STS, 17 de Mayo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 17 Mayo 2013 |
S E N T E N C I A
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: SEGUNDA
Excmos. Sres.:
Presidente:
D. Rafael Fernández Montalvo
Magistrados:
D. Emilio Frías Ponce
D. Ángel Aguallo Avilés
D. José Antonio Montero Fernández
D. Ramón Trillo Torres
D. Juan Gonzalo Martínez Micó
En la Villa de Madrid, a diecisiete de mayo de dos mil trece.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Segunda por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 2295/2010, interpuesto por el Ayuntamiento de Alcobendas, representado por el procurador don Ángel Rojas Santos, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 3 de marzo de 2010, en el recurso contencioso- administrativo nº 849/2008 , interpuesto contra la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil, del Ayuntamiento de Alcobendas.
"Telefónica Móviles España, S.A.U." interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil, del Ayuntamiento de Alcobendas, publicada en el correspondiente Boletín Oficial de la Provincia.
Segundo.- En su escrito de demanda alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia por la que se declarase nula la citada Ordenanza.
El Ayuntamiento de Alcobendas contestó a la demanda, suplicando a la Sala que dictase sentencia desestimando el recurso.
Tercero.- Tras la tramitación procesal oportuna, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la Sentencia hoy recurrida, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Estimamos el recurso contencioso administrativo 849/2008, promovido por la Procuradora Dña. Ana Lloréis Pardo, en nombre y representación de la entidad "Telefónica Móviles España S.A.", contra el Acuerdo adoptado por el Pleno municipal del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se aprueba y modifica la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Utilizaciones Privativas o Aprovechamientos Especiales del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 31 de diciembre de 2007, y, en consecuencia, se anula el artículo 5 de la Ordenanza impugnada. Sin costas".
Cuarto.- Notificada dicha sentencia se presentó escrito por la representación procesal del Ayuntamiento de Alcobendas, manifestando su intención de interponer recurso de casación, que se tuvo por preparado por la Sala de instancia, emplazando a las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.
El escrito de interposición del recurso de casación contiene tres motivos de casación, el primero y tercero al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , y el segundo al amparo del apartado d) del citado artículo:
1) Por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales con indefensión para la parte, por infracción de los artículos 33.1 y 67.1 de la LJCA y 218.2 LEC ; por incongruencia interna de la sentencia impugnada.
2) Por infracción de los artículos 14 , 24 y 31 de la CE , 6 , 20.1 , 24.1.a ) y c ) y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como de la jurisprudencia aplicable.
3) Por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales con indefensión para la parte, por haberse inadmitido la prueba documental privada, con infracción del artículo 60.4 de la LRJCA , en relación con los artículos 281.1 , 283.1 y 2 , 328 y 330 de la LEC , y 24.1 y 2 de la CE .
Quinto.- Admitido a trámite el recurso de casación por providencia de 11 de octubre de 2010, se remitieron las actuaciones a esta Sección Segunda, conforme a las reglas de reparto de asuntos, dándose traslado a la parte recurrida para que formalizara escrito de oposición, trámite que ha sido evacuado por "Telefónica Móviles España, S.A." solicitando la desestimación del recurso.
Sexto.- Por diligencia de ordenación de 11 de octubre de 2012 se da cuenta a las partes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, ha dictado Sentencia con fecha 12 de julio de 2012 (asuntos acumulados C-55/11 , 57/11 y 58/11) en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por esta Sala, confiriendo a las partes un plazo de diez días para que aleguen lo que a su derecho convenga.
Al evacuar dicho trámite, "Telefónica Móviles España, S.A." solicita la desestimación del recurso de casación interpuesto de contrario con anulación del artículo 2 apartado 2 inciso "con independencia de quien sea el titular de aquellas" y el artículo 5 de la Ordenanza recurrida.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcobendas alega que "...acatará la decisión del Alto Tribunal al que se dirige, que deberá pronunciarse sobre la incidencia de dicha sentencia respecto del encaje constitucional del artículo 20.1 a) y 24.1.c) TRLHL, al oponerse frontalmente a la doctrina derivada de la STS 16.2.2009 (R.C. 5082/2005 ), que esta parte considera correcta...".
Séptimo.- Por providencia de 20 de marzo de 2013 se nombró ponente al Excmo. Sr. Magistrado don Rafael Fernández Montalvo, y se señaló para su votación el fallo el día 24 de abril de 2013.
