STSJ Cantabria , 22 de Noviembre de 2002
| Ponente | CESAR TOLOSA TRIVIÑO |
| Número de Recurso | 1131/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Noviembre de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA
Iltmo. Sr. Presidente
Don César Tolosa Tribiño
Iltmos. Sres. Magistrados
Doña María Teresa Marijuán Arias
Don José Luis Domínguez Garrido
En la Ciudad de Santander, a 22 de noviembre de 2002. La Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 1131/01, interpuesto por ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES DE CANTABRIA (ARCA.) representada por la Procurador Doña Belén de la Lastra Olano y defendida por la Letrado Doña Rocío San Juan Alonso, contra el AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA, representado por la Procurador Doña Ana Escudero Alonso y defendido por el Letrado Don Miguel García de Enterría Palacios; actuando como parte codemandada la ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE COMPENSACION DEL POLIGONO DE SANTA MARINA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA, representada por el Procurador Don Dionisio Mantilla Rodríguez y defendida por el Letrado Don Raúl Bocanegra Sierra y el MAYORAZGO DE SANTA MARINA, SA., representado por el Procurador Don Dionisio Mantilla Rodríguez y defendida por el Letrado Don Julián Ignacio Cañas Labairu. La cuantía del recurso es de 3.606.072,63 €. Es Ponente el Iltmo. Sr. Don César Tolosa Tribiño, quien expresa el parecer de la Sala.
El recurso se interpuso el día 23 de noviembre de 2001, contra la resolución de la Alcaldía de San Vicente de la Barquera, de fecha 6 de septiembre de 2001, por la que se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización promovido por la Junta de Compensación de Santa Marina, con el deber de la promotora de costear y ejecutar las obras, incluidas las de conexión a los sistemas generales.
En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que se declare la nulidad de las resoluciones combatidas, por ser contrarias al ordenamiento jurídico.
En sus escritos de contestación a la demanda, tanto la Administración demandada como la parte codemandada, solicitan de la Sala la desestimación del recurso, por ser conformes a Derecho los actos administrativos que se impugnan.
Recibido el proceso a prueba, se practicaron las que obran en autos, se señala fecha paravotación y fallo el día 21 de noviembre de 2002, en que efectivamente se deliberó, votó y falló.
Es objeto del presente recurso la resolución de la Alcaldía de San Vicente de la Barquera, de fecha 6 de septiembre de 2001, por la que se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización promovido por la Junta de Compensación de Santa Marina, con el deber de la promotora de costear y ejecutar las obras, incluidas las de conexión a los sistemas generales.
SEGUNDO: Como afirmó esta Sala en su sentencia de 23 de mayo de 1997, recaída en el recurso n° 808/1996 :
" TERCERO: No pueden sin embargo dejarse de lado los argumentos esgrimidos por todas las partes codemandadas que entienden que no existe dicho vacío normativo, dicha ruptura en el escalón de la jerarquía del planeamiento urbanístico, toda vez que la sentencia dictada por esta Sala no es aún firme, puesto que se encuentra pendiente de la resolución del recurso de casación interpuesto en su momento ante el Tribunal Supremo, de tal forma que el acto administrativo que en su día fue adoptado continúa siendo ejecutivo y desplegando la totalidad de sus efectos, entre los que se encuentra la posibilidad de adoptar acuerdos en su desarrollo y ejecución, como la concesión de licencias a su amparo. El problema planteado no es otro que la fuerza vinculante y los efectos que potencialmente puede desplegar una sentencia dictada por esta Sala que todavía no es firme y, en consecuencia, aún no ha destruído definitivamente la presunción de legalidad que acompaña a todo acto administrativo lo que, en principio, permitiría la adopción de acuerdos en desarrollo del instrumento de planeamiento que esta Sala declaró no conforme a Derecho.
Nos encontramos ante una cuestión que suscita indudablemente controversias y dudas desde el punto de vista doctrinal y que no ha sido abordada de forma definitiva jurisprudencialmente, siendo por lo tanto un tema abierto, en que válidamente pueden sostenerse opiniones divergentes, si bien esta Sala entiende que no deben centrarse desde esta perspectiva los términos del debate ante ella planteado, sino que, antes al contrario, resulta preciso dilucidar con claridad cuál es en realidad la pretensión deducida por la parte recurrente y la repercusión y trascendencia que sobre la misma despliega la sentencia dictada por la Sala.
