STS, 18 de Febrero de 2015

En el recurso contencioso administrativo 349/12 seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 3ª , se dictó auto con fecha 19 de marzo de 2013 , que acuerda: "Desestimar el recurso de reposición (súplica) interpuesto por la parte recurrente contra el Auto dictado por esta Sala y Sección en fecha 11 de octubre de 2012 ."

El auto de 11 de octubre de 2012 acuerda: "Estimar la alegación previa realizada por el Letrado de la Comunidad de Madrid declarando la inadmisión del presente recurso contencioso administrativo por carecer de legitimación activa los recurrentes ( art. 69.b LJCA ) con expresa imposición de las costas a la parte recurrente en los términos establecidos en el último fundamento jurídico de este Auto. Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación ( art. 87.1.a) LJCA )".

Notificada dicha resolución a las partes, por la Comunidad de Madrid y por la representación procesal de la UTE formada por Tomás Entero, S.L., Baltasar , Alexis , Save Venice, S.L. y Ariete Seguridad, S.A. y de Luis Pedro en representación de Tomás Entero, S.L., se preparan sendos recursos de casación y teniéndose por preparados, se emplazó a las partes para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala.

Por Decreto de 11 de octubre de 2013 se acuerda el archivo de las actuaciones para los recurrentes D. Baltasar , D. Alexis , Save Venice, S.L,. y Ariete Seguridad, S.A., por no acreditar la representación, continuando el procedimiento respecto a D. D. Luis Pedro y Tomas Entero, S.L..

Por Auto de esta Sala de fecha 24 de abril de 2014 , se acuerda: "PRIMERO.- Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid contra el Auto de 19 de marzo de 2013, dictado por la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , en el procedimiento núm. 349/2012; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, en los términos expresados en el último razonamiento jurídico de la presente resolución. SEGUNDO.- Admitir el recurso de casación interpuesto por D. Luis Pedro y Tomás Entero S.L.. contra el Auto de 11 de octubre de 2012 , confirmado en reposición por Auto de 19 de marzo de 2013 , dictados ambos en el mismo procedimiento núm. 349/2012; y para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Séptima de esta Sala de conformidad con las reglas de reparto de asuntos".

La representación procesal de Taurodelta, S.A. mediante escrito de 17 de julio de 2014, formula escrito de oposición interesando la desestimación del recurso.

El Letrado de la Comunidad de Madrid mediante escrito de 30 de julio de 2014, formula escrito de oposición interesando la desestimación del recurso.

Por providencia de 20 de octubre de 2014 se señaló para votación y fallo para el 28 de enero de 2015, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto continuando en diferentes sesiones hasta finalizar el 11 de febrero..

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado , Magistrado de la Sección, como consecuencia de haber anunciado Voto Particular la Excma. Sra. Dª Celsa Pico Lorenzo, Magistrada de la Sección.

La representación procesal de Luis Pedro y Tomás Entero, S.L. interpone recurso de casación 1440/2013 contra el auto de fecha 19 de marzo de 2013 dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 3 ª, desestimando el recurso de reposición (súplica) contra otro de 11 de octubre de 2012 recaído en el recurso núm. 349/12, interpuesto por la mencionada UTE contra la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de las Ventas a Taurodelta, S.A.

El auto de 11 de octubre de 2012 resolvió estimar la alegación previa realizada por el Letrado de la Comunidad de Madrid. Declaró la inadmisión del recurso contencioso administrativo por carecer de legitimación activa los recurrentes ( art. 69.b LJCA ) al no haberse aportado acuerdo para la interposición del recurso por las mercantiles Save Venice SL y Ariete Seguridad SA integrantes de la UTE.

El mencionado auto indicaba que contra el mismo cabía recurso de casación el cual fue interpuesto el 7 de noviembre siguiente. Fue paralizado por el TSJ Madrid al dictarse diligencia de ordenación el 15 de noviembre que indica tenía que prepararse previamente recurso de súplica en el plazo de cinco días el cual fue presentado el 26 de noviembre de 2012. Tras ello se dictó providencia el 29 de noviembre siguiente peticionando a la parte aclarase si impugnaba en súplica el auto de 11 de octubre o la diligencia de 15 de noviembre.

