ATS 1587/2015, 10 de Diciembre de 2015
| Ponente | MANUEL MARCHENA GOMEZ |
| ECLI | ES:TS:2015:10721A |
| Número de Recurso | 1043/2015 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 1587/2015 |
| Fecha de Resolución | 10 de Diciembre de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diez de Diciembre de dos mil quince.
Por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Granada, se dictó sentencia con fecha 15 de abril de 2015, en el Rollo de Sala 124/2013 , tramitados por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Granada, como Sumario Ordinario 16/2013, en la que se absolvía a Carlos Daniel del delito de agresión sexual del que había sido acusado.
Contra dicha sentencia se presentó recurso de casación por la Procuradora Dña María Teresa Vidal Bodí, actuando en representación de la acusación particular ejercida por M.A.R.J. articulado en cinco motivos: dos por infracción de precepto constitucional, infracción de ley, error en la apreciación de la prueba y quebrantamiento de forma.
Remitidas las actuaciones para informe del Ministerio Fiscal, éste interesó la inadmisión del mismo, al igual que el acusado absuelto a través del escrito interpuesto por la Procuradora Dña. María Begoña Cendoya Argüello.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena Gomez.
ÚNICO.- En el primer y segundo motivo del recurso, se invoca infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 de la LOPJ . En el tercer motivo del recurso, se invoca infracción de ley, al amparo del art. 849.1 de la LECRIM por indebida inaplicación de los arts. 179 y 180 del CP . En el cuarto motivo del recurso, se invoca error en la apreciación de la prueba, al amparo del art. 849.2 de la LECRIM . En el quinto motivo del recurso, se invoca quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1 de la LECRIM .
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Pese a que la parte recurrente alega cinco motivos de contenido dispar, en el desarrollo del recurso realiza un análisis de su declaración y de la prueba pericial, para llegar a la conclusión de que su declaración es totalmente verosímil y está corroborada por otras pruebas. Por tanto, lo que realmente alega es la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que considera que el testimonio de la víctima no ha sido valorado teniendo en cuenta los criterios doctrinales y jurisprudenciales para otorgarle el valor de prueba de cargo.
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Como señala una reiterada doctrina de esta Sala -STS 120/2009 de 9 de Febrero , por todas- y del Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva extiende su ámbito de protección a todas las partes en el proceso. Sin embargo, cuando lo que se pretende es la revocación de un pronunciamiento absolutorio, esgrimir el derecho a la presunción de inocencia supone una verdadera alteración funcional de su genuina dimensión constitucional. Dicho en palabras de la STS 1257/2000, 14 de julio , ratificadas por la STS 372/2002, 28 de febrero , darle la vuelta al principio de presunción de inocencia e invocarlo como un derecho fundamental de carácter abstracto e impersonal, que se esgrime ante resoluciones absolutorias o simplemente desfavorables a las pretensiones de la acusación, rompe los esquemas del modelo constitucional y pretende extender, más allá de su ámbito estricto, un derecho fundamental que sólo puede tener virtualidad concebido desde la perspectiva procesal de la persona individual y física a la que se le imputa la comisión de un hecho delictivo.
No existe pues una especie de "derecho a la presunción de inocencia invertido", de titularidad del acusador, que exija la constatación de una conducta delictiva cuando la misma sea la consecuencia más razonable de las pruebas practicadas, o que demande la nulidad del relato fáctico de signo absolutorio porque el mismo sea consecuente a una valoración judicial carente de inmediación.
Por otro lado, no podemos dejar de destacar que según una doctrina ya muy consolidada del Tribunal Constitucional - STC 120/2009 y 118/2009 de 18 de Mayo, con citación de otras muchas- en línea con la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos , a la vista del artículo 14.5 del PIDCP , en relación con el artículo 6.1 del CEDH , afirmada la racionalidad en la valoración de las pruebas practicadas por el Tribunal de Instancia, así como su suficiente motivación, y salvo que se planteasen cuestión de índole estrictamente jurídica, no podría este Tribunal dictar una sentencia condenatoria basada en una nueva valoración de las pruebas personales practicadas en primera instancia, como no podría valorar de nuevo las periciales practicadas, sin haber oído a los peritos, si sus declaraciones también, por la naturaleza de los hechos, fueran esenciales para completar y explicar las conclusiones alcanzadas en los informes escritos.
Sólo pues en los supuestos que se plantearan cuestiones de carácter estrictamente jurídico, como hemos dicho, que la valoración de la prueba practicada pudiera calificarse como absolutamente irracional, o bien pudiera valorarse exclusivamente la documental practicada en autos, podrían revocarse en esta instancia un pronunciamiento absolutorio, para proceder a dictar uno condenatorio.
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La aplicación de la doctrina expuesta al supuesto de autos conduce a la inadmisión de las alegaciones de la parte recurrente.
El Tribunal de instancia en el supuesto de autos ha valorado la totalidad de la prueba practicada y ha concluido que el testimonio de la víctima en relación con los hechos denunciados no ofrece la credibilidad suficiente como para considerarlo prueba de cargo.
Pese a que la recurrente formula una denuncia por una agresión sexual cometida por su abuelo, la declaración de ésta no cumple los requisitos jurisprudenciales para constituir prueba de cargo. No existen elementos objetivos suficientes que corroboren la declaración de la víctima, ni se ofrece por ésta una declaración persistente de lo sucedido, incurriendo en claras y constantes contradicciones relativas al lugar y el momento de los hechos que cuestionan la veracidad de su testimonio.
Queda acreditado que en esa época la denunciante fue tratada por una crisis de ansiedad, pero no que fuera a causa de la supuesta violencia sexual que denuncia. Con este único dato la Sala de instancia no considera probada la agresión sexual, ya que el testimonio es insuficiente y contradictorio.
Por tanto, no es que el Tribunal de instancia no haya valorado la prueba de la declaración de la víctima y las periciales a que se refiere la recurrente, sino que los ha valorado en un sentido distinto, surgiéndole dudas acerca de los hechos denunciados y la existencia de los contactos sexuales forzados entre el acusado y ella, que le han llevado a una conclusión absolutoria. Por ello y en virtud del principio "in dubio pro reo", la Sala de instancia opta por un pronunciamiento absolutorio.
En definitiva, ha de confirmarse el pronunciamiento absolutorio del Tribunal de Instancia porque, no siendo irracional, conforme a lo expuesto, la valoración de la prueba que ha hecho el Tribunal de Instancia, planteándose cuestiones claramente de índole fáctica, y dada la naturaleza de los hechos objeto de enjuiciamiento, difícilmente podría dictarse una sentencia condenatoria sin haber oído directamente al procesado, a la denunciante y a los demás testigos.
Han de inadmitirse pues los motivos alegados de conformidad con el artículo 885.1 de la LECRIM .
En su consecuencia se ha de dictar la siguiente:
LA SALA ACUERDA:
NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por la parte recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Se declara la pérdida del depósito de la recurrente, acusación particular, si lo hubiere constituido.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
