SAP Granada 392/2012, 22 de Junio de 2012
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 22 Junio 2012 |
| Número de resolución | 392/2012 |
AUDIENCIA PROVINCIAL
(Sección 2ª)
GRANADA
APELACION PENAL NUM. 12/12.-PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 168/2010.- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE GRANADA.-JUZGADO DE LO PENAL NUM. 1 DE GRANADA (ROLLO Nº 215/11 ).- La Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, formada por los Iltmos. Sres. relacionados al margen, ha pronunciado, en nombre del Rey, la siguiente
-SENTENCIA Nº 392- ILTMOS. SRES:
D. José Juan Sáenz Soubrier.
Dñ. Mª Aurora González Niño.
D. Pedro Ramos Almenara.
En la ciudad de Granada a veintidós de junio de dos mil doce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Examinado, deliberado y votado en grado de apelación por la sección Segunda de esta Audiencia Provincial, sin necesidad de celebración de vista, el Procedimiento Abreviado nº 168/2010 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Granada, por un delito de homicidio por imprudencia, siendo partes, además del Ministerio Fiscal, como apelante Sara, representado por el procurador don Ramón Ferreira Siles y defendida por el letrado don Eduardo Torres González- Boza; también como apelantes Victorio Y María Teresa, representados por el procurador don Juan Ramón Ferreira Siles, y defendido por el letrado don Miguel M Rubiño Abarca; como impugnante Dionisio representado por el procurador don Carlos Pareja Gila y defendido por el letrado don José Vázquez Ortega; actuando como ponente el Magistrado Iltmo. Sr. Don Pedro Ramos Almenara.- - ANTECEDENTES DE HECHO - PRIMERO.- Por el Sr. Magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, se dictó sentencia con fecha 17 de octubre de 2012, en la cual se declaran probados los siguientes hechos: " Se declara probado que Dionisio, mayor de edad y sin antecedentes penales, a las 16,35 del 29 de diciembre de 2009 conducía un camión matrícula VL .... EL por el término de Atarfe y al llegar al punto km 429 de la A432 se detuvo en una señal de stop que regula el acceso a esta, dando inicio a la marcha tras la parada, momento en que le impactó la motocicleta Honda CBF 250 matricula .... XPZ conducía por Fernando de 34 años de edad que falleció en el acto.
El camión que conducía el acusado está asegurado en la Unión Alcoyana SA, y era propiedad de restauraciones y Mudanzas Casado, SL."
La parte dispositiva de dicha resolución expresa textualmente: "Que debo ALSOLVER Y ABSUELVO a Dionisio del delito de homicidio por imprudencia de que se le acusa, con todos los pronunciamientos favorables y levantamiento de cuantas medidas cautelares se hubiesen adoptado y declaración de oficio de las costas procesales."
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de Sara, Victorio, María Teresa Y EL MINISTERIO FISCAL, sobre la base de error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto penal.
Presentado ante el Juzgado de lo Penal y dado traslado a las demás partes, fueron remitidos los autos a esta Audiencia Provincial, habiéndose señalado para su deliberación, votación y fallo el día 19 de junio del corriente año, al no estimarse necesaria la celebración de vista para la correcta formación de una convicción fundada, y no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 790-3 de la ley de Enjuiciamiento Criminal para admitir la prueba solicitada del Ministerio Fiscal de nueva declaración del acusado.
Se acepta la relación de hechos probados que contiene la sentencia apelada y que quedó antes transcrita.
En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.- -
Se encuentra este Tribunal con la problemática de tener que hacer frente a unos recursos interpuestos contra una sentencia de primera instancia, absolutoria con el que se pretende una condena, por entender que el juez a quo, a la hora de valorar la prueba, ha incurrido en un error y ha infringido preceptos constitucionales y penales por su no aplicación.
El Tribunal Constitucional tiene señalado que el recurso de apelación otorga plenas facultades al Tribunal Superior para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un - novum iuditium- ( SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90 y 21/93, 120/1994, 272/1994 y 157/1995 ). Si bien, se excluye toda posibilidad de -reformatio in peius-; es decir, una reforma de la situación jurídica creada en la primera instancia, que no sea consecuencia de una pretensión frente a la cual aquél en cuyo perjuicio se produce no tuvo ocasión de defenderse, salvo, claro está, que el perjuicio resulte como consecuencia de la aplicación de normas de orden público o del principio de legalidad cuya recta aplicación es siempre deber de los Jueces y Tribunales ( SSTC 15/1987, 17/1989 y 47/1993 ). El supremo intérprete del texto constitucional tiene también igualmente declarado que nada se ha de oponer a una resolución que a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia, ( STC 43/1997 ), pues tanto "por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma como por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba" el Juez -ad quem- se halla "en idéntica situación que el Juez a quo" (STC 172/1997, fundamento jurídico 4º; y asimismo, SSTC 102/1994, 120/1994, 272/1994, 157/1995, 176/1995 ). En consecuencia, "puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como, examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo" (SSTC 124/1983, 23/1985, 54/1985, 145/1987, 194/1990, 323/1993, 172/1997 y 120/1999 ).
Sin embargo, esta doctrina sobre el recurso de apelación ha sido matizada y, en no escasa medida, rectificada por la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 167/2002, para los supuestos de recursos de apelación contra sentencias absolutorias. En estos casos, cuando la revisión se centra en la apreciación de la prueba, es decir, si en la segunda instancia no se practican nuevas pruebas no puede el Tribunal -ad quemrevisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, siempre que por la índole de las mismas sea exigible la inmediación y la contradicción (fundamento jurídico primero, en relación con los fundamentos jurídicos ordinales 9 a 11). Los nuevos criterios restrictivos sobre la extensión del control del recurso de apelación implantados por la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional, se han visto reafirmados y reforzados en resoluciones posteriores del mismo Tribunal, (así, por ejemplo, las SSTC 170/2002, 197/2002, 198/2002, 200/2002, 212/2002, 230/2002, 41/2003, 68/2003, 118/2003, 189/2003, 10/2004 y 12/2004 ). De forma que, incluso, en los supuestos en que se trate de apreciar pruebas objetivas junto con otras de carácter personal que dependen de los principios de inmediación y de contradicción, el Tribunal Constitucional, veda la posibilidad de revocar el criterio absolutorio de la primera instancia cuando no se han practicado las pruebas personales con arreglo a tales principios ante el tribunal -ad quem- ( STC 198/2002 y 230/2002 ). Así las cosas, ante la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, existen distintas interpretaciones. La primera, entender que resulta factible revocar una sentencia absolutoria dictada en primera instancia practicando de nuevo en la segunda las pruebas personales que dependan de los principios de inmediación y de contradicción. Ello entraña, no obstante, graves inconvenientes, pues no existe garantía ninguna de que las pruebas reproducidas en la segunda instancia resulten más fiables, creíbles y veraces que las de la primera, máxime si se ponderan el tiempo transcurrido desde la ejecución de las hechos y los prejuicios y pre-condicionamientos con que podrían volver a declarar unos testigos que ya depusieron en el juzgado. Sin olvidar tampoco y ello es todavía más relevante, que, la repetición de pruebas, no sería legalmente posible, a tenor de las restricciones que impone el art. 790.3 de la Ley Procesal Penal .
Igualmente, cabe otra interpretación, esto es, no cabe de facto revocar en la segunda instancia las sentencias absolutorias dictadas en las causas en las que la práctica de la prueba depende en gran medida de los principios que inspiran a la jurisdicción penal, como son los de inmediación, oralidad y contradicción, limitándose así, el derecho a los recursos que puedan interponer tanto las partes perjudicadas como en su caso el Ministerio Fiscal.
Esta última interpretación citada, sería la más correcta ante la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional teniendo en cuenta los límites y principios de la revisión probatoria de las sentencias absolutorias dictadas en la primera instancia.
Pues bien, de lo hasta ahora expuesto una primera conclusión resulta evidente, esto es, que sólo podrá dejarse sin efecto la apreciación de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba