SAP Las Palmas 30/2015, 12 de Febrero de 2015
| Ponente | IGNACIO MARRERO FRANCES |
| ECLI | ES:APGC:2015:198 |
| Número de Recurso | 1160/2013 |
| Procedimiento | APELACIóN SENTENCIA DELITO |
| Número de Resolución | 30/2015 |
| Fecha de Resolución | 12 de Febrero de 2015 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 1ª |
SENTENCIA
Presidente
D./Dª. MIQUEL ÁNGEL PARRAMON I BREGOLAT
Magistrados
D./Dª. INOCENCIA EUGENIA CABELLO DÍAZ
D./Dª. IGNACIO MARRERO FRANCÉS (Ponente)
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de febrero de 2015.
Visto en grado de apelación ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas el presente Rollo de Apelación nº1160/2013, dimanante de los autos de Procedimiento Abreviado nº 147/2013, del Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, seguidos por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil contra Enrique, en cuya causa han sido partes, además del citado acusado, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Silvia Marrero Aguiar y bajo la dirección jurídica y defensa de la Letrada doña Josefa R. Medina Suárez, el MINISTERIO FISCAL, en ejercicio de la acción pública, y, Germán, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Montserrat Bethencourt Martínez y bajo la dirección jurídica del Letrado don Antonio Hernández Saavedra, en el ejercicio de la ACUSACIÓN PARTICULAR; habiendo sido parte en el recurso de apelación la acusación particular de anterior mención, como apelante, con adhesión del MINISTERIO FISCAL, y, como parte apelada, el acusado antes referido; siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don IGNACIO MARRERO FRANCÉS, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en los autos de Procedimiento Abreviado número 147/2013, en fecha 28 de octubre de 2013, se dictó Sentencia cuyos hechos probados son los siguientes: "De la prueba practicada en el acto de la vista ha quedado acreditado que con fecha 16 de Julio de 2.010 Germán interpuso querella criminal contra
D. Leopoldo y Celeris Servicios Financieros por la presunta comisión de un delito de falsedad documental cometido en el contrato origen de la deuda que por importe de 3.706, 62 euros ambos reclaman al querellante en el procedimiento monetario seguido ante el Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Las Palmas. No han quedado acreditados los hechos denunciados.".
Y cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A Enrique como autor responsable de los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa imputados, con todos los pronunciamientos favorables, y declaración de las costas de oficio.".
Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de don Germán, admitiéndose el recurso de apelación en ambos efectos, y dándose traslado del mismo a las demás partes, con el resultado que consta en autos.
Remitidos los autos a esta Audiencia, y no estimándose necesario la celebración de vista, quedaron los mismos pendientes para dictar sentencia. HECHOS PROBADOS
Se acepta la declaración de Hechos Probados de la sentencia apelada.
Contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en los autos de Procedimiento Abreviado número 147/2013, en fecha 28 de octubre de 2013, se alza la representación procesal de doña Paula en recurso de apelación, sosteniendo como motivo de impugnación el error en la valoración de la prueba, interesando, en su consecuencia, se dicte sentencia por la que revocando la sentencia impugnada, se declare probada la existencia de un delito continuado de falsificación de documento mercantil del artículo 392 y 390.1.1 º, 2 º y 3 º y 74 del Código Penal, así como de un delito de estafa del artículo 2498 y 249 del Código Penal, condenado como autor de los mismos a don Enrique, en cuanto a la responsabilidad penal, y consecuentemente la responsabilidad civil, indemnizando a don Germán, con las cantidades correspondientes a las costas de sus abogados y procuradores, tanto en este procedimiento, como en el Procedimiento Monitorio 1822/09 y P.O. 781/10 que se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia número 6.
Dado traslado de los recursos a las demás partes personadas, la representación procesal del acusado se opuso al recurso de apelación e interesó su desestimación íntegra y la confirmación de la sentencia apelada, en tanto que el Ministerio Fiscal interesó la estimación del recurso y la consiguiente revocación de la resolución impugnada.
Delimitado de tal modo el debate procesal en esta alzada, se cuenta para la resolución del recurso con el mismo material probatorio que en la primera instancia, al no haberse practicado prueba alguna en esta segunda.
