa legislación

civil catalana actualmente vigente, con-

tenida en una compilación, dos códigos

(el de sucesiones y el de familia) y unas

veinte leyes especiales en materia de per-

sona y de derecho patrimonial y, por

otra parte, que asegurara el ejercicio de

la competencia legislativa propia en ma-

teria civil, teniendo en cuenta la incor-

poración de la normativa europea co-

rrespondiente.

Podría cuestionarse, conceptualmen-

te, si este instrumento legal puede califi-

carse de código o tiene que considerarse,

meramente, como una ley general civil, a

modo de recopilación.

Si se parte de la idea codificadora es-

tatal decimonónica, y si se entiende por

código, en sentido estricto, un único tex-

to legal, como sistema normativo de

«toda la materia civil», completo, es-

tructurado y autointegrado en base a la

función normativa e informadora de los

principios generales del derecho, obte-

nidos por medio de la analogía jurídica,

no podría considerarse código por el he-

cho que será siempre incompleto, dado

que la materia civil de competencia le-

gislativa exclusiva de la Generalidad de

Cataluña está limitada constitucional-

mente (art. 149.1.8 CE, pero también

art. 149.1.1, 149.1.2, 149.1.6 y 149.1.9

CE) y, entonces, tendría que calificarse

de ley general civil, por el hecho que se li-

mita a recopilar diversas instituciones

civiles, aunque ordenadas sistemática-

mente.

Ahora bien, si se considera que es

también un código la regulación unitaria

de una «parte de la materia civil» (tal

como ha pasado con el código de suce-

siones o el código de familia de Catalu-

ña, aunque puedan configurarse, con-

trariamente, como leyes especiales en

razón de la materia objeto de regula-

ción), puede calificarse, igualmente,

como Código civil de Cataluña la regula-

ción unitaria de la parte de materia civil

que es de competencia legislativa exclu-

siva de la Generalidad de Cataluña.

La compleción de este código, aunque

parcial desde el punto de vista de toda la

materia civil, se conseguirá cuando el

ejercicio de la competencia legislativa

agote la materia civil propia y, así, sea in-

necesaria la aplicación supletoria del de-

recho civil estatal (disposición transito-

ria segunda EAC). Por otra parte, esta

compleción requiere la delimitación cla-

ra del ámbito competencial propio de la

Generalidad de Cataluña, ya que depen-

de de la interpretación que haga el Tri-

bunal Constitucional de las normas

competenciales, porque, de momento y

de manera excesivamente restrictiva, esta

interpretación está fijada fundamental-

mente por las sentencias 88/1993, de 12

de marzo, y 156/1993, de 6 de mayo,

bajo la idea aparentemente expansiva de

las «instituciones conexas».

ACTIVIDAD NORMATIVA... 335

3. La aprobación del Libro primero del

Código civil

El Libro primero, con la rúbrica «dis-

posiciones generales», contiene dos títu-

los, dedicados, respectivamente, a for-

mular unas disposiciones preliminares y

a regular la prescripción y la caducidad.

Con esta incorporación de la pres-

cripción y la caducidad, junto a la es-

tructuración como un Libro primero,

parece que se pretenda superar la idea de

título preliminar (característica propia

de la división interna del Código civil

español) y acercarse más a una concep-

ción de parte general; superación que,

realmente, se habría conseguido si en

este Libro primero se hubiera incluido

la regulación de otros aspectos generales

del Código.

Ciertamente, sin embargo, en el títu-

lo I del Libro primero se regulan aspec-

tos típicos de un título preliminar.

3.1. Las disposiciones preliminares

En el título I se regulan, pues, las

fuentes del derecho, la interpretación y

la integración, así como los principios

de aplicación de las normas (no se regu-

lan, en cambio y a diferencia del proyec-

to de ley, ni el cómputo del tiempo, ni la

entrada en vigor de las leyes).

Puede resultar cuestionable que en un

Código civil actual y moderno, con una

situación jurídica en la cual hay en vigor

una Constitución y un Estatuto de au-

tonomía, que ya contienen las normas

relativas a la vigencia, la interpretación y

la aplicación de las leyes, se reproduz-

can, precisamente como disposiciones

preliminares, algunas de aquellas nor-

mas constitucionales y estatutarias.

No obstante, la evolución histórica de

la subsistencia del derecho civil catalán

frente al Código civil español uniforma-

dor de 1889, de la coexistencia de orde-

namientos civiles en el Estado español y

de la relación entre el ordenamiento ju-

rídico catalán y estatal puede haber he-

cho aconsejable mantener en el nuevo

Código las normas que ya contenía la

Compilación del derecho civil de Ca-

taluña, según el Decreto legislativo

1/1984, aunque implique nuevamente

la reiteración en el Código de aquellas

normas constitucionales y estatutarias.

Se conservan, pues, la mayoría de las re-

glas de los art. 1, 2 y 3 y de las disposi-

ciones finales segunda y cuarta de la

Compilación, que, a su vez, eran la re-

producción de las de los art. 7 y 26 EAC

(mientras que ni entonces ni ahora se

han incorporado las del art. 33.2 EAC).

La determinación del sistema de

fuentes (art. 111.1), regulado por pri-

mera vez y que es claramente de compe-

tencia legislativa de la Generalidad de

Cataluña según el art. 26.3 EAC, priori-

za la ley y establece, como normas de-

fectivas, respectivamente, la costumbre

y los principios generales del derecho

propio. La costumbre tiene un doble

tratamiento, como norma general y

como derecho local propio de algunas

poblaciones o territorios (art. 111.3.2 y

4). Los principios generales continúan

haciendo la doble función de control de

la tradición jurídica catalana como ele-

mento de integración (art. 111.2) y de

control de la aplicación del derecho es-

tatal supletorio (art. 111.5).

En relación con la interpretación y la

integración, se mantiene el recurso a la

tradición jurídica catalana (art. 111.2,

que incorpora el art. 1.2 de la Compila-

ción) y, respecto de la interpretación, se

incluye la jurisprudencia civil, tanto del

Tribunal de Casación republicano como

del Tribunal Superior actual (en el mis-

mo sentido que la disposición final se-

gunda de la Compilación), de manera

AUTONOMIES · 29

336

que, además, pueden alegarse como

doctrina jurisprudencial para fundamen-

tar un recurso de casación, de acuerdo

con el art. 477.3 LEC.

En la aplicación de las disposiciones

del derecho civil catalán se parte del

principio de territorialidad (art. 111.3,

que incorpora el art. 7.1 EAC y los art. 2

y 3 de la Compilación, aunque las reglas

de sujeción al derecho civil catalán inhe-

rentes a la vecindad administrativa han

perdido mucho significado, dado que la

adquisición de la nacionalidad española

tiene que comportar la opción de una

determinada vecindad civil, de acuerdo

con el art. 15 del Código civil español,

según la Ley 18/1990, de 17 de diciem-

bre) y se conservan las reglas de prefe-

rencia del derecho civil propio y de su-

pletoriedad eventual y condicionada del

derecho civil estatal (art. 111.5, que in-

corpora el art. 1.1 y la disposición final

cuarta de la Compilación).

Este sistema normativo relativo a las

fuentes y a la integración (que proviene

esencialmente de la modificación de la

Compilación de 1984 para adecuarla a

la Constitución de 1978 y que hoy se

consolida) hace que las disposiciones del

Código civil constituyan el derecho co-

mún en Cataluña, de modo que tienen

que aplicarse supletoriamente a las otras

leyes del ordenamiento jurídico catalán

(art. 111.4). Eso implica que el Código

civil es el derecho común en el ámbito

del ordenamiento jurídico de Cataluña,

tal como ya lo afirmó de la Compilación

la STS de 28 de junio de 1968, y que el

derecho civil catalán no puede conside-

rarse un derecho especial en relación

con un derecho común estatal, aunque

ésta es una convicción muy arraigada

todavía, que parece partir de una lectura

de la Constitución de 1978 vigente fun-

damentada en una concepción de la co-

existencia de los diversos ordenamientos

jurídicos territoriales ya superada y ba-

sada en los postulados de excepcionali-

dad apendicular del art. 12 del Código

civil español de 1889.

Por otra parte, como disposiciones

preliminares, se incluyen los principios

siguientes: de disponibilidad, con la de-

nominación de libertad civil (art. 111.6),

que permite la exclusión voluntaria de la

ley, la renuncia y el pacto en contra,

cuando se trata de normas dispositivas y

siempre sin perjuicio de terceros; de

buena fe y de honradez en los tratos (art.

111.7), que determina la sujeción que

debe regir la actuación de la persona

tanto en el ámbito del ejercicio de los

derechos subjetivos como en el ámbito

contractual y que se deriva de los prin-

cipios de derecho contractual europeo,

conocidos como “Principios Lando”; y

de equidad (art. 111.9), aunque las re-

soluciones judiciales sólo pueden fun-

damentarse exclusivamente en los casos

en los que la Ley lo permita expresa-

mente; así como, de manera destacable,

la formulación general de la vinculación

de la persona a los actos propios (art.

111.8), la cual tenía una aplicación es-

pecífica en los art. 1.1 y 35.4 del Código

de sucesiones.

3.2. La prescripción y la caducidad

Como desarrollo del art. 344 de la

Compilación y de los muchos artículos

relativos a la caducidad en la legislación

civil catalana vigente, el título II del Li-

bro primero regula la prescripción y la

caducidad.

Esta regulación, a pesar de la deficien-

cia en algún aspecto cómo puede ser el

caso del cómputo de los plazos (art.

121.3 y 122.5) o la redacción de algún

precepto, tiene la misión siempre difícil

de diferenciar y sistematizar los supues-

tos de prescripción y de caducidad (art.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 337

121.1 y 122.1), en base a los conceptos

de pretensión, como derecho a reclamar a

otra persona una acción o una omisión

en relación con derechos disponibles

(concepto derivado del derecho civil ale-

mán), y de poder de configuración jurídi-

ca, como facultad cuyo ejercicio modifi-

ca la realidad jurídica y que tiene una

duración prefijada y no necesita la actua-

ción de otra persona (tal como se expli-

can en el art. 121.1, final y en el aparta-

do III, quinto del preámbulo de la Ley).

Por otra parte, los aspectos más remar-

cables de la nueva regulación se centran

en la posibilidad de modificar voluntaria-

mente los plazos de prescripción, aunque

con ciertas limitaciones (art. 121.3); el

acortamiento y la uniformización de los

plazos de prescripción (art. 121.20,

121.21 y 121.22); la fijación del día ini-

cial del plazo de prescripción en el mo-

mento en que, nacida la pretensión, se

conozcan o se hayan podido conocer las

circunstancias que fundamentan la pre-

tensión y la persona legitimada pasiva-

mente (art. 121.23 y 122.5); el estable-

cimiento de un plazo de preclusión de

treinta años para toda pretensión o ac-

ción (art. 121.24 y 122.5); la suspensión

de la prescripción por causas objetivas y

subjetivas (art. 121.15 y 121.16) y la sus-

pensión de la caducidad, en la cual se ad-

mite incluso la suspensión por acuerdo

expreso de las partes (art. 123.3); y, final-

mente, el régimen jurídico subsidiario de

la caducidad convencional (art. 122.4).

La Ley 29/2002 crea, pues, el flaman-

te Código civil de Cataluña, como nue-

va técnica legislativa, que debe permi-

tir la consolidación y la normalización

del derecho civil propio de Cataluña,

para el conocimiento y la aplicación de

sus normas.

No obstante, el objetivo de esta Ley

puede verse frustrado en buena medida

si prospera el desproporcionado y exce-

sivo recurso de inconstitucionalidad

2099/2003 (BOE núm. 132, de 3 de ju-

nio de 2003 y DOGC núm. 3899, de 5

de junio de 2003). En la interposición

de este recurso se efectuó, además, la in-

vocación de suspensión de vigencia de

la ley (art. 161.2 CE), a diferencia de

los otros dos recursos recientes en con-

tra de las leyes civiles catalanas 25/2001

y 19/2002; pero, con fecha de 29 de

octubre de 2003, se ha conocido la re-

solución interlocutoria del Tribunal

Constitucional en virtud de la cual se

pronuncia favorablemente por el levan-

tamiento de la suspensión de vigencia

(art. 30, 34 y 77 LOTC).

Antoni Mirambell

AUTONOMIES · 29

338

Leyes promulgadas entre enero y diciembre de 2002.

Ley 1/2002, de 11 de marzo, de tercera

modificación de la Ley 20/1985, de 25

de julio, de prevención y asistencia en

materia de sustancias que pueden gene-

rar dependencia (DOGC núm. 3598,

de 19 de marzo).

Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanis-

mo (DOGC núm. 3600, de 21 de mar-

zo; corrección de errores DOGC núm.

3642, de 24 de mayo, DOGC núm.

3677, de 15 de julio).

Ley 3/2002, de 22 de marzo, de cuar-

ta modificación de la Ley 8/1987,

municipal y de régimen local de Ca-

taluña (DOGC núm. 3605, de 28 de

marzo).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 339

Ley 4/2002, de 5 de abril, de medidas

extraordinarias para financiar, especial-

mente, las actuaciones derivadas de la

peste porcina clásica y de los efectos

de las heladas en el sector del olivo

(DOGC núm. 3614, de 12 de abril).

Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agen-

cia Catalana de Protección de Datos

(DOGC núm. 3625, de 29 de abril).

Ley 6/2002, de 25 de abril, de medidas

relativas a la conciliación del trabajo con

la vida familiar del personal de las admi-

nistraciones públicas catalanas y de mo-

dificación de los art. 96 y 97 del Decre-

to legislativo 1/1997 (DOGC núm.

3626, de 30 de abril).

Ley 7/2002, de 25 de abril, de modifica-

ción de la Ley 6/1984, de 5 de marzo,

de la Sindicatura de Cuentas, modifica-

da por la Ley 15/1991, de 4 de julio

(DOGC núm. 3627, de 2 de mayo).

Ley 8/2002, de 27 de mayo, de modifi-

cación de la Ley 37/1991, de 30 de di-

ciembre, sobre medidas de protección

de los menores desamparados y de la

adopción, y de regulación de la atención

especial a los adolescentes con conduc-

tas de alto riesgo social (DOGC núm.

3648, de 3 de junio).

Ley 9/2002, de 27 de mayo, de modifi-

cación de la Ley 15/1997, de tasas y pre-

cios públicos de la Generalidad de Cata-

luña, por la que se introduce una tasa

por la obtención y la expedición del tí-

tulo de patrón o patrona de moto náuti-

ca (DOGC núm. 3648, de 3 de junio).

Ley 10/2002, de 27 de mayo, sobre un

turno especial de promoción interna de

miembros del cuerpo auxiliar de admi-

nistración al cuerpo administrativo

(DOGC núm. 3647, de 31 de mayo).

Ley 11/2002, de 27 de mayo, de segunda

modificación de la Ley 12/1993, de 4 de

noviembre, de creación del Instituto para

el Desarrollo de las Comarcas del Ebro

(DOGC núm. 3648, de 3 de junio).

Ley 12/2002, de 14 de junio, de trans-

porte por cable (DOGC núm. 3665, de

27 de junio; corrección de errores

DOGC núm. 3682, de 22 de julio).

Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo

de Cataluña (DOGC núm. 3669, de 3

de julio; corrección de errores DOGC

núm. 3739, de 14 de octubre).

Ley 14/2002, de 27 de junio, de las cá-

maras oficiales de comercio, industria y

navegación de Cataluña (DOGC núm.

3671, de 5 de julio).

Ley 15/2002, de 27 de junio, de ordena-

ción vitivinícola (DOGC núm. 3673,

de 9 de julio; corrección de errores

DOGC núm. 3693, de 6 de agosto).

Ley 16/2002, de 28 de junio, de protec-

ción contra la contaminación acústica

(DOGC núm. 3675, de 11 de julio).

Ley 17/2002, de 5 de julio, de ordena-

ción del sistema de empleo y de creación

del Servicio de Empleo de Cataluña

(DOGC núm. 3676, de 12 de julio).

Ley 18/2002, de 5 de julio, de coopera-

tivas (DOGC núm. 3679, de 17 de ju-

lio; corrección de errores DOGC núm.

3882, de 13 de mayo de 2003).

Ley 19/2002, de 5 de julio, de derechos

reales de garantía (DOGC núm. 3679,

de 17 de julio).

Ley 20/2002, de 5 de julio, de seguridad

alimentaria (DOGC núm. 3679, de 17

de julio).

AUTONOMIES · 29

340

Ley21/2002, de 5 de julio, de séptima mo-

dificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril,

municipal y de régimen local de Cataluña

(DOGC núm. 3678, de 16 de julio).

Ley 22/2002, de 12 de julio, de cofra-

días de pescadores (DOGC núm. 3684,

de 24 de julio).

Ley 23/2002, de 18 de noviembre, de

adecuación de procedimientos adminis-

trativos en relación con el régimen de si-

lencio administrativo y el plazo de reso-

lución y notificación, y de primera

modificación de los art. 81, 82 y 83 de

la Ley 13/1989, de organización, proce-

dimiento y régimen jurídico de la Ad-

ministración de la Generalidad de Cata-

luña (DOGC núm. 3778, de 10 de

diciembre).

Ley 24/2002, de 18 de noviembre, de

creación de la especialidad de educación

social en el cuerpo de diplomados de la

Generalidad (DOGC núm. 3775, de 4

de diciembre).

Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de

medidas de apoyo al regreso de los cata-

lanes emigrados y sus descendientes, y

de segunda modificación de la Ley

18/1996 (DOGC núm. 3776, de 5 de

diciembre).

Ley 26/2002, de 28 de noviembre,

de modificación de la Ley 10/1994, de

11 de julio, de la policía de la Genera-

lidad-Mossos d’Esquadra, en relación

con la afiliación sindical de los miem-

bros del Cuerpo de Mossos d’Esqua-

dra (DOGC núm. 3776, de 5 de di-

ciembre).

Ley 27/2002, de 20 de diciembre, de

medidas legislativas para regular las em-

presas de inserción sociolaboral (DOGC

núm. 3793, de 3 de enero de 2003).

Ley 28/2002, de 30 de diciembre, de

creación del Instituto para el Desarrollo

y la Promoción del Alto Pirineo y Aran

(DOGC núm. 3801, de 16 de enero de

2003).

Ley 29/2002, de 30 de diciembre. Pri-

mera ley del Código civil de Cataluña

(DOGC núm. 3798, de 13 de enero de

2003).

Ley 30/2002, de 30 de diciembre, de

presupuestos de la Generalidad de Cata-

luña para el 2003 (DOGC núm. 3791,

de 31 de diciembre).

Ley 31/2002, de 30 de diciembre,

de medidas fiscales y administrativas

(DOGC núm. 3791, de 31 de diciem-

bre; corrección de errores DOGC núm.

3805, de 22 de enero de 2003, DOGC

núm. 3824, de 18 de febrero de 2003 y

DOGC núm. 3855, de 1 de abril de

2003).

Decreto 352/2001, de 18 de diciembre,

sobre procedimiento administrativo

aplicable a las instalaciones de energía

solar fotovoltaica conectadas a la red

eléctrica (DOGC núm. 3544, de 2 de

enero de 2002. Corrección de error en

el DOGC núm. 3548, de 8 de enero de

2002).

Una vez ejecutada la instalación, la

persona titular o explotadora de la insta-

lación fotovoltaica tendrá que presentar,

ante la Oficina de Gestión Unificada

(OGU) territorialmente competente, la

Carpeta de instalación solar fotovoltai-

ca, a efectos de obtener la condición de

instalación acogida al régimen especial,

la autorización administrativa, la autori-

zación de puesta en servicio y la inscrip-

ción en el Registro de instalaciones de

producción en régimen especial.

Decreto 354/2001, de 18 de diciembre,

de transferencia de competencias de la

Generalidad de Cataluña al Conselh

Generau dera Val d’Aran en materia de

sanidad (DOGC núm. 3544, de 2 de

enero de 2002).

Se traspasan al Conselh Generau dera

Val d’Aran las funciones que se detallan

a continuación: a) la gestión de los ser-

vicios y las prestaciones del sistema sani-

tario público en el Valle de Arán, con

sujeción a la relación de actividades que

establece el apartado segundo de este ar-

tículo; b) la gestión y ejecución de las ac-

tuaciones y los programas instituciona-

les en materia de promoción y protec-

ción de la salud, prevención de la enfer-

medad, asistencia sanitaria y sociosani-

taria, y rehabilitación en el Valle de

Arán; c) la gestión y administración de

los centros, servicios y establecimientos

de protección de la salud, y de atención

sanitaria y sociosanitaria de naturaleza

pública en el Valle de Arán; d)el estable-

cimiento, la gestión y la actualización de

acuerdos, convenios y conciertos para la

prestación, en el Valle de Arán, de los

servicios sanitarios transferidos.

Decreto 361/2001, de 18 de diciembre,

por el que se regulan el funcionamiento

y las actividades a desarrollar por las es-

taciones de inspección técnica de vehí-

culos (DOGC núm. 3544, de 2 de ene-

ro de 2002).

La inspección técnica de vehículos

(ITV) en Cataluña la podrán llevar a

cabo, mediante autorización, todas

aquellas personas individuales que, ha-

biéndola solicitado, acrediten el cumpli-

miento de los requisitos que se determi-

nan en el Reglamento de organización y

funcionamiento del servicio, anexo a

este decreto. La inspección técnica de

vehículos también podrá ser llevada a

cabo por sociedades de economía mixta,

en las que participe la Generalidad de

Cataluña, en aquellas zonas en las que

falte la actividad por parte de personas

individuales o en las que así lo aconseje

el interés público.

2.2. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

A cargo de Vicenç Aguado

Autonomies, núm. 29, noviembre de 2003, Barcelona.

Decreto 365/2001, de 24 de diciembre,

por el que se regula la segunda activi-

dad en los cuerpos penitenciarios

(DOGC núm. 3544, de 2 de enero de

2002).

Los funcionarios de los grupos de ser-

vicios penitenciarios de los cuerpos de

auxiliares técnicos, de técnicos especia-

listas y de diplomados que ocupen pues-

tos de trabajo de servicio interior y/o

área mixta, o puestos de mando de jefe

de servicio, o jefe de centro de servicio

interior, o jefe de unidad, tanto de servi-

cio interior como de área mixta, pueden

pasar a ocupar puestos de trabajo de se-

gunda actividad en los mismos servicios

penitenciarios o en otros puestos homo-

logados, de acuerdo con lo que establece

el artículo 4, adecuados a su nivel de ti-

tulación, formación y conocimientos,

con los requisitos y condiciones que se

establecen en este decreto.

Decreto 368/2001, de 18 de diciembre,

de transferencia de competencias de la

Generalidad de Cataluña al Conselh

Generau dera Val d’Aran en materia de

medio ambiente (DOGC núm. 3546,

de 4 de enero de 2002).

Se traspasa al Conselh Generau dera

Val d’Aran el ejercicio, dentro de su ám-

bito territorial, de las siguientes funcio-

nes: a) en materia de protección de la

fauna, la gestión de la fauna piscícola y

la gestión de los ecosistemas acuáticos

continentales; b) en materia de espacios

protegidos, la gestión conjunta de los

espacios del PEIN incluidos en el terri-

torio aranés que limitan con el Parque

Nacional de Aigüestortes y Estany de

Sant Maurici, c) en materia de protec-

ción de los animales, el ejercicio de las

funciones previstas por la Administra-

ción de la Generalidad de Cataluña en

la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de pro-

tección de los animales.

Se transfiere al Conselh Generau dera

Val d’Aran el ejercicio de la potestad

sancionadora en las materias siguientes:

a) pesca fluvial; b) espacios naturales; c)

protección de animales; d) perros consi-

derados potencialmente peligrosos, sin

perjuicio de las facultades de la Genera-

lidad para delegar competencias sancio-

nadoras a los ayuntamientos, de acuer-

do con lo que establece la Ley 10/1999,

de 30 de julio, sobre tenencia de perros

considerados potencialmente peligro-

sos, e) aprovechamientos forestales. Esta

competencia comprende la incoación,

instrucción y resolución de los expe-

dientes sancionadores correspondientes,

incluidas la imposición de las sanciones

y su ejecución. El Conselh Generau

dera Val d’Aran participará en los órga-

nos técnicos especializados encargados

de formular las propuestas de resolución

y realizar los informes que corresponden

a la Administración de la Generalidad

de Cataluña en los supuestos de autori-

zación y licencia ambientales, previstos

por la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de

la intervención integral de la adminis-

tración ambiental.

Decreto 21/2002, de 22 de enero, sobre

el régimen electoral de las cámaras ofi-

ciales de Comercio, Industria y Navega-

ción de Cataluña (DOGC núm. 3568,

de 5 de febrero).

A lo largo de los diez capítulos, se re-

gula el procedimiento electoral de los

órganos de gobierno de las cámaras ofi-

ciales de Comercio, Industria y Nave-

gación de Cataluña y la forma de provi-

sión de las vacantes que posteriormente

puedan producirse. El capítulo I fija el

derecho electoral, define los sujetos de

este derecho y su ejercicio, así como los

requisitos que se deben reunir para ser

elegibles por sufragio de los/las electo-

res/as, previendo que el sujeto del dere-

AUTONOMIES · 29

342

cho desarrolle la actividad económica

en diversas demarcaciones camerales o en

diversos grupos y regulando su posible

elección en más de una demarcación o

grupo. El capítulo II se refiere a la aper-

tura del proceso electoral a través del

inicio del proceso de actualización del

censo electoral, que se ha estructurar se-

gún lo que dispone el artículo 8 de la

Ley 3/1993. Se dispone la obligatorie-

dad de exposición pública del censo, así

como el procedimiento de reclamacio-

nes. El capítulo III regula los requisitos

de información y de la publicidad gene-

ral que hay que dar a la convocatoria de

elecciones, así como la información

que debe constar en la mencionada

convocatoria. Se prevé un término mí-

nimo de 50 días entre la convocatoria y

la fecha de las elecciones. El capítulo

IV regula la constitución, la composi-

ción y el funcionamiento de las juntas

electorales.

Decreto 22/2002, de 22 de enero, de es-

tablecimiento y mejora de las medidas

para la gestión de los recursos hídricos

(DOGC núm. 3568, de 5 de febrero),

modificado por el Decreto 114/2002,

de 2 de abril (DOGC núm. 3616, de 16

de abril), y por el Decreto 153/2002, de

28 de mayo (DOGC núm. 3652, de 7

de junio).

El decreto establece, entre otros parti-

culares, el régimen de dotaciones a deri-

var de los embalses más gravemente

afectados o la reutilización de aguas de-

puradas para el riego agrícola, y habilita

a la Administración Hidráulica de Ca-

taluña para adoptar medidas excepcio-

nales en casos concretos, mediante la

intensificación de sus facultades de in-

tervención y control de los aprovecha-

mientos hidráulicos, y de los vertidos, y

el establecimiento de las condiciones

para que, a solicitud de las entidades lo-

cales interesadas, se puedan alcanzar

unas dotaciones mínimas de agua para

usos domésticos, destinando, al efecto,

aguas concedidas para otros usos. Ade-

más, el decreto declara que no generan

derecho a indemnización, salvo las ex-

cepciones que expresamente en él se

prevén, las medidas orientadas al ahorro

del agua disponible y a la optimización

de su utilización, dado que tienen por

objeto canalizar el esfuerzo común para

hacer frente a la situación de sequía, y

que se produce una modificación en los

supuestos determinantes del otorga-

miento de las concesiones, que permite

su revisión, de acuerdo con el artículo

65.1.adel Real decreto legislativo

1/2001, de 20 de julio, por el que se

aprueba el Texto refundido de la Ley de

aguas, revisión que no otorga al conce-

sionario derecho a ser indemnizado. La

modificación primera del decreto esta-

blece una serie de medidas, con rela-

ción al riego de campos de golf, para

asegurar los usos prioritarios, como el

doméstico. La segunda modificación

del decreto se acompañada de un con-

junto de actuaciones de la Agencia Ca-

talana del Agua, tendentes a que haya

la cantidad de agua disponible para el

riego agrícola que prevé el Decreto

22/2002, de 22 de enero.

Decreto 23/2002, de 22 de enero, por el

que se desarrolla el procedimiento para

la obtención de licencias para el ejerci-

cio de la publicidad dinámica y los re-

quisitos para su ejercicio, y se regula la

capacidad sancionadora en esta materia

(DOGC núm. 3568, de 5 de febrero),

modificado parcialmente por el Decreto

249/2002, de 22 de octubre (DOGC

núm. 3752, de 31 de octubre).

Este decreto establece los requisitos

para la obtención de licencias para el

ejercicio de la publicidad dinámica;

ACTIVIDAD NORMATIVA... 343

contempla aspectos concretos de dos

modalidades de publicidad dinámica, la

realizada mediante el uso de vehículos y

el reparto domiciliario de publicidad,

que, por sus particularidades, requieren

un tratamiento específico, y determina

los órganos competentes para la imposi-

ción de sanciones y la adopción de me-

didas cautelares con respecto a las in-

fraccions que prevé la ley.

Decreto 29/2002, de 5 de febrero, por el

que se regula la Comisión de Gobierno

Local de Cataluña (DOGC núm. 3573,

de 12 de febrero).

La Comisión de Gobierno Local de

Cataluña es el órgano permanente de co-

laboración entre la Administración de la

Generalidad y los entes locales, y está

adscrita, orgánica y funcionalmente, al

Departamento de Gobernación y Rela-

ciones Institucionales.

Decreto 31/2002, de 5 de febrero, por el

que se establece el régimen de admisión

de alumnado a los centros docentes pú-

blicos, concertados o sufragados con

fondos públicos (DOGC núm. 3573,

de 12 de febrero).

Este decreto regula los procesos de

admisión de alumnos en las enseñanzas

de régimen general de educación infan-

til, educación primaria, educación se-

cundaria obligatoria, bachillerato y

ciclos formativos de formación profe-

sional, así como los de régimen especial

de los ciclos formativos de artes plásticas

y diseño, de conservatorios de música y

danza, y de idiomas en las escuelas ofi-

ciales, o de otros, de régimen especial,

sufragados con fondos públicos.

Decreto 40/2002, de 5 de febrero, por

el que se modifica el Decreto 48/1994,

de 8 de febrero, sobre atribución de

competencias relativas al régimen san-

cionador en materia de transporte fe-

rroviario (DOGC núm. 3576, de 15

de febrero).

Se atribuyen a Ferrocarriles de la Ge-

neralidad de Cataluña las facultades de

instrucción de los expedientes sanciona-

dores, por infracciones de las personas

usuarias, que sean incoados en los tér-

minos previstos en los artículos 292 y

293 del Reglamento de la Ley de orde-

namiento de los transportes terrestres,

aprobado por el Real decreto 1211/

1990, de 28 de septiembre, en las líneas

cuya explotación tiene encargada.

Decreto 57/2002, de 19 de febrero, de

modificación del Decreto 257/1997,

de 30 de septiembre, por el que se aprue-

ba el Reglamento de los servicios jurídi-

cos de la Administración de la Generali-

dad de Cataluña (DOGC núm. 3584,

de 27 de febrero).

El texto introduce varias modificacio-

nes de carácter organizativo. También

habilita a las unidades centrales del Ga-

binete Jurídico de la Generalidad para

crear plazas de letrados, las cuales se pro-

veerán con funcionarios del grupo A de

la escala general de administración, li-

cenciados en derecho, y establece las co-

rrecciones necesarias en la composición

del tribunal que la jurisprudencia cons-

titucional hace aconsejables.

Decreto 59/2002, de 19 de febrero, de

aprobación del Plan único de obras y ser-

vicios de Cataluña, año 2002 (DOGC

núm. 3584, de 27 de febrero).

Se aprueba el plan con los programas

siguientes: a) Programa general; b) Pro-

grama específico de acción territorial; c)

Programa específico de núcleos agrega-

dos; d) Programa específico de coopera-

ción municipal de la Diputación de Gi-

rona; e) Programa específico de la

Diputación de Lleida; f)Programa es-

pecífico de acción municipal de la Di-

putación de Tarragona; g) Programa es-

AUTONOMIES · 29

344

pecífico de los consejos comarcales del

ámbito territorial de Girona, h) Progra-

ma específico de los consejos comarcales

de El Segrià y El Solsonès.

Decreto 73/2002, de 19 de febrero, por

el que se regula la indicación de los pre-

cios de los productos ofrecidos a con-

sumidores y usuarios (DOGC núm.

3593, de 12 de marzo. Corrección de

errores en el DOGC núm. 3628, de 3

de mayo).

El decreto tiene por objeto regular la

indicación del precio de venta y del pre-

cio por unidad de medida de los pro-

ductos que las personas que se dedican

al comercio ofrecen a la población con-

sumidora y usuaria, a fin de que este úl-

timo colectivo esté informado de los

precios y pueda hacer una comparación

entre ellos. El contenido del decreto

afecta a las personas que se dedican al

comercio, en el ámbito interior de Cata-

luña, y ofrecen productos, en estableci-

mientos comerciales, a la población

consumidora y usuaria. Quedan exclui-

dos del ámbito de aplicación de esta dis-

posición: a) los productos suministra-

dos con ocasión de una prestación de

servicios; b) las ventas en subastas públi-

cas, c) las antigüedades y obras de arte.

Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Re-

glamento de protección del patrimonio

arqueológico y paleontológico (DOGC

núm. 3594, de 13 de marzo).

En el capítulo preliminar, se regulan

el ámbito de aplicación y la inspección.

El capítulo 1 regula las intervenciones

arqueológicas y paleontológicas, estén o

no integradas en un proyecto de investi-

gación, y distingue, en estas últimas, las

intervenciones preventivas y las de ur-

gencia. El capítulo 2 regula el trata-

miento de los restos arqueológicos o pa-

leontológicos, centrándose, por un lado,

en el depósito de los restos extraídos y,

por otro, en el tratamiento de los restos

no extraídos, que puede consistir en la

conservación in situ, en el traslado o, en

último extremo, en la eliminación, pre-

servando, en todo caso, los valores cul-

turales. Finalmente, el capítulo 3 regula

el control que ha de llevar a cabo el De-

partamento de Cultura de las actuacio-

nes que puedan afectar al patrimonio

arqueológico, incluidas las grandes

obras públicas, que deben ser sometidas

a un proceso de evaluación de su impac-

to ambiental.

Decreto 80/2002, de 19 de febrero, re-

gulador de las condiciones para la inci-

neración de residuos (DOGC núm.

3594, de 13 de marzo).

Este decreto regula los aspectos relati-

vos a los sistemas de recuperación de

energía de los que han de disponer las

instalaciones de incineración de resi-

duos y fija su rendimiento energético

mínimo; establece los requerimientos

aplicables a la gestión de las cenizas re-

sultantes del proceso de incineración, y

determina los valores límite de emisión

a la atmósfera de metales pesados, dioxi-

nas y furanos para este tipo de instala-

ciones.

Decreto 83/2002, de 5 de marzo, por el

que se regulan los requisitos y condiciones

para la participación de las asociaciones

de protección y defensa de animales en

el procedimiento sancionador (DOGC

núm. 3595, de 14 de marzo).

Las asociaciones de protección y de-

fensa de animales inscritas en el Registro

de asociaciones de protección y defen-

sa de animales previsto en el artículo

39.2 de la Ley 3/1988, de 4 de marzo,

de protección de animales, tienen la

consideración de interesadas en los pro-

cedimientos sancionadores establecidos

por esta ley en los casos en que hayan

formulado la correspondiente denuncia o

ACTIVIDAD NORMATIVA... 345

hayan formalizado su comparecencia en

el expediente sancionador.

Decreto 84/2002, de 5 de febrero, de

constitución del Consorcio de Educa-

ción de Barcelona (DOGC núm. 3595,

de 14 de marzo).

El Consorcio de Educación de Barce-

lona es un ente público de carácter aso-

ciativo, creado por el artículo 61.7 de la

Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la

Carta municipal de Barcelona, integra-

do por la Generalidad de Cataluña y el

Ayuntamiento de Barcelona, para la

gestión conjunta de las funciones, acti-

vidades y servicios en materia educativa

establecidos en los artículos 123 y 124

de la mencionada ley.

Decreto 92/2002, de 5 de marzo, por el

que se establecen la tipología y las con-

diciones funcionales de los centros y ser-

vicios sociosanitarios y se fijan las nor-

mas para su autorización (DOGC núm.

3597, de 18 de marzo).

Todos los centros y servicios socio-

sanitarios quedan sujetos a: a) la auto-

rización administrativa previa para su

creación, ampliación, modificación,

traslado o cierre, de acuerdo con la nor-

mativa que se dicte; b) la comprobación

de que, previamente a su apertura o

puesta en funcionamiento, cumplen las

condiciones y requisitos establecidos,

cumplimiento que se certificará me-

diante la correspondiente acta de ins-

pección; c) el registro y la catalogación;

d) la elaboración y comunicación de las

informaciones y estadísticas que se soli-

citen en la Administración sociosanita-

ria, las cuales han de incorporar la pers-

pectiva de género; e) el cumplimiento

de las obligaciones derivadas del princi-

pio de solidaridad e integración sanita-

ria en casos de emergencia o de peligro

para la salud pública, f)el control y la

inspección del cumplimiento de los re-

quisitos establecidos en el presente ar-

tículo, así como la sanción por las in-

fracciones de la normativa vigente apli-

cable en cada caso.

Decreto 97/2002, de 5 de marzo, sobre

la tarjeta de aparcamiento para las per-

sonas con disminución y otras medidas

dirigidas a facilitar el desplazamiento de

las personas con movilidad reducida

(DOGC núm. 3602, de 25 de marzo).

Este decreto tiene por objeto la regu-

lación de un conjunto de medidas diri-

gidas a facilitar y mejorar el desplaza-

miento de las personas con movilidad

reducida, así como la regulación de las

modalidades de la tarjeta de aparca-

miento para las personas con disminu-

ción, a fin de facilitar su circulación, au-

tonomía personal e integración social y

profesional.

Decreto 122/2002, de 16 de abril, por el

que se desarrollan algunos aspectos del

Reglamento del registro de instaladores

de telecomunicaciones de Cataluña, se

modifican algunos preceptos del mismo y

se fijan modelos de documentos (DOGC

núm. 3626, de 30 de abril).

Constituye el objeto de este decreto:

a) determinar los medios técnicos apro-

piados de que han de disponer las em-

presas que soliciten su inscripción en el

Registro de instaladores de telecomuni-

caciones de Cataluña; b) fijar el modelo

de proyecto técnico que ha de preceder

a la instalación de una infraestructura

común de telecomunicaciones en los

edificios para la captación, adaptación y

distribución de las señales de radiodifu-

sión, televisión y otros servicios de datos

asociados procedentes de emisiones te-

rrestres y vía satélite, así como para el ac-

ceso al servicio de telecomunicaciones

por cable; c) fijar el modelo de instancia

para participar en la prueba específica

que permite la inscripción en el Registro

AUTONOMIES · 29

346

de instaladores, d) aprobar el temario

que ha de regir en la prueba señalada en

el apartado anterior.

Decreto 123/2002, de 16 de abril, por

el que se establece la ordenación general

de los programas de garantía social en

Cataluña (DOGC núm. 3627, de 2 de

mayo).

Los programas de garantía social son

acciones formativas que realiza o autori-

za el Departamento de Enseñanza con la

finalidad de proporcionar a los jóvenes

que acaban la educación secundaria

obligatoria sin alcanzar sus objetivos

una formación básica y profesional que

les permita incorporarse a la vida activa

o proseguir sus estudios en las diferentes

enseñanzas regladas y, especialmente, en

la formación profesional específica de

grado medio.

Decreto 128/2002, de 30 de abril, sobre

la publicidad de las relaciones de pues-

tos de trabajo en la Administración de la

Generalitat (DOGC núm. 3636, de 15

de mayo).

El Departamento de Gobernación y

Relaciones Institucionales y el Departa-

mento de Sanidad y Seguridad Social

harán públicas, trimestralmente, en la

página de Internet correspondiente de

la Generalidad de Cataluña, las modifi-

caciones de las relaciones de puestos de

trabajo que apruebe el Gobierno o el ór-

gano en el que haya delegado. Asimis-

mo, se publicará, anualmente, en el

Diario Oficial de la Generalidad de Ca-

taluña, la relación íntegra de puestos de

trabajo, actualizada con las modificacio-

nes que se hayan producido durante el

año inmediatamente anterior.

Decreto 139/2002, de 14 de mayo, por

el que se aprueba el Reglamento de la

Ley 1/2001, de 15 de marzo, de media-

ción familiar de Cataluña (DOGC

núm. 3641, de 23 de mayo. Corrección

de errores en el DOGC núm. 3867, de

17 de abril de 2003).

El Reglamento consta de veintitrés

artículos, estructurados en siete capítu-

los, una disposición adicional, dos dis-

posiciones transitorias y una disposi-

ción final. El capítulo I regula el

Registro de personas mediadoras del

Centro de Mediación Familiar de Cata-

luña y los registros de los colegios pro-

fesionales; el capítulo II trata de las per-

sonas mediadoras; el capítulo III detalla

las solicitudes para acceder a la media-

ción; el capítulo IV regula el desarrollo

de la mediación; el capítulo V contiene

disposiciones relativas a la retribución

de las personas mediadoras; el capítulo

VI contiene las normas deontológicas

que han de regir la conducta de las per-

sonas mediadoras, y el capítulo VII re-

coge el Registro especial de quejas y de-

nuncias.

Decreto 151/2002, de 28 de mayo, por

el que se aprueba la modificación de de-

terminados artículos de los estatutos del

Consorcio autonómico para la coordi-

nación del sistema metropolitano del

transporte público del área de Barcelo-

na, Autoridad del Transporte Metropo-

litano, y se dispone la publicación del

texto íntegro de los estatutos (DOGC

núm. 3652, de 7 de junio de 2002).

Se introducen cambios a fin de in-

cluir la representación en los órganos de

gobierno del Consorcio de los munici-

pios de las comarcas de El Alt Penedès,

El Baix Llobregat, El Barcelonès, El Ga-

rraf, El Maresme, El Vallès Occidental y

El Vallès Oriental, que no forman parte

de la Entidad Metropolitana del Trans-

porte.

Decreto 152/2002, de 28 de mayo, por

el que se establecen las condiciones hi-

giénico-sanitarias para la prevención y

ACTIVIDAD NORMATIVA... 347

el control de la legionelosis (DOGC

núm. 3652, de 7 de junio).

Este decreto se dicta en el ejercicio de

las competencias atribuidas a la Genera-

lidad de Cataluña en materia de higiene

y sanidad interior, e industria y medio

ambiente, de acuerdo con los artículos

9.11, 10.1.6, 12.1.2 y 17 del Estatuto de

autonomía. Tiene por objeto la preven-

ción y el control de la legionelosis me-

diante la adopción de medidas higiéni-

co-sanitarias en aquellas instalaciones

que puedan presentar un riesgo asociado

a la aparición de casos de legionelosis.

Decreto 157/2002, de 11 de junio, por

el que se establece el régimen de las vi-

viendas de protección oficial, se deter-

minan las ayudas públicas en materia de

vivienda a cargo de la Generalidad de

Cataluña y se regula la gestión de las

ayudas previstas en el Real decreto

1/2002, de 11 de enero, sobre medidas

de financiación de actuaciones protegi-

das en materia de vivienda y suelo

(DOGC núm. 3658, de 17 de junio).

En primer lugar, el decreto define qué

son las viviendas de protección oficial y

establece su régimen jurídico, así como

las condiciones de acceso y uso. Asimis-

mo, determina los ingresos familiares,

ponderados según el número de miem-

bros de la unidad familiar y la ubicación

de la vivienda, a fin de favorecer a las fa-

milias con más hijos o que viven en mu-

nicipios donde el coste de vida es más

elevado. También se fijan los precios

máximos de venta y renta de las vivien-

das de acuerdo con su ubicación en de-

terminadas áreas geográficas, y se esta-

blecen tres grupos de los llamados

municipios singulares, que, por sus ca-

racterísticas, tienen unos precios más

elevados. Además, el decreto regula

igualmente la gestión de las ayudas pre-

vistas en el Real decreto 1/2002, de 11 de

enero, para la promoción, adquisición

y rehabilitación de viviendas y para la

urbanización del suelo, al efecto de des-

tinarlo preferentemente a la promoción

de viviendas de protección oficial. Se

regula una subvención para los promo-

tores de viviendas de protección ofi-

cial de régimen especial, a fin de fomen-

tar la promoción y a tenor de los precios

máximos de venta establecidos para es-

tas viviendas. También, con una sub-

vención al promotor, se quiere fomentar

la introducción de parámetros de soste-

nibilidad en la construcción de vivien-

das de protección oficial. En relación

con la rehabilitación, se establecen ayu-

das específicas para viviendas que pue-

dan ser destinadas a alquiler, con la fina-

lidad de provocar su salida al mercado,

así como para la rehabilitación de vi-

viendas de alquiler con contratos sujetos

a prórroga forzosa. Asimismo, se com-

plementan las ayudas para la rehabilita-

ción de viviendas situadas en comarcas y

zonas de montaña. Para facilitar la acce-

sibilidad a las viviendas, se crea una ayu-

da para financiar las actuaciones de ins-

talación de ascensores y también se

prevé la financiación de actuaciones es-

pecíficas de rehabilitación. Dada la im-

portancia del mantenimiento de los edi-

ficios, se hace extensivo el programa

para la revisión del estado de conserva-

ción de los edificios de viviendas a los

edificios construidos con anterioridad al

año 1970 y, en esta misma línea, igual-

mente se prevé la continuidad del pro-

grama de rehabilitación de edificios de

viviendas afectados por patologías es-

tructurales en aquellos grupos en que se

declaró su excepcionalidad.

Decreto 161/2002, de 11 de junio, sobre

la acreditación del conocimiento del ca-

talán y del aranés en los procesos de se-

lección de personal y provisión de pues-

AUTONOMIES · 29

348

tos de trabajo de las administraciones

públicas de Cataluña (DOGC núm.

3660, de 19 de junio. Corrección de

error en el DOGC núm. 3693, de 6 de

agosto).

Las principales novedades introduci-

das por este decreto en la normativa

precedente son: a) el nivel de conoci-

miento del catalán que es necesario

acreditar para cada puesto de trabajo

queda determinado, con carácter gene-

ral, de acuerdo con los grupos de titula-

ción previstos en la legislación sobre

función pública y la normativa laboral

que sea aplicable; b) la manera básica de

justificar el mencionado conocimiento

es haberlo acreditado en la enseñanza

obligatoria, lo cual resulta de la certifi-

cación de que se ha cursado de manera

oficial, en Cataluña, la materia de len-

gua catalana de la enseñanza obligatoria

y se ha obtenido el título que corres-

ponde a partir de 1992, expedido por

cualquier instituto de educación secun-

daria público en la forma que determina

la Dirección General de Ordenación e

Innovación Educativa. También se po-

drá acreditar, en cualquier caso, por me-

dio de los certificados de referencia de la

Dirección General de Política Lingüísti-

ca o de los títulos, diplomas y certifica-

dos que son considerados equivalentes

por orden del consejero o la consejera de

Cultura de acuerdo con el Decreto

152/2001, de 29 de mayo, sobre evalua-

ción y certificación de conocimientos de

catalán. La prueba de catalán será un

medio supletorio para cuando no se esté

en posesión de los mencionados certifi-

cados, aunque se establecen múltiples

casos de exención que facilitan el acceso

de la ciudadanía a la función pública; c)

se exime de la prueba de catalán al per-

sonal que acredite haberla superado

para acceder a otro puesto en la misma

administración; d) de acuerdo con el

nuevo sistema de certificados de cata-

lán, se gradúa cuidadosamente el nivel

de conocimiento de catalán, por parte

del personal, que resulta adecuado, en

cada caso, a sus funciones, e) se establece

una equivalencia entre los títulos de la

enseñanza reglada no universitaria y los

certificados que regula el Decreto 152/

2001, de 29 de mayo, sobre evaluación

y certificación de conocimientos de ca-

talán. El decreto también hace referen-

cia al conocimiento del aranés, de acuer-

do con la Ley 16/1990, de 13 de julio,

sobre régimen especial del Valle de

Arán, y en lo que se refiere al personal al

servicio de las entidades locales, con el

artículo 294.2 de la Ley 8/1987, de 15

de abril, municipal y de régimen local

de Cataluña, de acuerdo con la redac-

ción dada por el apartado 2 de la dispo-

sición final primera de la Ley 1/1998,

de 7 de enero, de política lingüística.

Decreto 162/2002, de 28 de mayo, de

modificación del Decreto 107/1987, de

13 de marzo, por el que se regula el uso de

las lenguas oficiales por parte de la Admi-

nistración de la Generalidad de Cataluña,

al objeto de promover el uso de un len-

guaje simplificado y no discriminatorio, y

de la terminología catalana normalizada

(DOGC núm. 3660, de 19 de junio).

En el uso de las lenguas oficiales, la

Administración de la Generalitat ha de

emplear, con corrección, un lenguaje

directo y simplificado, y evitar el uso de

formas discriminatorias y androcéntri-

cas. En el uso del catalán, la Adminis-

tración de la Generalitat debe utilizar

los términos normalizados por el Cen-

tro de Terminología Termcat para de-

signar, en esta lengua, los conceptos a

que se refieren.

