STS, 13 de Septiembre de 2000
| Ponente | NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN |
| ECLI | ES:TS:2000:6417 |
| Número de Recurso | 44/1998 |
| Fecha de Resolución | 13 de Septiembre de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Septiembre de dos mil.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo que con el número 44/1998 ante la misma pende de resolución, interpuesto por el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA, frente a los dos Acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 18 de junio de 1997 por los que, respectivamente, se aprobó la "Instrucción sobre la remisión de las resoluciones judiciales al Consejo General del Poder Judicial para su recopilación y tratamiento por parte del Centro de Documentación Judicial", y se modificó el Reglamento 5/1995, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.
Habiendo sido parte recurrida el Abogado del Estado, en representación del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
Por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona se interpuso recurso contencioso-administrativo contra los Acuerdos del Consejo General del Poder Judicial antes mencionados ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que, por Auto de 3 de diciembre de
1.997, decidió que carecía de competencia para su conocimiento y que esta correspondía a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, así como la remisión a esta última de las actuaciones y el emplazamiento ante ella de las partes.
Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, se dictó resolución de 16 de marzo de 1.997 asumiendo la competencia para conocer el presente recurso contencioso-administrativo y teniéndolo por interpuesto, y ordenando la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y la reclamación del expediente administrativo.
Y una vez recibido el expediente, se puso de manifiesto a la parte recurrente para que formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días, lo que verificó con el oportuno escrito, en el que, después de exponer los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando:
"(...) proceda a declarar la nulidad de pleno derecho de los acuerdos impugnados por contravenir gravemente el ordenamiento jurídico".
El señor Abogado del Estado, en la representación que le es propia, se opuso a la demanda con escrito en el que, después de alegar cuanto consideró conveniente, terminó suplicando:
"(...) dictar sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo, Y, subsidiariamente, desestimándolo".CUARTO.- Por Auto de 11 de marzo de 1.999 se acordó recibir a prueba el recurso, y posteriormente se confirió traslado a las partes para que presentaran sus escritos de conclusiones.
Verificado el trámite anterior, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 12 de septiembre de 2000, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
El presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA, se dirige contra dos Acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- adoptados en la misma fecha de 18 de junio de 1.997.
Uno de ellos es el que aprobó la "Instrucción sobre la remisión de las resoluciones judiciales al Consejo General del Poder Judicial para su recopilación y tratamiento por parte del Centro de Documentación Judicial".
El otro es el que modificó el Reglamento 5/1995, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, mediante la adición, a su titulo I, de un nuevo artículo 5 bis, integrante de un también nuevo Capítulo I bis.
Interesa ya inicialmente destacar, por ser el tema central de la actual controversia judicial, que la norma séptima de la "Instrucción" antes mencionada y el apartado 4 de ese nuevo artículo 5 bis tienen un contenido sustancialmente coincidente.
El texto de esa norma séptima es el siguiente:
"Salvo lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se facilitarán por los órganos jurisdiccionales copias de las resoluciones judiciales a los fines regulados en el artículo 5 bis del Reglamento 5/1995, de los Aspectos Accesorios de las actuaciones Judiciales, sin perjuicio del derecho de acceder, en condiciones de igualdad y en la forma establecida al efecto, a las información jurídica de que disponga el Centro de Documentación Judicial".
Y el tan repetido artículo 5 bis se expresa en estos términos:
"Salvo lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se facilitarán por los órganos jurisdiccionales copias de las resoluciones judiciales a los fines regulados en el presente artículo, sin perjuicio del derecho de acceder, en las condiciones establecidas a tal efecto, a las información jurídica de que disponga el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder judicial".
La Corporación colegial demandante postula la nulidad de los dos acuerdos impugnados, y para intentar justificar esta pretensión aduce que incurren en infracción de lo establecido en los artículos 110.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -LOPJ- y 120 de la Constitución -CE-.
La vulneración del art. 110.3 de la LOPJ vendría determinada, al entender de la parte recurrente, por no haber recabado el CGPJ con carácter previo informe del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ni haber dado tampoco audiencia al Ministerio Fiscal.
Y la violación del art. 120 CE porque la prohibición de facilitación de copias de resoluciones judiciales -dispuesta para los órganos jurisdiccionales por el art. 5 bis del Reglamento 5/1995 y por la norma séptima de las "Instrucciones"- constituye "una medida que restringe, arbitraria e ilícitamente, el principio de publicidad de las actuaciones judiciales" (así se dice literalmente en la demanda).
Previamente al análisis de las cuestiones de fondo que encarnan esos motivos de nulidad con los que la parte actora intenta apoyar su pretensión, procede pronunciarse sobre la inadmisibilidad opuesta por el Abogado del Estado sobre la base de una posible falta de legitimación de la entidad recurrente.
Y la respuesta tiene que ser contraria a su acogida, pues, con independencia del éxito que pueda merecer la acción ejercitada por el Colegio demandante, es lo cierto que dicha acción versa sobre una materia que no es ajena a los intereses que a dicha Corporación profesional le corresponde defender y representar. Dicha materia es el conocimiento de la jurisprudencia y las condiciones de acceso a la misma, que son elementos de indudable utilidad y trascendencia para el desarrollo de la profesión de Abogado.
Ya entrando en el examen de las cuestiones de fondo, debe comenzarse llamando la atención sobre que ese art. 5 bis del Reglamento 5/1995 y esa norma séptima de las "Instrucciones", que aquí son cuestionados, solo pueden ser valorados y entendidos poniéndolos en relación con el Reglamento 1/1997, de 7 de mayo, del Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-.