En fecha 12 de diciembre presentó escrito aclarando que impugnaba el auto de 11 de octubre como requisito para acceder al recurso de casación. El 14 de enero siguiente se concedió plazo a las partes para que pudieran impugnar el precitado recurso de suplica, lo que así hicieron, dando lugar al auto de 19 de marzo de 2013 confirmando lo vertido en el auto precedente.

1. Un primer motivo al amparo del art. 88. 1. LJCA aduce infracción de la jurisprudencia que afirma el interés legítimo de uno de los miembros de una agrupación empresarial, aquí Tomas Entero, SL, para impugnar un acto administrativo en defensa de los derechos de la comunidad de bienes, en este caso la UTE formada por Tomas Entero, SL, Baltasar , Alexis , Save Venice, SL y Ariete Seguridad, SA.

Invoca el contenido de la Sentencia de 23 de enero de 2012, recurso casación 1429/2009 en el sentido de que "sin duda es cierto que el empresario individual tenía un interés legítimo y debe acogerse la argumentación de que cualquiera de los partícipes puede actuar en defensa de los derechos de una comunidad de bienes, por lo que no está justificado que se declarase por la Sentencia que no se había acreditado la legitimación de quien actuaba en interés de la UTE....."

Reseña en similar sentido la Sentencia de 22 de junio de 2009, recurso casación 5822/2007 , con cita de la Sentencia de 28 de febrero de 2005, recurso de casación 161/2002 , que reconoció legitimación a un empresario individual para actuar en defensa de cualquiera de los partícipes en una comunidad de bienes, en una impugnación de un acuerdo adjudicando un contrato de colaboración en la gestión tributaria municipal. Se trataba de un supuesto en que aquel comparecía en nombre de la Unión Temporal de Empresas constituída por el empresario individual más una Sociedad Limitada.

Señala que la anterior sentencia también acude a lo vertido en la Sentencias de 11 de julio de 2006, recurso de casación 410/2004 y 13 de mayo de 2008, recurso de casación 1827/2006 .

Concluye que tal como manifiesta las sentencias citadas, ostenta legitimación activa para recurrir cualquier integrante de una UTE, en atención a su legitimo interés en la resolución del procedimiento, en este caso Tomás Entero, S.L., sin que una sentencia o resolución contraria pudiese afectar al resto de miembros de la UTE que, en todo caso, se verían afectados en caso de que esta sentencia o resolución fuese favorable a sus intereses.

Adiciona la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que las normas procesales deberán ser interpretadas de forma que permitan asegurar el cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente.

Sostiene que lo anterior es consecuente, no solo con el principio pro actione que sostiene como fundamento de la legitimidad procesal del empresario individual miembro de una UTE la última de las sentencias citadas sino, asimismo, con el artículo 394 del Código Civil , que faculta a cualquiera de los comuneros, lo que en el presente caso se traduce, incontrovertidamente, en la facultad de ejercitar las acciones procesales correspondientes en interés de la comunidad.

1.1. Muestra su oposición la administración autonómica.

En primer lugar pide su inadmisión al reputar firme el auto de 11 de octubre de 2012 por no haberse interpuesto recurso de súplica en tiempo y forma.

Adiciona que el recurso preparado frente al auto de 19 de marzo de 2013 es incompleto y defectuoso en su preparación al no haberse formulado también contra el previo de 11 de octubre de 2012.

Y por último sostiene que el recurso se interpone frente al auto de 11 de octubre desapareciendo toda mención respecto del de 19 de marzo.

En cuanto al fondo defiende la bondad de la resolución impugnado en cuanto la recurrente en ningún momento aportó acuerdo de las mercantiles Save Venice SL y Ariete Seguridad SL por lo que no podía recurrir en nombre de la UTE.

1.2. También muestra su rechazo Taurodelta SA en razón de que no se presentó acuerdo del órgano colegiado de la UTE Entero.

De lo consignado en el primer fundamento de esta resolución mas lo reflejado en el Auto de la Sección Primera de esta Sala de 24 de abril de 2014 queda claro que la representación procesal de D. Luis Pedro y Tomas Entero SL si ha preparado el recurso de casación contra el auto de inadmisión del recurso contencioso administrativo de forma adecuada.

