SAP Jaén 41/2012, 17 de Abril de 2012
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 17 Abril 2012 |
| Número de resolución | 41/2012 |
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sección Segunda
J A E N
JUZGADO DE LO PENAL
NUMERO UNO DE JAEN
P.A. NÚMERO 330/2010
ROLLO APELACION PENAL NÚMERO 37/2012
Esta Audiencia Provincial de Jaén, por los Iltmos. Sres. Relacionados al margen, ha pronunciado, en Nombre del Rey, la siguiente
SENTENCIA Número 41
Iltmos. Sres.:
Presidente:
D. José Antonio Córdoba García
Magistrados:
D. Rafael Morales Ortega
D. Mª Fernanda García Pérez
En la ciudad de Jaén, diecisiete de abril de dos mil doce.
Vista, en grado de apelación, por la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial la causa seguida ante el Juzgado de lo Penal número Uno de esta capital, por el Procedimiento Abreviado nº 330/2010, por el delito de receptación, procedente del Juzgado de Instrucción Único de Baeza, siendo acusado Edmundo cuyas circunstancias constan en la recurrida, representado en la instancia por la Procuradora Sra. Rodríguez Pastor y defendido por la Letrada Sra. Herranz González, siendo apelante el acusado, parte apelada el Ministerio Fiscal, y Ponente a la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Mª Fernanda García Pérez.
Por el Juzgado de lo Penal número Uno de Jaén, en el Procedimiento Abreviado nº 330/2010 se dictó, en fecha 20 de diciembre de 2011 Sentencia que contiene los siguientes hechos probados : "De la prueba practicada en el acto del juicio ha resultado probado y así se declara: ÚNICO.- El acusado Edmundo, cuyos antecedentes personales y circunstancias constan en el encabezamiento de la presente resolución, fue sorprendido por Agentes del Seprona el día 1 de Noviembre de 2008 cuando se encontraba en el Paraje conocido como Fuerte Tetar cazando con 2 galgos, siendo uno de ellos propiedad de Narciso a quién previamente le habían sustraído con empleo de fuerza de su casa.
El galgo está valorado en 200# si bien lo adquirió a persona desconocida por 100#, sin tener documentación que lo acredite. El galgo fue recuperado por su propietario".
Así mismo la referida Sentencia pronuncia el siguiente Fallo: " QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Edmundo como autor penalmente responsable de un delito de Receptación a la pena de SEIS MESES DE PRISION con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Costas".
Contra la misma Sentencia por Edmundo, formalizó en tiempo y forma el recurso de apelación dándose traslado a las demás partes para impugnación o adhesión habiéndose presentado por el Ministerio Fiscal escrito de impugnación.
Elevados los autos a esta Audiencia, se acordó formar Rollo, turnar de Ponente, quedando examinados para Sentencia.
Se aceptan como trámites y antecedentes los de la Sentencia recurrida.
En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Contra la sentencia que condena a Edmundo como autor de un delito de receptación del art. 298 CP a la pena de seis meses de prisión, se interpone recurso de apelación por el mismo, basado en: quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto constitucional y legal.
A dicho recurso se opuso el Ministerio fiscal, alegando que el juicio se celebró legalmente en ausencia del acusado al haberse solicitado pena inferior a dos años de prisión, y considerar que fue suficiente prueba de cargo para condenar al recurrente por un delito de receptación la declaración prestada por el acusado en instrucción con asistencia de su letrado y la testifical en juicio del agente del Seprona.
Como primer motivo se alega quebrantamiento de las normas y garantías procesales, determinante de la nulidad de actuaciones, al haberse celebrado el juicio sin haber citado personalmente al acusado y haberse seguido la instrucción por un delito de robo, siendo en juicio oral cuando el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones calificando por un delito de receptación.
La celebración del juicio en ausencia del acusado está amparada en el art. 786.1.2 L.E.CR ., siempre que se den los presupuestos previstos legalmente. Dispone tal precepto que "La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente, o en el domicilio o en la persona a que se refiere el artículo 775, no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años".
En el caso, al contrario de lo que se alega sí consta citado personalmente el acusado con fecha 3 de noviembre de 2010 para el juicio oral a celebrar el día 19 de diciembre de 2011 a las 11.30 horas, sin que hubiera comparecido ni hubiese alegado causa impeditiva que lo justificara, es más su Letrada no se opuso a la celebración del juicio en ausencia, tal y como se refleja en el acta, por lo que no se ha producido la vulneración indicada determinante de nulidad.
Por otro lado, respecto a la vulneración del principio acusatorio, que sin nominarlo así es lo que se denuncia al alegar que la instrucción se llevó a cabo por un delito de robo y ha sido condenado por delito de receptación, conviene exponer la doctrina del Tribunal Constitucional.
En sentencia del Pleno de 25 de junio de 2009 se recordaba, recogiendo la STC 123/2005, de 12 de mayo, reiterando precedente doctrina constitucional, que, aun cuando el principio acusatorio no aparece expresamente mencionado entre los derechos constitucionales que disciplinan el proceso penal, ello no es óbice para reconocer como protegidos en el art. 24.2 CE ciertos derechos fundamentales que configuran los elementos estructurales de dicho principio, que trasciende el derecho a ser informado de la acusación y comprende un haz de garantías adicionales. En este sentido se resaltaba tanto la vinculación del principio acusatorio con los derechos constitucionales de defensa y a conocer la acusación como con la garantía constitucional de la imparcialidad judicial (FJ 3 y doctrina constitucional allí citada).
Por lo que por lo que se refiere, en concreto, al fundamento del deber de congruencia entre la acusación y fallo, que constituye una de las manifestaciones del principio acusatorio contenidas en el derecho a un proceso con todas las garantías, en la citada Sentencia se ponía en relación directa, principalmente, con los derechos a la defensa y a estar informado de la acusación, pues si se extralimitara el juzgador en el fallo, apreciando unos hechos o una calificación jurídica diferente a las pretendidas por las acusaciones, se privaría a la defensa de la necesaria contradicción.
Pero también se subrayaba que este deber de congruencia encuentra su fundamento en el derecho a un proceso con todas las garantías, en el sentido de que el enjuiciamiento penal se ha de desarrollar con respeto a la delimitación de funciones entre la parte acusadora y el órgano de enjuiciamiento, puesto que, en última instancia, un pronunciamiento judicial más allá de la concreta pretensión...
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