STS, 17 de Febrero de 1998
| Ponente | ANTONIO MARTI GARCIA |
| Número de Recurso | 7967/1992 |
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 1998 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Febrero de mil novecientos noventa y ocho.
VISTO por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Cuarta por los Excmos. Sres. anotados al margen, el recurso de apelación nº 7967/92 interpuesto por el Abogado del Estado contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 20 de abril de 1992, por la que estima parcialmente el recurso jurisdiccional nº 1734/90, seguido contra las resoluciones de la Dirección General de Trabajo dictadas con fecha de 1 de agosto de 1990 y 21 de noviembre de 1989, por las que se denegaba la concesión del plus de toxicidad y penosidad solicitado, habiendo sido parte apelada la representación procesal de D. Domingo y Jose Luis , que no han comparecido en el recurso de apelación pese a haber sido emplazados en forma legal.
Con fecha de 25 de abril de 1989 tuvo entrada en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad social de Valladolid escrito de D. Domingo y de D. Jose Luis en solicitud de que les fuera concedido el plus de toxicidad y penosidad recogidos en el artículo 46.B-1 del Convenio Colectivo único del Ministerio de Cultura y su personal laboral.
Por Acuerdo de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid de fecha 1 de agosto de 1989 se desestimaba la solicitud y esta Resolución fue confirmada en reposición por la de 21 de noviembre de 1989.
Por la representación procesal de los interesados se interpuso recurso jurisdiccional ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, alegándose por la parte actora con motivo de la formulación de la demanda que la actividad que llevaban a cabo implicaba riesgo de caída de objetos y de inhalación y en contacto con productos ácidos y alcalinos, lo que justificaba la concesión del plus solicitado en aplicación de Convenio Colectivo Único del Ministerio de Cultura. Asimismo, se menciona el agravio comparativo que implica la concesión del propio complemento a otras personas que desempeñan análogas funciones.
Con fecha de 20 de abril de 1992, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León con sede en Valladolid dictó en cuya parte, dispositiva se establecía literalmente: "FALLAMOS: Que estimando el presente recurso contencioso administrativo, debemos anular y anulamos por su disconformidad con el ordenamiento jurídico las resoluciones de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid y de la Dirección General de Trabajo, de 21 de noviembre de 1989 y 1 de agosto de 1990, y reconocemos el derecho de DON Domingo y DON Jose Luis a percibir el Plus de Toxicidad, mientras subsistan las circunstancias recogidas en el expediente y con efectos retroactivos al 25 de abril de 1989, fecha de su solicitud. No hacemos expresa imposición de costas".
Por el Abogado del Estado se interpuso recurso de apelación en el que se formularon lassiguientes alegaciones:
-
) El cumplimiento del deber de seguridad e higiene en el trabajo no puede ser sustituido por el abono de un plus de penosidad o toxicidad.
-
) Lo procedente es adoptar las medidas recomendadas por el Gabinete de higiene y seguridad en el trabajo y requeridas por la Inspección, pues, su aplicación determinará la finalización del riesgo considerado fuera de lo normal.
Cumplidas las prescripciones legales se señaló para votación y fallo la audiencia del día diez de Febrero de mil novecientos noventa y ocho, en cuya fecha tuvo lugar.
Es objeto del presente recurso de apelación la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid dictada con fecha de 20 de abril de 1992, por la que se estima el recurso jurisdiccional interpuesto por la representación procesal de D. Domingo y D. Jose Luis contra las Resoluciones de la Dirección General de Trabajo y de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid por las que se deniega la concesión del plus de penosidad solicitado.
Con carácter previo al análisis del fondo del asunto debe recordarse que de acuerdo al artículo 8 de la Ley Jurisdiccional la competencia de las Salas de dicho orden jurisdiccional es improrrogable, y por afectar al orden público procesal, puede y debe ser examinado por aquellas, incluso de oficio, con carácter previo a las cuestiones de fondo que ante las mismas se plantean, como ha sido reiteradamente recordado por esta Sala en abundante doctrina jurisprudencial (sirvan de ejemplo, entre otras, las sentencias de 7 de diciembre de 1.989, 19 y 22 de enero, 19, 20 y 27 de febrero, 6, 8, 12, 14, 17 y 23 de marzo, 11, 12 y 19 de mayo de 1.990, 24 de septiembre, 26 de noviembre, 10 y 17 de diciembre de
1.991 y 22 y 27 de enero, 7 y 10 de febrero, 2 y 13 de marzo y 7 de abril de 1.992).
A tal efecto y conforme a lo establecido en el art. 9.5 de la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio, del Poder Judicial queda atribuido al orden social el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan dentro de la rama social del derecho. De acuerdo a esta atribución y después del examen de otras normas constitucionales (art. 117 de la Constitución), procesales (art. 1 de la Ley de Procedimiento Laboral) así como el Convenio Colectivo aplicable, debe concluirse que el orden jurisdiccional laboral es el competente para conocer y valorar la cuestión relativa a la penosidad o toxicidad de determinados puestos de trabajo a los efectos de la percepción del plus que los interesados solicitan, tal y como se declaró por la Sala de lo Social en las Sentencias de 20 de julio de 1992 y 24 de julio de 1993, entre otras.
