SAP Las Palmas 333/2007, 11 de Diciembre de 2007
| Ponente | YOLANDA ALCAZAR MONTERO |
| ECLI | ES:APGC:2007:3060 |
| Número de Recurso | 206/2007 |
| Procedimiento | PENAL |
| Número de Resolución | 333/2007 |
| Fecha de Resolución | 11 de Diciembre de 2007 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 2ª |
S E N T E N C I A
En Las Palmas de Gran Canaria, a once de Diciembre de 2.007.
Vistos por la Ilma. Doña Yolanda Alcázar Montero, Magistrada de la Sección Segunda de esta Audiencia provincial, actuando como órgano unipersonal y en grado de apelación, los autos de Juicio de Faltas Inmediato nº 62/2007, del Juzgado de Instrucción nº Cuatro de Telde y que han dado lugar a la formación del Rollo de Apelación nº 206/2007, seguidos entre partes, como apelante, don Blas, y como apelado doña Virginia, y el MINISTERIO FISCAL, en ejercicio de la acción pública.
Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Telde, en el procedimiento que más arriba se indica se dictó sentencia, de fecha 22 de Mayo de dos mil siete por la que se condenaba al ahora apelante "como autor penalmente responsable de cuatro faltas de amenazas del artículo 620.2º del Código penal, en las personas de sus hermanos Dña. Virginia, D. Ramón y D. Jose Luis, a la pena de cuatro días de localización permanente por cada una de las tres faltas cometidas (en total, 12 días de localización permanente), en un domicilio distinto y alejado del de los denunciantes, y como autor de una falta de amenazas en la persona de Dña. Luisa, a la pena de diez días de multa, a razón de 6 € (en total, 60 €), con un día de arresto sustitutorio por cada dos cuotas que dejare de abonar.
Se establece la prohibición a D. Blas de comunicarse por cualquier medio postal, telefónico, o telemático, así como aproximarse a Dña. Virginia, D. Ramón y D. Jose Luis y Dña. Luisa, en su domicilio y fuera del mismo, tanto en su domicilio como fuera de él, en un radio de 300 metros y durante el plazo de tres meses a contar desde la notificación de la presente resolución."
Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma, por la representación del condenado, recurso de apelación que basó en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido el recurso, se dio traslado del mismo a las demás partes personadas, remitiéndose las actuaciones ante esta Audiencia Provincial, y no estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron los autos pendientes para dictar sentencia.
Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida.
Se acepta el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida.
El apelante alega como primer motivo de su recurso el error en la valoración de la prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia (art 24 CE ).
El recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia, cualquiera que sea el procedimiento (juicio de faltas, alguno de los modelos abreviados por delito y el por delito ante Tribunal del Jurado), está construido sobre la idea de la atribución de un poder pleno de enjuiciamiento revisor del caso (plena cognitio) al órgano decisor, quien asume, en principio, la misma posición que el órgano jurisdiccional autor que dictó la resolución recurrida, con la única restricción que impone la prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius.
Esta concepción del recurso de apelación es compartida por el Tribunal Constitucional desde sus primeros pronunciamientos sobre este tema (lo demuestra la lectura de sus Sentencias 54 y 84 de 1985, de 18 de abril y de 8 de julio, respectivamente).
Así se sigue manteniendo hasta la actualidad. Las Sentencias 167/2002, de 18 de septiembre (EDJ 2002/35653), y 197/2002 (EDJ 2002/44866), 198/2000 (EDJ 2002/44865) y 200/2002 (EDJ 2002/44863), las tres, de 28 de octubre, 212/2002, de 11 de noviembre (EDJ 2002/50338) y 230/2002, de 9 de diciembre (EDJ 2002/55509 ), señalan a este respecto que "... el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (SSTC 172/1997, de 14 de octubre, FJ 4 EDJ 1997/6342; 120/1999, de 28 de junio, FF JJ 3 y 5 EDJ 1999/13070; ATC 220/1999, de 20 de septiembre ). Pero en el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim otorga al Tribunal ad quem deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE" (FJ 11 )....".
Claro que el propio Tribunal Constitucional, a partir de su fundamental Sentencia 167/2002, doctrina seguida en las 197, 198, 200, 212, 230/2002, 94 y 96/04, y 43/05, entre otras, advierte que "... no basta con que en apelación el órgano ad quem haya respetado la literalidad del art. 795 L. E. Crim., en el que se regula el recurso de apelación en el procedimiento abreviado...
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