Esta Sección en su reciente Sentencia de 26 de junio de 2014, recurso de casación 1828/2013 , siguió la línea marcada por la Sentencia de 27 de setiembre de 2006, recurso de casación 5070/2002 respecto a que la denegación de la legitimación para recurrir la adjudicación de una concesión a dos empresas que formaron parte de una agrupación de empresas más amplia y que accionan en solitario no es contraria ni a la regulación de la legitimación en la Ley de la Jurisdicción, ni a la jurisprudencia constitucional y ordinaria sobre la noción de interés legítimo, ni, en fin, al derecho de acceso a los recursos.

Así el FJ Cuarto de aquella inicial decía:

Tal como admiten las sociedades recurrentes, la existencia de un litisconsorcio activo necesario depende de la relación jurídica material que se trata de hacer valer en el proceso. Así, a reserva de una expresa previsión normativa, que no se da en este caso, la existencia o no de tal litisconsorcio activo necesario dependerá de la naturaleza de dicha relación jurídica material que, en el caso presente, se entablaba por una agrupación de empresas que concurre a una adjudicación de la concesión.

En este sentido la asociación de empresas es una forma jurídica que contempla el ordenamiento como una de las varias posibles para participar en este tipo de adjudicaciones. De esta manera, cuando una empresa concurre bajo esa cobertura jurídica lo hace como una opción libre, en vez de hacerlo de forma separada. Al optar por esa forma de concurrir está libremente vinculando su interés al conjunto de la asociación de empresas, que será la entidad afectada por la decisión de la Administración convocante tanto si se le adjudica el concurso como si no. En caso afirmativo, la agrupación de empresas debía constituir una forma jurídica apropiada a la gestión de la concesión que sería la titular de los derechos y obligaciones derivados de la adjudicación y, en caso contrario, la propia agrupación sería la perjudicada por la decisión administrativa. En ambos casos será la entidad colectiva la que, por libre decisión de sus integrantes, ostentará jurídicamente un interés legítimo para recurrir cualquier decisión de la Administración sobre el concurso, empezando por la propia adjudicación. En este sentido, las empresas que integran la asociación no poseen a título individual relevancia jurídica, puesto que no han concurrido como tales al concurso.

Ciertamente se puede argumentar, como lo hacen las actoras, que la decisión favorable o desfavorable para la agrupación de empresas afecta a sus propios intereses individuales. Pero siendo ello cierto, no basta para otorgarles la correspondiente legitimación, puesto que tal interés económico y empresarial es meramente derivado del común de la agrupación de empresas, única que ha participado en el concurso y que resulta directamente afectada por la adjudicación.

Semejante supuesto no tiene relación alguna con otros en los que intervienen entidades con caracteres jurídicos diversos o en los que estarían en juego relaciones jurídicas de muy diferente naturaleza. Así, nada tiene que ver el supuesto de autos con la obsoleta noción de legitimación corporativa, como aducen las actoras, puesto que aquí se trata de una libre opción de la empresas afectadas que han preferido constituir un consorcio de empresas en vez de concurrir de manera individual al concurso. También resulta claro que no puede equipararse el supuesto de la agrupación de empresas con colectivos indeterminados cuyos intereses difusos pueden ser postulados por cualquiera de los sujetos pertenecientes a tales colectivos: aquí no se trata de intereses difusos sino de un haz de derechos y obligaciones bien concretos, los derivados de la hipotética adjudicación o de la denegación, y que necesariamente afectan a la totalidad de empresas, ciertas y determinadas, que integran la agrupación de empresas. Finalmente y sin ánimo exhaustivo, tampoco puede compararse al supuesto de cotitularidad de bienes o derechos, por ejemplo en supuestos de reversión, respecto a los que esta Sala ha admitido el ejercicio del citado derecho por uno o varios de ellos en la medida en que "en realidad los condominos son propietarios de toda la cosa común al mismo tiempo que de una parte abstracta de la misma y les corresponden todos los derechos de la propiedad, con la amplitud que abarca el concepto jurídico de dominio [...]" (entre otras, Sentencia de 31 de enero de 1.997 - Apelación 13.632/1.991 -).

