AAP Barcelona 223/2012, 4 de Diciembre de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 223/2012 |
| Fecha | 04 Diciembre 2012 |
AUDIENCIA PROVINCIAL de BARCELONA
SECCIÓN DECIMOSEXTA
Rollo: 848/2011-B
A U T O nº 223/2012
Ilmos. Sres.
D. Agustín Ferrer Barriendos
D. Jordi Seguí Puntas
D. José Luis Valdivieso Polaino
En Barcelona, a cuatro de diciembre de dos mil doce.
VISTOS ante la Sección Decimosexta de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona en apelación admitida a la parte peticionante y procedente del Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Sabadell en los autos de juicio monitorio número 1795/2010 seguidos a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada en esta alzada por el procurador don Ángel Joaniquet Tamburini, contra Carlota .
Se aceptan los del auto apelado de fecha ocho de octubre de 2010 dictado por la Juez de 1ª Instancia número 1 de Sabadell en el procedimiento anteriormente reseñado y cuya parte dispositiva establece: "No ha lugar a admitir la demanda de juicio monitorio presentada por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid frente a Carlota ".
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte actora, que fue admitido a trámite y remitidas las actuaciones a esta Audiencia Provincial fueron turnadas a la Sección 16ª, siguiéndose los trámites de la alzada con señalamiento de votación y fallo para el pasado día 14 de febrero.
VISTO siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jordi Seguí Puntas.
Antecedentes del litigio en primera y segunda instancia.
La entidad de crédito CajaMadrid reclama el saldo (12.219,39 #) que presentaba en junio de 2010 el contrato de tarjeta de crédito concertado en fecha 28 de enero de 2009 con Carlota .
La juez de primera instancia denegó motivadamente la práctica del preceptivo requerimiento de pago a la deudora por entender, en aplicación de lo prevenido en la legislación protectora de los consumidores y en particular en el artículo 19.4 de la Ley de crédito al consumo, que una parte de la deuda reclamada es inexigible habida cuenta el carácter abusivo de un interés de demora al 24%. La entidad de crédito peticionante considera que el auto del Juzgado debe ser revocado ya que el precitado artículo 19.4 LCC no sería aquí aplicable y porque el interés moratorio convenido es del 2%, no del 24%.
El interés moratorio abusivo en los contratos de financiación.
Los contratos de financiación de consumo (crédito, préstamo) están sujetos a las normas generales de protección de los consumidores y a la más específica reguladora del contrato de crédito al consumo: Ley 7/1995, derogada por la Ley 16/2011, de 24 de junio, en vigor desde el día 25 de septiembre de ese año.
Conviene tener asimismo presente como pauta interpretativa de las obligaciones del prestador de servicios de financiación la Orden EHA 2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, en vigor desde el 29 de abril de 2012, que se hace eco de las nuevas medidas de transparencia bancaria introducidas por medio de las leyes 41/2007 (de reforma parcial del mercado hipotecario) y 2/2011 (de economía sostenible).
En consecuencia, el interés moratorio deberá ser calificado de abusivo y por consiguiente nulo en la medida en que suponga "la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones" ( artículo 85.6 LGDCU ).
Enseguida se advierte que la eventual abusividad de la sanción impuesta al deudor moroso no se determina por sí misma sino que ha de fijarse en atención a la relación más o menos proporcionada que guarde con las restantes coordenadas del contrato (principalmente con el tipo de interés remuneratorio pactado, que se fija partiendo de un tipo base más una prima de riesgo, la cual toma en cuenta básicamente la duración del vínculo) y del contexto económico en que se enmarca (el índice de referencia más habitual en los contratos de interés variable, el euribor, se forma en atención al precio del dinero en el mercado interbancario de ámbito europeo), sin perder de vista que la pena de morosidad cumple una triple función: resarcitoria (indemnizar al prestamista acreedor por la pérdida de beneficio que sufrirá debido al incumplimiento de su deudor), conminatoria (estimular el cumplimiento de las obligaciones) y disuasoria (desalentar el incumplimiento del prestatario).
No es ocioso indicar que la medida de la remuneración o beneficio que espera el empresario de crédito no se refleja en el interés remuneratorio nominal expresado en el contrato sino en la tasa anual equivalente (TAE), equivalencia financiera que pretende ser un reflejo de la rentabilidad que obtendrá el prestamista a través de un procedimiento de actualización de valores heterogéneos (intereses, comisiones y gastos a excepción de los de notaría). Desde la perspectiva inversa, la TAE refleja "el coste total del crédito para el consumidor" (artículo 6, letras a/ y d/, LCCC), por lo que su especificación, "de forma clara y concisa", debe figurar tanto en la información previa como en el propio contrato, con expresa mención de "todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje" (artículos 10.3, g/ y 16.2, g/ LCCC).
A los efectos que nos ocupan es oportuno destacar que la medida común del perjuicio del acreedor por el incumplimiento de una obligación dineraria consiste la imposición al deudor de un recargo coincidente con la tasa de interés legal del dinero ( artículo 1108 CC ). Subrayemos que el interés legal en España se ha situado desde el año 2000 en tasas de entre el 4 y el 5%, excepción hecha del mínimo descenso del año 2004 (3,75%) y los ligeros repuntes de los años 2001, 2008 y 2009 (5,50%).
Lógicamente el riesgo del prestador de...
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