STSJ Murcia 474/2013, 7 de Junio de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 474/2013 |
| Fecha | 07 Junio 2013 |
T.S.J.MURCIA SALA 2 CON/ADMURCIA SENTENCIA: 00474/2013
RECURSO Nº 287/08
SENTENCIA Nº 474/13
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
SECCIÓN SEGUNDA
compuesta por los Ilmos. Srs.:
D. Abel Ángel Sáez Doménech
Presidente
D.ª Leonor Alonso Díaz Marta
D. Mariano Espinosa de Rueda Jover
Magistrados
ha pronunciado
EN NO MBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A nº 474/13
En Murcia, a diez de junio de dos mil trece.
En el recurso contencioso administrativo nº 287/08, tramitado por las normas del procedimiento ordinario, en cuantía de 62.078 euros, y referido a: canon de vertido de aguas residuales.
Parte demandante : EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, representado y defendido por el Abogado D. Joaquín García Alonso.
Parte demandada : LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO (TEARM DE MURCIA), representada y defendida por el Abogado del Estado.
Acto administrativo impugnado : Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 29 de febrero de 2008, que desestima la reclamación económico administrativa nº. 30/2607/2007, formulada por el Ayuntamiento de MOLINA DE SEGURA contra las liquidaciones nº 234 RAV (068)- 7/87 RED Saneamiento el Llano, nº 236 EDAR RED Y STO. URBANIZACIONES, nº 238 EDAR LA ERMITA, Nº 240 EDAR Molina Norte y nº 241, Nueva EDAR Altorreal-El Montañal giradas por la Confederación Hidrográfica del Segura del canon de vertido correspondiente al año 2005, por importe de 62.078,91 Euros,
Pretensión deducida en la demanda : Que se dicte sentencia estimando el recurso y declarando la nulidad o anulación de tal liquidación. Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Mariano Espinosa de Rueda Jover, quien expresa el parecer de la Sala.
El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 7 de mayo de 2008, y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.
La parte demandada se ha opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos de Derecho de esta sentencia.
Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 31 de mayo de 2013.
Dirige la parte actora el presente recurso contencioso administrativo frente a la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 29 de febrero de 2008, que desestima la reclamación económico administrativa nº. 30/2607/2007, formulada por el Ayuntamiento de MOLINA DE SEGURA contra las liquidaciones nº. 234, 236, 238, 240 y 241 RAV (068)- arriba referenciadas, giradas por la Confederación Hidrográfica del Segura del canon de vertido correspondiente al año 2005, por importe de
62.078,91 Euros, procedente de la EDAR y RED DE SANEAMIENTO DE VARIAS URBANIZACIONES.
El TEARM al resolver la reclamación 30/899/06 dirigida contra todas las liquidaciones correspondientes al canon de vertido del año 2005 contra dicho Ayuntamiento y entre ellas contra la anterior la estimó en parte por entender que en el expediente no habían datos suficientes para justificar ni el volumen de vertido, ni el factor K correspondiente al grado de contaminación, tenidos en cuenta, con el fin de que se dictaran otras debidamente motivadas.
La liquidación aquí recurrida ha sido por lo tanto girada en ejecución de la anterior resolución. En esta ocasión el TEARM después de hacer referencia a la carga de la prueba, señalando que la presunción de legalidad de los actos administrativos, desplaza a cargo del administrado solamente la carga de accionar, pero que posteriormente cada una de las partes debe acreditar los hechos que son constitutivos de su derecho ( arts. 114 LGT y 1214 CC ), de forma que corresponde a la Administración acreditar la realidad de los datos tenidos en cuenta para practicar la liquidación, señala que en el presente caso existe una suficiente "motivación in alliunde" derivada del expediente, ya que en el mismo consta un informe del Área de Calidad de las Aguas, Gestión Medioambiental e Hidrológica de la Comisaría de Aguas, en el que se anexa el cálculo llevado a cabo para traducir el resultado en cifras y los precios y el procedimiento que establece la normativa vigente, entendiendo que es suficiente para motivar la liquidación en cuyo dorso se expresan todos los factores tenidos en cuenta.
Alega la parte recurrente que la resolución impugnada es nula o anulable por las siguientes razones:
1) Partiendo de que en las liquidaciones vienen determinadas por el volumen de aguas residuales vertidas por la misma, al que se le aplican los correspondientes factores de corrección determinados por el coeficiente de mayoración o minoración (K), tal y como viene regulado en el Anexo IV del R.D. 849/1986, de 11 de abril que aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, modificado por el RD 606/2003, de 23 de mayo, y por la unidad de contaminación anual, esto es el precio por metro cúbico de agua residual vertida, contenido en el art. 291.2 del Reglamento del Dominio Publico Hidráulico, se señala que en la resolución y en el expediente administrativo se han producido varios defectos, formales y materiales, que le han producido indefensión en los términos prescritos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/92, por lo que las liquidaciones deben ser anuladas.