No cabe duda de que en el procedimiento 741/93 se ejercitó un recurso directo contra la modificación singular del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, que contemplaba la transformación del suelo industrial de los terrenos propiedad de la empresa "Nueva Montaña Quijano, SA." en suelo urbano, con las posibilidades edificatorias consiguientes, ahora materializadas a través de sucesivos instrumentos de ejecución del planeamiento, procedimiento que culminó con una sentencia estimatoria y en el que la Sala, con plenitud de conocimiento, abordó todos los problemas suscitados por dicha modificación de la normativa urbanística. El actual proceso aborda idéntico problema pero desde una perspectiva distinta: se cuestiona la legalidad de un acuerdo de concesión de licencia adoptado y permitido por la previa existencia de la modificación anulada, de tal forma que si en aquel se planteó directamente la adecuación a Derecho de la modificación del Plan, en éste se está discutiendo sobre la legalidad de un acto de aplicación y ejecución del mismo, de un acto administrativo en definitiva. Ello nos lleva necesariamente a la conclusión de que en el presente recurso se está ejercitando, ni más ni menos, que un recurso indirecto contra un Reglamento, pues dicha naturaleza es la que doctrinalmente se atribuye a los Planes Generales de ordenación Urbana, ya que lo que se cuestiona, como anteriormente se ha indicado, es la legalidad de un acto de aplicación del planeamiento, esto es, de un acto singular de ejecución y concreción de una norma situada en un escalón superior de la jerarquía normativa.
Abordar la cuestión desde este planteamiento básico entraña consideraciones sustancialmente distintas en torno a la eficacia y vinculación que para esta Sala despliega la Sentencia tantas veces aludida recaída en el procedimiento anterior, puesto que ya no se trata de determinar si la decisión antecedente de la Sala destruye la presunción de legalidad del Plan cuestionado en aquel cuando todavía no es firme y si impide desplegar todos sus efectos a dicha modificación de la normativa urbanística, sino que, antes bien, lo que se trata es de que la Sala mantenga la coherencia y congruencia con los planteamientos contenidos en su anterior pronunciamiento, toda vez que si en aquel proceso se ejercitaba un recurso directo contra el Plan, en el presente no cabe duda alguna de que lo que se está pretendiendo por la parte recurrente, con independencia del mayor o menor acierto en la exposición de sus pretensiones es, como se ha dicho, impugnar de nuevo la modificación parcial del Plan General mediante la interposición de un recurso que se dirige directamente contra un acto de ejecución y desarrollo del mismo.
Centrado así el ámbito decisorio de la resolución de esta Sala, no deja de resultar conveniente efectuar una serie de breves consideraciones acerca de la eficacia de una sentencia no firme por estar pendiente de recurso, sobre el acto administrativo declarado nulo por aquélla y la eficacia y ejecutividad de dicho acto durante la tramitación del recurso interpuesto o, dicho de otra forma, la incidencia de la sentencia recurrida sobre los actos posteriores que encuentran su fundamento en el acto declarado precedentemente nulo.
La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1994, se ocupa de estudiar un supuesto similar al que ahora nos estamos planteando, sentando la doctrina, conforme al auto del propio Tribunal de 11 de enero de 1993, según la cual:
la sentencia impugnada en casación no es sentencia firme y sólo respecto de éstas se halla prevista la ejecución definitiva y automática, según resulta del art. 117.3 de la Constitución, artículos 919 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 104 de la Ley de esta Jurisdicción". Esta sentencia, que parece avalar la tesis mantenida por los demandados, remite la cuestión, tanto por su contenido como por su invocación al auto citado, a la problemática referente a la ejecución provisional de las sentencias".
El texto del art. 98.2 de la LJCA., según la redacción conferida por Ley 10/92, de 30 de abril, establece que "la preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución de la resolución recurrida". Las normas aplicables a esta solicitud son las contenidas en los arts. 1722 y 1723 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 385 de la propia Ley, en que se subordina la ejecución provisional a determinadas condiciones: a) la solicitud...
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