STS, 1 de Abril de 2009

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se ha seguido el recurso nº 192/2000, promovido por D. Ricardo, Astilleros Neumáticos Duarry, S.A., Bergens, S.L., D. Saturnino Dª Bárbara, D. Urbano y D. Jose Ramón, D. Carlos Jesús, D. Luis Carlos, D. Juan María, Inmobiliaria Gimeno Esteva, Dª Eufrasia, D. Alejo, Dª Gregoria, Dª Josefa, Dª Pilar, D. Eduardo, D. Estanislao y D. Fabio, representados por el Procurador D.Antonio María de Anzizu Furest, bajo la dirección de Letrado, y en el que han sido partes demandadas la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la Autoridad Portuaria de Barcelona, la Entidad Clariant Ibérica, S.A. el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y la Sociedad General de Aguas de Barcelona, sobre aprobación definitiva del Plan Especial de Ampliación del Puerto de Barcelona, zona de actividades logísticas (ZAL) de El Prat de Llobregat.

Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 10 de junio de 2004, en la que aparece el fallo del siguiente tenor literal: "FALLO. PRIMERO.- Que procede estimar parcialmente el presente recurso contencioso-administrativo, declarando la nulidad parcial del Plan Especial en los extremos relativos a la previsión de enclaves y edificabilidad zonal, tal y como queda expuesto en los respectivos fundamentos de derecho, y en relación a la DA 1ª del Plan Especial tal y como ha quedado aprobada en relación al término municipal de Barcelona en el extremo relativo a la referencia temporal de cuatro años que habrá de ser suprimida. SEGUNDO.- No efectuar atribución de costas."

Contra dicha sentencia se preparó recurso de casación por las partes relacionadas en el Antecedente Primero y elevados los autos y el expediente administrativo a este Tribunal, por los recurrentes se interpuso el mismo, y una vez admitido por la Sala, se sustanció el mismo por sus trámites legales.

Acordado señalar día para la votación y fallo, fue fijado a tal fin el día 3 de marzo de 2009, continuándose la deliberación hasta el día 17 del mismo mes y año, si bien al declinar la Ponente Excma. Sra. Dª Pilar Teso Gamella la redacción de la resolución por no estar conforme con el voto de la mayoría, el Presidente de la Sección se encargó de la redacción de la sentencia.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MARIANO DE ORO-PULIDO Y LÓPEZ, Magistrado de la Sala

Se impugna en este recurso de casación nº 9053/04 la sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, dictó en fecha 10 de junio de 2004, en su recurso nº 192/00, por medio de la cual se estimó parcialmente el formulado por los recurrentes en la instancia, contra el Acuerdo del Consell Municipal del Ayuntamiento de Barcelona de 28 de enero de 2000, por el que se aprueba definitivamente, en el ámbito del término municipal de Barcelona, el Plan Especial de Ampliación del Puerto de Barcelona, zona de actividades logísticas -ZAL-, promovido por la Autoridad Portuaria de Barcelona, y contra el acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona de 21 de marzo de 2001, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Ampliación del Puerto de Barcelona, zona de actividades logísticas -ZAL- del Prat de Llobregat. La citada sentencia estimó parcialmente el citado recurso contencioso- administrativo, "declarando la nulidad parcial del Plan Especial en los extremos relativos a la previsión de enclaves y edificabilidad zonal, tal y como queda expuesto en los respectivos fundamentos de derecho, y en relación a la D.A. 1ª del Plan Especial tal y como ha quedado aprobada en relación al termino municipal de Barcelona en el extremo relativo a la referencia temporal de cuatro años, que habrá de ser suprimida".

La sentencia recurrida, en lo que ahora importa, después de (1) analizar los artículos 15.6 y 18 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y la Marina Mercante, y de rechazar que los mismos permitan establecer enclaves "que supongan sustraer determinados territorios, dentro de otros a sus características del sistema general portuario", (2) examina la Disposición Transitoria Cuarta. Seis de dicha Ley que, como excepción, permite el mantenimiento, con determinadas condiciones, de las actividades industriales, comerciales o de servicio al público existentes en el ámbito de un puerto, y llega a la misma conclusión de que tampoco dicha disposición "puede justificar por si sola la existencia de cinco enclaves dentro de la zona ZAL cuando se afirma, y ello no ha sido negado, que se ha permitido a determinadas empresas la continuidad y a otros no, siendo así que provenían todas ellas del antiguo polígono industrial Pratenc. Adoptada, pues, la decisión de no hacer uso de la citada Disposición transitoria no cabe un uso discriminando sólo a determinados enclaves". Entiende, en definitiva, la Sala de instancia que el Plan litigioso "debe cumplir la normativa prevista en la Ley y no puede regular unos enclaves cuya previsión no encuentra en la Ley de Puertos acomodo legal", tras de lo cual precisa que "no se pronuncia, no puede, sobre el citado Plan de Utilización de los Espacios Portuarios que ni es objeto del presente recurso, ni tendría, de haberlo sido, competencia objetiva para ello".