Este Reglamento 1/1997 configura al CENDOJ como un órgano técnico del CGPJ que tiene la función, entre otras, de difusión jurisprudencial (art. 1); y establece dentro de su estructura la Sección de Jurisprudencia (art. 5), disponiendo que corresponde a esta "llevar a cabo la recopilación y difusión en la forma que se determine, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias, así como de otras resoluciones judiciales cuya trascendencia e interés doctrinal justifique su difusión" (art. 8).
Además, en su preámbulo, se viene a justificar la creación del CENDOJ aludiendo a las posibilidades actuales de centralizar en un centro propio del CGPJ el tratamiento y selección de la jurisprudencia y de otras resoluciones, y a la necesidad de evitar la dispersión de la información jurídica y la conveniencia de sistematizar, catalogar y ordenar la misma para ponerla a disposición de los interesados.
En ese mismo preámbulo se dice que para la elaboración del Reglamento se ha procedido a dar traslado a diversos organismos y entidades, y como uno de ellos menciona expresamente a la Fiscalía General del Estado.
Y en relación con esta última afirmación del preámbulo, conviene también resaltar que la parte demandada ha acompañado, a su escrito de contestación, documentación acreditativa de que en el trámite de información pública a que fue sometido el Reglamento 1/1997 se recabó el informe tanto del Consejo General de la Abogacía como del Fiscal General del Estado.
Tomando como punto de partida lo que acaba de exponerse en el fundamento anterior, la infracción del art. 110.3 denunciada por la parte recurrente ha de considerarse falta de justificación.
Y las razones que permiten esta conclusión son las que siguen:
1) A través del Reglamento 1/1997, de 7 de mayo, del Centro de Documentación Judicial, lo que hizo el CGPJ fue ejercitar su potestad reglamentaria en materia de recopilación, tratamiento y difusión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y otras resoluciones judiciales.
Y en la fase de elaboración de dicho Reglamento, como antes se puso de manifiesto, se recabó el informe tanto del Consejo General de la Abogacía como del Fiscal General del Estado.
2) El nuevo art. 5 bis introducido en el Reglamento 5/1995, en lo que se refiere a la materia de difusión de resoluciones judiciales, no comportó una innovación normativa en relación con lo ya dispuesto en el Reglamento 1/1997, sino solo una armonización entre ambas normas reglamentarias.
Lo que hizo dicho art. 5 bis fue, dentro del marco de la regulación general de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, articular y precisar la concreta actividad que habrían de realizar los órganos jurisdiccionales en relación con el CENDOJ, y ello, como dice el apartado 1 del propio precepto, "Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los fines encomendados al Centro de Documentación Judicial por el Reglamen-to 1/1997 (...)".
3) La "Instrucción" es un mero desarrollo de la regulación contenida en el art. 5 bis del Reglamento 5/1995, por lo que en relación a ella ha de predicarse también esa falta de innovación normativa a la que antes se ha hecho referencia.
Tampoco puede compartirse que haya sido vulnerado el principio de publicidad de las actuaciones judiciales que proclama el art. 120.1 CE.
Como viene a admitir la sentencia de 3 de marzo de 1995 de esta Sala, ese principio de publicidad es diferente al derecho de acceso al texto de las sentencias, una vez dictadas y depositadas en las Secretarías de Juzgados y Tribunales.
Según recuerda también dicha sentencia, el principio de publicidad constitucionalizado en ese art. 120.1 CE, y recogido en el art. 232 de la LOPJ, está referido a la practica y desarrollo de las actuaciones judiciales; pretende eliminar el secretismo y la opacidad en la dispensación de la justicia; y no es el quecabe invocar para amparar ese derecho al acceso al texto de las sentencias a que se ha hecho referencia. Mientras que este último derecho tiene una esfera de afectación más restringida: la que, a través del concepto jurídico indeterminado de "interesado", se establece en los arts. 235 y 266.1 LOPJ.
Pues bien, los Acuerdos combatidos en este proceso están referidos únicamente a la manera de remitirse las resoluciones judiciales al CENDOJ para que este pueda realizar la difusión externa de las mismas, por lo que no puede entenderse que la regulación que establecen afecte o se refiera a ese principio de publicidad, constitucionalizado en el art. 120.1 CE, cuya infracción pretende sostenerse.
Como complemento de todo lo anterior, resulta conveniente recordar que esta Sala, en su reciente sentencia de 7 de febrero de 2000, ya desestimó la impugnación planteada, tanto contra el Reglamento 1/1997 del CENDOJ, como contra los dos Acuerdos de 18 de junio de 1997 del CGPJ que son atacados en el actual proceso.
En esa anterior sentencia se afirmó que era clara la competencia del CGPJ para prestar el servicio público regulado en el mencionado Reglamento 1/1997; y, por lo que se refiere al nuevo art. 5 bis del Reglamento 5/1995, se rechazó el reproche que se le dirigía de incurrir en vulneración de los artículos. 117.1 y 120 de la Constitución.
Procede, según lo antes razonado, la desestimación del recurso contencioso-administrativo, y no median circunstancias para hacer un especial pronunciamiento sobre costas.
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- Rechazar la excepción de inadmisibilidad opuesta por el Abogado del Estado, y desestimar el recurso contencioso- administrativo, interpuesto por el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA, frente a los dos Acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 18 de junio de 1997 por los que, respectivamente, se aprobó la "Instrucción sobre la remisión de las resoluciones judiciales al Consejo General del Poder Judicial para su recopilación y tratamiento por parte del Centro de Documentación Judicial", y se modificó el Reglamento 5/1995, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales; al ser conformes a Derecho ambos Acuerdos en lo que aquí se ha discutido.
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- No hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
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