Decreto 163/2002, de 11 de junio, por

el que se regula la actividad de evalua-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 349

ción integral ambulatoria en geriatría,

curas paliativas y trastornos cognitivos

que puede contratar el Servicio Catalán

de la Salud (DOGC núm. 3660, de 19

de junio).

La norma permite la contratación de

esta actividad de evaluación integral

ambulatoria en geriatría, curas paliativas

y trastornos cognitivos.

Decreto 166/2002, de 11 de junio, por

el que se aprueba la tabla de vigencia de

las disposiciones afectadas por la Ley

2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo

(DOGC núm. 3660, de 19 de junio).

En el anexo consta la relación de los

preceptos de las leyes de Cataluña y de

las disposiciones generales dictadas por

el Gobierno y por el consejero de Políti-

ca Territorial y Obras Públicas que sub-

sisten por el hecho de no haber sido de-

rogados por la Ley de Cataluña 2/2002,

de 14 de marzo, de urbanismo, sin per-

juicio de las modificaciones que ésta in-

troduce. Con carácter general, las dispo-

siciones y preceptos que aparecen

relacionados se han de entender modifi-

cados en los siguientes términos: a) las

referencias al Plan general de ordena-

ción urbana, a las Normas subsidiarias

de planeamiento y al Proyecto de deli-

mitación del suelo urbano se han de

considerar realizadas al Plan de ordena-

ción urbanística municipal; b) las comi-

siones de urbanismo se han de conside-

rar comisiones territoriales de urbanismo;

c) las referencias a los plazos de tramita-

ción se han de considerar modificadas

por los términos que establece la Ley de

urbanismo; d) las referencias a los siste-

mas de actuación por compensación y

cooperación se han de considerar reali-

zadas a las modalidades de compensa-

ción y cooperación del sistema de repar-

celación; e) las referencias al Proyecto de

compensación se han de considerar rea-

lizadas al Proyecto de reparcelación; f)

las competencias de los órganos que se

mencionan son las atribuidas por la

Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urba-

nismo, g) las referencias a normativa

diversa se han de considerar realizadas

a los correspondientes preceptos de la

Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urba-

nismo.

Decreto 167/2002, de 11 de junio, por

el que se regula la contratación de profe-

sionales como profesorado especialista

en centros públicos de enseñanza no

universitaria dependientes del Departa-

mento de Enseñanza (DOGC núm.

3660, de 19 de junio).

Se pueden contratar, como profesora-

do especialista para impartir las ense-

ñanzas de formación profesional especí-

fica, profesionales que lleven a cabo su

actividad en el ámbito laboral público o

privado y que, por su experiencia profe-

sional, tengan competencia adquirida

en las áreas o materias que lo requieran.

Se entiende por desarrollo de actividad

profesional el ejercicio de una activi-

dad profesional habitual remunerada

durante un periodo mínimo de dos

años seguidos e inmediatamente ante-

riores a su contratación como profesor

especialista.

Decreto 168/2002, de 11 de junio, por

el que se aprueban los estatutos de la

Agencia de Gestión de Ayudas Universi-

tarias y de Investigación (DOGC núm.

3660, de 19 de junio).

La Agencia de Gestión de Ayudas

Universitarias y de Investigación, creada

por la Ley 7/2001, de 31 de mayo, es

una entidad de derecho público de la

Generalidad de Cataluña que ajusta su

actividad al derecho privado, con perso-

nalidad jurídica propia, plena capacidad

de obrar y patrimonio propio para el

cumplimiento de sus funciones.

AUTONOMIES · 29

350

Decreto 170/2002, de 11 de junio, sobre

medidas en materia de perros considera-

dos potencialmente peligrosos (DOGC

núm. 3663, de 25 de junio).

Es objeto de este decreto dictar nor-

mas relativas al régimen jurídico de la

tenencia de perros potencialmente pe-

ligrosos, a fin de posibilitar la aplica-

ción del Real decreto 287/2002, de 22

de marzo, por el cual se desarrolla la

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, so-

bre el régimen jurídico de la tenencia

de animales potencialmente peligrosos.

Igualmente, las normas de este decreto

afectan a las personas que conducen

perros potencialmente peligrosos por

espacios públicos. Se determina los pe-

rros potencialmente peligrosos. En este

punto, corresponde a los ayuntamien-

tos determinar la potencial peligrosi-

dad de los perros que manifiesten un

carácter marcadamente agresivo o que

hayan protagonizado agresiones a per-

sonas u otros animales. Su potencial

peligrosidad deberá determinarse aten-

diendo a criterios objetivos, bien de

oficio o después de una notificación o

denuncia, con el informe previo de

un/una veterinario/a habilitado/a para

esta labor. Se regula la licencia para la

tenencia y conducción de perros po-

tencialmente peligrosos. Se establece la

identificación mediante microchip, así

como medidas de seguridad. También

se establecen disposiciones respecto

del registro.

Decreto 172/2002, de 11 de junio, de

aprobación de los estatutos del Servicio

Meteorológico de Cataluña (DOGC

núm. 3663, de 25 de junio).

El Servicio Meteorológico de Cataluña

tiene naturaleza de entidad de derecho

público de la Generalidad, con persona-

lidad jurídica propia y plena capacidad

para el cumplimiento de sus funciones,

que se regula por la Ley 15/2001, de 14

de noviembre, de meteorología, y la Ley

4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de

la empresa pública catalana. La actua-

ción del Servicio Meteorológico de Ca-

taluña se ajusta, con carácter general, al

derecho privado. No obstante, quedan

sometidos al derecho público los actos

previstos en el artículo 5.2 de la Ley

15/2001, de 14 de noviembre, de me-

teorología.

Decreto 174/2002, de 11 de junio, regu-

lador de la implantación de la energia

eólica en Cataluña (DOGC núm.

3664, de 26 de junio).

Esta norma integra la autorización, a

la que están sometidos los parques eóli-

cos en su condición de instalaciones

energéticas, que otorga el Departamen-

to de Industria, Comercio y Turismo,

con la autorización y las actuaciones,

correspondientes al Departamento de

Medio Ambiente, que es necesario lle-

var a cabo en materia ambiental. Cabe

destacar la aprobación de un mapa

de implantación de la energía eólica, de

acuerdo con el artículo 6 de este decre-

to, en el que se zonifica el territorio de

Cataluña según su idoneidad o no, des-

de el punto de vista ambiental, para la

instalación de parques eólicos. Este

mapa tiene naturaleza jurídica de Plan

territorial sectorial al haberse trami-

tado de acuerdo con lo que disponen

el artículo 17 y siguientes de la Ley

23/1983, de 21 de noviembre, de políti-

ca territorial. También se contempla la

creación de una base de datos de vul-

nerabilidad eólica que ha de servir a las

administraciones en sus actuaciones de

intervención administrativa, así como,

con carácter previo, a todas las personas

interesadas, para conocer los condicio-

nantes del territorio con vistas a esta ac-

tividad.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 351

Decreto 175/2002, de 25 de junio, por

el que se regula el Registro de volunta-

des anticipadas (DOGC núm. 3665, de

27 de junio).

Se crea el Registro de voluntades anti-

cipadas, adscrito a la Dirección General

de Recursos Sanitarios del Departamen-

to de Sanidad y Seguridad Social, en el

cual, a solicitud de la persona otorgante,

se inscriben los documentos de volunta-

des anticipadas, independientemente de

que se hayan emitido ante notario o no-

taria o testigos.

Decreto 186/2002, de 25 de junio, por

el que se modifica parcialmente el De-

creto 269/1998, de 21 de octubre, del

régimen jurídico de concesiones para la

prestación del servicio de radiodifusión

sonora en ondas métricas con modula-

ción de frecuencia para emisoras comer-

ciales (DOGC núm. 3670, de 4 de

julio).

Decreto 200/2002, de 23 de julio, por el

que se regula la señalización de las limi-

taciones en la venta de bebidas alcohóli-

cas (DOGC núm. 3687, de 29 de ju-

lio).

Se adecuan los mensajes y el formato

que deben tener los rótulos de adverten-

cia de las limitaciones en la venta y su-

ministro de bebidas alcohólicas.

Decreto 201/2002, de 23 de julio, de

modificación del Decreto 253/1993, de

8 de octubre, por el que se establece el

procedimiento de autorización y régi-

men jurídico de los botiquines (DOGC

núm. 3687, de 29 de julio).

Por un lado, se reducen les distancias

a exigir con respecto a la oficina de far-

macia o botiquín más próximos para

autorizar su instalación y, por otro, se

adecuan los procedimientos de autori-

zación de estos centros de manera que se

puedan valorar las necesidades de asis-

tencia farmacéutica de la población a la

que han de prestar servicio. Así, las enti-

dades locales que soliciten un botiquín

deben presentar un informe en el que se

detallen las necesidades de la población

y los farmacéuticos y farmacéuticas soli-

citantes han de indicar el horario de

atención al público y la cartera de servi-

cios que prestará el botiquín. Cuando

los órganos de gobierno del municipio o

de la comarca solicitante designen el lo-

cal, deberán hacer constar las condicio-

nes en que será objeto de cesión al far-

macéutico o a la farmacéutica que resulte

titular del botiquín; también, en el mo-

mento de valorar los méritos entre los

farmacéuticos y farmacéuticas que soli-

citen ser titulares del botiquín, se añade

una nueva circunstancia a tener en

cuenta: un horario más extenso de aten-

ción al público del botiquín.

Decreto 203/2002, de 23 de julio, de

regulación de la comunicación a la Ge-

neralidad de las exhibiciones y subas-

tas públicas ocasionales de objetos de

joyería, platería, antigüedades y obras

de arte (DOGC núm. 3690, de 1 de

agosto).

Este decreto tiene por objeto estable-

cer el procedimiento a través del cual las

personas o entidades organizadoras de

carácter privado comunicarán las exhi-

biciones o subastas públicas de joyería,

platería, antigüedades u obras de arte en

locales o establecimientos no dedicados

habitualmente a estas actividades. Igual-

mente, tiene por objeto facilitar que las

personas titulares de las delegaciones te-

rritoriales del Gobierno de la Generali-

dad puedan adoptar medidas de vigilan-

cia y seguridad, si procede.

Decreto 210/2002, de 23 de julio, de

transferencia a los municipios del perso-

nal de la Administración de la Generali-

dad que presta servicio en bibliotecas

AUTONOMIES · 29

352

públicas (DOGC núm. 3694, de 7 de

agosto).

Se traspasa el personal a los ayunta-

mientos, de acuerdo con la legislación

vigente que establece que corresponde a

los municipios prestar el servicio de lec-

tura pública.

Decreto 215/2002, de 1 de agosto, de

modificación del Decreto 74/1997, de

18 de marzo, y de aprobación de los es-

tatutos del Consorcio Sanitario de Bar-

celona (DOGC núm. 3694, de 7 de

agosto).

El Consorcio Sanitario de Barcelona

es un ente público de carácter asociati-

vo, constituido por la Generalidad de

Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelo-

na. El consorcio queda adscrito funcio-

nalmente al Servicio Catalán de la Sa-

lud, en virtud de lo que establece la

disposición adicional decimocuarta de

la Ley 15/1990, de 9 de julio, de orde-

nación sanitaria de Cataluña, según la

redacción dada por la Ley 11/1995, de

29 de septiembre.

Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el

que se regulan los locales de pública

concurrencia en los que se ejerce la pros-

titución (DOGC núm. 3695, de 8 de

agosto).

Este decreto tiene por objeto estable-

cer los requisitos y condiciones que han

de reunir los locales de pública concu-

rrencia en los que se ejerce la prostitu-

ción, así como los reservados anexos

donde se desarrolla la prestación de ser-

vicios de naturaleza sexual, y establecer

las limitaciones y prohibiciones inhe-

rentes a estos tipos de establecimientos.

A efectos de este decreto, se considera

prestación de servicios de naturaleza se-

xual la actividad ejercida, de manera li-

bre e independiente, por el prestador o

prestadora del servicio con otras perso-

nas, a cambio de una contraprestación

económica, y bajo su propia responsabi-

lidad, sin que haya ningún víncu-lo de

subordinación por lo que respecta a la

elección de la actividad, llevada a cabo

en reservados anexos a las dependencias

principales de determinados locales de

pública concurrencia. Se regulan los re-

quisitos de los reservados anexos, las

condiciones de ubicación de los lo-

cales, las prohibiciones, la publicidad de

la prohibición de acceso, el control

de acceso, los servicios de vigilancia, los

servicios sanitarios, los horarios, el segu-

ro, el otorgamiento de licencias, las ins-

pecciones y el régimen sancionador, de

acuerdo con la Ley de policía de espec-

táculos.

Decreto 218/2002, de 23 de julio, de

los peritos y peritas de seguros, de los

comisarios y comisarias de averías,

y de los liquidadores y liquidadoras

de averías (DOGC núm. 3699, de 14 de

agosto).

Constituye el objeto de este decreto

establecer las condiciones para la incor-

poración y el ejercicio, como peritos y

peritas de seguros, comisarios y comisa-

rias de averías, y liquidadores y liquida-

doras de averías, de aquellos y aquellas

profesionales que, con carácter habitual

o permanente, desarrollan las funciones

que establece la disposición adicional

quinta de la Ley 30/1995, de 8 de no-

viembre, de ordenación y supervisión de

los seguros privados.

Decreto 222/2002, de 27 de agosto, por

el que se crean los órganos de defensa de

la competencia de la Generalidad de Ca-

taluña (DOGC núm. 3711, de 2 de

septiembre).

Se crea, al amparo de la disposición

adicional decimosegunda de la Ley

21/2001, de 28 de diciembre, de medi-

das fiscales y administrativas, el Tribu-

nal Catalán de Defensa de la Compe-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 353

tencia, organismo autónomo de carác-

ter administrativo, que se relaciona con

la Administración de la Generalidad

de Cataluña mediante el Departamen-

to de Economía y Finanzas, tiene asig-

nadas las funciones de defensa de la

competencia y actúa con personalidad

jurídica propia, plena independencia,

autonomía de gestión y plena capaci-

dad de actuar en el ejercicio de sus fun-

ciones y para el cumplimiento de sus

finalidades, de acuerdo con este decre-

to y con el resto de disposiciones que le

resulten aplicables. También se crea

la Dirección General de Defensa de la

Competencia, que depende de la Se-

cretaría de Promoción Económica del

Departamento de Economía y Finan-

zas. Además, se crea el Registro de de-

fensa de la competencia, que goza de

carácter público y es gestionado por la

Dirección General de Defensa de la

Competencia, en el cual se inscribirán

los acuerdos, decisiones, recomenda-

ciones y prácticas autorizados por el

tribunal y los que haya declarado total

o parcialmente prohibidos.

Decreto 223/2002, de 23 de julio, por el

que se regula la reducción de jornada por

interés particular del personal docente

de enseñanza pública no universitaria de

la Generalidad de Cataluña (DOGC

núm. 3715, de 6 de septiembre).

Este decreto incorpora a la normativa

de la función pública de la Administra-

ción de la Generalidad de Cataluña la

regulación de la reducción de jornada,

por interés particular, en el ámbito del

personal docente no universitario, reco-

gida en el Acuerdo sobre condiciones de

trabajo del profesorado en el ámbito de

la Mesa Sectorial de Negociación del

personal docente de enseñanza pública

no universitaria de la Generalidad de

Cataluña, suscrito el 21 de noviembre

de 2001 entre el Departamento de En-

señanza de la Generalidad de Cataluña y

las organizaciones sindicales CC OO,

UGT y CSI-CSIF.

Decreto 233/2002, de 25 de septiembre,

por el que se aprueba el Reglamento de

acceso, promoción y movilidad de las

policías locales (DOGC núm. 3732, de

3 de octubre. Corrección de error en el

DOGC núm. 3819, de 11 de febrero de

2003).

El objeto del decreto es aprobar el Re-

glamento de acceso, promoción y movi-

lidad de las policías locales, a fin de re-

gular el régimen de acceso a las escalas y

categorías de éstas, el personal interino

que puede prestar servicios en ellas, los

concursos de movilidad horizontal y las

permutas.

Decreto 241/2002, de 8 de octubre, por

el que se regula la producción integrada

en Cataluña (DOGC núm. 3744, de 21

de octubre).

Este decreto tiene por objeto regular

la producción integrada en Cataluña,

mediante el establecimiento de los re-

quisitos generales que deberán cumplir

los operadores productores, los opera-

dores elaboradores y los operadores im-

portadores que se acojan al sistema de

producción, elaboración, conservación,

almacenamiento, envasado, transforma-

ción, comercialización e importación de

los productos agrícolas de producción

integrada, así como el uso de las etique-

tas o identificaciones de garantía que

permitirán diferenciar estos productos

ante los consumidores, y los sistemas de

control y certificación de aquéllos.

Decreto 252/2002, de 22 de octubre,

por el que se regulan los órganos de ges-

tión, en régimen de participación, de la

Agencia Catalana del Agua (DOGC

núm. 3755, de 6 de noviembre).

AUTONOMIES · 29

354

Los órganos de gestión, en régimen

de participación, de la Agencia Catalana

del Agua son los órganos de carácter co-

legiado mediante los cuales se lleva a

cabo la participación de los diferentes

usuarios y usuarias del agua en la gestión

de los recursos hídricos de las cuencas

internas y de las rieras de Cataluña.

Decreto 266/2002, de 8 de octubre, por

el que se regula la aplicación al personal

docente de la Ley 6/2002, de 25 de

abril, de medidas relativas a la concilia-

ción del trabajo con la vida familiar del

personal de las administraciones públi-

cas catalanas y de modificación de los

artículos 96 y 97 del Decreto legislativo

1/1997 (DOGC núm. 3756, de 7 de

noviembre).

A fin de poder garantizar la correcta

prestación del servicio docente y mini-

mizar el impacto de esta ley en el alum-

nado, en caso de que el personal docen-

te quiera acogerse a la reducción de un

tercio de la jornada para el cuidado de

hijo o hija menor de un año, podrá op-

tar por compactar el tiempo en que go-

zaría de reducción de jornada y disfrutar

de una licencia para el cuidado de hijo o

hija, con el 100 % de las retribuciones,

durante 12 semanas ininterrumpidas.

Decreto 334/2002, de 3 de diciembre,

por el que se dota de una nueva regula-

ción al Registro público de encuestas y

estudios de opinión de la Generalidad

de Cataluña (DOGC núm. 3779, de 11

de diciembre).

Este decreto establece expresamente

que la homologación de las empresas

que elaborarán las encuestas y los estu-

dios de opinión se hará de acuerdo con

la normativa aplicable en materia de

contratación pública, es decir, mediante

cualquiera de los procedimientos y for-

mas de adjudicación de los contratos

previstos en la normativa aplicable a esta

materia, lo cual garantiza el cumpli-

miento del principio de publicidad y

concurrencia. Por otro lado, el decreto

prevé que el órgano responsable del Re-

gistro público de encuestas y estudios de

opinión los ha de entregar al Parlamen-

to, entendiéndose que, así, también los

entrega a los grupos parlamentarios, y al

Instituto de Estadística de Cataluña,

con lo que se da cumplimiento al otro

objetivo de la resolución parlamentaria.

Decreto 337/2002, de 3 de diciembre,

sobre el alto rendimento deportivo

(DOGC núm. 3787, de 23 de diciem-

bre).

El alto rendimiento deportivo es el

proceso evolutivo en el cual se integran

los y las deportistas que han conseguido

o tienen por objetivo alcanzar el nivel

más alto en competición deportiva, lo

que se denomina deporte de alto nivel.

Al deporte de alto nivel se llega a partir

de la mejora técnica y deportiva que los

y las deportistas logran en una etapa ini-

cial de tecnificación deportiva para la

cual han sido seleccionados previamen-

te por su rendimiento y condiciones.

Decreto legislativo 2/2002, de 24 de di-

ciembre, por el que aprueba el Texto re-

fundido de la Ley 4/1985, de 29 de

marzo, del Estatuto de la Empresa Pú-

blica Catalana (DOGC núm. 3791a, de

31 de diciembre).

El Texto refundido consta de los si-

guientes capítulos: I. Ámbito de aplica-

ción y criterios generales de actuación

de la empresa pública catalana; II. De

las entidades autónomas de la Generali-

dad que hacen operaciones o prestan

servicios de carácter principalmente co-

mercial, industrial o financiero; III. De

las entidades de derecho público que

han de ajustar su actividad al derecho

privado; IV. De las sociedades con parti-

cipación mayoritaria y de las sociedades

ACTIVIDAD NORMATIVA... 355

vinculadas, V. De los recursos y de las

reclamaciones.

Decreto legislativo 3/2002, de 24 de di-

ciembre, por el que se aprueba el Texto

refundido de la Ley de finanzas públicas

de Cataluña (DOGC núm. 3791a, de

31 de diciembre).

El Texto refundido consta de los si-

guientes capítulos: I. Principios generales;

II. Los ingresos; III. Endeudamiento; IV.

Las obligaciones; V. El presupuesto de la

Generalidad; VI. La tesorería y los avales

de la Generalidad; VII. La intervención y

la contabilidad; VIII. Responsabilidades,

IX. Las subvenciones y las transferencias

de la Generalidad de Cataluña.

Decreto legislativo 4/2002, de 24 de di-

ciembre, por el que se aprueba el Texto

refundido de la Ley del Instituto Cata-

lán de Finanzas (DOGC núm. 3791a,

de 31 de diciembre).

El Texto refundido consta de los si-

guientes capítulos: 1. Naturaleza y régi-

men jurídico; 2. Funciones; 3. Órganos

de gobierno; 4. Del Consejo Asesor, 5.

De la información estadística.

AUTONOMIES · 29

356

Solicitantes:

La Mesa del Parlamento de Cataluña

a instancia de los grupos parlamentarios

de Esquerra Republicana de Catalunya,

Socialistes-Ciutadans pel Canvi, y de

Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V).

Ponente:

Manuel M. Vicens i Matas.

Extracto o resumen de los fundamentos:

Fundamento I

En este fundamento se realiza un re-

sumen del contenido de la Ley orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de univer-

sidades, objeto del dictamen.

Fundamento II

Antes de entrar en el análisis de los

distintos niveles competenciales, se

puntualiza que a pesar de que la Ley or-

gánica 6/2001 se presenta como una ley

nueva y no como una reforma de la an-

terior Ley orgánica 11/1983, de 25 de

agosto, de reforma universitaria, y aun-

que regule aspectos esenciales e innova-

dores para las universidades: «[...] en rea-

lidad el análisis de su articulado revela

que buena parte de sus preceptos (y, por

cierto, de algunos tan importantes

como el artículo 2, en el que se detalla

qué es lo que comprende la autonomía

de las universidades) coinciden práctica-

mente en la totalidad de su contenido

con los de la LRU, y que, además, se res-

peta el esquema básico organizativo de

las universidades establecido en la citada

Ley, basado en la estructura departa-

mental y en la condición funcionarial

de la mayoría del personal docente de

las universidades públicas, pese a que,

como veremos seguidamente, se intro-

ducen nuevas figuras para el personal

contratado».

Por lo que respecta al análisis de los

distintos niveles competenciales, se abor-

dan en primer lugar los títulos compe-

tenciales del Estado aducidos por la pro-

pia disposición final primera de la LOU,

es decir, los referidos en los núm. 1, 15,

18 y 30 del artículo 149.1 CE.

«La interpretación del alcance ma-

terial de las competencias estatales de

los números 15 y 18 del apartado 1 del

artículo 149 CE no plantea especiales

dificultades, aunque en el caso del nú-

mero 15 se trata de una competencia ex-

clusiva para fomentar y coordinar de

manera general la investigación científi-

ca y técnica, sin perjuicio de las compe-

tencias de la Generalidad en ese terreno

2.3. DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO

DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

A cargo de Esther Andreu i Fornós

Dictamen núm. 226, previo a la interposición de recurso de inconstituciona-li-

dad, en relación con la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

universidades (BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2001).

Autonomies, núm. 29, noviembre de 2003, Barcelona.

(art. 9.7 EAC), mientras que en el caso

del número 18 la problemática se centra

principalmente en las relaciones entre

bases y legislación de desarrollo, de so-

bras conocida y tratada tanto por la doc-

trina como por la jurisprudencia consti-

tucional, y por este mismo Consejo

Consultivo.»

En cuanto a las competencias del Es-

tado, expresadas en los artículos 149.1.1

y 18 CE, y las de la Generalidad, conte-

nidas en el artículo 15 EAC, y tras citar

el FJ 5 de la STC 26/1987, de 27 de fe-

brero, que afirma «[...] el enfoque en

materia de competencia estatal debe ser,

con carácter general, el inverso: no hay

más límites a tal competencia que los

que la Constitución y, en su desarrollo,

los estatutos de autonomía atribuyen a

las comunidades autónomas, a los que

hay que añadir, por lo que a las universi-

dades se refiere, las competencias inhe-

rentes a su autonomía reconocida en el

art. 27.10», el Dictamen precisa:

1. El Tribunal Constitucional ha vin-

culado de forma habitual el título com-

petencial de educación con otros títulos

competenciales. Entre ellos, el del ar-

tículo 149.1.1 CE.

2. En cuanto a este título competen-

cial se manifiesta que «[...] en un princi-

pio, el Tribunal adoptó una postura

muy restrictiva respecto a las competen-

cias autonómicas, partiendo del citado

precepto constitucional» (STC 5/1981,

de 13 de febrero, FJ 22).

«En un momento posterior se advier-

te que esta postura fue ligeramente ma-

tizada en la Sentencia 6/1982, de 22 de

febrero, al considerar que, salvo la com-

petencia exclusiva del Estado para el de-

sarrollo del artículo 149.1.1 CE, así

como de la regulación específica de las

condiciones de obtención, de expedi-

ción y de homologación de títulos aca-

démicos oficiales de ámbito estatal, la

competencia normativa para el desarro-

llo del artículo 27 CE podía ser asumida

por las comunidades autónomas, en el

marco también de la legislación básica

estatal (FJ 2).

»Finalmente, si bien el Tribunal Cons-

titucional considera que la cláusula ge-

neral ex artículo 149.1.1 CE pasa a un

segundo plano porque el Estado dispo-

ne de la normativa básica sobre educa-

ción (STC 137/1986, de 6 de noviem-

bre, FJ 3), ha continuado citando este

precepto, junto al artículo 149.1.30 CE,

al pronunciarse sobre varios aspectos de

la educación superior o universitaria (a

título de ejemplo las STC 146/1989,

de 21 de septiembre, FJ 2; y 131/1996, de

11 de julio, FJ 1, 3, 4 y 5).

»Asimismo, conviene recordar igual-

mente que la referencia al apartado pri-

mero del artículo 149.1.1 CE aparece

también en el Real decreto de traspasos

del Estado a la Generalidad en materia

de universidades núm. 305/1985, de 6

de febrero, el cual, como dijimos en el

Dictamen núm. 202, de 6 de mayo de

1997 (F V), constituye un instrumento

para ayudar a la interpretación de las

competencias de la comunidad autóno-

ma, asumidas por su Estatuto.»

3. «[...] La igualdad a la que se refiere

el artículo 149.1.1 CE no debe impedir

que las comunidades autónomas con

competencias sobre una materia deter-

minada no puedan introducir elemen-

tos diferenciales en una regulación esta-

tal, siempre que éstos no incidan en las

posiciones jurídicas fundamentales del

derecho de que se trate (Dictamen núm.

198, de 12 de marzo de 1996, F IV). En

idéntico sentido, también la Sentencia

del Tribunal Constitucional 61/1997,

de 20 de marzo» (FJ 7 y 8).

También deben tenerse en cuenta los

hechos recomendados en el FJ 14, STC

290/2000, de 30 de noviembre, y que

AUTONOMIES · 29

358

permiten afirmar que: «En definitiva, la

garantía de los derechos fundamentales

y la igualdad de todos los españoles en

su disfrute podría justificar con más

fuerza algunas disposiciones de la LOU,

como por ejemplo, las relativas a la mo-

vilidad de los estudiantes y a la política

de becas (art. 42, 45 y 46).»

4. Por lo que se refiere al artículo 15

EAC, y pese a la literalidad del precepto,

las competencias autonómicas no deben

considerarse subordinadas a una norma-

tiva orgánica inmodificable por las co-

munidades autónomas, porque enton-

ces se convertirían en simples facultades

ejecutivas y aplicativas de esta norma-

tiva, sino al contrario, «la regulación or-

gánica ha de respetar la distribución de

competencias establecida en el artículo

149.1.30 CE, ya que sólo de esta forma se

permite el correspondiente margen de

actuación a la Generalidad de Cataluña

en materia de enseñanza universitaria,

que es, en última instancia, lo que el

precepto pretende». Al respecto, véase la

STC 131/1996, de 11 de julio (FJ 3).

«[…] No obstante, [...] en cuanto al

profesorado universitario, la Sentencia

del Tribunal Constitucional 235/1991,

de 12 de diciembre, con mayor preci-

sión estableció que:

»“[…] el esquema bases-desarrollo no

servirá para resolver el conflicto plantea-

do, pues el Estado puede regular, sin

distinción de bases y desarrollo, el esta-

tuto de los funcionarios docentes uni-

versitarios, pertenecientes a los Cuerpos

Nacionales, con el límite, claro está, de

la autonomía universitaria (art. 27.10

de la CE)” (FJ 2).

»Además, sobre la articulación de las

previsiones constitucionales y estatuta-

rias el Tribunal Constitucional también

ha establecido que la reserva de ley orgá-

nica propia de cualquier derecho funda-

mental no es obstáculo para que se res-

pete el esquema de distribución compe-

tencial entre el Estado y las comunida-

des autónomas derivado del artículo

149.1.30 CE.» (STC 137/1986, de 6 de

noviembre, FJ 3).

«Por todo ello, en aplicación de un

criterio de interpretación sistemática, y

para delimitar las competencias que

atribuye al Estado el artículo 149.1.30

CE y a la Generalidad el artículo 15

EAC, deberá tenerse presente el conte-

nido de la LOU, dictado precisamente

para el desarrollo de los derechos funda-

mentales del artículo 27 CE, y en dicho

sentido, su disposición final cuarta, que

enumera y distingue los preceptos que

son orgánicos de los que no lo son, por

referirse los primeros al contenido esen-

cial de los citados derechos. Por el con-

trario, la LOU no ha singularizado los

preceptos que incluyen las normas bási-

cas para el desarrollo del artículo 27 CE,

como sin duda debería haberse hecho a

fin de ajustarse a la jurisprudencia cons-

titucional que ha considerado como un

deber del legislador declarar expresa-

mente el carácter básico de los preceptos

a los que asigne tal condición, o dotar a

la norma de una estructura que permita

deducir sin especial dificultad su natu-

raleza básica.» (STC 179/1992, de 13

de noviembre, FJ 2).

«No obstante, el incumplimiento de

este deber y a reserva de lo que pueda

desprenderse del examen que haremos

de aquellos preceptos de la LOU que

pueden ofrecer mayor complejidad des-

de el aspecto constitucional, no creemos

que ello la haga incurrir en bloque en in-

constitucionalidad, puesto que, por una

parte, esta Ley, al igual que la anterior

LRU que deroga, no puede considerarse

ni por su estructura ni por su contenido

como una regulación completa, detalla-

da y acabada sobre las universidades, lo

cual facilita la detección de los preceptos

ACTIVIDAD NORMATIVA... 359

materialmente básicos; y que, por otra

parte, su disposición final tercera se ha

cuidado de prescribir que corresponde a

las comunidades autónomas, en el ámbi-

to de sus respectivas competencias, dic-

tar las disposiciones necesarias para el

desarrollo y aplicación de sus preceptos.»

5. Respecto a la colaboración inter-

normativa entre la ley y el reglamento

en materia básica, se destaca que «[…]

en principio esta colaboración es cons-

titucionalmente admitida respecto a

aquellos extremos de detalle o técnicos

que son impropios de una ley y que, por

tanto, requieren indispensablemente el

complemento reglamentario. Sin em-

bargo, en ningún caso puede concebirse

la colaboración ley-reglamento en mate-

ria básica como una carta en blanco al

Gobierno o como una deslegalización

absoluta de lo que es básico, razón por la

que el legislador estatal, que es a quien

corresponde normalmente la fijación de

las bases, debe haber acotado previa-

mente el alcance general de lo que es bá-

sico, pues, en caso contrario, el Gobier-

no asumiría no la tarea complementaria

que le es propia, sino la delimitadora o

definidora de competencias que consti-

tucionalmente incumbe al poder legisla-

tivo del Estado a través de la facultad

que se le otorga para establecer bases»

(STC 131/1996, de 11 de julio, FJ 2).

Finalmente, y en lo relativo a la auto-

nomía universitaria, que como ya se ha

indicado limita incuestionablemente las

competencias estatales y autonómicas,

se afirma que el hecho de que el artículo

27.10 CE no tan sólo reconozca y ga-

rantice la autonomía universitaria sino

que la eleve a la condición de derecho

fundamental «[…] ha abierto cierta po-

lémica doctrinal entre aquellos que con-

sideran que en realidad la autonomía

universitaria no es una garantía institu-

cional, sino un derecho fundamental, y

quienes sostienen que es muy difícil ha-

blar de derecho fundamental por refe-

rencia a un contenido que por la propia

dicción del artículo 27.10 CE —“se re-

conoce la autonomía de las universida-

des, en la forma que la ley establezca”—

debe ser completado prácticamente con

total libertad por el legislador ordinario,

a quien como consecuencia de ello se le

otorga la posibilidad de dictar verdade-

ras normas constitucionales, con lo que

no se consigue nada más que desvalorar

la Constitución en este punto, al darle

una estructura abierta».

Sin embargo, tanto el Tribunal Cons-

titucional como el Consejo Consultivo

consideran «[...] que una y otra en ver-

dad no están contrapuestas, es decir, que

una deba excluir necesariamente la otra

(posición), sino que más bien son con-

fluentes y permiten reforzar la finalidad

primordial que se persigue con la auto-

nomía universitaria, que es asegurar el

respeto a la libertad académica (de ense-

ñanza, de estudio y de investigación)

ante cualquier injerencia externa». So-

bre ello el Dictamen reproduce el conte-

nido del FJ 4.cde la STC 26/1987, de

27 de febrero, recogido después por to-

das las sentencias posteriores dictadas

sobre dicha materia (entre otras, STC

82/1994, de 14 de marzo; 156/1994, de

23 de mayo; 75/1997, de 21 de abril), y

concluye afirmando «[...] que la autono-

mía universitaria está concebida para

poder crear, mantener, perfeccionar y

desarrollar un complejo institucional

cuya organización permita la libertad de

ciencias o académica y rechazar injeren-

cias externas que impidan hacerla efecti-

va como derecho fundamental».

Fundamento III

En este fundamento se analizan los

preceptos de la LOU que a juicio del

AUTONOMIES · 29

360

Consejo plantean problemas de consti-

tucionalidad. Para ello se sigue el orden

de la propia LOU.

a) Título preliminar (artículos 1 y 2).

Funciones y autonomía de las univer-

sidades. Pese a no ofrecer problemas de

constitucionalidad, el Dictamen des-

taca:

1) «[...] la trascendencia que tiene el

apartado 2 del artículo 2, en el que se

define el contenido de la autonomía

universitaria en términos prácticamente

idénticos a como lo hacía el artículo 3.2

LRU, debido a que, como más arriba ya

pusimos de relieve, la autonomía uni-

versitaria o, si se quiere, el derecho fun-

damental a la autonomía universitaria es

de configuración legal».

2) «[...] es prácticamente irrelevante

la manifestación que se realiza en el

apartado 5 del expresado artículo 2 en el

sentido de que sin perjuicio de las fun-

ciones atribuidas al Consejo de Coordi-

nación Universitaria, corresponden a

cada comunidad autónoma las tareas de

coordinar las universidades de su com-

petencia, ya que las competencias de las

comunidades autónomas en esta mate-

ria proceden de la Constitución y de los

respectivos estatutos de autonomía y no

de la LOU».

b) Título I (artículos 3 a 6). Natura-

leza, creación, reconocimiento y ré-

gimen jurídico de las universidades. El

Dictamen fija su atención en el aparta-

do 3 del artículo 4 y en el apartado 5 del

artículo 6.

1) Artículo 4.3:

«[...] este precepto puede plantear du-

das de constitucionalidad en la medida

en que faculta al Gobierno para deter-

minar, con carácter general, los requisi-

tos básicos para la creación y el recono-

cimiento de las universidades». Así, pese

a que la dicción del precepto resulta

confusa, no hay duda de que faculta

para dictar una norma básica en el senti-

do constitucional de la expresión, y el

Consejo se pregunta si este apodera-

miento es o no constitucional, habida

cuenta de la doctrina establecida en el

FJ 6 de la STC 69/1988, de 19 de abril.

Y llega a la conclusión de que, a pesar de

que el apoderamiento que la LOU hace

al Gobierno para dictar una norma de

este género, «[...] en el caso que nos ocu-

pa no se trata de una delegación al Go-

bierno en blanco sin limitación alguna,

sino que el legislador ha acotado su al-

cance al establecer que los requisitos bá-

sicos que deberá fijar el Gobierno para

la creación o el reconocimiento de uni-

versidades “contemplarán los medios y

recursos adecuados para el cumplimien-

to por las universidades de las funciones

a que se refiere el apartado 2 del artículo

1”», y que «en este supuesto la potestad

reglamentaria del Gobierno actuará

como completiva del contenido básico

del precepto legal y no como definidora

o delimitativa de las competencias esta-

tales y autonómicas, no siendo por tal

motivo inconstitucional el apartado de

que tratamos.

»Es más, y por si lo anterior no bas-

tara para llegar a la conclusión de cons-

titucionalidad, conviene añadir que el

apartado 3 del artículo 4 de la LOU

coincide sustancialmente con el con-

tenido de los artículos 5.3 y 58.2 de

la LRU, que fueron desarrollados con

carácter básico por el Real decreto

557/1991, de 12 de abril, sobre crea-

ción y reconocimiento de universidades

y centros universitarios, y que respeta la

mencionada delegación legislativa de la

citada Sentencia 131/1996, de 11 de ju-

lio», y añade: «Con independencia de lo

que se ha dicho tampoco puede olvidar-

se que las facultades que el citado pre-

cepto atribuye al Gobierno del Estado

ACTIVIDAD NORMATIVA... 361

deberán ejercerse “previo informe del

Consejo de Coordinación Universita-

ria”, lo que también acota la libertad del

Gobierno configurativa de las bases.»

2) Artículo 6.5:

Unifica el régimen de aprobación de

las normas de organización y funciona-

miento de las universidades públicas y

de las privadas. Así, «[...] se produce

para las normas organizativas y de fun-

cionamiento de las citadas universida-

des una doble aprobación (por sí mis-

mas y por el Consejo de Gobierno de la

comunidad autónoma), que inclusive

podría llegar a calificarse como de in-

congruencia interna; pero también lo es

que ello no comporta vicio alguno de

inconstitucionalidad, sino que más bien

se trataría de un defecto de técnica legis-

lativa, aunque tampoco puede descono-

cerse que cada acto de aprobación res-

ponde a una finalidad distinta, el de la

universidad a hacer efectiva la potestad

de autorregulación derivada de la auto-

nomía, y el del Consejo de Gobierno de

la comunidad autónoma a hacer efecti-

vo el control de legalidad (que no de

oportunidad) que le corresponde como

instancia pública competente sobre las

universidades de su territorio».

c)Título III (artículos 7 a 12). Es-

tructura de las universidades.

1)

Artículo 9.2, en relación con el artículo 12:

En este caso, el Consejo considera

que «[…] el apoderamiento al Gobier-

no para dictar normas básicas se reali-

za sin condicionamiento alguno,

orientación ni limitación, lo que po-

dría llevar a pensar que la regulación

que se le encomienda excede de la ac-

tividad completiva de lo básico para

adentrarse en el ámbito delimitativo o

definidor de competencias que, como

ya sabemos y conforme a la Sentencia

del Tribunal Constitucional antes re-

cordada (STC 131/1996, de 11 de julio),

está reservado por la Constitución al

legislador.

»Ahora bien, al coincidir este precep-

to casi literalmente con el apartado 4 del

artículo 8 de la LRU [...] y el referido

precepto de la LRU fue declarado cons-

titucional en el fundamento jurídico

7.ade la STC 26/1987, de 27 de febre-

ro, no creemos que el nuevo redactado

de la LOU no deba ser juzgado con los

mismos criterios y por tanto ser declara-

do constitucional.»

2) Artículo 11.2:

«Sobre la constitucionalidad de este

precepto podría aducirse que violenta la

autonomía universitaria en la medida en

que no se prevé que entre las normas

que deben regir los centros adscritos fi-

guren los estatutos de la universidad de

adscripción ni sus propias normas de or-

ganización y funcionamiento», si bien el

Dictamen considera que «[…] esa su-

puesta omisión no afecta al contenido

esencial de la autonomía universitaria

en la medida en que no incide sobre

ninguno de los elementos necesarios

para garantizar la libertad académica

[STC 26/1987, de 27 de febrero, FJ

4.a], así como tampoco sobre la imagen

que la conciencia social posee de la uni-

versidad». Además, «[…] nada impide a

la universidad que en el convenio de

adscripción se haga figurar todo cuanto

de sus estatutos y normas de funciona-

miento y organización crea más conve-

niente en uso de su autonomía, razón

por la que no puede concluirse que el

precepto sea inconstitucional». «Por úl-

timo, la circunstancia de que el precepto

no señale ni los límites ni el rango for-

mal de la normativa estatal y comunita-

ria que pueda ser de aplicación no auto-

riza a prejuzgar sobre su futuro alcance

AUTONOMIES · 29

362

ni corrección constitucional que, cuan-

do proceda, deberá ser analizada caso

por caso y en función de lo que resulte

de su contenido y de su fuente de proce-

dencia.»

d) Título III (artículos 13 a 27). Go-

bierno y representación de las universi-

dades.

1) Artículo 14:

Este artículo se ocupa del Consejo

Social, y, pese a prever una participación

ciertamente muy minoritaria de la co-

munidad universitaria, no puede ser

considerado inconstitucional, puesto

que las funciones encargadas al Conse-

jo, como recoge la STC 26/1987, de 27

de febrero (FJ 9.a), no son de naturaleza

estrictamente académica.

2) Artículo 15:

Para valorar la constitucionalidad de

la disposición, el Consejo cree conve-

niente recordar el contenido de tres sen-

tencias constitucionales; en concreto, la

STC 137/1986, de 6 de noviembre, re-

caída en relación con las ikastolas (FJ 4 y

5), en la que «[...] el Tribunal Constitu-

cional entiende que puede ser básico en

una norma organizativa el estableci-

miento de unos mínimos de participa-

ción de los distintos componentes o sec-

tores de la comunidad escolar —en

nuestro caso, universitaria—, que como

tales mínimos dejan un margen amplio

y flexible para la legislación de desarro-

llo a cargo de las comunidades autóno-

mas con competencias en la materia», y

las STC 48/1988, FJ 17, y 49/1988, FJ

18, ambas de 22 de marzo.

«De todo lo expuesto se desprende

que los rígidos porcentajes de represen-

tación de los distintos componentes de

la comunidad universitaria establecidos

en el apartado 2 del artículo 15 con el

fin de regular la composición del Con-

sejo de Gobierno de las universidades

no pueden ser considerados como bási-

cos o legislación básica, y más teniendo

en cuenta que, como ya señalamos al

principio, la LOU no establece que éste

—ni ninguno— precepto deba tener el

carácter de legislación básica. Por tanto,

el apartado 2 del artículo 15 sólo sería

aplicable a las universidades que pu-

dieran crearse por ley de las Cortes Ge-

nerales y en los concretos porcentajes de

representación que dicho precepto esta-

blece. Por consiguiente, la Generalidad

(art. 15 EAC) y las demás comunidades

autónomas que se encuentren a su nivel

competencial disfrutarán de la posibili-

dad de establecer, con el necesario mar-

gen de flexibilidad para respetar la auto-

nomía universitaria, los porcentajes de

representación para cada uno de los gru-

pos o fuentes de designación estableci-

dos en el precepto que estimen más con-

venientes en función de sus respectivos

intereses, pudiéndose incluso llegar a

que la legislación autonómica difiriera

por completo a los estatutos de las refe-

ridas universidades la concreción de ta-

les porcentajes, si así se creyera con-

veniente, debido a que la autonomía

universitaria es de configuración legal,

como ya hemos indicado más arriba.

Todo ello sin perjuicio de que puedan

introducirse otras representaciones pro-

pias de la comunidad universitaria.»

3) Artículos 18 y 19:

«El carácter de normas de mínimos

que tienen los artículos 18 y 19 en lo

que se refiere a la composición de los ór-

ganos de gobierno de las expresadas jun-

tas de facultad o de escuela y de los con-

sejos de departamento; el hecho de que

sea congruente con el carácter de órga-

nos necesarios y colegiados de las uni-

versidades públicas que les asigna el ar-

tículo 13.ade la LOU; que se disponga

ACTIVIDAD NORMATIVA... 363

que serán tales órganos los que, bajo la

presidencia del decano o director, go-

bernarán las correspondientes faculta-

des, escuelas o departamentos; y, en fin,

la incuestionable realidad de que el pro-

cedimiento de elección puede ser libre-

mente establecido por la universidad y

de que la elección puede recaer en cual-

quier persona perteneciente a los esta-

mentos universitarios que se indiquen

en los mencionados preceptos, compor-

ta que no se pueda apreciar vicio de in-

constitucionalidad alguno basado en la

autonomía universitaria, que si bien po-

dría considerarse comprimida más allá

de lo ideal que supondría un sistema de

más amplia libertad, no por ello puede

concluirse que no resulte respetada en

su contenido esencial.» Al respecto, véase

la STC 156/1994, de 23 de mayo, FJ 3.

4) Artículos 20.2, 3 y 4:

El Consejo se pregunta si el porcen-

taje de valor que el apartado 3 del artí-

culo asigna al voto conjunto de los

profesores doctores funcionarios tiene

o no carácter de norma básica y si, en

consecuencia, puede ser alterado por

la legislación de desarrollo de las co-

munidades autónomas, y sobre la base

de la doctrina contenida en las STC

137/1986, 48/1988 y 49/1988, afir-

ma que «[…] la fijación de este por-

centaje ha de considerarse como una

norma materialmente básica en la me-

dida en que, pese a ser elevado, lo que

hace la LOU es fijar un mínimo para

garantizar la finalidad perseguida por

el precepto, que es que en la elección

del rector de las universidades tengan

una influencia prácticamente deciso-

ria los profesores doctores de los cuer-

pos docentes universitarios, sin olvi-

dar, no obstante, la contribución que a

la citada elección pueden tener el resto

de miembros que integran la comuni-

dad universitaria. Consideramos, por

todo lo expuesto, que los apartados 2 y

3 del artículo 20 son constitucionales

y básicos».

Por lo que se refiere al apartado 4 del

artículo 20, entiende «[…] que no se

trata de un precepto materialmente bá-

sico, en la medida en que no figura en la

relación de órganos colegiados estableci-

da en el artículo 13.ade la propia

LOU».

5) Artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26:

La diferencia en los procedimientos

para nombrar a los cargos regulados en

estos artículos no es inconstitucional,

«[...] ya que, aparte de que puede inscri-

birse entre las competencias del Estado

de los números 15 y 30 del artículo

149.1 CE, resulta que los departamen-

tos, escuelas e institutos universitarios

de investigación forman parte de la es-

tructura básica y común a todas las uni-

versidades [art. 16.bde la LOU] que, a

diferencia de las complementarias o

específicas que pueda crear cada univer-

sidad en función de sus necesidades y pe-

culiaridades, no se halla a la libre disposi-

ción y decisión de aquéllas, sino que en

algunos aspectos y siempre que se deje

un margen amplio de actuación —como

sucede en el presente caso— pueden ser

reguladas por el Estado —y también por

la comunidad autónoma en lo que no

sea básico—, configurando de esta for-

ma el contenido de la autonomía univer-

sitaria en su vertiente organizativa (STC

156/1994, de 23 de mayo, FJ 3)».

e) Título IV (artículos 28 a 30). Re-

gula el Consejo de coordinación univer-

sitaria.

El Dictamen mantiene la constitucio-

nalidad de estos preceptos, debido a

que: «Si bien aisladamente tales artícu-

los podrían plantear dudas de constitu-

cionalidad ya que la Generalidad tiene

AUTONOMIES · 29

364

atribuida competencia plena sobre edu-

cación en todos sus grados y niveles

según el artículo 15 EAC, hay dos as-

pectos que nos llevan a aclarar dichas

dudas: el primero, relativo a que del

Consejo y de sus comisiones de Coordi-

nación y Mixta —que son las más im-

portantes debido a las tareas que tienen

encomendadas— forman parte los re-

presentantes de las comunidades autó-

nomas; y, el segundo, referente a que se-

gún el artículo 2.5 LOU las facultades

del Consejo se entienden sin perjuicio

de las que corresponden a cada comuni-

dad autónoma para coordinar las uni-

versidades bajo su competencia.

