ATS, 14 de Septiembre de 2006
| Ponente | JUAN JOSE GONZALEZ RIVAS |
| ECLI | ES:TS:2006:14793A |
| Número de Recurso | 245/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 14 de Septiembre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a catorce de Septiembre de dos mil seis. HECHOS
Por la Procuradora de los Tribunales Dª. Cayetana de Zulueta Luchsinger en nombre y representación de UNION ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (UNESPA), se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 9 de octubre de 2003, dictada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso nº 968/02, sobre implantación de un sistema de compra de servicios de base poblacional.
En virtud de providencia de 4 de enero de 2006 se acordó conceder a las partes un plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible causa de inadmisión del recurso siguiente: No haberse justificado en el escrito de preparación del recurso, que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea haya sido relevante y determinante del fallo de la sentencia impugnada (artículo
89.2 LRJCA ), trámite que ha sido evacuado por la parte recurrente y recurrida.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas Magistrado de la Sala
La sentencia recurrida desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de UNESPA, contra la Orden del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña 172/2002, de 17 de mayo, por la que se establece una prueba piloto para la implantación de un sistema de compra de servicios de base poblacional.
El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, preceptuando el artículo 89.2 de la expresada Ley, a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En definitiva, se precisa hoy para que sean recurribles las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -todas, con abstracción de la Administración autora de la actuación impugnada- que, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) Que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) Que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) Que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia. La nueva Ley de esta Jurisdicción, pues, no hace sino ratificar y ampliar una consolidada doctrina jurisprudencial surgida bajo el imperio de la Ley anterior (Autos de 14 de junio, 5 y 20 de julio, 17 de noviembre y 4 de diciembre de 1998 y 16 de marzo, 17 de mayo y 21 de junio de 1999, entre otros muchos).
En este caso, en el escrito de preparación del recurso interpuesto por la parte recurrente, además de expresar que el mismo se fundamenta en la infracción de normas estatales y comunitarias, indica que la sentencia recurrida vulnera, entre otras, la Ley 30/95, de 8 de noviembre, haciendo explícito cómo, por qué y de qué forma, aquella infracción ha influido y ha sido determinante del fallo.
Por tanto, es evidente que se ha efectuado el juicio de relevancia que exige el artículo 89.2, al justificar debidamente que la infracción de una norma de Derecho estatal o comunitario europeo haya tenido relevancia, determinando el fallo recurrido, lo que lleva a la conclusión de que el presente recurso debe ser admitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 89.2 de la mencionada Ley, al haber sido debidamente preparado.
En su virtud,
declarar la admisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de UNION ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (UNESPA), contra la sentencia de 9 de octubre de 2003, dictada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso nº 968/02, remitiéndose las actuaciones a la Sección Tercera, a la que corresponde según las normas de reparto.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
