STS, 17 de Marzo de 2000

Por la Representación del Estado se interpone recurso de casación contra el auto de la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 7 de febrero de 1997, por el que se desestimó el recurso de súplica interpuesto por esta representación contra auto del mismo Tribunal, de 8 de noviembre de 1996, por el que se decretó haber lugar a la suspensión de la resolución administrativa dictada por la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia, sobre incorporación a la prestación social sustitutoria.

Notificada la resolución de 7 de febrero de 1997, el Sr. Abogado del Estado en nombre y representación de la Administración, presentó escrito ante la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, preparando recurso de casación contra la misma. Por propuesta de providencia de fecha 3 de marzo de 1997, la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma recurso de casación, admitiéndolo y emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones en este Tribunal, por providencia de esta Sala de fecha 25 de marzo de 1997, se da traslado de las mismas al Sr. Abogado del Estado, para que manifieste si sostiene o no el recurso preparado ante la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, en caso afirmativo, formule escrito de interposición, evacuando el traslado conferido mediante escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en que se ampara, solicitando a la Sala dicte sentencia por la que estimando el recurso, se case y anule auto recurrido, declarándose que no procede la suspensión de la resolución administrativa impugnada.

Teniendo por interpuesto recurso de casación por esta Sala, se emplaza a la representación procesal de D. Alfredo , parte recurrida, para que en el plazo de treinta días, formalice escrito de oposición.

Por la parte recurrida se presenta el escrito de oposición al recurso interpuesto, en el que tras impugnar los motivos del recurso de casación en virtud de las razones que estimó procedentes, terminó suplicando a la Sala se dice sentencia por la que se desestime el recurso de casación interpuesto de contrario, declare procedente y acorde con el ordenamiento jurídico la suspensión de la orden de incorporación acordada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el día CATORCE DE MARZO DE DOS MIL, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Por el Sr. Abogado del Estado se interpone el presente recurso de casación ordinario impugnando el auto dictado por la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en la pieza separada de suspensión del recurso contencioso administrativo deducido por D. Alfredo en impugnación de las resoluciones dictadas por la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia sobre incorporación del expresado señor a la prestación social sustitutoria.

El Sr. Abogado del Estado aduce dos motivos, articulados, ambos, por el cauce procesal del art.

95.1.4 de la Ley de esta Jurisdicción de 1956, modificada por la Ley 10/92 de 30 de abril, de aplicación al caso, por razones de temporalidad entendiendo, en el primer motivo, que el auto recurrido infringe el contenido del art. 122 de la citada Ley Jurisdiccional y la Jurisprudencia que cita, en la medida en que no se realiza una adecuada ponderación de los intereses en juego dando prevalencia al interés particular frente al interés público, que resulta prioritario en los casos de la Prestación Social Sustitutoria dado el grado del interés público, o general que está insito en los supuestos de dicha prestación, como así lo viene reconociendo la Jurisprudencia de esta Sala que cita, y que por consiguiente, resulta también infringida.

En el segundo motivo se aduce por la Representación del Estado, infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el "fumus bonis iuris" dictada en interpretación de los preceptos aplicables a la suspensión de la ejecutividad de los actos administrativos, en razón a que la Sala de instancia está resolviendo la cuestión incidental de la suspensión, en base a un juicio de principio sobre el fondo adoptado sin el análisis concreto y pormenorizado de los particulares del mismo.

Antes de entrar en el enjuiciamiento de los motivos de casación aducidos por el Sr. Abogado del Estado, ha de darse respuesta a la traba, u obstáculo procesal, aducido por la parte recurrida al impugnar el recurso de casación del Sr. Abogado del Estado, en la medida que la respuesta que a tal cuestión sea dada haría necesario, o en su caso, imposibilitaría el enjuiciamiento del recurso de casación que nos ocupa.

Aduce la parte recurrida, que la Abogacía del Estado comete el error de recurrir un auto dictado por la Sala de Navarra en 8 de noviembre de 1996, en el que se acuerda una orden de incorporación a la Prestación Social Sustitutoria que no tiene virtualidad en la medida que fue superada dicha orden por otra posterior que, no es objeto de recurso, y en consecuencia, el recurso de casación interpuesto carece de relevancia al no haberse interpuesto contra auto que acuerda la suspensión de una orden de incorporación válida.