»Por otra parte, las tareas del Consejo

se definen en función del sistema uni-

versitario en su conjunto (art. 28), que

en definitiva conduce a la expedición y

homologación de títulos que tengan ca-

rácter oficial y validez en todo el territo-

rio del Estado, lo que permite situar a

los preceptos que regulan este sistema y,

por lo tanto, por conexión, al Consejo,

en el ámbito de la competencia estatal

del artículo 149.1.30 CE (STC 26/

1987, de 27 de febrero, FJ 10).»

f) Título V (artículos 31 y 32). Eva-

luación y acreditación.

En opinión del Consejo, «como el

apartado 3 del artículo 31 dispone que

“las funciones de evaluación, y las con-

ducentes a la certificación y acreditación

—que la propia LOU especifica—, co-

rresponden a la Agencia Nacional de

Evaluación de la Calidad y Acreditación

y a los órganos de evaluación que la ley

de las comunidades autónomas deter-

mine en el ámbito de sus respectivas

competencias, sin perjuicio de las que

desarrollen otras agencias de evaluación

del Estado o de las comunidades autó-

nomas”, debe considerarse que las me-

didas de evaluación y acreditación dise-

ñadas por la LOU, de incuestionable

naturaleza ejecutiva y que se atribuyen

en el ámbito de las competencias del Es-

tado a la indicada Agencia Nacional de

Evaluación de la Calidad y Acredita-

ción, no vulneran las competencias de la

Generalidad ex artículo 15 EAC».

g) Título VI (artículos 33 a 38). Tí-

tulos y planes de estudio.

1) Artículo 34.1:

«La Sentencia del Tribunal Constitu-

cional 103/2001, de 23 de abril, recaí-

da respecto a preceptos de la LRU [art.

3.1.fy 29.1] de contenido muy similar

a los aquí analizados, ha entendido

ajustado a la Constitución y a la auto-

nomía universitaria que el Gobierno re-

gule diversos aspectos de la estructura

académica de los planes de estudio a

través de directrices generales y comunes,

al establecer, entre otras consideracio-

nes de mayor detalle que no vienen al

caso, que:

“Según se ve la LRU ha optado den-

tro del ámbito de configuración que

concede el artículo 27.10 CE por distin-

guir entre la autonomía universitaria en

la elaboración y aprobación de planes de

títulos oficiales válidos en toda España

(donde la autonomía se enmarca en las

‘directrices generales’ dictadas por el

Gobierno y se establece un trámite de

homologación) y de títulos o diplomas

de cada Universidad, donde la Ley no

impone el sometimiento a directrices ni

a controles.” (FJ 4).

»Por lo tanto, el artículo examinado

debe valorarse como constitucional.»

2) Artículo 35.6:

En cuanto a la remisión normativa

establecida en este artículo, el Consejo

considera: «La deslegalización de toda

esta materia, que en definitiva puede

culminar con la suspensión o revoca-

ción de la homologación oficial de unos

ACTIVIDAD NORMATIVA... 365

títulos correspondientes a unos estu-

dios cursados en la universidad, con los

consiguientes perjuicios para los estu-

diantes, que, en estos supuestos, serían

además terceros de buena fe, no parece

ajustada al ordenamiento constitucio-

nal en la medida en que la remisión al

reglamento no garantiza el derecho del

estudiante a ver protegida su situación

derivada de los estudios realizados con-

forme a unos planes de estudio que en

su día eran válidos. Esta remisión vul-

nera la reserva legal relativa a la regula-

ción del derecho fundamental al estu-

dio, que resulta de los artículos 27.1 y

53.1 CE y del artículo 46.1 de la propia

LOU.»

h) Título VII (artículos 39 a 41). In-

vestigación en la universidad.

«Sobre estos artículos debemos obser-

var que la actividad investigadora es,

como afirma el artículo 39.1 de la LOU,

fundamento de la docencia y constituye

una función esencial de la universidad

(STC 26/1987, de 27 de febrero, FJ 3),

quedando, por tanto, comprendida en el

ámbito de las actividades docentes, como

un complemento indispensable de éstas,

y sometida en este sentido a la competen-

cia estatal del artículo 149.1.30 CE.

»Por otra parte, y como explicó la

Sentencia del Tribunal Constitucional

90/1992, de 11 de junio, el título del

artículo 149.1.15 CE no se limita a la

coordinación general de la actividad re-

sultante del ejercicio de las competen-

cias autonómicas en la referida materia

—en Cataluña las derivadas del artículo

9.7 EAC— sino que se extiende al fo-

mento de la investigación científica y

técnica», que, según la STC 90/1992

precitada, «[...] engloba todas aquellas

medidas encauzadas a la promoción y

avance de la investigación, entre las

que, sin duda, deben incluirse también

las de carácter organizativo y servicial

que permitan al titular de la competen-

cia crear y mantener unidades y centros

dedicados al desarrollo y divulgación de

las tareas investigadoras” [FJ 2. A) b)]»,

no quedando limitada al ejercicio de

potestades ejecutivas sino que com-

prende también potestades de orden

normativo.

Sobre la base de estas afirmaciones, el

Consejo declara que «[…] son constitu-

cionales todos los preceptos que inte-

gran el título VII de la LOU, debido a

que, además, el artículo 41.2 prescribe

explícitamente que el fomento de la in-

vestigación científica corresponde tanto

al Estado como a las comunidades autó-

nomas, así como a las universidades».

i) Título VIII (artículos 42 a 46).

Los estudiantes.

1) Artículo 42.3:

«Este precepto, como ya se compren-

derá, suscita dos cuestiones bien distin-

tas: una, referente a la potestad que se

atribuye al Gobierno para dictar norma-

tiva básica, y la segunda, la relativa al de-

nominado distrito universitario abierto.

»Respecto a la primera cuestión, la so-

lución es idéntica a la que hemos dado a

propósito del apartado 3 del artículo 4,

ya que, como en aquel apartado, la po-

testad del Gobierno para producir nor-

mativa básica no es exhaustiva ni incon-

dicionada, sino que está dirigida a un

objetivo muy claramente prefijado por

la Ley [...].»

«En cuanto a la segunda cuestión, la

relativa al distrito universitario abierto,

la solución la ofrece nuestro Dictamen

núm. 215, citado más arriba, en el que

establecimos (F V) que el Real decreto

69/2000, de 21 de enero, que introdu-

cía el concepto de distrito abierto, era

inconstitucional precisamente porque

este nuevo sistema de organización uni-

versitaria requería su implantación a

AUTONOMIES · 29

366

través de normas con rango de ley for-

mal y no reglamentarias. Pues bien,

dado que la norma que analizamos po-

see precisamente rango legal, no puede

atribuirse vicio alguno de inconstitu-

cionalidad al precepto examinado en el

presente epígrafe.»

2) Artículo 44:

«Se trata de un precepto de naturale-

za orgánica, de acuerdo con la disposi-

ción final cuarta de la LOU y, además,

materialmente básico en la medida en

que introduce una limitación que por

definición ha de ser general y común a

todas las universidades. No obstante,

su carácter eventualmente cambiante o

coyuntural —la estabilidad no es una

exigencia absoluta de las bases, sino

que depende de la materia o sector ma-

terial al que afecta (STC 86/1982,

91/1984, 99/1987 y 133/1997, entre

otras)— junto a que, según la Senten-

cia del Tribunal Constitucional

131/1996, de 11 de julio (FJ 2), puede

darse la colaboración entre ley orgánica

y norma reglamentaria estatal, deter-

mina que consideremos constitucional

el precepto.»

3) Artículo 45.1:

«Los problemas que plantea el referi-

do artículo están en buena parte solven-

tados por la Sentencia del Tribunal

Constitucional 188/2001, de 20 de sep-

tiembre [...]» (FJ 7, 8 y 9), de cuyo con-

tenido se desprende «[...] la posibilidad

de que el Estado, que posee la compe-

tencia del artículo 149.1.30 CE, sub-

vencione ayudas a los estudiantes me-

diante sus presupuestos, dejando, como

hace el precepto, un margen de actua-

ción suficiente a las comunidades autó-

nomas, como la posibilidad de que el

Gobierno pueda determinar reglamen-

tariamente y con carácter básico las mo-

dalidades y cuantías de las becas y ayu-

das y el resto de requisitos que deben

conducir a su obtención.

»En cambio, lo que no resuelve el ar-

tículo 45 que contemplamos —ni en

un sentido ni en otro— es una de las

cuestiones planteadas en el conflicto

que dio lugar a la citada Sentencia, y

que hace referencia a la posibilidad de

adaptar los baremos o módulos estable-

cidos por el Estado (singularmente la

cuantía de las becas y el nivel de renta

familiar para solicitarlas) a las particula-

ridades de las posibles y diferentes reali-

dades socioeconómicas de las distintas

comunidades autónomas, lo que sería

imposible si el Estado los fijase con cri-

terios totalmente cerrados y que no de-

jaran margen de modulación a las co-

munidades autónomas, de forma que

quedaría impedida en este extremo la

competencia autonómica de desarrollo.

Lo cierto, sin embargo, es que la LOU

no lo determina de esta manera fija,

siendo destacable que el artículo 45.2,

segundo párrafo, considera como un

valor preferente “la garantía de la igual-

dad” en la obtención de las becas en

todo el territorio español y, como es

bien sabido, el principio de igualdad

supone también tratar de forma desi-

gual situaciones diferentes. Todo ello

permite concluir que la modulación an-

tes mencionada no está prohibida por

la LOU, sino que, todo lo contrario,

puede tener cabida en la misma.

»Por las razones expuestas, el artículo

45.1 debe considerarse constitucional.»

4) Artículo 46.3:

El Consejo considera que, a pesar de

lo que podría pensarse, la aprobación

por el Consejo Social de las Universi-

dades Públicas de las normas que regu-

lan el progreso y permanencia en la

universidad de los estudiantes no es in-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 367

constitucional y no vulnera la autono-

mía universitaria (en el sentido del FJ

9.ade la STC 26/1987, de 27 de febre-

ro) puesto «[...] que el número de con-

vocatorias de examen o el tiempo de

permanencia en las universidades no

implica ninguna rebaja en la obtención

de titulaciones, pues no guarda rela-

ción con el nivel de exigencia en los

exámenes, razón por la cual no incide

en las funciones estrictamente acadé-

micas que no corresponden al consejo

social. Más bien al contrario, de lo que

no hay duda es de que el progreso y

permanencia en las universidades tiene

una conexión directa e inmediata con

el coste de cada plaza universitaria,

motivo por el cual está claro que las

normas que regulan el progreso y per-

manencia en las universidades recaen

dentro del ámbito de las competencias

económicas que son propias de los con-

sejos sociales».

j) Título IX (artículos 47 a 72). Del

profesorado.

1) Artículo 48.1:

El Consejo juzga constitucional el

precepto y justifica su carácter básico y

por lo tanto la competencia del Estado

para dictarlo ex artículo 149.1.30 CE

sobre la base de «[...] la necesidad de ho-

mogeneizar la proporción respecto del

total del personal docente no funciona-

rio de las universidades debido a que

la autonomía se predica de cada una

de ellas y no de su conjunto (STC

26/1987, de 27 de febrero, FJ 4)» y a la

no lesión del principio de autonomía

universitaria, puesto que «[…] es razo-

nable que en las universidades públicas,

como primeras responsables del servicio

público de educación superior, la mayo-

ría del personal docente e investigador

esté investido de la condición de funcio-

nario, lo que no quiere decir que no

puedan existir otras opciones igualmen-

te legítimas desde el punto de vista de su

constitucionalidad».

2) Artículos 49 y 50:

Estos artículos «[...] establecen un lí-

mite de duración máxima de cuatro

años para los contratos de los ayudantes

y de los profesores ayudantes doctores.

»Este límite no hace incurrir a los ci-

tados preceptos en inconstitucionali-

dad, ni por invasión de las competen-

cias autonómicas, ni por condicionar

injustificadamente la autonomía uni-

versitaria, como puso de manifiesto la

Sentencia 26/1987, de 27 de febrero

(FJ 12.2).»

3) Artículo 51:

«La determinación por parte del Go-

bierno de las áreas de conocimiento pre-

vistas en este artículo es una tarea de

carácter marcadamente técnico, suscep-

tible de estar sometida a cambios o a exi-

gencias coyunturales, lo cual determina

que la Ley, por una parte, y tal y como ya

ha establecido el Tribunal Constitucional

en varias ocasiones (STC 25/1983, 87/

1985, 86/1989, 147/1991, 149/1992

y 131/1996, entre otras), no resulte el

instrumento idóneo para determinar-

las o regularlas. Por otra parte, al ser las

áreas de conocimiento, en este caso, un

presupuesto común para la contratación

de determinado personal docente de las

universidades públicas, no puede consi-

derarse inconstitucional su regulación

por el Estado en virtud de lo dispuesto

en el artículo 149.1.30 CE.»

4) Artículo 55.3:

«Dada [...] la naturaleza técnica y co-

yuntural de los programas de que se tra-

ta, así como la legitimación que tiene el

Estado de acuerdo con la doctrina del

Tribunal Constitucional (STC 13/1992,

AUTONOMIES · 29

368

de 6 de febrero, y 188/2001, de 20 de

septiembre) para incentivar o subven-

cionar aquellas materias en que dis-

ponga de una competencia exclusiva o

incluso sólo sobre las bases o la coordi-

nación, como sucede en el presente su-

puesto ex artículo 149.1.15 y 30 CE,

entendemos que el precepto es constitu-

cional.»

El Consejo también realiza dos obser-

vaciones de carácter general en relación

con los preceptos que componen la sec-

ción segunda.

1ª. Por lo que respecta a «[...] la regu-

lación del procedimiento de acceso a los

cuerpos de funcionarios docentes me-

diante un sistema de habilitación nacio-

nal que se complementa con una serie

de concursos de acceso a la función pú-

blica propiamente dicha a convocar por

las universidades», el Dictamen consi-

dera que «[…] hubiera podido arbitrar-

se un sistema más descentralizador,

puesto que la autonomía de las comuni-

dades autónomas no está reñida con la

eficacia y, menos aún, con las responsa-

bilidades y rigor exigibles en un tema

tan trascendente como la educación su-

perior y la selección de su personal do-

cente».

2ª. «[...] que los funcionarios docentes

universitarios están agrupados en cuer-

pos nacionales —entre otras causas por

razón de la movilidad interuniversitaria

de que gozan (art. 63.2)— y que por lo

tanto respecto de ellos, como ha puesto

de relieve la Sentencia del Tribunal

Constitucional 235/1991, de 12 de di-

ciembre (FJ 2), no juega el esquema ba-

ses-desarrollo que es posible utilizar en

relación con otros funcionarios, según el

artículo 149.1.18 CE. Ello nos lleva a la

consecuencia de que las apelaciones al

reglamento que hacen los artículos 37.1,

58.3, 59.3, 61, 68.1, 69.1 y 2, y 71.2 no

son inconstitucionales porque el Estado,

en relación con los citados funcionarios,

dispone de plenas competencias norma-

tivas respetando, obviamente, la autono-

mía universitaria».

5) Artículo 63.1:

«El citado precepto obliga a las uni-

versidades a proveer, en todo caso, entre

los previamente habilitados por el Esta-

do, sus plazas vacantes, no dejando por

tanto el más mínimo margen de discre-

cionalidad o de libertad en un tema tan

estrechamente relacionado con las tareas

académicas como es la resolución de los

concursos de acceso de los funcionarios

docentes.»

El Consejo juzga inconstitucional

este precepto, pese a tratarse en este

caso de personal contratado por consi-

derar perfectamente trasladable a este

supuesto la doctrina establecida por la

STC 26/1987, de 27 de febrero (FJ

13.b), según la cual «[...] la valoración

de los méritos y de las circunstancias

que concurren para la contratación de

un profesor es inherente a la autonomía

universitaria».

6) Artículo 66.1:

Conforme a lo dispuesto por el artí-

culo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de régimen jurídico de

las administraciones públicas y del

procedimiento administrativo común

(en la redacción dada por la Ley

4/1999, de 13 de enero), el artículo

66.1, que prevé que «[...] contra las

propuestas de las comisiones de habili-

tación los candidatos podrán presentar

reclamación ante el Consejo de Coor-

dinación Universitaria», «[...] no in-

fringe el principio de seguridad jurídica

(art. 9.3 CE) por no haber consignado

el plazo de presentación de las recla-

maciones a que se refiere, siendo por lo

tanto constitucional».

ACTIVIDAD NORMATIVA... 369

7) Artículo 72.2:

«Este precepto, que introduce unas

mínimas exigencias que deberá reunir el

profesorado dirigidas a garantizar la ca-

lidad del sistema en el sector universita-

rio privado, no sólo no es contrario a la

autonomía de las universidades que la

integran, sino que responde a las com-

petencias básicas del Estado del artículo

149.1.30 CE, siendo por tal motivo

constitucional.»

k)Título X (artículos 73 a 78). Per-

sonal de administración y servicios de

las universidades públicas.

El Dictamen considera constitucio-

nales todos los preceptos de este título

aunque realiza algunas reflexiones de

cara a la mejor comprensión del artícu-

lo 74.2. Concretamente: «En principio,

la competencia básica del artículo

149.1.18 CE no se extiende al régimen

retributivo de los funcionarios de las di-

ferentes administraciones públicas, lo

que no impide que ex artículo 149.1.13

CE se puedan poner topes a sus retribu-

ciones siempre que sea de forma global

y no individualizada. No obstante, en el

presente caso, la movilidad que la LOU

(art. 76.1 y 4) ha conferido al personal

universitario no docente justifica que se

introduzca una relativa uniformidad en

su régimen retributivo a través de unas

normas marco» (véase, al respecto, la

STC 28/1987, de 27 de febrero, FJ

12.9).

l) Título XI (artículos 79 a 84). Ré-

gimen económico y financiero de las

universidades públicas.

El Consejo considera ajustados al orden

constitucional todos los artículos que

componen el título XI de la LOU, ya que

a su juicio hallan apoyo en la doctrina

asentada por el Tribunal Constitucional,

en relación con la autonomía de las uni-

versidades, en la STC 106/1990, de 6 de

junio (FJ 7.a). No obstante, a su juicio, el

artículo 83.2 podría plantear problemas

de constitucionalidad puesto que delega

en el Gobierno la facultad de dictar nor-

mas básicas. Sin embargo, considera que

puede aplicarse a este supuesto la doctrina

de la STC 131/1996, de 11 de julio (FJ 2),

y en consecuencia declara la constitucio-

nalidad del precepto.

m) Título XII (artículos 85 y 86).

Centros en el extranjero dependientes de

universidades españolas y centros que

impartan enseñanzas de acuerdo con siste-

mas educativos extranjeros.

«El contenido sustancial de todos los

artículos citados gira en torno a la ob-

tención, homologación o convalida-

ción por el Estado español de títulos de

educación superior, tanto a expedir por

las universidades españolas en el extran-

jero, como por las extranjeras en Espa-

ña, estando claro que por este motivo

debe incluirse en la competencia exclu-

siva del Estado del artículo 149.1.30

CE. [...] La constitucionalidad de los

mencionados artículos resulta, pues, de

lo anterior y, además, de que la pro-

puesta para crear centros en el extranje-

ro a cargo de las universidades españo-

las tiene que ser aprobada por la

comunidad autónoma competente (art.

85.1), la cual, igualmente, deberá auto-

rizar la implantación en su territorio de

centros que impartan enseñanzas con-

ducentes a la obtención de títulos ex-

tranjeros de educación superior univer-

sitaria (art. 86.1).»

n)

Título XIII (artículos 87, 88 y 89).

Espacio Europeo de educación superior.

Es una de las novedades de la LOU respec-

to de la legislación anterior y tiene por ob-

jeto adaptarse al espacio europeo de edu-

cación supe

rior.

En opinión del Consejo, las previsio-

nes realizadas en este título «[...] guar-

dan una estrecha relación con la expedi-

ción, homologación y obtención de

AUTONOMIES · 29

370

títulos académicos y profesionales, así

como con el régimen jurídico de los

cuerpos nacionales de funcionarios do-

centes (art. 149.1.18 y 30 CE), respe-

tándose, al propio tiempo, las compe-

tencias de las comunidades autónomas

y de las universidades respecto a la mo-

vilidad de estudiantes y profesores, lo

que nos lleva a concluir que los expresa-

dos artículos son constitucionales».

ñ) Disposiciones adicionales.

1. Disposición adicional cuarta.

Esta disposición adicional hace refe-

rencia a las universidades de la Iglesia

católica y las dudas de constitucionali-

dad tan solo se plantean en relación con

el último inciso del apartado 2, en su

primer párrafo «[...] que exceptúa a las

universidades de la Iglesia católica de la

regla general del reconocimiento me-

diante ley de las asambleas legislativas

de las comunidades autónomas o de las

Cortes Generales», que puede vulnerar

el principio de igualdad consagrado en

la CE. El Dictamen puntualiza en pri-

mer lugar que «[...] la citada disposición

adicional debe entenderse referida a las

universidades creadas directamente por

la Iglesia católica y no, en cambio, a

aquellas cuya titularidad corresponda a

personas jurídicas diferentes, como fun-

daciones de derecho privado en las que

puedan participar, o no, entidades o

congregaciones religiosas», y después ex-

pone sucintamente el significado que el

Tribunal Constitucional ha dado al

principio de igualdad (STC 114/1992,

de 14 de diciembre, FJ 6; 340/1993, de

16 de noviembre, FJ 4 c; 158/1993, de 6

de mayo, FJ 2.b). Seguidamente, reco-

noce que «que la disposición adicional

cuarta contiene una diferencia de trato es

una realidad que nadie puede negar, y

así se desprende de su comparación con

los artículos 4 y 5 de la LOU, que regu-

lan el reconocimiento de las universida-

des privadas»; «[...] cualquier persona fí-

sica o jurídica, o grupo de personas que

cree una universidad privada deberá so-

meterse para su posterior reconocimien-

to a un procedimiento y a unos requisi-

tos complejos, regulados por el artículo

4 (de aplicación análoga a las universi-

dades privadas), y que incluye de forma

previa el informe del Consejo de Coor-

dinación Universitaria en el marco de la

programación educativa, el acuerdo del

Consejo de Gobierno de la comunidad

autónoma en cuyo ámbito territorial

hayan de establecerse (en caso de recono-

cimiento por ley de las Cortes Generales)

y, finalmente, la comprobación del cum-

plimiento de los requisitos básicos sobre

medios y recursos a que se refiere el ar-

tículo 4.3 (“requisitos básicos para la

creación y reconocimiento de universi-

dades”). Además, el artículo 5 impone

prohibiciones e incompatibilidades es-

trictas sobre las personas físicas titulares o

sobre los administradores, patronos, fun-

dadores o promotores de las personas ju-

rídicas titulares de la universidad.

»Por último, el proyecto de ley de re-

conocimiento deberá someterse a la de-

cisión soberana del correspondiente

órgano parlamentario, la cual será tra-

mitada a través de un procedimiento, el

legislativo, de gran trascendencia políti-

ca (ya que comprende no sólo la inter-

vención de los grupos parlamentarios y

los diputados mediante enmiendas par-

ciales, sino también, en su caso, la discu-

sión de totalidad y las comparecencias),

todo ello por medio de un debate abier-

to y público dotado de una gran capaci-

dad de proyección social.

»Pues bien, la Iglesia católica, por el

simple hecho de serlo, queda eximida

del cumplimiento de tales obligaciones.

Sus universidades se considerarán auto-

máticamente reconocidas ope legis, sin

ACTIVIDAD NORMATIVA... 371

necesidad del informe previo del Conse-

jo de Coordinación Universitaria (con

lo cual se limita la función de programa-

ción general de la educación, reservada a

los poderes públicos por el art. 27.5 CE).

Y, lo que es más importante, se hurta al

poder legislativo la posibilidad de deci-

dir en una materia que, de forma gene-

ral, se ha considerado propia de su com-

petencia.» «La norma ha introducido

una diferenciación entre dos supuestos

que son sustancialmente iguales, para

justificar, así, un trato desigual.» (STC

73/1989, de 20 de abril, FJ 3). También

puntualiza el Dictamen que, en un su-

puesto similar al estudiado, en la STC

340/1993, de 16 de noviembre, el Tribu-

nal Constitucional declaró la inconstitu-

cionalidad del precepto cuestionado.

Dicho esto, el Dictamen se plantea si

existe una justificación objetiva y razo-

nable de esta diferenciación, y quiere ver

la relación que pueda guardar la norma

cuestionada con la finalidad entendida

por el legislador, así como si sus conse-

cuencias jurídicas son adecuadas y pro-

porcionadas a la referida finalidad. El

texto de la Ley en ningún momento

hace mención expresa a las finalidades

que el legislador desea alcanzar con esta

norma, pero al parecer la misma puede

hallarse en el mandato del artículo 16.3

CE y la necesidad de respetar el Acuerdo

entre el Estado y la Iglesia católica sobre

educación y asuntos culturales, de 3 de

enero de 1979.

El Consejo considera que esta finali-

dad no sólo es válida sino exigible al le-

gislador: «Sin embargo, no parece que

exista coherencia entre esta finalidad y

los medios utilizados, ni mucho menos

una adecuada relación de proporciona-

lidad entre sí. Para llegar a esa afirma-

ción bastará con remitirnos a la doctri-

na fijada por la Sentencia del Tribunal

Constitucional 340/1993, de 16 de no-

viembre.» Así, el Dictamen estima que

«[...] esta doctrina es plenamente apli-

cable al caso dictaminado. Las relacio-

nes de cooperación entre el Estado y las

confesiones religiosas previstas en el ar-

tículo 16.3 CE tienen una conexión di-

recta con el derecho a la libertad religio-

sa, por una parte, y con el carácter

aconfesional del Estado, por otra, como

se desprende del examen sistemático de

la regulación constitucional. Nuestro

ordenamiento no se basa tanto en una

visión laica de las relaciones entre las

iglesias y el Estado (visión que parte de

la absoluta separación entre las libres

convicciones religiosas de los ciudada-

nos y los poderes públicos que, por así

decirlo, “ignoran” aunque respetan el

hecho religioso), sino en una considera-

ción de la libertad religiosa que incor-

pora aspectos prestacionales y que exi-

ge, por lo tanto, el reconocimiento

positivo del hecho religioso por parte

de los poderes públicos.

»De ahí que el desarrollo del mandato

constitucional de cooperación deba rea-

lizarse inexcusablemente desde una do-

ble perspectiva: por un lado, la exigencia

de neutralidad entre las distintas confe-

siones religiosas y, además, entre las cre-

encias religiosas y aquellas que no lo

son»; «[...] medidas como la configura-

da en la disposición adicional cuarta no

son adecuadas ni pertinentes para la

consecución de dichas finalidades y,

además, resultan notoriamente despro-

porcionadas», y termina concluyendo

que «la diferenciación de trato aludida

adolece de una justificación objetiva y

razonable y, por lo tanto, constituye una

discriminación expresamente vedada

por el artículo 14 CE».

Finalmente, el Dictamen se pronun-

cia sobre la conexión que puede existir

entre la norma declarada inconstitucio-

nal y el Acuerdo entre el Estado y la

AUTONOMIES · 29

372

Iglesia católica sobre educación y asun-

tos culturales de 3 de enero de 1979, ra-

tificado por Instrumento de 4 de di-

ciembre del mismo año.

En primer lugar se destaca que el

citado Instrumento tiene en nuestro

ordenamiento jurídico la categoría de

tratado internacional, y que los tra-

tados internacionales no son paráme-

tro de constitucionalidad (artículo

95.1 CE). En conclusión, el Tribunal

Constitucional «[...] es competente

para enjuiciar la sujeción de los trata-

dos internacionales a la Constitución

mediante los procedimientos de re-

curso y cuestión de inconstitucionali-

dad (art. 161.1.ay 163 CE) y los con-

cordantes de la Ley orgánica 2/1979,

de 3 de octubre, del Tribunal Consti-

tucional». Los acuerdos con la Iglesia

católica no pueden ser una excepción

a esta regla, y así se desprende de la

Sentencia del Tribunal Constitucio-

nal 66/1982, de 12 de noviembre, re-

lativa al Acuerdo sobre asuntos jurídi-

cos (FJ 5).

Por tanto, «ninguna previsión del ci-

tado Acuerdo podría salvar la constitu-

cionalidad de la disposición adicional

cuarta en caso de que ésta, como noso-

tros opinamos, vulnerase la Constitu-

ción». «Cuestión distinta serían los

efectos que podría producir esa decla-

ración de inconstitucionalidad, realiza-

da por aquel que está habilitado para

ello, en caso de que el Acuerdo contu-

viera una previsión del mismo tenor

que el de la norma anulada» ya que en

tal supuesto entrarían en juego «las

previsiones constitucionales sobre de-

nuncia de tratados recogidas en el

mencionado artículo 96 CE, aunque

ésta no es una materia que nos corres-

ponda resolver a nosotros». Sin embar-

go, el problema no se plantea a este

nivel porque, aunque no es opinión

unánime, el Consejo considera que «la

realidad es que el Acuerdo entre el Es-

tado español y la Santa Sede sobre edu-

cación y asuntos culturales no vulnera

en absoluto el artículo 14 CE. No lo

vulnera porque del mismo no puede

extraerse, a través de un razonamiento

lógico, la conclusión de que las univer-

sidades creadas o que pueda crear en el

futuro la Iglesia católica queden nece-

sariamente exentas, por mandato del

propio Acuerdo, del reconocimiento

por ley que impone para todas las uni-

versidades privadas el artículo 4 de la

LOU» (Dictamen 3452 del Consejo de

Estado, de 16 de octubre de 1997).

«En conclusión, y a la vista de lo ex-

puesto anteriormente [...] entendemos

que el párrafo primero del apartado 2 de

la disposición adicional cuarta, por lo

que toca al inciso “a excepción de la ne-

cesidad de ley de reconocimiento”, es

inconstitucional.»

2. Disposición adicional séptima.

Esta disposición adicional está dedi-

cada al régimen de conciertos entre las

universidades y las instituciones sanita-

rias y su contenido es prácticamente

idéntico al de la disposición adicional

sexta de la LRU.

El Consejo, haciendo suyos los razo-

namientos expuestos en el FJ 13.ade la

STC 26/1987, de 27 de febrero, en rela-

ción con la citada disposición adicional

sexta, considera constitucional la que

hoy se somete a dictamen.

3. Disposición adicional novena.

Esta disposición adicional se refiere a

los cambios sobrevenidos en las univer-

sidades privadas y centros de educación

superior adscritos a las universidades

públicas.

Las dudas de constitucionalidad se

plantean en relación con el apartado

ACTIVIDAD NORMATIVA... 373

tercero «[...] que permite a las comuni-

dades autónomas, una vez iniciadas las

actividades de una universidad privada,

o de un centro universitario adscrito a

una universidad pública, revocar el re-

conocimiento de los centros o enseñan-

zas, o dirigirse a la respectiva Asamblea

legislativa a efectos de la posible revoca-

ción del reconocimiento de la universi-

dad afectada, en el supuesto de incum-

plimiento reiterado o no regularizado,

en el plazo que al efecto se conceda, de

los requisitos exigidos por el ordena-

miento jurídico o de los compromisos

alcanzados al solicitarse el reconoci-

miento o de las funciones instituciona-

les contempladas en el artículo 1 de la

LOU, previa audiencia de la universi-

dad interesada o del centro universita-

rio adscrito de que se trate.

»En este caso, a diferencia de lo pre-

visto cuando la revocación del reconoci-

miento o de las enseñanzas se produzca

a solicitud de la propia universidad, no

se ha contemplado la necesidad de que,

por quien corresponda, se garantice a

los estudiantes que podrán continuar

sus enseñanzas conforme a las reglas es-

tablecidas para la extinción de planes de

estudios, lo cual —tratándose de aque-

llos de terceros de buena fe (la buena fe

debe presumirse siempre y más en su-

puestos como el que examinamos)—

puede colocarles en una situación de in-

defensión o de ausencia de garantías res-

pecto a la continuidad de sus estudios o

a la obtención de la correspondiente ti-

tulación oficial, situación que sería con-

traria a los principios —especialmente

el de seguridad jurídica— consagrados

en el artículo 9.3 CE, y que supondría la

inconstitucionalidad del precepto.

»Es cierto, no obstante, que contra

las decisiones —administrativas— de

las comunidades autónomas o, en su

caso, legislativas de sus asambleas o

parlamentos, podrán interponerse los

recursos —administrativos, contencio-

so-administrativos y de amparo— pre-

vistos en la correspondiente legisla-

ción, pero también lo es que en esos

eventuales recursos el thema decidendi

no será probablemente la posibilidad o

no de continuar los estudios de acuer-

do con la normativa general sobre fina-

lización de planes de estudio, sino la le-

galidad administrativa o constitucional

del acto de revocación del reconoci-

miento de los centros o enseñanzas

afectados, si bien parece verosímil ad-

mitir la hipótesis de que en las senten-

cias que al efecto pudieran dictarse se

restableciera a los estudiantes en su de-

recho a finalizar los estudios en la uni-

versidad o centro por ellos escogido

[art. 46.1 y 2.a) LOU].

»No obstante, si se apreciara que

puede corresponder al desarrollo auto-

nómico y a los estatutos de las universi-

dades fijar en este supuesto las conse-

cuencias que para los estudiantes tiene

la revocación del reconocimiento de los

centros o enseñanzas afectados por los

incumplimientos a que se refiere el

apartado de la disposición analizada,

como así podría ser respecto de Cata-

luña dadas las competencias plenas

sobre educación asumidas en el artículo

15 EAC y de las demás comunidades

autónomas situadas a su mismo nivel

competencial, el precepto sería consti-

tucional.»

4. Disposición adicional decimoquinta.

El Consejo juzga constitucional el

precepto por razones idénticas a las ya

expresadas en relación con el artículo

34.1 que da por reproducidas.

5. Disposición adicional decimoséptima.

También en este caso se juzga cons-

titucional el precepto de acuerdo con

AUTONOMIES · 29

374

los artículos 149.1.30 CE y 25.1

EAC, y la STC 1/1986, de 10 de ene-

ro, FJ 3.

6. Disposición adicional vigésimo tercera.

Atribuye al Estado la alta inspección

en materia de educación universitaria y,

por tanto, de acuerdo con el artículo 15

EAC, debe considerarse ajustada al or-

den constitucional.

7. Disposición adicional vigésimo quinta.

La constitucionalidad de esta dispo-

sición se basa en motivos similares a

los aducidos en relación con el aparta-

do tres del artículo 42 de la LOU, tam-

bién expuestos en el F VI.1 del Dicta-

men 215. Así, se afirma «[…] que en el

supuesto que examinamos la potestad

asignada al Gobierno no es exhausti-

va ni incondicionada, sino enfocada

hacia un objetivo muy concreto y de-

terminado, razón por la que considera-

mos que la disposición es constitucio-

nal».

o) Disposiciones transitorias.

De acuerdo con el Dictamen, ningu-

na de estas disposiciones plantea proble-

mas de constitucionalidad.

p) Disposición derogatoria.

Es constitucional por referirse tan

sólo, como es lógico, a normas y dispo-

siciones emanadas del propio Estado.

q) Disposiciones finales.

Únicamente la disposición final cuar-

ta plantea dudas de constitucionalidad.

En opinión del Consejo, «[…] si bien

no es estrictamente inconstitucional, in-

curre en la omisión de no citar, junto a

la relación de preceptos que tienen el ca-

rácter de ley orgánica, aquellos que de-

ben considerarse como básicos o de na-

turaleza básica, tal y como ya hemos

puesto de relieve en el anterior Funda-

mento II, epígrafe 2.B.2 del presente

dictamen».

Conclusión:

Primero. El artículo 9.2 de la Ley or-

gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

universidades y, por conexión con éste,

el artículo 12, así como el artículo 11.2,

son constitucionales interpretados en el

sentido que figura en el Fundamento

III.C) del Dictamen.

Segundo. Los porcentajes fijados en

el artículo 15.2 de la Ley orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de uni-

versidades, son constitucionales pero

no básicos y, por tanto, no son aplica-

bles a Cataluña.

Tercero. El artículo 20.4 de la Ley or-

gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

universidades, es constitucional pero no

es básico y, por tanto, no es aplicable a

Cataluña.

Cuarto. El artículo 35.6 de la Ley or-

gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

universidades, es inconstitucional.

Quinto. El artículo 63.1, párrafo se-

gundo, de la Ley orgánica 6/2001, de

21 de diciembre, de universidades, es

inconstitucional.

Sexto. El párrafo primero del apartado

2 de la disposición adicional cuarta de la

Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciem-

bre, de universidades, por lo que se re-

fiere al inciso «a excepción de la necesi-

dad de ley de reconocimiento», es

inconstitucional.

Séptimo. La disposición adicional no-

vena, apartado 3, de la Ley orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de univer-

sidades, es constitucional si se interpreta

en el sentido que figura en el Funda-

mento III.N.3 del Dictamen.

Voto particular:

Formulado por los consejeros señores

Manuel M. Vicens i Mates y Ramon

M. Llevadot i Roig, quienes discrepan

ACTIVIDAD NORMATIVA... 375

del acuerdo de la mayoría «por lo que se

refiere a la interpretación dada al pri-

mer párrafo de la disposición adicional

cuarta, apartado 2, de la LOU en rela-

ción con las universidades de la Iglesia

católica».

Voto particular:

Formulado por el consejero Sr. Joa-

quim M. Borrell i Mestre, quien discre-

pa de las conclusiones segunda, cuarta,

quinta y sexta del Dictamen.

AUTONOMIES · 29

376

Dictamen núm. 228, previo a la interposición de recurso de inconstitucionali-

dad, en relación a la adecuación a la Constitución española y al bloque de

la constitucionalidad de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regula-

dora del derecho de asociación y, especialmente, sobre los artículos 3.b,

4.6, 26.2, la disposición transitoria primera y la disposición final prime-

ra, apartado 2.

Solicitantes:

La Mesa del Parlamento a instancia

de los grupos parlamentarios Socialis-

tes-Ciutadans pel Canvi, de Esquerra

Republicana de Catalunya, y de Inicia-

tiva per Catalunya-Verds (IC-V).

Ponente:

Pere Jover i Presa.

Extracto o resumen de los fundamentos:

Fundamento I

En este primer fundamento el Conse-

jo realiza un breve resumen del conteni-

do de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de

marzo, reguladora del derecho de aso-

ciación, objeto de dictamen.

Fundamento II

El Consejo realiza un examen global

de la regulación existente sobre la mate-

ria, tal y como ha sido interpretada por

la jurisprudencia del Tribunal Constitu-

cional, y analiza por separado el conte-

nido del derecho fundamental de aso-

ciación, reconocido por el artículo 22, y

el orden constitucional de competencias

entre el Estado y la Generalidad de Ca-

taluña en materia de asociaciones. Por lo

que se refiere al artículo 22 CE, el Dic-

tamen precisa que «lo que realmente in-

teresaba al constituyente, tal y como se

desprende de los debates que conduje-

ron a la aprobación de este artículo, era

la determinación del derecho funda-

mental del modo más amplio posible;

por ello [...] se ocupó de explicar con la

máxima precisión y de forma tasada los

casos y circunstancias en los cuales los

poderes públicos están habilitados para

intervenir en el ejercicio del derecho

fundamental. Así, el apartado 3 prohíbe

cualquier tipo de intromisión genérica

en la constitución de las asociaciones, ya

que la obligación o carga de inscripción

registral no constituye una habilitación

abierta para controlar la constitución de

asociaciones, teniendo en cuenta que se

hace “a los solos efectos de publicidad”,

y el apartado 4 impone la ineludible in-

tervención del poder judicial para la

disolución de las asociaciones, impi-

diendo la intervención administrativa

incluso de forma provisional o transi-

toria (“solo podrán ser suspendidas o

disueltas”), con lo que nuestro ordena-

miento otorga un plus de garantía que

no es frecuente en el derecho compara-

do, como ya reconoció el Tribunal Cons-

titucional en su Sentencia 115/1987, de

7 de julio».

«Por si ello no fuese suficiente, esta

intervención judicial sólo será posible

en los casos expresamente previstos en la

propia Constitución: las asociaciones

que persigan fines o utilicen medios ti-

pificados como delito en las leyes pena-

les, las asociaciones secretas y las que

tengan carácter paramilitar.»

«En suma, en el derecho de asocia-

ción se observa con claridad la concu-

rrencia de las dos funciones que los de-

rechos fundamentales cumplen en la

sociedad, tesis que tan a menudo ha uti-

lizado el Tribunal Constitucional y que

desarrolló, con relación a este derecho

fundamental, en su crucial Sentencia

173/1998, de 23 de julio, sobre la Ley

de asociaciones del Parlamento vasco:

por un lado, en su consideración objeti-

va, el derecho de asociación constituye

un elemento básico del Estado social y

democrático de derecho, teniendo en

cuenta que, además, sólo a través de su

ejercicio podrán realizarse principios

nucleares de nuestro ordenamiento

como el pluralismo político y social y la

participación de los ciudadanos en los

asuntos públicos; por otro lado, en su

consideración subjetiva, se trata funda-

mentalmente de un derecho de libertad

o de abstención frente a posibles inje-

rencias de los poderes públicos (FJ 8),

que tiene por finalidad garantizar un

ámbito de inmunidad o de no interven-

ción en la libre y autónoma voluntad de

los ciudadanos.»

Junto con el artículo 22 CE, el Con-

sejo considera necesario tener en cuenta

la importancia especial que en materia

de derechos fundamentales presenta la

regulación contenida en los tratados y

acuerdos internacionales sobre derechos

humanos suscritos por el Estado espa-

ñol (art. 10.2 CE).

«En todo caso es conveniente no olvi-

dar que la posición preferente que ocu-

pan los derechos fundamentales en

nuestro ordenamiento obliga a conside-

rar la relación entre el ordenamiento in-

terno y el así definido bloque normativo

internacional de acuerdo con el princi-

pio de favor libertatis, que exige la apli-

cación en cada caso de la solución nor-

mativa que resulte más beneficiosa para

la plenitud del derecho fundamental.»

«A este respecto conviene recordar

que el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos ha dejado muy claro que la

noción de asociación a la que se refiere el

artículo 11 del Convenio Europeo po-

see un alcance autónomo, y que la califi-

cación que de ésta haga el derecho inter-

no no constituye más que un simple

punto de partida (STEDH, de 29 de

abril de 1999, caso Chasagnou y otros

contra Francia, FJ 100.»

«El derecho de asociación presenta

una doble dimensión, que corresponde

a las dos acepciones que tiene la palabra

en el lenguaje ordinario: por una parte

el derecho a asociarse, como acción vo-

luntaria y libre de la persona humana; y,

por otra, la persona jurídica o ente así

creado también resulta, ella misma, titu-

lar del derecho, en particular por lo que

respecta a la determinación de su orga-

nización interna y al libre desarrollo de

sus actividades.

»Además, todas y cada una de estas

características inciden en la naturaleza

antes indicada del derecho de asociación

como derecho de libertad frente a posi-

bles interferencias de los poderes públi-

cos y, al mismo tiempo, justifican el re-

chazo del Tribunal Constitucional a

considerar la menor dimensión presta-

cional: “[...] no hay fundamento alguno

que autorice entender que el derecho de

ACTIVIDAD NORMATIVA... 377

asociación consagrado por el art. 22 CE

está investido de una dimensión pres-

tacional, en virtud de la cual las asocia-

ciones puedan exigir del Estado que fa-

cilite cierta actividad —[...]— al objeto

de facilitar el cumplimiento de los fines

perseguidos por las mismas” (ATC

162/1995, de 5 de junio, FJ 4). Por con-

siguiente, la citada actividad prestacio-

nal, cuando se produzca, no formará

parte del contenido esencial del derecho

fundamental y su regulación estará ve-

dada al legislador orgánico.»

A continuación se define el contenido

esencial del derecho de asociación, tal

como ha sido reconocido por la juris-

prudencia constitucional y en especial

en la Sentencia 173/1998, de 23 de ju-

lio, que resolvió el recurso de incons-

titucionalidad presentado por el Go-

bierno contra la Ley 3/1988, de asocia-

ciones del País Vasco. «En la citada

Sentencia el supremo intérprete de la

Constitución se refirió a tres dimensio-

nes del derecho de asociación que se co-

rresponden con las dos a las que antes

nos habíamos referido, con la única ex-

cepción de distinguir, en la primera de

ellas (derecho a asociarse), su doble ver-

tiente positiva y negativa. La citada di-

mensión individual se traduce, por una

parte, en la libertad positiva del derecho

a asociarse, tanto por lo que se refiere al

derecho a constituir la asociación como

al de integrarse o afiliarse a asociaciones

ya existentes. En el primer aspecto es un

derecho frente a los poderes públicos,

que no pueden impedir ni intervenir en

la citada libertad más allá de las actua-

ciones que resulten de la prohibición

constitucional de asociaciones delictivas

por sus fines, secretas o de carácter para-

militar; en cambio, en el segundo aspec-

to nos hallamos ante un derecho hori-

zontal, con eficacia inter privatos, en la

medida en que se ejerce frente a la pro-

pia asociación, y garantiza un haz de fa-

cultades que incluyen el derecho a no

ver rechazada su afiliación por motivos

arbitrarios o faltos de razonabilidad y,

por tanto, discriminatorios; el derecho a

intervenir de forma normal en la vida de

la asociación y, finalmente, el derecho a

no ser excluido de la misma sin una base

razonable y de acuerdo con un procedi-

miento que garantice el indispensable

derecho a la defensa (el derecho a no ser

excluido de forma arbitraria fue recono-

cido por el Tribunal Constitucional, en-

tre otras, en la Sentencia 218/1988, de

22 de noviembre). Este haz de facultades

ha sido calificado en varias ocasiones por

la jurisprudencia constitucional como

una cuarta dimensión del derecho de aso-

ciación, que se añade de forma plena a

las tres antes indicadas. Asimismo, y

aunque la jurisprudencia constitucional

no se ha referido a ella, se considera que

la condición de miembro de una deter-

minada asociación no puede implicar

motivo de discriminación alguna por

parte de los poderes públicos, y así ha

sido reconocido por la Ley orgánica

1/2002, objeto del presente Dictamen.

»Como libertad negativa, el derecho

de asociación significa que nadie puede

ser obligado a asociarse o integrarse en

una determinada asociación si no lo de-

sea, ni tampoco a permanecer en ella

contra su voluntad. Además, debe ex-

cluirse que la no integración en una aso-

ciación o el abandono de ésta puedan

acarrear desventaja o discriminación al-

guna por parte de los poderes públicos.»

(STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 19).

«Por último, en su dimensión estruc-

tural-organizativa el derecho de asocia-

ción tiene como sujeto a la propia enti-

dad asociativa ya constituida, que como

persona jurídica será titular también del

resto de derechos fundamentales que

puedan corresponderle.

AUTONOMIES · 29

378

»En el plano de la constitución de la

asociación, como ya hemos indicado

anteriormente, queda excluido cual-

quier tipo de injerencia por parte de los

poderes públicos; cuestión ésta que co-

necta con la obligación constitucional

de la inscripción en el registro y las con-

secuencias jurídicas que lleva aparejada

dicha inscripción o, desde otra perspec-

tiva, la no inscripción.»

«Ya tempranamente el Tribunal Cons-

titucional afirmó que la función de la

Administración pública (o, más exacta-

mente, del órgano encargado del regis-

tro) debe limitarse a un control reglado

de la documentación presentada (STC

3/1981, de 2 de febrero, FJ 5).»

«Esta doctrina ha sido mantenida de

forma continuada en posteriores deci-

siones, y ampliada a la exigencia de que

la negativa de inscripción, incluso justi-

ficada por la existencia de defectos for-

males no reparados, debe ser motivada

(STC 291/1993, de 18 de octubre, FJ 2).»

En cuanto al efecto constitucional o

declarativo de la inscripción, y pese a la

jurisprudencia del Tribunal Supremo a

favor de la tesis declarativa, el Tribunal

Constitucional ha mostrado cierta am-

bigüedad, sin alcanzar una doctrina cla-

ra y continuada sobre esta cuestión. Sin

embargo, el artículo 5.2 de la Ley orgá-

nica 1/2002 resuelve definitivamente la

cuestión a favor de la tesis declarativa.

«En el plano del funcionamiento nor-

mal y ordinario de la asociación, la auto-

nomía organizativa incluye el derecho a

ejercer las funciones y actividades ade-

cuadas para la consecución de sus fines

sin injerencias de ningún tipo. Las ad-

ministraciones públicas no están habi-

litadas para suspender la asociación ni

los actos o decisiones adoptados por sus

órganos directivos. Al respecto, la Sen-

tencia del Tribunal Constitucional 91/

1983, de 7 de noviembre, ha considera-

do que forman parte del derecho de aso-

ciación las reuniones de los afiliados

convocadas por un sindicato al objeto

de desarrollar sus propios fines (FJ 2).