En efecto, es doctrina reiterada de esta Sala, por todas, la sentencia de 20 de octubre de 1995, que la delimitación de los órdenes jurisdiccionales -social y contencioso administrativo- en materia laboral reviste una conocida dificultad, como consecuencia de la coexistencia de normas de distinta naturaleza dentro del Derecho del Trabajo. Dificultad que resulta, incluso, acrecentada porque el reparto competencial entre ambas jurisdicciones obedece, en gran medida, no a esa diversa naturaleza normativa, sino a razones meramente históricas y convencionales que impiden encontrar un principio general delimitador (STC 158/1985). No existe, por tanto, un criterio dogmático o principio teórico que, con precisión y coherencia, delimite el respectivo ámbito de las jurisdicciones social y contencioso administrativa ante la presencia de la Administración Pública en las relaciones laborales o de la Seguridad Social, que puede responder a su posición de empleadora o al ejercicio de típicas potestades administrativas. Incluso, puede decirse que la inclusión de una materia o clase de asuntos en uno u otro orden jurisdiccional ha podido variar con el tiempo. A este respecto, según el Auto de 16 de julio de 1993 de la Sala Especial de Conflictos de Competencia "en relación con el reconocimiento previo de un determinado puesto de trabajo como susceptible de generar un plus de peligrosidad tras el art. 37 CE carece de sentido el régimen heterónomo de regulación laboral, siendo sustituido por una regulación autónoma en la que adquiere valor decisivo la voluntad de las partes".
La determinación como penoso de un puesto de trabajo constituye un conflicto individual promovido dentro de la rama social del Derecho, de competencia de la Jurisdicción social, art. 9.5 de la LOPJ, de 1 de julio de 1985 y 1.1º del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril), lo que no implica que por ello la reclamación jurisdiccional deducida contra las resoluciones de la Administración Laboral, al amparo del art. 1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, corresponda a la Jurisdicción social, sino que supone que los actosimpugnados sean nulos de pleno derecho por carecer aquella de potestad para pronunciarse sobre la penosidad de un puesto de trabajo, sentencias de esta Sala de 2 de diciembre de 1994 y 16 de enero de 1996.
Como ya tuvo ocasión de decir esta Sala en su Auto de 14 de junio de 1996, ha de seguirse el criterio mantenido en el Auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia, de 8 de marzo de 1991, según el cual dicha materia tiene significado y naturaleza eminentemente laboral, sin que sea obstáculo para esta conclusión la intervención de un órgano administrativo -Dirección General de Trabajo y Seguridad Social-, dado que, entre otras, sentencia de la Sala IV de 28 de marzo de 1990, la Administración incide en áreas muy distintas de la vida jurídica y no todas ellas corresponden a esferas propias, o, al menos, exclusivamente administrativas, de modo que "el criterio directriz de esta atribución de competencias no reside en el carácter del órgano, ni tampoco en el carácter del acto, sino que resulta decisivo el área jurídica en que éste incide".
En consecuencia como ha reconocido la STS, 3ª, 4ª de 27 de enero de 1997, tratándose de una controversia que trae su fundamento y deriva de la petición que se formula para que se reconozca el derecho a la percepción de un plus de penosidad, peligrosidad e insalubridad, la competencia ha de referirse exclusivamente a la Jurisdicción social a la que podrán acudir las partes si a su derecho conviene, sin que, por el contrario, la Administración tuviera competencia para decidir sobre dicha cuestión.
A la luz de la anterior doctrina, es obligado declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, por carecer la Administración de competencia y potestad para declarar o no un puesto de trabajo como penoso, a los efectos de percepción por el trabajador del oportuno plus. Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley de la Jurisdicción y 9.6 de la Ley Orgánica 6/85, de acuerdo también con doctrina reiterada de esta Sala, procede al tiempo declarar que esta Jurisdicción no tiene competencia para el conocimiento del fondo del asunto y por ello es obligado, remitir a las partes a la Jurisdicción Social que es la competente para el conocimiento del asunto.
Los razonamientos anteriores obligan a estimar en parte el recurso de apelación y a revocar la sentencia apelada, reconociendo al tiempo a las partes afectadas el derecho a personarse ante la Jurisdicción Laboral, y si lo hacen en el plazo de un mes, se entenderá haberlo efectuado en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No son de apreciar temeridad ni mala fe a los efectos de una concreta imposición de costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción.
Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, y apreciando la excepción de incompetencia de jurisdicción, debemos revocar la sentencia de 20 de abril de 1.992, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso contencioso administrativo 1734/90, y anular las resoluciones que en el mismo se impugnan; por no resultar ajustadas a Derecho, reservando a las partes el poder dirigirse al orden Jurisdicción Social que es la competente para conocer la cuestión controvertida, en el plazo de un mes, con los efectos que dispone el artículo 5 de la Ley de la Jurisdicción. Sin que haya lugar a expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Antonio Marti García, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
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