El obstáculo procesal aducido ha de ser desestimado si se tiene en cuenta, que si bien es cierto que se dictaron dos órdenes de incorporación: la primera, de fecha 2 de septiembre previendo la incorporación del recurrente para el 26 de septiembre de 1996, y la segunda, de fecha 14 de octubre, que sustituía a la primera y previó la incorporación del recurrente a la Prestación Social Sustitutoria para el día 19 de diciembre de 1996, no es menos cierto, que según resulta de las actuaciones de instancia, el actor dedujo petición de suspensión de la orden de incorporación de 26 de septiembre de 1996, que fue acordada por auto de 8 de noviembre de dicho año y la parte actora, por escrito de fecha 7 de noviembre de 1996, solicitó ampliación del recurso respecto de la segunda, o posterior, orden de incorporación (la de 14 de octubre de 1996) y por otrosí solicitó, asimismo, la suspensión de esta última, resolviéndose por la Sala de instancia, por auto de fecha 19 de noviembre de 1996 "ampliar la suspensión acordada a la nueva Orden de Incorporación de fecha 14 de octubre de 1996". Notificado este auto ampliatorio -el de 8 de noviembre de 1996 no había sido notificado- el Sr. Abogado del Estado interpone los preceptivos recursos de súplica, tanto contra el auto primeramente dictado, como contra el ampliatorio -en dos escritos-, teniéndose así por deducidos por la Sala "a quo" mediante providencia de 17 de diciembre de 1996, dando el traslado correspondiente a la parte actora para su impugnación por término de tres días y resolviendo las súplicasinterpuestas por el auto de 7 de febrero de 1997.

De lo expuesto se desprende que el Sr. Abogado del Estado impugna en tiempo y forma los dos autos de la Sala de instancia resolviendo la suspensión de las órdenes sucesivas de incorporación y aún cuando la Sala "a quo", en el auto resolviendo los recursos de súplica del Sr. abogado del Estado, hace alusión, únicamente, al auto de 8 de noviembre, ello no es óbice para considerar que la Administración amplió el requisito de procedibilidad impuesto por la Ley Jurisdiccional para recurrir en casación y que la pretensión que se deduce en vía casacional está referida tanto al auto inicial, como al ampliatorio, máxime cuando se refieren a una misma materia cual es la suspensión del deber de prestar la Prestación Social Sustitutoria y los argumentos dados por la Sala de instancia en uno y otro auto son absolutamente equivalentes, procediendo, en consecuencia, desestimar la alegación aducida por la parte recurrida, en la medida que la segunda orden de incorporación -que asigna el mismo puesto de trabajo e idénticas condiciones- no puede considerarse una revocación de la primera, sino un acto reiterativo reproducción de otro (Vid. las citadas órdenes de incorporación acompañadas por la parte recurrente con su escrito de 7 de noviembre de 1996, ampliando el recurso y solicitando la suspensión a la segunda orden).

Despejado el obstáculo opuesto por la parte recurrida, y entrando en el enjuiciamiento del recurso de casación interpuesto por el Sr. Abogado del Estado, se hace preciso indicar, de inmediato, que las cuestiones que el recurso de casación interpuesto por el Sr. Abogado del Estado suscita han sido resueltas por esta Sala en sentencias de 12 de noviembre, 25 de noviembre, 13 y 14 de diciembre de 1999 y 18 de enero de 2000, entre otras, en el sentido de entender que en el primer motivo de casación formulado por el Abogado del Estado se alega que, siendo reparables los perjuicios ocasionados al recurrente en virtud de la solvencia de la Administración, resulta prioritario el examen del interés público afectado, con particular referencia a la prestación social sustitutoria, con arreglo a la más reciente doctrina de la Sala, según la cual la suspensión de la prestación puede causar perjuicio para los intereses generales, dado su carácter de instrumento de cumplimiento de un deber constitucional encaminado a la realización de fines útiles a la sociedad.

