STSJ Canarias 155/2014, 31 de Enero de 2014
| Ponente | MARIA JOSE MUÑOZ HURTADO |
| ECLI | ES:TSJICAN:2014:191 |
| Número de Recurso | 715/2012 |
| Procedimiento | RECURSOS DE SUPLICACIóN |
| Número de Resolución | 155/2014 |
| Fecha de Resolución | 31 de Enero de 2014 |
| Emisor | Sala de lo Social |
SENTENCIA
En las Palmas de Gran Canaria, a 31 de enero de 2014.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias en Las Palmas, formada por los Iltmos. Sres. Magistrados D. Humberto Guadalupe Hernández (Presidente), Dª. María Jesús García Hernández y Dª Mª José Muñoz Hurtado, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de suplicación interpuesto por Prosegur Compañía de Seguridad SA, representada por la Letrada Dª Marta Pérez Pire, contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Las Palmas de fecha 27/12/11 dictada en Autos nº 295/08 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD promovidos por D. Adrian contra Prosegur Compañía de Seguridad SA y Fondo de Garantía Salarial.
Es Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª Mª José Muñoz Hurtado quien expresa el criterio de la Sala.
La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:
Con fecha 17/03/08, la parte actora arriba indicada presentó en el Decanato una demanda que fue repartida a este Juzgado y en la que, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando que se dictara una sentencia de conformidad con sus pretensiones.
Admitida a trámite la demanda, las partes fueron citadas al acto de juicio. Comparecidas las partes, asistidas en la forma que consta en acta, se pasó al acto de juicio. En él, y una vez que se hubo efectuado la dación de cuenta de los antecedentes, la parte actora se ratificó en su demanda. La parte demandada se opuso a la demanda y la contestó formulando las alegaciones que constan en acta. Seguidamente, fue abierta la fase probatoria, en la que se practicaron las pruebas que, propuestas por las partes, fueron declaradas pertinentes y constan documentadas en autos. Practicada la prueba, las partes informaron sobre sus pretensiones y el juicio quedó visto para sentencia.
En la sustanciación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales aplicables salvo el sistema de plazos.
La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:
ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Adrian contra PROSEGUR CIA SEGURIDAD
S.A, condenando a la empresa demandada a abonar a la parte actora la suma de 3.231,47 euros por el concepto y periodo reseñados en el hecho probado 4ª de la presente sentencia, desestimando el pedimento principal de la demanda del que se absuelve a la empresa; debiendo el FOGASA estar y pasar por este pronunciamiento.
Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que no fue impugnado de contrario.
El 4/05/12 se recibieron las actuaciones en esta Sala, señalándose para la deliberación del recurso el 30 de enero de 2014.
El Sr. Adrian, que presta servicios por cuenta de Prosegur SA, con categoría profesional de vigilante de seguridad, reclamó judicialmente las diferencias entre lo percibido y lo que le hubiera correspondido percibir en concepto de horas extraordinarias en el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2007 por entender que el valor fijado en la norma colectiva sectorial, conforme al que se satisficieron, es inferior al valor de la hora ordinaria de trabajo que había de calcularse, con carácter principal, dividiendo la retribución anual del trabajador por el número de horas de la jornada de cada anualidad, y, subsidiariamente, excluyendo del dividendo las sumas percibidas por plus de transporte y vestuario, dictándose por el Juzgado de lo Social nº 1 de Las Palmas sentencia estimatoria de la pretensión articulada de manera subsidiaria.
Frente a la anterior sentencia la empresa demandada se alza en suplicación, articulando un motivo revisorio, amparado procesalmente en el apartado b del Art. 193 LRJS, en el que solicita la adición de un nuevo hecho probado, y, otro de censura jurídica, encauzado a través del apartado c del mismo precepto de la ley de trámites, en el que denuncia la infracción de los Arts. 66 y 69 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada (BOE 10/06/05), así como del Art. 35 ET y de la jurisprudencia contenida en SSTS de 21/02/07 (Rec. 33/06 ) y 19/10/11 (Rec. 33/01 )
La trabajadora no se ha opuesto al recurso.
A) En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS (Ley 36/11), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10 ), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( SSTC 105/08, 218/06, 230/00 ), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:
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Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09 )
Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec. 216/10 )
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Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.
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Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.
Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.
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El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.
Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo
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Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.
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Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.
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La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho
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El texto ofrecido para el nuevo ordinal al que se...
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