»Por último, se ha planteado la duda

sobre si la imposición legal de una deter-

minada estructura asociativa, en concre-

to una estructura democrática, vulnera

el derecho constitucional a la autono-

mía organizativa de las asociaciones.

Naturalmente, no nos referimos a aquellos

casos en los que la propia Constitución

así lo exige, en función de la especial

relevancia que otorga a determinados

fenómenos asociativos (partidos políti-

cos, sindicatos y organizaciones empre-

sariales).

»Tanto las dos leyes autonómicas an-

teriormente citadas (art. 2.1 y 2.4 de la

Ley del Parlamento vasco, y art. 2.2 de

la Ley del Parlamento de Cataluña)

como la Ley orgánica 1/2002, estudiada

en el presente Dictamen, se pronuncian

de forma rotunda en favor de dicha exi-

gencia.»

«Por el contrario, entre la doctrina

científica es mayoritaria la tesis de que el

legislador no dispone de una habilita-

ción específica para imponer ese límite.»

«El Tribunal Constitucional se ha abs-

tenido de resolver esta duda hasta el mo-

mento, a pesar de que pudo hacerlo en la

Sentencia dictada en relación con el re-

curso de inconstitucionalidad presenta-

do contra la Ley de asociaciones del Par-

lamento vasco, ya que su artículo 2.4,

antes citado, era uno de los recurridos.»

Finalmente, se examina de qué modo

se produce una colaboración entre ley

orgánica y ley ordinaria en la regula-

ción del derecho fundamental de aso-

ciación y las materias conexas con este

derecho. En concreto se trata de «defi-

nir la conexión que debe tener esta re-

gulación con la existencia de regímenes

específicos para determinados tipos de

ACTIVIDAD NORMATIVA... 379

asociaciones, que pueden exigir, en al-

gunos casos, instrumentos normativos

igualmente específicos.

»Pues bien, la Sentencia del Tribunal

Constitucional 67/1985, de 24 de mayo,

es muy clara al respecto:

»“El artículo 22 de la Constitución

contiene una garantía que podríamos

denominar común; es decir, el derecho

de asociación que regula el artículo

mencionado se refiere a un género —la

asociación— dentro del que caben mo-

dalidades específicas. Así, en la propia

Constitución (artículos 6 y 7), se con-

tienen normas especiales respecto de

asociaciones de relevancia constitucio-

nal como partidos políticos, sindicatos y

asociaciones empresariales. Por ello

debe señalarse que la reserva de la Ley

orgánica en el artículo 81.1 de la Cons-

titución en orden a las leyes relativas ‘al

desarrollo de los derechos fundamenta-

les’ se refiere en este caso a la Ley que de-

sarrolle el derecho fundamental de aso-

ciación en cuanto tal, pero no excluye la

posibilidad de que las leyes ordinarias

incidan en la regulación de tipos especí-

ficos de asociaciones, siempre que respe-

ten el desarrollo efectuado en la Ley or-

gánica.” (FJ 3 C).»

Por lo que se refiere a la distribución

de competencias en materia de asocia-

ciones entre el Estado y la Generalidad,

el Dictamen constata en primer lugar

que el artículo 149.1 CE no menciona

la materia asociaciones mientras que el

artículo 9.24 EAC establece que la Ge-

neralidad tiene competencias exclusi-

vas sobre «[...] asociaciones de carácter

docente, cultural, artístico, benéfico-

asistenciales y similares, que ejerzan

principalmente sus funciones en Cata-

luña». También puntualiza que de

acuerdo con este precepto estatutario,

esta competencia autonómica se ejerce-

rá «sobre aquellas asociaciones que

cumplan unas determinadas finalida-

des o ejerzan una serie de actividades

enumeradas en el precepto». Sin em-

bargo, no es una lista cerrada, puesto

que la expresión «y similares» permite

ampliar el número de asociaciones a las

que alcanza la competencia autonómi-

ca. Asimismo, las asociaciones a las que

se hace referencia deberán desarrollar

sus funciones.

También se cita el Real decreto

3526/1981, de 29 de diciembre, de tras-

pasos de servicios del Estado a la Gene-

ralidad en materia de asociaciones, y la

Ley 7/1997, de 19 de junio, de asocia-

ciones (objeto de recurso ante el Tribu-

nal Constitucional por el presidente del

Gobierno, todavía pendiente de senten-

cia), y el Decreto 206/1999, de 27 de

julio, por el que se aprueba el Regla-

mento de organización y funcionamien-

to del Registro. De esta regulación se

destaca, por lo que se refiere al ámbito

de aplicación de la ley catalana, la intro-

ducción del requisito de que las asocia-

ciones tengan su domicilio establecido

en el territorio de Cataluña para que en-

tren dentro del ámbito de aplicación de

la ley y la exclusión de dicho ámbito de

las asociaciones sometidas a alguna nor-

mativa específica que establezca la ins-

cripción de su constitución en un regis-

tro especial.

Finalmente, se debe constatar que, res-

pecto a las asociaciones a las que alcanza

el título competencial del artículo 9.24

EAC, son trasladables las consideraciones

que sobre el artículo 10.3 EAPV ha rea-

lizado el Tribunal Constitucional en la

STC 173/1998, de 23 de julio (FJ 3 y 5),

que reproduce. El Tribunal Constitu-

cional, pese al carácter exclusivo de la

competencia autonómica en materia de

asociaciones, manifiesta que su ejercicio

se halla condicionado por los siguientes

preceptos constitucionales:

AUTONOMIES · 29

380

a) Artículo 81.1 CE, en virtud del

cual corresponde al Estado el desarro-

llo directo de los elementos esenciales

del derecho fundamental de asociacio-

nes reconocido en el artículo 22 CE.

Sobre el alcance material de esta reser-

va el Consejo cita, a modo de resumen,

lo señalado por la STC 173/1998 (FJ

7). Asimismo, expone algunas pautas

elaboradas por la doctrina constitucio-

nal para la correcta interpretación de

este límite constitucional (la reserva de

ley orgánica del artículo 81.1 CE no

contiene título competencial alguno

habilitante a favor del Estado; debe

aplicarse un criterio estricto o restricti-

vo para determinar el alcance de la re-

serva de ley orgánica, tanto por lo que

respecta a la expresión «desarrollar»

como a la materia objeto de la reserva;

el ámbito de la reserva de ley orgánica

no es coextenso al de las competencias

atribuidas al Estado; al fijarse el alcance

de la reserva de ley orgánica debe coho-

nestarse con el contenido de los pre-

ceptos del denominado bloque de la

constitucionalidad que distribuyen las

competencias entre el Estado y las co-

munidades autónomas).

b) Artículo 149.1.1 CE, que otorga

competencias al Estado central para es-

tablecer «la regulación de las condicio-

nes básicas que garanticen la igualdad

de todos los españoles en el ejercicio de

los derechos y en el cumplimiento de los

deberes constitucionales».

«El Tribunal Constitucional ha lleva-

do a cabo una delimitación negativa de

este título competencial y, en este senti-

do, ha considerado que no puede iden-

tificarse con otros preceptos constitu-

cionales como son los artículos 14,

138.2 y 139.1 CE, ni tampoco se co-

rresponde con el tradicional esquema

competencial “bases estatales-legisla-

ción autonómica de desarrollo”.»

«En concreto, por lo que respecta

al derecho de asociación, el Tribunal

Constitucional, en la ya citada Senten-

cia 173/1998, de 23 de julio, entien-

de que el legislador estatal podrá con-

siderar condiciones básicas de este

derecho:

»“En cualquier caso, parece fuera de

toda duda que, por su conexión con el

derecho de asociación y por su carácter

de ‘requisitos mínimos indispensables’

que posibilitan su ejercicio, el legisla-

dor estatal podrá considerar ‘condicio-

nes básicas’ ex art. 149.1.1 CE, tanto lo

que podríamos denominar la defini-

ción del concepto legal de asociación,

como aquellos aspectos concretos de lo

que hemos llamado régimen jurídico

externo de las asociaciones (nacimiento

de la personalidad, capacidad jurídica y

de obrar, régimen de responsabilidad y

causas y efectos de la disolución), que

resulten ‘imprescindibles o necesarios’

en orden a asegurar la igualdad de to-

dos los españoles en el ejercicio del de-

recho de asociación y, en cuanto tales,

requieren un tratamiento uniforme.”

(FJ 9).»

c) «Finalmente, con carácter general,

el Tribunal Constitucional considera

que sobre las asociaciones objeto de la

competencia autonómica pueden inci-

dir otros títulos competenciales estata-

les. Así, en la Sentencia 173/1998, ya ci-

tada, argumenta:

»“[...] al precisar el alcance de la com-

petencia autonómica, debe tenerse en

cuenta que en las asociaciones objeto de

la competencia autonómica existen ele-

mentos de muy diversa índole, civiles,

administrativos, procesales, fiscales e in-

cluso penales, sobre los que el Estado tie-

ne títulos competenciales que deben ha-

cerse compatibles con el título exclusivo

atribuido a la Comunidad Autónoma”

(FJ 6).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 381

»Entre estos posibles títulos compe-

tenciales estatales, la disposición final

primera de la Ley orgánica 1/2002, dic-

taminada, invoca el artículo 149.1.6 CE

y el artículo 149.1.14 CE.»

Fundamento III

En este fundamento el Dictamen exa-

mina si la Ley orgánica 1/2002 respeta

la superior voluntad del constituyente

en cuanto al contenido esencial del de-

recho fundamental de asociaciones.

«El artículo 1 de la Ley orgánica 1/2002

establece su objeto y ámbito de aplica-

ción, haciendo especial referencia en su

apartado 4 a los casos en que, por no ser

ejercicio del derecho de asociación reco-

nocido por el artículo 22 CE, deben

quedar excluidos del mismo (comuni-

dades de bienes y propietarias, socieda-

des mercantiles y civiles, cooperativas,

mutualidades, uniones temporales de

empresas y agrupaciones de interés eco-

nómico), así como de forma general to-

das aquellas que persigan un afán de lu-

cro. No hay nada que objetar a esta

exclusión, que es ya tradicional en nues-

tro derecho histórico desde la antigua

Ley de asociaciones de 1887.

»No obstante, conviene recordar que,

incluso en estas modalidades asociati-

vas, el Tribunal Constitucional ha consi-

derado que en algunos aspectos no pue-

de excluirse la presencia de intereses o

bienes relacionados con el derecho fun-

damental de asociación que, por tanto,

serían protegibles por medio de recurso

de amparo.»

Sobre esta cuestión, véase la STC

23/1987, de 23 de febrero, FJ 6, y la

STC 96/1994, de 21 de marzo.

De acuerdo con ello, el Dictamen afir-

ma que el artículo 1.4 de la Ley orgánica

1/2002 debe ser interpretado en el senti-

do de no excluir absolutamente la protec-

ción de la propia Ley orgánica 1/2002 en

los casos en que sea procedente.

Por lo que se refiere a las modalidades

asociativas que no responden en su

constitución a un pacto libre y volunta-

rio de sus promotores o asociados, sino

que generalmente son creadas mediante

ley (directamente o a través de una deci-

sión administrativa que ejecuta la ley),

el Consejo pone de manifiesto que, lle-

gado el momento, deberá tenerse en

cuenta la diferencia en la consideración

de este tipo de entidades entre el orde-

namiento interno, que no las considera

exclusivamente del derecho fundamen-

tal de asociación, sin perjuicio de que

excepcionalmente puedan existir bienes

o intereses que merezcan esa protección

(STC 179/1994, de 16 de junio, FJ 6), y

la jurisprudencia del Tribunal Europeo

de Derechos Humanos, que en algunas

de sus decisiones ha considerado que la

calificación de una asociación como pú-

blica no es relevante al ser excluida de la

plena protección que el artículo 11 del

Convenio europeo de derechos huma-

nos reconoce a todo tipo de asociación

(STEDH, de 29 de abril de 1999). Pues

dicha diferencia «podría provocar, en el

futuro, distorsiones en el nivel de pro-

tección del derecho fundamental de

asociación que deberán ser resueltas por

los aplicadores del derecho o, en última

instancia, por el legislador».

El artículo 2.5 de la Ley orgánica

1/2002 sólo plantea algunas dudas de

constitucionalidad en cuanto a su pri-

mera frase, referida a la existencia demo-

crática de la organización y al funciona-

miento de las asociaciones.

«Los términos de la controversia están

claros: por una parte, se afirma que el le-

gislador, con el fin de garantizar el cum-

plimento de unos fines superiores que

derivan directamente de la Constitu-

ción (el pluralismo político y social, la

AUTONOMIES · 29

382

plena participación de los ciudadanos

en la vida política, económica, social y

cultural, etc.), puede e incluso debe im-

poner a las asociaciones el escrupuloso

respeto de unas reglas internas de orga-

nización y funcionamiento democráti-

cos similares o idénticas a las que rigen

en las instituciones del Estado; por otra

parte, frente a esta posición se argumen-

ta con igual fuerza que el derecho fun-

damental de asociación no tiene más lí-

mites que los previstos en la propia

Constitución, que ya ha distinguido en-

tre formas asociativas de especial rele-

vancia política y social para las cuales se

justifica la imposición de dichas reglas

(partidos políticos, sindicatos y asocia-

ciones empresariales) y aquellas otras en

las que, por tratarse de asociaciones pri-

vadas basadas en el principio de la auto-

nomía de la voluntad, son los propios

asociados, a través del pacto asociativo y

su libre integración (o no integración),

quienes deciden la estructura organiza-

tiva que desean adoptar.»

«El Tribunal Constitucional no se ha

pronunciado todavía, de forma expresa,

sobre el fondo de esta cuestión. En su

Sentencia 173/1998, de 23 de julio, que

resolvió el recurso de inconstitucionali-

dad presentado contra la ya citada Ley

de asociaciones del Parlamento vasco

declaró, ciertamente, la inconstituciona-

lidad del artículo 2.4, que tiene un conte-

nido muy similar al del precepto dicta-

minado, pero lo hizo no porque apreciara

vulneración del artículo 22 CE, sino por

invasión del ámbito reservado por el ar-

tículo 81.1 CE, ya que consideró que

esta imposición constituye materia de

ley orgánica y está reservada, en su caso,

al legislador estatal.» (FJ 13)

«No obstante, otras decisiones ante-

riores parecían indicar que dado que nos

hallamos ante una limitación al derecho

de autoorganización que forma parte

del contenido esencial del derecho de

asociación, esta imposición sólo estará

justificada cuando provenga de la pro-

pia Constitución.» (STC 85/1986, de

25 de junio, FJ 2, y STC 56/1995, de 6

de marzo, FJ 2.)

«Podría afirmarse que lo que se des-

prende de la citada jurisprudencia es,

simplemente, que las asociaciones que

no sean partidos políticos, sindicatos o

asociaciones empresariales no están

obligadas constitucionalmente a dispo-

ner de una organización interna demo-

crática, pero no que el legislador no

pueda, a su vez, imponer esta organiza-

ción al resto de asociaciones; no obstan-

te, el hecho de que al hacerlo se esté in-

cidiendo en el contenido esencial a la

organización interna constitucional-

mente garantizada, añadido a ciertas ex-

presiones utilizadas por la jurispruden-

cia [...] lleva a pensar que el Tribunal

Constitucional observa, al menos con

recelo, esa intervención del legislador.»

En opinión del Consejo, «sólo una

solución que pondere y equilibre los dis-

tintos bienes e intereses en presencia po-

drá considerarse satisfactoria».

De acuerdo con la doctrina elaborada

por el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos y por el Tribunal Constitu-

cional, «el legislador (sólo él puede ha-

cerlo, por mandato del artículo 53.1

CE) debe justificar la necesidad de las li-

mitaciones (a los derechos fundamenta-

les) en la consecución de unos fines su-

periores, directamente conectados con

el respeto a otros derechos y bienes

constitucionalmente protegidos; ade-

más, debe justificar que los límites im-

puestos, es decir, los medios utilizados

para la consecución de tal finalidad,

sean pertinentes y adecuados para alcan-

zarla, ya que no serían aceptables cuan-

do esa misma finalidad pueda conse-

guirse por vías menos costosas para la

ACTIVIDAD NORMATIVA... 383

plenitud del derecho fundamental; y, fi-

nalmente, debe mantener la adecuada

relación de proporcionalidad entre la le-

sión causada y la finalidad buscada, de

forma que se mantenga un justo equili-

brio entre todos los bienes en presencia.

»Y, además, existe un límite infranquea-

ble en esta tarea: el respeto al contenido

esencial del derecho fundamental que, por

mandato del artículo 53.1 CE, se consti-

tuye así como el límite de los límites.»

A partir de tales premisas el Dictamen

analiza el artículo 2.5 de la Ley orgánica

1/2002, y afirma:

«a) Sin duda, la imposición contenida

en este precepto es una clara limitación

a uno de los elementos constitutivos

del derecho fundamental de asociación,

el de la autonomía organizativa, y como

tal es preciso considerarla. Sin embargo,

ello no significa que esa intervención sea,

per se, ilegítima.» (STC 104/1999, de 14

de junio, FJ 2.)

b) «Las finalidades perseguidas por

el legislador con esta imposición están

plenamente justificadas y, además, co-

nectan con la protección de otros bie-

nes y derechos constitucionalmente re-

conocidos.»

Realizadas estas precisiones, el Dicta-

men se pronuncia sobre si el instrumen-

to utilizado por el legislador para lograr

dichas finalidades pondera de forma

adecuada todos los intereses en presen-

cia y, en especial, si no desplaza de ma-

nera desproporcionada el derecho a la

autonomía organizativa. Para ello, con-

sidera que deben tenerse en cuenta dos

aspectos: «En primer lugar, qué alcance

hay que otorgar a la expresión “la orga-

nización interna y el funcionamiento de

las asociaciones deben ser democráticos,

con pleno respeto al pluralismo”; y, en

segundo lugar, si este deber puede ser

exigido uniformemente a todo tipo de

asociaciones.»

«Al primero ya se refirió el Tribunal

Constitucional cuando recordaba que

“del modelo de organización democráti-

ca caben diversas concreciones” (STC

173/1998, FJ 13, citada).»

Y, según el Consejo, para que el pre-

cepto pueda considerarse conforme al

orden constitucional esta expresión de-

bería comportar, «por una parte, el re-

conocimiento de unos derechos a los

asociados que deben incluir, como míni-

mo, la participación en la asamblea ge-

neral y el derecho a la información sobre

determinados asuntos; y, por otra parte,

la necesidad de que las citadas decisiones

fundamentales, tales como, por ejemplo,

la adopción y reforma de los estatutos, la

integración en federaciones, confedera-

ciones o uniones internacionales, la

aprobación anual de las cuentas o la sus-

pensión o disolución, deban ser acorda-

das por la asamblea general de asociados

mediante voto libre y secreto.

»Todo lo que signifique ir más allá de

estas reglas mínimas y comunes deberá

ser dejado a la libre regulación de los es-

tatutos, dando por supuesto que tienen

que ser los asociados, a través de su ela-

boración y, en su caso, reforma, los que

decidan el plus de organización y fun-

cionamiento democrático que deseen.»

«Por el contrario, y por lo que se re-

fiere a las asociaciones que cumplen fi-

nes o desarrollan actividades de relevan-

cia pública, nada impide que en su

legislación específica se exija con mayor

rigor un escrupuloso respeto a los prin-

cipios que todo Estado democrático re-

quiere para el funcionamiento de sus

instituciones.

»Interpretado de este modo, entende-

mos que el artículo 2.5 de la Ley orgáni-

ca 1/2002 y otros conexos al mismo

(fundamentalmente los artículos 11,

16.1, 17.1 y 21) no vulneran el conteni-

do esencial del derecho de asociación.»

AUTONOMIES · 29

384

El artículo 3.bde la Ley orgánica

1/2002 prevé: «Podrán constituir aso-

ciaciones, y formar parte de las mismas

[...]:

»b) Los menores no emancipados de

más de catorce años con el consenti-

miento, documentalmente acreditado,

de las personas que deban suplir su capa-

cidad, sin perjuicio del régimen previsto

para las asociaciones infantiles, juveniles

o de alumnos en el artículo 7.2 de la Ley

orgánica 1/1996, de 15 de enero, de pro-

tección jurídica del menor.»

El Consejo, poniendo en primer lugar

de manifiesto la existencia de diferencias

respecto a la regulación contenida en las

dos leyes autonómicas aprobadas hasta

la fecha (catalana y vasca), reconoce sin

embargo: «El legislador orgánico dispo-

ne de plena competencia para regular

todo cuanto afecta a la titularidad del

derecho fundamental de asociación, por

lo que los preceptos aludidos no plan-

tean ningún problema de constitucio-

nalidad desde este punto de vista.»

(STC 173/1998, FJ 14.)

Tampoco pone ningún reparo de in-

constitucionalidad en relación con el

contenido material del precepto: «Ya

que en estas disposiciones el legislador,

desarrollando el mandato del artículo

39.4 CE y muy particularmente las pre-

visiones de la Convención de los dere-

chos del niño de las Naciones Unidas,

de 20 de noviembre de 1989, ratificada

por España, ha ampliado a los menores

que no gozan de plena capacidad de

obrar la titularidad del derecho funda-

mental de asociación, con las limitacio-

nes antes expresadas.»

De todas formas, considera que «estas

limitaciones son discutibles por lo que

se refiere a la barrera de los catorce años,

y más aún en lo referente a la exigencia

del consentimiento de los representan-

tes legales».

Y que «probablemente habría sido

preferible una normación más abierta

que, como ya se ha hecho con relación a

otros derechos fundamentales, utilizara

el criterio de las condiciones de madu-

rez del menor, en lugar de la edad (por

ejemplo, por lo que respecta a los dere-

chos del art. 18.1 CE, en el art. 3.1 de

la Ley orgánica 1/1981, de 5 de mayo,

de protección civil del honor, de la inti-

midad personal y familiar y de la propia

imagen). A esto parece referirse el Tri-

bunal Constitucional en una sentencia

dictada con relación al derecho de liber-

tad ideológica y de conciencia, que

puede ser trasladable a la materia anali-

zada». (STC 141/2000, de 25 de mayo,

FJ 5.)

«No obstante, ninguno de estos argu-

mentos puede ser utilizado para realizar

tacha alguna de inconstitucionalidad del

precepto estudiado, pues nos hallamos

ante un ámbito propio de la libertad de

opción del legislador, que en absoluto

contradice los mandatos de la Constitu-

ción, interpretados a la luz de los tratados

internacionales sobre derechos humanos

suscritos por el Estado español. Además,

cabe recordar que la Ley vasca de asocia-

ciones contenía límites más estrictos a la

titularidad del derecho de asociación de

los menores, y el Tribunal Constitucio-

nal no apreció ninguna vulneración del

artículo 22 CE en esa regulación.»

El artículo 3.cde la Ley orgánica

1/2002 dice:

«c) Los miembros de las Fuerzas Ar-

madas o de los institutos armados de na-

turaleza militar habrán de atenerse a lo

que dispongan las Reales ordenanzas

para las Fuerzas Armadas y el resto de

sus normas específicas para el ejercicio

del derecho de asociación.»

De acuerdo con la doctrina asentada

por el Tribunal Constitucional en la

STC 219/2001, de 31 de octubre, el

ACTIVIDAD NORMATIVA... 385

Dictamen concluye «que los miembros

de las Fuerzas Armadas y de los institu-

tos armados de carácter militar sólo tie-

nen limitado su derecho de asociación

en la medida en que pretendan crear o

afiliarse a organizaciones que presenten

una vinculación directa con la acción

sindical, definida a partir de la realiza-

ción de las actuaciones indicadas (nego-

ciación colectiva, adopción de medidas

de conflicto colectivo y ejercicio del de-

recho de huelga).

»El artículo 3.cde la Ley orgánica

1/2002 no impone directamente limita-

ción alguna que vaya más allá de los cri-

terios indicados. Por lo tanto, según la

interpretación expuesta no vulnera el

derecho fundamental de asociación re-

conocido por el artículo 22 CE.»

«El artículo 4 de la Ley orgánica

1/2002 regula las relaciones de las aso-

ciaciones con las administraciones pú-

blicas y, más concretamente, dedica

los apartados 3, 4, 5 y 6 a establecer

unos principios generales para la con-

cesión de ayudas y subvenciones pú-

blicas.»

El Dictamen analiza los apartados 5 y

6 sobre exclusión de ayudas a determi-

nadas asociaciones.

Por lo que respecta al apartado 5, se

hacen las siguientes consideraciones:

a) «Para empezar, entendemos que

el legislador no ha pretendido imponer

una cláusula general por la cual cual-

quier asociación que aplique diferen-

cias de trato en la admisión de asocia-

dos, basadas en alguna de las razones

apuntadas, será excluida de la obten-

ción de los beneficios públicos a los

que tendría derecho. Al contrario, de-

bemos afirmar que, a menudo, las aso-

ciaciones podrán lícitamente aplicar

estas diferencias, en función de los fi-

nes libremente adoptados y de la activi-

dad que realicen.»

«Si como consecuencia de una aplica-

ción literal del artículo 4.5 se vieran pri-

vadas de las ayudas o subvenciones a las

que tuviesen derecho por imponer tales

requisitos y exigencias para la admisión

de asociados, probablemente nos halla-

ríamos, ahora sí, ante una discrimina-

ción que por infundada y falta de base

razonable vulneraría el artículo 14 CE, y

probablemente la interdicción de la ar-

bitrariedad a la que se refiere el artículo

9.3 CE.»

b) «[...] el legislador desea evitar con

este precepto la discriminación propia-

mente dicha, no el trato diferenciado.»

Así, «sólo si no existe una conexión di-

recta entre estas finalidades y activida-

des, definidas de forma precisa, como

exige el artículo 7.1.dde la Ley orgánica

1/2002 y, además, lícitas y no contrarias

al ordenamiento jurídico, y los requisi-

tos y modalidades diferenciales utiliza-

dos para la admisión de asociados, po-

drán ser considerados dichos requisitos y

modalidades como causa para la denega-

ción de ayudas y subvenciones públicas.»

c) «[...] El artículo 4.5 sólo se refiere a

la percepción de ayudas, con lo que pa-

rece aceptar la posibilidad de que, cier-

tamente, existen asociaciones que prac-

tican esa discriminación, incluso la más

detestable, basada en criterios racistas o

de exclusión religiosa, de sexo o por

orientación sexual y, aun así, estén váli-

damente constituidas y en pleno ejerci-

cio de sus actividades. Simplemente, di-

chas asociaciones se verían excluidas de

los beneficios propios de la acción de fo-

mento de las administraciones públicas,

y nada más.

»No parece que ésta sea una situación

deseable.»

«[...] Deberá considerarse que, de la

misma forma que se establece en el artí-

culo 4.6 in fine, la denegación de la sub-

vención no excluye el ejercicio de la ac-

AUTONOMIES · 29

386

ción penal cuando así pueda proceder a

resultas de la legislación correspondien-

te. Con esta interpretación entendemos

que el artículo 4.5 de la Ley orgánica

1/2002 no vulnera la Constitución.»

«El apartado 6 del artículo 4 de la Ley

orgánica 1/2002 establece una nueva

causa de exclusión de ayudas, incluidas

las de naturaleza económica, para deter-

minadas asociaciones.»

En cuanto a esta disposición, el Con-

sejo no hace objeción alguna en relación

con el primer párrafo, ya que «establece

una prohibición específica en su primer

párrafo, definiendo de forma relativa-

mente precisa el supuesto fáctico al que

se vincula la medida de privación de

ayudas o subvenciones públicas. Poste-

riormente, los párrafos segundo y terce-

ro (particularmente el segundo) descri-

ben otras situaciones que tienen valor de

presunción, puesto que permiten supo-

ner (“se considerará, a estos efectos, que

una asociación realiza las actividades

previstas en el párrafo anterior [...]”) la

existencia del citado supuesto fáctico».

«Aunque el citado precepto supone

una limitación de derechos (no, cierta-

mente, del derecho fundamental de aso-

ciación, sino de un simple derecho legal

a beneficiarse de la acción de fomento

de las administraciones públicas), nin-

guna duda puede existir sobre su proce-

dencia, a la vista de la jurisprudencia

elaborada por el Tribunal Constitucio-

nal y por el Tribunal Europeo de Dere-

chos Humanos: está establecida por ley,

su finalidad es legítima y necesaria en

una sociedad democrática (hay que pen-

sar que las conductas definidas son to-

das, además, constitutivas de delito) y

guarda la correcta proporcionalidad,

puesto que la prohibición de percibir

ayudas públicas no es una sanción exa-

gerada, teniendo en cuenta la gravedad

de las conductas incriminadas.»

Asimismo, tampoco aprecia ningún

problema de inconstitucionalidad en el

párrafo tercero «en la medida en que se

refiere a una actuación que, aunque sea

realizada por alguno de los miembros de

los órganos de gobierno o representa-

ción de la asociación, o por cualquiera

de sus miembros activos, es imputable a

ella por haber actuado éstos en su nom-

bre o representación».

Por contra, el párrafo segundo, de

acuerdo con el cual «cualquier asocia-

ción (una organización no guberna-

mental, una asociación de vecinos, una

asociación con fines religiosos, un club

deportivo, una organización ecologista

o de defensa de los derechos humanos,

etc.) perderá de forma imperativa la

ayuda pública de cualquier tipo de que

esté disfrutando cuando cualquiera de

sus miembros activos (algunas de estas

asociaciones pueden contar con cente-

nares o miles de asociados) resulte con-

denado por los citados delitos, y no

podrá acceder a las mismas mientras

no se haya cumplido enteramente la

condena».

Es juzgada por el Consejo como «una

norma [...] arbitraria y desproporciona-

da y, por tanto, vedada por el artículo

9.3 CE».

Y, además, le reprocha específica-

mente:

Primero: pese a que el precepto no lo

reconoce expresamente, contiene una

sanción aplicable a las asociaciones

como consecuencia de la realización de

unas determinadas conductas.

En efecto, y como ha reconocido la

jurisprudencia, el concepto de sanción es

un concepto material «en el cual deben

concurrir tres elementos imprescindi-

bles, claramente reconocidos por la doc-

trina legal y científica: es un mal infligi-

do por la Administración (ya sea por

medio de la privación de un derecho,

ACTIVIDAD NORMATIVA... 387

bien mediante la imposición de una

obligación), impuesto como consecuen-

cia de una conducta ilegal, y con la fina-

lidad represora propia del ius puniendi

del Estado. Todas estas características

aparecen en la disposición analizada y,

por si ello no bastase, existen preceden-

tes en la legislación sectorial de sancio-

nes de “supresión de ayudas oficiales”,

idénticas a la que nos ocupa».

Segundo: no respeta los principios del

derecho sancionador (artículo 25.1

CE) ya que «realiza una imputación en

cierto modo arbitraria en la cual la aso-

ciación viene a resultar responsable por

delitos cometidos por sus asociados sin

que exista la menor conexión entre una

y otros. La traslación de responsabili-

dad se produce en cualquier caso, inde-

pendientemente de cuáles sean los fines

y actividades de la asociación, e incluso

en caso de que no tengan la menor rela-

ción con la conducta delictiva del aso-

ciado.

»Además, aunque ello no resulte una

cuestión decisiva a los efectos de nuestra

argumentación, los conceptos utilizados

aparecen en algunos casos faltos de la

adecuada determinación. En particular,

esto es así respecto a la calificación como

miembros “activos”, cuyo alcance con-

creto ignoramos. No puede referirse a

aquellos que realizan funciones de go-

bierno o representación, ya que son cita-

dos de forma distinta. ¿Tal vez a aque-

llos que están al corriente del pago de las

cuotas? ¿O, por el contrario, sólo a los

que mantienen una presencia más in-

tensa en la vida de la asociación y asisten

regularmente a las asambleas generales o

participan en sus actividades sociales? Y

si es así, ¿hasta qué punto y con qué gra-

do de dedicación?

»En cuanto a la posibilidad de enervar

la aplicación de la sanción mediante el

rechazo público, por parte de la persona

condenada, de los fines y medios de la

organización terrorista a la que pertene-

ció o exaltó, nuevamente nos encontra-

mos con el hecho inaceptable de que la

imposición o no de la sanción depende

de una actuación totalmente ajena a la

asociación.»

Tercero: «El segundo supuesto previsto

en este mismo párrafo, referido no ya a

cualquier miembro activo de la asocia-

ción, sino a los integrantes de sus órganos

de representación condenados por sen-

tencia firme, debe ser analizado desde

una perspectiva diferente. Es cierto que

tampoco existe en este supuesto la cone-

xión a la que antes aludíamos, pues en el

precepto queda claro que al cometer los

delitos estas personas no ejercían su fun-

ción de representantes de la asociación.

No obstante, parece claro que es muy

distinta la posición que mantiene en la

asociación uno cualquiera de sus miem-

bros, aunque se le considere “activo”, de

la de una persona que forma parte de sus

órganos de representación, ya sea como

presidente, secretario general, secretario,

portavoz, miembro de la junta directiva

o cualquier otro cargo o función similar.»

«En estas condiciones, no es irrazona-

ble que la presencia en los órganos de re-

presentación de personas que hayan

sido condenadas por delitos tan graves

como los referidos sea una causa de pri-

vación de ayudas públicas.»

«Por todo ello entendemos que el pá-

rrafo segundo del artículo 4.6 de la Ley

orgánica 1/2002, por lo que se refiere al

inciso “o cualquier otro miembro acti-

vo”, es inconstitucional.»

Fundamento IV

En este fundamento se estudia la ade-

cuación de los diferentes preceptos de la

Ley orgánica 1/2002 al orden constitu-

cional y estatutario de competencias.

AUTONOMIES · 29

388

Por lo que se refiere a la previsión del

artículo 26.2 que obliga a los registros de

asociaciones existentes en las comunida-

des autónomas a comunicar al Registro

nacional de asociaciones los asientos de

inscripción y disolución de ámbito auto-

nómico, el Consejo considera que «como

las asociaciones de ámbito autonómico

sólo aparecerán registradas en sus respec-

tivos registros territoriales, el Registro na-

cional podrá cumplir, gracias a esta dis-

posición, una función de publicidad

supracomunitaria que en absoluto afecta,

por otra parte, a la competencia de las co-

munidades autónomas en la materia».

Por otro lado, «la disposición estudia-

da no hace sino aplicar un principio ge-

neral de nuestro Estado autonómico: el

de colaboración entre las distintas co-

munidades autónomas entre sí y con la

Administración general del Estado, así

como el de cooperación interadminis-

trativa que, por tratarse de un deber

general, no necesita ser justificado en

preceptos concretos, y que ha sido am-

pliamente aceptado por la jurispruden-

cia del Tribunal Constitucional» (STC

118/1998, de 4 de junio, FJ 8).

Por lo que respecta a la disposición

transitoria primera, el Dictamen afirma

que: «No se observa en este precepto

ninguna clase de invasión en las compe-

tencias de la Generalidad de Cataluña,

ya que no impone otra cosa en su apar-

tado 1 que la necesidad de que las aso-

ciaciones inscritas adapten sus estatutos

a las previsiones del artículo 7. Por lo

que se refiere a su apartado 2, es cierto

que la carga que se impone a las asocia-

ciones ya inscritas (deberán notificar la

dirección de su domicilio social así

como los datos referidos a las personas

que ejerzan funciones directivas o de re-

presentación) parece exagerada, sobre

todo si no se han producido cambios

desde la última inscripción. Pero ésta no

es una cuestión de constitucionalidad

sobre la que tenga que pronunciarse este

Consejo Consultivo.

»En todo caso, el problema que pre-

senta la citada disposición transitoria no

es el de su contenido material, sino su

consideración como precepto dictado al

amparo del artículo 149.1.1 CE.»

Finalmente, por lo que se refiere a la

disposición final primera, el Consejo

considera necesario el análisis de todas las

disposiciones y no sólo del segundo apar-

tado, como hace la solicitud de dicta-

men: «La disposición final primera, apar-

tado 1, declara el carácter orgánico de los

artículos 1; 2 (salvo el apartado 6); 3 (sal-

vo el apartado g); 4.2, 5 y 6; 10.1; 19; 21;

23.1; 24; 29.1; 30.3 y 4; 37; 38; la dis-

posición derogatoria única; y las dispo-

siciones finales primera.1, segunda y

cuarta.»

A fin de examinar dicha cuestión, el

Dictamen remite al Fundamento II, en

cuanto al resumen de la doctrina del Tri-

bunal Constitucional en materia de re-

serva de Ley orgánica, en lo relativo al

derecho fundamental de asociaciones, y

afirma que «no tenemos dudas sobre el

carácter orgánico de los artículos 1 (ob-

jeto y ámbito de aplicación de la Ley); 2,

19, 21 y 23.1 (contenido esencial del

derecho); 3 (titularidad y ejercicio); 4.2

y 4.5 (prohibición de injerencias de las

administraciones públicas y de discrimi-

nación en la admisión de asociados);

10.1, 24, 29.1 y 30.3 y 4 (función de ex-

clusiva publicidad del registro, e inter-

dicción de que pueda ser utilizado como

una injerencia de los poderes públicos

en el libre ejercicio del derecho); 37 (tu-

tela judicial del derecho); 38 (suspen-

sión y disolución judicial); disposición

derogatoria única y la propia disposi-

ción final primera. 1.

»b) Por el contrario, no observamos

razones que permitan justificar el carác-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 389

ter orgánico del artículo 4.6 de la Ley

orgánica 1/2002.»

«El apartado 2 de la citada disposi-

ción final primera de la Ley orgánica

1/2002 declara que son de directa apli-

cación en todo el Estado, por haberse

dictado al amparo del artículo 149.1.1

CE, los artículos 2.6; 3.g; 4.1 y 4; 5; 6;

7; 8; 9; 10.2, 3 y 4; 11; 13.2; 15; 17;

18.4; 22; 25.2; 26; 27; 28; 30.1, 2 y

5; la disposición adicional cuarta y la

disposición transitoria primera.»

También en este caso el Dictamen re-

mite al Fundamento II en cuanto a la

doctrina del Tribunal Constitucional en

relación con el alcance que debe darse a

esta competencia estatal y, seguidamen-

te, afirma que:

«a) A la vista de estos criterios, debe-

mos aceptar la calificación como expresi-

vas de condiciones básicas de las disposi-

ciones relativas al derecho de asociación

de las personas jurídicas públicas y a la

protección de los derechos de las perso-

nas físicas que puedan resultar afectados

(art. 2.6 y 3.g), al deber general de las ad-

ministraciones públicas, en el marco de

sus competencias, de fomento de las aso-

ciaciones que realicen actividades de in-

terés general (art. 4.1 y 4), a las reglas bá-

sicas sobre constitución de asociaciones,

su denominación y domicilio, con la ex-

cepción que haremos después respecto al

contenido mínimo de sus estatutos y de

su denominación (art. 5, 6, 7, 8 y 9), a la

inscripción registral y al deber de cola-

boración interadministrativa en la ges-

tión de los registros (art. 10.2 y 3, 25.2,

26 y 27), a la disolución (art. 17 y 18.4)

y al régimen de responsabilidad (art.

10.4 y 15), entre otros.

»b) Contrariamente, entendemos que

el legislador se ha excedido en la utiliza-

ción de este título competencial en las

siguientes cuestiones, en las que debe re-

conocerse que la Ley estatal ha hecho un

uso tan amplio de las facultades ex ar-

tículo 149.1.1 CE que deja casi irreco-

nocible la competencia autonómica.»

Lo cual, a juicio del Consejo, sucede

en los siguientes artículos: artículos 7,

8.2, 11.2 in fine, 28.1.fy 28.2.c, 30.1 y

disposición transitoria primera, aparta-

do 2.

Por último, «la disposición final pri-

mera, apartado 4, de la Ley orgánica

1/2002, declara que los artículos 32 a

36, la disposición adicional primera y la

disposición transitoria segunda se dic-

tan al amparo del artículo 149.1.14 CE,

por lo que también resultan de directa

aplicación en todo el Estado.»

En primer lugar, el Dictamen afirma

que «parece abusivo utilizar el título

competencial aludido, sobre Hacienda

general y Deuda del Estado, para impo-

ner un régimen uniforme en la regula-

ción de las asociaciones declaradas de

utilidad pública» y que «debería ser con-

siderado como prevalente el título “aso-

ciaciones” (art. 9.24 EAC) y no el más

genérico “Hacienda general” del artícu-

lo 149.1.14 CE».

Además, entiende «que esta regula-

ción no es satisfactoria y vulnera las

competencias de la Generalidad. Para

empezar, no es satisfactoria para los pro-

pios afectados, que a menudo se verán

obligados a solicitar una doble declara-

ción por parte de la Administración del

Estado [...] y por parte de la Generali-

dad de Cataluña, con la posibilidad ob-

via de que dichas solicitudes conduzcan

a decisiones administrativas distintas. El

principio de colaboración y de coopera-

ción interadministrativa, y la conve-

niencia de evitar a los administrados

una multiplicidad de gestiones para lo-

grar una declaración que, objetivamen-

te, debe responder a idénticos criterios,

aconseja la preferencia por una declara-

ción única, que resuelva en cada caso las

AUTONOMIES · 29

390

exenciones y beneficios económicos de

que podrá disfrutar la asociación. Esta

opción, además, es la más acorde con la

plena aplicación del principio general

de eficacia en la actuación de las admi-

nistraciones públicas, consagrado por el

artículo 103 CE».

Asimismo, afirma que «la declara-

ción de utilidad pública de las asocia-

ciones es una competencia que ha de

ejercer la Generalidad de Cataluña al

amparo del artículo 9.24 EAC, en rela-

ción con las asociaciones citadas en este

precepto».

Por último, y a partir de la doctrina

establecida en la STC 152/1988, de 20

de julio (FJ 2, 3 y 5), concluye: «Lo que

sí es necesario que asuma el Estado, en

ejercicio de la competencia a que se re-

fiere el artículo 149.1.14 CE, son las

funciones normativas (legislativas y re-

glamentarias) en esta materia, dado que

en caso contrario hipotéticamente po-

dría producirse un uso injustificado y

abusivo de la función ejecutiva de de-

claración por parte de los órganos de las

comunidades autónomas, de forma que

cuando se trate de la declaración relati-

va a las asociaciones citadas en el artícu-

lo 9.24 EAC, la decisión de la Adminis-

tración de la Generalidad, que deberá

ser única y global, se ajuste a las pres-

cripciones normativas del Estado en

todo cuanto signifique beneficios co-

rrespondientes a los tributos del Esta-

do. Cuestión distinta sería el disfrute de

las ayudas y de las subvenciones por ac-

tividades asociativas concretas a que se

refiere el artículo 31.3, que no requie-

ren la citada declaración de utilidad pú-

blica y que deben ajustarse a la norma-

tiva general de subvenciones públicas.»

Conclusión:

Primero. El párrafo segundo del apar-

tado 6 del artículo 4 de la Ley orgánica

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del

derecho de asociación, es inconstitucio-

nal en el inciso «o cualesquiera otro

miembro activo».

Segundo. La disposición final prime-

ra, apartado 1, de la Ley orgánica

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del

derecho de asociación, es inconstitucio-

nal por calificar el artículo 4.6 como or-

gánico.

Tercero. La disposición final prime-

ra, apartado 2, de la Ley orgánica

1/2002, de 22 de marzo, reguladora

del derecho de asociación, es inconsti-

tucional en la medida en que declara

de directa aplicación a todo el Estado,

al amparo del artículo 149.1.1 CE, los

siguientes preceptos: artículo 7.1,

apartado h, desde «su composición,

reglas y procedimientos» hasta el final

de ese apartado; artículo 7.1, aparta-

dos iy j, en la mención que realiza al

«patrimonio inicial»; artículo 8.2 y 3;

artículo 11.2, en el inciso final que se-

ñala «y con las disposiciones regla-

mentarias que se dicten para la aplica-

ción de la misma»; artículo 28.1.fy

2.c; artículo 30.1, en el inciso «en todo

caso» y disposición transitoria prime-

ra, apartado 2.

Cuarto. El inciso «a efectos de aplicar

los beneficios establecidos en sus res-

pectivos ordenamientos jurídicos» del

artículo 36 de la Ley orgánica 1/2002,

de 22 de marzo, reguladora del derecho

de asociación, es inconstitucional en los

términos expuestos en el Fundamento

IV, apartado 3.c, del Dictamen.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 391

Solicitantes:

La Mesa del Parlamento de Cataluña a

instancia de los grupos parlamentarios de

Esquerra Republicana de Catalunya,

de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V)

y de una décima parte de los diputados.

Ponente:

Josep M. Llevadot i Roig.

Extracto o resumen de los fundamentos:

Fundamento I

En este fundamento, el Consejo reali-

za un breve resumen del contenido de la

Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de

partidos políticos, objeto de dictamen.

Fundamento II

El Consejo enuncia los tres puntos

capitales que abordará en el Dictamen,

en concreto: «Primero. Si la Ley orgáni-

ca 6/2002, tal y como ha quedado defi-

nitivamente redactada, permite el libre

ejercicio de las actividades de los parti-

dos políticos, siempre, claro está, de

acuerdo con los principios democráticos

y los derechos humanos.

»Segundo. Si las eventuales injeren-

cias o limitaciones de los poderes públi-

cos a la constitución y a las actividades

de los partidos políticos previstas en

la Ley orgánica 6/2002 se ajustan a la

Constitución y, en último término, al

Convenio europeo para la protección de

los derechos humanos y de las libertades

fundamentales, y

»Tercero. Si la Ley orgánica 6/2002,

por lo que se refiere a la eventual ilegali-

zación de los partidos políticos, expresa

o tácitamente, produce algún efecto re-

troactivo prohibido por la Constitución.»

Asimismo, enumera los parámetros

de constitucionalidad que deben tenerse

en cuenta (artículos 6, 10.2, 22 y 23

CE; doctrina del Tribunal Constitucio-

nal; Convenio europeo para la protec-

ción de los derechos humanos y de las

libertades fundamentales, cuyo texto re-

fundido fue publicado por la Resolu-

ción del Consejo de Europa de 5 de

abril de 1999; doctrina del Tribunal Eu-

ropeo de Derechos Humanos) y pun-

tualiza que en la medida en que los par-

tidos políticos son asociaciones de

relevancia constitucional, la ley que los

regule deberá ser orgánica y en conse-

cuencia de la competencia estatal.

Fundamento III

En este fundamento se analiza si la

Ley orgánica 6/2002 permite el libre

ejercicio de las actividades de los parti-

dos políticos, con el único requisito de

que respeten la democracia. En primer

lugar, el Dictamen reproduce el texto

del artículo 6 CE y puntualiza que de

acuerdo con la jurisprudencia del Tribu-

nal Constitucional y del Tribunal Eu-

ropeo de Derechos Humanos, los parti-

dos políticos se incluyen también bajo la

protección del artículo 22 CE, cuyo

contenido conforma, asimismo, el núcleo

básico del régimen constitucional de los

partidos políticos (STC 85/1986, de

25 de junio, FJ 2). Tras ello, enume-

ra y transcribe la doctrina sentada al

respecto por el Tribunal Constitucio-

nal en sus sentencias 3/1981, de 2 de fe-

brero (FJ 1); 85/1986, de 25 de junio

(FJ 2); 56/1995, de 6 de marzo (FJ 3.c),

AUTONOMIES · 29

392

Dictamen núm. 229, previo a la int erposición de recu rso de inconstitucionali-

dad, en relación con la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos

políticos (BOE núm. 154, de 28 de junio).

y 101/1983, de 18 de noviembre (FJ 3),

para concluir: «Queda claro, pues, que

la libertad de que deben gozar los parti-

dos políticos no significa que el acata-

miento a la Constitución les obligue

a una adhesión total a su contenido ya

que, al estar la Constitución abierta a po-

sibles modificaciones, ello debe compor-

tar que los partidos políticos que las pro-

pugnen puedan defender —desde el

estricto respeto a los principios democrá-

ticos y a la defensa pacífica de sus postu-

lados— las modificaciones que crean

convenientes. De la posible reforma de la

Constitución proclamada por el artículo

166 y siguientes se desprende, con toda

naturalidad, la libertad de los partidos

políticos para incluir en sus principios

programáticos y en su actuación pública

los extremos de la Constitución española

que, a su juicio, deben ser objeto de mo-

dificación.»

En segundo lugar, y dada la previsión

del artículo 10.2 CE, se transcriben los

artículos 10 y 11 del CEDH y se enu-

mera y transcribe la doctrina sentada al

respecto por el TEDH (Sentencia de 30

de enero de 1998, apartados 24, 27, 28,

33, 42, 45; Sentencia de 25 de mayo de

1998, apartados 29, 41, 42; Sentencia

de 9 de abril de 2002, apartados 32, 46,

57; Sentencia de 8 de diciembre de

1999, apartado 37; Sentencia de 31 de

julio de 2001, apartado 43; Sentencia

de 23 de septiembre de 1998, apartado

55; Sentencia de 9 de abril de 2002,

apartado 46).