2) Existen errores en la apreciación de la prueba, ya que no son conformes a la realidad las cantidades tomadas en cuenta como vertidas a la red de saneamiento y no es tampoco correcto el factor K aplicado de acuerdo con las tablas contenidas en el Anexo IV del R.D. 849/1986, de 11 de abril que aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, modificado por el RD 606/2003, de 23 de mayo, y por la unidad de contaminación anual, esto es el precio por metro cúbico de agua residual vertida, contenido en el art. 291.2 del Reglamento del Dominio Publico Hidráulico . 3) La liquidación impugnada 236 (RAV (068)-7/87) consiste en una mera carta de pago que carece de todos los requisitos formales exigidos para su eficacia. No se entiende como el TEARM dice que está motivada, ya que la única modificación realizada con arreglo a la anterior anulada por el TEARM, es incrementar su importe multiplicándolo por tres. En la anterior se estimó un volumen de vertido anual de 275.770 m3 y un coeficiente K 2,85. En la actual un volumen de vertido de 660.416 m3 y el coeficiente de contaminación K 3,20, sin la menor justificación, lo cual supone una "reformatio in peius" y va contra el principio de los propios actos, ya que la liquidación anulada era de 9.447,05 euros y la nueva de 25.402,24 euros.
Para girar la nueva liquidación no se han tenido en cuenta más datos ni pruebas que los utilizados por la CHS en la primera, si es que se ha tenido en cuenta alguno, ya que en el expediente no consta que se hayan tomado muestras, ni se haya hecho análisis alguno sobre las mismas, además de obviar todas las pruebas aportadas por el Ayuntamiento recurrente (certificados, mediciones y documentos emitidos por peritos, debidamente homologados por la entidad regional de saneamiento (ESAMUR) y SERCOMOSA, ajenas al Ayuntamiento recurrente. Da por reproducidos los informes emitidos y en concreto el de D. Elias, Licenciado en Ciencias Químicas y Técnico Superior en Medio Ambiente aportado en la anterior reclamación, aunque no esté incluido en el expediente administrativo, en el que se justifica que el Ayuntamiento ha comprado a la Mancomunidad de Canales del Taibilla para el año 2005 6.641.307 m3 de agua y se han vendido a los usuarios 5.353.731 m3 y sin embargo la CHS ha liquidado por haber vertido 6.982.727 m3 en una primera tanda liquidaciones y por 7.078.179 m3 en la revisión que hacen de las primeras (sin contar las liquidaciones 235 y 237 que fueron pagadas al considerar que los datos que incluían, aún sin estar justificados se ajustaban a la realidad). Ello supone que el Ayuntamiento es capaz de verter al alcantarillado 1.942.134 m3 mucho más agua que la que tiene, y los vecinos de Molina de Segura tiraron a las alcantarillas un 36,28% más agua de la que suministra el Ayuntamiento. Por otro lado se aplica el factor K en el caso de la liquidación 236 (3,2) que impugna, para calcular el canon de control de vertidos, obedeciendo el aumento a que según la CHS los vertidos no son autorizados, pese a que el Ayuntamiento cuenta con autorización provisional de vertidos otorgada por la propia CHS nº RAV (068)-7/87), aunque de provisional tiene poco después de más de 20 años en vigor.
Además la resolución del TEARM es incongruente, ya que no se pronuncia sobre varias de las peticiones realizadas por la reclamante, en la medida que interpuso la reclamación contra distintas liquidaciones (5) no se entiende que solo se haya pronunciado sobre una sola, la 236. Y al parecer las desacumuló y solamente se pronuncia respecto de una, sin haber dado audiencia a la Corporación reclamante con la consiguiente indefensión.
Por lo que se refiere al fondo de la cuestión entiende que la liquidación recurrida debe ser anulada, ya que en el punto referido no se realizan vertidos al estar las redes de saneamiento conectadas a las redes generales de saneamiento, siendo las aguas impulsadas a la EDAR de Campotejar y de la Ermita, sobre las que se está liquidando mediante las nº 238 y 240 otro impuesto, produciéndose una doble imposición por los mismos vertidos.
El cálculo del volumen de agua vertida se hace con base en meras estimaciones, sin haber practicado mediciones...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba