SAN, 24 de Octubre de 2012
| Ponente | JOSE LUIS GIL IBAÑEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 5ª |
| ECLI | ES:AN:2012:4422 |
| Número de Recurso | 266/2010 |
SENTENCIA
Madrid, a veinticuatro de octubre de dos mil doce.
VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso contencioso- administrativo número 266/2010, promovido por D. Bernabe, representado por la Procuradora D.ª Ana de la Corte Macías y dirigido por el Letrado D. Diego Zarza Arias, contra la Resolución de 19 de enero de 2010, del Ministro del Interior, que impone al interesado la sanción de separación del servicio, habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado; cuantía indeterminada.
El hoy demandante, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, fue condenado por Sentencia de 10 de diciembre de 2002, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, como autor de un delito contra la salud pública, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de tres años de prisión y multa de cincuenta y cuatro euros, con la accesoria de suspensión del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el tiempo de la condena.
Como consecuencia de la firmeza de la Sentencia penal, tras desestimarse por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el recurso de casación, por Resolución de 23 de noviembre de 2004, del Secretario de Estado de Seguridad, se dispuso la pérdida de la condición de funcionario, al amparo del artículo 37.2 del Texto Articulado de la Ley de Funcionaros Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero.
Habiéndose incoado expediente disciplinario, culminó con la Resolución de 10 de octubre de 2005, del Ministro del Interior, por la se impuso al hoy demandante la sanción de separación del servicio. Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra dicha Resolución, fue estimado en parte por Sentencia de 4 de julio de 2007, de esta mima Sala y Sección, al apreciar la caducidad del expediente.
Acordada, por Resolución de 22 de octubre de 2008, la instrucción de un nuevo expediente, terminó por Resolución de 19 de enero de 2010, del Ministro del Interior, imponiendo al interesado la sanción de separación del servicio prevista en el artículo 28.1.1.b) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, como autor de una falta muy grave tipificada en el artículo 27.3.b) del mismo texto legal, bajo el concepto de "cualquier conducta constitutiva de delito doloso" .
Interpuesto recurso contencioso-administrativo y turnado a esta Sección, fue admitido a trámite, reclamándose el expediente, para, una vez recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la demanda, lo que cumplimentó en un escrito en el que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando "se dicte sentencia por la que, estimando la pretensión que se deduce, se acuerde: a) anular la resolución sancionatoria impugnada por ser contraria al ordenamiento jurídico; b) subsidiariamente y para el caso de no ser estimada tal pretensión, le sea impuesta la sanción de falta muy grave con suspensión de funciones de tres a seis años" .
Dado traslado al Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo hizo en un escrito en el que, tras consignar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando "se dicte Sentencia por la que se desestime íntegramente el recurso deducido, confirmando el acto administrativo impugnado, con expresa imposición de costas a la parte demandante de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa " .
No habiéndose recibido el recurso a prueba, se concedió a las partes, sucesivamente, el plazo de diez días para que presentaran escrito de conclusiones, lo que efectuaron ratificándose en sus respectivas pretensiones.
En esta situación procesal se presentó por el recurrente copia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2011, de la que se dio traslado al Abogado del Estado, con el resultado que obra en las actuaciones.
Concluso el procedimiento, se señaló para votación y fallo el día 23 de octubre de 2012, en el que así ha tenido lugar.
VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS GIL IBAÑEZ, Presidente de la Sección.
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