SAP Madrid 148/2009, 2 de Abril de 2009
| Ponente | EDUARDO VICTOR BERMUDEZ OCHOA |
| ECLI | ES:APM:2009:4229 |
| Número de Recurso | 97/2009 |
| Procedimiento | PENAL |
| Número de Resolución | 148/2009 |
| Fecha de Resolución | 2 de Abril de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 3ª |
Dª Mª JOSE MORENO SANCHEZ
SECRETARIA DE SALA
RECURSO APELACION: 97/09
JUICIO ORAL: 101/08
JUZGADO PENAL Nº 3 - MOSTOLES
SENTENCIA NUM: 148
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
ILTMOS. SRES. DE LA SECCION TERCERA
D. JUAN PELAYO GARCIA LLAMAS
Dª MARIA PILAR ABAD ARROYO
D. EDUARDO VICTOR BERMUDEZ OCHOA
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En Madrid, a 2 de abril de 2009.
VISTOS, por esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, en grado de apelación, el Juicio Oral nº 101/08 procedente del Juzgado Penal nº 3 de Móstoles y seguido por delito de quebrantamiento de condena contra Salvadora, siendo partes en esta alzada como apelante dicha acusada y como apelado el Ministerio Fiscal, y Ponente el Magistrado D. EDUARDO VICTOR BERMUDEZ OCHOA.
Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó Sentencia el día 10 de Diciembre de 2008, cuyo FALLO decretó: "Condeno a Salvadora, como autora de un delito de quebrantamiento de condena, a la pena de doce meses de multa, con cuota diaria de 4 euros, así como al pago de las costas procesales".
Notificada la referida sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Salvadora que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días al Ministerio Fiscal, que solicitó la desestimación del recurso.
Elevadas las actuaciones a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial el día 30 de marzo de 2009, se formó el Rollo de Sala nº 97/09 y dado el trámite legal, se señaló para la deliberación, votación y fallo en Sala el recurso el día 1 de abril siguiente.
Se aceptan de manera expresa los de la sentencia apelada.
Se aceptan los correlativos de la resolución del Juzgado de lo Penal objeto de recurso y
El contenido argumental del recurso se sustenta en la invocación de las sentencias dictadas por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valladolid 31/08 de 22 de enero, 28/07 de 29 de enero, 377/06 de 31 de octubre, 363/06 de 20 de octubre, 332/06 de 27 de septiembre, 372/05 de 27 de octubre, que vienen a reiterar una línea interpretativa seguida uniformemente por dicha Sección. Así, cabe citar, además de las mencionadas en el recurso de apelación, las resoluciones 244/07 de 4 de septiembre, 27/078 de 26 de enero, 427/04 de 28 de diciembre, 544/03 de 1 de diciembre, 533/03 de 25 de noviembre y 218/03 de 12 de abril, procedentes todas de la expresada Sección 4ª. La recurrente invoca además la sentencia 137/06 de 9 de febrero de la Sección 23 de esta Audiencia Provincial de Madrid, y cabe añadir en el mismo sentido incluso la dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza 427/ de 28 de diciembre.
Tales resoluciones entienden que en los supuestos de quebrantamiento de condena de una medida aplicada a un menor de edad, cuando se produce después de haber alcanzado la mayoría, no es de aplicación el mandato del artículo 50.3 de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, que al regular el quebrantamiento de la ejecución por los menores, dispone que «El Juez de Menores remitirá testimonio de los particulares relativos al quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal, por si el hecho fuese constitutivo de algunas de las infracciones a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley Orgánica y merecedora de reproche sancionador».
Se argumenta para sustentar tal hipótesis que el artículo 15 (en realidad 14.1) de la citada Ley, al expresar que: «cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en esta Ley, alcanzase la mayoría de edad, continuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso conforme a los criterios expresados en los artículos anteriores», da lugar a una rehabilitación de la minoría de edad, de forma que a fin de conseguir la eficacia de la medida impuesta, se le sigue considerando a todos los efectos como menor, y ello teniendo presente que una medida de libertad vigilada conlleva necesariamente la existencia de un programa educativo, según se desprende de la Exposición de Motivos de la ley citada.
Por otro lado, teniendo en cuenta que esta medida se introduce en el ordenamiento jurídico con posterioridad a la entrada en vigor del Código Penal, y que aunque se la denomina «medida» no comparte la naturaleza de las recogidas en el artículo 468 de dicho código, al tener una finalidad distinta a aquéllas, como es la educativa, se concluye que el supuesto concreto no es resuelto por el artículo 50.3 de la LRPM. En consecuencia, ante la falta de una remisión expresa al Código Penal, cualquier conducta de una persona que comete actos que contravienen el cumplimiento de una medida que se le impuso como menor y que está en ejecución, no debe extrapolarse del ámbito propio de la jurisdicción de menores, por lo que la aplicación del artículo 468 del Código Penal supondría una interpretación extensiva en contra del acusado, que está proscrita por nuestro ordenamiento penal.
En un sentido opuesto al...
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