El motivo debe prosperar, porque efectivamente, la Sala de instancia, al acceder a la suspensión de la resolución que ordena la incorporación del recurrente a la prestación social sustitutoria fundándose únicamente en que el interés particular puesto en juego debe prevalecer sobre el interés general, máxime cuando los daños que se irrogarían al recurrente serían de imposible reparación, da por supuesta la existencia de un enfrentamiento de intereses, cuya ponderación no realiza para dirimir el conflicto planteado y decidir cuál de ellos fuese más digno de protección, con lo que infringe la doctrina jurisprudencial de esta Sala, recogida, entre otras, en sus sentencias de fechas 22 de mayo de 1995, 19 de septiembre de 1995, 23 de septiembre de 1995, 23 de octubre de 1995, 25 de noviembre de 1995, 17 de febrero de 1996, 27 de julio de 1996 y 28 de septiembre de 1996, y en los Autos de 1 de abril de 1995, 22 de mayo de 1995, 19 de septiembre de 1995, 13 de noviembre de 1995, 13 de diciembre de 1995, 20 de julio de 1996 y 22 de septiembre de 1997, según la cual es imprescindible llevar a cabo un juicio de ponderación entre el interés general y el particular invocado para acceder o no a la suspensión pedida. Este juicio de ponderación, a pesar de reconocer implícitamente la Sala de instancia la existencia de un peligro para el interés público con la suspensión y de un perjuicio al particular con la denegación de la suspensión, no ha sido efectuado, por lo que se ha vulnerado la expresada doctrina jurisprudencial.

En el segundo motivo de casación se alega que la aplicación de la doctrina del fumus boni iuris comporta resolver la cuestión incidental sobre la suspensión resolviendo el fondo del asunto; que dicha doctrina sólo tiene fundamento lege ferenda; y que la jurisprudencia considera improcedente examinar el fondo del asunto aplicando la misma.

Este motivo también debe prosperar, en razón a que con el escueto argumento usado por la Sala de instancia para acceder a la suspensión de la ejecución del acuerdo de incorporación se anticipa en cierta manera, al resolver la pieza de suspensión, la decisión de la cuestión de fondo, lo cual no está justificado al socaire de la doctrina jurisprudencial acerca de la apariencia de buen derecho, como ha declarado esta Sala del Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia de 27 de julio de 1996 (recurso de casación 6220/94, fundamento jurídico tercero), y en sus autos de fechas 22 de noviembre de 1993, 31 de enero de 1994, 1 de julio de 1994, 8 de julio de 1994, 13 de marzo de 1995, 23 de mayo de 1995, 19 de junio de 1995, 27 de junio de 1995, 3 de julio de 1995 y 22 de septiembre de 1997. En ellos se considera necesitada de una prudente aplicación la doctrina del fumus boni iuris para no prejuzgar, al resolver el incidente sobre medidas cautelares, la cuestión de fondo, pues con ello se quebrantaría el derecho fundamental al proceso con las debidas garantías de contradicción y prueba (artículo 24 de la vigente Constitución), salvo en especialísimos supuestos, como aquel, que no es el que nos ocupa, en que se solicite la nulidad del acto administrativo dictado al amparo de una norma o disposición de carácter general declarada previamente nula o cuando seimpugna un acto idéntico a otro que ya fue anulado jurisdiccionalmente.

La estimación de los dos primeros motivos de casación formulados por el Abogado del Estado obliga a resolver el litigio, como dispone el artículo 102.1.3.º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, aplicable a este proceso por razones temporales, dentro de los términos en que aparece planteado el debate, que no son otros que la imprescindible ponderación entre el interés público, que quedaría comprometido si se suspende la ejecución del acto, y el interés particular que se vería perjudicado con la incorporación a la prestación social sustitutoria.

La representación procesal del solicitante de la suspensión de la ejecutividad del acuerdo impugnado, que no ha comparecido en este recurso de casación, no alegó en la instancia los perjuicios concretos que podía causarle la ejecución del acuerdo, sino que se limitó a invocar la inexistencia de perjuicio al interés público y la tardanza en resolver por la Administración la petición de suspensión, que a su juicio sería un reconocimiento de la inexistencia de perjuicios a dicho interés, así como la existencia de indicios de estar fundada la petición de pase a la reserva en cuanto al fondo.

