ATS, 27 de Abril de 2006
| Ponente | JUAN GARCIA-RAMOS ITURRALDE |
| ECLI | ES:TS:2006:8314A |
| Número de Recurso | 4092/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 27 de Abril de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Abril de dos mil seis. HECHOS
Por el Procurador de los Tribunales D. José Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de "BENJAC SA y BEN PALOU SA" se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 30 de enero de 2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso nº 406/2000 .
En virtud de providencia de 12 de diciembre de 2005 se puso de manifiesto a las partes para alegaciones por plazo común de diez días, la posible concurrencia de la causa de inadmisión del recurso consistente en:
No haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia ( art. 89.2 de la LRJCA ).
Asimismo se ordena poner de manifiesto a la parte recurrente para alegaciones por el mismo plazo la posible causa de inadmisión del recurso opuesta al amparo del artículo 90.3 de la LRJCA por la recurrida -Generalidad de Cataluña- en su escrito de personación del fecha 22 de abril de 2004 (inexistencia de juicio de relevancia, exigido por el art. 89.2 de la LRJCA ).
Este trámite fue evacuado en plazo por las partes personadas.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D Juan García-Ramos Iturralde Magistrado de la Sala
La sentencia impugnada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de "BENJAC SA y BEN PALOU SA" contra el Decreto 168/2000 de 2 de mayo dictado por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña, en cuya virtud se adoptaron medidas excepcionales en relación con la utilización de los recursos hidráulicos.
El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, preceptuando el artículo 89.2 de la expresada Ley, a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En definitiva, se precisa hoy para que las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia sean recurribles -todas, con abstracción de la Administración autora de la actuación impugnada- que, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
La nueva Ley de esta Jurisdicción, pues, no hace sino ratificar y ampliar una consolidada doctrina jurisprudencial surgida bajo el imperio de la Ley anterior ( Autos de 14 de junio, 5 y 20 de julio, 17 de noviembre y 4 de diciembre de 1998 y 16 de marzo, 17 de mayo y 21 de junio de 1999, entre otros muchos).
En este caso, el escrito de preparación del recurso presentado por la representación procesal del recurrente no se ajusta a lo que dispone el artículo 89.2, pues lo que en él se manifiesta al respecto en relación con el motivo d) del artículo 88.1 de la LJ, es que "La resolución, dicho sea en términos de defensa, incurre en los diversos motivos de casación, que se van a sostener todos ellos al amparo del art. 88.1 d) de la LJ (Infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate) por infracción de lo dispuesto en el art. 106.2 de la Constitución Española, en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el RD 429/1993 de 26 de marzo en relación con la jurisprudencia vinculada a la referida normativa, entre otras sentencias y a título ilustrativo: SSTS de 23.2.95, 10.6.97 . En definitiva, si dicha normativa y su jurisprudencia, que se cita como infringidas se hubiera aplicado correctamente se habría llegado a la conclusión de que se dan todos los requisitos para la declaración de la responsabilidad administrativa de la Administración demandada en contra de lo que sostiene la sentencia contra la que se anuncia recurso de casación. En esencia, la admisibilidad de tal motivo casacional se deduce por el hecho de que los preceptos del ordenamiento jurídico que se reputan infringidos cumplen los siguientes requisitos (que son los que el art. 86.4 contempla a estos efectos): son normas que forman parte del Derecho estatal o comunitario europeo. La infracción de dichas normas resulta relevante y determinante del fallo recurrido ( art. 86.4 en relación con el art,. 89.2 de la LJ . ya que de haberse aplicado correctamente la normativa y jurisprudencia que se reputan infringidas se habría reconocido el derecho a la indemnización de daños y perjuicios ahora denegado. Han sido invocadas oportunamente en el proceso como puede examinarse en el escrito de demanda, así como en el escrito de conclusiones".
Por tanto, cabe concluir que, pese a lo que afirma el recurrente, no se ha efectuado el juicio de relevancia exigido por el artículo 89.2, pues en modo alguno se justifica, en su sentir que la infracción de una norma de Derecho estatal o comunitario europeo haya tenido relevancia, determinando el fallo recurrido lo que lleva a la conclusión de que el presente recurso debe ser inadmitido, de conformidad con lo previsto en el artículo
93.2.a), en relación con el 89.2, de la mencionada Ley, y ello por haber sido defectuosamente preparado.
No obstan a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia, pues el artículo 86.4 condiciona la recurribilidad de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -que sean susceptibles de casación- a que el recurso, es decir, el escrito de interposición del mismo, pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal (o comunitario europeo) que sea relevante y determinante del fallo recurrido, y es justamente tal condicionamiento, en cuanto afecta a la impugnabilidad de la sentencia, el que determina que en el artículo 89.2 se exija al recurrente justificar en el trámite inicial del procedimiento impugnatorio - en el escrito de preparación del recurso- que la infracción de las normas jurídicas hábiles, que en su día podrán hacerse valer como fundamento del recurso de casación, ha sido relevante y determinante de la sentencia.
Del mismo modo, se ha de notar que no se trata de articular en el escrito preparatorio del recurso el motivo o motivos que han de servir de fundamento al recurso de casación, lo que ciertamente constituye el contenido propio del escrito de interposición, sino de anunciar la norma o normas jurídicas concretas, de derecho estatal o comunitario europeo, que la parte recurrente entiende han sido infringidas por la sentencia y de justificar, eso sí, que su infracción, que en la fase de preparación hay que dar por supuesta, es relevante y determinante del fallo. Por otra parte, hay que señalar que la interpretación que esta Sala viene propugnando de los artículos 86.4 y 89.2 no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, como ha puesto de relieve la doctrina constitucional ( AATC 20/1999 y 3/2000 y más recientemente SSTC 181/2001, de 17 de septiembre, 230/2001, de 26 de noviembre y 89/2002, de 22 de abril ) al examinar el alcance que por aquella se ha dado a los arts. 93.4 y 96.2 de la Ley Jurisdiccional de 1956 (versión de 1992 ), precedentes de aquellos, señalando éstas dos últimas en lo referente a la insubsanabilidad de tal defecto procesal en trámites posteriores al de preparación, que "tampoco cabe apreciar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 CE ) en la interpretación sostenida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo acerca de la no subsanabilidad del defecto de incumplimiento de la carga prevista en el art. 96.2 LJCA, por estimar que se trata de un vicio sustancial insubsanable y que el art. 129 LJCA sólo permite subsanar los defectos formales, no los de carácter material o sustancial" ( STC 181/2001, FJ 7; ATC 3/2000, FJ 5 )".
En otro orden de cosas, como recordábamos en el ATS de 15 de enero de 2003 "No estará de más añadir, que el 89.2 de la LRJCA, impone dicha carga procesal a todas las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con independencia de la Administración autora del acto administrativo recurrido y de qué tipo de normativa haya sido la invocada en el proceso de instancia o aplicada por la sentencia recurrida ( Auto de fecha 2 de julio de 2001 )" por lo que la mera cita de una norma estatal no exime de la obligación de formular el juicio de relevancia.
Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional .
En su virtud,
Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "BENJAC SA y BEN PALOU SA" contra la sentencia de 30 de enero de 2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso nº 406/2000, resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