No puede olvidarse tampoco, respecto a los citados términos de comparación u otros hipotéticos, que en el caso de autos la acción procesal pretendida por las actoras no sólo conlleva presuntos beneficios empresariales, sino también obligaciones positivas y el consiguiente riesgo económico de toda actividad empresarial, obligaciones y riesgo que afectarían a sujetos que no han ejercitado acción procesal alguna pudiendo hacerlo. A este respecto es manifiestamente insuficiente la circunstancia señalada por las recurrentes de que el resto de las empresas integrantes de la agrupación no han manifestado su voluntad contraria a la interposición del recurso o no han renunciado a su voluntad de concursar bajo la forma de la agrupación empresarial. Ni han manifestado tal oposición o desistimiento ni lo contrario: pero en este caso la forma jurídica colegiada libremente escogida por todas las empresas para participar en el concurso requería que fuese ese mismo colectivo de miembros determinados, y a quienes les afecta de manera directa su iniciativa común, el que actuase en defensa de un interés legítimo que necesariamente les incluye a todos ellos.

En este sentido el paralelismo de la accion procesal emprendida por las actoras hay que trazarlo más bien respecto a la no participación en un concurso, supuesto al que la parte pretende restringir la denegación de la legitimación. Precisamente, en puridad las asociaciones actoras no han participado en cuanto tales en el concurso, de donde deriva de forma natural su falta de interés legítimo individual y su consiguiente falta de legitimación.

Finalmente es preciso rechazar que esta inadmisión vulnere la jurisprudencia constitucional en relación con el derecho al proceso y respecto a la noción de interés legítimo. En cuanto al interés legítimo y por las razones expresadas, el mismo corresponde a la asociación empresarial. En cuanto al acceso a la jurisdicción, ha de ejercitarse de acuerdo con los requisitos procesales previstos por el ordenamiento jurídico que, en este caso y con el fundamento visto, priva de legitimación a las empresas pertenecientes a la agrupación empresarial a título individual, precisamente por falta de interés legítimo. Y ni siquiera apelando al criterio de una interpretación favorable al ejercicio de los derechos fundamentales puede desconocerse el incumplimiento de un requisito necesario para el acceso a la jurisdicción como la existencia de interés legitimo, aun interpretado éste con la amplitud a que obliga el artículo 24 de la Constitución .

Por último, la solución a la que se llega por vía interpretativa respecto a quien ostenta interés legítimo para recurrir una adjudicación en un concurso público no contraría el derecho comunitario, que siempre ha mostrado un gran énfasis en garantizar el acceso a la revisión jurisdiccional de las decisiones relativas a la contratación pública. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado expresamente que el derecho comunitario (en concreto, el artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.989 ) "no se opone a que, según el Derecho nacional, únicamente la totalidad de los miembros de una unión temporal de empresas sin personalidad jurídica que haya participado, como tal, en un procedimiento de adjudicación de un contrato público y a la que no se haya adjudicado ese contrato pueda interponer un recurso contra la decisión de adjudicación, y no sólo uno de sus miembros a título individual" ( Sentencia de la Sala Segunda, de 8 de septiembre de 2.005, en el asunto C-129/04 , entre Espace Trianon S.A., Société wallonne de location- financement S.A. (Sofibail) y Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM)).

No prospera el motivo.

Las valoraciones anteriores obligan, conforme a lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley de la Jurisdicción , a declarar no haber lugar al recurso de casación, con expresa condena en costas a la parte recurrente, a tenor del apartado tercero del art. 139 LJCA , la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte éstas o hasta una cifra máxima". Y al amparo del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción se señala como cantidad máxima a reclamar por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la L.E. Civil , la cantidad de 6000 euros por mitad a cada recurrido.

Obviamente sin perjuicio de que el Letrado pueda interesar de su cliente la cantidad que estime proceda.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere la Constitución.

