STSJ Cataluña 263/2012, 9 de Mayo de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 263/2012 |
| Fecha | 09 Mayo 2012 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA
Recurso ordinario (Ley 1998) 462/2009
S E N T E N C I A Nº 263/2012
ILMOS.SRES.:
Presidente:
DON EMILIO BERLANGA RIBELLES
Magistrados:
DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO
DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA
DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA
DON EDUARDO PARICIO RALLO
En la ciudad de Barcelona, a 9 de mayo de 2012.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION QUINTA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 462/2009, interpuesto por la CANDIDATURA AUTÓNOMA DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L'ADMINISTRACIÓ DE CATALUNYA - (CATAC-IAC), representada por el procurador D. JESUS-MIGUEL ACIN BIOTA y asistida por el letrado D. MANUEL VICENTE GONZÁLEZ BONILLA, contra el DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA representado y asistido por el LLETRAT DE LA GENERALITAT y en el que figura como parte codemandada la sociedad EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A ., representada por el procurador D. ANGEL QUEMADA CUATRECASAS y asistida por el letrado D. JAVIER ZAMORA BARRIOS. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA, quien expresa el parecer de la SALA.
La parte recurrente interpuso recurso contencioso administrativo contra contra la resolución del Departament de Justícia de anuncio de la licitación de un contrato de gestión de servicios públicos (JU-26/110) publicado en el DOGC nº 5496 de 2 de noviembre de 2009.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Acordado el recibimiento del precedente pleito a prueba y tras los oportunos trámites que prescribe la Ley Jurisdiccional en sus respectivos artículos, en concordancia con los de la L.E.C., se señaló a efectos de votación y fallo la audiencia del día 11 de abril de 2012, a la hora señalada.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Mediante el presente recurso contencioso administrativo impugna la asociación sindical recurrente la convocatoria de licitación por procedimiento abierto de un contrato de gestión de servicios públicos consistente en el desarrollo de programas de medidas penales alternativas (MPA), efectuada por el Departament de Justícia y anunciada en el DOGC nº 5996, de 2 de noviembre de 2009.
La licitación se divide en tres lotes: el primero se refiere al desarrollo de esos programas, excepto los relativos a trabajos en beneficio de la comunidad (TBC), o en el ámbito territorial de Barcelona: el segundo, en el mismo ámbito, al desarrollo de esos programas TBC; y el tercero a la ejecución de programas MPA en el resto del ámbito territorial de Cataluña.
La duración es anual con posibilidad de prórroga por tres años más.
El pliego de prescripciones técnicas del contrato establece en su punto 1 que "l'objecte social de les entitats interessades en la present licitació serà l'atenció social, formativa, assistencial i de prevenció adreçada a col·lectius amb problemàtiques de delinqüència, drogodependències o exclusió social, a fi de facilitar la seva reinserció social".
A su vez, el punto 2 relativo al objeto del contrato, dice que es "la realització de les actuacions de caràcter formatiu, sòciolaboral, de tractatament, etc. que es detallen en els Programes de Mesures Penals Alternatives, adreçades a les persones sotmeses al compliment de mesures alternatives a la privació de llibertat imposades pels òrgans jurisdiccionals penals a Catalunya.
Les condicions en qüestió inclouran la realització d'entrevistes, accions de coordinació i elaboració d'informes inicials, de seguiment i finals respecte de cada persona destinatària de l'actuació. Així mateix, l'adjudicatari haurà d'introduir en la Base de Dades de la Secretaria de Serveis Penitenciaris Rehabilitació i Justícia Juvenil (en endevant, SSPRiJJ) tota la informació que detalla el Manual de Gestió de Base de Dades, així com els informes abans esmentats i les possibles incidències que es produeixin durant el desenvolupament de les actuacions de suport a la implementació dels Programes. També es farà càrrec de l'arxiu de la documentació que forma part dels expedients administratius, d'acord amb els criteris d'arxiu i directrius establerts per la SSPRJJ.
Totes les actuacions que integren la prestació contractual es desenvoluparan sota control i supervisió de les unitats directives de la SSPRJJ, d'acord amb el projecte tècnic aportat per l'empresa adjudicatària en la fase de licitació i de conformitat amb les previsions dels Programes de Mesures Penals Alternatives en la Jurisdicció penal, així como amb els protocols d'intervenció i gestió que s'annexen, o amb aquells que la SSPRJJ pugui elaborar en el futur, i sota les directrius que la SSPRJJ pugui formular durant l'execució del contracte. Tot això sens perjudici de les alteracions de les actuacions objecte del contracte, que derivin de possibles actualizacions o modificacions que l'Administració dugui a terme sobre els Programes a implementar".
Con carácter previo debe examinarse la causa de inadmisibilidad invocada por las partes demandadas, consistente en la falta de legitimación de la organización sindical recurrente, ex. arts. 69.b) en relación 19.1, ambos de la Ley Jurisdiccional, alegato que, sorprendentemente, no ha merecido la menor respuesta por parte de la actora, ni al amparo del art. 138 de la propia Ley ni en su escrito de conclusiones.
Es doctrina reiterada la de que el interés en que se funda la legitimación se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de tal forma que la anulación del acto impugnado produzca automáticamente un efecto positivo o negativo actual o futuro pero cierto. Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente con contenido patrimonial, por parte del que ejercita la pretensión, que se materializará en caso de prosperar ésta.
En el caso de autos no puede ignorarse que según el art. 19.1.b), están legitimados ante este orden jurisdiccional "las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos o entidades a que se refiere el art. 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos".
El sindicato accionante reacciona contra una externalización de servicios que considera que deben ser prestados por funcionarios públicos, bien los existentes en plantilla o los que resultarían en caso de una ampliación de la misma.
Según el art. 2 de sus Estatutos integra "tots els treballadors i treballadores del Sector Públic a Catalunya que voluntàriament sol·licitin la seva afiliació (...)". Como objeto principal se señala el de servir a la defensa de los intereses de los trabajadores y, entre otras finalidades, la de "conseguir millorar la situació laboral, social, económica i cultural dels treballadors del sector (...)" y "representar, proporcionar i defensar els interesos econòmics, socials, professionals i culturals dels seus afiliats/des i, en general, dels treballadors/res del Sector Públic a Catalunya, intervenint en les relacions laborals i programant les accions necessàries per aconseguirho".
Como se decía en sentencia de esta Sala y Sección de 5 de mayo de 2008, en relación a la legitimación de las asociaciones y sindicatos para la interposición de recursos contencioso-administrativos, "contituye ya sólida doctrina constitucional la que sigue, y es que la función constitucionalmente atribuida a los sindicatos no alcanza a trasformarlos en guardianes abstractos de la legalidad, cualesquiera que sean las circunstancias en que ésta pretenda hacerse valer ( STC 101/96, 215/01 ), por lo que la capacidad procesal del sindicato en defensa de los intereses que representa tiene que cocretarse, en cada caso,...
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