STS, 14 de Mayo de 1997

El Tribunal Militar Central el día 1 de Diciembre de 1995 dictó sentencia en el recurso contencioso disciplinario militar nº 14/95, que había interpuesto el DIRECCION000 del Cuerpo General de la Armas del Ejército de Tierra (Infantería) D. Eusebio contra la resolución del Excmo. Sr. General Jefe de la Región Militar Noroeste de 7 de Noviembre de 1994, que resolvió el Expediente Disciplinario nº 41/94 imponiendo a dicho Oficial la sanción de un mes y un día de arresto, como autor de una falta grave consistente en "emitir manifestaciones contrarias a la disciplina" prevista en el art. 9 nº 15 de la Ley Orgánica 12/1985, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, cuya resolución fue confirmada en alzada por la de 15 de Diciembre de 1994 del Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. En la referida sentencia se declaran como hechos probados que: "el DIRECCION000 D. Eusebio formuló en fecha 28 de Junio de 1994 recurso contra la sanción de dos días de arresto en su Unidad, impuesta por resolución de 16 de Junio de 1994 del Excmo. Sr. General Jefe de la BRILAT, como autor de la falta leve de "hacer peticiones o reclamaciones prescindiendo del conducto reglamentario" prevista en el nº 12 del art. 8 de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. En tal recurso, el DIRECCION000 Eusebio -entre otras manifestaciones- expresó lo siguiente:

"Al permitirse al Excmo. Sr. General Jefe de la BRILAT, imponer una sanción en la que él es uno de los afectados, pienso que se quebranta el principio jurídico de garantizar la defensa del denunciante. Sobre todo, porque reaccionó de forma acalorada en la segunda audiencia, no ofreciéndome la posibilidad de manifestar nada en mi descargo, ni alegar los motivos de mi actuación, sino solamente el deseo de imponer una sanción por alguna causa....".

"Considero que teniendo en cuenta todas la circunstancias anteriores, que la audiencia con VE debía estar próxima, que había fundadas suposiciones de que no le interesaba excesivamente el problema, y que podía pasar mucho tiempo hasta que pudiese hablar con el JEME....".

"Habían pasado veinte días cuando mandé la reiteración y la solicitud de audiencia, no me había llegado acuse de recibo, sabía que había tenido paralizaciones la tramitación, había hablado con los Ayudantes, para mí, no había logrado la satisfacción a la que me consideraba acreedor, y quedaba plenamente justificado el dar el siguiente paso, quizás me confundí, pero en aquel contexto decidí lo más digno de mi conciencia y honor, con amor a la responsabilidad...". "Me surge la duda de si este hecho aislado hubiera sido merecedor de sanción, si hubiese sido cometido por otro militar cualquiera, de acuerdo con el principio de equidad ante la ley; o más bien se considera que es una forma de anteponer una supuesta demostración de fuerza o autoridad antes que hacer un cuidadoso estudio del asunto y llegar a unas conclusiones."

Estos hechos que el Tribunal Militar declara probados son los mismos que se estimaron acreditados en el Expediente Disciplinario nº 41/94 que se instruyó por la falta grave de "emitir manifestaciones contrarias a la disciplina" del nº 15 del art. 9 de la Ley Orgánica 12/1985, y que concluyó con la resolución de 7 de Noviembre de 1994, contra la que, después de su confirmación en la propia vía disciplinaria, recurrió el sancionado ante dicho Tribunal Militar Central, el cual en la parte dispositiva de su sentencia desestimó el recurso por considerar las resoluciones recurridas conformes a derecho.

Notificada la sentencia a las partes, el sancionado anunció su propósito de recurrirla en casación, recurso que por auto de dicho Tribunal de 9 de Febrero de 1996 se tuvo por preparado, expidiéndose las preceptivas certificaciones y testimonios y emplazándose al recurrente y al Abogado del Estado, en legal forma, para ante esta Sala de lo Militar, a la que también se elevaron las actuaciones.

