SAP Madrid 642/2008, 6 de Junio de 2008
| Ponente | MARIA TERESA CHACON ALONSO |
| ECLI | ES:APM:2008:11180 |
| Número de Recurso | 1283/2007 |
| Procedimiento | PENAL |
| Número de Resolución | 642/2008 |
| Fecha de Resolución | 6 de Junio de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 27ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 27
MADRID
SENTENCIA: 00642/2008
Apelación RP 1283/07
Juzgado Penal nº 24 de Madrid
Procedimiento Abreviado nº 405/07
SENTENCIA Nº 642/08
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
ILTMOS. SRES. DE LA SECCION VIGÉSIMO SÉPTIMA
Dña. Maria Teresa Chacon Alonso. (Presidenta-Ponente)
Dña. Pilar Rasillo López
Dña. Pilar González Rivero.
En Madrid, a seis de junio de dos mil ocho.
Vistos por esta Sección Vigésimo Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el juicio Oral nº 405/07 procedente del Juzgado de lo Penal nº 24 de Madrid y seguido por un delito de maltrato familiar siendo partes en esta alzada como apelante Juan Pablo y como apelado el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada Sra. Maria Teresa Chacon Alonso
Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el 15 de octubre de 2007, que contiene los siguientes Hechos Probados:"Que sobre las 16.00 horas del día 26 de junio de 2005, Juan Pablo, mayor de edad y con antecedentes penales no computables, se encontraba en un bar sito en la Glorieta de Embajadores número 5 de esta Capital con su compañera sentimental, María Virtudes, cuando se enzarzaron en una discusión, durante el curso de la cual Juan Pablo propinó un puñetazo en la cara a María Virtudes, ya fallecida, causándole lesiones de las que sanó tras una primera asistencia facultativa de un día."
En la parte dispositiva de la sentencia se establece: "Que debo condenar y condeno a Juan Pablo como responsable en concepto de autor de un delio de malos tratos en el ámbito familiar, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especia para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por dos años, debiendo, asimismo, abonar las costas procesales devengadas a esta instancia.".
Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la procuradora Dª. Eugenia Carmona Alonso, en nombre y representación procesal de D. Juan Pablo que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.
Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, y se señaló para la deliberación y resolución del recurso el día 2 de junio de 2008.
SE ACEPTAN los de la sentencia apelada, que se dan aquí por reproducidos.
Por la representación de Juan Pablo se interpone recurso de apelación contra la sentencia referida que condena a su patrocinado como autor responsable de un delito de malos tratos en el ámbito familiar del art. 153.1 del C. Penal viniendo a alegar los siguientes motivos:
a/ Infracción del principio constitucional de presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba al amparo del art. 790.2 LECr. incidiendo en que no se ha practicado prueba que acredite que la relación del acusado con la presunta víctima fuera la "análoga a la matrimonial" que exige el precepto legal aplicado.
Incide además en que la juez a quo sitúa la discusión en un bar de la Glorieta de Embajadores cuando tuvo lugar con anterioridad en el Rastro, no teniendo en cuenta que en dicha discusión únicamente pudo haber recibido un golpe involuntario la presunta victima, ni tampoco la toxicomanía habitual del acusado ni las lesiones que presentaba este último.
b/ Derivado del anterior, infracción del art. 153.1 del C. Penal por no existir una relación análoga a la matrimonial entre el acusado y la presunta víctima, entendiendo que seria en su caso de aplicación el art. 617 del C. Penal así como infracción legal por indebida inaplicación de la atenuante analógica del art. 21.1 y 2 del C. Penal por drogadicción.
Centrada así la cuestión la revisión de la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida por el Juez a quo, se debe concretar a la forma en que se han practicado o desarrollado en el plenario las pruebas, si existen pruebas de cargo, y si la valoración efectuada obedece a las reglas de la lógica, experiencia y de la sana crítica (SSTC 17-12-85 [RTC 1985\174], 13-6-86 [RTC 1986\78], 13-5-87 [RTC 1987\55], 2-7-90 [RTC 1990\124], 4-12-92 [RJ 1992\10012], 3-10-94 [RJ 1994\7607 ]), y únicamente debe ser rectificada, bien cuando no existe al imprescindible marco probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien, cuando un detenido examen de las actuaciones revele un manifiesto y claro error del juzgador «a quo» de tal entidad que imponga la modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, o más concretamente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquella valoración haya sido llevada a cabo por el órgano judicial de forma arbitraria, irracional o absurda, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que debe calificarse de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios, como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales. (SS. TC 1-3-93 [RTC 1993\79], S. TS 29-1-90 [RJ 1990\527 ]).
Por otra parte, el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836 ), implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [LEG 1948\1]; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [RCL 1979\2421], y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [RCL 1977\893 ]). Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial (STS 251/2004 ).
Procede pues, analizar:
a/ Si existe en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente)
B/ Si dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y en cada medio de prueba (prueba lícita)
c/ Si esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso puede considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente); y esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro reo" en favor del acusado.
Debe incidirse en que, no puede prescindiese de la ineludible necesidad de desplegar una prueba de cargo, razonablemente suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Presunción que no solo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución sino que además, es el "eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal. (STS 2 de diciembre de 2003 ).
Señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/88 de 7 de julio y ha reiterado en numerosas resoluciones, que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada siempre...
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