Vista la doctrina establecida tanto por

el Tribunal Constitucional como por el

Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos, el dictamen examina si el apartado

1 del artículo 9 de la Ley orgánica

6/2002 cumple los requisitos conteni-

dos en aquélla y concluye que «La redac-

ción definitiva de la Ley orgánica 6/

2002 disipa cualquier duda, puesto que

la propia Ley define lo que, a tal efecto,

debe entenderse por “valores constitu-

cionales” al precisar que éstos están ex-

presados en los “principios democráti-

cos y en los derechos humanos”.

»Ningún reparo puede hacerse, pues,

a la Ley que dictaminamos, ni desde

la doctrina del Tribunal Constitucio-

nal ni desde la del TEDH». «Por tanto

—siempre respetando los principios o

reglas del juego democrático y, por su-

puesto, los derechos fundamentales de

los ciudadanos— no podrá ponerse en

entredicho cualquier partido, aunque

sus postulados y su actuación no coinci-

dan del todo —como dice la exposición

de motivos según acabamos de ver—

con el “marco constitucional”, dado

que, como ya estableció el Tribunal

Constitucional en la Sentencia antes in-

dicada (Sentencia 101/1983, de 18 de

noviembre, FJ 3), el acatamiento de la

Constitución española no significa ne-

cesariamente “una adhesión ideológica

ni la conformidad a su contenido total”.

Por tanto, estos partidos podrán defen-

der y propugnar, dentro de la más estric-

ta legalidad —siempre por procedi-

mientos democráticos y sin recurrir a

ningún tipo de violencia— la autode-

terminación (en contraste con el artícu-

lo 2 CE), o la república (en contraste

con el artículo 1.3 CE), entre otras.»

Fundamento IV

En este fundamento se examina si las

eventuales injerencias o limitaciones de

los poderes públicos en la Constitución

y en las actividades de los partidos polí-

ticos se ajustan a la Constitución y, en

último término, al Convenio europeo

para la protección de los derechos hu-

manos y de las libertades públicas.

El Consejo constata que «La regula-

ción de estas “injerencias” no está conte-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 393

nida de forma directa en la Constitu-

ción (art. 6 y 22) sino de forma indirec-

ta mediante la remisión que realiza el ar-

tículo 10.2 CE a los tratados y a los

acuerdos internacionales ratificados por

España.»

Y viene a precisar que la jurispruden-

cia del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos «de forma reiterada analiza

por separado y muy detalladamente los

tres elementos cuya concurrencia resulta

indispensable para que tal injerencia re-

sulte legítima, es decir, que:

»1.º Esté prevista por la ley del país en

cuestión,

»2.º Persiga un fin legítimo, y

»3.º Sea necesaria en una sociedad de-

mocrática.»

De estos tres requisitos, el tercero es el

que plantea más problemas para inter-

pretar su concurrencia, y ello ha llevado

al Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos a precisar que la injerencia tiene que

responder «a una necesidad social impe-

riosa» y, además, debe ser «proporciona-

da a la finalidad perseguida» (STEDH,

de 25 de mayo de 1998, apartado 49).

En cuanto a los dos últimos requisitos

establecidos para legitimar una eventual

«injerencia» sobre el funcionamiento de

unos principios establecidos por las

letras by cdel artículo 10.2 de la Ley

orgánica 6/2002, el Dictamen no se

pronuncia por considerar que «estas

cuestiones deberán ser examinadas y re-

sueltas, caso por caso, por la Sala espe-

cial del Tribunal Supremo prevista en el

artículo 61 de la Ley orgánica 6/1985,

de 1 de julio, del poder judicial».

Cuando la causa de suspensión o di-

solución de un partido político sea ha-

ber incurrido en un supuesto tipificado

como asociación ilícita en el Código pe-

nal (art. 515 a 521), será el juez compe-

tente de la orden jurisdiccional penal

quien resolverá la cuestión.

En opinión del Consejo, «para juzgar

si la disolución de un determinado par-

tido político es necesaria “en una socie-

dad democrática” deberá atenderse a los

hechos que en cada caso concurran (que

tendrán que ser probados por quien ins-

te la ilegalización en virtud del principio

de presunción de inocencia) y a su ca-

rácter reiterado y grave. Esta cuestión es

ajena al presente Dictamen, que no pue-

de basarse en las posibles interpretacio-

nes futuras que puedan realizarse de la

Ley».

En cambio, el Dictamen sí se pronun-

cia «sobre si las causas de ilegalización

de los partidos políticos contenidas en el

artículo 9, apartados 2, 3 y 4, de la Ley

orgánica 6/2002, responden a los prin-

cipios democráticos y permiten una

aplicación adecuada a éstos. Los men-

cionados apartados revelan que pese a

presentarse ésta como una ley de parti-

dos políticos, lo cierto es que, sin dejar

de serlo (por encima de las omisiones

que contiene, tales como la de arbitrar

una nueva regulación del siempre deli-

cado problema relativo al sistema de fi-

nanciación de los partidos políticos en

relación con el cual se remite a la Ley or-

gánica 3/1987, de 2 de julio), la gran

preocupación de la Ley orgánica 6/2002

es regular con toda minuciosidad las

causas de disolución conectadas con el

terrorismo o con la violencia, haciendo

únicamente una mera alusión a aquellas

actuaciones que, de forma reiterada y

grave, promuevan, justifiquen o excul-

pen “[...] la exclusión o persecución de

personas por razón de su ideología, reli-

gión o creencias, nacionalidad, raza,

sexo u orientación sexual [...]”».

«El Consejo entiende que los supues-

tos de ilegalización enumerados en el

apartado 2 y más detalladamente en

el apartado 3 del artículo 9, siempre que

se pruebe que se han producido de forma

AUTONOMIES · 29

394

“reiterada” y “grave”, tienen cabida en las

restricciones que pueden ponerse a los

partidos políticos según el artículo 11.2

del CEDH, cuyo contenido ha quedado

antes explicado. Con las precisiones que

haremos a continuación creemos que,

por sí mismos, estos preceptos no son in-

constitucionales, sin perjuicio del juicio

que merezca su aplicación por la Sala es-

pecial del artículo 61 LOPJ, por el Tri-

bunal Constitucional si son recurridos

en amparo (art. 11.7 LO 6/2002) o, en

su caso, por el TEDH.»

«El apartado a) del núm. 3 de este ar-

tículo 9 de la Ley orgánica 6/2002, en lo

que hace referencia a “Dar apoyo políti-

co [...] tácito al terrorismo” merece, a

nuestro juicio, una puntualización. Será

preciso, a nuestro juicio, no confundir

el apoyo tácito, pero inequívoco, del te-

rrorismo con el simple silencio que ante

un hecho terrorista pueda mantener un

partido político frente a un requeri-

miento o reto que pueda hacerse a este

partido ante el hecho en cuestión.»

«La libertad de expresión de un parti-

do político podría, a nuestro juicio, ser

invocada ante un reto imperativo que

pudiera recibir de otros grupos o, en ge-

neral, de terceros, para manifestarse ex-

presamente en un sentido u otro ante

un hecho terrorista. En esta materia, so-

bre la teoría civilista que otorga al silen-

cio un determinado valor (se entiende

que quien calla consiente si, dadas las

circunstancias, su deber es hablar o, al

menos, es normal en la relación en que

se encuentra el sujeto que exprese su di-

sentimiento en caso de disconformidad

por mor de la buena fe: “qui siluit quum

loqui et debuit et potuit, consentire vide-

tur”, Sentencia del Tribunal Supremo de

24 de noviembre de 1943) debe prevale-

cer la libertad de expresión [art. 20.1.a

CE y artículo 10 CEDH], que com-

prende no sólo el derecho a expresar li-

bremente los pensamientos, ideas y opi-

niones por cualquier medio sino tam-

bién el de acallar esos pensamientos si se

cree pertinente.

»Si se entiende que el simple silencio

no es equivalente —a efectos de la Ley

orgánica 6/2002— al apoyo tácito al te-

rrorismo, el apartado a) del número 3

del artículo 9 de la Ley orgánica 6/2002,

de partidos políticos, es constitucional.»

«El apartado b) del número 3 de este

mismo artículo 9 de la Ley orgánica

6/2002 exige asimismo alguna aclara-

ción, dado que podría no ser fácil enten-

der —en abstracto— lo que significa

acompañar la acción de la violencia, con

programas y actuaciones que fomenten

una cultura de enfrentamiento y con-

frontación civil ligada a la actividad de

los terroristas.

»Este Consejo entiende que, por sí so-

los, los programas y actuaciones que fo-

mentan una cultura de enfrentamiento y

confrontación civil —de acuerdo con los

principios democráticos y pacíficamen-

te— nunca pueden ser causa de ilegaliza-

ción de un partido porque, como ha se-

ñalado el TEDH [...], la libertad

de expresión no sólo comprende —con

la excepción del párrafo 2 del artículo 10

del CEDH— las informaciones o ideas

aceptadas favorablemente o conside-

radas inofensivas o indiferentes, sino

también las que molestan, chocan o in-

quietan, y es evidente que unas informa-

ciones de esta última naturaleza pueden

causar enfrentamientos y confrontación.

La democracia debe permitir esas situa-

ciones.

»Para que estos programas y actuacio-

nes sean reprobables —a efectos de la

Ley orgánica 6/2002— deberán estar

vinculados a la actuación de los terroris-

tas y dicho vínculo deberá demostrarlo

ante el Tribunal quien inste su ilegaliza-

ción [...].

ACTIVIDAD NORMATIVA... 395

»En cualquier caso, la apreciación de

lo que crea “una cultura de enfrenta-

miento o confrontación civil” y si la

misma está “vinculada a la violencia”

será una cuestión de hecho apreciable

caso por caso por el Tribunal.»

«Cabe recordar que el TEDH exige

que la ley aplicada esté formulada con la

suficiente exactitud a fin de que las per-

sonas eventualmente afectadas —solici-

tando, cuando sea preciso, el pertinente

asesoramiento jurídico— puedan pre-

ver de una forma razonable, según cada

caso, las consecuencias que puedan deri-

varse de un acto determinado, dejando

claro, no obstante, que no se incumple

el mencionado requisito por el mero he-

cho de que un precepto utilice fórmulas

más o menos vagas o que se presten a va-

rias interpretaciones» (STDH de 25 de

agosto de 1998).

«Por otra parte, el Tribunal Consti-

tucional ha entendido en reiteradas

sentencias (por todas, STC 184/1995,

de 12 de diciembre, y 151/1997, de 29 de

septiembre) que el principio de legali-

dad en materia sancionadora (no penal)

no prohíbe la utilización de conceptos

jurídicos indeterminados —como tal

vez podría resultar alguno de los conte-

nidos en el precepto comentado— pero

su compatibilidad con el artículo 25.1

CE está subordinada al hecho de que su

concreción sea razonablemente facti-

ble con criterios lógicos, técnicos o de

experiencia que permitan prever con la

suficiente seguridad la naturaleza y

características esenciales de las conductas

constitutivas de la infracción tipificada.

»El precepto que comentamos reúne,

a nuestro parecer, el mencionado requi-

sito, razón por la cual no puede ser ta-

chado de inconstitucional.»

«El artículo 9.3 letra c) de la Ley orgá-

nica 6/2002, objeto del presente Dicta-

men, prevé como causa de ilegalización

“[...] mantener un amplio número de

sus afiliados doble militancia en organi-

zaciones o entidades vinculadas a un

grupo terrorista o violento, salvo que

hayan adoptado [los partidos] medidas

disciplinarias contra éstos conducentes

a su expulsión”.

»Los textos de la Ley orgánica de aso-

ciaciones y de la Ley orgánica de parti-

dos políticos, en este particular extremo,

son distintos dado que en esta última se

admite que el partido, como tal, quede

exonerado de la presunción de ilegali-

dad mediante un acto de repudio de los

citados militantes con la simple incoa-

ción de un expediente disciplinario con-

ducente a su expulsión, naturalmente, si

ésta fuese procedente por haberse de-

mostrado la doble militancia a que se

refiere el precepto. La Ley orgánica

1/2002, de asociaciones, no contiene

previsión alguna al respecto. Además,

según la Ley orgánica de asociaciones,

para que se considere que una asocia-

ción promueve o justifica el odio o la

violencia basta con que los actos previs-

tos en el artículo 4.6 de la misma los rea-

lice cualquier miembro activo (quien,

cierto es, debe haber sido condenado

por sentencia firme) y, en el caso de los

partidos, el precepto que comentamos

exige que la doble militancia sea mante-

nida por “un amplio número de afilia-

dos”. Naturalmente, también habrá que

probar la “vinculación” de las organiza-

ciones y entidades con un “grupo terro-

rista o violento” en las que milite un

“amplio número” de afiliados del parti-

do que se pretenda ilegalizar.

»En cualquier caso, al ser distintas las

situaciones contempladas en los dos

preceptos comentados, este Consejo en-

tiende que su conclusión de inconstitu-

cionalidad del párrafo segundo del nú-

mero 6 del artículo 4 de la Ley orgánica

1/2002, de asociaciones, contenida en el

AUTONOMIES · 29

396

Dictamen núm. 228, no sea trasladable

al artículo 9, número 3, último inciso

letra c) de la Ley orgánica 6/2002, de

partidos políticos, objeto del presente

Dictamen, el cual, por lo tanto, no vul-

nera la Constitución.

»En efecto, el artículo 4, número 6,

de la Ley orgánica 1/2002, de asociacio-

nes, en su párrafo segundo, considera

que una asociación, como ya hemos se-

ñalado anteriormente, no tiene derecho

a percibir ayudas o subvenciones pú-

blicas cuando “[...] cualquiera de sus

miembros activos haya sido condenado,

por sentencia firme, por pertenencia,

actuación al servicio o colaboración con

banda armada [...]”, de tal forma, decía-

mos en nuestro Dictamen núm. 228,

que “la imposición o no de la sanción

dependerá de una actuación totalmente

ajena a la asociación”.

»En cambio, el supuesto del artículo

9.4, párrafo segundo, de la Ley orgáni-

ca 6/2002, objeto del presente Dicta-

men, es otro, puesto que está constitui-

do no tanto por la condena penal que

haya recaído sobre el afiliado, sino por

el hecho de que una vez impuesta dicha

condena el partido no adopte medidas

disciplinarias contra ese afiliado condu-

centes a su expulsión. Parece razonable

que, teniendo en cuenta la gravedad de

los delitos tipificados en los títulos XXI

a XXIV del Código penal (entre otros,

los delitos contra la Administración de

justicia, los de rebelión y sedición, los

relativos al ejercicio de los derechos

fundamentales y de las libertades públi-

cas, los delitos contra la paz y la comu-

nidad internacional y, finalmente, los

delitos de terrorismo), pueda exigirse a

los partidos políticos con afiliados que

hayan cometido ese tipo de delitos un

posicionamiento firme que aclare su re-

chazo a las mencionadas actividades de-

lictivas.

»Por todo ello, entendemos que no

existe identidad entre los dos preceptos

analizados y que, por lo tanto, el artícu-

lo 9 número 4, párrafo segundo, de la

Ley orgánica 6/2002, objeto de nuestro

dictamen, no es inconstitucional.»

Fundamento V

«La disposición transitoria única,

apartado 2, de la Ley orgánica 6/2002

contiene asimismo un precepto cuya in-

terpretación hay que puntualizar.»

«La interpretación de esta disposición

continuaría siendo confusa si se consi-

derase que se trata de una verdadera dis-

posición transitoria, cuyo objetivo es, en

buena técnica legislativa, establecer la

normativa aplicable a situaciones o ac-

tuaciones producidas antes del cambio

legislativo y que, eventualmente, conti-

núen tras éste.

»Pero no es ésta, a nuestro parecer, la

calificación que hay que dar al precepto

en cuestión: no se trata técnicamente de

una disposición transitoria, pese a ubi-

carse, indebidamente, de forma mate-

rial en un apartado que así lo indica. Lo

que en realidad regula la disposición son

los efectos de lo que la Ley orgánica

6/2002 califica como continuidad o su-

cesión fraudulenta de un partido ya ins-

crito por otro constituido inmediata-

mente antes o después de la entrada en

vigor de la Ley. En este supuesto la cita-

da disposición dice que si los nuevos

partidos creados realizan con posteriori-

dad a la entrada en vigor de la Ley (de

forma continuada y grave) las activida-

des determinantes de la ilegalización de

un partido enumeradas en el artículo 9

(esencialmente, las de los apartados 2 y

3) con la intención de evitar su aplica-

ción al partido ya inscrito (aunque, aña-

dimos nosotros, después de la Ley pue-

da haber quedado inoperante o silente),

ACTIVIDAD NORMATIVA... 397

se entenderá que se está cometiendo un

fraude de ley, y, por lo tanto, dado que el

nuevo y el antiguo partido son, en reali-

dad, el mismo, los actos ilegales cometi-

dos por el nuevo (siempre tras la entrada

en vigor de la Ley), se considerará que

también los ha cometido el partido

anteriormente inscrito en virtud de la

continuidad o sucesión apreciada por la

Sala especial del Tribunal Supremo. La

posible sanción por ilegalidad de las ac-

tividades realizadas, según esto, puede

afectar a ambos partidos.

»Este precepto no regula, pues, nin-

guna situación transitoria, sino que en

realidad es la aplicación a los partidos

políticos de la llamada doctrina del “le-

vantamiento del velo” de procedencia

norteamericana: el “disregard of legal en-

tity”. Es decir, la técnica judicial consis-

tente en prescindir de la forma externa

de la persona jurídica y, a partir de aquí,

penetrar en su interioridad, “levantar el

velo”, y examinar los intereses reales que

laten en su interior.

»La técnica del levantamiento del velo

está admitida en la vida jurídica españo-

la tanto en los ámbitos civiles como en

los mercantiles, laborales, administrati-

vos, fiscales y penales. Nada impide,

pues, que la Ley orgánica 6/2002, que

dictaminamos, la aplique también en su

ámbito, dando por supuesto que la mis-

ma no legitima la aplicación retroactiva

de la Ley a hechos o a actuaciones que

hoy son causa de ilegalidad pero que no

estaban previstos como tales antes de su

entrada en vigor, con independencia de

quien los hubiese realizado.»

Por otra parte, la disposición adicio-

nal segunda de la Ley orgánica 6/2002

modifica la Ley orgánica 5/1985, de 19

de junio, del régimen electoral general,

añadiendo un nuevo apartado 4 al artí-

culo 44 de dicha Ley.

«Como puede observarse, la Ley orgá-

nica 6/2002, objeto de dictamen, realiza

aquí una nueva aplicación de la teoría

de la “continuidad” o “sucesión”, en de-

finitiva, del “levantamiento del velo”.

»Cabe destacar la gran dificultad de

aplicación del precepto que comenta-

mos dado que no se trata, ya, de la suce-

sión de un partido por otro (plenamente

identificada) sino de la sucesión de un

partido por una “agrupación de electo-

res”, creada con la firma autentificada

de un número determinado de personas

inscritas en el censo electoral (art. 169.3

y 187.3 LOREG), pero sin personali-

dad jurídica, y de forma ocasional y no

permanente y, en principio, sin una sóli-

da estructuración interna. Las dificulta-

des para considerar —según el texto de

la Ley— la continuidad deberán ser im-

portantes.

»De todas formas, esas dificultades es-

tarán siempre relacionadas con la “prue-

ba” de la continuidad entre el partido y

la agrupación de electores, lo que, como

en todos los demás casos, deberá deci-

dirlo la Sala especial del Tribunal Supre-

mo prevista en el artículo 61 LOPJ.

»Sin embargo, esa dificultad no supo-

ne, a nuestro parecer, la inconstitucio-

nalidad del precepto.»

Por último, el Consejo examina la

constitucionalidad del apartado 4 del

artículo 9 de la Ley orgánica 6/2002,

concretamente la del primer inciso del

citado artículo 9.4, en cuanto a la inter-

pretación que debe darse a la expresión

«trayectoria» empleada en este artículo.

«”Trayectoria” quiere decir “línea de

conducta y actuación”, y es evidente que

una “línea de conducta” puede referir-

se a toda la actuación de una persona o de

un grupo —desde su nacimiento— o a

partir de una fecha determinada. La Ley

dictaminada no realiza, a tal efecto, pre-

cisión alguna. Pero si bien no señala a

partir de qué momento de la vida de un

AUTONOMIES · 29

398

partido se considerará su “trayectoria”,

lo cierto es que, hipotéticamente, po-

dría considerarse que se refiere a “toda” la

actuación de un partido desde su naci-

miento y, por lo tanto, si el partido fue

creado antes de la vigencia de la Ley orgá-

nica 6/2002, el precepto sería inconstitu-

cional al pugnar con el artículo 25 CE, y

con el artículo 9.3 de la propia Constitu-

ción. Nos hallaríamos ante una retroacti-

vidad “tácita” no proclamada expresa-

mente pero deducida del texto del

precepto de la Ley que dictaminamos.»

El Consejo no considera correcta esta

interpretación por tres razones:

a) «No tendría ningún sentido que

en el caso de “continuidad y sucesión”

de partidos con el intento de defraudar,

la disposición transitoria única, aparta-

do 2, estableciera que sólo se considera-

ran las actividades realizadas con poste-

rioridad a la entrada en vigor de la Ley y,

en cambio, no se aplicase el mismo cri-

terio cuando no exista dicha continua-

ción o sucesión fraudulenta.»

b) «Es un criterio incontestable de

interpretación que cuando un precepto

de una ley admite dos o más interpre-

taciones, es preciso interpretarlo “de

acuerdo con la Constitución” (por to-

das, STC 233/1999, de 13 de diciem-

bre, FJ 18 y 35). Y en este caso, interpre-

tar el artículo 9.4 de la Ley orgánica

6/2002 conforme o de acuerdo con la

Constitución obliga a hacerlo según lo

dispuesto en el artículo 25 CE antes

mencionado, es decir, no dando a la ex-

presión “trayectoria” efectos retroactivos

referidos a las actuaciones que hubiera

podido tener el partido político en cues-

tión antes de la aprobación de la Ley ob-

jeto de nuestro Dictamen.»

c) Complementariamente, hay que

añadir que la conclusión sería la misma

«[...] por la simple aplicación del Códi-

go civil. El artículo 4.3 de la disposición

transitoria tercera del Código civil esta-

blece que “las disposiciones de este Có-

digo se aplicarán como supletorias en las

materias regidas por otras leyes”.»

«Está claro, pues, que la mera aplica-

ción de estos preceptos del Código civil

para apreciar o valorar las actividades

de un partido político que configuran

su “trayectoria” (a los efectos de la Ley

orgánica que dictaminamos) nos lleva a

la conclusión de que no podrán tomar-

se nunca en consideración sus actua-

ciones anteriores a la entrada en vigor

de la citada Ley, ni siquiera para refor-

zar, interpretar o complementar la va-

loración que se realice de los actos pos-

teriores.

»Así entendido, consideramos que el

apartado 4 del artículo 9 de la Ley orgá-

nica 6/2002 es constitucional.»

Conclusión:

«La Ley orgánica 6/2002, de 27 de ju-

nio, de partidos políticos, es constitu-

cional dando por supuesto que los apar-

tados a) y b) del número 3 de su artículo

9 y el apartado 4 de este mismo artícu-

lo 9 lo son igualmente, interpretados de

acuerdo con lo indicado en el presente

Dictamen.

»Éste es nuestro Dictamen, que pro-

nunciamos, emitimos y firmamos en el

lugar y la fecha indicados al comienzo.»

Voto particular:

Formulado por el consejero Sr. Jaume

Renyer i Alimbau, al disentir «del pa-

recer mayoritario expresado en el presen-

te Dictamen, que considera ajustada a la

Constitución esta Ley orgánica 6/2002».

ACTIVIDAD NORMATIVA... 399

Solicitantes:

La Mesa del Parlamento de Cataluña

a instancia de los grupos parlamentarios

de Esquerra Republicana de Catalunya,

Socialistes-Ciutadans pel Canvi e Ini-

ciativa per Catalunya-Verds (IC-V) y de

una décima parte de diputados.

Ponente:

Agustí M. Bassols i Parés.

Extracto o resumen de los fundamentos:

Fundamento I

En este fundamento el dictamen rea-

liza un breve resumen de la Ley orgánica

5/2002, de 19 de junio, de las califica-

ciones y de la formación profesional,

objeto de dictamen.

Fundamento II

En este fundamento se analiza el ám-

bito material “formación profesional” y

los demás títulos competenciales con in-

cidencia en el mismo (art. 149.1, apar-

tados 1, 7 y 30 según la disposición final

de la Ley orgánica 5/2002).

En cuanto al ámbito material “forma-

ción profesional”, se halla una primera

definición en el artículo 30 de la Ley or-

gánica 1/1990, de 3 de octubre, de or-

denación general del sistema educativo

(LOGSE), «donde se distingue entre la

formación profesional que se integra en

el sistema educativo y que tiene como fi-

nalidad la capacitación para el ejercicio

calificado de las distintas profesiones

(formación profesional reglada o inicial,

que a su vez se subdivide en formación

base y formación específica —esta últi-

ma de grado medio o superior— y pro-

gramas de garantía social), y la forma-

ción profesional que se regula al margen

del sistema educativo por una normati-

va específica (normativa laboral) y que

tiene por objeto principal la formación

en las empresas y la inserción y reinser-

ción laboral de trabajadores (formación

continua y formación ocupacional). En

todo caso, este precepto de la LOGSE

establece que las administraciones pú-

blicas garantizarán la coordinación en-

tre ambas ofertas de formación profesio-

nal. La citada distinción entre una clase

de formación y otra no sólo tiene reper-

cusión en el plano normativo, como se

pone de manifiesto en el citado precep-

to de la LOGSE, sino también en el pla-

no de la gestión o ejecución, dado que la

formación profesional reglada es gestio-

nada por la Administración educativa,

mientras que la formación profesional

ocupacional y continua lo es por la Ad-

ministración laboral.»

El Tribunal Constitucional se ha he-

cho eco de la distinción en la STC

95/2002, de 25 de abril (FJ 6). «No obs-

tante esta tradicional clasificación, es

evidente que la Ley orgánica 5/2002,

desde el momento en que crea un siste-

ma integrado de educación para los tres

tipos de formación profesional, recon-

duce esta cuestión, como mínimo a ni-

vel de ordenación general y de desarro-

llo normativo, al ámbito competencial

propio de la educación.»

Por lo que se refiere a los títulos com-

petenciales que inciden en la formación

profesional, el dictamen aborda en pri-

mer lugar el artículo 149.1.30 CE y se-

ñala que, tradicionalmente, la forma-

ción profesional reglada o inicial se

AUTONOMIES · 29

400

Dictamen núm. 230, en relación con la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio,

de las calificaciones y de la formación profesional (BOE núm. 147, de 20 de

junio).

considera incluida en el ámbito de la

educación. «Por lo que sobre esta moda-

lidad la Generalidad ejerce, pues, la

competencia plena que sobre educación

le atribuye el artículo 15 EAC.

»En cuanto a la delimitación general

de competencias en materia de educa-

ción, los preceptos constitucionales que

nos interesan son preferentemente los

artículos 27 y 149.1.30 CE y el artículo

15 EAC, como ya indicamos en el Dic-

tamen núm. 215, de 28 de marzo de

2000.»

«Estos preceptos de la Constitución y

del Estatuto de autonomía deben po-

nerse en conexión con otras previsiones

legales que puntualizan las competen-

cias estatales en materia de educación

y que han obtenido el visto bueno de

la jurisprudencia constitucional. Así, la

disposición adicional primera, apartado

2, de la LODE (así como la disposición

final primera, punto 2, de la LOGSE y

la disposición final cuarta, punto 2,

de la LOPEG).»

«Respecto a la naturaleza de las com-

petencias estatales sobre educación, el

Tribunal Constitucional, ya en fecha

temprana, en la sentencia 6/1982, de 22

de febrero, señaló:

»“Si prescindimos de la Alta Inspec-

ción, las competencias que exclusiva-

mente corresponden al Estado en orden

a la enseñanza (ordenación general del

sistema educativo; fijación de las ense-

ñanzas mínimas; regulación de las de-

más condiciones para obtención, ex-

pedición y homologación de títulos

académicos y profesionales, y estable-

cimiento de normas básicas para el

desarrollo del artículo 27 de la CE que

garanticen el cumplimiento de las obli-

gaciones de los poderes públicos y la

igualdad de todos los españoles en el

ejercicio de los derechos y el desarrollo

de los deberes constitucionales) tienen

un contenido de carácter sustancial-

mente normativo, como se infiere de su

propia significación semántica: ‘orde-

nar’, ‘fijar’, ‘regular’, ‘establecer’, son

verbos que aluden a una concreción, por

quien puede hacerlo, de propósitos,

principios, objetivos y métodos preor-

denados a un fin, expresados en declara-

ciones de carácter imperativo”. (FJ 4).»

En el mismo sentido la STC 77/1985,

de 27 de junio (FJ 15).

«Por lo que se refiere a la competencia

sobre la ordenación general del sistema

educativo, cabe recordar que el propio

Tribunal Constitucional, en su Senten-

cia 134/1997, de 17 de julio (FJ 4), ha

destacado la necesaria participación de

ambos niveles de gobierno —estatal y

autonómico— en la configuración del

sistema educativo (en el mismo senti-

do, STC 337/1994, de 23 de diciem-

bre, FJ 9).»

«Y, al respecto, son numerosas las

competencias que la LOGSE atribuye

al Gobierno que deben ejercerse “de

acuerdo con las comunidades autóno-

mas” o “previa consulta a las comunida-

des autónomas” (por ejemplo: art. 3.4,

15.2, 27.6, 27.7, 35.1, 62.3, 67.2, dis-

posición adicional 1ª.1 y 8, 4ª.5, 9ª.1,

10ª.8, 11ª.2 y 3, 14ª.4, 15ª.2 y 3, etc.,

de la LOGSE).»

Por la evidente conexión de los precep-

tos antes enumerados con la materia ob-

jeto de dictamen, el mismo transcribe el

apartado 1 del artículo 35 de la LOGSE.

En referencia a la competencia exclu-

siva estatal para la regulación de las con-

diciones de obtención, expedición y ho-

mologación de títulos académicos y

profesionales (art. 149.1.30 CE) que,

como indica el propio precepto, abarca

principalmente la actividad normativa,

la doctrina constitucional ha considera-

do que «[...] “comprende la de estable-

cer los títulos correspondientes a cada

ACTIVIDAD NORMATIVA... 401

nivel y ciclo educativo, en sus distintas

modalidades, con valor habilitante tan-

to desde el punto de vista académico

como para el ejercicio de profesiones

tituladas [...]; así como comprende tam-

bién la competencia para expedir los tí-

tulos correspondientes y para homolo-

gar los que no sean expedidos por el

Estado” [...]» (STC 42/1981, de 22 de

diciembre, FJ 3; 82/1993, de 8 de mar-

zo, FJ 5; 122/1989, de 6 de julio, FJ 3, y

337/1994, de 23 de diciembre, FJ 18),

y el establecimiento de las enseñanzas y

horarios mínimos y de su contenido (es

decir, especificaciones de niveles, ciclos,

grados, especialidades y criterios curri-

culares), e igualmente la fijación de los

objetivos concretos de las asignaturas

por bloques temáticos (STC 87/1983,

de 27 de octubre, FJ 4 y 5 y 88/1983, de

27 de octubre, FJ 3 y 4).

Finalmente, y como resumen, el

Consejo reproduce los criterios estable-

cidos en su Dictamen 126, de 8 de ju-

lio de 1986 (FJ II), a fin de analizar la

materia sobre educación, recordando

además que el Estado también tiene

competencias de alta inspección. A con-

tinuación, el dictamen hace referencia a

la articulación del enunciado del artícu-

lo 149.1.30 CE, a la reserva de ley orgá-

nica del art. 81.1 CE y al art. 15 EAC.

En cuanto a la interpretación del art. 15

EAC, se reproduce la doctrina estableci-

da en sus anteriores dictámenes núm.

215, de 28 de marzo de 2000 (F I.2),

y 226, de 31 de enero de 2002 (F II).

En relación con la reserva de ley orgá-

nica, el Consejo señala, de acuerdo con

la jurisprudencia constitucional, que la

misma «no contiene ningún título com-

petencial habilitante a favor del Estado;

que su alcance debe interpretarse res-

trictivamente tanto por lo que respecta a

la expresión “desarrollar” como la “ma-

teria” objeto de la reserva, y que el ámbi-

to reservado a la ley orgánica no es coex-

tenso al de las competencias constitu-

cionales atribuidas al Estado, de forma

que la reserva de ley orgánica debe co-

honestarse con el sistema constitucional

y estatutario de distribución competen-

cial entre el Estado y las comunida-

des autónomas» (Dictamen núm. 228,

de 16 de mayo de 2002, F II.8). Más

específicamente, sobre la necesidad de

que la reserva de ley orgánica respete las

competencias autonómicas en materia

de educación se pronuncia la STC

137/1986, de 6 de noviembre (FJ 3), y

concluye que «en la delimitación de los

derechos de la educación el legislador es-

tatal deberá armonizar la reserva de ley

orgánica ex artículo 81.1 CE con la com-

petencia estatal del artículo 149.1.30

CE, respetando el ámbito de las compe-

tencias autonómicas sobre educación, de

forma que el “desarrollo” del derecho

fundamental del artículo 27 CE, que

debe estar contenido en una ley orgá-

nica, no invada las competencias auto-

nómicas compatibles con el artículo

149.1.30 CE y que las normas “material-

mente” básicas derivadas de este último

precepto (que tienen que dejar un mar-

gen de desarrollo al legislador autonómi-

co) no se aprueben con el carácter de ley

orgánica».

A continuación se aborda el análisis

del art. 149.1.1 CE, haciendo remisión

a la doctrina «que sobre este precepto ha

elaborado el Consejo Consultivo en sus

dictámenes núm. 198, de 12 de marzo de

1996 (F IV); 215, de 28 de marzo

de 2000 (F I.2); 226, de 31 de enero de

2002 (F II.B), y 228, de 16 de mayo

de 2002» (F II.8). Más concretamente,

en materia de educación, «[...] se recuer-

da que el Tribunal Constitucional, ini-

cialmente, adoptó una postura muy res-

trictiva respecto a las competencias

autonómicas (así, por ejemplo, la STC

AUTONOMIES · 29

402

5/1981, de 13 de febrero)». No obstan-

te, también se destaca que «en un mo-

mento posterior el propio Tribunal con-

sidera que la cláusula general del

artículo 149.1.1 CE pasa a un segundo

plano porque el Estado dispone de la

normativa básica sobre educación (STC

137/1986, de 6 de noviembre, FJ 3),

pese a que ha continuado citando este

precepto, junto al artículo 149.1.30

CE, cuando se ha pronunciado sobre los

diferentes aspectos de la educación». En

este sentido, se reproduce parte del FJ

12 de la STC 188/2001, de 20 de sep-

tiembre.

Finalmente, el Consejo remite a su

Dictamen 215, de 28 de marzo de 2000

(F II), que realiza un detallado análisis

del concepto de bases, sus límites y su

vehículo normativo.

Por lo que respecta a la colaboración

internormativa que puede darse entre

ley orgánica y norma reglamentaria es-

tatal en materia del derecho fundamen-

tal a la educación, el Consejo reproduce

un fragmento del FJ 14 de la STC

77/1985, de 25 de junio, que admite esa

colaboración siempre que, como en

cualquier tipo de reserva, «“la remisión a

Reglamento no suponga deferir a la nor-

mación del Gobierno el objeto mismo

reservado, que es el ‘desarrollo’ de un

derecho fundamental en el caso que

ahora consideramos”».

En relación con la posible colabora-

ción internormativa entre ley y regla-

mento en materia básica, el Consejo re-

produce su anterior Dictamen núm.

226, de 31 de enero. «En principio esta

colaboración es constitucionalmente ad-

mitida respecto de aquellos extremos de

detalle o técnicos que son impropios

de una ley y que, por tanto, requieren

indispensablemente el complemento re-

glamentario. En ningún caso, sin em-

bargo, se puede concebir la colabora-

ción ley-reglamento en materia básica

como una carta en blanco al Gobierno

o como una deslegalización absoluta de

lo que es básico (F II.2)», afirmando que

también en este sentido se pronuncia la

STC 131/1996, de 11 de julio (FJ 2).

Para terminar con el análisis de los tí-

tulos competenciales con incidencia en

la materia “formación profesional”, el

dictamen pone de manifiesto que otra

vertiente de la formación profesional es

aquella que puede proyectarse más di-

rectamente hacia el mundo laboral y

que también reviste dos modalidades, la

formación profesional ocupacional

«más bien inserta en el campo de la polí-

tica de empleo (art. 40.1 CE)» y la for-

mación profesional continua que «tiene

como objetivo hacer efectivo [...] el de-

recho a la formación y readaptación pro-

fesionales, como una manifestación del

derecho a la promoción mediante el tra-

bajo (art. 35.1 CE)», correspondiendo

la gestión de estas dos modalidades de

formación profesional a la Administra-

ción laboral (STC 95/2002, de 25 de

abril). En cuanto al reparto competen-

cial en materia laboral que resulta de los

artículos 149.7 CE y 11.2 EAC, el dic-

tamen se expresa en los siguientes térmi-

nos: «De acuerdo con estos preceptos,

corresponde al Estado la competencia

exclusiva sobre la legislación laboral,

comprensiva no sólo de las leyes for-

males sino también de los reglamentos

ejecutivos (STC 33/1981; 18/1982;

35/1982; 195/1996 y 95/2002) y a la

Generalidad la función ejecutiva, in-

cluyendo los reglamentos internos de

organización de los servicios (STC

249/1988, de 20 de diciembre, FJ 2, y

95/2002, de 22 de mayo, FJ 9) “asu-

miendo las facultades, competencias y

servicios que en este ámbito y a nivel de

ejecución actualmente ejerce el Estado

respecto a las relaciones de trabajo, sin

ACTIVIDAD NORMATIVA... 403

perjuicio de la alta inspección del mis-

mo. Quedan reservadas al Estado todas

las competencias en materia de migra-

ciones interiores y exteriores, fondos de

ámbito nacional y de trabajo, sin perjui-

cio de lo establecido en las normas del

Estado en tales materias” (art. 11.2 EAC).»

Por último, recuerda los reales decre-

tos de traspasos de la educación a la Ge-

neralidad de Cataluña y enumera «las

competencias traspasadas a la Generali-

dad sobre las funciones y servicios co-

rrespondientes a la gestión de estas mo-

dalidades de formación profesional de

acuerdo con los reales decretos de tras-

pasos (que no distinguen entre forma-

ción ocupacional y continua)» anterior-

mente citados.

Fundamento III

En este fundamento se analizan, por

separado, los artículos de la Ley orgáni-

ca 5/2002, objeto de consulta.

— Por lo que se refiere a los cuatro

primeros artículos, el dictamen afirma

que no presentan problemas de consti-

tucionalidad.

— Por lo que respecta al art. 5.1, que

supone la asunción por la Administra-

ción general del Estado de las compe-

tencias de regulación y coordinación del

«sistema nacional de calificaciones y for-

mación profesional», se hacen los si-

guientes comentarios:

a) Es al Estado y no a su Administra-

ción general a quien incumbe la regu-

lación general del sistema educativo.

b) La atribución genérica de toda la

regulación del sistema general de califi-

caciones y formación profesional a la

Administración general del Estado, jun-

to al alcance que la Ley da al menciona-

do sistema parecen impedir un posible

desarrollo legislativo del mismo, por

parte de las comunidades autónomas

con competencias plenas sobre la mate-

ria. Por otra parte, la cláusula «sin per-

juicio» contenida en el artículo 5.1 de la

Ley orgánica 5/2002, al no especificar

cuáles son esas competencias, no con-

creta cuál es el objeto de la remisión ni

los contenidos de los futuros reglamen-

tos, y por lo tanto es una pura fórmula

carente de todo contenido.

c) El Consejo destaca asimismo que

ello resulta particularmente grave por-

que la disposición adicional primera,

apartado 2, prevé que el desarrollo de

este artículo es de competencia exclusiva

del Estado, con lo que se cierra cual-

quier posibilidad ulterior de hacer acla-

raciones o de completarlo por parte de

las comunidades autónomas.

d) En cuanto a la coordinación, se

recuerda que la CE no reconoce al Esta-

do una competencia de coordinación

específica en el ámbito de la educación.

Así, no puede atribuirse a la Adminis-

tración general del Estado una compe-

tencia que no tiene, y mucho menos sin

acotarla adecuadamente, como realiza

el art. 5.1 de la Ley orgánica 5/2002.

Además, también resalta que las STC

70/1997, de 10 de abril (FJ 4), y

102/1995, de 25 de junio (FJ 31),

mantienen que en la coordinación ge-

neral de las relaciones entre el Estado y

las comunidades autónomas, ésta debe-

rá instrumentarse con un respeto abso-

luto de las competencias autonómicas,

evitando que se expanda hasta dejar sin

contenido las citadas competencias au-

tonómicas.

— De acuerdo con todo lo expuesto,

concluye que «el artículo 5.1 de la Ley

orgánica 5/2002, en la medida en que

atribuye una competencia exclusiva de

regulación y coordinación del Sistema

Nacional de las Calificaciones y de la

Formación Profesional a la Administra-

ción general del Estado, sin acotar su al-

AUTONOMIES · 29

404

cance, no se ajusta al orden constitucio-

nal y estatutario de distribución de

competencias» y el artículo 6, apartados

3 y 4, también plantea dudas de consti-

tucionalidad, en la medida en que la

disposición final primera, punto 2,

otorga su desarrollo exclusivo al Estado

basándose en su competencia sobre el

sistema educativo. En opinión del Con-

sejo, «estas previsiones legales deberían

considerarse de naturaleza básica y que

su desarrollo y posterior ejecución, es

decir, el establecimiento de los citados

procedimientos por parte de la Admi-

nistración educativa competente y la

efectiva realización de las citadas prácti-

cas no laborales, al no ser elementos im-

prescindibles de la regulación estatal del

sistema educativo que nos ocupa, debe-

rían referirse a las comunidades autó-

nomas con plena competencia en mate-

ria de educación».

— El artículo 7.2, por el que se crea

el Catálogo Nacional de Calificaciones

profesionales aplicable a todo el Esta-

do, no plantea en opinión del Consejo

problema alguno de constitucionali-

dad. Lo mismo afirma en relación con

el art. 10.

— El artículo 8.4 incluye una remi-

sión al Gobierno al objeto de fijar los

requisitos y procedimientos para la eva-

luación y acreditación de las competen-

cias profesionales, así como los efectos

de éstas. Además, y de conformidad con

la disposición final primera, apartado 2,

su desarrollo corresponde en exclusiva al

Estado. El Consejo considera que este

artículo vulnera las competencias de

educación de la Generalidad sobre la

base de los siguientes argumentos:

a) «La actividad de evaluación y acre-

ditación es principalmente una acti-

vidad de ejecución que debería corres-

ponder a las comunidades autónomas

con competencias en la materia y basta-

ría que la Ley dictaminada estableciera

unos criterios generales de los procedi-

mientos de evaluación y de acreditación

y dejase su posterior desarrollo a las co-

munidades autónomas con competen-

cias en la materia.» En este sentido el ar-

tículo 1.dLOPEG; artículo 4.2 y 3 y

artículo 6.22.cLOGSE.

b) «A la vista de esta normativa orgá-

nica puede afirmarse que las comunida-

des autónomas son competentes para

establecer procedimientos de evaluación

sobre los diferentes aspectos del sistema

educativo y, por tanto, también sobre las

enseñanzas que se impartan en ese siste-

ma (incluyendo las competencias profe-

sionales). Asimismo, como se desprende

del artículo 4.2 LOGSE, antes expues-

to, corresponde al Gobierno establecer

los aspectos básicos, entre otros temas,

de los criterios de evaluación de los cu-

rrículos. Más allá de estos aspectos bási-

cos, el artículo 8.4 atribuye al Gobierno

una regulación completa y exhaustiva

de unos procedimientos de evaluación y

de acreditación (sus requisitos, procedi-

mientos y efectos), que deben poder ser

desarrollados por las comunidades autó-

nomas.»

Artículo 11: de acuerdo con la dis-

posición final primera, contiene una

serie de previsiones de naturaleza bási-

ca dictadas al amparo del artículo

149.1.1 y 30 CE, excepción hecha de

su apartado 6, que se considera de de-

sarrollo exclusivo por el Estado. El

Consejo considera que la calificación

competencial de la disposición final

primera es errónea y que el apartado 6

del artículo 11 no puede considerarse

de desarrollo exclusivo por parte del

Estado.

Por lo que respecta al apartado 7 de

este mismo artículo, se afirma:

«En resumen, en méritos de los tras-

pasos y de la norma de la LOGSE que

ACTIVIDAD NORMATIVA... 405

acabamos de citar, la Generalidad de

Cataluña posee, entre otras, la compe-

tencia para la creación, gestión, trans-

formación, ampliación, clasificación y

supresión de centros de formación pro-

fesional de toda clase, así como la com-

petencia para la realización de experien-

cias e innovaciones, prácticamente de

cualquier modalidad». «De acuerdo con

el artículo 11.7 antes transcrito, la inno-

vación y experimentación en materia de

formación profesional se desarrollará

por medio de una red de centros de “re-

ferencia nacional” (estatal), con implan-

tación en todas las comunidades autó-

nomas, especializados en los diferentes

sectores productivos. Asimismo, la pro-

gramación y ejecución de las correspon-

dientes actuaciones de carácter innova-

dor, experimental y formativo se llevarán

a cabo, en el marco establecido por la Ley

orgánica 5/2002, mediante convenios

de colaboración entre la Administración

del Estado y las comunidades autóno-

mas, ateniéndose en todo caso al ámbito

de sus respectivas competencias.»

«La redacción del apartado 7 del ar-

tículo 11 de la Ley dictaminada es clara y

no establece ninguna distinción ni matiz.

»Es cierto que el precepto que comen-

tamos no indica que estos centros de

referencia nacional tengan que ser de “ti-

tula

ridad estatal” (aunque tampoco lo ex-

cluya),

pero también es cierto que, según

resulta de los reales decretos 1577/1991

y 1050/1997, antes indicados, relativos

a los traspasos a la Generalidad de los

servicios de formación profesional ocu-

pacional, los “centros nacionales” son de

titularidad estatal.

»Por otra parte, también en mate-

ria sanitaria los distintos supuestos de

centros nacionales son de titularidad

estatal.»

Por último, «sobre la base de que toda

la innovación y experimentación se de-

sarrollará por medio de centros de refe-

rencia nacional, el último párrafo de

este artículo 11 afirma que estas actua-

ciones innovadoras se programarán y

ejecutarán mediante convenios entre la

Administración del Estado y la de las

comunidades autónomas. Por tanto,

una función típicamente ejecutiva

como es la programación y ejecución de

acciones innovadoras o experimentales,

que corresponde a la Generalidad de

forma exclusiva, tanto desde el punto

de vista de la educación (art. 15 EAC)

como de la formación profesional ocu-

pacional (art. 11 EAC), el artículo 11.7

de la Ley repetidamente citada la con-

vierte en compartida, contraviniendo

así el Estatuto de autonomía de Catalu-

ña y los reales decretos de traspasos de

servicios, antes mencionados.

»Es cierto también que la sentencia

del Tribunal Constitucional 38/1992, de

23 de marzo, consideró adecuado a la

Constitución el artículo 6 del Real de-

creto 942/1986, de 9 de marzo, el cual

contemplaba que el Ministerio de Edu-

cación y Ciencia podía llevar a cabo, en

todo el territorio del Estado, experi-

mentaciones educativas sobre materias

de su competencia (de ordenación gene-

ral del sistema educativo, la fijación de

las enseñanzas mínimas o que afectasen

a las condiciones exigibles para la obten-

ción de títulos académicos y profesiona-

les), aunque, como hemos visto, el pre-

cepto que comentamos no se limita a

tales aspectos, ni establece distinción al-

guna en cuanto a las funciones innova-

doras o experimentales, ya que, en su

dicción literal, las comprende todas.»

«El exceso competencial que supone

el repetido apartado 7 del artículo 11 de

la Ley dictaminada resulta claro, so-

bre todo teniendo en cuenta que lo que

se ha transferido a la Generalidad —res-

petando siempre la Constitución y el

AUTONOMIES · 29

406

Estatuto— no puede ser sustraído por

una ley posterior ni, naturalmente, por

un acuerdo del Estado con otra entidad

o con los denominados interlocutores

sociales. Así lo recuerda la Sentencia del

Tribunal Constitucional 95/2002, de

25 de abril (FJ 14).

»[...] La inconstitucionalidad del pre-

cepto no queda excluida por disponer la

Generalidad de ciertas intervenciones y

ejecutar las mencionadas funciones

(programación y ejecución propiamente

dicha) firmando un convenio con la Ad-

ministración del Estado ni por el hecho

de que el propio precepto indique que el

ejercicio de tales funciones, tanto una

parte como la otra, deberá atenerse “[...]

en todo caso al ámbito de sus respectivas

competencias”. Precisamente lo que de-

termina la inconstitucionalidad es que,

para ejercer dichas funciones, la Gene-

ralidad deba firmar, necesariamente, ese

convenio, tal y como se desprende del

tenor literal del precepto que dictami-

namos, puesto que, como se ha dicho

reiteradamente, esta exigencia no resulta

ni de la Constitución ni del Estatuto de

autonomía de Cataluña, y aún menos

de los reales decretos de traspasos, tantas

veces citados, sino todo lo contrario.