Por auto de esta Sala de 15 de Noviembre de 1996 se dejó sin efecto el de 20 de Mayo anterior por el que se declaraba desierto el recurso, considerando, así, por efectuada en tiempo la formalización del recurso llevada a cabo en escrito presentado en el Juzgado Togado nº 31 de Barcelona el 21 de Marzo de 1996, del que se tuvo conocimiento por esta Sala después de dictado el aludido auto que ha quedado sin efecto. Y, tras la subsanación del defecto consistente en la falta de representación procesal por medio de Procurador, se acordó, por providencia de 20 de Enero de 1997, la admisión del recurso, en el que, en primer lugar, solicita el recurrente la nulidad del procedimiento sancionador del Expediente Disciplinario 41/94 seguido contra el DIRECCION000 Eusebio en la Región Militar Noroeste, en cuanto entiende que la autoridad que ordenó su incoación y que lo resolvió, el General Jefe de dicha Región Militar Noroeste, estaba incursa en una causa de incompatibilidad, porque había sido aludida en el escrito en el que se contenían las frases que dieron lugar a la imposición de la sanción. Articula luego un motivo de casación en el que, sin especificar el nº del art. 95 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que lo ampara, denuncia la violación, por la sentencia de instancia, de su libertad de expresión y derecho de defensa, de los arts. 20 a) y 24.2 de la Constitución, en cuanto entiende que las expresiones vertidas en aquel escrito estaban protegidas por esos derechos fundamentales y no pueden constituir la falta grave que se sancionó en el expediente, y confirmó la sentencia del Tribunal Militar Central, estimando que, al haberse ya cumplido el correctivo, deben dictarse las medidas indemnizatorias y compensatorias que la Sala puede fijar, aludiendo a la posibilidad de la concesión de un permiso, "pues no se nos alcanza otra, como no fuere de carácter dinerario". Y termina suplicando a la Sala que acuerde la nulidad del Expediente Disciplinario 14/95 y, subsidiariamente, sobre el fondo del recurso, lo estime, por cuanto no existió la falta grave del art. 9 nº 15 de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas que motivó la sanción, y se acuerden las medidas compensatorias que resuelva la Sala.

Puestas de manifiesto las actuaciones al Sr. Abogado del Estado, formaliza su oposición el legal representante de la Administración señalando la falta de cita del concreto motivo del art. 95.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en que se basa el recurso, lo que entiende que pudo dar lugar a su inadmisión, y se opone a la causa de nulidad, por cuanto la infracción que se sanciona en nada afecta personalmente al titular del órgano sancionador, puesto que constituye una conducta contraria a la disciplina militar, independiente de cualquier consideración subjetiva; y rechaza también, por las razones que alega y se dan aquí por reproducidas, la conculcación de los derechos de libertad de expresión y de defensa, por lo que entiende que aquellas expresiones constituyen efectivamente la falta grave que se apreció, solicitando la desestimación del recurso por ser la sentencia impugnada plenamente conforme a derecho.

No habiéndose solicitado por ninguna de las partes la celebración de vista ni estimándola esta Sala necesaria, por providencia de 14 de Abril de 1997, se señaló el día 7 de Mayo de 1997 a las 10,30 horas para la deliberación y fallo del recurso, lo que se ha llevado a efecto en tal fecha con el resultado que a continuación se expresa.

Inicia la parte su recurso con un epígrafe sobre "nulidad del procedimiento sancionador del Expediente Disciplinario 41/94 seguido contra el DIRECCION000 Eusebio en la Región Militar Noroeste".

En congruencia con la argumentación que a lo largo de dicho epígrafe desarrolla, solicita en el "petitum" de su escrito que se declare la nulidad del Expediente Disciplinario mencionado. La causa de dicha petición es la incompatibilidad del Excmo. Sr. Teniente General, General Jefe de la Región Militar Noroeste "que ordena instruir el expediente, es persona aludida en el recurso y luego sanciona a mi mandante".

Este planteamiento conduce inexorablemente, por sí mismo, a su desestimación. Al no ser un verdadero motivo de casación no se estimó oportuna su inadmisión; pero en este momento es evidente que la petición de nulidad debe ser desestimada, por lo que a continuación se expresa.

El art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala los casos de nulidad de pleno derecho de los actos judiciales. Y el art. 240.1 de la misma ley permite que las partes hagan valer esas causas de nulidad de pleno derecho por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o por los demás medios que establezcan las leyes procesales.