Contra la referida sentencia ha interpuesto recurso de casación la Autoridad Portuaria de Barcelona, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y las entidades mercantiles Clariant Ibérica, S.A. y Seur, titulares, éstas dos últimas, de actividades situadas en dos de los cinco enclaves litigiosos. En estos recursos se plantean, por Clariant Ibérica, S.A, y la Autoridad Portuaria de Barcelona, dos motivos al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, uno, por incongruencia, y otro, por falta de motivación, que innecesario será señalar, deben ser examinados en primer lugar por imperativo de lógica procesal.

La entidad mercantil Clariant Ibérica alega incongruencia por exceso por entender que los recurrentes en la instancia tan sólo postulaban la improcedencia de la expropiación en el ámbito de la Zona de Actividades Logísticas -ZAL- de sus fincas, ubicadas en el Municipio de El Prat de Llobregat, dado que el tipo de actividades a que se dedicaban podrían desarrollarse en dicha Zona, de acuerdo con las propias previsiones del Plan Especial de ampliación del Puerto de Barcelona para los enclaves, y sin embargo, la sentencia recurrida, al anular el plan Especial en los extremos relativos a la previsión de enclaves, no sólo mantiene la expropiación para las fincas de los recurrentes en la ZAL del Prat de Llobregat, cuya exclusión -dice- solicitaban en la demanda, sino que amplia la expropiación a los enclaves, incluido el de la entidad ahora recurrente en casación.

Si bien el vicio de incongruencia, en cuanto supone un desajuste entre el fallo y lo interesado por las partes, puede determinar una vulneración del principio de contradicción, por conceder mas, menos o cosa distinta de lo interesado, en el presente caso no existe la incongruencia por exceso denunciada, ya que la sentencia recurrida no desborda el ámbito natural del presente recurso contencioso-administrativo. En efecto, en el suplico de la demanda se solicitaba la nulidad del Plan Especial de Ampliación del Puerto de Barcelona "en quant a tots i cadascun dels aspectes tractats en la fenamentació jurídica d´aquests demanda", entre los que figuraban, en lo que ahora importa, el trato discriminatorio otorgado a unos terrenos -los enclaves- con relación al resto de los comprendidos en el ámbito territorial de dicho Plan Especial, y es éste y no otro, que ahora extensivamente pretende atribuirle el recurrente, el alcance del fallo de la sentencia impugnada, en cuanto declara la nulidad del citado Plan Especial en el extremo, que ahora interesa, relativo "a la previsión de enclaves".

No mejor suerte debe correr el segundo motivo formal, deducido ésta vez por la Autoridad Portuaria de Barcelona, relativo a la falta de motivación de la sentencia, con cita de los artículos 120.3 de la Constitución y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder judicial. En este sentido señala que el derecho a la motivación de las sentencias exige que el tribunal sentenciador exprese en la argumentación de la sentencia aquellas razones de orden fáctico y jurídico que fundamentan su decisión y que "se extienden a la valoración de la prueba". En realidad, a lo que el motivo va encaminado es a combatir las premisas de las que parte la sentencia recurrida para sostener las conclusiones que establece, pero es mas que dudoso que un razonamiento que, en esencia, implica una imputación de error en la valoración de la prueba pueda tener su encaje en el apartado c) del artículo 88, que, recordemos, ha sido el utilizado por el recurrente, y no, como parece mas adecuado, en el apartado d) de ese mismo precepto legal, por cuanto mas que un reproche sobre el modo de proceder o sobre las garantías procesales, aparece referida la alegación al desconocimiento de las reglas sustantivas sobre la valoración de la prueba, lo que nada tiene que ver con la falta de motivación de la sentencia. En todo caso, interesa recordar que la Sala de instancia llega a la conclusión, ya señalada en el fundamento segundo de esta nuestra resolución, "de que se ha permitido a determinadas empresas la continuidad y a otras no, siendo así que provenían todas ellas del antiguo polígono industrial Pratenc", a la vista de las alegaciones de la parte actora y tras precisar que "ello no ha sido negado", y tal conclusión está plenamente justificada desde el momento que dicha afirmación no ha sido cuestionada por el resto de las partes a lo largo del proceso, y desde luego mucho menos por la ahora recurrente en casación que ni siquiera formuló contestación a la demanda. Otro tanto habrá que decir en relación con la otra afirmación cuestionada de que "las industrias a que se refiere el Plan Especial no encuentran acomodo en la Ley de Puertos" pues tal conclusión la obtiene la sentencia recurrida después del examen pormenorizado de los artículos 15.6, 18 y disposición transitoria cuarta. seis de la ya citada Ley de Puertos.

