SAP Cádiz 209/2013, 1 de Septiembre de 2013
| Ponente | ANTONIO MARIN FERNANDEZ |
| ECLI | ES:APCA:2013:1040 |
| Número de Recurso | 539/2012 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 209/2013 |
| Fecha de Resolución | 1 de Septiembre de 2013 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Cádiz, Sección 2ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE CADIZ
SECCION SEGUNDA
S E N T E N C I A 2 0 9
Ilustrísimos Señores:
PRESIDENTE
José Carlos Ruiz de Velasco Linares
MAGISTRADOS
Margarita Alvarez Ossorio Benítez
Antonio Marín Fernández
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 DE CADIZ
JUICIO ORDINARIO Nº 725/2011
ROLLO DE SALA Nº 539/2012
En Cádiz a 1 de septiembre de 2013.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, integrada por los Ilmos. Srs. reseñados al margen, ha visto el Rollo de apelación de la referencia, formado para ver y fallar la formulada contra la sentencia dictada por el citado Juzgado de Primera Instancia y en el Juicio Ordinario que se ha dicho.
Ha comparecido en calidad de apelante Gines, representado por la Pdora. Sra. Goenechea de la Rosa, quien lo hizo bajo la dirección jurídica del Letrado Sr. García Rueda.
Ha comparecido en calidad de apelado Raimundo, representado por el Pdor. Sr. Lepiani Velázquez, quien lo hizo bajo la dirección jurídica del Letrado Sr. Rosso López. También ha sido parte el MINISTERIO FISCAL .
Ha sido Ponente el Magistrado Sr. Antonio Marín Fernández, conforme al turno establecido.
Formulado recurso de apelación ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de los de Cádiz por la parte antes citada contra la sentencia dictada el día 2/julio/2012 en el procedimiento civil nº 725/2011, se sustanció el mismo ante el referido Juzgado. La parte apelante formalizó su recurso en los términos previsto en Ley de Enjuiciamiento Civil y la apelada, por su parte, se opuso instando la confirmación de la resolución recurrida, remitiéndose seguidamente los autos a esta Audiencia para la resolución de la apelación.
Una vez recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial, se turnaron a esta Sección, acordándose la formación del oportuno Rollo para conocer del recurso y la designación de Ponente. Reunida la Sala al efecto quedó votada la sentencia acordándose el Fallo que se expresará.
El recurso del apelante debe ser desestimado. Damos por reproducidos y hacemos nuestros los acertados razonamientos expuestos en la sentencia recurrida por la Juez a quo para estimar parcialmente la demanda interpuesta por el Sr. Raimundo contra el Sr. Gines, ahora recurrente.
Sabido es que el art. 120.3 de la Constitución en conexión con el art. 24.1 del texto constitucional, imponen a los tribunales la obligación de motivar debidamente las resoluciones por ellos dictadas en el ejercicio de su jurisdicción con el fin de dar a conocer a las partes las razones de las decisiones judiciales y propiciar su crítica a través de los recursos. Pero dicho esto, también es cierto, según ha señalado reiterada doctrina emanada tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, que es válida la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada, precisamente porque en tal resolución se exponían argumentos correctos y bastantes, de hecho y de derecho, que fundamentasen en su caso la decisión adoptada ya que en tales supuestos, cual precisa la sentencia del Tribunal Supremo de 20/octubre/1997, subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado. En consecuencia, si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir argumentos, pues en aras de la economía procesal debe corregir sólo aquello que resulte necesario (entre otras muchas, sentencias del Tribunal Supremo de 16/octubre/1992, 19/abril/1993, 5/octubre/1998 ).
Tal es el caso de autos por cuanto el exhaustivo análisis del objeto litigioso y la más que adecuada motivación de dicha resolución ya dieron respuesta suficiente al derecho de la parte recurrente a la tutela judicial efectiva. Con todo, procuraremos ahora a su vez dar también cumplida respuesta a las alegaciones contenidas en el recurso en los términos que exigen los arts. 456.1 y 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Sabido es que para resolver el conflicto entre los derechos fundamentales deben aplicarse técnicas de ponderación constitucional, en atención a las circunstancias del caso. La ponderación consiste en el examen de la intensidad y trascendencia de cada derecho, a fin de elaborar una regla que priorice un derecho sobre otro y permita resolver el caso mediante su subsunción en dicha regla (" Los derechos a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, según reiterada jurisprudencia, se encuentran limitados por las libertades de expresión e información... El conflicto entre uno y otro derecho (...) debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ( SSTS 16 de enero de 2009, Pleno, Rec. 1171/2002, 15 de enero de 2009, Rec. 773/2003, 6 de noviembre de 2003, Rec. 157/1998 ). Por ponderación se entiende, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella ", sentencia del Tribunal Supremo 18/febrero/2013 ).
La técnica de ponderación exige valorar en primer lugar el peso en abstracto. Como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige un estado democrático, se reconoce mayor peso en abstracto a las libertades de expresión e información; su preeminencia solo puede revertirse a favor de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen tras un juicio de ponderación que atienda al peso relativo de dichos derechos, en función de las circunstancias del caso. Más en concreto y en cuanto a la libertad de expresión hace la citada sentencia del Tribunal Supremo de febrero del presente año explica que " la ponderación debe tener en cuenta que la libertad de expresión comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, F. 5 ; 49/2001, de 26 de febrero, F. 4 ; y 204/2001, de 15 de octubre, F. 4), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe "sociedad democrática" ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 43 )". Y en similares términos existen reiteradísimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, pudiéndose citar entre las más recientes la sentencia de 4/ diciembre/2012 .
Ahora bien, más allá de esa ponderación genérica, la citada técnica exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los derechos en conflicto. En este juicio se han de analizar los presupuestos jurisprudencialmente exigibles que han de...
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