En virtud de lo establecido en la precitada disposición, pudo la parte alegar en su recurso de casación los defectos o vicios de nulidad de la resolución que con ese recurso trataba de impugnar, que es la sentencia dictada por el Tribunal Militar Central el día 1 de Diciembre de 1995, en el recurso contencioso disciplinario militar nº 14/95 que ante dicho Tribunal había interpuesto. Pero lo que de ninguna manera puede hacer es solicitar la nulidad del Expediente Disciplinario tramitado en la vía de esa naturaleza. La casación de la sentencia que se impugna, como consecuencia de la estimación de alguno de los motivos que haya alegado la parte, podrá dar lugar a la anulación de la resolución recaída en el Expediente Disciplinario, confirmada por la sentencia de instancia. Pero por la vía de la nulidad del art. 238 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la única que, aparte de los motivos de casación, pudo utilizar ante nosotros la parte, no puede pedirse la nulidad sino de los actos judiciales. Resulta claro que ninguna causa de nulidad achaca a la sentencia de instancia, y si lo pretendido hubiese sido la casación de dicha sentencia por no haber dado lugar a la petición de nulidad del procedimiento disciplinario que se contenía en la demanda, es obvio que debía haber articulado el correspondiente motivo de casación contra dicha sentencia por alguno de los que se especifican en el artículo 95 de la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No lo ha hecho así el recurrente, que se ha limitado a argumentar y solicitar, en el suplico de su escrito, la nulidad del Expediente Disciplinario, por una causa a la que la sentencia de instancia ha dado una respuesta ajustada a derecho, en cuanto de ninguna forma puede entenderse que produzca la nulidad del referido expediente la circunstancia de que quien dio la orden de incoación, y dictó la resolución sancionadora, hubiera sido aludido en el escrito que dio lugar a la imposición de la sanción, al estimarse que algunas de las expresiones en él vertidas eran contrarias a la disciplina. Porque ninguna de las causas de abstención que se contemplan en el art. 42 de la Ley Procesal Militar a las que se remite el art. 39 de la Ley Orgánica 12/1985, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y de las contenidas en el art. 28 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha sido invocada por la parte, ni concurría en dicha Autoridad Militar, dado que el interés jurídico que se protege en la norma, aplicada al sancionar los hechos, del nº 15 del art. 9 de la citada Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, es la propia disciplina, bien jurídico fundamental en los Ejércitos, y en ningún caso la persona de un concreto mando. Y, desde luego, únicamente la candidez de la argumentación de la parte de que no intentó la recusación de aquel en la creencia de que el referido General Jefe no le sancionaría, impide apreciar una flagrante vulneración de la buena fe procesal, cuyo respeto exige en todo procedimiento el art. 11.1, primer inciso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vulneración que parece desprenderse de la postura seguida en ese punto por el recurrente que tras preguntarse "¿si creía que no le iba a sancionar para que iba a recusarle?", intenta presentar la causa de nulidad que alega

Debe pues rechazarse terminantemente esa solicitud de nulidad.

El motivo del recurso que, a continuación de la petición de nulidad del Expediente Disciplinario, formula el recurrente, no señala, como es preceptivo, en que apartado del art. 95 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se ampara.

Esta omisión podría haber dado lugar a su inadmisión. Pero hemos querido otorgar generosamente la tutela judicial a la parte, entrando en el fondo de su recurso, porque, a pesar de esa omisión, resulta evidente a esta Sala que el recurrente funda su recurso en el art. 95.1, 4º de aquella Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que la norma que considera infringida es el art. 9.15 de la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, en relación con el art. 20 a) y 24.1 de la Constitución, en que se tipificó la falta de hacer manifestaciones contrarias a la disciplina apreciada en el Expediente Disciplinario, cuya resolución sancionadora, de 7 de Noviembre de 1994, fue confirmada por la sentencia de instancia, que ahora se impugna ante nosotros. Como del desarrollo del motivo se desprende, sin lugar a dudas, el antedicho fundamento y los preceptos que se estiman infringidos por el Tribunal de instancia, vamos a entrar en su examen, superando esos evidentes defectos, que en este caso solo tienen una transcendencia formal, en los que se ha incurrido al interponerlo.

El recurrente plantea en este motivo la violación de los derechos a la libertad de expresión y del derecho de defensa que se contienen en los art. 20 a) y 24 de la Constitución, en cuanto entiende que los hechos que estimaron probados, tanto la Autoridad sancionadora como el Tribunal Militar Central al confirmar la resolución de dicha Autoridad, no constituyen la falta grave de efectuar manifestaciones contrarias a la disciplina que se tipifica en el art. 9.15 de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, puesto que se llevaron a cabo en el legítimo ejercicio de esos derechos a la libertad de expresión y a la defensa del sancionado

