ATS 1632/2014, 9 de Octubre de 2014
| Ponente | CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON |
| Número de Recurso | 1291/2014 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 1632/2014 |
| Fecha de Resolución | 9 de Octubre de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a nueve de Octubre de dos mil catorce.
Por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 6ª), en autos nº Rollo de Sala 64/2013, dimanante de Procedimiento Abreviado 3026/2013 del Juzgado de Instrucción nº 10 de Zamora, se dictó sentencia de fecha 14 de mayo de 2014 , en la que se condenó "a Gabriel , como autor responsable de un delito contra la salud pública, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 100 , con responsabilidad personal subsidiaria de diez días en caso de impago, y al pago de las costas procesales.".
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de casación por Gabriel , mediante la presentación del correspondiente escrito por el Procurador de los Tribunales D. Juan Carlos Fernández Estévez-Novoa. El recurrente menciona como motivos susceptibles de casación los siguientes: 1) Vulneración del derecho a la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y quebrantamiento de forma. 2) Infracción de ley del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por Sala de Gobierno, de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Candido Conde-Pumpido Touron.
A) En el primer motivo se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del derecho a la tutela judicial efectiva y quebrantamiento de forma. En el desarrollo se limita a afirmar que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia por falta de suficiente prueba de cargo.
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La jurisprudencia de esta Sala considera que el control casacional del respeto al derecho a la presunción de inocencia autoriza a esta Sala de Casación a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada y, de otra, su suficiencia. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Está también fuera de dudas que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional, el juicio de inferencia del Tribunal "a quo" sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia ( STS nº 70/2011, de 9 de Febrero , y 13-7-2011, entre otras muchas).
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En aplicación de la referida doctrina jurisprudencial procede comprobar la racionalidad de las pruebas e indicios que llevaron a sostener una sentencia condenatoria por parte del Tribunal "a quo". Se consideran como principales pruebas e indicios incriminatorios, recogidos por la sentencia del Tribunal de instancia, los siguientes: 1) Declaración de los agentes policiales que presenciaron cómo el recurrente entregaba a Diana unos envoltorios. El recurrente se acogió a su derecho a no declarar en el acto del juicio. Diana afirmó, en fase de instrucción, que había quedado con el recurrente para consumir droga y que ella había comprado las dos papelinas al mismo. Los agentes dijeron en el plenario que Diana les reconoció haber comprado la sustancia al recurrente. Ésta no llegó a dar el dinero al recurrente y le fueron ocupados tras la intervención policial 45 euros. 2) Informe pericial toxicológico que indica que la sustancia intervenida a Diana , consistía en un envoltorio con 0,43 gr. de cocaína, con riqueza del 37%, y el otro de 0,36 gr. de heroína, con riqueza del 2,5%.
No se ha producido la lesión del derecho a la presunción de inocencia porque el Tribunal de instancia ha valorado y ponderado racionalmente las pruebas practicadas, sin separarse de la lógica, los conocimientos científicos o las máximas de experiencia para afirmar que el recurrente entregó a Diana varios envoltorios con una sustancia estupefaciente que causa grave daño a la salud.
Por todo lo cual, procede la inadmisión del motivo alegado conforme al artículo 885 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
A) En el segundo motivo se alega la infracción de ley del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Se cuestionan las pruebas de cargo y se alega la doctrina jurisprudencial del consumo compartido.
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En relación con el art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la doctrina del Tribunal Supremo, en sentencias como la de 24-3-2004 , sostiene: "El error valorativo que autoriza este motivo casacional exige la concurrencia de ciertos requisitos reiteradamente señalados por esta Sala:
-. Ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas.
-. Que evidencie el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones.
-. El dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba.
-. Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de Derecho que no tienen aptitud para modificarlo."
Es reiterada la doctrina jurisprudencial que delimita los requisitos sobre el consumo compartido de sustancias estupefacientes, lo que supone la impunidad de los hechos por ausencia de riesgo para la salud pública ( SSTS 20-3-2003 , 24-7-2003). Así , la sentencia del Tribunal Supremo de 27-10-2003 considera como no delictiva la conducta siempre que concurran los siguientes requisitos:
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Que los consumidores sean drogodependientes (no basta la condición de consumidores ocasionales, STS nº 234/ 2006 de 2-3 ); b) Que el consumo tenga lugar en sitio cerrado; c) Que la cantidad de estupefaciente destinada al consumo sea insignificante; d) Que el consumo tenga lugar entre un pequeño núcleo de drogadictos; e) Que los consumidores sean personas ciertas y determinadas; y f) Que el consumo sea inmediato.
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El recurrente no señala prueba documental literosuficiente sobre la que apoya su pretensión. Se cuestionan las pruebas de cargo y se insiste en la ausencia de las mismas. Es por ello que nos remitimos a lo expuesto en el razonamiento jurídico anterior.
En lo que se refiere a la existencia de consumo compartido entre el recurrente y Diana , no consta en los hechos probados que ambos fueran consumidores habituales de este tipo de sustancias. En el fundamento de derecho cuarto de la sentencia, se indica que no existe informe médico del recurrente sobre el consumo de tóxicos ni de metadona, ni se determina el grado o importancia de su adicción. Al no acreditarse la condición de consumidores habituales del recurrente y de Diana , no queda demostrado un consumo compartido de ambos de la droga incautada con efecto excluyente de la tipicidad.
Por todo lo cual, procede la inadmisión del motivo alegado conforme a los artículo 884 nº 6 y 885 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su consecuencia, procede adoptar la siguiente parte dispositiva:
LA SALA ACUERDA:
NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