La entidad Clariant Ibérica S.A., propietaria de uno de los cinco enclaves litigiosos, invoca como motivo de casación amparado en el apartado d) del artículo 88.1 de la L.J., la infracción de los números 1 y 2 del artículo 15 de la Ley de Puertos de 1992, por entender que el Plan Especial de Ampliación del Puerto de Barcelona se ha limitado a respetar la delimitación de la zona de servicio portuario diseñado por el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios -PUEP-, sin embargo tal argumentación no puede ser aceptada desde el momento en que la nulidad decretada por la sentencia recurrida no se produce porque dicho Plan Especial no sea conforme con el PUEP sino por su disconformidad con la Ley de Puertos, en cuanto establece para unos determinados terrenos -los enclaves- un régimen especial que no se adecua al citado precepto así como tampoco al 18 ni a la Disposición Transitoria Cuarta. Seis. de la misma. Su justificación, como señala la sentencia recurrida no encuentra acomodo en las previsiones contenidas en el art. 15.6 de la citada Ley, y sí, tan sólo, en puras razones económicas, al margen de su verdadera necesidad.

Asimismo se aduce por el recurrente la inaplicación al caso controvertido del artículo 15.6 así como que los enclaves cuestionados "tienen su acomodo en la decisión técnica y no discutida, de excluirlas de la superficie de tierra de la zona de servicio del puerto de Barcelona, mediante la Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1999 y Orden Ministerial de 15 de marzo de 2001, por no ser necesarias para el servicio portuario". Interesa señalar que tal planteamiento implica, de una parte, hacer supuesto de la cuestión y, de otra, olvidar que la nulidad de los referidos enclaves decretada por la sentencia no se produce por que se cuestione o se ponga en duda su determinación técnica sino -repetimos- por su disconformidad con la Ley de Puertos.

El recurso de casación interpuesto por la Autoridad Portuaria de Barcelona limita su objeto a la declaración de nulidad de la disposición transitoria del Plan Especial en cuanto contiene una especifica regulación temporal de las industrias surgidas con anterioridad al año 1976, fecha de aprobación del Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de Barcelona.

Interesa, ante todo, señalar que el recurrente parte de la base -como no tiene por menos que reconocer- de que si bien el artículo 15 de la Ley de Puertos "no contempla...la posibilidad de superficies situadas dentro del perímetro de una zona de servicio de un puesto de interés general que no forma parte de la misma" tampoco lo "prohibe".

No resulta necesario resaltar lo artificial de dicha argumentación en cuanto permitiría el mantenimiento a perpetuidad o por duración superior a la tolerada de actividades o industrias que no se corresponden con el servicio portuario, que son precisamente las situaciones que quiere evitar las disposiciones transitorias de la Ley de Puertos. Y es cabalmente dicha incompatibilidad la que ha pretendido eludir la disposición transitoria del Plan Especial, y por ello ha sido anulada por la sentencia hora impugnada, en cuanto permitía no sólo el mantenimiento indefinido - "... hasta que no cese su actividad industrial..." - de las actividades existentes, sino, incluso, la posibilidad de "... modificar, ampliar y adaptar sus instalaciones a las innovaciones tecnológicas, de acuerdo, con las necesidades de los procesos productivos". Y aún en el supuesto de cese de las actividades preexistentes, la citada disposición transitoria admitía la implantación de nuevas actividades de carácter logístico con mantenimiento de la titularidad privada, y tan sólo si "transcurren cuatro años desde el cese de la actividad inicial sin inicio de una actividad logística alternativa, quedará legitimada la aplicación del sistema de expropiación del enclave en cuestión", sistema que, sin embargo, se aplica sin ningún condicionamiento, desde la entrada en vigor del Plan Especial, a los demás propietarios de terrenos incluidos en la zona del puerto.

