SAP Pontevedra 21/2008, 26 de Mayo de 2008
| Ponente | CELSO JOAQUIN MONTENEGRO VIEITEZ |
| ECLI | ES:APPO:2008:2424 |
| Número de Recurso | 1/2008 |
| Número de Resolución | 21/2008 |
| Fecha de Resolución | 26 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Pontevedra, Sección 5ª |
SENTENCIA Nº 21/08
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ILMOS/AS SR./SRAS
Presidente/a
Dª. NÉLIDA CID GUEDE
Magistrados/as
D. JOSÉ FERRER GONZALEZ
D. CELSO JOAQUÍN MONTENEGRO VIEITEZ (Ponente)
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En VIGO, a veintiséis de Mayo de dos mil ocho.
VISTA en juicio oral y público, ante la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial la causa instruida con el número 1/2008, procedente del Juzgado de INSTRUCCIÓN nº 4 de VIGO y seguida por el trámite de PROCEDIMIENTO ABREVIADO por un delito de falsedad en documento privado, contra Ernesto , con D.N.I. nº.- NUM000 , nacido el día 1 de febrero de 1959 en Vigo, hijo de Emilio y de María-Teresa, con domicilio en c/ DIRECCION000 , NUM001 - NUM002 de Vigo y contra María Inés , con D.N.I. nº.- NUM003 , nacida el día 12 de julio de 1960 en Vigo, hija de Pablo y de María de los Ángeles, con domicilio en c/ DIRECCION001 , NUM004 - NUM005 de Vigo, ambos en libertad por esta causa, estando representados, respectivamente, por el Procurador D. ALBERTO VIDAL RUIBAL y Dª. TAMARA UCHA GROBA y defendidos por el Letrado D. JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y D. JOSÉ-ALFREDO BARCA GUITIÁN, respectivamente; siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal.ANTECEDENTES DE HECHO
El Ministerio Fiscal en el acto del juicio oral, modificó la conclusión provisional 2ª en el sentido de retirar la acusación por el delito de estafa procesal en grado de tentativa que en concurso de normas se apreciaba conjuntamente con el delito de falsedad en documento privado.
Se elevan el resto de conclusiones a definitivas.
La Acusación Particular modificó su conclusión 2ª en el sentido de que los preceptos legales numerados en dicha conclusión en relación con la acusada María Inés , el delito del que se le imputa está penado en el artículo 396 y no en el artículo 393 como se recoge puesto en relación con el artículo 395 del mismo cuerpo legal. Esta modificación no altera la petición de penal.
En cuanto al resto las eleva a definitivas.
Las defensas en igual trámite elevan sus conclusiones a definitivas.
HECHOS PROBADOS
Se declara probado que: El acusado, D. Ernesto , mayor de edad en cuanto nacido el día 1 de Febrero de 1959, con DNI NUM000 , sin antecedentes penales, fue contratado por la entidad "Residencia de la tercera edad Virgen de Guadalupe, S.L.", de la que son administradoras solidarias Dña. Cecilia y Dña. Nieves , para realizar tareas de asesoramiento legal que incluían, entre otras actividades, la gestión de las nóminas de los empleados, la preparación de los contratos de trabajo de los empleados, así como cualquier otra actividad de asesoramiento legal.
Para facilitar al acusado su trabajo, y dada la confianza que las administradoras legales de la residencia tenían depositada en él, le hicieron entrega de un sello de la residencia a fin de que lo pudiera estampar en los contratos relativos a la gestión laboral de la plantilla de los trabajadores de la residencia.
A principios del año 2003, la empresa "Residencia de la tercera edad Virgen de Guadalupe, S.L.", representada por las administradoras solidarias ya reseñadas, celebró un contrato por el que pactó con la acusada Dña. María Inés que ésta asumiría funciones de directora de la residencia, con facultades de contratación de personal, y que, además, aportaría trabajadores y residentes.
Posteriormente, con fecha 9 de Abril de 2003, el acusado presentó ante la Oficina de Empleo de la Delegación de Vigo de la Xunta de Galicia un contrato de trabajo firmado por la acusada María Inés y en el que aparece en el lugar destinado a la firma de la administradora solidaria, Dña. Cecilia , una firma y rúbrica que no se corresponde con la de su titular.
Con fecha 13 de Febrero de 2004, el acusado presentó a la Tesorería General de la Seguridad Social un escrito de solicitud de anulación de la baja de María Inés , que había sido formalizada el precedente 15 de Diciembre de 2003, en el que aparece en el lugar destinado a la firma de la administradora solidaria, Dña. Cecilia , una firma y rúbrica que no se corresponde con la de su titular.
El día 11 de Marzo de 2004, por parte de María Inés se presentó, ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Vigo, demanda por despido que ha dado lugar al procedimiento nº 225/2004 y que, actualmente, se encuentra paralizado a la espera de que finalice el procedimiento penal que ha dado lugar a la presente causa.
En la referida demanda la parte actora solicita una indemnización por importe de 34.858,56 euros con fundamento en la existencia de un contrato de alta dirección.
De las pruebas practicadas no ha quedado acreditado con la seguridad y certeza que debe presidir todo pronunciamiento penal condenatorio, que los acusados Ernesto y María Inés hubieran perpetrado, respectivamente, el delito continuado de falsedad en documento privado (artículo 395 en relación con el artículo 390.1.1º y 3º del Código Penal ) y de presentación en juicio de documento falso (artículo 396 del mismo texto legal, en relación con el artículo 395 ) de los que venían siendo acusados.
El derecho fundamental a la presunción de inocencia, como reaccional que es, no precisa de uncomportamiento activo por parte de su titular ( la parte acusada), pues con arreglo al art. 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, lo que literalmente se reitera en el art. 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y, con modulación intrascendente (>) por el art. 6.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; y por ello la carga de la prueba de la existencia del hecho y la intervención en él del acusado incumbe o corresponde siempre a la parte acusadora; y así lo declara una reiterada y constante doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional (sentencias, entre muchas, 31/81, 107/83, 146/86, 150/89, 134/91, 303/93 , y 76/94), y de esta Sala (sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Abril de 1995 ).
La sentencia de 22 de Septiembre de 2005 , expone, finalmente, que "respecto al derecho presuntivo de inculpabilidad transitoria del acusado, hemos de dejar patente la doctrina de esta Sala, que someramente expuesta nos dice:
La presunción de inocencia es una presunción "iuris tantum" que exige para ser desvirtuada la existencia de una mínima, pero suficiente actividad probatoria, constitucionalmente legítima, producida en el plenario con las debidas garantías procesales, de naturaleza incriminatoria y de la que se pueda deducir la existencia del hecho delictivo, sus circunstancias penalmente relevantes y la participación en él del acusado. Es la verificación de que en el proceso, con respeto a los principios de publicidad, oralidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas, se ha desarrollado la prueba racionalmente necesaria - existente, válida y suficiente- que justifique la sentencia condenatoria. No puede alcanzar a los contenidos de conciencia ni a la ponderación valorativa o fuerza de convicción que cada una de las probanzas haya podido producir en el ánimo de los integrantes del órgano judicial de inmediación, en cuanto constituye una insustituíble facultad de aquél (art. 741 LECrim )
".
Por...
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