Octavo.- La representación procesal del Ayuntamiento de Alcobendas presentó, con fecha 1 de abril de 2013, escrito adjuntando Decreto nº 11053, de 27 de diciembre de 2012, por el que se anulan las liquidaciones de los ejercicios 2007 y 2008, correspondientes a la Tasa objeto del presente recurso de casación cuyo sujeto pasivo es "Telefónica Móviles, S.A.", dictándose providencia de 3 de abril de 2013 por la que, con suspensión del señalamiento acordado para votación y fallo, se dio traslado a la otra parte del escrito presentado para trámite de alegaciones, trámite que fue efectuado por "Telefónica Móviles España, S.A." en el sentido de que la anulación de las liquidaciones acordada no tiene relación y no corresponde al presente recurso de casación.
Noveno.- Por providencia de 18 de abril de 2013 se señaló el recurso para su votación y fallo el día 14 de mayo de 2013 , en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. don Rafael Fernández Montalvo, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto del presente recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estimó parcialmente el recurso interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil, del Ayuntamiento de Alcobendas.
La anulación se limita a su artículo 5, relativo a la base imponible y a la cuota tributaria.
Segundo.- Pues bien, el recurso de casación ha de desestimarse, dado que esta Sala y Sección ya se ha pronunciado sobre la no conformidad a Derecho de la regulación de la cuantificación de la tasa que se contiene en ordenanzas como la que ahora nos ocupa.
En efecto, en nuestra Sentencia de 15 de octubre de 2012 (recurso de casación nº 1085/2010 ) ya señalamos que el pronunciamiento anulatorio había de extenderse al precepto de la ordenanza regulador de la cuantificación de la tasa, y ello por las siguientes razones:
"Por otra parte, la anulación tiene que alcanzar también al art. 4 de la Ordenanza, al partir la regulación de la cuantificación de la tasa de la premisa de que todos los operadores de telefónica móvil realizan el hecho imponible, con independencia de quien sea el titular de las instalaciones o redes que ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, que no se adecúa a la Directiva autorización, debiendo recordarse, además, que la Abogada General, en las conclusiones presentadas, ante la cuestión prejudicial planteada, sostuvo que "con arreglo a una correcta interpretación de la segunda frase del artículo 13 de la Directiva autorización, un canon no responde a los requisitos de justificación objetiva, proporcionalidad y no discriminación, ni a la necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos de que se trate, si se basa en los ingresos o en la cuota de mercado de una empresa, o en otros parámetros que no guardan relación alguna con la disponibilidad del acceso a un recurso "escaso", resultante del uso efectivo que haga dicha empresa de ese recurso".
Esta conclusión, aunque no fue examinada por el Tribunal de Justicia por las razones que señala, es compartida por la Sala, lo que impide aceptar que para la medición del valor de la utilidad se pueda tener en cuenta el volumen de ingresos que cada empresa operadora puede facturar por las llamadas efectuadas y recibidas en el Municipio, considerando tanto las llamadas con destino a teléfonos fijos como a móviles como recoge la Ordenanza, y además, utilizando datos a nivel nacional extraídos de los informes anuales publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en cuanto pueden conllevar a desviaciones en el cálculo del valor de mercado de la utilidad derivada del uso del dominio público local obtenido en cada concreto municipio".
En consecuencia, no resultando ajustado a Derecho el método de cuantificación al que se refiere el artículo 5 de la Ordenanza que hoy nos ocupa, si bien sea por las razones que acaban de exponerse, se impone confirmar el pronunciamiento de declaración de nulidad del citado precepto y la desestimación del recurso de casación.
Tercero.- La desestimación del recurso de casación, al incurrir la Ordenanza Fiscal impugnada en la infracción del ordenamiento jurídico en los términos antes señalados, hace innecesario el análisis de las restantes infracciones normativas denunciadas en el motivo articulado al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , así como de los motivos formulados al amparo del apartado c) del citado precepto, puesto que una eventual estimación de los mismos nos situaría en la posición del Tribunal de instancia, dando lugar, en todo caso, al mismo pronunciamiento habido en la instancia, incluido el relacionado con la inadmisión de los medios de prueba, y ello por carecer de objeto en la actualidad, ya que su hipotética estimación únicamente daría lugar a una dilación injustificada del pleito cuya resolución última sería la misma que se alcanza con la presente sentencia.
Cuarto.- Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le concede el número 3 del citado artículo 139, fija en 1.000 euros la cuantía máxima a abonar por todos los conceptos a la parte recurrida.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación nº 2295/2010 interpuesto por el Ayuntamiento de Alcobendas contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 3 de marzo de 2010, en el recurso contencioso-administrativo nº 849/2008 . Imponemos a la parte recurrente la condena al pago de las costas, con el límite cuantitativo establecido en el último de los Fundamentos de Derecho.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
Rafael Fernández Montalvo Emilio Frías Ponce
Ángel Aguallo Avilés José Antonio Montero Fernández
Ramón Trillo Torres Juan Gonzalo Martínez Micó
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Rafael Fernández Montalvo, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.