»Por las razones expuestas, a criterio

del Consejo, el referido apartado 7 del

artículo 11 de la Ley orgánica 5/2002,

objeto de consulta, supone una invasión

de las reseñadas competencias de la Ge-

neralidad de Cataluña, que ésta ha veni-

do ejerciendo regularmente hasta la ac-

tualidad.»

El art. 15.1 plantea dudas de consti-

tucionalidad «por establecer que corres-

ponde a la Administración general del

Estado, en el ámbito de la información

y la orientación profesionales, “desarro-

llar fórmulas de cooperación y coordi-

nación entre todos los entes indicados”».

Sin embargo, «el correcto sentido de la

frase que nos preocupa vendría a ser el

siguiente: “[....] correspondiendo a la

Administración general del Estado acre-

centar (o impulsar) modos (o maneras)

de cooperación o colaboración entre to-

dos los entes implicados”.

»Así entendida la frase en cuestión,

queda clara su constitucionalidad si se

elimina toda idea de un mandato nor-

mativo que atribuya una competencia

genérica de coordinación a la Adminis-

tración general del Estado.»

En cuanto al artículo 17, el Dictamen

afirma: «El precepto es constitucional

interpretado exclusivamente en el senti-

do de que se refiere a la evaluación glo-

bal del Sistema Nacional, la cual es

competencia del Estado; en cambio, no

lo sería interpretado en el sentido de que

las disposiciones reglamentarias a que se

refiere el precepto interfiriesen en la eva-

luación que pueda corresponder a la

Generalidad en el ámbito de sus respec-

tivas competencias.»

— Por último, en relación con la dis-

posición final primera de la Ley objeto

de dictamen el Consejo se pronuncia

del siguiente modo:

«De los apartados de esta disposición

merece un especial comentario el apar-

tado primero, párrafo primero, que in-

voca los títulos competenciales del artí-

culo 149.1.1 y 30 CE, por amparar el

desarrollo exclusivo por parte del Esta-

do de una serie de preceptos de la Ley

orgánica 5/2002. Si nos remitimos a

lo expuesto en el Fundamento II del

presente Dictamen, en virtud de los

citados preceptos constitucionales, co-

rresponde al Estado la competencia ex-

clusiva sobre la regulación de las condi-

ciones básicas que garantizan la igualdad

de todos los españoles en el ejercicio de

los derechos y en el cumplimiento

de los deberes constitucionales (art.

149.1.1 CE); la regulación de las con-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 407

diciones de obtención, expedición y

homologación de títulos académicos

y profesionales, y las normas básicas

para el desarrollo del artículo 27 de la

Constitución, a fin de garantizar el

cumplimiento de las obligaciones de

los poderes públicos en esta materia

(art. 149.1.30 CE).

»Respecto al artículo 149.1.1 CE, ya

se ha indicado que debe interpretarse

restrictivamente, y que las condiciones

básicas para garantizar la igualdad no

pueden suponer una normativa comple-

ta y acabada del derecho en cuestión.

Con más razón hay que hacer esta afir-

mación si el Estado dispone de otros tí-

tulos competenciales que desempeñan

la misma función, como es el caso del

artículo 149.1.30 CE, en su atribución

al Estado de la competencia para esta-

blecer las normas básicas para el desa-

rrollo del derecho fundamental a la edu-

cación, obviamente más específica.

»Respecto a las competencias exclusi-

vas del artículo 149.1.30 CE, también

se ha señalado que se trata de competen-

cias principalmente de carácter norma-

tivo, de forma que corresponde a las co-

munidades autónomas, en su territorio,

la totalidad de las competencias ejecuti-

vas sobre educación (salvo la alta inspec-

ción del Estado).

»A la vista de todo ello, cabe deter-

minar si es adecuada, desde un punto

de vista competencial, la calificación de

una serie de preceptos como de desarro-

llo exclusivo por parte del Estado, en lo

relativo a la formación profesional en el

ámbito del sistema educativo (forma-

ción profesional reglada o inicial). Sobre

todo teniendo en cuenta que esta califi-

cación de exclusividad comporta, en la

práctica, cerrar la intervención de las co-

munidades autónomas para el futuro

desarrollo y ejecución de esta materia

educativa a la cual se refiere.

»En vista de lo razonado y por consi-

derar que vulneran las competencias de

la Generalidad en materia de educación,

entendemos que no deberían tener la

calificación de desarrollo exclusivo esta-

tal: el artículo 4.1, letras b) y c); el ar-

tículo 6, apartados 3 y 4; el artículo 9; el

artículo 11, apartado 6, y la disposición

adicional tercera.»

Conclusión:

«Considerando los razonamientos

contenidos en los fundamentos prece-

dentes, opinamos que:

»Primero. Los artículos 5.1; 8.4; 11.7

y la disposición final primera, apartado

2, párrafos primero y segundo, en la me-

dida en que consideran competencia ex-

clusiva del Estado el desarrollo de los

artículos 4.1, letras b) y c); 6, puntos 3 y

4; 9; 11.6 y la disposición adicional ter-

cera, de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de

junio, de las calificaciones y de la forma-

ción profesional, son inconstitucionales.

»Segundo. El artículo 17 de la Ley or-

gánica 5/2002, de 19 de junio, de las ca-

lificaciones y de la formación profesio-

nal, es constitucional interpretado en el

sentido expuesto en el Fundamento III,

apartado i), del presente Dictamen.»

Voto particular:

Formulado por el consejero Sr. Joa-

quim Borrell i Mestre, que considera

constitucional la integridad del texto de

la Ley objeto de dictamen.

Voto particular:

Formulado por el consejero Agustí M.

Bassols i Parés al disentir de la opinión

mayoritaria del Consejo respecto al ar-

tículo 17 de la Ley 5/2002, que él consi-

dera íntegramente inconstitucional.

AUTONOMIES · 29

408

Solicitantes:

La Mesa del Parlamento de Cataluña

a instancia de los grupos parlamentarios

de Esquerra Republicana de Catalu-

nya, de Iniciativa per Catalunya-Verds

(IC-V) y de más de una décima parte de

los diputados del Grupo Parlamentario

Socialistes-Ciutadans pel Canvi.

Ponente:

Jaume Renyer i Alimbau.

Extracto o resumen de los fundamentos:

Fundamento I

En este fundamento se expone el re-

parto competencial entre el Estado y la

Generalidad en la materia objeto de re-

gulación por la Ley 44/2002, de 22 de

noviembre, de medidas de reforma del

sistema financiero, objeto del dictamen,

que modifica la Ley 31/1985, de 2 de

agosto, de regulación de las normas bá-

sicas sobre órganos rectores de las cajas

de ahorros (LORCA).

El Consejo pone de manifiesto que

el reparto competencial diseñado ge-

néricamente en los textos constitucio-

nales (art. 149.1.11 y 13 CE) y estatu-

tario (art. 10.1.4 EAC y 12.1.1 y 6

EAC) se ha concretado progresivamen-

te en una utilización expansiva de las

competencias estatales en materia so-

cioeconómica por parte de la legis-

lación emanada de las Cortes Genera-

les. Asimismo, la reiterada jurispru-

dencia del Tribunal Constitucional se

ha caracterizado «por una parte, por

asegurar la preeminencia de la posición

del Banco de España dentro del conjun-

to del sistema financiero, en detrimento

de las competencias autonómicas en el

mismo sector y, por otra, por ampliar

la noción material de “bases” de modo

que no quede limitada a las actuacio-

nes de tipo normativo, sino que se ex-

tienda también a los actos de ejecución

de forma que desde las instancias cen-

trales pueda pasarse directamente a la

ejecución o a la adopción de actos ad-

ministrativos singulares». (Al respecto,

Dictamen 191, de 7 de junio 1994,

F II.)

Según el Consejo, «esta expansión de

las competencias estatales ha sido funda-

mentada por el Tribunal Constitucional

en los cuatro razonamientos siguientes»:

a) «La construcción doctrinal de la

denominada “Constitución económica”

a partir de la STC 1/1982, de 28 de ene-

ro (FJ 1).»

b) «La consideración preponderante

de intereses supraautonómicos en mate-

ria económico-financiera (STC 1/1982,

de 28 de enero, FJ 1).»

c) «La necesidad intrínseca de que

incluso los actos administrativos de eje-

cución en esta materia deban ser adop-

tados por la Administración estatal,

esencialmente encargada de garantizar

los intereses generales (STC 235/1999,

de 16 de diciembre, FJ 3).»

d) «La incorporación de aspectos que

resultan necesarios para la preservación

de lo básico o para garantizar, con carác-

ter complementario, la consecución de

las finalidades inherentes a la regulación

básica (STC 48/1998, de 22 de marzo,

FJ 3.c).»

ACTIVIDAD NORMATIVA... 409

Dictamen núm. 232, previo a la interposición, de recurso de inconstituciona-

lidad, en relación con la Ley orgánica 44/2002, de 22 de noviembre, de

medidas de reforma del sistema financiero (BOE núm. 281, de 23 de no-

viembre

de 2002), por lo que se refiere a la reforma del régimen jurídico de

las cajas de

ahorros y a las competencias de la Generalidad en esta materia.

Sin embargo, «el Tribunal Constitu-

cional ha matizado de forma reiterada

que su interpretación expansiva de las

competencias estatales en materia eco-

nómico-financiera no debe llegar al

punto de imposibilitar el ejercicio de

las competencias autonómicas asumidas

en los estatutos de autonomía». (STC

155/1993, de 31 de mayo, FJ 1.)

La expansión de las competencias es-

tatales puede apreciarse en dos puntos:

1.º En las disposiciones de interven-

ción administrativa sobre unas entida-

des, las cajas de ahorros, de naturaleza

privada y régimen jurídico esencialmen-

te privado.

«Las cajas de ahorros son entidades de

naturaleza jurídica privada de interés so-

cial». «Ahora bien, no tanto por su ca-

rácter fundacional como por la natura-

leza diversa de sus múltiples actividades

resulta necesario que, a diferencia de

las empresas mercantiles o civiles, desa-

rrollen su actuación bajo la disciplina

de normas especiales y de un régimen de

intensa intervención administrativa»

(Dictamen núm. 94, de 19 de junio de

1985, F II). Las cajas de ahorros no po-

seen la nota característica de las em-

presas mercantiles, que es el ánimo de

lucro, evidentemente tampoco son per-

sonas jurídicas públicas, «constituyen

un tertium genus que demanda, por un

lado, una normativa específica y, por

otro, una interpretación de las normas

generales adecuada a su naturaleza. Es-

quemáticamente, las cajas de ahorros

son patrimonios privados finalizados y

controlados en definitiva por las admi-

nistraciones públicas. El papel rector de

éstas sirve para garantizar la recta admi-

nistración del citado patrimonio a tra-

vés de una pluralidad de técnicas; entre

otras, la acción de un protectorado que

actúa utilizando unas medidas de na-

turaleza análoga a la función de tutela

administrativa.» (Dictamen núm. 94, de

19 de junio de 1985, F II).

Las normas jurídicas emanadas para

cumplir esa función tutelar pública,

tanto desde las instituciones estatales

como las autonómicas, bien regulando

la organización o bien la actividad de las

cajas de ahorros, deben respetar el con-

tenido esencial del artículo 38 CE, «que

proclama el reconocimiento de la liber-

tad de empresa en el marco de la econo-

mía de mercado y que establece que los

poderes públicos garantizan y protegen

su ejercicio y la defensa de la productivi-

dad, conforme a las exigencias de la eco-

nomía general y, en su caso, de la plani-

ficación. La incidencia del artículo 38

CE se hace detectable tanto en cuanto a

la libertad de escoger las formas empre-

sariales como por lo que respecta a la li-

bertad de desarrollo, de gobernabilidad

y de actuación de las empresas constitui-

das; libertades que se supeditan a las exi-

gencias que en el propio precepto cons-

titucional se mencionan (Dictamen

núm. 94, de 19 de junio de 1985, F III).»

La STC 49/1988, de 22 de marzo, se

pronuncia en el sentido de que:

«“Las cajas son en la actualidad enti-

dades de crédito y se dedican a una acti-

vidad de especial delicadeza y riesgo no

sólo para quienes la realizan sino tam-

bién para quienes operan con ellas y

para la estabilidad económica en gene-

ral. Quiénes toman las decisiones relati-

vas a esa actividad y cómo se toman, es

decir, la organización de la entidad, no

es cuestión que quepa aislar de la activi-

dad misma. Ahora bien, en la atípica

institución que es la caja de ahorros no

es posible que las tomen los que asumen

el riesgo de la gestión de la empresa, o

sea, sus propietarios, puesto que por su

naturaleza carece de propietarios. Tam-

poco parece coherente que la adopten

quienes no asumen ese riesgo. No resul-

AUTONOMIES · 29

410

ta por ello contrario al precepto consti-

tucional invocado que los poderes pú-

blicos, a quienes corresponde velar por

el interés general, establezcan con ma-

yor o menor precisión la composición

de los órganos rectores de las cajas. Con-

viene también recordar que dicho pre-

cepto se refiere a empresas privadas, es

decir, a organizaciones que tienen una

finalidad de lucro, y garantiza en último

término la existencia de una economía

de mercado. Pero las cajas no pueden te-

ner aquella finalidad ni persiguen distri-

buir beneficios, sino que el excedente de

sus rendimientos lo han de dedicar a

obra social, con lo que de nuevo vuelve a

aparecer el interés público en su gestión

y su carácter atípico, pues se trataría, en

todo caso, de entidades sin fin de lucro,

lo que ciertamente no responde al con-

cepto tradicional de empresa. Aún po-

dría añadirse que en la misma banca pri-

vada la ley restringe la libertad de

organización que tienen las otras empre-

sas al imponerles la forma de sociedad

anónima y establecer otros requisitos,

sin duda atendiendo a la ya señalada

trascendencia económica y especiales

riesgos de su gestión.” (FJ 12)»

2.º Por lo que se refiere a la articula-

ción de las competencias autonómicas y

las bases estatales, el Consejo reitera su

doctrina en la materia, fijada funda-

mentalmente en los dictámenes 94, de

19 de junio de 1985, F III, y 106, de 19

de diciembre de 1985, y reproduce

la conclusión a la que se llega en relación

con el tema en el último de los citados

dictámenes:

a) «La Generalidad ostenta todas las

potestades públicas en materia de cajas

—salvo los aspectos relativos a la orde-

nación del crédito— sin otra acotación

que las bases a las cuales alude el encabe-

zamiento del artículo 12 EAC y sin-

gularmente la remisión al artículo

149.1.11 CE, bases en las que se concre-

ta la competencia estatal.»

b) «En cuanto a la actividad crediticia

de las cajas, las facultades autonómicas

quedan vinculadas más estrechamente a

las bases establecidas por el Estado.»

c) «Las bases estatales, más claramen-

te, en el supuesto de los aspectos estructu-

rales y organizativos, no pueden agotar

la regulación de la materia ni impedir el

establecimiento, al menos parcial, de so-

luciones alternativas.»

d) «El ejercicio, por parte del Estado,

de la competencia para establecer las di-

ferentes bases debe ser coherente con las

finalidades definidas por el ordenamien-

to al asignar la competencia.»

e) «Los principios y directrices consti-

tucionales de carácter sustancial o mate-

rial no suponen una ampliación del haz

de competencias.»

Fundamento II

En este fundamento se analizan los

artículos de la LORCA que modifican

la Ley 44/2002, para averiguar si en su

redacción actual merecen la califica-

ción de básicos y se ajustan al orden

constitucional y estatutario de distri-

bución de competencias en materia de

cajas de ahorro y de ordenación del cré-

dito.

Previamente, se considera necesario

exponer, vista la posición del Consejo en

el Fundamento I, la doctrina de la juris-

prudencia constitucional sobre el alcan-

ce de la competencia básica del Estado

en materia de ordenación del crédito

cuando afecta a cajas de ahorros.

«Así, en la Sentencia 49/1988, de 22

de marzo, establece:

»“[...] es necesario identificar la pecu-

liar entidad de crédito que son las cajas y

distinguirlas de los demás intermedia-

rios financieros, y para lograrlo en todo

ACTIVIDAD NORMATIVA... 411

el territorio nacional las características

correspondientes han de ser fijadas con

carácter general por el Estado. También

es de competencia del Estado velar por-

que en la organización de las cajas esté

presente la pluralidad de intereses públi-

cos a las que atienden. De todo ello re-

sulta que las bases de la ordenación del

crédito deben comprender normas or-

ganizativas de las entidades cuyo objeto

principal son las operaciones de crédito,

y es evidente que, en la actualidad, las

cajas son fundamentalmente entidades

de crédito como más adelante habrá

ocasión de recordar. La doctrina sentada

en la citada STC 1/1982 debe ser man-

tenida en el sentido de que el Estado

puede fijar bases relativas a la organiza-

ción de las cajas de ahorro en virtud de

su competencia para establecerlas sobre

la ordenación del crédito, que le atribu-

ye expresamente el art. 149.1.11 de la

Constitución. Cuestión distinta, que se

examinará en su momento, es la del al-

cance y contenido de esas bases, pero

aquí basta con hacer la anterior afirma-

ción de principio”. (FJ 2).»

Seguidamente, en la Sentencia 96/

1996, de 30 de mayo, el Tribunal re-

cuerda: «“El art. 149.1.11.ª CE reserva

al Estado como competencia exclusiva

las bases de la ordenación de crédito,

banca y seguros. El contenido de esas

bases alcanza ‘[...] tanto las normas re-

guladoras de la estructura, organización

interna y funciones de los diferentes in-

termediarios financieros, como aquellas

otras que regulan aspectos fundamenta-

les de la actividad de tales intermedia-

rios [...]’, según hemos declarado ya en

reiteradas ocasiones (inicialmente en la

STC 1/1982, fundamento jurídico 3.º,

y más recientemente en las SSTC

49/1988, fundamento jurídico 2.º, y

135/1992, fundamento jurídico 1.º).”

(FJ 19).»

Y más recientemente, en la Sentencia

235/1999, de 16 de diciembre, argu-

menta lo siguiente:

«“Igualmente, en lo atinente al alcan-

ce o intensidad de dicha competen-

cia, hemos señalado con carácter gene-

ral que ‘cuando la Constitución utiliza

el término bases (así en el artículo

149.1.11, 13 y 18) está comprendien-

do funciones normativas que aseguren,

en lo que es menester, un común unifor-

me, unas reglas a partir de las cuales las

comunidades autónomas que tengan asu-

midas competencias en la materia puedan

ejercerlas, pero estas competencias no se

agotan con las propias legislativas, pues

cuando la preservación de un tratamiento

uniforme reclame el complemento regla-

mentario, y aun el ejecutivo, se justifica la

reserva de estas competencias en la medi-

da indispensable’ (así, SSTC 57/1983,

fundamento jurídico 7º; 144/1985, fun-

damento jurídico 4º y 96/1984, funda-

mento jurídico 3º).” (FJ 3).»

Artículo 8. Primero de la Ley 44/

2002, por el que se modifica el segundo

párrafo del artículo 1 de la LORCA.

«La modificación que introduce la

Ley dictaminada afecta únicamente a

los requisitos que deben cumplir las per-

sonas que integran los citados órganos y,

más concretamente, exige que, además

de los ya contemplados en el artículo 8

LORCA, han de reunir los requisitos de

honorabilidad comercial y profesional

“que determinen las normas de desarro-

llo de esta Ley”. A tal efecto establece

que en cualquier caso se debe enten-

der que concurre esta honorabilidad “en

quienes hayan venido observando una

trayectoria personal de respeto a las le-

yes mercantiles u otras que regulan la

actividad económica y la vida de los ne-

gocios, así como las buenas prácticas co-

merciales y financieras”. El inciso que

añade ex novo la Ley 44/2002 se puede

AUTONOMIES · 29

412

considerar básico en la exigencia del re-

quisito de honorabilidad siempre que

las comunidades autónomas, en uso de

sus competencias sobre cajas de ahorros,

puedan añadir otros requisitos, precisio-

nes razonables o desarrollar con más

detalle lo establecido en esta parte del

artículo primero de la LORCA. Así,

cuando el precepto que se examina ha-

bla de “las normas de desarrollo de esta

Ley” debe entenderse que remite a la le-

gislación autonómica (y no a la potestad

reglamentaria del Gobierno) la determi-

nación más precisa de los requisitos de

honorabilidad comercial y profesional,

como también otros requisitos que pue-

da considerar conveniente establecer”.»

Artículo 8. Segundo de la Ley 44/

2002, por el que se modifica la redac-

ción de los apartados 1, párrafos a, b, cy

d, del artículo 2 de la LORCA.

«El artículo 2.3, después de la reforma,

fija un porcentaje mínimo y otro máxi-

mo para la participación de cada uno de

los grupos presentes en este órgano, que

permiten un margen significativo para

que el legislador autonómico establezca

su propia opción. Ateniéndonos, ade-

más, a la doctrina del Tribunal Constitu-

cional (STC 49/1988, de 22 de marzo,

FJ 18), el legislador estatal puede estable-

cer, para lograr el objetivo democratiza-

dor de los órganos de gobierno de las

cajas de ahorros, estos porcentajes no rí-

gidos, así como los grupos sociales que,

como mínimo, deberán estar representa-

dos en la asamblea general. Respecto a

esta última cuestión cabe añadir también

que el artículo 2.3 de la LORCA, que se

comenta, no excluye ni prohíbe que

las comunidades autónomas puedan

añadir la presencia necesaria de otros gru-

pos sociales o intereses colectivos en la

composición de las asambleas generales

de las cajas de ahorros sobre las que os-

tentan competencias.»

Artículo 8. Tercero de la Ley 44/

2002, por el que se modifica el artículo

4 de la LORCA.

«El artículo 4 establece el sistema de

elección por compromisarios de los con-

sejeros generales, representantes de los

impositores. Sobre este precepto no te-

nemos que pronunciarnos porque, si-

guiendo la mencionada Sentencia núm.

49/1988, de 22 de marzo (FJ 20), la dis-

posición final cuarta, apartado 3, de la

LORCA, en la nueva redacción dada

por la Ley 44/2002, añade el artículo 4

al listado de preceptos que no tienen ca-

rácter de norma básica y que, por tanto,

no son aplicables a Cataluña.»

Artículo 8. Cuarto de la Ley 44/2002,

por el que se modifica el artículo 7 de la

LORCA.

«Este precepto de la LORCA estable-

ce los requisitos que deben reunir los

consejeros generales de las cajas de aho-

rros. De acuerdo con la disposición final

cuarta, apartado 3, de la LORCA, tiene

carácter de norma básica.»

En el nuevo texto no se observan

cambios importantes de contenido,

aunque presenta una estructura distinta,

fruto de la refundición de los dos apar-

tados en que se integraba inicialmente.

Así, el apartado 2 originario, que regula-

ba más concretamente los requisitos

para ser elegido compromisario o conse-

jero general en representación de los im-

positores, pasa a integrarse (con algunas

modificaciones en su redactado) en la

letra c) del artículo 7.

«El desarrollo con detalle del requisi-

to básico que establece la letra c) del ar-

tículo 7 de la LORCA para ser consejero

general corresponde, por tanto, al legis-

lador autonómico que, en virtud de sus

competencias sobre cajas de ahorros,

podrá establecer, en su caso, otros requi-

sitos para poder ejercer el cargo de con-

sejero general. De acuerdo con ello, el

ACTIVIDAD NORMATIVA... 413

precepto comentado tiene carácter de

norma básica y se ajusta al orden consti-

tucional y estatuario.»

Artículo 8. Quinto de la Ley 44/2002,

por el que se modifica el artículo 9.1 de

la LORCA.

«Esta norma regula la duración del

mandato de los consejeros generales así

como las posibilidades de su reelec-

ción.»

[...]

«El precepto reformado, que tiene ca-

rácter de norma básica según la nueva

disposición final cuarta, apartado 3, de

la LORCA, altera el plazo de duración

del cargo de consejero, ya que además

de un máximo de años (ahora 6 años)

establece también un mínimo (4 años).

Seguidamente, regula el mecanismo de

reelección de los consejeros generales en

sus rasgos principales, de manera que

establece una única posibilidad de ree-

lección por otro periodo igual y, en todo

caso, que la duración del mandato

del consejero reelegido no supere los 12

años (ya sea de forma continuada o inte-

rrumpida). Como excepción a esta regla

general se prevé que un consejero pueda

volver a ser reelegido 8 años después de

haber cumplido esos 12 años de man-

dato. En todo caso, la posibilidad de

reelección será una opción que corres-

ponderá adoptar a los estatutos, de con-

formidad con lo dispuesto en la norma-

tiva autonómica de desarrollo de la

LORCA, tal y como confirma la dispo-

sición final cuarta, apartado 1, letras a)

y b), de esta Ley (art. 21 del Decreto le-

gislativo 1/1994).

»Con el fin de analizar si este precepto

está dictado al amparo de las competen-

cias estatales sobre bases de ordenación

del crédito en el ámbito organización de

las cajas de ahorros (art. 149.1.11 CE),

es necesario realizar algunas precisiones

adicionales sobre su contenido. Así, en

primer lugar, el artículo que se dictami-

na establece la duración del mandato de

los consejeros generales sobre la base de

un mínimo y un máximo de años (4 y 6

años, respectivamente). Por lo que res-

pecta a esta previsión, entendemos que

obedece al principio democrático de re-

novación periódica de un cargo de ca-

rácter representativo, que en todo caso

debe someterse periódicamente a un

proceso de elección que le proporcione

legitimidad. La previsión del legislador

estatal, que establece un límite mínimo

y un máximo de años para la duración

del cargo es razonable en este contexto y,

además, permite una margen de desa-

rrollo para que el legislador autonómico

concrete, según considere oportuno, su

duración.

»Seguidamente, la norma dictami-

nada regula el mecanismo de reelec-

ción del cargo de consejero general.

De entrada, puede decirse que la fina-

lidad de establecer un límite máximo

en las posibles reelecciones es también

una finalidad legítima, que puede re-

gularse en una norma básica estatal y

que obedece a la necesidad de no per-

petuarse en el cargo de forma vitalicia

y de renovar democráticamente, en un

periodo razonable, unos cargos repre-

sentativos como los contemplados en

la norma dictaminada. No obstante,

entendemos que el artículo 9.1 regula

con exceso de detalle el mecanismo

de reelección: por un lado, en caso de

que haya reelección, establece que ésta

deberá ser por otro periodo igual

y, por otro, fija de forma concreta

el número máximo de años que pue-

de durar un mandato, contándose las

reelecciones (12 años). Finalmente,

también fija el número de años que

deben transcurrir para poder volver a

ser elegido y reiniciar todo el proceso

electivo (8 años).

AUTONOMIES · 29

414

»Por esta razón, debido a que el legisla-

dor estatal debería regular de forma más

flexible y menos detallada el mecanismo

de reelección del cargo de consejero ge-

neral, consideramos que, en este aspecto

concreto, el artículo 9.1 de la LORCA

que se dictamina no es básico.»

Artículo 8. Sexto.

«Con la reforma que se dictamina, el

precepto, que continúa siendo básico

según la disposición final cuarta, aparta-

do 3, de la LORCA, incorpora la decla-

ración del régimen de irrevocabilidad

del cargo de consejero mientras no se

haya cumplido el plazo para el que fue

designado, salvo en los supuestos previs-

tos en el propio precepto. A estos su-

puestos, que coinciden sustancialmente

con los de cese anteriormente vigentes,

se añade el acuerdo de separación adop-

tado por la asamblea si se apreciase jus-

ta causa: “Se entenderá que existe justa

causa cuando el consejero general in-

cumpla los deberes inherentes a su car-

go, o perjudique con su actuación, pú-

blica o privada, el prestigio, buen

nombre o actividad de la caja”. Esta últi-

ma causa de cese, de hecho, ya figuraba

recogida en el artículo 22.1.f) del De-

creto legislativo 1/1994, de 6 de abril.»

«Este artículo es básico y se ajusta al

orden competencial constitucional y es-

tatutario, como ya consideraron este

Consejo y el Tribunal Constitucional,

en el Dictamen número 106 (Funda-

mento IV) y en la STC 49/1988, de 22

de marzo (FJ 23), respectivamente.»

Artículo 8. Séptimo de la Ley 44/2002,

por el que se modifica el apartado V del

artículo 11 de la LORCA.

«El artículo 11 de la LORCA fue ob-

jeto de estudio por el Consejo en el ya

citado Dictamen núm. 106 y fue consi-

derado básico en su totalidad, criterio

que confirmamos. En la actualidad

mantiene la misma calificación compe-

tencial en virtud de la disposición final

cuarta, apartado 3, de la LORCA.»

Artículo 8. Octavo de la Ley orgánica

44/2002, por el que se modifica el pá-

rrafo b) del artículo 14 de la LORCA.

«El artículo 14 de la LORCA estable-

ce cómo debe llevarse a cabo la represen-

tación de los intereses colectivos en el

consejo de administración de las cajas

de ahorros. En concreto, su párrafo b)

regula el procedimiento de nombra-

miento de los vocales que representan a

los impositores, que se efectuará por la

asamblea general. En este caso, la refor-

ma de la LORCA suprime un párrafo

que prescribía el número mínimo de

consejeros generales que podían propo-

ner candidatos para este cargo.»

«En cuanto a este precepto cabe indi-

car que el Tribunal Constitucional ha

considerado básico que el legislador es-

tatal fije los grupos y proporciones en

que han de estar representados sus inte-

reses en el consejo de administración,

siempre y cuando no se exceda con una

regulación excesivamente detallada. En

este sentido, en la Sentencia 49/1988,

de 22 de marzo, fundamento jurídico

25, y en relación con el artículo 14 de la

LORCA, el Alto Tribunal afirma lo si-

guiente:

»“Debe entenderse, por tanto, referido

a los grupos y proporciones que se fijen

en cada caso para la representación de di-

chos intereses, y en este sentido debe ca-

lificarse de básico. No lo es, en cambio, el

mecanismo excesivamente detallado re-

lativo a la forma y requisitos de proposi-

ción de candidatos y de elección. Por el

contrario, es básica la norma que permi-

te a los consejeros generales representar

a las corporaciones municipales o a los

impositores designar como vocales del

Consejo de Administración a terceras

personas que reúnan los adecuados re-

quisitos de profesionalidad hasta un nú-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 415

mero de dos, pues tiende a reforzar la

eficacia y profesionalidad en la gestión

de las cajas y a cumplir, en consecuen-

cia, uno de los objetivos perseguidos por

la LORCA”.

»A la vista del texto actual, resulta pa-

tente que el legislador estatal ha querido

adaptarse a la doctrina del Tribunal

Constitucional sobre el alcance de las

bases en esta materia. Así, además de re-

formar su contenido y eliminar la previ-

sión sobre el número de consejeros que

podían presentar candidatos para la re-

presentación de impositores, en la nue-

va disposición final cuarta, apartado 3,

de la LORCA, se establece que el artícu-

lo 14 no tiene carácter de norma básica

“[...] en cuanto establece el mecanismo

relativo a la forma y requisitos de provi-

sión de vocales del Consejo de Adminis-

tración”.

»De acuerdo con lo expuesto, y tras

las modificaciones introducidas por la

Ley 44/2002, que se dictamina, enten-

demos que el precepto es básico y se

ajusta al orden constitucional y estatuta-

rio de distribución de competencias.»

Artículo 8. Noveno de la Ley 44/

2002, por el que se modifica el artículo

15 de la LORCA.

El artículo 15, en su nueva redacción

dada por el artículo 8 noveno de la Ley

orgánica 44/2002, incluye entre las con-

diciones para acceder al consejo de ad-

ministración de las cajas de ahorros que,

en el momento de la designación para el

cargo, la persona escogida tenga menos

de 70 años, salvo en caso de que la legis-

lación aprobada por las comunidades

autónomas establezca una edad distinta.

Así:

«a) Amplía a todos los miembros del

consejo de administración el requisito

de ser menor de 70 años en el momento

de su designación, siendo, por ello, apli-

cable la norma tanto para los nombra-

dos por la corporación fundadora, si

existiera, como por las corporaciones lo-

cales, los impositores, el personal de la

caja y, en general, todos los grupos de re-

presentación; y

»b) Permite que las comunidades au-

tónomas señalen —de la forma que es-

timen conveniente— otra edad, que

puede ser igual, inferior o superior a los

70 años.»

La redacción del precepto que co-

mentamos plantea dos cuestiones que es

preciso abordar.

«a) Amplía a todos los miembros del

consejo de administración el requisito

de ser menor de 70 años en el momen-

to de su designación, siendo, por ello,

aplicable la norma tanto para los nom-

brados por la corporación fundadora, si

existiera, como por las corporaciones lo-

cales, los impositores, el personal de la

caja y, en general, todos los grupos de re-

presentación; y

»b) Permite que las comunidades au-

tónomas señalen —de la forma que esti-

men conveniente— otra edad, que pue-

de ser igual, inferior o superior a los 70

años.»

«La respuesta a ambas cuestiones

debe ser, a nuestro parecer, positiva; co-

menzamos por la última:

»a) De entrada sorprende que se de-

clare que es básica una norma totalmen-

te acabada [...] y que a continuación se

permita que las comunidades autóno-

mas puedan modificar esa edad y esta-

blecer otra.»

[...]

«Podría discutirse si es coherente con

el carácter de norma básica (es decir,

aquella que tiene por objeto establecer

un común denominador normativo) la

existencia de tantas posibilidades de al-

teración ya que, según se ha entendido

comúnmente la finalidad de las normas

básicas —establecer un régimen co-

AUTONOMIES · 29

416

mún mínimo—, parece que éstas de-

ben ser aplicables a todo el territorio es-

tatal; deben gozar de cierta estabilidad,

sin que pueda predicarse, no obstante,

su petrificación; y tienen que atender a

finalidades permanentes más que co-

yunturales, entre otras notas caracterís-

ticas que no es necesario repetir aquí.

Pero lo cierto es que el Tribunal Consti-

tucional ha hecho un uso muy libre de

estos criterios, estableciendo a menudo

excepciones.»

Así, por lo que respecta a la estabili-

dad y la generalidad de las normas bási-

cas, se admiten «bases coyunturales en

las STC 99/1987, de 11 de junio (FJ 2.d);

86/1982, de 26 de enero, y 91/1984, de

9 de octubre».

También se admiten normas básicas

no aplicables a todo el territorio español

en la STC 109/1998, de 21 de mayo.

«No hay ninguna norma constitucio-

nal ni estatutaria, ni el Tribunal Consti-

tucional ha establecido nunca la ampli-

tud de la horquilla dentro de la cual

deberán moverse las comunidades autó-

nomas con competencias de desarrollo

legislativo [...].»

«En el caso del precepto que estudia-

mos la flexibilidad es amplísima, ya que

la edad fijada por la norma puede ser to-

talmente modificada, si bien dentro de

unos límites de razonabilidad para no

diluir los efectos básicos pretendidos

por la norma. Ciertamente, si una co-

munidad autónoma no quiere ejercer la

facultad que la ley le otorga, la norma

básica tendrá toda la amplitud que esta-

blece su literal formulación (70 años),

pero para aquellas comunidades autó-

nomas que deseen ejercer la citada facul-

tad, el ámbito de la norma básica queda-

rá sensiblemente reducido: lo único que

quedará como básico será que deba fi-

jarse algún límite a la edad de los conse-

jeros generales de las cajas que hayan de

acceder al Consejo de Administración.

El artículo 15 que se dictamina no seña-

la ninguna horquilla ni tan siquiera lí-

mite mínimo o máximo alguno. Esta-

blecer un régimen tan flexible no es, sin

duda, inconstitucional.»

b) En cuanto a la cuestión de si el artí-

culo 15 de la LORCA, en su nueva re-

dacción, tiene carácter materialmente

básico (sí posee el carácter formal, pues

está contenida en una norma con rango

legal que, a su vez, la declara como tal),

el Consejo afirma por un lado que «el

carácter básico de una norma no es algo

definitivo ni inmutable, sino con fre-

cuencia contingente como lo son todas

las decisiones tomadas en democracia

por las mayorías parlamentarias. […]

Una nueva mayoría parlamentaria y la

aparición de nuevas circunstancias eco-

nómicas y, en un contexto más amplio,

la situación de la propia economía espa-

ñola pueden justificar este cambio legis-

lativo, nada despreciable.

»Incluso esta contingencia normativa,

que puede traducirse también en una

temporalidad o provisionalidad de la vi-

gencia de las normas, es predicable de lo

básico, tal y como ha reconocido el pro-

pio Tribunal Constitucional, al estable-

cer la doctrina que el derecho transito-

rio, por el mero hecho de tener una

vigencia acotada en el tiempo, no puede

ser desposeído de su carácter básico si

materialmente lo tiene (STC 133/1990,

de 19 de julio, FJ 16).»

[...]

«Por otro lado, para abordar la cues-

tión que estamos analizando, la juris-

prudencia del Tribunal Constitucional

ha proporcionado unas pautas muy cla-

ras cuyo examen resulta ineludible. Las

sentencias núm. 48/1988 y 49/1988 so-

bre la Ley catalana 15/1985, de 1 de ju-

lio, de cajas de ahorros; la Ley 7/1985,

de 4 de julio, de cajas de ahorros de Ga-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 417

licia, y la propia LORCA, contienen di-

chas pautas.»

Las citadas sentencias no se pronun-

cian sobre el artículo 15 de la LORCA,

dado que este precepto no fue impugna-

do ni por la Generalidad de Cataluña ni

por la Junta de Galicia.

«En cambio, por lo que respecta a la

edad del director general, la Sentencia

núm. 49/1988 (FJ 27) declaró que no

podía considerarse como básica la deter-

minación de su edad de jubilación a los

65 años, ya que este límite no está justi-

ficado por razones de eficacia en la ges-

tión, únicas en que podría pensarse

—afirma la Sentencia—, ni existe moti-

vo alguno por el que la legislación auto-

nómica no pueda fijar la edad que esti-

me más adecuada a tales efectos.

»No creemos que este criterio pueda

extrapolarse y ser invocado en relación

con los miembros de los consejos de ad-

ministración de las cajas de ahorros, no

sólo porque el nuevo precepto fija una

edad de 70 años en el momento de su

designación y no de 65 años, sino tam-

bién porque no estamos ante dos su-

puestos materialmente idénticos, pues

mientras el director general es un cargo

individual que no forma parte de los

órganos de gobierno, el consejo de ad-

ministración es un órgano colegiado y

plural, cuya edad conjunta no es indife-

rente en relación con los principios de

eficiencia y buen funcionamiento de las

cajas; y todo ello haciendo abstracción

de que en el caso de los consejeros esta-

mos en presencia de una causa de inele-

gibilidad para acceder al cargo, mientras

que en el del director general nos halla-

mos ante una causa de jubilación, con-

ceptos muy distintos.

»Además, en las propias sentencias

núm. 48 y 49/1988 hay pronuncia-

mientos contrapuestos.»

[...]

«También en otro contexto, pero sin

matizaciones ni exclusiones, la Senten-

cia del propio Tribunal Constitucional

núm. 48/1988 (FJ 20) proclama:

»“Por ello han de incluirse dentro de

las normas básicas aquellas que determi-

nan las causas de ineligibilidad y de in-

compatibilidad para el ejercicio del car-

go, así como las relativas a los supuestos

de cese.”»

«Si a todo lo anterior añadimos que

del contexto de la Ley dictaminada se

desprende el deseo del legislador de evi-

tar la perpetuación en sus cargos de los

miembros de los consejos de adminis-

tración de las cajas de ahorros; que los

consejeros no natos del propio Banco de

España (los cuales son designados por el

Gobierno entre personas de reconocida

competencia en el campo del derecho y

de la economía, artículo 24.3 de la Ley

13/1994, de 1 de junio) también debe-

rán cesar cuando lleguen a los 70 años

de edad; y que la doctrina más autoriza-

da y reciente se orienta a establecer para

los presidentes y consejeros ejecutivos

de las empresas importantes unos lími-

tes de edad entre 65 y 70 años, deberá

convenirse que la fijación por la Ley es-

tatal, objeto de dictamen, de la medida

que comentamos no es arbitraria por

irrazonable o absurda y que, por tanto,

puede ser configurada como básica. Y,

desde el punto de vista de la relación ley

estatal/ley autonómica de desarrollo,

tampoco puede ser tachada de invasora

de competencias, dado que no impide

que la Generalidad desarrolle la norma

comentada con una gran amplitud.

»En definitiva, y a modo de conclu-

sión, por medio del artículo que dicta-

minamos podemos afirmar que se opera

una especie de degradación pro futuro de

lo inicialmente básico, no prohibida por

ningún precepto constitucional, siendo

lógico que esta operación deba llevarse a

AUTONOMIES · 29

418

cabo mediante una norma también for-

malmente calificada como básica, de la

misma forma que la degradación a ran-

go reglamentario del contenido de una

ley, como ya ha sucedido varias veces en

nuestro país, sólo puede realizarse a tra-

vés de otra norma, también con rango

formal de ley.

»Por todo ello, entendemos que este

precepto es constitucional.»

Artículo 8. Décimo de la Ley 44/

2002, por el que se modifica el apartado

1 del artículo 17 de la LORCA.

«En su primera redacción, el artículo

17 de la LORCA fue considerado in-

constitucional en el Dictamen del Con-

sejo Consultivo núm. 106, de 19 de

septiembre (F IV), y el Tribunal Consti-

tucional, por su semejanza con el artícu-

lo 9, apartado primero, de la LORCA,

reprodujo la argumentación sobre su ca-

rácter parcialmente básico: “Respecto al

número 1, relativo a la duración del

mandato de los vocales del Consejo de

Administración y a su reelección, es

de aplicar aquí lo dicho al tratar de la re-

gulación análoga que afecta a los con-

sejeros generales: es básica la limitación

a cuatro años del mandato, pero no son

básicas las normas que se refieren a la

reelección de dichos vocales” (STC

49/1988, FJ 25).

»Dada la práctica identidad entre este

artículo 17.1 y el artículo 9.1, nos remi-

timos a lo que hemos argumentado so-

bre el artículo 9.1, de manera que no

consideramos básico el artículo 17.1, en

lo que se refiere a las previsiones tan de-

talladas que establece sobre el mecanis-

mo de reelección de los vocales del con-

sejo de administración.»

Artículo 8. Undécimo de la Ley 44/

2002, por el que se modifica el artículo

18 de la LORCA.

«El contenido sustancial del precepto

reformado no varía, pues, respecto al

anteriormente vigente, que fue conside-

rado constitucional por el Consejo Con-

sultivo en el ya tantas veces citado Dic-

tamen núm. 106, de 19 de septiembre

de 1985.»

Artículo 8. Duodécimo de la Ley 44/

2002, por el que se modifica el artículo

19 de la LORCA.

«La principal modificación consiste

en la adición ex novo de un apartado se-

gundo, que regula un supuesto concre-

to de delegación de facultades de ges-

tión del consejo de administración en

los órganos de gobierno de las entida-

des que constituyan y articulen alianzas

entre cajas de ahorros o en los órganos

creados a tal efecto en el seno de la

Confederación Española de Cajas de

Ahorros. Al mismo tiempo que se prevé

esa posibilidad de delegación, según lo

indicado en el precepto, con vistas a fa-

vorecer el principio de eficiencia en la

organización de las cajas o su participa-

ción en los mercados internacionales, el

precepto establece una serie de cautelas

para que dicha delegación no pueda

desvirtuar la función de vigilancia que

la comisión de control ejerce sobre el

consejo de administración. El apartado

2 del artículo 19 es, pues, una norma

que afecta principalmente a un aspecto

organizativo de las cajas de ahorros (es

una habilitación de delegación de facul-

tades del consejo de administración) y,

en parte, afecta indirectamente a la acti-

vidad crediticia de las cajas que preten-

dan establecer alianzas para operar en

mercados autonómicos y supraautonó-

micos.»

[...]

«El vínculo que puede existir entre el

aspecto organizativo de las cajas y su ac-

tividad externa de naturaleza crediticia

ha sido puesto de manifiesto por el Tri-

bunal Constitucional en numerosas

ocasiones. Así, la Sentencia 49/1988, de

ACTIVIDAD NORMATIVA... 419

22 de marzo, siguiendo la doctrina ini-

cialmente fijada por la Sentencia 1/1982,

de 28 de enero, ha afirmado: “[...] no

puede establecerse una separación radi-

cal entre la competencia para dictar nor-

mas básicas relativas a la organización y

la competencia para dictar ese mismo

tipo de normas respecto a la actividad

externa de las cajas. Una organización

existe para realizar una determinada ac-

tividad. Su finalidad principal es deter-

minar, configurar y coordinar los cen-

tros de decisión que permiten esa

actividad” (FJ 2).

»Los condicionantes que el precep-

to pone a las alianzas entre cajas de aho-

rros, de carácter pronunciadamente eco-

nómico, determinan que el precepto

deba ser considerado como una norma

básica, amparada en el art. 149.1.11

CE.»

Artículo 8. Decimotercero de la Ley

44/2002, por el que se modifica el apar-

tado 1 del artículo 22 de la LORCA.

«La reforma elimina la previsión so-

bre el número mínimo y máximo de

miembros en la comisión de control

(previsión que, por otra parte, no era

básica) y se limita a exigir que la citada

representación en la comisión guarde

idéntica proporción que en la asamblea,

en línea con las exigencias del principio

democratizador que preside la LORCA

para la composición de los órganos

de carácter representativo de las cajas de

ahorros. Por esta razón, consideramos

que el precepto dictaminado es básico y

se adecua a la Constitución y al Estatuto

de autonomía.»

Artículo 8. Decimocuarto de la Ley

44/2002, por el que se añade un nuevo

apartado 5 al artículo 31 de la LORCA.

«La Ley 44/2002 introduce la posibili-

dad de que las cajas de ahorros, mediante

resolución de su consejo de administra-

ción, establezcan acuerdos de colabora-

ción o cooperación y alianzas con otras

cajas de ahorros.»

[...]

«Aunque se trate de un supuesto dis-

tinto, cabe recordar que respecto a los

demás apartados del artículo 31 de la

LORCA, que contemplan la posible

agrupación de cajas de ahorros en fede-

raciones de ámbito territorial y la com-

posición de tales federaciones, se pro-

nunció el Tribunal Constitucional en su

Sentencia 49/1988 (FJ 28), en el senti-

do de que unos eran básicos y otros no.

La principal argumentación de la Sen-

tencia es que el legislador estatal puede

prever la posibilidad de que se formen

federaciones de ámbito territorial, así

como establecer su esquema organizati-

vo básico (art. 31.1 y 2), pero, al margen

de ello, una regulación más detallada no

es susceptible de tener carácter de nor-

ma básica (de hecho, así se ha recogido

tal pronunciamiento en la disposición

final cuarta, apartado 3, de la LORCA,

reformada por la Ley 44/2002, que no

considera básicos los apartados 3 y 4 del

artículo 31).

»El nuevo artículo 31, apartado 5,

prevé la posibilidad de adoptar los

acuerdos de colaboración o cooperación

y las alianzas antes mencionadas, de for-

ma que, en principio, puede decirse que

es un precepto que, dada su redacción, es-

tá referido principalmente a una activi-

dad financiera de las cajas de ahorros

(que puede tener carácter supracomuni-

tario) y es respetuoso con su potestad de

autoorganización, así como con las com-

petencias autonómicas en la materia.»

Artículo 8. Decimosexto de la Ley

44/2002, por el que se añade una dis-

posición adicional quinta a la LORCA.

La nueva disposición adicional quin-

ta establece «la necesidad de una inter-

vención administrativa previa en estos

supuestos de fusión y, a tal efecto, con-

AUTONOMIES · 29

420

tiene una norma básica de atribución

de la facultad de autorización a los go-

biernos de las comunidades autónomas

afectadas. Respecto al contenido de esa

autorización, el precepto se limita a

prescribir, a modo de garantía, la obli-

gación de que figure la proporción en

que estarán representadas las adminis-

traciones públicas y las entidades de

derecho público en los órganos de go-

bierno de la caja de ahorros resultante.

En definitiva, estamos ante un supues-

to en el que se regulan con carácter

básico algunos aspectos de un acto eje-

cutivo (atribución y parte de su con-

tenido), por verse afectados intereses

supracomunitarios del mercado finan-

ciero.

»De acuerdo con ello, y considerando

además que el precepto deja un margen

de desarrollo al legislador autonómico

en la materia que regula, entendemos

que la disposición adicional dictamina-

da es básica y no vulnera las competen-

cias exclusivas de la Generalidad sobre

cajas de ahorros.»

Artículo 8. Decimoséptimo de la Ley

orgánica 44/2002, por el que se modifi-

ca el apartado 3 de la disposición final

cuarta de la LORCA, que establece un

listado de los preceptos que no tendrán

carácter de norma básica.

