STSJ Canarias 1731/2014, 27 de Octubre de 2014
| Ponente | MARIA JESUS GARCIA HERNANDEZ |
| ECLI | ES:TSJICAN:2014:3513 |
| Número de Recurso | 889/2014 |
| Procedimiento | RECURSOS DE SUPLICACIóN |
| Número de Resolución | 1731/2014 |
| Fecha de Resolución | 27 de Octubre de 2014 |
| Emisor | Sala de lo Social |
En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de 2014.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS en Las Palmas de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres. Magistrados D. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ, Dña. MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ y D. IGNACIO DUCE SÁNCHEZ DE MOYA, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el Recurso de Suplicación núm. 0000889/2014, interpuesto por D. Sabino, frente a Sentencia 000194/2013 del Juzgado de lo Social Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria los Autos Nº 0000151/2013-00 en reclamación de Despido siendo Ponente el ILTMO./A. SR./A. D./Dña. MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ.
Según consta en Autos, se presentó demanda por D. Sabino, en reclamación de Despido siendo demandado SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA y M. FISCAL y celebrado juicio y dictada Sentencia desestimatoria, el día 15 mayo 2013, por el Juzgado de referencia.
En la citada Sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes:
"PRIMERO.- La parte actora ha venido prestando servicios interrumpidamente y en virtud de contrato de trabajo indefinido para la entidad demandada, con categoría profesional de Vigilante de Seguridad, antigüedad de 31.01.2004 y salario día de 43 euros, (conformidad en cuanto a la categoría y antigüedad, y el salario se argumentará).
El lugar de trabajo venía siendo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en ejecución del contrato administrativo para el "Servicio de Seguridad Externa presencial de las dependencias de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria" concertado en fecha 14.04.2009 entre la demandada y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de cual la demandada le presta a esta entidad servicios en el sector de seguridad privada, mediante actividades de vigilancia y protección de bienes e instalaciones (Documento nº 12 de la demandada).
Al anterior contrato se le añadió una adenda en fecha 21.06.2012 en cuya cláusula primera se hizo constar que la entidad Seguridad Integral Canaria, S.A., se comprometía, con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que le son de aplicación, a reducir el número de horas del Servicio de Seguridad Externa Presencial en las dependencias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en unas 1.900 horas mensuales del servicio y que dicha modificación tendría vigencia desde el 1.07.2012 hasta el 14.04.2013. Esta reducción supuso una disminución del precio mensual del contrato del 20% pasando de 181.760,34 euros a 145.408,27 euros mensuales (documento nº 4 de la demandada).
En fecha 02.01.2013, la entidad demandada entregó al actor carta de despido en la que se le comunicaba su despido por causas organizativas y productivas con el siguiente tenor literal: "Por medio del presente, de conformidad con los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores, se le notifica que por la Dirección de la empresa, se ha tomado la decisión de proceder, a la extinción de su contrato de trabajo, amparada ésta en causas organizativas y productivas, todo ello con fecha de efectos de 2 de enero de 2013.
El motivo de tal decisión, resulta ser la reducción del servicio impuesta por el cliente Universidad de Las Palmas a partir del mes de Julio de 2012, decisión suspendida temporalmente ante las gestiones realizadas por esta parte para que no se aplicara de forma precipitada en dichas fechas, y que ha tenido plenos efectos en cuanto a la necesidad de reducción de plantilla, tras el período vacacional de la mayor parte de los trabajadores adscritos al Centro de trabajo Universidad de las Palmas, a partir de Noviembre de 2012.