Tiene razón la Sala de instancia cuando afirma que este Tribunal Supremo no mantiene una posición unívoca respecto a la legitimación activa de los integrantes de una UTE cuando uno o varios de ellos ejercen acciones judiciales. La jurisprudencia invocada por la Sala de Madrid y seguida por el sentir mayoritario de la Sección en contraposición a la línea defendida por este voto así lo acredita. Ahora bien, entiendo que la solución correcta es la contraria a la aquí adoptada por coherencia con anteriores pronunciamientos de esta Sala Tercera y, también, con la posición adoptada en un supuesto semejante a este por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por eso, entiendo que el fallo y el razonamiento en que descansa conducen a la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva que a los recurrentes reconocen el art. 24 CE y el 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

No es nuevo el reconocimiento de legitimación a los integrantes de uniones temporales de empresas para actuar individualmente en defensa de sus derechos vinculados a la suerte de la oferta presentada en nombre de aquéllas. Recordemos, en este sentido, que la Sentencia de 28 de febrero de 2005 (recurso de casación 161/2002, Sección Cuarta , FJ Segundo) consideró injustificado negar la legitimación de quien actuaba en interés de una UTE. Al razonar ese juicio, la Sala señaló que cualquiera de los partícipes puede actuar en defensa de los derechos de una comunidad de bienes.

En la de 11 de julio de 2006 (recurso de casación 410/2004, Sección Cuarta FJ Tercero), también se reconoció legitimación a los integrantes de las uniones temporales de empresas reguladas en el art. 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio , texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, TRLACP, con origen en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, LCAP, más las modificaciones operadas por la Ley 53/1999, de 28. Además, en esa ocasión se explicó la diferencia existente entre el ordenamiento español y el belga a propósito del cual se manifestó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto al que se refiere la sentencia ( Espace Trianon y Sobibail, asunto 129/2004 ) de la que se discrepa.

Enlaza con estos pronunciamientos el adoptado por esta Sala y Sección en la Sentencia de 23 de enero de 2012, (recurso de casación 1429/2009 ). Así, en su fundamento sexto afirma:

"Hemos de comenzar nuestro examen por la causa de inadmisibilidad opuesta por AENA: la falta de legitimación de Mallorca Handling, S.A. debida a que es solamente una de las empresas que formaba parte de la unión temporal que participó en el concurso. Según hemos dicho, la sentencia recurrida rechazó esta excepción, apoyándose en la dictada en el recurso 243/2006 sobre la concesión del contrato para el aeropuerto de Palma de Mallorca, resuelto por la sentencia de la Sala de Madrid de 6 de febrero de 2007, más arriba mencionada, la cual, junto a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el acceso al proceso, adujo la jurisprudencia sobre la legitimación de las uniones temporales de empresas sentada por el Tribunal Supremo a propósito del artículo 24.2 de la Ley 13/1995 , en particular en la recogida por la sentencia de 28 de febrero de 2005 (casación 161/2002 ), que dice:

"(...) entiende esta Sala que esa declaración no es conforme a derecho, pues sin duda es cierto que el empresario individual tenia un interés legitimo y debe acogerse la argumentación de que cualquiera de los partícipes puede actuar en defensa de los derechos de una comunidad de bienes, por lo que no está justificado que se declarase por la Sentencia que no se había acreditado la legitimación de quien actuaba en interés de la UTE. En este sentido debemos pronunciarnos a la vista de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Supremo sobre legitimación de las Uniones Temporales de Empresas en interpretación del artículo 24.2 de la Ley de Contratación de las Administraciones Publicas 13/1995, de 18 de mayo . Debe añadirse además que incluso en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia tuviese dudas sobre la legitimación, debió resolverlas en el sentido de aceptar ésta en aplicación del principio pro actione, en vez de declarar la inadmisibilidad del recurso".

Y a esa interpretación hemos de estar, por lo que no procede acoger la causa de inadmisibilidad invocada por AENA".

En línea con la defensa a ultranza del principio de tutela judicial efectiva se decanta, en fin, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 2010 (asuntos acumulados 145 y 149 del 2008) resolviendo la cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional griego en el asunto Club Hotel Loutraki AE, Athinaiki Tecniki AE, Evangelos Marinakis y otros.