«A la vista de lo dicho anteriormente

en este Fundamento, la disposición final

cuarta, apartado 3, de la LORCA, en la

redacción dada por el artículo 8. Deci-

moséptimo de la Ley 44/2002, es in-

constitucional en la medida en que, por

exclusión, declara el carácter de norma

básica de los artículos 9.1 y 17.1 de la

LORCA y, en concreto, por lo que atañe

a la regulación que contienen sobre el

mecanismo de reelección de los conseje-

ros generales de la asamblea general y de

los vocales del consejo de administra-

ción, respectivamente.»

Por último, el dictamen estudia la

adecuación constitucional y estatutaria

de las disposiciones transitorias sobre las

cajas de ahorros contenidas en la Ley or-

gánica 44/2002.

Respecto a la constitucionalidad de

las disposiciones transitorias décima,

undécima y duodécima, el Consejo se

expresa en los siguientes términos:

«Respecto a la constitucionalidad de

estas disposiciones transitorias de la Ley

44/2002 desde una perspectiva compe-

tencial, puede decirse que serán cons-

titucionales todas aquellas que estén

directamente ligadas a alcanzar los obje-

tivos de la LORCA, que son resultado

del ejercicio legítimo de las competen-

cias del legislador estatal. Por esta razón

no es posible enjuiciar las citadas dispo-

siciones sin remitirnos a lo que hemos

dicho sobre los preceptos a los que afec-

tan. Aun así, resulta de interés reproducir

a continuación lo dicho por el Tribunal

Constitucional con relación a las dis-

posiciones transitorias de la LORCA de

1985. Así, en la Sentencia 49/1988,

de 22 de marzo, en el fundamento jurídi-

co 31, afirmó:

»“31. Las cinco disposiciones transi-

torias son impugnadas por la Generali-

dad y la primera de ellas también por la

Junta. Los motivos de impugnación

pueden resumirse, de un lado, en el ex-

cesivo detalle de la regulación que prevé

la adaptación de los Estatutos de las Ca-

jas a la nueva Ley, y, por otro, en la im-

posición de plazos para la adaptación y,

en cierto modo, también a las comuni-

dades autónomas para publicar el desa-

rrollo de la misma (Disposición transi-

toria primera); todo lo cual haría que

estas normas no pudieran tener carácter

básico. Para resolver las cuestiones plan-

teadas conviene distinguir en estas dis-

posiciones transitorias dos grupos de

normas. Unas tienen por objeto estable-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 421

cer los plazos, que han de entenderse na-

turalmente como máximos, dentro de

los cuales las cajas deben ajustar sus es-

tatutos a lo establecido en las bases esta-

tales respecto a su organización. Estas

precisiones pueden calificarse de bási-

cas, ya que se dirigen a que en un plazo

prudencial las cajas tengan un esquema

común organizativo, teniendo en cuen-

ta, además, como observa el Letrado del

Estado, la interrelación entre las dife-

rentes cajas, a efectos, por ejemplo, de la

nueva constitución de los órganos con-

federados. No puede invocarse como

sustitutivo de esas previsiones de adap-

tación temporal el posible uso del Esta-

do, en caso de incumplimiento de sus

obligaciones o en el de actuación de és-

tas en forma que atenten gravemente al

interés general de España, del art. 155

de la Constitución, pues se trata de un

medio extraordinario de coerción no

apropiado para resolver los problemas

normales que plantea la aplicación de

nuevas normas en sustitución de otras

antiguas. Otro grupo de normas tienen

por objeto regular la organización de los

órganos en la fase transitoria de adapta-

ción a la nueva Ley. Estas normas sólo

podrán ser consideradas básicas cuando

realmente se refieran a normas de organi-

zación que a su vez lo sean. Por esta razón

no pueden considerarse básicas las previ-

siones del párrafo segundo de la Disposi-

ción transitoria cuarta, porque contiene

una regulación excesivamente detallada

respecto a la constitución de la primera

asamblea general durante el primer año

de aplicación de la Ley, ni la Disposición

transitoria quinta, que recoge una limita-

ción en la duración de los cargos de la

caja que ha sido calificada de no básica en

esta misma Sentencia.»

«A la vista de lo expuesto, entende-

mos que sólo excede de la competencia

estatal del artículo 149.1.11 CE el pá-

rrafo segundo de la disposición transi-

toria décima de la Ley 44/2002, objeto

de dictamen, que no es básico, por co-

nexión con lo argumentado anterior-

mente sobre los artículos 9.1 y 17.1 de

la LORCA.»

Fundamento III

En este fundamento se aborda el es-

tudio de los problemas de constitucio-

nalidad que plantea el artículo 8, de-

cimoquinto, por el que se modifica

la disposición adicional segunda de la

LORCA. Dado que el primer párrafo de

la nueva redacción es sustancialmente

idéntico al que tenía el precepto antes

de su modificación, el Dictamen se cen-

tra exclusivamente en el análisis del se-

gundo párrafo de la mencionada dispo-

sición adicional, no siendo la primera

vez que el Consejo Consultivo se pro-

nuncia sobre la adecuación a la Consti-

tución y al Estatuto de normas que, ba-

sándose en los acuerdos de 3 de enero de

1979 entre el Estado español y la Santa

Sede, introducen derogaciones o excep-

ciones relativas a la Iglesia católica o a

entidades dependientes de ella (Dicta-

men núm. 226).

En primer lugar, se analiza la gestión

desde la perspectiva de la hipotética vul-

neración del principio de igualdad.

A diferencia de la disposición adicio-

nal cuarta, apartado 2, de la Ley orgáni-

ca 6/2001 (objeto del Dictamen 226),

el apartado 2 de la disposición adicional

segunda de la LORCA, objeto de estu-

dio, no realiza una clara diferencia de

trato entre las cajas de ahorros cuya enti-

dad fundadora sea la Iglesia católica o

sus «entidades de derecho público» y el

resto de cajas de ahorros, sino que sólo

contiene una norma de competencia

«en la medida en que impone que la

aprobación de sus estatutos, de los regla-

AUTONOMIES · 29

422

mentos que regulan la designación de

los órganos de gobierno, y del presu-

puesto anual de su obra social, que nor-

malmente debería corresponder a las

comunidades autónomas en cuyo terri-

torio esté situada su sede social, corres-

ponderá al Ministerio de Economía,

cuando así lo acredite la caja interesada

ante el referido Ministerio».

«La diferenciación normativa que re-

sulta de la atribución de una misma

competencia (en este caso, una compe-

tencia de aprobación) a diferentes órga-

nos del Estado, según cuál sea el sujeto

afectado, difícilmente podrá conside-

rarse per se como vulneradora del prin-

cipio de igualdad, pues se trata de una

atribución a priori que en absoluto con-

diciona el ejercicio material de la com-

petencia.» (STC 128/1999, FJ 6; STC

52/1988, FJ 3.)

«Cuestión distinta será que, en el ejer-

cicio concreto de esta facultad de apro-

bación de los estatutos y de los regla-

mentos internos se observe, llegado el

caso, una diferenciación de trato que

pueda considerarse discriminatoria para

las cajas de ahorros interesadas o, sensu

contrario, un trato privilegiado hacia

ellas. Nos hallaríamos entonces no ante

un problema de igualdad en la ley, sino

en su aplicación, que sólo cuando llegue

el momento podrá ser apreciado por los

órganos jurisdiccionales competentes y,

en última instancia, por la vía del recur-

so de amparo.

»Sin duda, sería preferible que el le-

gislador no introdujera excepciones a

una regla general como la contenida en

el precepto cuestionado. Pero lo cierto

es que, en sí misma, no vulnera el prin-

cipio de igualdad reconocido por los ar-

tículos 14 y 139 CE.»

En segundo lugar, se examina la posi-

ble vulneración de las competencias que

corresponden a la Generalidad de Cata-

luña en la materia, tal y como resultan

de la Constitución española y el Estatu-

to de autonomía de Cataluña. «Hasta la

promulgación de la Ley 44/2002, obje-

to del presente Dictamen, era pacífica la

consideración de que las comunidades

autónomas son las únicas competentes,

sin excepciones, para aprobar los estatu-

tos y reglamentos de las cajas de ahorros

con domicilio social en su territorio. Así

se desprendía tanto de la interpretación

realizada por el Tribunal Constitucional

de los preceptos constitucionales y esta-

tutarios, como de la propia LORCA

(disposición final segunda), y así se ha-

bía estado haciendo hasta ahora. Es

más, la Ley 44/2002, objeto del presen-

te Dictamen, no priva a las comunida-

des autónomas de esta competencia de

forma general, sino sólo en relación con

la excepción introducida por la nueva

redacción de la disposición adicional se-

gunda.»

Nos hallamos ante una de las varian-

tes de bases, la conocida como «actos de

ejecución de carácter básico», que más

limitan las competencias de las comuni-

dades autónomas.

«Es cierto que el Tribunal Constitu-

cional ha aceptado este concepto de

“bases”, pero siempre que lo ha hecho

ha exigido la concurrencia de razones

especiales que de modo manifiesto justi-

fiquen excepcionalmente su necesidad:

así, que el acto de ejecución comporte

márgenes más amplios de discrecionali-

dad (STC 1/1982, de 28 de enero, FJ 1

y 5; 44/1982, de 8 de julio, FJ 2); que se

dé una situación de urgencia para evitar

daños irreparables (STC 135/1992, de

5 de octubre, FJ 2) o que se trate de pre-

servar la normativa de una institución

considerada básica (STC 147/1991, de

4 de julio, FJ 4 y 5); finalmente, de ma-

nera más general, que “los actos de

ejecución sean completamente necesa-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 423

rios para garantizar la consecución de

la finalidad objetiva a que responde la

competencia estatal sobre las bases”

(STC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 3).

Ninguna de estas exigencias parece dar-

se de modo claro en el caso que nos

ocupa.»

[…]

«Además, el propio Proyecto deja en-

tender que la sumisión a la competencia

de aprobación por parte del Ministerio

de Economía, sustraída así a las comu-

nidades autónomas, no es automática

sino que depende de la actuación de la

caja interesada, que deberá acreditar

la presencia de la Iglesia católica o de sus

entidades de derecho público como en-

tidades fundadoras. En suma, la compe-

tencia para la aprobación dependerá de

la voluntad de la caja interesada, que po-

drá optar entre la sumisión a la com-

petencia del Ministerio de Economía o

a la de la correspondiente comunidad

autónoma. No parece que sea posible

considerar como básica (“regulación

normativa uniforme vigente en toda la

nación”, “denominador normativo co-

mún”, “criterios generales de la regula-

ción de un sector del ordenamiento o de

una materia jurídica que hayan de ser

comunes en todo el Estado”) una regu-

lación cuya aplicación depende de la vo-

luntad del sujeto afectado.»

«La misma disposición dictaminada

es la que aporta la finalidad de la mo-

dificación introducida, al referirse al

Acuerdo internacional, de 3 enero de

1979, sobre asuntos jurídicos, negocia-

do entre el Estado español y la Santa

Sede. La ratio de la norma parece ser,

pues, la necesidad de garantizar el cum-

plimiento uniforme de las obligaciones

asumidas por el Estado español como

consecuencia de un tratado internacio-

nal; y, por esta razón, no se observa otra

solución que la de atribuir la competen-

cia correspondiente al Ministerio de

Economía, declarando su ejercicio como

norma básica.»

Para empezar, es dudoso que la refe-

rencia a «entidades de carácter benéfico

o asistencial de la Iglesia o dependientes

de ella» que realiza el artículo V del

Acuerdo entre el Estado español y la

Santa Sede sobre asuntos jurídicos in-

cluya las cajas de ahorros, pues pese a te-

ner esa consideración en sus orígenes,

hoy en día, tanto el Decreto legislativo

1298/1986, de 28 de junio (que transpo-

ne la Directiva 77/780/CEE, de 12 de

noviembre), como la Ley 26/1988,

de 29 de julio, incluyen a las cajas de aho-

rros entre las «entidades de crédito», sin

más matizaciones, sin que por ello haya

desaparecido el carácter benéfico-asis-

tencial como uno de los aspectos de sus

actividades. El Tribunal Constitucional

ha avalado esta concepción de las cajas

(STC 49/1988, de 22 marzo, FJ 6).

También rechaza el Tribunal Constitu-

cional que las cajas de ahorros puedan

ser consideradas como fundaciones en el

sentido del artículo 34 CE. Por otra par-

te, «el texto literal del artículo V del

Acuerdo sobre asuntos jurídicos no dice

nada que pueda justificar un trato dife-

renciado hacia las instituciones benéfi-

cas o asistenciales de la Iglesia católica,

de forma que, incluso en caso de que

considerásemos que afecta a las cajas de

ahorros fundadas por ella, no resultaría

justificada la excepción introducida por

la disposición adicional segunda. En

cuanto al resto, el régimen jurídico de

estas instituciones deberá ajustarse a las

previsiones de la Ley orgánica 7/1980,

de 5 de julio, de libertad religiosa que,

en su artículo 6.2, proclama:

»“Las iglesias, confesiones y comuni-

dades religiosas podrán crear y fomen-

tar, para la realización de sus fines, aso-

ciaciones, fundaciones e instituciones

AUTONOMIES · 29

424

con arreglo a las disposiciones del orde-

namiento jurídico general.”

»En efecto, ni el párrafo primero ni el

segundo del artículo 5 del Acuerdo con-

tienen un régimen especial o excepcio-

nal, sino que la frase que las equipara en

derechos y beneficios a los entes clasifi-

cados como de beneficencia privada pa-

rece indicar lo contrario.»

[...]

«Respecto a la previsión del párrafo

segundo, sobre la posibilidad de acuer-

dos entre el Estado y la Iglesia católica

para la cooperación en sus respectivas

actividades de beneficencia, difícilmen-

te puede considerarse que impone la

centralización en una autoridad úni-

ca de la competencia para la aprobación

de los presupuestos de la obra social de

las cajas de ahorros afectadas. El citado

párrafo segundo sólo contiene una

cláusula permisiva sin valor normativo

alguno, puesto que no deroga o excep-

túa una prohibición anterior, ni impo-

ne condiciones o requisitos para la rea-

lización de la conducta permitida.

Además, la realización de esta coopera-

ción, como actividad de naturaleza bi-

lateral, no debe confundirse con la acti-

vidad administrativa de aprobación a

que se refiere la disposición adicional

segunda analizada. Por último, no tene-

mos ninguna duda de que la expresión

“Estado” debe entenderse en este caso

en el sentido de “Estado-ordenamien-

to” o “Estado-comunidad” y, por tanto,

incluye a las comunidades autónomas,

plenamente capacitadas para asumir

estas tareas de cooperación con la Igle-

sia católica.

»Por si ello no bastara, la nueva dispo-

sición adicional segunda de la LORCA

no exime a las cajas de ahorros de la Igle-

sia católica de este control, sino que

simplemente posibilita el desplazamien-

to de la competencia de las comunida-

des autónomas a la del Ministerio de

Economía. No se entiende, pues, qué

obligaciones internacionales derivadas

del Tratado justifican la aplicación de

un régimen uniforme de aprobación,

que vulnera las competencias de las co-

munidades autónomas. E incluso en

caso de que existieran, tampoco se com-

prende por qué las propias comunida-

des autónomas, siendo ellas mismas

Estado (entendido como Estado-orde-

namiento), no pueden ser igualmente

garantes del cumplimiento de tales

obligaciones.

»Por todo ello en el Acuerdo no hay

nada que justifique la privación a la Ge-

neralidad de Cataluña de una compe-

tencia que le corresponde constitucional

y estatutariamente, y la disposición adi-

cional segunda, en su segundo párrafo,

de la LORCA (artículo 8. Decimoquin-

to de la Ley 44/2002), así como la dis-

posición final cuarta, apartado 3, de la

LORCA (artículo 8. Decimoséptimo de

la Ley 44/2002), en la medida en que

declara básica aquélla, vulneran el orden

constitucional de competencias y, por

ello, son inconstitucionales.»

Fundamento IV

En este fundamento se examina la

regulación de las cuotas participativas

realizada en el artículo 14 de la Ley

44/2002, que da nueva redacción al ar-

tículo 7 de la Ley 13/1985, de 25 de

mayo, de coeficientes de inversión, re-

cursos propios y obligaciones de infor-

mación de los intermediarios financie-

ros, objeto del Dictamen del Consejo

Consultivo núm. 98, de 23 de julio, y

de la STC 178/1992, de 13 de noviem-

bre. «El artículo 14 de la Ley 44/2002,

que se dictamina, está íntegramente de-

dicado a la regulación de las cuotas par-

ticipativas. Su apartado primero da una

ACTIVIDAD NORMATIVA... 425

nueva redacción al artículo 7 de la cita-

da Ley 13/1985, que tendrá carácter de

disposición básica. De este nuevo ar-

tículo 7 destacamos la inclusión de las

cuotas participativas de las cajas de aho-

rros dentro del listado de recursos pro-

pios de las entidades de crédito.»

[...]

«Dada la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional, reiteradamente citada

en el Dictamen antes expuesto, la cual

otorga al Banco de España competen-

cias ejecutivas básicas sobre todo lo re-

ferente a garantizar la solvencia de las

entidades de crédito (y también más re-

cientemente la STC 235/1999, de 16 de

diciembre), debemos concluir que las

previsiones normativas comentadas se

adecuan al orden constitucional y esta-

tutario de distribución competencial.

La solvencia de las cajas afecta al sistema

financiero en su conjunto, lo que supo-

ne una estrecha vinculación con las ba-

ses estatales de la ordenación del crédi-

to. Por lo que respecta al resto de este

precepto, entendemos que la propia

doctrina jurisprudencial del Tribunal

Constitucional permite calificar como

básicos sus apartados finales, dando por

supuesto que limitan esta afirmación a

lo regulado por ese artículo de forma

concreta, y que no impiden que la Ge-

neralidad de Cataluña pueda desarrollar

y regular otros aspectos en relación con

las cuotas participativas, en legítimo

ejercicio de sus competencias estatu-

tarias.»

Conclusión:

«Considerando los razonamientos

contenidos en los fundamentos prece-

dentes, opinamos que:

»Primero. La disposición final cuarta,

apartado 3, de la Ley 31/1985, de 2 de

agosto, de regulación de las normas bá-

sicas sobre órganos rectores de las ca-

jas de ahorros, en la redacción dada por

el artículo 8. Decimoséptimo de la Ley

44/2002, de 22 de noviembre, de me-

didas de reforma del sistema financie-

ro, es inconstitucional en la medida en

que, por exclusión, declara el carácter

de norma básica de los artículos 9.1 y

17.1 de la citada Ley 31/1985, en con-

creto, por lo que respecta a la regula-

ción que contienen del mecanismo de

reelección de los consejeros genera-

les de la asamblea general y de los vo-

cales del consejo de administración,

respectivamente. Asimismo, el párrafo

segundo de la disposición transitoria

décima de la Ley 44/2002, de 22 de

noviembre, de medidas de reforma del

sistema financiero, es inconstitucional,

por conexión con los citados artículos

9.1 y 17.1.

»Segundo. La disposición adicional se-

gunda, párrafo segundo, de la Ley

31/1985, de 2 de agosto, de regulación

de las normas básicas sobre órganos rec-

tores de las cajas de ahorros, en la redac-

ción dada por el artículo 8. Decimo-

quinto de la Ley 44/2002, de 22 de

noviembre, de medidas de reforma del

sistema financiero, así como la disposi-

ción final cuarta, apartado 3, de la Ley

31/1985, en la redacción dada por el

artículo 8. Decimoséptimo de la Ley

44/2002, de 22 de noviembre, en la me-

dida en que, por exclusión, declara el

carácter de norma básica de la citada

disposición adicional segunda, párrafo

segundo, son inconstitucionales.

»Éste es nuestro Dictamen, que pro-

nunciamos, emitimos y firmamos en el

lugar y la fecha indicados al comienzo.»

Voto particular:

Formulado por el Sr. Joaquim Borrell i

Mestre, al no compartir «la conclusión a

AUTONOMIES · 29

426

que llega el Dictamen respecto a que son

inconstitucionales la disposición final

cuarta, apartado 3, de la Ley 31/1985, de

2 de agosto, de regulación de las normas

básicas sobre órganos rectores de las ca-

jas de ahorros, en la redacción dada por

el artículo 8.Decimoséptimo de la Ley

44/2002, de 22 de noviembre, de medi-

das de reforma del sistema financiero,

en la medida en que, por exclusión, de-

clara el carácter de norma básica de los

artículos 9.1 y 17.1 de la citada Ley

31/1985».

Voto particular:

Formulado por «los consejeros seño-

res Joaquín Tornos i Mas, Jaume Renyer

i Alimbau y Pere Jover i Presa al discre-

par de la opinión mayoritaria del Con-

sejo con relación a la consideración

como básica de la nueva redacción del

artículo 15 de la LORCA, nueva redac-

ción y calificación de norma básica esta-

blecida en el artículo 8 de la Ley

44/2002, de 22 de noviembre, de medi-

das de reforma del sistema financiero.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 427

Con el objeto de adaptar la realidad

urbanística y la planificación territorial

de la comunidad cántabra a las últimas

disposiciones nacionales y comunitarias

en la materia, el Parlamento de esta

Comunidad Autónoma promulgó la

Ley 5/2002, de 24 de julio, de medidas

cautelares urbanísticas en el ámbito del

litoral, de sometimiento de los instru-

mentos de planificación territorial y ur-

banística a evaluación ambiental y de ré-

gimen de los cementerios.

Esta Ley, aunque breve en su redac-

ción y articulado, pretende, por un

lado, ampliar el plazo de vigencia de de-

terminadas medidas cautelares previstas

en la Ley 2/2001, de 25 de junio, de or-

denación territorial y régimen urbanís-

tico del suelo de Cantabria. Por otro

lado, se atribuye como objetivo la adap-

tación de su ordenamiento jurídico te-

rritorial y urbanístico a las prescripcio-

nes comunitarias contenidas, en primer

lugar, en la Directiva 2001/42/CEE, del

Parlamento Europeo y del Consejo, de

27 de junio de 2001, relativa a la evalua-

ción de los efectos de determinados pla-

nes y programas al medio ambiente y, en

segundo lugar, en la reciente jurispru-

dencia del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas, en la que se re-

vela el incumplimiento de la Directiva

por el Estado español.

Uno de los principales objetivos de la

Ley 2/2001 es el de «asegurar una pro-

tección efectiva e integral de la costa»

mediante un Plan de ordenación del li-

toral implantando, mientras no se lleve

a cabo la aprobación definitiva del mis-

mo, una serie de medidas cautelares

para el conjunto de los municipios cos-

teros. Posteriormente, la Directiva de 27

de junio de 2001 establece la obligación

de someter a evaluación medioambien-

tal los planes y programas —con ciertas

excepciones— que se elaboren en rela-

ción con la ordenación del territorio ur-

bano y rural o la utilización del suelo.

Ante esta realidad normativa se dicta

la Ley 5/2002, que, como su propio tí-

tulo indica, persigue tres objetivos dife-

renciados.

En primer lugar, el mantenimiento de

ciertas medidas cautelares de suspensión

recogidas en la Ley 2/2001, concernien-

tes a los suelos urbanizables con cierto

valor ambiental digno de protección.

En efecto, la Ley pretende prolongar la

vigencia de determinadas medidas hasta

la aprobación definitiva del Plan de or-

3. COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

A cargo de Belén Noguera

Ley 5/2002, de 24 de julio, de medidas cautelares urbanísticas en el ámbito

del litoral, de sometimiento de los instrumentos de planificación

territorial y urbanística a evaluación ambiental y de régimen urbanístico

de los cementerios (Boletín Oficial de Cantabria núm. 147, de 1 de

agosto).

Autonomies, núm. 29, noviembre de 2003, Barcelona.

denación del litoral previsto por la dis-

posición adicional cuarta de la Ley ante-

rior, por un plazo, en todo caso, no su-

perior a un año, «con el objeto de evitar

las consecuencias derivadas de la conso-

lidación de expectativas de urbanización

generadas por la aprobación del planea-

miento de desarrollo».

En concreto, la Ley establece dos ti-

pos de medidas aplicables a los suelos

urbanizables sin plan parcial aprobado,

enumerando de manera muy precisa los

suelos urbanizables que quedan com-

prendidos en dicho ámbito de protec-

ción. La suspensión de todas las licen-

cias de construcción de obras mayores

de edificaciones destinadas a residencia

o habitación es una de ellas; la otra, la

suspensión de la aprobación definitiva

de planes parciales.

En segundo lugar, con el fin de adap-

tar los instrumentos de planeamiento a

la evaluación medioambiental prescrita

por la Directiva 2001/42/CEE, la Ley

5/2002 dispone que «los instrumentos

de planificación territorial y urbanística

que establezcan el marco para la autori-

zación en el futuro de proyectos enume-

rados en los anexos I y II de la Directiva

85/337/CEE deberán obtener con carác-

ter previo a su aprobación provisional el

preceptivo instrumento de evaluación

medioambiental que, una vez finalizado

el trámite de información pública, debe-

rá emitirse por la autoridad ambiental en

el plazo previsto en la legislación especí-

fica o, en su defecto, en el general de la

legislación del procedimiento adminis-

trativo común». Asimismo, y exceptuan-

do el caso en que sean variaciones que

por su naturaleza no impliquen efectos

relevantes sobre el medio ambiente, se

establece que las modificaciones de los

instrumentos de planeamiento se suje-

ten a dicho mecanismo de evaluación.

Es más, incluso los instrumentos de pla-

neamiento y sus modificaciones que en

la fecha de entrada en vigor de la Ley se

encuentren en tramitación y hayan sido

aprobados de forma provisional deberán

someterse, previamente a su aprobación

definitiva por el órgano competente, al

preceptivo instrumento medioambien-

tal descrito. No obstante, la Ley se cuida

de recordar en la disposición transitoria

primera que mientras no se produzca la

plena adaptación de la Directiva, serán

las determinaciones establecidas por el

Decreto 50/1991, de 29 de abril, de eva-

luación del impacto ambiental para

Cantabria, las que se tomen como refe-

rencia en el momento de proceder a la

tramitación del instrumento de evalua-

ción medioambiental.

En último lugar, y atendiendo a la re-

serva de Ley que caracteriza la regula-

ción del derecho de propiedad, se prevé

el régimen jurídico urbanístico de los

cementerios de nueva construcción.

Será el Plan general de ordenación urba-

na el que determine su ubicación y las

disposiciones de la Ley se aplicarán a to-

dos los instrumentos de planeamiento

urbanístico y a las licencias de construc-

ción concedidas con posterioridad a la

publicación de la Ley 2/2001 en el Bole-

tín Oficial de Cantabria.

Referente a este tema, se establecen

una serie de reglas que afectan tanto a

los nuevos cementerios como a las am-

pliaciones de los ya existentes. La Ley

ordena, a modo de ejemplo, que se

instale una zona de protección a su al-

rededor de veinticinco metros de an-

chura, que los cementerios se emplacen

sobre terrenos permeables mantenién-

dose sus contornos convenientemente

ajardinados y «libres de toda clase de

construcción, debiendo calificarse por

el planeamiento urbanístico como sis-

tema general». Se precisa también, por

una parte, que los promotores obten-

AUTONOMIES · 29

430

gan la preceptiva autorización y, previa

a la misma, un informe sanitario favo-

rable de la Consejería de Sanidad, Con-

sumo y Servicios Sociales, y, por otra

parte, que se adjunte un estudio hidro-

geológico del subsuelo de la zona espe-

cificando «las propiedades geológicas

de los terrenos, litologías y estructu-

ra de los materiales, profundidad de la

capa freática, tipo de porosidad y riesgo

potencial de afectación a las aguas sub-

terráneas».

Mariola Rodríguez Font

ACTIVIDAD NORMATIVA... 431

Ley 14/2002, de las Cortes de Castilla y León, de 25 de julio, de promoción,

atención y protección a la infancia (Boletín Oficial de Castilla y León

núm. 145, de 29 de julio).

El legislador de Castilla y León se

suma, con esta Ley, al conjunto de legis-

ladores autonómicos que, en ejercicio

de su competencia sobre «asistencia so-

cial» o «protección y tutela de menores»,

han dictado leyes sobre protección a la

infancia.

Las transformaciones sociales y cultu-

rales operadas en nuestra sociedad han

conducido a un cambio en el estatus del

menor que, en la actualidad, se caracte-

riza por el reconocimiento de la titulari-

dad de derechos. Sin embargo, en su

condición de personas en desarrollo, los

menores sólo gozan de una capacidad

progresiva para ejercer por sí mismos al-

gunos de sus derechos. Por esta razón

constituyen un grupo de población ca-

racterizado por una especial vulnerabili-

dad. Pues bien, la Ley de Castilla y León

parte de esta realidad y dicta un conjun-

to de normas dirigidas a garantizar a los

menores el ejercicio y desarrollo pleno

de sus derechos.

El marco jurídico del que parte la Ley

de protección a la infancia de Castilla y

León viene determinado en primer tér-

mino por el artículo 39 de la Constitu-

ción y, de modo especial, por lo dispues-

to en el apartado 3, en el que se reconoce

a los menores la protección prevista en

los tratados internacionales que velan

por sus derechos, de modo particular la

Convención de las Naciones Unidas so-

bre los derechos del niño de 20 de no-

viembre de 1989. Asimismo, en cuanto

a la legislación estatal constituyen una

referencia ineludible la Ley orgánica

1/1996, de 15 de enero, de protección

jurídica del menor, el Código civil y la

Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero,

reguladora de la responsabilidad penal

de los menores. Este marco jurídico se

completa con la legislación autonómica

en materia de asistencia social y las nor-

mas reglamentarias reguladoras de as-

pectos específicos de la protección de

menores.

Los principios que guían la legisla-

ción autonómica sobre protección de

menores son, en primer término, el in-

terés superior del menor y los principios

de protección integral, corresponsabili-

dad y coordinación. El legislador conci-

be la protección a los menores como

una acción compleja en la que están im-

plicados los padres, los poderes públicos

y la sociedad en su conjunto. Por ello, la

Ley delimita responsabilidades, planifi-

ca actuaciones y establece cauces para la

colaboración y coordinación.

Así, la Ley comienza por establecer en

su título preliminar cuál es su objeto, un

objeto plural que comprende la garantía

y protección de los derechos de los me-

nores, la regulación de las acciones de

prevención, el marco jurídico de la ac-

ción específica de protección, los crite-

rios que rigen la aplicación de las medi-

das impuestas a los menores infractores

en el ámbito de la responsabilidad penal,

la delimitación de competencias de cada

una de las instancias, el establecimiento

de cauces para la colaboración y partici-

pación social y un régimen sancionador.

Por otra parte, el legislador establece

los principios rectores que deben guiar el

conjunto de actuaciones relativas a la

atención y protección de los menores: de

modo destacado, el principio del interés

superior del menor, la prohibición de

cualquier tipo de discriminación, la ne-

cesidad de considerar la opinión del me-

nor, la promoción de las actuaciones de

prevención, la protección integral, la in-

tegración familiar, el carácter educativo

de las medidas y la subsidiariedad pro-

gresiva de la actuación de la Administra-

ción en relación con los deberes y fun-

ciones inherentes a la patria potestad.

Asimismo, con el fin de asegurar el

desarrollo eficaz de todas las actuaciones

de atención a la infancia y adolescencia,

el legislador contempla, entre los princi-

pios que rigen la actuación de los pode-

res públicos, el principio de prioridad

presupuestaria. El legislador de Castilla

y León trata de dar un contenido efecti-

vo a este principio. En efecto, en Cata-

luña, la Ley 8/1995, de 27 de julio, de

atención y protección de los niños y

adolescentes, también contempla, en su

artículo 16, el principio de prioridad

presupuestaria; sin embargo, el legisla-

dor catalán no ha dado un contenido

efectivo al mismo, sino que se ha limita-

do a realizar una declaración programá-

tica. En cambio, el legislador de Castilla

y León va más allá y establece en su ar-

tículo 6 que la Junta deberá garanti-

zar que «en ningún caso el incremento

anual en las partidas correspondientes»

de los programas relativos a la atención

a los menores «será inferior al porcentaje

medio de aumento, para el correspon-

diente ejercicio, en los presupuestos re-

gionales». La cuestión es determinar las

vías para exigir, si fuera necesario, al Go-

bierno autonómico el cumplimiento de

este mandato legal.

En el título I de la Ley se reconoce a los

menores un conjunto de derechos y se

realiza una detallada regulación de su

promoción y defensa. El legislador con-

templa, además, una serie de deberes de

los menores. La Ley atribuye a las admi-

nistraciones públicas de Castilla y León

la responsabilidad de garantizar el respe-

to y el efectivo ejercicio de los derechos y

libertades que el ordenamiento atribuye a

los menores. Por otra parte, con el fin de

garantizar la efectividad de los derechos

de los menores, el legislador establece un

conjunto de prohibiciones, limitaciones

y actuaciones particulares dirigidas a evi-

tar los efectos perjudiciales que para el

desarrollo integral de los menores pue-

dan tener ciertas actividades, medios y

productos. La protección de los menores,

la garantía del ejercicio de sus derechos

y la observancia de las prohibiciones y

limitaciones encuentran un apoyo me-

diante la tipificación como infracción ad-

ministrativa de vulneraciones y conduc-

tas incumplidoras y el establecimiento de

la correspondiente sanción.

El título II de la Ley se ocupa de las

actuaciones administrativas de preven-

ción, a las que reconoce un carácter

prioritario. Las actuaciones de preven-

ción tienen por objeto evitar, reducir o

contrarrestar las causas que provocan la

marginación, las situaciones de despro-

tección, los factores que conducen al de-

terioro del entorno sociofamiliar del

menor e impedir las situaciones indivi-

AUTONOMIES · 29

432

duales de riesgo o desamparo. La pre-

vención se realizará mediante el desarro-

llo de planes y programas y a través de

medidas concretas de apoyo familiar, de

atención educativa, de prevención y

protección de la salud, de sensibiliza-

ción sobre los derechos de la infancia,

sobre prevención de la violencia o sobre

formación y empleo. La Ley destaca la

importancia que en materia de preven-

ción tiene la actuación cercana, la

proximidad a los destinatarios, y por

ello reserva un destacado papel a las ad-

ministraciones locales.

En su título III la Ley se ocupa de la

acción administrativa de protección. La

protección de los menores comprende el

conjunto de actuaciones administrativas

dirigidas a garantizar a los menores en

situación de riesgo o desamparo el dis-

frute de sus derechos y el pleno desarro-

llo de su personalidad. La intervención

administrativa en este ámbito de protec-

ción se rige por un conjunto de princi-

pios: la prioridad de actuación en el entor-

no familiar, la reintegración o integración

familiar, la participación del menor, el

seguimiento y control de las medidas de

protección y la coparticipación de las

distintas administraciones. Asimismo,

además de los derechos que la Ley reco-

noce a todos los menores, el legislador

también reconoce un conjunto de dere-

chos en relación con la actividad de pro-

tección de la Administración: el derecho

a la protección pública, a ser considera-

do como sujeto activo en la satisfacción

de las propias necesidades, a ser infor-

mado y oído, y otros.

El legislador de Castilla y León distin-

gue —de forma, a mi juicio, muy acerta-

da— dos niveles de intervención admi-

nistrativa en el marco de la acción

protectora: la actuación administrativa

ante situaciones de riesgo y la actuación

administrativa frente a situaciones de de-

samparo. La intervención pública será

más o menos intensa en función de la si-

tuación en la que se encuentre el menor.

En el primer caso, la acción protectora se

desenvolverá fundamentalmente en el

marco de la propia familia y, sin embar-

go, cuando se detecte una situación de

desamparo la medida de protección im-

plicará la separación de la familia y la

asunción de la tutela por la Administra-

ción. La propia Ley contempla los crite-

rios para establecer cuándo el menor se

encuentra en una situación de riesgo o

bien en una situación de desamparo.

El menor se encuentra en una situa-

ción de riesgo cuando, como conse-

cuencia de circunstancias personales o

familiares, se ve perjudicado su desarro-

llo personal o social. En estos casos, los

servicios especializados de la Adminis-

tración deberán intervenir con el fin de

eliminar o neutralizar la situación de

riesgo y así prevenir o evitar la situación

de desamparo del menor. A tal efecto,

brindarán a la familia el apoyo necesario

o, incluso, podrán asumir la guarda del

menor a petición de los padres o tutores.

La Ley encomienda a las entidades loca-

les, en el marco de lo dispuesto en la le-

gislación sobre servicios sociales, la de-

tección y valoración de las situaciones

de riesgo y la realización de las actuacio-

nes necesarias para disminuir los facto-

res de riesgo en colaboración con las de-

más administraciones. En cambio, la

Ley atribuye a la Administración auto-

nómica la adopción de aquellas medidas

de protección de los menores en situa-

ción de riesgo que requieran la separa-

ción de la familia, la asunción de su

guarda o aquéllas que se adoptan cuan-

do ha cesado una medida de acogimien-

to adoptada en el marco de la tutela ad-

ministrativa o cuando no intervenga la

entidad local competente. Por otra par-

te, también corresponde a la Adminis-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 433

tración autonómica la coordinación ge-

neral en esta materia.

Asimismo, como se ha dicho, la Ley

regula la actuación pública para brindar

protección a los menores en situación de

desamparo. En el marco de las previsio-

nes del artículo 172.1 del Código civil,

el legislador autonómico contempla un

conjunto de circunstancias que conlleva-

rían la declaración de desamparo del me-

nor, mediante la correspondiente resolu-

ción administrativa. Según establece

el citado precepto del Código civil, la

declaración administrativa de desampa-

ro comporta la asunción automática por

la Administración de la tutela del menor.

La Ley precisa los amplios términos en

los que el legislador estatal define la si-

tuación de desamparo y concreta los su-

puestos en los que la Administración de-

berá entender que el menor se ve privado

de la necesaria asistencia moral y mate-

rial. De esta manera se viene a completar

la previsión del Código civil y se reduce

el alcance de la discrecionalidad inter-

pretativa o de juicio que la norma atri-

buye a la Administración. Por otra parte,

la propia Ley establece el procedimiento

administrativo que deberá seguir la Ad-

ministración autonómica para dictar la

resolución de desamparo y adoptar las

correspondientes medidas de protec-

ción. Asimismo, se regula un procedi-

miento de urgencia al efecto de brindar

una respuesta inmediata a las situaciones

que así lo requieran.

En cuanto a las medidas y actuaciones

previstas en el marco de la acción protec-

tora encomendada a la Administración,

la Ley contempla como primera medida

el apoyo a la familia con el fin de evitar la

separación del menor de su núcleo fami-

liar y, en el caso de que fuera inicialmente

inevitable, procurar su posterior retorno.

En aquellos casos en que la Administra-

ción hubiera declarado la situación de

desamparo de un menor, tiene atribuida

ope legis la tutela del menor y, por tanto,

deberá ejercer su guarda. Asimismo, la

Administración deberá asumir la guarda

del menor en aquellos casos en que los

padres o tutores se lo soliciten y quede

acreditado que ellos no pueden asumir

esta responsabilidad porque circunstan-

cias graves se lo impiden.

La Administración que tiene atribuida

la tutela del menor, o bien que ha asumi-

do la guarda voluntaria a solicitud de los

padres o tutores, es responsable de la

guarda del menor y debe velar por el

cumplimiento de los deberes inherentes a

la misma. La Administración podrá ejer-

cer la guarda del menor a través de la me-

dida del acogimiento familiar o del aco-

gimiento residencial. La Ley proclama la

utilización preferente del acogimiento fa-

miliar y la consideración de la familia ex-

tensa como la primera alternativa al obje-

to de favorecer la permanencia del menor

en su propio ambiente y facilitar las rela-

ciones con la familia de origen. El acogi-

miento residencial se configura como un

recurso subsidiario, aplicable cuando

constituya la medida más adecuada para

las necesidades de un concreto menor.

En la elección del centro deberá procu-

rarse la proximidad al entorno familiar y

social del menor, así como un estilo de

vida lo más normalizado posible.

Por último, la Ley también contem-

pla que la Administración que tiene

atribuida la tutela, cuando constate que

es inviable el retorno del menor a su fa-

milia de origen, pueda proponer la

adopción del menor y, por tanto, su ple-

na integración en una nueva familia.

Con el fin de favorecer la adaptación del

menor a su nueva familia se contempla

el establecimiento de la medida de aco-

gimiento preadoptivo. La Ley llama la

atención sobre la necesidad de valorar

en el procedimiento de adopción de es-

AUTONOMIES · 29

434

tas medidas la opinión y voluntad del

menor. Además, la Ley incluye un con-

junto de disposiciones generales que es-

tablecen el marco de actuación en mate-

ria de adopción internacional.

En el título IV la Ley se ocupa de las

cuestiones relativas a la actuación en

materia de menores infractores que han

incurrido en responsabilidad penal. La

Administración autonómica es compe-

tente para la ejecución material de las

medidas impuestas por los juzgados de

menores en aplicación de la legislación

sobre responsabilidad penal de los me-

nores. En la medida en que la regulación

general de esta ejecución ya viene regu-

lada por la Ley orgánica 5/2000, de 12

de enero, el legislador autonómico sólo

se ocupa de determinar los criterios de

actuación de carácter complementario,

instrumental o de aplicación del marco

general por el que ha de regirse la activi-

dad que desarrolla en esta materia la Ad-

ministración de Castilla y León. Asimis-

mo, se establece el régimen general y los

principios que deben guiar el estableci-

miento de convenios y acuerdos de cola-

boración con otras administraciones y

con entidades públicas o privadas para

la ejecución de estas medidas.

Los títulos V y VI se ocupan de la dis-

tribución de competencias entre la Ad-

ministración autonómica y las entidades

locales, y regulan las cuestiones relativas

a la colaboración y coordinación admi-

nistrativa y la participación social. En el

título VII se procede a la constitución de

un Registro público dividido en seccio-

nes con el fin de garantizar la seguridad

jurídica en la acción administrativa de

atención y protección a la infancia y la

adecuada ordenación de la misma.

Por último, en el título VIII se establece

un régimen sancionador contemplando

un conjunto de conductas constitutivas

de infracciones administrativas en mate-

ria de atención y protección a la infancia y

fijando las correspondientes sanciones.

De esta manera se establece una garantía

adicional para aquellos casos en que los

mandatos legales sean desatendidos.

En definitiva, con esta Ley el legisla-

dor de Castilla y León lleva a cabo una

regulación completa, detallada y siste-

mática de la materia relativa a la promo-

ción, atención y protección de los me-

nores que hasta este momento sólo

venían reguladas por normas autonómi-

cas de rango infralegal. El legislador au-

tonómico ha establecido el marco legal

que permite asegurar en la Comunidad

Autónoma la atención integral a los me-

nores de edad y garantizarles el pleno

disfrute de todos los derechos que el or-

denamiento les reconoce y el libre desa-

rrollo de su personalidad.

Ángeles de Palma

ACTIVIDAD NORMATIVA... 435

Leyes promulgadas en las comunidades autónomas durante el año 2002.

Andalucía

Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordena-

ción, fomento y control de la pesca ma-

rítima, el marisqueo y la acuicultura

marina (BOJA núm. 45, de 18 de

abril).

Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de ges-

tión de emergencias en Andalucía

(BOJA núm. 138, de 26 de noviembre).

Ley 3/2002, de 16 de diciembre, por la

que se modifica la Ley 2/1999, de 31 de

marzo, de sociedades cooperativas anda-

luzas (BOJA núm. 153, de 28 de di-

ciembre).

Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de cre-

ación del Servicio Andaluz de Empleo

(BOJA núm. 153, de 28 de diciembre).

Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de pa-

rejas de hecho (BOJA núm. 153, de 28

de diciembre).

Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la

que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de

enero, del comercio interior de Andalu-

cía, y se crea la tasa por tramitación de

licencias comerciales (BOJA núm. 153,

de 28 de diciembre).

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de or-

denación urbanística de Andalucía

(BOJA núm. 154, de 31 de diciembre).

Corrección de errores: BOJA núm. 33,

de 18 de febrero de 2003.

Ley 8/2002, de 17 de diciembre, del

Plan estadístico de Andalucía 2003-

2006, y de modificación de la Ley

4/1989, de 12 de diciembre, de estadís-

tica de la Comunidad Autónoma de

Andalucía (BOJA núm. 154, de 31 de

diciembre). Corrección de errores:

BOJA núm. 39, de 26 de febrero de

2003.

Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del

presupuesto de la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía para el año 2003

(BOJA núm. 151, de 24 de diciembre).

Corrección de errores: BOJA núm. 33,

de 18 de febrero de 2003.

Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la

que se aprueban normas en materia de

tributos cedidos y otras medidas tribu-

tarias, administrativas y financieras

(BOJA núm. 151, de 24 de diciembre).

Corrección de errores: BOJA núm. 33,

de 18 de febrero de 2003, y BOJA núm.

34, de 19 de febrero de 2003.

Aragón

Ley 1/2002, de 13 de febrero, de creación

del Colegio Profesional de Diplomados

en Trabajo Social y Asistentes Sociales de

Aragón (BOA núm. 26, de 1 de marzo).

Ley 2/2002, de 13 de febrero, de crea-

ción del Colegio Profesional de Logope-

das de Aragón (BOA núm. 26, de 1 de

marzo).

Ley 3/2002, de 25 de marzo, de creación

de la comarca de Cinca Medio (BOA

núm. 39, de 3 de abril). Corrección de

errores: BOA núm. 43, de 12 de abril.

Ley 4/2002, de 25 de marzo, de creación

de la comarca de Somontano de Barbas-

tro (BOA núm. 39, de 3 de abril). Co-

rrección de errores: BOA núm. 43, de

12 de abril.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de

Aragón (BOA núm. 45, de 17 de abril).

Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud de

Aragón (BOA núm. 46, de 19 de abril).

Ley 7/2002, de 15 de abril, de creación

de la comarca del Matarraña/Matarran-

ya (BOA núm. 46, de 19 de abril).

Ley 8/2002, de 3 de mayo, de creación

de la comarca del Maestrazgo (BOA

núm. 53, de 8 de mayo).

Ley 9/2002, de 3 de mayo, de creación

de la comarca de la Jacetania (BOA

núm. 53, de 8 de mayo).

Ley 10/2002, de 3 de mayo, de creación

de la comarca del Bajo Aragón (BOA

núm. 53, de 8 de mayo).

Ley 11/2002, de 14 de mayo, de crea-

ción de la comarca de Andorra-Sierra de

Arcos (BOA núm. 57, de 17 de mayo).

Ley 12/2002, de 28 de mayo, de crea-

ción de la comarca de Ribagorza (BOA

núm. 63, de 31 de mayo).

AUTONOMIES · 29

436

Ley 13/2002, de 10 de junio, de crea-

ción de la comarca de la Ribera Baja del

Ebro (BOA núm. 70, de 17 de junio).

Ley 14/2002, de 10 de junio, de crea-

ción del Colegio Profesional de Deli-

neantes de Huesca (BOA núm. 70, de

17 de junio).

Ley 15/2002, de 27 de junio, por la que

se deja libre de ordenación el aprovecha-

miento de los pastos en la Comunidad

Autónoma de Aragón (BOA núm. 79,

de 8 de julio).

Ley 16/2002, de 28 de junio, de educa-

ción permanente de Aragón (BOA

núm. 79, de 8 de julio).

Ley 17/2002, de 5 de julio, de creación

de la comarca de los Monegros (BOA

núm. 83, de 17 de julio). Corrección de

errores: BOA núm. 89, de 29 de julio.

Ley 18/2002, de 5 de julio, de creación

de la comarca de Campo de Daroca

(BOA núm. 83, de 17 de julio).

Ley 19/2002, de 18 de septiembre, de

creación, por segregación, del Colegio

Profesional de Psicólogos de Aragón

(BOA núm. 114, de 25 de septiembre).

Ley 20/2002, de 7 de octubre, de crea-

ción de la comarca del Bajo Cinca/Baix

Cinca (BOA núm. 119, de 7 de octubre).

Ley 21/2002, de 16 de octubre, de auto-

rización de disposición de valores mobi-

liarios de las empresas públicas de la Co-

munidad Autónoma de Aragón

«Fomento y Desarrollo del Valle de Be-

nasque, SA», «Panticosa Turística SA» y

«Nieve de Teruel, SA» (BOA núm. 123,

de 16 de octubre).

Ley 22/2002, de 16 de octubre, de mo-

dificación de la denominación del

«Consejo Aragonés de la Tercera Edad»

por la de «Consejo Aragonés de las Per-

sonas Mayores» en la Ley 3/1990, de 4

de abril, del Consejo Aragonés de la Ter-

cera Edad (BOA núm. 123, de 16 de oc-

tubre).

Ley 23/2002, de 8 de noviembre, por la

que se establece la dotación económica

inicial y los recursos económicos y fi-

nancieros de la entidad de derecho pú-

blico Instituto Aragonés de Ciencias de

la Salud para el año 2002 (BOA núm.

134, de 13 de noviembre).

Ley 24/2002, de 12 de noviembre, de

creación de la comarca de Campo de

Belchite (BOA núm. 135, de 15 de no-

viembre).

Ley 25/2002, de 12 de noviembre, de

creación de la comarca de La Litera/La

Llitera (BOA núm. 135, de 15 de no-

viembre).

