STSJ Castilla y León 544/2015, 16 de Julio de 2015
| Ponente | MARIA JOSE RENEDO JUAREZ |
| ECLI | ES:TSJCL:2015:3432 |
| Número de Recurso | 518/2014 |
| Procedimiento | RECURSO SUPLICACION |
| Número de Resolución | 544/2015 |
| Fecha de Resolución | 16 de Julio de 2015 |
| Emisor | Sala de lo Social |
T.S.J.CASTILLA-LEON SALA SOCIAL 1
BURGOS
SENTENCIA: 00544/2015
RECURSO DE SUPLICACION Num.: 518/2014
Ponente Ilma. Sra. Dª. María José Renedo Juárez
Secretaría de Sala: Sra. Carrero Rodríguez
SALA DE LO SOCIAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN.- BURGOS
SENTENCIA Nº: 544/2015
Señores:
Ilma. Sra. Dª. María José Renedo Juárez
Presidenta
Ilmo. Sr. D. Santiago Ezequiel Marqués Ferrero
Magistrado
Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Greciano
Magistrado
En la ciudad de Burgos, a dieciséis de Julio de dos mil quince.
En el recurso de Suplicación número 518/2014, interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Burgos, en autos número 12/2014, seguidos a instancia de DON Aurelio, DON Fausto, DON Teodulfo, DON Adolfo, DON Efrain, DON Julio, DON Sebastián, DON Pedro Enrique, DOÑA María Purificación, DON Domingo
, DOÑA Felisa Y DON Justo contra, el recurrente, en reclamación sobre Prestaciones. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, que expresa el parecer de la Sala.
#En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 29 de abril de 2014, cuya parte dispositiva dice: Estimo en parte la demanda interpuesta por los actores que a continuación se relacionan contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL con los siguientes pronunciamientos: 1.-Declaro el derecho de todos los demandantes a que se considere como pensión del año 2012 la señalada en el apartado segundo del relato histórico de la presente incrementada en un 2,9 y que la misma sirva de base para el incremento acordado en el año 2013 debiendo el demandado estar y pasar por tal declaración.
2.- Declaro el derecho de dichos actores a percibir las diferencias correspondientes al año 2012 que son la diferencia entre el 1% aplicado y el 2,9% debido. condenando al demandado a abonar a los demandantes que se citan al pago de las siguientes cantidades en tal concepto: DON Aurelio, 528,55 euros. D. Fausto, 201,06 euros. D. Teodulfo, 402,40 EUROS. . D. Adolfo, 391,92 euros. D. Efrain, 450,36 euros. D. Julio
, 428,70 euros. D. Sebastián, 346,87 euros. D. Pedro Enrique, 247,79 EUROS. D. Domingo, 333,70 EUROS. Dª Felisa, 188,04 euros. 3.- Absuelvo al demandado de abonar diferencias del año 2012 a los demandantes Dª María Purificación y D. Justo .
En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- Los demandantes D. Aurelio, D. Fausto, D. Teodulfo, D. Adolfo, D. Efrain, D. Julio, D. Sebastián, D. Pedro Enrique, Dª María Purificación, D. Domingo, Dª Felisa y D. Justo eran pensionistas de la Seguridad Social en el año 2011 y lo han sido en el año 2012 y 2013. SEGUNDO.- En el año 2011 eran perceptores de las pensiones en la cuantía mensual que se detalla en catorce pagas al año: D. Aurelio, 1987,05 euros.
D. Fausto, 755,86 euros. D. Teodulfo, 1512,78 euros. D. Adolfo, 1473,40 euros. D. Efrain, 1693,09 euros. D. Julio, 1814,66 euros. D. Sebastián, 1304,03 euros. D. Pedro Enrique, 924,03 euros. Dª María Purificación, 349.01 euros. Cobra complemento a mínimos. D. Domingo, 1254,50 euros. Dª Felisa, 706,92 euros. D. Justo, 472,17 euros. Cobra complemento a mínimos. TERCERO.- En el año 2012 se produjo un incremento en las pensiones del 1%. En las pensiones mínimas el complemento fue el 2,9% si bien se aplicó al concepto de diferencia a mínimos, dado que en el importe consolidado de la pensión se aplicó igualmente el 1%. No se ha producido otro incremento en el año 2012 ni se ha abonado paga compensatoria o escoba alguna. CUARTO.- El incremento de precios al consumo en el periodo comprendido entre noviembre 2011 y noviembre 2012 ha sido del 2,9%. QUINTO.- Para el año 2013 se ha producido un incremento sobre la base de la pensión percibida en el 2011 más un 1%, porcentaje en que fue revalorizada en el año 2012. SEXTO.- Piden los demandantes que se condene al demandado a abonar una paga compensatoria o escoba correspondiente al 2012 por el importe de la diferencia entre el incremento del 1% aplicado y el 2,9%, porcentaje de incremento del índice de precios al consumo en el periodo que se ha de computar y que se declare que para el año 2013 la base del incremento debe ser el importe de la pensión del 2011 aumentado en un 2,9%. Así se ha matizado en trámite de alegaciones. Tras agotar el trámite de reclamación previa interponen demanda para ante este Juzgado en fechas 10-1, 22-1, 4-2, 6-2, 13-2 y 7-3-14.
