ATS, 28 de Noviembre de 2013
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 28 Noviembre 2013 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Noviembre de dos mil trece.
PRIMERO .- Por la representación procesal de la entidad "La Solana de Carrascoy, S.L." se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 15 de marzo de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, - sección primera -, en el recurso ordinario nº 122/2011, sobre dominio público marítimo terrestre.
SEGUNDO .- Por Providencia de 10 de septiembre de 2013, se dio traslado a las partes para que, en el plazo común de diez días, alegaran lo que a su derecho conviniera respecto de la posible causa de inadmisión en cuanto al motivo primero del escrito de interposición en el que, al amparo del apartado c) del artículo 88.1 LRJCA reprocha a la sentencia incurrir en incongruencia omisiva y en motivación arbitraria por ilógica, sin que dicho motivo hubiera sido previamente anunciado en el escrito de preparación.
Trámite que ha sido evacuado por las partes personadas.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y Lopez, Magistrado de la Sala
PRIMERO .- La Sentencia impugnada desestima el recurso interpuesto por "La Solana de Carrascoy, S.L." contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de concesión de los terrenos ocupados en parte por el local de la antigua discoteca y bar Cala Reona, ubicados en la finca registral número 51.755 del Registro de la Propiedad de La Unión (Murcia), afectados por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 17 de diciembre de 2007.
SEGUNDO .- Es jurisprudencia consolidada a propósito de los requisitos formales del escrito de preparación, por todos Auto de 10 de febrero de 2011, RC 2927/2010, que:
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Cuando el artículo 89.1 LJCA establece que el escrito de preparación debe contener una sucinta exposición de los requisitos de forma exigidos, se está refiriendo a los requisitos expresados en los artículos anteriores, y entre ellos figura de forma primordial la tajante regla procesal del artículo 88.1, que exige que el recurso se funde, exclusivamente, en alguno o algunos de los cuatro motivos que ahí se perfilan; de manera que es carga del recurrente en casación indicar ya en la fase de preparación el concreto o concretos motivos en que se fundará el recurso y no en cualesquiera otras razones no contempladas en la Ley Jurisdiccional, con indicación de los concretos preceptos o jurisprudencia que se reputan infringidos o del contenido de las infracciones normativas o jurisprudenciales que se pretendan denunciar y desarrollar en el escrito de interposición del recurso de casación, aunque fuere de forma sucinta. Si así no se exigiera, es decir, si se estimara innecesario anticipar el motivo o motivos al que se acogerá el escrito de interposición en los términos expresados, el trámite de preparación quedaría privado de su sentido y finalidad característicos, desde el momento que el Tribunal a quo quedaría desprovisto de elementos de juicio para verificar que el recurso de casación cumple el más primario requisito de procedibilidad, cual es que se funda formalmente en uno de esos cuatro motivos, con indicación de las infracciones normativas o jurisprudenciales denunciadas, y no en otro tipo de consideraciones ajenas al sistema de la Ley procesal, y la parte recurrida carecería de la información necesaria al respecto para adoptar la posición procesal que estimara pertinente.
Esta exigencia de expresión de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales en el escrito de preparación existe tanto cuando la resolución impugnada procede de los Tribunales Superiores de Justicia como de la Audiencia Nacional y cualquiera que sea el motivo del artículo 88.1 que se utilice.
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Los dos primeros apartados de que consta el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción deben ser interpretados y aplicados de forma conjunta y armónica. Así, el segundo apartado no es independiente del primero o alternativo al mismo, al contrario, se asienta en el apartado primero y establece un requisito añadido sobre éste, para el caso específico que en él se contempla, de sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia. Consiguientemente, la regla general aplicable a todos los casos y motivos casacionales ( ex art. 89.1) es que ha de anunciarse ya en la preparación el motivo del artículo 88.1 al que se acogerá el recurso de casación en los concretos términos expuestos en el apartado anterior; y existe además un caso específico de impugnaciones casacionales ( ex art. 89.2), las concernientes a sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia y basadas en el motivo casacional del apartado d), en las que ha de darse en el propio escrito de preparación un paso más, no sólo anunciando el motivo y las infracciones, sino además justificando, sucinta pero en todo caso suficientemente, la relevancia de la infracción del Derecho estatal o de la Unión Europea en que ese motivo pretende basarse en el fallo de la sentencia, como corresponde a su naturaleza.
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Si el escrito de preparación no especifica en modo alguno los motivos a los que se acogerá la interposición con las exigencias expresadas, el recurso será inadmisible por aplicación del artículo 93.2.a) en relación con los artículos 88.1 y 89.1, todos ellos de la Ley Jurisdiccional , por haber sido defectuosamente preparado. Y esta misma conclusión, la de inadmisibilidad, será de aplicación, aunque sea de forma limitada a los motivos casacionales afectados, cuando se desarrolle en el escrito de interposición un motivo no anunciado previamente en el escrito de preparación o las infracciones normativas o jurisprudenciales desarrolladas en el escrito de interposición no guarden relación con las anunciadas en el escrito de preparación.
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Esta exigencia legal primaria del artículo 89.1, de necesaria y obligada anticipación o anuncio en el escrito de preparación de los motivos que se piensan esgrimir en la interposición, es aplicable tanto respecto de las sentencias y autos procedentes de los Tribunales Superiores de Justicia como respecto de los dictados por la Audiencia Nacional, si bien, como antes dijimos y es jurisprudencia consolidada, la carga añadida del apartado segundo del mismo precepto sólo juega respecto de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia.