Ley 26/2002, de 26 de noviembre, de

creación de la comarca de las Cinco Vi-

llas (BOA núm. 141, de 29 de noviem-

bre).

Ley 27/2002, de 26 de noviembre, de

creación de la comarca de Hoya de

Huesca/Plana de Uesca (BOA núm.

141, de 29 de noviembre). Corrección

de errores: BOA núm. 145, de 13 de di-

ciembre.

Ley 28/2002, de 17 de diciembre, de

creación de la comarca de Cuencas Mi-

neras (BOA núm. 150, de 27 de diciem-

bre).

Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de

creación del Centro de Investigación y

Tecnología Agroalimentaria de Aragón

(BOA núm. 150, de 27 de diciembre).

Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de

protección civil y atención de emergen-

cias de Aragón (BOA núm. 151, de 30

de diciembre). Corrección de errores:

BOA núm. 2, de 8 de enero de 2003.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 437

Ley 31/2002, de 27 de diciembre, de

creación de la comarca del Campo de

Cariñena (BOA núm. 2, de 8 de enero,

de 2003).

Asturias

Ley 1/2002, de 11 de marzo, del consor-

cio de transportes de Asturias (BOPA

núm. 69, de 23 de marzo).

Ley 2/2002, de 12 de abril, del Instituto

de Desarrollo Económico del Principa-

do de Asturias (BOPA núm. 99, de 30

de abril). Corrección de errores: BOPA

núm. 119, de 24 de mayo.

Ley 3/2002, de 19 de abril, de régimen

de suelo y ordenación urbanística

(BOPA núm. 102, de 4 de mayo).

Ley 4/2002, de 23 de mayo, de parejas

estables (BOPA núm. 125, de 31 de

mayo).

Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre ver-

tidos de aguas residuales industriales a

los sistemas públicos de saneamiento

(BOPA núm. 137, de 14 de junio).

Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protec-

ción de los ecosistemas acuáticos y de re-

gulación de la pesca en aguas continenta-

les (BOPA núm. 151, de 1 de julio).

Ley 7/2002, de 24 de junio, por la que

se autoriza la creación de la empresa pú-

blica Sociedad de Servicios del Principa-

do de Asturias, SA (BOPA núm. 158,

de 9 de julio).

Ley 8/2002, de 21 de octubre, de espec-

táculos públicos y actividades recreati-

vas (BOPA núm. 247, de 24 de octu-

bre).

Ley 9/2002, de 22 de octubre, de la Re-

serva natural integral de Muniellos

(BOPA núm. 255, de 4 de noviembre).

Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de

comercio interior (BOPA núm. 278, de

30 de noviembre).

Ley 11/2002, de 2 de diciembre, de los

consumidores y usuarios (BOPA núm.

287, de 13 de diciembre).

Ley 12/2002, de 13 de diciembre, de de-

claración del Parque Natural de las

Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias

(BOPA núm. 298, de 27 de diciembre).

Ley 13/2002, de 23 de diciembre, de te-

nencia, protección y derechos de los

animales (BOPA núm. 301, de 31 de

diciembre). Corrección de errores:

BOPA núm. 50, de 1 de marzo, de

2003.

Ley 14/2002, de 27 de diciembre, de

presupuestos generales para 2003

(BOPA núm. 301, de 31 de diciembre).

Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de

medidas presupuestarias, administrati-

vas y fiscales (BOPA núm. 301, de 31

de diciembre).

Ley 16/2002, de 30 de diciembre, de

modificación de la Ley del Principado

de Asturias 2/2002, de 23 de junio, de

cajas de ahorros, para adaptarla a la Ley

44/2002, de 22 de noviembre, de medi-

das de reforma del sistema financiero

(BOPA núm. 6, de 9 de enero, de

2003).

Canarias

Ley 1/2002, de 21 de enero, de enajena-

ción gratuita, a favor del Ayuntamiento

de Icod de los Vinos, de un terreno de

248 m2 que forma parte del jardín del

Juzgado de Primera Instancia e Instruc-

ción, para la prolongación de la calle Ju-

lio Arencibia (BOCA núm. 15, de 1 de

febrero).

AUTONOMIES · 29

438

Ley 2/2002, de 27 de marzo, de estableci-

miento de normas tributarias y de medi-

das en materia de organización adminis-

trativa, de gestión, relativas al personal de

la Comunidad Autónoma de Canarias y

de carácter sancionador (BOCA núm.

45, de 8 de abril). Corrección de errores:

BOCA núm. 67, de 27 de mayo; BOCA

núm. 165, de 13 de diciembre, y BOCA

núm. 165, de 13 de diciembre.

Ley 3/2002, de 20 de mayo, de creación

del Colegio Profesional de Protésicos

Dentales de Las Palmas (BOCA núm.

73, de 3 de junio).

Ley 4/2002, de 20 de mayo, de creación

del Colegio Profesional de Protésicos

Dentales de Santa Cruz de Tenerife

(BOCA núm. 73, de 3 de junio).

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo

Consultivo de Canarias (BOCA núm.

77, de 7 de junio).

Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medi-

das de ordenación territorial de la activi-

dad turística en las islas de El Hierro, La

Gomera y La Palma (BOCA núm. 89,

de 1 de julio).

Ley 7/2002, de 18 de julio, de concesión

de crédito extraordinario, por importe

de sesenta y cinco millones seiscientos

ochenta y dos mil quinientos sesenta y

ocho (65.682.568) €, para financiar

ayudas, subvenciones y medidas de ca-

rácter excepcional para reparar los daños

producidos por lluvias, temporales y

otros fenómenos naturales relacionados

con la climatología adversa y de adop-

ción de medidas fiscales y presupuesta-

rias (BOCA núm. 99, de 22 de julio).

Ley 8/2002, de 15 de octubre, de enaje-

nación gratuita a favor del Cabildo In-

sular de Gran Canaria de una parcela de

3.600 metros cuadrados situada en la

Vega de San José (Las Palmas de Gran

Canaria) para uso deportivo (BOCA

núm. 143, de 25 de octubre).

Ley 9/2002, de 21 de octubre, de in-

demnización a las personas excluidas de

los beneficios establecidos en la disposi-

ción adicional decimoctava de los pre-

supuestos generales del Estado para los

ejercicios de 1990 y 1992 (BOCA núm.

143, de 25 de octubre).

Ley 10/2002, de 21 de noviembre, por

la que se regula el tramo autonómico del

impuesto sobre la renta de las personas

físicas en la Comunidad Autónoma de

Canarias (BOCA núm. 157, de 27 de

noviembre).

Ley 11/2002, de 21 de noviembre, de

modificación de la Ley 4/1999, de 15 de

marzo, de patrimonio histórico de Ca-

narias (BOCA núm. 157, de 27 de no-

viembre).

Ley 12/2002, de 4 de diciembre, de con-

cesión de un suplemento de crédito por

importe de cuarenta y ocho millones

novecientos sesenta mil novecientos

cincuenta y siete €con cincuenta y

nueve céntimos (48.960.957,59) a los

presupuestos generales de la Comuni-

dad Autónoma de Canarias para 2002 y

de medidas presupuestarias (BOCA

núm. 165, de 13 de diciembre).

Ley 13/2002, de 27 de diciembre, de

presupuestos generales de la Comuni-

dad Autónoma de Canarias para 2003

(BOCA núm. 174, de 31 de diciembre).

Corrección de errores: BOCA núm. 46,

de 7 de marzo de 2003.

Cantabria

Ley 1/2002, de 26 de febrero, del co-

mercio de Cantabria (BOC núm. 45, de

6 de marzo).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 439

Ley 2/2002, de 29 de abril, de sanea-

miento y depuración de las aguas resi-

duales de la Comunidad Autónoma de

Cantabria (BOC núm. 86, de 7 de

mayo).

Ley 3/2002, de 28 de junio, de archivos

de Cantabria (BOC núm. 131, de 9 de

julio).

Ley 4/2002, de 24 de julio, de cajas de

ahorros (BOC núm. 147, de 1 de agos-

to). Corrección de errores: BOC núm.

225, de 21 de noviembre.

Ley 5/2002, de 24 de julio, de medidas

cautelares urbanísticas en el ámbito del

litoral, de sometimiento de los instru-

mentos de planificación territorial y ur-

banística a evaluación ambiental y de ré-

gimen urbanístico de los cementerios

(BOC núm. 147, de 1 de agosto).

Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de régi-

men jurídico del Gobierno y de la Ad-

ministración de la Comunidad Autóno-

ma de Cantabria (BOC núm. 242, de

18 de diciembre).

Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de or-

denación sanitaria de Cantabria (BOC

núm. 242, de 18 de diciembre).

Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de cré-

dito extraordinario para financiar las

medidas necesarias para paliar los efec-

tos del vertido de fuel ocasionado por el

accidente del buque «Prestige» (BOC

núm. 6 extraordinario, de 19 de diciem-

bre).

Ley 9/2002, de 23 de diciembre, de pre-

supuestos generales de la Comunidad

Autónoma de Cantabria para el año

2003 (BOC núm. 250, de 31 de di-

ciembre).

Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de

medidas fiscales y administrativas

(BOC núm. 250, de 31 de diciembre).

Corrección de errores: BOC núm. 16,

de 24 de enero de 2003.

Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de

medidas fiscales en materia de tributos

cedidos por el Estado (BOC núm. 250,

de 31 de diciembre).

Castilla-La Mancha

Ley 1/2002, de 7 de febrero, por la que

se modifica la Ley 3/1988, de 13 de di-

ciembre, de ordenación de la función

pública de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha (DOCM núm. 23,

de 22 de febrero).

Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que

se establecen y regulan las diversas mo-

dalidades de viviendas de protección

pública en Castilla-La Mancha (DOCM

núm. 23, de 22 de febrero).

Ley 3/2002, de 7 de marzo, de constitu-

ción del Instituto de Promoción Exte-

rior de Castilla-La Mancha (DOCM

núm. 34, de 18 de marzo).

Ley 4/2002, de 4 de abril, de modifica-

ción de la Ley 3/2000, de 26 de mayo,

de creación del Ente Público de Radio-

Televisión de Castilla-La Mancha

(DOCM núm. 46, de 15 de abril).

Ley 5/2002, de 11 de abril, de creación

del Colegio Oficial de Ingenieros Técni-

cos en Informática de Castilla-La Man-

cha (DOCM núm. 53, de 1 de mayo).

Ley 6/2002, de 11 de abril, de crea-

ción del Colegio Oficial de Ingenieros

en Informática de Castilla-La Mancha

(DOCM núm. 53, de 1 de mayo).

Ley 7/2002, de 9 de mayo, de modifica-

ción de la Ley 9/1990, de 28 de diciem-

bre, de carreteras y caminos (DOCM

núm. 65, de 27 de mayo).

AUTONOMIES · 29

440

Ley 8/2002, de 23 de mayo, de coordi-

nación de policías locales de Castilla-La

Mancha (DOCM núm. 72, de 12 de ju-

nio).

Ley 9/2002, de 6 de junio, de creación

del Consejo de Relaciones Laborales de

Castilla-La Mancha (DOCM núm. 77,

de 24 de junio).

Ley 10/2002, de 21 de junio, de estadís-

tica de Castilla-La Mancha (DOCM

núm. 79 fasc. extraordinario, de 28 de

junio).

Ley 11/2002, de 27 de junio, de modi-

ficación de la Ley 5/1986, de 23 de

diciembre, electoral de Castilla-La Man-

cha (DOCM núm. 79 fasc. extraordina-

rio, de 28 de junio).

Ley 12/2002, de 27 de junio, regulado-

ra del ciclo integral del agua de la Co-

munidad Autónoma de Castilla-La

Mancha (DOCM núm. 83, de 8 de ju-

lio).

Ley 13/2002, de 27 de junio, de crédito

extraordinario por importe de cien mi-

llones seiscientos mil €(100.600.000)

para la financiación de proyectos estra-

tégicos para el desarrollo económico y

social de Castilla-La Mancha (DOCM

núm. 83, de 8 de julio).

Ley 14/2002, de 11 de julio, de ordena-

ción y fomento de la artesanía de Casti-

lla-La Mancha (DOCM núm. 90 fascí-

culo 1, de 24 de julio).

Ley 15/2002, de 11 de julio, sobre dro-

godependencias y otros trastornos adic-

tivos (DOCM núm. 90 fascículo 1, de

24 de julio).

Ley 16/2002, de 11 de julio, del IV

Centenario de la publicación de El inge-

nioso hidalgo Don Quijote de la Mancha

(DOCM núm. 90 fascículo 1, de 24 de

julio).

Ley 17/2002, de 10 de octubre, de crea-

ción del Colegio Oficial de Diplomados

en Trabajo Social y Asistentes Sociales

de Castilla-La Mancha (DOCM núm.

135, de 31 de octubre).

Ley 18/2002, de 24 de octubre, por la

que se modifica la Ley 3/1988, de 13

de diciembre, de ordenación de la

función pública de la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha

(DOCM núm. 141, de 15 de noviem-

bre).

Ley 19/2002, de 24 de octubre, de ar-

chivos públicos de Castilla-La Mancha

(DOCM núm. 141, de 15 de noviem-

bre).

Ley 20/2002, de 14 de noviembre, de

cooperativas de Castilla-La Mancha

(DOCM núm. 146, de 25 de noviem-

bre).

Ley 21/2002, de 14 de noviembre, de

medidas fiscales de apoyo a la familia y a

determinados sectores económicos y de

gestión tributaria (DOCM núm. 146,

de 25 de noviembre).

Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de

creación del Instituto de la Mujer de

Castilla-La Mancha (DOCM núm.

151, de 4 de diciembre).

Ley 23/2002, de 21 de noviembre, de

educación de personas adultas de Casti-

lla-La Mancha (DOCM núm. 151, de 4

de diciembre).

Ley 24/2002, de 5 de diciembre, de ga-

rantías en la atención sanitaria especiali-

zada (DOCM núm. 157, de 18 de di-

ciembre).

Ley 25/2002, de 19 de diciembre, de

presupuestos generales de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha

para el año 2003 (DOCM núm. 161,

de 30 de diciembre).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 441

Castilla y León

Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del

Consejo Consultivo de Castilla y León

(BOCL núm. 76 suplemento, de 22 de

abril).

Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del

Consejo de Cuentas de Castilla y León

(BOCL núm. 76 suplemento, de 22 de

abril).

Ley 3/2002, de 9 de abril, de educación

de personas adultas de Castilla y León

(BOCL núm. 76 suplemento, de 22 de

abril).

Ley 4/2002, de 11 de abril, de coopera-

tivas de la Comunidad de Castilla y

León (BOCL núm. 79, de 26 de abril).

Ley 5/2002, de 11 de abril, de declara-

ción del Parque Natural de Arribes del

Duero (Salamanca-Zamora) (BOCL

núm. 79, de 26 de abril).

Ley 6/2002, de 11 de abril, de declara-

ción de la Reserva Natural de Riberas de

«Castronuño-Vega del Duero» (Vallado-

lid) (BOCL núm. 79, de 26 de abril).

Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación

del Instituto Tecnológico Agrario de

Castilla y León (BOCL núm. 86, de 8

de mayo).

Ley 8/2002, de 18 de junio, por la que

se reconoce como universidad privada a

la Universidad Europea Miguel de Cer-

vantes, con sede en Valladolid (BOCL

núm. 120, de 24 de junio).

Ley 9/2002, de 10 de julio, para la de-

claración de proyectos regionales de in-

fraestructuras de residuos de singular in-

terés para la Comunidad (BOCL núm.

134, de 12 de julio).

Ley 10/2002, de 10 de julio, de modifi-

cación de la Ley 5/1999, de 8 de abril,

de urbanismo de Castilla y León

(BOCL núm. 134, de 12 de julio).

Ley 11/2002, de 10 de julio, de juven-

tud de Castilla y León (BOCL núm.

139 suplemento, de 19 de julio). Co-

rrección de errores: BOCL núm. 218,

de 11 de noviembre.

Ley 12/2002, de 11 de julio, de patri-

monio cultural de Castilla y León

(BOCL núm. 139 suplemento, de 19

de julio). Corrección de errores: BOCL

núm. 217, de 8 de noviembre.

Ley 13/2002, de 15 de julio, de funda-

ciones de Castilla y León (BOCL núm.

139 suplemento, de 19 de julio).

Ley 14/2002, de 25 de julio, de promo-

ción, atención y protección a la infancia

en Castilla y León (BOCL núm. 145

suplemento, de 29 de julio). Corrección

de errores: BOCL núm. 11, de 17 de

enero de 2003.

Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de

transporte urbano y metropolitano de

Castilla y León (BOCL núm. 238 su-

plemento, de 11 de diciembre).

Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de co-

mercio de Castilla y León (BOCL núm.

247, de 24 de diciembre). Corrección

de errores: BOCL núm. 30, de 13 de fe-

brero de 2003.

Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fo-

mento y coordinación general de la inves-

tigación científica, desarrollo e innovación

tecnológica (I+D+I) en Castilla y León

(BOCL núm. 247, de 24 de diciembre).

Ley 18/2002, de 19 de diciembre, de

creación del Consejo de Colegios Profe-

sionales de Abogados de Castilla y León

(BOCL núm. 247, de 24 de diciembre).

Ley 19/2002, de 19 de diciembre, de

creación del Consejo de Colegios Profe-

AUTONOMIES · 29

442

sionales de Procuradores de los Tribuna-

les de Castilla y León (BOCL núm.

247, de 24 de diciembre).

Ley 20/2002, de 19 de diciembre, de

creación del Consejo de Colegios Profe-

sionales de Aparejadores y Arquitectos

Técnicos de Castilla y León (BOCL

núm. 247, de 24 de diciembre).

Ley21/2002, de 27 de diciembre, de medi-

das económicas, fiscales y administrativas

(BOCL núm. 250, de 30 de diciembre).

Ley 22/2002, de 27 de diciembre, de

presupuestos generales de la Comunidad

de Castilla y León para 2003 (BOCL

núm. 250, de 30 de diciembre).

Cataluña

Ley1/2002, de 11 de marzo, de tercera mo-

dificación de la Ley 20/1985, de 25 de ju-

lio, de prevención y asistencia en materia de

sustancias que pueden generar dependen-

cia (DOGC núm. 3598, de 19 de marzo).

Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanis-

mo (DOGC núm. 3600, de 21 de mar-

zo). Corrección de errores: DOGC

núm. 3642, de 24 de mayo, y DOGC

núm. 3677, de 15 de julio.

Ley 3/2002, de 22 de marzo, de cuarta

modificación de la Ley 8/1987, munici-

pal y de régimen local de Cataluña

(DOGC núm. 3605, de 28 de marzo).

Ley 4/2002, de 5 de abril, de medidas

extraordinarias para financiar, especial-

mente, las actuaciones derivadas de la

peste porcina clásica y de los efectos de

las heladas en el sector del olivo

(DOGC núm. 3614, de 12 de abril).

Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agen-

cia Catalana de Protección de Datos

(DOGC núm. 3625, de 29 de abril).

Ley 6/2002, de 25 de abril, de medidas

relativas a la conciliación del trabajo con

la vida familiar del personal de las admi-

nistraciones públicas catalanas y de mo-

dificación de los artículos 96 y 97 del

Decreto legislativo 1/1997 (DOGC

núm. 3626, de 30 de abril).

Ley 7/2002, de 25 de abril, de modifica-

ción de la Ley 6/1984, de 5 de marzo,

de la Sindicatura de Cuentas, modifica-

da por la Ley 15/1991, de 4 de julio

(DOGC núm. 3627, de 2 de mayo).

Ley 8/2002, de 27 de mayo, de modifi-

cación de la Ley 37/1991, de 30 de di-

ciembre, sobre medidas de protección

de menores desamparados y de la adop-

ción y de regulación de la atención espe-

cial a los adolescentes con conductas de

alto riesgo social (DOGC núm. 3648,

de 3 de junio).

Ley 9/2002, de 27 de mayo, de modifi-

cación de la Ley 15/1997, de tasas y

precios públicos de la Generalidad de

Cataluña, por la cual se introduce una

tasa para la obtención y la expedición

del título de patrón o patrona de moto

náutica (DOGC núm. 3648, de 3 de

junio).

Ley 10/2002, de 27 de mayo, sobre un

turno especial de promoción interna de

miembros del cuerpo auxiliar de admi-

nistración al cuerpo administrativo

(DOGC núm. 3647, de 31 de mayo).

Ley 11/2002, de 27 de mayo, de segun-

da modificación de la Ley 12/1993, de

4 de noviembre, de creación del Institu-

to para el Desarrollo de las Comarcas

del Ebro (DOGC núm. 3648, de 3 de

junio).

Ley 12/2002, de 14 de junio, del trans-

porte por cable (DOGC núm. 3665, de

27 de junio). Corrección de errores:

DOGC núm. 3682, de 22 de julio.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 443

Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo

de Cataluña (DOGC núm. 3669, de 3

de julio). Corrección de errores:

DOGC núm. 3739, de 14 de octubre.

Ley 14/2002, de 27 de junio, de las cá-

maras oficiales de comercio, industria y

navegación de Cataluña y del Consejo

General de las Cámaras (DOGC núm.

3671, de 5 de julio).

Ley 15/2002, de 27 de junio, de ordena-

ción vitivinícola (DOGC núm. 3673,

de 9 de julio). Corrección de errores:

DOGC núm. 3693, de 6 de agosto.

Ley 16/2002, de 28 de junio, de protec-

ción contra la contaminación acústica

(DOGC núm. 3675, de 11 de julio).

Ley 17/2002, de 5 de julio, de ordena-

ción del sistema de ocupación y de crea-

ción del Servicio de Ocupación de Ca-

taluña (DOGC núm. 3676, de 12 de

julio).

Ley 18/2002, de 5 de julio, de coopera-

tivas (DOGC núm. 3679, de 17 de ju-

lio).

Ley 19/2002, de 5 de julio, de derechos

reales de garantía (DOGC núm. 3679,

de 17 de julio).

Ley 20/2002, de 5 de julio, de seguridad

alimenticia (DOGC núm. 3679, de 17

de julio).

Ley 21/2002, de 5 de julio, de séptima

modificación de la Ley 8/1987, de 15 de

abril, municipal y de régimen local

de Cataluña (DOGC núm. 3678, de 16 de

julio).

Ley 22/2002, de 12 de julio, de cofradí-

as de pescadores (DOGC núm. 3684,

de 24 de julio).

Ley 23/2002, de 18 de noviembre, de

adecuación de procedimientos adminis-

trativos en relación con el régimen de si-

lencio administrativo y el plazo de reso-

lución y notificación y de primera mo-

dificación de los artículos 81, 82 y 83 de

la Ley 13/1989, de organización, pro-

cedimiento y régimen jurídico de la

Administración de la Generalidad de

Cataluña (DOGC núm. 3778, de 10

de diciembre).

Ley 24/2002, de 18 de noviembre, de

creación de la especialidad de educación

social en el cuerpo de diplomados de la

Generalidad (DOGC núm. 3775, de 4

de diciembre).

Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de

medidas de apoyo al retorno de los ca-

talanes emigrados y sus descendentes

y de segunda modificación de la Ley

18/1996 (DOGC núm. 3776, de 5 de

diciembre).

Ley 26/2002, de 28 de noviembre, de

modificación de la Ley 10/1994, de 11

de julio, de la policía de la Generalidad-

Mossos d’Esquadra, en relación con la

afiliación sindical de los miembros del

Cuerpo de Mossos d’Esquadra (DOGC

núm. 3776, de 5 de diciembre).

Ley 27/2002, de 20 de diciembre, de

medidas legislativas para regular las

empresas de inserción sociolaboral

(DOGC núm. 3793, de 3 de enero de

2003).

Ley 28/2002, de 30 de diciembre, de

creación del Instituto para el Desarrollo

y Promoción del Alto Pirineo y Arán

(DOGC núm. 3801, de 16 de enero de

2003).

Ley 29/2002, de 30 de diciembre, pri-

mera ley del Código civil de Cataluña

(DOGC núm. 3798, de 13 de enero de

2003).

Ley 30/2002, de 30 de diciembre, de

presupuestos de la Generalidad de Cata-

AUTONOMIES · 29

444

luña para 2003 (DOGC núm. 3791, de

31 de diciembre).

Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de me-

didas fiscales y administrativas (DOGC

núm. 3791, de 31 de diciembre). Co-

rrección de errores: DOGC núm. 3805,

de 22 de enero de 2003, y DOGC núm.

3824, de 18 de febrero de 2003.

Extremadura

Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Go-

bierno y de la Administración de la Co-

munidad Autónoma de Extremadura

(DOE núm. 35, de 26 de marzo).

Ley 2/2002, de 25 de abril, de protec-

ción de la calidad del suministro eléctri-

co en Extremadura (DOE núm. 55, de

14 de mayo).

Ley 3/2002, de 9 de mayo, de comercio

de la Comunidad Autónoma de Extre-

madura (DOE núm. 61, de 28 de

mayo).

Ley 4/2002, de 23 de mayo, de modifi-

cación de la Ley 1/1990, de 26 de abril,

de coordinación de policías locales de

Extremadura (DOE núm. 63, de 1 de

junio).

Ley 5/2002, de 23 de mayo, de protec-

ción de los animales en la Comunidad

Autónoma de Extremadura (DOE núm.

83, de 18 de julio).

Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas

de apoyo en materia de autopromoción

de viviendas, accesibilidad y suelo

(DOE núm. 85, de 23 de julio).

Ley 7/2002, de 24 de octubre, de cesión

de dominio de monte a entidad local

(DOE núm. 136, de 23 de noviembre).

Ley 8/2002, de 14 de noviembre, de re-

forma fiscal de la Comunidad Autóno-

ma de Extremadura (DOE núm. 145,

de 14 de diciembre).

Ley 9/2002, de 14 de noviembre, de

impulso a la localización industrial de

Extremadura (DOE núm. 145, de 14

de diciembre).

Ley 10/2002, de 12 de diciembre, de fi-

nanciación de inversiones extraordina-

rias (DOE núm. 145, de 14 de diciem-

bre).

Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de

colegios y de consejos de colegios profe-

sionales de Extremadura (DOE núm.

151, de 28 de diciembre).

Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de

presupuestos generales de la Comuni-

dad Autónoma de Extremadura para

2003 (DOE núm. 1 extraordinario, de

30 de diciembre).

Galicia

Ley 1/2002, de 26 de marzo, por la que

se modifica la Ley de Galicia 6/1984, de

5 de junio, del Valedor do Pobo (DOG

núm. 65, de 4 de abril).

Ley 2/2002, de 29 de abril, de presu-

puestos generales de la Comunidad Au-

tónoma de Galicia para el año 2002

(DOG núm. 84, de 2 de mayo). Co-

rrección de errores: DOG núm. 97, de

22 de mayo.

Ley 3/2002, de 29 de abril, de medidas

de régimen fiscal y administrativo

(DOG núm. 84, de 2 de mayo).

Ley 4/2002, de 25 de junio, del estatuto

de la capitalidad de la ciudad de Santia-

go de Compostela (DOG núm. 142, de

24 de julio).

Ley 5/2002, de 20 de diciembre, de mo-

dificación de la posición neta deudora

ACTIVIDAD NORMATIVA... 445

de la Comunidad Autónoma de Galicia

a 31 de diciembre (DOG núm. 246, de

21 de diciembre).

Ley 6/2002, de 27 de diciembre, de pre-

supuestos generales de la Comunidad

Autónoma de Galicia para el año 2003

(DOG núm. 251, de 30 de diciembre).

Ley 7/2002, de 27 de diciembre, de medi-

das fiscales y de régimen administrativo

(DOG núm. 251, de 30 de diciembre).

Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de pro-

tección del ambiente atmosférico de

Galicia (DOG núm. 252, de 31 de di-

ciembre).

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de or-

denación urbanística y protección del

medio rural de Galicia (DOG núm.

252, de 31 de diciembre).

Islas Baleares

Ley 1/2002, de 19 de marzo, de cultura

popular y tradicional (BOIB núm. 38,

de 28 de marzo).

Ley 2/2002, de 3 de abril, de sistemas de

financiación definitiva de los consejos

insulares (BOIB núm. 47, de 18 de

abril).

Ley 3/2002, de 17 de mayo, de estadísti-

ca de las Islas Baleares (BOIB núm. 64,

de 28 de mayo).

Ley 4/2002, de 4 de junio, de tasas para

inspecciones y controles sanitarios de

los productos pesqueros destinados al

consumo humano (BOIB núm. 71, de

13 de junio).

Ley 5/2002, de 21 de junio, de subven-

siones (BOIB núm. 79, de 2 de julio).

Ley 6/2002, de 21 de junio, de modifi-

cación de la Ley 8/1986, de 26 de no-

viembre, electoral de la Comunidad Au-

tónoma de las Islas Baleares (BOIB

núm. 79, de 2 de julio).

Ley 7/2002, de 21 de junio, por la cual

se autoriza la modificación del nivel de

endeudamiento de la Comunidad Au-

tónoma de las Islas Baleares a 31 di-

ciembre de 2002 y se modifica la Ley

19/2001, de 21 de diciembre, de presu-

puestos generales de la Comunidad Au-

tónoma de las Islas Baleares para el año

2002 (BOIB núm. 79, de 2 de julio).

Ley 8/2002, de 26 de septiembre, de

creación del Colegio de Educadoras y

Educadores Sociales de las Islas Baleares

(BOIB núm. 121, de 8 de octubre).

Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de mo-

dificación de la Ley 2/1999, de 24 de

marzo, general turística de las Islas Bale-

ares (BOIB núm. 153, fascículo 1, de

21 de diciembre).

Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de

presupuestos generales de la Comuni-

dad Autónoma de las Islas Baleares para

el año 2003 (BOIB núm. 156, de 28 de

diciembre).

Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de

medidas tributarias y administrativas

(BOIB núm. 156, de 28 de diciembre).

La Rioja

Ley 1/2002, de 1 de marzo, de servicios

sociales (BOR núm. 29, de 7 de marzo).

Ley 2/2002, de 17 de abril, de salud

(BOR núm. 49, de 23 de abril).

Ley 3/2002, de 21 de mayo, para el de-

sarrollo del uso de la firma electrónica

en las administraciones públicas de la

Comunidad Autónoma de La Rioja

(BOR núm. 63, de 25 de mayo).

AUTONOMIES · 29

446

Ley 4/2002, de 1 de julio, de coopera-

ción para el desarrollo (BOR núm. 81,

de 4 de julio).

Ley 5/2002, de 8 de octubre, de protec-

ción del medio ambiente de La Rioja

(BOR núm. 124, de 12 de octubre).

Ley 6/2002, de 18 de octubre, de tasas y

precios públicos de la Comunidad Au-

tónoma de La Rioja (BOR núm. 131,

de 29 de octubre).

Ley 7/2002, de 18 de octubre, de sani-

dad animal de la Comunidad Autóno-

ma de La Rioja (BOR núm. 132, de 31

de octubre).

Ley 8/2002, de 18 de octubre, de vitivi-

nicultura de La Rioja (BOR núm. 132,

de 31 de octubre).

Ley 9/2002, de 17 de diciembre, de pre-

supuestos generales de la Comunidad

Autónoma de La Rioja para el año 2003

(BOR núm. 154, de 21 de diciembre).

Corrección de errores: BOR núm. 29,

de 8 de marzo de 2003.

Ley 10/2002, de 17 de diciembre, de

medidas fiscales y administrativas para

el año 2003 (BOR núm. 154, de 21 de

diciembre).

Madrid

Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que

se crea el cuerpo de agentes forestales de

la Comunidad de Madrid (BOM núm.

79, de 4 de abril).

Ley 2/2002, de 19 de junio, de evalua-

ción ambiental de la Comunidad de

Madrid (BOM núm. 154, de 1 de ju-

lio).

Ley 3/2002, de 19 de junio, de modifi-

cación de la Ley 11/2000, de 16 de oc-

tubre, del Consejo de la Juventud de la

Comunidad de Madrid (BOM núm.

152, de 28 de junio).

Ley 4/2002, de 27 de junio, de creación

de la Mesa para la Integración y Promo-

ción del pueblo gitano de la Comuni-

dad de Madrid (BOM núm. 155, de 2

de julio). Corrección de errores: BOM

núm. 174, de 24 de julio.

Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre dro-

godependencias y otros trastornos adic-

tivos (BOM núm. 160, de 8 de julio).

Ley 6/2002, de 27 de junio, de modifi-

cación parcial de la Ley 5/1985, de 16

de mayo, de creación del Consorcio Re-

gional de Transportes Públicos Regula-

res de Madrid (BOM núm. 161, de 9 de

julio). Corrección de errores: BOM

núm. 192, de 14 de agosto.

Ley 7/2002, de 25 de julio, por la que se

regula el tipo de gravamen autonómico

del impuesto sobre ventas minoristas de

determinados hidrocarburos en la Co-

munidad de Madrid (BOM núm. 176,

de 26 de julio).

Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de ju-

ventud de la Comunidad de Madrid

(BOM núm. 289, de 5 de diciembre).

Ley 9/2002, de 11 de diciembre, de cre-

ación del Colegio Profesional de Higie-

nistas Dentales de la Comunidad de

Madrid (BOM núm. 302, de 20 de di-

ciembre).

Ley 10/2002, de 11 de diciembre, por la

que se concede un suplemento de crédi-

to y un crédito extraordinario por im-

porte de 1.498.078 €y 15.020.000 €,

respectivamente, al Servicio Madrileño

de Salud, para el Plan de calidad inte-

gral de los servicios sanitarios de la Co-

munidad de Madrid durante el ejerci-

cio 2002 (BOM núm. 302, de 20 de

diciembre).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 447

Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de or-

denación de la actividad de centros y

servicios de acción social y de mejora de

la calidad en la prestación de los servi-

cios sociales de la Comunidad de Ma-

drid (BOM núm. 304, de 23 de diciem-

bre).

Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los

consejos sociales de las universidades

públicas de la Comunidad de Madrid

(BOM núm. 304, de 23 de diciembre).

Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de

medidas fiscales y administrativas

(BOM núm. 304, de 23 de diciembre).

Corrección de errores: BOM núm. 47,

de 25 de febrero de 2003.

Ley 14/2002, de 20 de diciembre, de

presupuestos generales de la Comuni-

dad de Madrid para 2003 (BOM núm.

309, de 30 de diciembre). Corrección

de errores: BOM núm. 12, de 15 de

enero de 2003.

Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de

creación de la Agencia de Calidad, Acre-

ditación y Prospectiva de las universida-

des de Madrid (BOM núm. 16, de 20

de enero de 2003).

Murcia

Ley 1/2002, de 20 de marzo, de adecua-

ción de los procedimientos de la Admi-

nistración Regional de Murcia a la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de régi-

men jurídico de las administraciones

públicas y del procedimiento adminis-

trativo común (BORM núm. 73, de 30

de marzo).

Ley 2/2002, de 10 de mayo, de modifi-

cación de la Ley 1/2001, de 24 de abril,

del suelo de la Región de Murcia

(BORM núm. 128, de 4 de junio).

Ley 3/2002, de 20 de mayo, de tarifa del

canon de saneamiento (BORM núm.

128, de 4 de junio).

Ley 4/2002, de 22 de mayo, de creación

del Colegio Profesional de Detectives

Privados de la Región de Murcia

(BORM núm. 128, de 4 de junio).

Ley 5/2002, de 3 de junio, de modifica-

ción de la Ley 5/2001, de 5 de diciem-

bre, de personal estatutario del Servicio

Murciano de Salud (BORM núm. 133,

de 11 de junio).

Ley 6/2002, de 25 de julio, de estadísti-

ca de la Región de Murcia (BORM

núm. 157, de 9 de julio).

Ley 7/2002, de 25 de junio, de creación

de la empresa pública «Centro de Alto

Rendimiento Infanta Cristina» (BORM

núm. 157, de 9 de julio).

Ley 8/2002, de 30 de octubre, por la que

se crea el Instituto Murciano de Investi-

gación y Desarrollo Agrario y Alimenta-

rio (IMIDA) (BORM núm. 272, de 23

de noviembre).

Ley 9/2002, de 11 de noviembre, de cre-

ación del Servicio Regional de Empleo y

Formación (BORM núm. 276, de 28

de noviembre).

Ley 10/2002, de 12 de noviembre, de

modificación de la Ley 7/1995, de 21 de

abril, de la fauna silvestre, caza y pesca

fluvial (BORM núm. 284, de 10 de di-

ciembre).

Ley 11/2002, de 26 de noviembre, de

suplemento de crédito por importe de

4.063.678 €, para financiar gastos de la

Secretaría General de la Presidencia y

del portavoz del Gobierno y de las con-

sejerías de Presidencia; de Economía y

Hacienda; de Obras Públicas, Vivienda

y Transportes; de Educación y Cultura, y

de Turismo y Ordenación del Territorio,

AUTONOMIES · 29

448

y de autorización de endeudamiento al

Servicio Murciano de Salud (BORM

núm. 276, de 28 de noviembre).

Ley 12/2002, de 3 de diciembre, de cre-

ación del Instituto de la Mujer de la Re-

gión de Murcia (BORM núm. 296, de

24 de diciembre).

Ley 13/2002, de 4 de diciembre, de cre-

ación del Instituto de la Juventud de la

Región de Murcia (BORM núm. 296,

de 24 de diciembre).

Ley 14/2002, de 23 de diciembre, de

presupuestos generales de la Comuni-

dad Autónoma de la Región de Murcia

para el ejercicio 2003 (BORM núm.

301, suplemento núm. 6, de 31 de di-

ciembre).

Ley 15/2002, de 23 de diciembre, de

medidas tributarias en materia de tribu-

tos cedidos y tasas regionales (2003)

(BORM núm. 301, suplemento núm.

6, de 31 de diciembre).

Navarra

Ley foral 1/2002, de 7 de marzo, de in-

fraestructuras agrícolas (BON núm. 33,

de 15 de marzo). Corrección de errores:

BON núm. 43, de 8 de abril.

Ley foral 2/2002, de 14 de marzo, por la

que se modifican determinados precep-

tos de la Ley foral 24/1996, de 30 de di-

ciembre, del impuesto sobre sociedades

(BON núm. 37, de 25 de marzo).

Ley foral 3/2002, de 14 de marzo, de

modificación parcial de diversos im-

puestos y otras medidas tributarias

(BON núm. 37, de 25 de marzo).

Ley foral 4/2002, de 21 de marzo, por la

que se regula el proceso de enajenación

del Área de Actividades Económicas o

de Oportunidad de Sarriguren para pro-

mover la «Ciudad de la Innovación» de

Navarra (BON núm. 42, de 5 de abril).

Ley foral 5/2002, de 21 de marzo, de

modificación de la Ley foral 10/1990,

de 23 de noviembre, de salud (BON

núm. 42, de 5 de abril).

Ley foral 6/2002, de 27 de marzo, de

modificación de la Ley foral 4/1998, de

6 de abril, de la Cámara Agraria de Na-

varra (BON núm. 43, de 8 de abril).

Corrección de errores: BON núm. 74,

de 19 de junio.

Ley foral 7/2002, de 27 de marzo, por la

que se regula la implantación del Grado

Superior de Música LOGSE y se crea el

Conservatorio Superior de Música de

Navarra «Pablo Sarasate» (BON núm.

43, de 8 de abril).

Ley foral 8/2002, de 3 de abril, de modi-

ficación de la Ley foral 10/2001, de 24

de mayo, de medidas relativas al perso-

nal al servicio de las administraciones

públicas de Navarra, y de la Ley foral

1/1987, de 13 de febrero, de cuerpos de

policía de Navarra, (BON núm. 44, de

10 de abril).

Ley foral 9/2002, de 6 de mayo, por la

que se establecen los módulos aplicables

a las actuaciones protegibles en materia

de vivienda en Navarra y se incremen-

tan las ayudas para su adquisición

(BON núm. 58, de 13 de mayo).

Ley foral 10/2002, de 6 de mayo, para la

ordenación de las estaciones base de te-

lecomunicación por ondas electromag-

néticas no guiadas en la Comunidad Fo-

ral de Navarra (BON núm. 58, de 13 de

mayo).

Ley foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre

los derechos del paciente a las volunta-

des anticipadas a la información y a la

ACTIVIDAD NORMATIVA... 449

documentación clínica (BON núm. 58,

de 13 de mayo).Corrección de errores:

BON núm. 69, de 7 de junio.

Ley foral 12/2002, de 31 de mayo, de me-

didas complementarias para la financia-

ción del Plan de empleo de Navarra 2002-

2004 (BON núm. 69, de 7 de junio).

Ley foral 13/2002, de 31 de mayo, de

creación del Colegio Oficial de Podólo-

gos de Navarra (BON núm. 69, de 7 de

junio).

Ley foral 14/2002, de 31 de mayo, de

creación del Colegio de Fisioterapeutas

de Navarra (BON núm. 69, de 7 de ju-

nio).

Ley foral 15/2002, de 31 de mayo, de

modificación de la Ley foral 6/1990,

de 2 de julio, de la Administración local de

Navarra (BON núm. 69, de 7 de junio).

Ley foral 16/2002, de 31 de mayo, por la

que se regulan aspectos de acceso al em-

pleo de las personas con discapacidad en

la Comunidad Foral de Navarra (BON

núm. 69, de 7 de junio).

Ley foral 17/2002, de 6 de junio, de mo-

dificación de la Ley foral 18/2001, de 5

de julio, por la que se regula la actividad

audiovisual en Navarra y se crea el Con-

sejo Audiovisual de Navarra (BON

núm. 72, de 14 de junio).

Ley foral 18/2002, de 13 de junio, de

modificación de la Ley foral 2/1993, de

5 de marzo, de protección y gestión de

la fauna silvestre y sus hábitats (BON

núm. 74, de 19 de junio).

Ley foral 19/2002, de 21 de junio, regu-

ladora de la educación de personas adul-

tas (BON núm. 78, de 28 de junio).

Ley foral 20/2002, de 2 de julio, de conce-

sión de un crédito extraordinario de

2.614.000 €para financiar las ayudas a

infraestructuras ganaderas en zonas de

montaña (BON núm. 84, de 12 de julio).

Ley foral 21/2002, de 2 de julio, por la

que se autoriza al Gobierno de Navarra

para elaborar y aprobar, mediante decre-

to foral legislativo, un texto refundido de

la Ley foral de cuerpos de policía de Na-

varra (BON núm. 84, de 12 de julio).

Ley foral 22/2002, de 2 de julio, para la

adopción de medidas integrales contra

la violencia sexista (BON núm. 84, de

12 de julio).

Ley foral 23/2002, de 2 de julio, sobre

ayudas extraordinarias a las pensiones

de viudedad (BON núm. 84, de 12 de

julio).

Ley foral 24/2002, de 2 de julio, por la

que se establece la cuantía y fórmula de

reparto del Fondo de participación de las

haciendas locales en los tributos de Na-

varra para los ejercicios presupuesta-

rios de 2002 a 2004 (BON núm. 84, de

12 de julio). Corrección de errores: BON

núm. 111, de 13 de septiembre.

Ley foral 25/2002, de 2 de julio, de mo-

dificación de la Ley 8/1987, de 21 de

abril, de creación de la Universidad Pú-

blica de Navarra, para la implantación

de estudios universitarios en Tudela

(BON núm. 84, de 12 de julio).

Ley foral 26/2002, de 2 de julio, de me-

didas para la mejora de las enseñanzas

no universitarias (BON núm. 84, de 12

de julio).

Ley foral 27/2002, de 28 de octubre, re-

guladora de consultas populares de ám-

bito local (BON núm. 134, de 6 de no-

viembre).

Ley foral 28/2002, de 28 de octubre, del

Plan de Estadística de Navarra 2003-2006

(BON núm. 134, de 6 de noviembre).

AUTONOMIES · 29

450

Ley foral 29/2002, de 19 de noviembre,

de concesión de cuatro créditos extraor-

dinarios, por un importe global de

3.960.000 €y de un suplemento de cré-

dito por un importe de 14.497.261 €,

para financiar las necesidades presupues-

tarias surgidas en los departamentos de

Economía y Hacienda, Educación y

Cultura, Salud y Bienestar Social, De-

porte y Juventud (BON núm. 141, de

22 de noviembre).

Ley foral 30/2002, de 19 de noviembre,

del Plan especial 2004 en materia de in-

fraestructuras locales (BON núm. 142,

de 25 de noviembre).

Ley foral 31/2002, de 19 de noviembre,

por la que se amplía el ámbito de aplica-

ción del sistema de carrera profesional a

otro personal sanitario del Departamen-

to de Salud y de sus organismos autóno-

mos (BON núm. 142, de 25 de no-

viembre).

Ley foral 32/2002, de 19 de noviembre,

por la que se regula el sistema bibliote-

cario de Navarra (BON núm. 142, de

25 de noviembre).

Ley foral 33/2002, de 28 de noviembre,

de fomento de la igualdad de oportuni-

dades entre mujeres y hombres (BON

núm. 150, de 13 de diciembre).

Ley foral 34/2002, de 10 de diciembre,

de acogimiento familiar de personas

mayores (BON núm. 150, de 13 de di-

ciembre).

Ley foral 35/2002, de 20 de diciembre,

de ordenación del territorio y urbanismo

(BON núm. 156, de 27 de diciembre).

País Valenciano

Ley 1/2002, de 26 de febrero, de modi-

ficación de la Ley 5/1983, de 30 de di-

ciembre, del Gobierno valenciano

(DOGV núm. 4205, de 7 de marzo).

Ley 2/2002, de 23 de abril, de creación

del Colegio Oficial de Censores Jurados

de Cuentas de la Comunidad Valencia-

na (DOGV núm. 4240, de 2 de mayo).

Ley 3/2002, de 13 de junio, del libro

(DOGV núm. 4274, de 19 de junio).

Ley 4/2002, de 18 de junio, por la cual

se modifica la Ley 3/1997, de 16 de ju-

nio, sobre drogodependencias y otros

trastornos adictivos (DOGV núm.

4279, de 26 de junio).

Ley 5/2002, de 19 de junio, de creación

del Consejo Valenciano de Universida-

des y de la Comisión Valenciana de

Acreditación y Evaluación de la Cali-

dad en el Sistema Universitario Valen-

ciano (DOGV núm. 4279, de 26 de ju-

nio).

Ley 6/2002, de 2 de agosto, de Estatuto

de los ex presidentes de la Generalidad

valenciana (DOGV núm. 4311, de 9 de

agosto).

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de pro-

tección contra la contaminación acústi-

ca (DOGV núm. 4394, de 9 de diciem-

bre).

Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de orde-

nación y modernización de las estructu-

ras agrarias de la Comunidad Valencia-

na (DOGV núm. 4396, de 11 de

diciembre).

Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de pro-

tección civil y gestión de emergencias de

la Generalidad valenciana (DOGV

núm. 4398, de 13 de diciembre).

Ley 10/2002, de 12 de diciembre, de

protección de la colombicultura y de la

paloma deportiva (DOGV núm. 4398,

de 13 de diciembre).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 451

Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de

medidas fiscales, de gestión administra-

tiva y financiera, y de organización de la

Generalidad valenciana (DOGV núm.

4409, de 31 de diciembre). Corrección

de errores: DOGV núm. 4447, de 25 de

febrero de 2003.

Ley 12/2002, de 27 de diciembre, de

presupuestos de la Generalidad valen-

ciana para el ejercicio 2003 (DOGV

núm. 4409, de 31 de diciembre). Co-

rrección de errores: DOGV núm. 4447,

de 25 de febrero de 2003.

País Vasco

Ley 1/2002, de 23 de enero, de presu-

puestos para 2002 (BOPV núm. 28, de

8 de febrero).

Ley 2/2002, de 21 de marzo, de medidas

presupuestarias (BOPV núm. 57, de 22

de marzo).

Ley 3/2002, de 27 de marzo, relativa al

reconocimiento y compensación a quie-

nes impartieron docencia en ikastolas

con anterioridad a su normalización ju-

rídica (BOPV núm. 67, de 10 de abril).

Ley 4/2002, de 27 de marzo, por la que

se aprueba el Plan vasco de estadística

2001/2004, y se modifica la Ley de es-

tadística de la Comunidad Autónoma

de Euskadi (BOPV núm. 70, de 15 de

abril).

Ley 5/2002, de 4 de octubre, de segun-

da modificación de la Ley reguladora

del Plan general de carreteras del País

Vasco (BOPV núm. 196, de 15 de oc-

tubre).

Ley 6/2002, de 4 de octubre, de meto-

dología de distribución de recursos y de-

terminación de las aportaciones de las

diputaciones forales a la financiación de

los presupuestos de la Comunidad Au-

tónoma del País Vasco aplicable al perí-

odo 2002-2006 (BOPV núm. 194, de

11 de octubre).

Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las

voluntades anticipadas en el ámbito de

la sanidad (BOPV núm. 248, de 30 de

diciembre).

Ley 8/2002, de 27 de diciembre, por la

que se aprueban los presupuestos gene-

rales de la Comunidad Autónoma de

Euskadi para el ejercicio 2003 (BOPV

núm. 249, de 31 de diciembre).

AUTONOMIES · 29

452

Cataluña

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Autor	Joan Vintró
Páginas	303-452