SAP Granada 203/2014, 5 de Septiembre de 2014
| Ponente | ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES |
| ECLI | ES:APGR:2014:1343 |
| Número de Recurso | 344/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 203/2014 |
| Fecha de Resolución | 5 de Septiembre de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Granada, Sección 3ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
SECCIÓN TERCERA
ROLLO Nº 344/14
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE MOTRIL
ASUNTO: JUICIO VERBAL Nº 1.018/12
PONENTE: SR. ENRIQUE PINAZO TOBES
S E N T E N C I A N º 203
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. JOSÉ REQUENA PAREDES
MAGISTRADOS
D. ENRIQUE PINAZO TOBES
Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO
En la ciudad de Granada, a 5 de septiembre de 2014.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 344/14- los autos de juicio verbal nº 1.018/12, del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Motril, seguidos en virtud de demanda de D. Romulo y Dª María Inés representados por el procurador D. Leovigildo Rubio Pavés y defendidos por el letrado D. Antonio J. Salcedo Martín contra D. Luis Enrique y Dª Elisa defendido por el Letrado D. Julio Ricardo Mendoza Terón y contra Dª Marisa .
Que por el mencionado juzgado se dictó sentencia en fecha 26 de julio de 2013 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debía desestimar y desestimaba la demanda de tutela posesoria y sumaria presentada por el Sr. CLEMENTE PÉREZ CHOÍN, en nombre y representación de D. Romulo y DÑA. María Inés, frente a D. Luis Enrique, DÑA. Elisa y DÑA. DOLORES VILLANOVA ALFÉREZ, absolviendo a los demandados de las pretensiones frente a ellos formuladas, y con expresa imposición de las costas del presente procedimiento a los demandantes".
Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, al que se opuso la parte contraria D. Luis Enrique y Dª Elisa ; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 3 de julio de 2014, y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
Que por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. ENRIQUE PINAZO TOBES.
Inicialmente trataremos de fijar los hechos relevantes, que resultan de la ilimitada facultad revisora que atribuye el artículo 456. 1 de la LEC al Tribunal que conoce del recurso de apelación civil, en cuanto a las cuestiones trasladadas por el recurso en orden al examen de la prueba practicada, no limitada, ni reducida, como en el ámbito del recurso de casación.
En primer lugar, debemos precisar, que no son los actores, sino el arquitecto el que define, una vez perfilada la necesaria separación de la azotea, que el muro tenga como altura un metro ochenta. Ello se desprende de su propia declaración, así como de la manifestación de la propia demandada, en el anexo de recepción de la obra, mostrando su disconformidad con los planos de fin de obra y con el proyecto básico de ejecución en ese extremo. Por tanto, debemos rechazar que exista posesión clandestina alguna.
Con tal instrucción del arquitecto, reconociendo la parte demandada la existencia de una comunidad en indiviso sobre la obra ejecutada, indudablemente, en cuanto a la pared de separación a la que se ciñe la acción de protección sumaria de la posesión, debemos admitir por tanto la existencia de una posesión mediata sobre tal elemento en la fecha en que, como admitió D. Luis Enrique, decidieron los demandados unilateralmente derribar parte de ese muro hasta rebajarlo a la altura que consideraron oportuna, tras comprobar en agosto de 2012 que se encontraba con una altura que contrariaba sus deseos. Prácticamente un año antes, septiembre de 2011, como se desprende del doc. 11 de los de la contestación, el muro ya estaba construido con una determinada altura, que no era del agrado de los demandados, ahora apelados, ordenando el arquitecto ante ello que se rebajase su altura, tal y como consta en el libro de órdenes en la visita de 27 de diciembre de 2011, suspendiendo tal mandato después, el 27 de enero de 2012, ante la falta de acuerdo entre los copropietarios. Sin alcanzarse ningún acuerdo entre los comuneros, la parte demandada después de constatar, en agosto de 2012, que el muro tenía una altura de 1,80 mts ordena a un albañil, por su cuenta, la destrucción de parte del citado muro, sin contar con ningún acuerdo de los integrantes de la comunidad.
Los actores, ante la destrucción parcial del muro bajándose su altura, que afirman conocer en septiembre de 2012, sin transcurrir en cualquier caso un año desde el despojo, interponen demanda, para que el muro de la azotea, rebajado unilateralmente, recupere su estado originario de 1,80 metros de altura.
Por tanto, a tenor del resultado de las pruebas examinadas, tampoco puede afirmarse que la posesión, mediata, existente, desde septiembre de 2011, casi un año antes del despojo, determinada exclusivamente por lo previsto en proyecto y por las directrices del arquitecto director de la obra, sea una posesión carente de los requisitos necesarios para ser objeto de protección, y menos aún clandestina,...
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ATS, 9 de Marzo de 2016
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