La inexistencia de perjuicios al interés público no resulta demostrada, como es obvio, por la tardanza en resolver por parte de la Administración, que implica el incumplimiento de un deber impuesto por la ley y la posibilidad de exigir, en su caso, las responsabilidades oportunas, pero no afecta a la apreciación de las circunstancias de la cuestión que debe ser objeto de decisión. Tampoco los indicios que el recurrente supone que concurren en favor de una decisión de fondo favorable constituyen argumento suficiente para dar lugar a la petición de suspensión, como ha quedado razonado al examinar la no aplicabilidad al caso presente de la doctrina del fumus boni iuris.

Los perjuicios alegados en abstracto para el recurrente carecen, así, de entidad alguna y son por ello intranscendentes para suspender la ejecutividad de la orden de incorporación a la Prestación Social Sustitutoria, porque el interés general o colectivo reclama un ordenado e igualitario sistema de ejecución de tales prestaciones por los objetores de conciencia, ya que, de lo contrario, la dilación en la incorporación a estas prestaciones produciría desorden en los programas establecidos por la Administración al alterarse los plazos y los destinos, que han de venir prefijados con suficiente antelación para resultar aquéllas posibles y eficaces. Este perjuicio al interés público consideramos que debe evitarse y es prevalente frente al interés particular en dilatar hasta la ejecución de la sentencia el cumplimiento de dicha prestación, por lo que no procede acceder a la suspensión interesada (como hemos declarado, entre otras resoluciones, en la sentencia de 28 de febrero de 1998, recurso número 2053 de 1994).

La Prestación Social Sustitutoria, en efecto, constituye un instrumento de cumplimiento por el objetor de conciencia de un deber constitucional encaminado a la satisfacción de fines colectivos y socialmente útiles, como hemos declarado en diversas resoluciones (v. gr., sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996 y auto de 20 de julio de 1995). Éstos pueden verse perjudicados si se accediese de una manera generalizada o con un criterio aplicable a un número de casos considerable a la suspensión de la prestación, aun cuando sólo comportase un retraso en su realización (sentencia de 27 de enero de 1998). La realización de dicha prestación constituye el cumplimiento de un deber social establecido específicamente con esta naturaleza en la Constitución, con independencia de que constituya un instrumento sustitutorio del servicio militar para garantizar la libertad ideológica. Por ello, aun siendo el objeto y finalidad del Servicio Militar y de la Prestación Social completamente distintos, cabe predicar de la prestación idéntica importancia que la que tiene el deber al que sustituye y, por tanto, su carácter esencial para el interés público, tal y como señala el auto de esta sala de 20 de julio de 1995.

Los intereses públicos en juego en principio tienen prevalencia respecto de los particulares que puedan resultar afectados por el cumplimiento de un deber social si éste tiene suficiente relevancia reconocida por el ordenamiento jurídico. Así es respecto de la prestación social de los objetores de conciencia. Este es el criterio seguido con carácter general por esta Sala cuando de la suspensión de la obligación de incorporarse al ejercicio de la Prestación Social Sustitutoria se trata (sentencias, entre otras, de 23 de diciembre de 1996, recurso número 654/1995, 20 de diciembre de 1996, recurso número 7708/1994, 16 de diciembre de 1996, recurso número 3300/1995, y 19 de septiembre de 1996, recurso número 4642/1994, además de las ya citadas).

Al ser estimados dos de los motivos de casación invocados, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto con anulación del auto recurrido, y por las razones expuestas en el precedente fundamento jurídico no se debe acceder a la suspensión de la ejecutividad del acuerdo impugnado.SEPTIMO.- En cuanto a costas, cada parte habrá de satisfacer las propias causadas en este recurso de casación, según dispone el artículo 102.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, sin que proceda hacer expresa condena al pago de las producidas en la instancia al no apreciarse temeridad ni dolo en las partes, como establece el artículo 131.1 de esta misma Ley, todos ellos aplicables al caso por razones temporales, según se desprende de la disposición transitoria novena de la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso- administrativa.