STSJ Cataluña 950/2011, 15 de Diciembre de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 950/2011 |
| Fecha | 15 Diciembre 2011 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Recurso nº 568/2008
SENTENCIA Nº 950
Ilmos. Sres.:
Presidente
DON JOSÉ JUANOLA SOLER
Magistrados
DON MANUEL TÁBOAS BENTANACHS
DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
En la ciudad de Barcelona, a 15 de diciembre de 2011.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN TERCERA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contenciosoadministrativo nº 568/2008, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo demandada la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada y defendida por la Abogada de la Generalitat.
Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la representación de la parte actora se interpuso recurso contencioso-administrativo, contra la resolución de la Directora General de Qualitat Ambiental, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de fecha 4 de noviembre de 2008, por la que se rechazó de forma expresa la inclusión, en los términos recogidos por el informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de la condición 11ª relativa al canon de vertidos en la autorización ambiental otorgada a la empresa ALIER SA por resolución de fecha 8 de julio de 2008.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación ; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación del acto objeto de recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
No habiendo sido interesado el recibimiento a prueba, continuó subsiguientemente el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que evacuaron las partes, y finalmente se señaló día y hora para votación y fallo, que tuvo lugar el día 14 de diciembre de 2011. CUARTO - En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Son hechos subyacentes al proceso los siguientes, según se desprende del expediente administrativo :
1) Por la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Administración demandada, se remitió en fecha 10 de mayo de 2007, a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la solicitud de autorización ambiental formulada por la Sociedad ALIER SA el 29 de diciembre de 2006, para la adecuación a la Llei del Parlament 3/98, de Intervención Integral de la Administración Ambiental, en relación con la actividad de fabricación de papel y cartón, desarrollada por dicha empresa en el municipio de Rosselló.
Se señalaba en la comunicación que la remisión se efectuaba "De acuerdo con la Ley 16/2002, de 1 de julio...y dado que el vertido de aguas residuales de la mencionada actividad es de su competencia (y todo ello) para que se pronuncien al respecto".
2) En el DOGC del 10 de abril de 2007, se publicó anuncio de información pública sobre la solicitud de autorización ambiental de referencia.
3) Por la CHE se emitió "informe vinculante", en fecha 9 de enero de 2008, estableciendo una serie de 14 condiciones, y entre ellas la siguiente :
"11ª- Canon de control de vertido.
Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica (art. 113.1 T.R.L.A.).
Su importe será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración que está establecido en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la calidad ambiental del medio físico en el que se vierte (art. 113.3 T.R.L.A.).
(Siguen los cómputos aplicables al caso, resultando un Canon de control de vertido de 35.635'87 euros/ año).
La (CHE) practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.
El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales para financiar obras de saneamiento y depuración (art. 113.7 T.R.L.A.)".
4) Mediante resolución de 8 de julio de 2008, el Hble. Conseller de Medi Ambient i Habitatge otorgó a la empresa de referencia la autorización ambiental solicitada.
Entre las condiciones de la autorización no se incluye la anterior transcrita, contenida en el informe de la CHE.
5) En fecha 1 de septiembre de 2008, la CHE dirigió a la Administración demandada el "requerimiento previo de rectificación al amparo del ( art. 44 LJCA )".
Se interesaba en el mismo, en definitiva, que "El apartado 3.1 (Aguas Residuales) de la Autorización Ambiental Integrada debe reflejar la totalidad de las condiciones establecidas en el informe vinculante de fecha 9 de enero de 2008". Por ello, dado que no se ha reflejado, se deberá incluir la condición 11ª...".
6) Por la DG de Qualitat Ambiental, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, se contestó en fecha 4 de noviembre de 2008 al requerimiento formulado por la CHE, rechazándolo en base a los motivos que se exponían, con remisión al respecto a un informe de la Asesoría Jurídica del ACA, que se manifiesta haber sido ya remitido "en análogo supuesto".
Por el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se interpuso el presente recurso contencioso en fecha 19 de diciembre de 2008, en los términos del antecedente 1º de esta Sentencia.
Solicita la parte actora, en el suplico de la demanda, que se declare " la nulidad del acto impugnado", con fundamento en los siguientes motivos que se contienen en dicho escrito : 1) Carácter vinculante del informe del organismo de cuenca.
2) Defecto de motivación del acto administrativo impugnado.
3) Juridicidad del canon de control.
La representación procesal de la Generalitat de Catalunya interesa en su escrito de contestación a la demanda la desestimación del presente recurso contencioso, "atès que l'actuació administrativa impugnada s'até a dret".
Con arreglo al art. 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, a cuyo tenor la Administración demandada se dirigió a la CHE :
"1. En los supuestos en los que la actividad sometida a autorización ambiental integrada precise, de acuerdo con la legislación de aguas, autorización de vertido al dominio público hidráulico de cuencas intercomunitarias, el organismo de cuenca competente deberá emitir un informe sobre la admisibilidad del vertido y, en su caso, determinar las características del mismo y las medidas correctoras a adoptar a fin de preservar el buen estado ecológico de las aguas.
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El informe regulado en el apartado anterior tendrá carácter preceptivo y vinculante y deberá emitirse en el plazo máximo de seis meses desde la recepción del expediente...
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Si el informe vinculante regulado en este artículo considerase que es inadmisible el vertido y, consecuentemente, impidiese el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada dictará resolución motivada denegando la autorización".
La Ley 16/2002, de 1 de julio, tal como señala al final de su preámbulo, " tiene la consideración de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el art. 149.1.23ª de la Constitución ".
Supuso la incorporación al ordenamiento interno estatal de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre (hoy derogada por la Directiva 2008/1/CE), materializando dicha Ley la " autorización ambiental integrada" (art. 3º a), destinada - refiere el preámbulo - a "hacer efectiva la prevención y el control integrado de la contaminación", supeditando "la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación a la obtención de un permiso escrito, que deberá concederse de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan varias autoridades competentes".
Para ello - refiere nuevamente el preámbulo - "se considera imprescindible la cooperación interadministrativa para hacer efectiva la exigencia de la Directiva 96/61/CE de coordinar los procedimientos de concesión de este tipo de permisos cuando intervengan varias Administraciones públicas".
Principio el de cooperación interadministrativa, que reitera el art. 6 de la Ley : "Para la aplicación de esta Ley, las Administraciones públicas ajustarán sus actuaciones a los principios de información mutua, cooperación y colaboración. En particular, deberán prestarse la debida asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de sus actuaciones, especialmente en la tramitación de la autorización ambiental...
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