La libertad de expresión, que no la libertad ideológica del art. 16.1 de la C.E., de mucho más amplio espectro en cuanto no tiene más limitación que el mantenimiento del orden público protegido por la ley, viene determinada en los arts. 20.1 a) y 4 de la citada Norma Fundamental de nuestro ordenamiento, y la misma incorporada al derecho de defensa, supone un plus en cuanto a su extensión. No obstante, las limitaciones que establece el art. 20.4, y que resultan amparadas por preceptos legales, se ven a su vez acrecentadas por las limitaciones que su condición de militar profesional le imponen. Si en una apreciación de las expresiones vertidas, y que atendiendo exclusivamente a su significado etimológico, no pueden ser consideradas injuriosas, en el contexto en que se manifiestan, suponen un concepto peyorativo y denigratorio para la autoridad militar superior a la que van dirigidas, pues así hay que estimarlo cuando se afirma "al permitirse...", "no le interesaba excesivamente el problema...", "me surge la duda si hubiera sido merecedor de sanción si hubiera sido cometido por otro militar cualquiera....", "demostración de fuerza o autoridad antes que hacer un cuidadoso estudio del asunto...". En todas estas expresiones, subyace no una pretensión de defensa de los propios intereses, sino una crítica, que excede de dicho legitimo derecho y que roza la imputación calumniosa, al atribuir a la autoridad competente una dejación de funciones, que ni se han probado, ni pueden ser tenidas en cuenta salvo por la apreciación subjetiva de aquel que las emite, y que suponen un exceso innecesario en el derecho de defensa, puesto que las frases injuriosas no forman parte esencial de ninguna expresión de ideas. Si a estas consideraciones añadimos el carácter de militar profesional del recurrente, vinculado por las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que le obligan a ser respetuoso y leal con sus Jefes y la jurisprudencia de esta Sala que establece la necesidad de que no se traspasen los limites en el ejercicio de un derecho, de forma que se produzca una actitud descalificadora para los superiores, es clara que no se ha realizado esa violación del derecho a la libre expresión alegada. Finalmente hay que hacer una alusión al derecho de defensa, y en este punto, no se puede alegar por el recurrente indefensión, se ha celebrado un juicio con todas las garantías, ha tenido intervención la parte en su tramitación, ha alegado lo que ha estimado conveniente, ha tenido abierta la vía de los recursos, y en ningún momento ha visto constreñida su defensa por causa alguna que le haya impedido su ejercicio, y como ya se ha dicho en nada empece a la defensa, ni ésta lo necesita, la utilización de frases o expresiones denigratorias ni injuriosas, siendo por tanto plenamente aplicable el precepto sancionador, art. 9.15 de la L.O. 12/1985, de 27 de Noviembre, debiendo rechazarse este motivo de casación instado por la parte.

Debe, por último, abordarse la cuestión de la indemnización que solicita el recurrente en su recurso de casación, y que había efectuado ante el Tribunal de instancia para el caso de estimarse su demanda.

El artículo 102. 1, 3º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece, para los casos de estimación de los motivos amparados en el nº 4º del art. 95.1, que la sentencia, casando la recurrida, resolverá lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

En éste plantea el recurrente su solicitud de indemnización, pero en ningún momento ha acreditado los perjuicios que ha sufrido y, ni siquiera, solicitó en la instancia el recibimiento a prueba del contencioso disciplinario. Es principio que tiene su expresión en diversos preceptos -entre ellos el art. 142.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 292,3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- el de que la simple estimación de un recurso no lleva consigo, de manera automática, la concesión de una indemnización, sino que es necesario, además, la existencia -y, por tanto, la prueba- de los daños causados por la resolución anulada. Así lo ha establecido esta Sala en diversas sentencias (20 de Abril y 6 de Octubre de 1992 y 27 de Abril de 1993). Y aunque, como decimos en nuestra sentencia de 2 de Febrero de 1993, puede admitirse la apreciación de daños morales en los supuestos de faltas graves sancionadas con arresto privativo de libertad, incluso sin necesidad de una prueba específica sobre aquellos, resulta preciso, de una parte, que se aleguen esos daños morales, y de otra que se constate que el cumplimiento del arresto ha producido graves consecuencias de índole moral en el arrestado. Ni una ni otra cosa se ha hecho en el recurso de casación, en el que no se mencionan expresamente tales daños morales como fundamento de la petición indemnizatoria, ni se hace alegación alguna sobre esas graves consecuencias de índole moral. Debiéndose añadir que el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de la misma que, en cumplimiento del art. 102.1,3º de la Ley de la Jurisdicción citado, en relación con el 495 de la Ley Procesal Militar, debe efectuar la Sala, no abarca, desde luego, la concesión del permiso que, como medida compensatoria, sugiere el recurrente, y se satisface, habida cuenta de sus pedimentos, con la anulación total del acto sancionador y de la anotación de la sanción en la documentación personal del corregido.

En consecuencia,