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación el INSS, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.
En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales vigentes.
Frente a la Sentencia de Instancia, se alza la representación del Organismo Gestor, a través de una serie de motivos de Suplicación.
Entiende básicamente, que la sentencia ha de ser revocada por aplicación del contenido del RDL 28/2012, de 30 de noviembre, de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social. Siendo el motivo de recurso formulado, exclusivamente, en base al contenido del artículo 193 c de la LRJS .
El objeto de esta litis es claro. Si la parte actora, pensionista de jubilación, tiene o no derecho a percibir la paga única compensatoria prevista en el artículo 48.1.2 de la LGSS, así como a que ese le revalorice la pensión en el año 2013, sobre la cuantía de la pensión a enero de 2012.
Según los hechos probados de la sentencia, la actora era pensionista, percibiendo una prestación por jubilación. En el año 2012, se produjo un incremento de la pensión del 1 %, -ordinal tercero-, siendo que las pensiones con complemento a mínimo, el incremento fue del 2,9 %. No se ha producido otro incremento en el año 2012, ni se ha abonado paga compensatoria o escoba alguna (sic) -ordinal tercero-.
El incremento de precios al consumo, en el periodo comprendido entre noviembre de 2011 a noviembre 2012, fue del 2,9 % -ordinal cuarto-.
Para el año 2013, se ha producido un incremento sobre la base de la pensión percibida en el año 2011, más un 1%, porcentaje en que fue revalorizada en el año 2012 -ordinal quinto-. La parte actora, reclama que se condene a la entidad demandada, a abonar una paga compensatoria, correspondiente al 2012, por el importe de la diferencia entre el incremento del 1% aplicado, y el 2,9 %, porcentaje de incremento del IPC, y que se declare que para el año 2013, la base del incremento debe ser el importe de la pensión del año 2011, aumentado en un 2,9%.
En definitiva, se trata de determinar la incidencia del RDL 28/2012, de 30 de noviembre, que fija la obligación de revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, que determinaría que en el caso de autos, el incremento habría de ser del 2,9 %.
El artículo 2 del citado RDL, señala que deja sin efecto, para el ejercicio del año 2012, lo dispuesto en el artículo 48, es decir, que el incremento no sería del 2,9 %. Entrando en vigor, según el citado RDL, la norma, el mismo día de su publicación en el BOE, es decir, el día 1 de diciembre de 2012.
Según el Juez a quo, la norma no tiene efectos retroactivos, y, por tanto, no puede dejar sin efecto un derecho subjetivo que el pensionista tiene en virtud del artículo 48 de la LGSS . Y no puede adjudicarse eficacia retroactiva a la ley, salvo que se establezca lo contrario en la misma, cosa que en el presente supuesto, no tiene lugar.
De todo ello se llega a la conclusión que la no revalorización de la pensión en el año 2012, es un acto no ajustado a Derecho, que debe ser reformado, y la entidad demanda debe ser condenada al pago de la revalorización prevista, y las consecuencias inherentes de la misma, esto es, al pago del 2,9% de incremento, y no el 1%. Y, por tanto, al pago de la parte de dicha revalorización correspondiente al año 2012.
Siendo esta la cuestión objeto de debate, y ésta la conclusión judicial, ha de estarse, como no puede ser de otro modo, al contenido de la STC, que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por este órgano colegiado.
Sobre esta cuestión ya han existido varias cuestiones de inconstitucionalidad, y entre ellas, la planteada por esta Sala, que ha dado lugar a sentencia de 8 de junio de 2015 . Con carácter previo a esta cuestión, planteada por esta Sala, se habían planteado, de forma similar, otros recursos ante el TC, con el mismo resultado. Entre ellos, el recurso de inconstitucionalidad planteado por diversos grupos políticos, y que dio lugar a resolución del Pleno del TC, de fecha de 5 de marzo de 2015, recurso de inconstitucionalidad 1114/2013 . Al que lógicamente, hemos de remitirnos, pues es idéntico a la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por esta Sala.
Y así, la doctrina fijada es la que sigue.
Consideran los recurrentes (en este caso la parte actora) que el citado precepto, es decir, el artículo 2 del RDL, 28/2012, de 30 de noviembre, vulnera el artículo 9.3 CE al establecer una retroactividad auténtica contraria al derecho, constitucionalmente reconocido en el artículo 50 CE, a la percepción de una pensión periódica y actualizada. Entienden, asimismo, que el precepto vulnera el artículo 33.3 CE pues implica una expropiación de derechos con o sin causa justa, pero en todo caso, sin indemnización a favor de los así expropiados.
Los artículos 48 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por ...
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