STS, 8 de Enero de 2013

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 6ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha seguido el recurso número 1965/2003 , que tiene por objeto la impugnación de la Resolución de 7 de mayo de 2003 de la Secretaria de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, desestimatoria del recurso de alzada contra la Resolución de 19 de septiembre de 2002 de la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, por la que se deniega la autorización de uso para la fabricación de un formato de paneles armados.

La expresada Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 6ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicta Sentencia el 7 de octubre de 2009 , cuyo fallo expresa:

Que estima el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto por el Procurador Sr. Calleja García en representación de PREFABRICADOS ESCALANTE SA (PREFESA), contra Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento de 7 de mayo de 2003, que desestima recurso de alzada contra Resolución de la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura, y Urbanismo de 19 de septiembre de 2002, que deniega la autorización de uso para la fabricación de un formato de paneles armados. "120/25/80", debemos anular y anulamos las mismas, por no ser conformes con el ordenamiento jurídico, declarando procedente la autorización denegada en su momento. NO procede hacer declaración sobre costas.

Notificada la referida Sentencia a las partes, la Procuradora Sra. Santamaría Zapata en nombre y representación de D. Ricardo , presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió al tiempo que se ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

Elevados los autos y el expediente administrativo a este Alto Tribunal, la representación procesal de D. Ricardo interpuso el 10 de febrero de 2010 el citado recurso, en el que hace valer los siguientes motivos de casación:

1. ) Al amparo del artículo 88.1 d) LJCA : por infracción de los artículos 103.1 y 118 CE , que proclaman la vinculación de la Administración pública a la totalidad del ordenamiento jurídico, incluyendo por tanto las sentencias y resoluciones firmes de los jueces y tribunales.

2. ) Al amparo del artículo 88.1 d) LJCA : por la vulneración de los artículos 18.2 LOPJ y 106.1 , 9.3 y 24 de la CE .

3. ) Al amparo del artículo 88.1 d) LJCA : por la infracción del artículo 1 del RD 1630/1980, de 18 de julio , sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.

   Terminando por suplicar dicte sentencia en la que:

1. ) Declare haber lugar al presente recurso de casación;

2. ) Case y anule la sentencia recurrida dejándola sin efecto, y en consecuencia se declare ajustada a derecho la resolución de 7 de mayo de 2003 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Director General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento de 19 de septiembre de 2002.

Presenta la entidad "Prefabricados Escalante S.A. (PREFESA)", escrito mediante el cual pone de manifiesto a la Sala que ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Mercantil número 10 de Santander se sigue concurso voluntario de acreedores número 212/2009 , a instancias de aquélla entidad, por lo que la administración concursal deberá ser emplazada a efectos de formular en su caso oposición al recurso de casación. No obstante verificarse en estos términos el oportuno emplazamiento, no se persona la administración concursal.

Preparado el recurso de casación por la Abogacía del Estado, presenta escrito en el que manifiesta que no sostiene el mencionado recurso, por lo que en virtud de Auto de 3 de mayo de 2010 se declara desierto respecto de la Administración del Estado el presente recurso de casación.

Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el 4 de diciembre de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley, salvo en el plazo de dictar sentencia dada la complejidad del asunto.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

Es objeto del presente recurso de casación la Sentencia de 7 de octubre de 2009, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso número 1965/2003 , que tiene por objeto la impugnación de la Resolución de 7 de mayo de 2003 de la Secretaria de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, desestimatoria del recurso de alzada contra la Resolución de 19 de septiembre de 2002 de la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, por la que se deniega la autorización de uso para la fabricación de un formato de paneles armados.

La sentencia impugnada estima el recurso contencioso-administrativo deducido y anula las resoluciones impugnadas, declarando procedente la autorización denegada. El Tribunal de instancia considera que la solicitud presentada por la entidad actora era una ampliación de otra anterior que fue autorizada por sentencia firme dictada por la Sección Octava de la misma Sala. Sus fundamentos jurídicos, en lo que ahora interesa, son los siguientres:

[...] Centrándonos en la concreta petición de la recurrente, en su momento se solícita autorización de uso para la fabricación de un forjado de paneles armados 120/25/80, que corresponde al aumento de una serie de paneles de la autorización de uso que ya posee, 3872/00 de 22 de febrero de 2000, constando un añadido, manteniendo las características generales de los paneles. Esta es literalmente la pretensión ejercitada en el escrito inicial.

Efectivamente, sobre esa autorización se había pronunciado esta Sala considerando que no procedía cuestionar la misma toda vez que el ámbito del procedimiento se ciñe al RD 1630/1980 y considera que el tema de fondo es ajeno. Precisamente, el tema de fondo es el ventilado en los procedimientos civiles que se han seguido y a los que se ha hecho referencia. La Sentencia del Juzgado de PI n. 6 de Santander estima la pretensión del recurrente en el mismo, en concreto Don Don Ricardo condena a PREFESA a cesar y abstenerse de la fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio y utilización de los paneles objeto de la patente n. P9401173. Esta Sentencia, en cuanto a esta declaración ha sido confirmada por la SAP de Cantabria, de 12 de junio de 2001 , que añade además una indemnización a favor de Don Ricardo .