En el punto segundo de su fallo, en consonancia con lo argumentado en los puntos 77 a 80, dijo:

"El Derecho de la Unión, en particular el derecho a una tutela judicial efectiva, se opone a una normativa nacional, como la cuestionada en el litigio principal, que se interpreta en el sentido de que los miembros de una unión temporal de empresas, licitadora en un procedimiento de adjudicación de un contrato público, sean privados de la posibilidad de solicitar, a título individual, la reparación del perjuicio que hayan sufrido de forma individual a raíz de una resolución, adoptada por una autoridad distinta de la entidad adjudicadora, que intervenga en dicho procedimiento de conformidad con las normas nacionales aplicables, y que pueda influir en su desarrollo".

Previamente había dicho.

77. "De este modo, en el ámbito de los contratos públicos, la combinación del artículo 5, apartado 2. de la Ley 2522/1997 , que supedita la concesión de la indemnización de daños y perjuicios a la previa anulación del acto lesivo, y del artículo 47, apartado 1, del Decreto

    Presidencial 18/1989, con arreglo al cual sólo el conjunto de los miembros de una unión temporal de empresas está legitimado para interponer recurso de anulación contra un acto perteneciente a un procedimiento de adjudicación de un contrato público, conduce, como observa el órgano jurisdiccional remitente, no sólo a que los miembros de dicha unión temporal, a título individual, no puedan obtener la anulación del acto que les perjudica, sino a que tampoco puedan acudir al tribunal competente para solicitar la reparación del perjuicio que hayan sufrido individualmente, cuando esta imposibilidad no parece existir en otros ámbitos, en virtud de las normas de Derecho interno aplicables a las solicitudes de indemnización basadas en un perjuicio causado por un acto ilegal de una autoridad pública.

78. En cuanto al principio de efectividad, procede señalar que, con arreglo a la normativa nacional cuestionada en el litigio principal, un licitador -como la demandante en el litigio principal- se ve privado de toda posibilidad de reivindicar, ante el tribunal competente, la reparación del perjuicio que haya sufrido a raíz de una infracción del Derecho de la Unión por un acto administrativo que pueda haber influido en el desarrollo e incluso en el resultado del procedimiento de adjudicación del contrato público. Tal licitador se encuentra, de este modo, privado de la tutela judicial efectiva de los derechos que el Derecho de la Unión le reconoce en esta materia".

En consonancia con la jurisprudencia expuesta entendemos que la Sala debió reconocer legitimación al recurrente D. Luis Pedro y a su sociedad Tomás Entero S.L. a quienes, por cierto, en vía administrativa no se la negó la Comunidad de Madrid para recurrir la inadmisión de la oferta de su UTE en el concurso por falta de capacidad de obrar de don Luis Pedro y de las otras personas, físicas o jurídicas, comprometidas a formalizarla caso de resultar adjudicatarias. Y es que el ahora recurrente tenía la condición de representante de la unión temporal de empresas por haber sido designado conforme a las exigencias del art. 48 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, Ley de Contratos del Sector Público , actual art. 59 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Pero es que la demanda, entre otras pretensiones, hacía valer la de que el Sr. Luis Pedro y su sociedad Tomás Entero, S.L. fuesen indemnizados por los daños y perjuicios que ellos sufrieron como consecuencia de la actuación de la Comunidad de Madrid, a su entender contraria a Derecho. Es decir, se dan en este caso unas circunstancias semejantes a las que concurrieron en el asunto Club Hotel Loutraki AE, Athinaiki Tecniki AE, Evangelos Marinakis y otros. en el que, como se ha dicho, el Tribunal de Justicia entendió que debía reconocerse legitimación al integrante de una unión temporal de empresas, tal como hicieron las sentencias que se han recordado.

No cabe duda, pues, de que no necesita del concurso de los demás el que pretende ser resarcido de los daños y perjuicios que le han resultado de una actuación, a su entender, ilegal de la Administración en la adjudicación de un contrato a la que aspiraba en el seno de una UTE. El interés legítimo que le asiste es manifiesto.

Así, pues, la Sala debió acoger el recurso de casación, anular la sentencia de instancia y, reconociendo la legitimacion de los recurrentes, devolver las actuaciones a la de instancia para que se tramitase y resolviese el recurso contencioso- administrativo.

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

Dª Celsa Pico Lorenzo

PUBLICACION.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretario certifico.