SAP Málaga 366/2010, 21 de Julio de 2010
| Ponente | MARIA TERESA SAEZ MARTINEZ |
| ECLI | ES:APMA:2010:3877 |
| Número de Recurso | 922/2009 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 366/2010 |
| Fecha de Resolución | 21 de Julio de 2010 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Málaga, Sección 5ª |
S E N T E N C I A Nº 366
AUDIENCIA PROVINCIAL MÁLAGA
SECCION QUINTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA
PRESIDENTE ILMO. SR.
D.HIPOLITO HERNANDEZ BAREA
MAGISTRADOS, ILTMOS. SRES.
D.MELCHOR HERNANDEZ CALVO
DÑA. Mª TERESA SÁEZ MARTÍNEZ
REFERENCIA:
JUZGADO DE PROCEDENCIA: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº1 DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO Nº2)
ROLLO DE APELACIÓN Nº 922/2009
JUICIO Nº 964/2006
En la Ciudad de Málaga a veintiuno de julio de dos mil diez. .
Visto, por la SECCION QUINTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA de esta Audiencia, integrada por los Magistrados indicados al márgen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de Procedimiento Ordinario seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el recurso María Rosario Y OTROS y SC. IVORNE SL que en la instancia fuera parte demandante y demandada respectivamente y comparecen en esta alzada representados por los Procuradores D. SALVADOR BERMUDEZ SEPULVEDA y PEDRO BALLENILLA ROS.
El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 2 de diciembre de 2008, en el juicio antes dicho, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que Estimo parcialmente la demanda interpuesta por la Sra. Procuradora Dª. Salomé Lizana De la Casa en nombre y representación de SC IVORNE SL, condenando a
D. Ángel Daniel a D. Ángel Daniel al pago de 135.462'56 euros, más intereses legales desde la presentación de la demanda. Todo ello sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes.".
Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 16 de julio de 2010 quedando visto para sentencia.
En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Mª TERESA SÁEZ MARTÍNEZ quien expresa el parecer del Tribunal.
Por la entidad SC Ivorne, S.L., se formuló demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad contra D. Ángel Daniel, al que sucedieron procesalmente tras su fallecimiento sus herederos, recayendo en la instancia sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones de la entidad actora. Tanto por la representación procesal de la entidad SC Ivorne, S.L., como por la de los herederos de D. Ángel Daniel, se interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución alegando, en esencia, error en la valoración de la prueba practicada.
La lectura del desarrollo argumental de los motivos que se están examinando, pone de relieve que lo que realmente se pretende por ambos recurrentes es realizar una valoración de la prueba practicada, especialmente de la pericial, de manera distinta a la efectuada en la sentencia recaída en primera instancia, con el propósito de contraponer su personal criterio al del Tribunal "a quo", lo cual, resulta inadmisible y ello sólo, bastaría para desestimar los motivos en cuestión. Por otro lado, no es posible atribuir a la sentencia recurrida infracción alguna respecto a los preceptos legales que examina, toda vez que en dicha sentencia se realiza suficiente argumentación jurídica respecto de los mismos. Toda la controversia litigiosa sustantiva a la que se contrae éste recurso, en sus distintas variantes, constituye una problemática que afecta única y exclusivamente a la valoración de la prueba y a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo este último donde - con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La jurisprudencia ha venido interpretando el vigente art. 217 de la L.E.C . de 2.000, señalando que se trata de una norma distributiva de la carga de la prueba que no responde a unos principios inflexibles, sino que se debe adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar, es decir, teniendo en cuenta los criterios de normalidad, proximidad y facilidad probatoria, derivados de la posición de cada parte en relación con el efecto jurídico pretendido. Conforme a este precepto, corresponde en principio al actor la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, mientras que al demandado le es atribuida la justificación de los impeditivos o extintivos del derecho invocado por aquél. De la misma manera que el demandante se encuentra obligado a acreditar los hechos normalmente constitutivos o fundamentadores de su derecho, el demandado que introduce un hecho distinto contradictorio con el del actor le corresponde la prueba del mismo, sin que pueda únicamente limitarse a negar lo alegado por la parte contraria sin soporte probatorio alguno, de manera que la simple negativa de un hecho no desvirtúa por si sola la prueba que de contrario se haya aportado sobre tal extremo ( SS.T.S. 28 noviembre 1953, 7 mayo 1980 y 26 febrero 1983 ), y si al demandado le incumbe demostrar los hechos obstativos o extintivos, ello es solo a partir de los probados por el actor ( S.T.S. 17 junio 1989 ), sin que tampoco quepa admitir como norma absoluta que los hechos negativos no pueden ser probados, pues pueden serlo por los hechos positivos contrarios ( S.T.S. 8 marzo 1991, 9 febrero...
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