Ahora bien, siendo esto así, y no pudiendo en modo alguno obviarse esta realidad sentada en Sentencias de la Jurisdicción Civil, como se ha expuesto, el tema que aquí se plantea debe limitarse a sus términos, y al objeto del debate, y en tal sentido, esta Sección no puede desconocer que la Sentencia de la Sección Octava, en esta Sala, ha declarado la conformidad a Derecho de las resoluciones que conceden la autorización para fabricar forjados de paneles armados, n. 872/2000. Esta Sentencia es firme. Alega el codemandado que la autorización se concedió porque estaba sub iudice la titularidad de la patente, pero lo cierto es que cuando se dictó la Sentencia de esta Sala este aspecto ya estaba resuelto.

La petición ahora efectuada es una ampliación de esta anterior, concedida y confirmada por esta Sala, cuando ya se habían dictado las Sentencias civiles, a las que se ha hecho referencia, y sobre las que evidentemente no puede realizarse pronunciamiento alguno.

A mayor abundamiento, con fecha 21 de octubre de 2005 el Director General de Arquitectura y Política de Vivienda, ha concedido a PREFABRICADOS ESCALANTE la autorización de uso 7909/2005 para fabricar los paneles armados modelos 120/25/40 y 120/25/80, como uso de prórroga de la autorización 3782/2000.

En estas circunstancias, debe considerarse que las resoluciones ahora impugnadas no son conformes a Derecho, puesto que la autorización solicitada se centra en la ampliación del a anterior concedida en su momento, y confirmada por esta Sala, y de hecho, en 2005, se ha concedido la autorización en términos sustancialmente idénticos a la denegada.

Todo ello sin entrar en consideraciones sobre la propiedad y titularidad de la patente inscrita a favor de Don Ricardo , ni los demás aspectos que se han traído a este procedimiento. La Administración en este caso, se limita a la aplicación del RD 1630/1980 cuyo ámbito RD 1630/1980 es concreto y específico, y de hecho, en su art primero dispone que "Los fabricantes de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas que pretendan industrializarlos para su empleo en edificación tendrán previamente que obtener autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

La autorización de uso tendrá una validez de cinco años, transcurridos los cuales podrá ser prorrogada por plazos de cinco años a petición de su titular, con antelación de un mes a la fecha de su caducidad.

No precisan autorización de uso los elementos de pisos y cubiertas proyectados para una obra por el Arquitecto o el Ingeniero autor del proyecto de la obra y ejecutados bajo su dirección."

Por tanto, el tema sobre el que se plantea el debate es la aplicación de este RD para conceder una autorización, que: ha sido inicialmente concedida, y confirmada por esta Sala, en 2003, (posteriormente a las Sentencias civiles) y en segundo lugar, solicitud idéntica planteada posteriormente, se ha concedido en fecha 21 de octubre de 2005.

Por ello, por una coherencia de actuación, debe estimarse el recurso.

En el recurso de casación que nos ocupa, la parte recurrente tras manifestar en una nota introductoria su conformidad con la sentencia impugnada respecto de la desestimación de la pretensión actora del efecto de cosa juzgada y del silencio desestimatorio de su solicitud, hace valer los motivos recogidos en los antercedentes de esta resolción, todos amparados en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción .

Mantiene la parte recurrente la imposibilidad de que la Administración desconozca la existencia de una sentencia firme, constituida por la dictada por la jurisdicción civil que declaraba la titularidad del recurrente de la patente P9401173, dada la vinculación de la Administración a la totalidad del ordenamiento jurídico y a las resoluciones judiciales que resulta de los artículos 103.1 y 118 de la Constitución .

Asimismo, los artículos 18.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , 106.1 y 9.3 de la Constitución Española , que proclaman el respeto y cumplimiento de las sentencias y demás judiciales firmes por la Administración Pública, así como la necesaria legalidad de la actuación administrativa y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que provoca una evidente lesión al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de Don Ricardo en cuanto tales sentencias judiciales firmes no tendrían la repercusión y los efectos que ellas mismas señalan, produciéndole de esa manera una gravísima indefensión.

Así, la sentencia recurrida vulnera dichos preceptos en la medida en que la denegación en vía administrativa de la autorización de uso instada se fundamentaba en la existencia de una prohibición jurisdiccional en el orden civil, que obligaba a PREFESA a cesar y abstenerse de la fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio y utilización de los paneles, e impide expresamente la concesión de la patente, cuya titularidad corresponde expresamente al recurrente, siendo confirmada judicialmente.

En el tercer motivo impugnatorio se plantea la infracción del artículo 1 del RD 1630/1980, de 18 de julio , sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.

Dicho precepto exige la obtención de la necesaria autorización de uso concedida por el Ministerio correspondiente para que los fabricantes de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas puedan industrializarlos para su empleo en edificación. La Administración precisamente había denegado dicha autorización de uso por no cumplirse las condiciones necesarias para su obtención, al margen de que está vinculada por las sentencias firmes que establecen la imposibilidad de que la actora en la instancia pudiera fabricar los paneles objeto de la patente.

