STS, 16 de Marzo de 2000
| Ponente | NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN |
| ECLI | ES:TS:2000:2116 |
| Número de Recurso | 3661/1996 |
| Fecha de Resolución | 16 de Marzo de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Marzo de dos mil.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación que con el nº 3661/1996 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, contra sentencia de 4 de marzo de 1.996, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
Habiendo sido partes recurridas D. Luis Alberto , D. Juan Miguel y D. Alberto , quienes no se han personado en el presente recurso a pesar de su emplazamiento.
La sentencia recurrida contiene una parte dispositiva que copiada literalmente dice:
"Fallamos; "Que estimando los recursos contencioso-administrativos interpuestos por D. Luis Alberto ,
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Juan Miguel y D. Alberto , anulamos las resoluciones impugnadas y, en su lugar, reconocemos el derecho de los actores a percibir por el concepto de complemento específico en razón de la conducción de vehículos una cantidad mensual calculada en 3.415 ptas. de 1.987, con los incrementos sucesivos y con efectividad de los cinco años anteriores a su solicitud ante la Administración, sin costas".
Notificada la anterior sentencia, por la representación de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA se preparó recurso de casación, y por Providencia de 25 de marzo de 1.996 se tuvo por preparado por la Sala de instancia y se remitieron las actuaciones a este Tribunal con emplazamiento de las partes.
Recibidas las actuaciones, por la representación de la parte recurrente, se presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que tras formular las correspondientes consideraciones fácticas y jurídicas, se terminaba con este Suplico a la Sala:
"(...) dicte Sentencia por la que case la citada sentencia y en su lugar declare que los actos administrativos impugnados son conformes al ordenamiento jurídico."
Las partes recurridas, D. Luis Alberto , D. Juan Miguel y D. Alberto , no se han personado en el presente recurso a pesar de su emplazamiento.
Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso la audienciadel día 14 de marzo de 2.000, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
La sentencia combatida en el presente recurso de casación estimó el recurso contencioso-administrativo planteado por los demandantes en el proceso de instancia, y les reconoció el derecho a percibir, por el concepto de complemento específico en razón de la conducción de vehículos, una cantidad mensual de 3.415 pts. de 1987, con los incrementos sucesivos y con efectividad de los cinco años anteriores a su solicitud ante la Administración.
Ese proceso de instancia había sido instado por los actores en su calidad de funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el recurso contencioso-administrativo fue dirigido contra la desestimación de las solicitudes deducidas, ante la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en demanda de incremento del complemento específico por conducción de vehículos en el ejercicio de sus cometidos profesionales.
El art. 93.4 de la Ley jurisdiccional de 1956 dispone: "Las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia no comprendidas en el apartado 2 de este artículo, respecto de actos o disposiciones de las Comunidades Autónomas, solo serán susceptibles de recurso casación cuando el recurso se funde en infracción de normas no emanadas en los órganos de aquellas que sea relevante y determinante del fallo de la sentencia".
Y el artículo 96.2 del mismo texto legal, refiriéndose al escrito de preparación del recurso, establece: "En el supuesto previsto en el artículo 93.4 de la presente Ley, habrá de justificarse que la infracción de una norma emanada de los órganos de una Comunidad Autónoma ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia".
A partir de los preceptos anteriores, esta Sala (sentencia de 1 de junio de 1999, que, a su vez, cita los autos de 18 de septiembre de 1995 y 27 de octubre de 1997) ha declarado que de su análisis conjunto es obligado inferir lo siguiente:
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El recurso de casación se ha de fundar en normas no emanadas en órganos de las Comunidades Autónomas.
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Esa infracción ha de ser relevante y determinante del fallo de la sentencia. Y
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Es al recurrente a quien corresponde justificar que la infracción de la norma no emanada de los órganos de la Comunidad Autónoma ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia, y esta justificación ha de realizarse en el escrito de preparación del recurso de casación.
Y como argumentación complementaria de lo anterior son convenientes también estas otras precisiones que continúan.
La inicial admisión de un recurso de casación no impide que las causas de inadmisibilidad que pudieren concurrir en el supuesto enjuiciado sean examinadas en la sentencia que resuelva la casación, y bien por haber sido alegadas por las partes, o bien en virtud de su apreciación "ex oficio" por la Sala sentenciadora. Esto último en virtud del principio generalmente aceptado de que el examen de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede siembre abordarse o volverse a emprender en la sentencia, de oficio o a instancia de parte (sentencias del Tribunal Constitucional 90/1987 y 50/1991.
El art. 100.2.a) de la Ley jurisdiccional permite, tras la interposición del recurso de casación, que la Sala declare su inadmisión: "Si, no obstante haberse tenido por preparado el recurso, se estimare en este trámite la inobservancia de los artículos 96 o 97 (...)". Y el apartado 5 del mismo precepto establece: "Contra los autos a que se refiere el presente artículo no se dará recurso alguno".
La definitiva admisión de un recurso a pesar de no haberse preparado en debida forma, y por el mero hecho de que en las fases procesales de preparación y admisión hayan pasado desapercibidos dichos defectos, daría lugar a un resultado que por arbitrario y discriminatorio debe ser evitado: que las consecuencias del incumplimiento de esas cargas procesales, que incumben al recurrente, dependan del mayor o menor celo desarrollado en esos trámites de preparación y admisión que preceden a la sentencia, y puedan ser diferentes a consecuencia de ello.
En el caso aquí enjuiciado el examen del escrito de preparación del recurso de casación, presentado por LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, permite constatar que no se ha cumplido con el requisito impuesto por el art. 96.2 de la Ley jurisdiccional.
En dicho escrito no se justifica en que medida la infracción de la norma no emanada de órganos de la Comunidad Autónoma, denunciada para apoyar el motivo de casación, haya sido relevante y determinante del fallo de la sentencia de instancia.
El recurso de casación incurre, pues, en causa de inadmisibilidad, según lo establecido en el art. 100.2.a) de la Ley jurisdiccional, que en el actual momento procesal se convierte en razón para su desestimación.
Y es de añadir, además, que el criterio anterior es el que se ha seguido en anteriores sentencias de esta Sala (la más reciente de 1 de marzo de 2000, y las que en ella se citan) referidas a supuestos similares al que se refiere la sentencia objeto del presente recurso, por lo que razones de unidad de doctrina, impuestas por la observancia que resulta obligada de los principios de igualdad y seguridad jurídica (arts. 14 y 9.3 de la Constitución), determinan que también en el presente caso deba seguirse la misma solución.
Procede, de conformidad con todo lo antes razonado, declarar no haber lugar al recurso de casación, e imponer las costas a la parte recurrente (por aplicación de lo que previene el art. 102.3 de la Ley jurisdiccional).
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- No haber lugar al recurso de casación interpuesto por la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, contra sentencia de 4 de marzo de 1.996, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
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- Imponer las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
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