Esta reducción de los servicios de vigilancia y seguridad del cliente Universidad de Las Palmas, servicios que se han venido ejecutando conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobado por Resolución de fecha 16 de diciembre de 2008, con adjudicación del contrato a esta mercantil mediante Resolución de fecha 14 de abril de 2009, y con modificación acordada mediante Resolución del Rector de fecha 19 de Junio de 2012, resulta ser, como se ha expuesto, obligatoria por impuesta por el cliente (lo que por otra parte resulta obvio pues es perjudicial no sólo para los trabajadores afectados, sino para la empresa que ve mermada su facturación al cliente y además se ve obligada a la extinción, con los costes que ello conlleva, de varios contratos de trabajadores adscritos a dicho servicio), y además, esta decisión resulta ser, según se ha notificado a esta parte con posterioridad, de carácter definitivo y permanente. De esta forma, se pone en su conocimiento que el servicio de vigilancia y seguridad que usted ha venido prestando con carácter exclusivo y permanente desde la fecha de la subrogación del contrato, en las instalaciones de la Universidad de Las Palmas, ha quedado reducido en 1.900 horas mensuales, lo que en cuanto a facturación, equivale a una reducción de 36.352,07 euros mensuales ( 436.224,81 euros anuales), lo cual motiva la extinción no sólo de su contrato de trabajo sino de otros compañeros directamente afectados (un total de 10), para la adaptación de la oferta a la demanda, y por tanto para la correlación de la plantilla del centro de trabajo a los servicios demandados por el cliente tras la reducción. Es de significar que como bien usted conoce, la reducción de servicios que lamentablemente motiva la extinción de su contrato de trabajo, no sólo ha sido impuesta por el citado cliente, sino por la práctica totalidad de las Administraciones Públicas, entidades públicas y clientes privados, en el marco de una crisis económica generalizada y del sector en particular. Este servicio de vigilancia y seguridad del cliente Universidad de Las Palmas, se ha venido ejecutando con personal proveniente de la subrogación, adscrito con carácter exclusivo y permanente al servicio, y con personal que no proviene de la subrogación de la anterior adjudicataria. En total, el número de personas que han venido siendo necesarias para la ejecución del contrato ha sido de unos cincuenta trabajadores con anterioridad a la reducción siendo necesarios a partir de la misma unos cuarenta trabajadores para la ejecución del servicio. La adoptada, resulta ser una medida imprescindible en el actual contexto económico que atraviesa el sector de la vigilancia y seguridad privada (que desde hace años viene disminuyendo de forma drástica la prestación de servicios para clientes, principalmente administraciones públicas, que vienen reduciendo o suprimiendo, vigente los contratos, o mediante nuevos pliegos de contratación, los servicios de vigilancia y seguridad privada que prestan las empresas del Sector (lo que las obliga, no sólo a esta entidad, sino al resto, a al adopción de medidas para adecuar la oferta a la demanda, y los costes de personal (principales en el sector) a los ingresos por prestación de servicios a los clientes. En este marco de crisis económica generalizada, que no se desconoce por nadie, la empresa ha intentado la adopción de medidas menos drásticas, como son la modificación de condiciones de trabajo conforme al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, acuerdos de descuelgue conforme al artículo 82.3 del mismo precepto, cambios de centro, o la suspensión de contratos de trabajo, medidas todas ellas que, además de no contar con el apoyo de los sindicatos del Sector y en especial de los representantes de los trabajadores adscritos al servicio Universidad de Las Palmas (que impugnan todas y cada una de las medidas, incluida la pretendida por la empresa suspensión temporal de los contratos de trabajo lo que dio lugar a dejarla sin efecto la misma ante el Tribunal Laboral Canario), resultan en cualquier caso insuficientes cuando, directamente, se viene a suprimir o reducir de forma unilateral y definitiva, un servicio de vigilancia y seguridad por un determinado cliente, lo que obliga a la amortización de cuantos puestos de trabajo son necesarios para la adecuación de la oferta a la demanda, y de los costes de personal a los ingresos, significándole que conforme a reiterada Jurisprudencia, la extinción por causas organizativas y productivas puede tener en cuenta un determinado centro de trabajo, servicio o contrato, y no a la empresa en sí como unidad de estudio para la aplicación de la medida. En cuanto al criterio para la elección de los concretos trabajadores afectados por la medida, se ha tenido en cuenta informe del coordinador del servicio al respecto, que principalmente, basa su elección en cuanto a los trabajadores afectados por la medida, como ocurriera con la pretendida suspensión de contratos, en criterios como la prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores, adscripción fija, definitiva, permanente y exclusiva al servicio objeto de reducción del personal afectado, disponibilidad operativa ante cualquier tipo de incidencias (enfermedad, absentismo, etc.). Debe resaltarse que no se trata de imputar ningún tipo de infracción laboral pues todos los trabajadores, afectados o no por la medida, cumplen con su cometido, sino de discriminar positivamente a aquellos trabajadores que hacen que el servicio pueda prestarse de una manera más satisfactoria para el cliente, la empresa y la persona designada por la empresa para la coordinación del servicio con el cliente. Por lo expuesto, y lamentando tener que tomar esta decisión, se pone en su conocimiento que ante la imposibilidad de mantenimiento de su puesto de trabajo más allá de la fecha...
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