En cuanto al resto de las infracciones denunciadas en el motivo de casación, dada su identidad con las aducidas por la entidad Clariant Ibérica S.A., se dá por reproducido el fundamento de derecho quinto de esta resolución, sin otra precisión que no sea la de resaltar que la posibilidad contenida en el artículo 49 de la Ley de Puertos de que el Ministerio de Fomento desafecte bienes que resulten innecesarios para el cumplimiento de fines portuarios, en nada se opone a la fundamentación de la sentencia recurrida; sin olvidar, por otra parte, que en ningún momento se ha cuestionado la necesidad de los terrenos en cuestión.

El recurso de casación de la entidad SEUR, S.A., no obstante su extensión, debida, sin duda, a no haber sido parte en el proceso de instancia, lo que le ha llevado a hacer un mayor esfuerzo expositivo, reproduce, en esencia, los motivos ya examinados, en cuanto se basan en los artículos 15.6 y disposición transitoria cuarta, seis, de la Ley de Puertos, por lo que damos también aquí por reproducida la fundamentación anterior. La única particularidad estriba en la invocación del artículo 149.1.20 de la C.E. en relación con las competencias atribuidas al Estado en cuanto a la regulación de los puertos de interés general, alegación que nada añade a lo hasta ahora dicho, toda vez que el propio recurrente, en su exposición, reconoce que "no existe discusión alguna en cuanto a las competencias que corresponden a cada una de las Administraciones implicadas (Central y Autonómica)". En efecto, sabido es que sobre los puertos de interés general ostenta el Estado competencia exclusiva (art. 149.1.20ª de la Constitución) mientras que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre los puertos de refugio, los deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales (art. 148.1.6ª ), así como sobre la ordenación del territorio y el urbanismo (148.1.3ª), pero sin olvidar que cuando en un caso concreto concurran en el espacio físico de un puerto de interés general competencias del Estado en materia portuaria y de la Comunidad Autónoma en materia urbanística, el ejercicio de ésta no puede interferir ni perturbar el ejercicio de aquella -STC 77/1984 -. Precisamente con esta finalidad integradora de las competencias de las distintas Administraciones se aprobó la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, a cuyo fin su art. 18 dispone que para articular la necesaria coordinación entre las administraciones con competencia concurrente en el espacio portuario, los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales como sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria.

Todo lo dicho hasta ahora sirve también para dar respuesta al recurso de casación formulado por el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, al menos en lo que se refiere a la vulneración de los artículos 15, 18 y 49 de la Ley de Puertos, al ser cuestiones ya analizadas.

Cuestión nueva, en cambio, es la que se refiere a la vulneración del artículo 36 en relación con el 18 de la tan citada Ley de Puertos de 1992. La sentencia ahora recurrida anula el Plan Especial de Ampliación del Puerto de Barcelona no sólo en el particular extremo de los enclaves, al que ya nos hemos referido, sino también en el relativo a la edificabilidad zonal bruta de dicho Plan en cuanto permite que pueda fijarse una inferior a la prevista en el Plan General Metropolitano de Barcelona. Insiste el Ayuntamiento recurrente en que la edificabilidad del sistema portuario establecido en dicho Plan General Metropolitano es un índice urbanístico de máximos, y que por tanto nada se opone a la reducción de dicha edificabilidad en el Plan Especial. Pero lo cierto es que, ni se ha acreditado que la edificabilidad prevista en aquél Plan no resulta adecuada para la gestión portuaria ni mucho menos que tal posibilidad se derive, sin ninguna otra consideración, de la mera aprobación de un Plan Especial.

Al declararse no haber lugar al recurso de casación procede condenar a las partes recurrentes en las costas -artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional -. A la vista de las actuaciones procesales, esta condena sólo alcanza, por lo que se refiere a la minuta del Letrado de la parte recurrida a la cantidad máxima de 4.000 euros, a abonar por aquellas por partes iguales.