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La labor de las Salas de instancia en esta fase de preparación, por lo que respecta a la verificación de la cita de los motivos a los que se acogerá el recurso, es de comprobación formal de que efectivamente el recurso se anuncia por alguno o algunos de los motivos del tan citado artículo 88.1, o se acoge a alguno de los supuestos contemplados en el artículo 87.1 para el caso de que el recurso de casación se dirija contra autos, sin que en este trámite pueda someterse a censura el acierto jurídico de las infracciones normativas que se anuncian en el referido escrito.
TERCERO .- Proyectadas estas consideraciones sobre el caso que ahora nos ocupa, advertimos que en el escrito de preparación del recurso de casación presentado ante la Sala a quo , únicamente anunció la interposición del recurso amparándose en el motivos enumerados d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , expresando en el epígrafe 4 de ese escrito que "el recurso de casación se interpondrá fundado en el motivos del apartado d) del articulo 88.1 de la LJCA : 'Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate'. En concreto, se denunciará la infracción de las normas siguientes: a) Disposiciones transitorias cuarta, apartado 1 de la Ley de Costas de 1988 y tercera, apartado 3 y duodécima, apartados 1 y 2 del Reglamento de Costas en relación con el artículo 9.3 de la Constitución (irretroactividad de las Leyes) ...b Disposición transitoria cuarta , apartado 2, letras a), b ) y c) de la Ley de Costas de 1988 ...c) artículo 7 de la Ley de costas de 1988 en relación con el artículo 132.1 de la Constitución , sobre imprescriptibilidad e inalienabilidad de los bienes de dominio público...", infracciones normativas que afectan, en exclusiva, a la cuestión de fondo de la controversia, el derecho ó no a la concesión solicitada.
Por el contrario, el escrito de preparación no sólo no menciona la intención de fundar el recurso de casación en el motivo c), referido al quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, sino que tampoco contiene en su desarrollo denuncia o reproche alguno contra la sentencia por incurrir en falta de motivación o por dejar imprejuzgada alguna de las cuestiones suscitadas en la instancia.
Por ello hemos de concluir que el motivo primero del recurso de casación es inadmisible, toda vez que para tomarlo en consideración ahora habría sido necesario que la parte recurrente lo hubiera anunciado, y no ha sido así, en el escrito de preparación del recurso. Téngase en cuenta que si en el escrito de preparación no se anuncia que el recurso vendrá fundado en su día en motivo distinto del previsto en el citado artículo 88.1.d) es imposible que el Tribunal "a quo", al que corresponde pronunciarse sobre la preparación del recurso, pueda conocer ese dato (vid., en el mismo sentido, Autos de 30 de octubre de 2008, casación 5963/2007, y de 24 de marzo de 2011, casación 5382/2010, y los que en él se citan).
En consecuencia, procede inadmitir el motivo primero con base al artículo 93.2.a) de la Ley de la Jurisdicción .
CUARTO.- No obsta a dicha conclusión las alegaciones vertidas por el recurrente con ocasión del trámite de audiencia en que aboga por una interpretación más atenta con el derecho a la tutela judicial, por cuento como esta Sala ha declarado reiteradamente, la naturaleza extraordinaria del recurso de casación obliga a la observancia de los requisitos formales que la ley establece para su viabilidad, requisitos que no constituyen un prurito de rigor formal sino una clara exigencia del carácter de recurso extraordinario que aquel ostenta, sólo viable, en consecuencia, por motivos tasados, y cuya finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del Derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia.
Por otra parte, no está de más recordar que las posibles restricciones a la recurribilidad de determinadas resoluciones no son incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva del articulo 24.1, siendo doctrina reiterada de esta Sala que no se quebranta dicho derecho porque un proceso contencioso administrativo quede resuelto definitivamente en única instancia.
En este sentido, no hay que olvidar que la interpretación favorable a la admisión de un recurso tiene el límite de que sea legalmente posible su utilización, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva es garantía de todas las partes del proceso, no de una de ellas ( STC 109/1987, de 29 de junio ), por lo que la Sala no puede forzar la interpretación de las normas al extremo de desconocer los límites que al recurso mismo impone el legislador.
Junto a lo anterior, ha de recordarse que, sobre el acceso a los recursos, existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que, reiterada en su Sentencia número 252/2004, de 20 de diciembre , puede resumirse en lo siguiente: "... como hemos sintetizado en la STC 71/2002, de 8 de abril , "mientras que el derecho a una respuesta judicial sobre las pretensiones esgrimidas goza de naturaleza constitucional, en tanto que deriva directamente del art. 24.1 CE , el derecho a la revisión de una determinada respuesta judicial tiene carácter legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que, como hemos precisado en el fundamento jurídico 5 de la STC 37/1995 , 'ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal ( SSTC 140/1985 , 37/1988 y 106/1988 )'. En fin, 'no puede encontrarse en la Constitución -hemos dicho en el mismo lugar- ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador ( STC 3/1983 )' ( STC 37/1995 , FJ 5). Como consecuencia de lo anterior, 'el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión' que 'es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos' ( SSTC 37/1995 , 58/1995 , 138/1995 y 149/1995 )".
En consecuencia, por las razones que hemos explicado en los fundamentos anteriores, hemos de concluir que es inadmisible, con base en el artículo 93.2.a) de la Ley de la Jurisdicción , el recurso respecto del motivo primero del escrito de interposición, fundado en el epígrafe c).
En su virtud,
Inadmitir el motivo primero del escrito de interposición, fundado en el epígrafe c) y admitir a trámite el recurso de casación, respecto del resto de motivos amparados en el epígrafe d), interpuesto por la entidad "La Solana de Carrascoy, S.L." contra la Sentencia de 15 de marzo de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, -sección primera -, en el recurso ordinario nº 122/2011 y, para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Quinta de esta Sala de conformidad con las normas sobre reparto de asuntos.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