Expresa la parte recurrente que la correspondencia de los paneles de la autorización de uso 3872/00 con los reivindicados en la patente p9401173 ha sido reconocida por las resoluciones impugnadas y el informe técnico en que se fundan, así como por la propia PREFESA y por el informe técnico emitido por el Dr. Jorge , además de poner de manifiesto la existencia de graves contradicciones y errores en el informe técnico.

Esta somera reproducción de los fundamentos del recurso revela su íntima conexión, ya que todos remiten a la vinculación que el mencionado pronunciamiento de la jurisdicción civil ha de producir en el seno de las autorizaciones de uso reguladas en el Real Decreto 1630/1980. Por esta causa, los tres motivos deben examinarse y resolverse conjuntamente.

A tal fin debe precisarse, en primer lugar, que la Sala de instancia en ningún momento elude la aplicación de los principios y normas que invoca el actual recurrente sobre la eficacia de las resoluciones jurisdiccionales firmes. Lo que ocurre, simplemente, es que las Sentencias dictadas en materia de patentes se desenvuelven en un ámbito diverso al que es propio de este recurso contencioso-administrativo. La Jurisdicción Civil declaró la titularidad del recurrente sobre la citada patente de invención, pero de ningún modo se pronunció sobre la vulneración de la misma a través de la fabricación por PREFESA de los productos amparados con la autorización administrativa de fabricación 3872/2000 y que responden al modelo de utilidad 0200000182. Es más, este hecho es expresamente negado al fijar la indemnización reconocida al recurrente en el incidente de ejecución provisional de sentencia ( Auto de 6 de junio de 2003 de la Audiencia Provincial de Cantabria ), y resulta contradictorio con la posición de la propia Administración autorizante, que, como destaca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aquí recurrida, otorgó una nueva autorización en el año 2005 (núm. 7909/2005 ) como prórroga de la original.

En segundo lugar, es plenamente coherente con los principios sobre la efectividad de las sentencias judiciales que fundamentan los motivos de casación el hecho de que la Sala de instancia haya acudido al antecedente constituido por la Sentencia que declaró el derecho de la citada entidad a obtener la autorización 3872/2000 .

La autorización que está en juego en el presente recurso corresponde al formato de paneles armados identificados como «120/25/80», que pertenecen al aumento de una serie de paneles de la autorización de uso primitiva y mantienen las características generales de los anteriores. Por esta razón la decisión judicial anterior constituye un presupuesto lógico de la que aquí haya de adoptarse.

Pues bien, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Sentencia de 22 de diciembre de 2003 de su Sección Octava , consideró que era procedente la autorización de uso de la que deriva la actual, y rechazó los mismos argumentos ahora barajados por el recurrente para oponerse a ella. La Sentencia aquí impugnada, aunque en un principio se muestra contraria a la aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada del artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , después parece vincularse al precedente constituido por la Sentencia de 2003 por ser la petición de autorización que examinaba «una ampliación de la anterior, concedida y confirmada por esta Sala».

Este criterio es plenamente ajustado a las pautas que presiden la efectividad de las resoluciones de los Tribunales y no contradice en absoluto las que provienen de la jurisdicción civil.

Por último, el Real Decreto 1630/1980, derogado por el Real Decreto 1339/2011, de 3 octubre, dispone de un campo de aplicación muy distinto a la protección de la propiedad industrial. Sin perjuicio de que la Administración pueda acudir excepcionalmente a la normativa que rige dicha propiedad especial, la finalidad de la autorización que regulaba el Real Decreto era exclusivamente técnica, como decía su preámbulo: «destinada a garantizar el cumplimiento de las características proyectadas y aprobadas de los elementos resistentes para pisos y cubiertas producidos por la industria nacional». Por ello, el juicio emitido por el órgano autorizante recae sobre los aspectos estrictamente técnicos que derivan de la documentación de la misma naturaleza que le es suministrada por el interesado, entre la que no se encuentra ninguna acreditativa del título civil que justifique el uso cuya autorización se solicita, y al que puede accederse con posterioridad a la autorización administrativa o de forma supeditada a la obtención de esta. Por consiguiente, la función que asignaba a la Administración el Real Decreto no alcanzaba a pronunciarse sobre la lesión del derecho del titular de la patente mediante la autorización de uso del modelo de utilidad, lesión que proviene no de la simple autorización de uso contemplada en el texto legal, sino del hecho material de la fabricación o la realización de otros actos de explotación del invento sin consentimiento del titular, conforme a la normativa de patentes constituida por la Ley 11/1986, de 20 de marzo.

Por lo expuesto, el recurso ha de ser desestimado.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede imponer a la parte recurrente las costas procesales del presente recurso.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima de tres mil euros.

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

Declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación número 7033/2009 interpuesto por la Procuradora Sra. Santamaría Zapata en nombre y representación de D. Ricardo contra la Sentencia de 7 de octubre de 2009 de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 6ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en el recurso 1965/2003 , sobre autorización de uso para la fabricación de un formato de paneles armados.

Segundo .- Imponiendo a la parte recurrente las costas procesales con la limitación anteriormente indicada.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.