SAN, 24 de Marzo de 2014
| Ponente | ANA ISABEL GOMEZ GARCIA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2014:1265 |
| Número de Recurso | 68/2013 |
SENTENCIA
Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil catorce.
Visto el presente recurso contencioso administrativo nº 68/13, interpuesto ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por el Procurador D. José Periañez González Parra
, en nombre y representación de Jesús Manuel, contra Resolución del Ministerio del Interior, de fecha 6 de agosto de 2012, sobre denegación del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, en el que la Administración demandada ha estado dirigida y representada por el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. ANA ISABEL GOMEZ GARCIA, Magistrada de la Sección.
El presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la representación procesal de Jesús Manuel, contra la Resolución del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior, de fecha 6 de agosto de 2012, que le deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria.
Presentado el recurso, se reclamó el expediente administrativo y se dio traslado de todo ello al actor para que formalizara la demanda, el cual expuso los hechos, invocó los fundamentos de Derecho y terminó por suplicar que, previos los trámites legales pertinentes, se dicte sentencia por la que, estimando el recurso, se declare no conforme a derecho la resolución impugnada, revocándola, y se reconozca al recurrente la condición de refugiado. Subsidiariamente, se le autorice la permanencia en España al amparo del art. 17.2 de la Ley 5/1984, modificada por Ley 9/1994 y Ley 12/2009. Con imposición de costas a la Administración demandada.
Formalizada la demanda se dio traslado al Abogado del Estado para que la contestara, el cual expuso los hechos y fundamentos de Derecho y suplicó se dictara sentencia desestimando el recurso, con imposición de costas a la parte recurrente.
Habiendo sido solicitado el recibimiento a prueba del procedimiento, se practicó la que de la propuesta fue admitida, y quedaron los autos conclusos, señalándose para votación y fallo el día 19 de marzo del año en curso en que, efectivamente, se votó y falló.
Se dirige el presente recurso contra la precitada resolución, de fecha 6 de agosto de 2012, dictada por el Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior, denegatoria del derecho de asilo y de la protección subsidiaria solicitada por el recurrente, quien dice ser nacional de Yemen.
Se razona en los fundamentos de dicha resolución, como motivos de la denegación del asilo solicitado, en síntesis, que el tiempo transcurrido entre la llegada a España y la presentación de la solicitud de asilo hace que pueda razonablemente dudarse de la necesidad de la protección demandada. Los hechos alegados no se derivan de los motivos recogidos en el art. 1.A de la Convención de Ginebra de 1951. Basa su solicitud en su pertenencia a un colectivo determinado, sin aportar elementos personales o circunstanciales que indiquen que haya sufrido o tenga un temor fundado de sufrir una persecución personal por esta causa, y cuando, según la información disponible sobre su país de origen la mera pertenencia a tal colectivo no determina necesariamente la existencia de persecución ni justifica suficientemente un temor fundado a sufrirla. Los elementos probatorios aportados por el solicitante no pueden considerarse prueba o indicio probatorio de la persecución alegada ni justifican un temor fundado a sufrirla.
Por ello, se considera que no concurren los requisitos previstos en los artículos 2 y 3 de la Ley de Asilo y en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados para la concesión del derecho asilo, ni en los artículos 4 y 10 de la citada Ley para la concesión del derecho a la protección subsidiaria. Y que tampoco se desprenden razones humanitarias para autorizar la permanencia en España en los términos previstos en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.
Frente a los anteriores razonamientos, en la demanda de este recurso la parte actora, con referencia al relato efectuado por el interesado, alega que el recurrente ha sufrido persecución por pertenecer a una determinada tribu. Razona sobre la concurrencia de los requisitos para que le sea reconocido la condición de refugiado y el derecho de asilo. Con carácter subsidiario, solicita le sea concedida autorización para permanecer en España, al amparo del artículo 17.2 de la derogada Ley 5/1984 .
El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por las razones expuestas en su escrito de contestación a la demanda.
La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que «la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España» .
Pues bien, aun cuando en la demanda se invoca como legislación aplicable la derogada Ley 5/1984, al caso enjuiciado es de aplicación la vigente Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, cuyo artículo 2 define el derecho de asilo como "la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967."
El referido artículo 3 de la propia Ley 12/2009 dispone que "la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones...
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