STSJ Andalucía 1286/2012, 7 de Mayo de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 1286/2012 |
| Fecha | 07 Mayo 2012 |
SENTENCIA Nº 1286/2012
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA
RECURSO Nº 243/2007
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES
PRESIDENTE:
D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ
MAGISTRADOS:
D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA
Dª ROSARIO CARDENAL GÓMEZ
Dª TERESA GÓMEZ PASTOR
D. JOSE BAENA DE TENA
D. SANTIAGO CRUZ GÓMEZ
D. EDUARDO HINOJOSA MARTÍNEZ
PLENO
____________________________________
En la ciudad de Málaga, a 7 de mayo de dos mil doce.
Visto por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el recurso contencioso-administrativo número 243/07, en el que son parte, de una como recurrente, D. Jose Augusto Y PARQUE000 C.B., representados por el Procurador de los Tribunales D. JUAN ANTONIO CARRIÓN CALLE; y por la parte demandada, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, representada por la Letrada Dª. Ana Parody Villas.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don MANUEL LÓPEZ AGULLÓ.
Por la referida representación se presentó escrito interponiendo recurso contenciosoadministrativo contra el Decreto 142/06, de 18 de julio, de la Consejería demandada por el que se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga.
Teniendo por interpuesto el recurso, se acordó su tramitación conforme a las normas establecidas para el procedimiento en primera o única instancia en el Capítulo I del Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, habiéndose presentado en tiempo y forma la demanda y su contestación, y sin haberse acordado el recibimiento del pleito a prueba, la celebración de vista ni la formulación de conclusiones escritas, quedaron conclusos los autos para sentencia y pendientes de señalamiento para votación y fallo, que ha tenido lugar en el día fijado al efecto. Su cuantía es indeterminada.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.
Los demandantes son propietarios de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas con el número NUM000, en una zona a la que el Plan de Ordenación de Territorial de la Costa del Sol Occidental calificó de interés territorial, lo que a su juicio supone un ataque directo a la autonomía municipal del Ayuntamiento de Mijas, a la par que genera un conflicto social, pues un elevado número de empresas, con sus respectivos trabajadores, ven como se frustra una inversión programada desde hace más de siete años, sin explicación alguna que la justifique. Por ello interesan de la Sala el dictado de sentencia que declare nulo de pleno derecho el decreto impugnado por adolecer de vicios procedimentales generadores de indefensión, subsidiariamente se declaren contrarias a derecho todas y cada una de las previsiones relativas a la categoría de " Zonas de Interés Territorial" y en su defecto que se declare contraria a derecho la inclusión de la finca de su propiedad dentro de esta categoría, declarando la procedencia de mantenerla sin protección alguna.
Sin embargo, también encuentran motivos formales para fundamentar su recurso cual sería la vulneración por parte de la Consejería de los establecido en el art. 46.1.e) de la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pues al tratarse de suelo no urbanizable, debe ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable. En definitiva, por la Consejería se habrían invadido competencias y atribuciones municipales.
A esta cuestión y, en definitiva, a las competencias autonómicas, ya ha dado respuesta esta Sala. Así, ante todo, no se está ante una vulneración del principio de jerarquía normativa consagrado en el art. 9 de la Constitución, pues con aquél se habría modificado sustancialmente el régimen previsto en el art. 52 de la Ley 7/02, de Ordenación Territorial de Andalucía, para el Suelo No Urbanizable, incumpliéndose, también, la reserva reglamentaria prevista en dicho precepto, en cuanto a la ordenación de los diferentes actos de realización de segregaciones, obras, construcciones, edificaciones e instalaciones, por medio de los arts. 46, 47, 48, 56 y 64.6 del Decreto, que se refieren, respectivamente, a puertos náuticos y deportivos, al hábitat rural diseminado, directrices de ordenación para los mismos, determinaciones para la ordenación de los suelos de protección ambiental y a zonas a proteger por su interés territorial.
Se ha entendido tradicionalmente en relación con los instrumentos de planificación urbanística, cuya naturaleza normativa no se cuestiona respecto de los de alcance general, es decir, los Planes Generales de Ordenación o las Normas Complementarias o Subsidiarias de Planeamiento ( Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1997 -recurso de apelación 11943/1991 - y de 20 de mayo y de 22 de junio de 1999 - recursos de casación 3150/1993 y 3982/1993 -), o respecto de los de desarrollo, como, por ejemplo, con los Estudios de Detalle ( Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1996 -apelación 1035/1992 - y de 16 de octubre de 2002 -casación 10875/1998 ). También se atribuye esta naturaleza a los proyectos de urbanización ( Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1995; apelación 1964/1991 ).
En cuanto a la planificación territorial, aunque la jurisprudencia no ha sido demasiado explícita al resaltar su naturaleza normativa (alguna declaración puede encontrarse al respecto en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 20 de julio de 2006 -recurso 1264/2001 -, o en la del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2005 -casación 4751/2002 -), ésta se extrae sin esfuerzo de su superioridad jerárquica que legalmente se proclama desde hace tiempo respecto de los planes directores territoriales de coordinación, y a cuyas determinaciones, cuando existían, debían someterse los Planes Generales de Ordenación Urbana ( artículos 10.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, y 69.2 y 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio).
Por lo mismo, la vinculatoriedad de los actuales planes de ordenación del territorio sobre los planes urbanísticos sólo puede significar que aquellos participan también de la naturaleza normativa de éstos. En consecuencia, el tratamiento de las materias relacionadas no supone el desconocimiento de las previsiones de desarrollo reglamentario que sobre este punto se contienen en el artículo 52.7 de la Ley 7/2002 .
Por otra parte, tampoco se habría vulnerado el principio de la autonomía municipal al clasificar el suelo. En cualquier caso y sobre el extremo a que se refiere este fundamento no está de más reparar en que entre los objetivos de la ordenación del territorio, como competencia autonómica y materia propia de instrumentos como el que ahora se trata, se incluye de manera principal "..la distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el desarrollo socioeconómico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico y cultural.." [ artículo 2.2.b) de la Ley 1/1994 ].
La ordenación del territorio debe suponer así el establecimiento de determinaciones relacionadas con la protección de la naturaleza y del paisaje, extremo al que, además, por si ello no bastara, se refiere la propia Ley 7/2002 en su artículo 46.1.e ), según el cual "..pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a esta clase de suelo por ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales, en general, e incompatibles con cualquier clasificación distinta de la de suelo no urbanizable..".
Las previsiones autonómicas encontraban su acogida en el artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que atribuía la condición no urbanizable a aquellos suelos que debían incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales...
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...1990 y 12 abril 1996 ). Similares argumentos se vierten en las Sentencias de 23 de diciembre de 2011 (recurso 1677/2006 ) y 7 de mayo de 2012 (recurso 243/2007 ), también dictadas en recursos directos entablados contra el Decreto 142/06, de 18 de julio, por el que se aprobó el Plan de Orden......