Desde esta perspectiva, la principal cuestión que debemos tratar, para abordar adecuadamente el recurso que nos ocupa, es la derivada de que el Juzgado de lo Penal dictó una sentencia absolutoria, contra la que se ha interpuesto recurso de apelación en el que se solicita el dictado de una sentencia condenatoria, lo que entraña una enorme dificultad a la hora de poder dictar una sentencia de condena en la segunda instancia, cuando como acontece en el presente caso se han valorado pruebas de carácter personal practicadas en el acto del juicio oral.
A este respecto debe señalarse que la cualidad del recurso de apelación, siendo un recurso ordinario y a fin de compatibilizarlo con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del que forma parte el derecho a la segunda instancia, no es otra que la de posibilitar la revisión por parte de un órgano distinto y superior de la prueba practicada en primera instancia, de modo que lo que se trata es de colocar al órgano ad quem en la misma posición en la que se encontraba el órgano a quo cuando dictó sentencia, con la única proscripción de la reformatio in peius.
No obstante, cuando se trata de sentencias absolutorias, debe traerse a colación la doctrina sentada por la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 167/2002, de 18 de septiembre de 2002, respecto a la posibilidad del Tribunal de apelación de revisar la valoración de pruebas sobre las que esencialmente recaen los principios de oralidad e inmediación, como son las declaraciones de los acusados y de los testigos.
Sobre este particular, dicha sentencia comienza haciendo alusión a la doctrina que se venía manteniendo hasta ese instante, en que se venía entendiendo que además del supuesto de práctica de pruebas en la segunda instancia, cabía llegar a distinta consideración de la alcanzada por el Juez a quo en el ejercicio de la revisión de la prueba que corresponde al órgano de apelación, sin que ello implicase vulneración del derecho fundamental a un proceso con toda las garantías. No obstante, "una cierta inflexión en la doctrina constitucional reseñada la constituye el ATC 220/1999, de 20 de septiembre, en el que, ante una queja por falta de celebración de vista en el recurso de apelación penal, el Tribunal, tras aludir a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de mayo de 1988 (TEDH 19880) (caso Ekbatani), y resaltar la eficacia y conveniencia de la celebración de vista en el recurso de apelación, declaró que la garantía procesal, al respecto contenida en el art. 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (RCL 1999190y 1572), «afecta al sistema legal de recurso establecido cuando hay, como sucede entre nosotros, más de una instancia y en la apelación se pueden ver de nuevo todas las cuestiones», si bien inadmitió en ese caso la demanda de amparo porque la condena de los actores en la segunda instancia, tras haber sido absueltos en la primera, la dedujo el Tribunal «ad quem» «de la valoración de la prueba documental y no de otras pruebas, testificales o periciales, que exijan inmediación y oralidad».Pero avanzando en la línea apuntada en ese Auto, es conveniente rectificar la jurisprudencia antes aludida, lo que es facultad del Pleno de este Tribunal, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de su Ley Orgánica, para adaptar más estrictamente la interpretación constitucional del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), en cuanto a la que ahora nos ocupa, a las exigencias del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas, de 4 de noviembre de 1950, y más en concreto a las del art. 6.1 del mismo, según ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ateniéndonos así al criterio interpretativo establecido en el art. 10.2 CE .Esta ha sido en definitiva nuestra propia pauta jurisprudencial reflejada en múltiples Sentencias (en concreto, y en cuanto a la interpretación del art. 6.1citado, STC 36/1984, de 14 de marzo [RTC 19846], F. 3, y en el mismo sentido, y por todas, SSTC 113/1987, de 3 de julio [RTC 198713], F. 2 ; 37/1988, de 3 de marzo [RTC 19887], F. 6 ; 223/1988, de 24 de noviembre [RTC 198823], F. 2).
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La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de la cuestión que ahora se plantea aparece inicialmente en su Sentencia de 26 de marzo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia -, y se consolida posteriormente en pronunciamientos más recientes ( SSTEDH 8 de febrero de 2000[TEDH 20008 y TEDH 20000] -caso Cooke contra Austria y caso Stefanelli contra San Marino -; 27 de junio de 2000(TEDH 200045) -caso Constantinescu contra Rumania - y 25 de julio de 2000[TEDH 200004] - caso Tierce y otros contra San Marino-).En relación con demandas promovidas por infracción del art. 6.1 del Convenio como consecuencia de haberse fallado la apelación de una causa penal sin que se hubiese celebrado en esta fase audiencia o vista pública, el TEDH tiene declarado, con carácter general, que el proceso penal constituye un todo, y que la protección que dispensa el mencionado precepto no termina con el fallo en la primera instancia, de modo que...
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