STS, 31 de Mayo de 1999
| Ponente | MANUEL DELGADO-IRIBARREN NEGRAO |
| Número de Recurso | 10805/1991 |
| Fecha de Resolución | 31 de Mayo de 1999 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los señores al margen reseñados el recurso de apelación que con el número 10.805 del año 1.991, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Abogado del Estado en nombre y representación de la Administración, contra sentencia de 19 de Septiembre de 1.991, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sobre legalización de aprovechamiento de aguas. Siendo parte apelada D. Domingo representado por el Procurador D. Isacio Calleja García.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 19 de Septiembre de 1.991, en el que aparece el Fallo que literalmente copiado dice: F A L L A M O S: Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don Domingo , contra las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de 6 de Abril y 22 de Junio de 1.989, debemos declarar y declaramos nulas, por no ajustadas a Derecho, tales resoluciones, y, en su lugar, ordenamos a la Administración demandada a que admita a trámite la solicitud presentada por el actor; sin costas."
Contra dicha sentencia, interpuso el Abogado del Estado en representación de la Administración, recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos, y en cuya virtud se elevaron los autos y expediente administrativo a este Tribunal, con emplazamiento de las partes, habiéndose sustanciado por su trámite legal. Solicita la parte apelante se dicte Sentencia anulando la apelada por ser totalmente contraria al ordenamiento jurídico, confirmando los actos administrativos en su día recurridos.
Concedido traslado a la representación procesal de D. Domingo , se presentó escrito de alegaciones en el que se suplica a la Sala que dicte resolución confirmando íntegramente la apelada por ser conforme al ordenamiento jurídico y a la realidad fáctica.
Conclusas las actuaciones, se acordó su señalamiento para deliberación y fallo el día VEINTE DE MAYO DE 1.999, fecha en que ha tenido lugar el referido acto.
La única cuestión que se plantea en el presente recurso es similar, de todo punto, a la que ha sido recientemente examinada y resuelta por esta Sala en sentencia de 20 de julio de 1.998, a cuyos fundamentos podemos remitirnos íntegramente, por ser, la doctrina que en ellos se explica, de plena aplicación al caso de autos.
Se trata, en efecto, de una solicitud de inscripción en el Registro de Aguas de un aprovechamiento determinado, en término municipal de Villaseca de Henares (Guadalajara), al amparo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Aguas 29/1.985 de 2 de agosto.La Confederación Hidrográfica del Tajo no admitió la solicitud por no haber sido presentada el acta de notoriedad dentro del plazo de tres años que en la dicha Disposición se establece.
Lo cierto es, sin embargo, que el interesado en 31 de diciembre de 1.988 y, por tanto, antes de haber expirado el mencionado plazo, presentó escrito ejercitando su derecho a la inscripción, sin perjuicio de la posterior aportación del acta notarial cuya tramitación, iniciada meses atrás, no estaba rematada en dicha fecha, por la sola razón de un mal funcionamiento de la Notaría de Sigüenza, según se desprende de la certificación del Sr. Notario de 17 de diciembre de 1.988.
No se pone en duda que el plazo del que estamos hablando es un plazo de caducidad y no de prescripción; y que, por lo tanto, su transcurso es inexorable (preclusivo), sin permitir ninguna interrupción que no coincida con su propio agotamiento, mediante el ejercicio válido del derecho dentro de plazo. Lo que se discute realmente, en el caso de autos, no es tanto la interrupción, o más propiamente la suspensión del plazo, cuanto la validez y eficacia del ejercicio del derecho, a falta de un requisito formal (la presentación material del acta de notoriedad), estando acreditado que tal incumplimiento formal no ha sido debido a negligencia del interesado, sino por el contrario a un mal funcionamiento de un servicio público; y ha sido además subsanado a posteriori.
En aplicación de la doctrina y jurisprudencia mencionadas, estima esta Sala que debe ser confirmada la sentencia apelada, con desestimación del recurso interpuesto por el Sr. Abogado del Estado; y sin que sea procedente hacer pronunciamiento especial sobre costas.
En nombre del Rey
Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Abogado del Estado contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 19 de septiembre de 1.991, a que se refieren los presentes autos; la cual confirmamos; sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Manuel Delgado-Iribarren Negrao, Magistrado Ponente de esta Sala, de todo lo cual, yo, la Secretaria. Certifico.
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