STSJ Galicia 13/2012, 23 de Enero de 2012
| Ponente | JUAN SELLES FERREIRO |
| ECLI | ES:TSJGAL:2012:346 |
| Número de Recurso | 16384/2009 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 13/2012 |
| Fecha de Resolución | 23 de Enero de 2012 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00013/2012
PONENTE: D. JUAN SELLES FERREIRO
RECURSO NÚMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 16384/2009
RECURRENTE: Jaime
ADMINISTRACION DEMANDADA: CONSORCIO AS MARIÑAS
CODEMANDADOS: CONCELLO DE BETANZOS Y CONCELLO DE ARTEIXO
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
JOSE MARIA GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE
JUAN SELLES FERREIRO
FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA
A CORUÑA, a veintitrés de enero dos mil once.
En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 16384/2009, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por Jaime, representado por el procuradora Dña. FRANCISCA OLIVERA MOLINA, dirigida por el letrado D. Jaime, contra ACUERDO DE 12-05-09 SOBRE APROBACION PROVISIONAL DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE BASURAS Y RESIDUOS URBANOS. Es parte la Administración demandada el CONSORCIO AS MARIÑAS representado por el LETRADO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA D.RAMON VALENTIN LOPEZ REY, Y LOS CODEMANDADOS CONCELLO DE BETANZOS representado por el letrado DANIEL PEREIRO CACHAZA Y EL CONCELLO DE ARTEIXO representado por la letrada Dña. ELENA VILLAFAÑE VERDEJO.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN SELLES FERREIRO.
Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la/s parte/s recurrente/s para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución impugnada en este procedimiento.
Conferido traslado a las partes demandadas, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en las contestaciones de la demanda.
No habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo indeterminada.
Se impugna en el presente procedimiento ordinario la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de basuras y residuos urbanos del Consorcio das Mariñas publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña en fecha 26 de junio de 2009.
La cuestión aquí planteada ya ha sido resuelta, entre otras, por la sentencia dictada por esta sala y sección en sede del recurso 16295/09 en el que intervenían las mismas partes y cuyos razonamientos jurídicos, por ser plenamente extrapolables al presente procedimiento citamos en su literalidad.
Decíamos allí :
La representación procesal del Consorcio As Mariñas pretende la inadmisibilidad del recurso al amparo del artículo 69 d) de la Ley Jurisdiccional -litispendencia- en razón a que ante esta Sala se tramita, en su criterio por los mismos hechos y pretensiones, el recurso 16384/2009 deducido por D. Jaime, hijo y abogado de la recurrente.
Pretensión la anterior que debe ser rechazada, en los términos de su propio enunciado, al no concurrir identidad subjetiva. Y ello de acuerdo con los requisitos señalados al efecto por la jurisprudencia. En efecto, la reciente sentencia de 30/9/2011 (recurso 1379/08 ) señala lo siguiente:
"Con carácter general, la litispendencia es una causa de inadmisibilidad del recurso contenciosoadministrativo, que aparece expresamente contemplada en el artículo 69 d) de la LJCA . Se trata de una excepción, como señala la Sentencia de esta Sala de 5 de febrero de 2001 (recurso de casación nº 4101/1995 ) a la que seguimos en este punto, que produce la constitución de un proceso anterior en otro posterior en que se hace cuestión del mismo objeto procesal. Precisamente, uno de los efectos procesales de la presentación de la demanda es la exclusión del conocimiento del mismo asunto en otro proceso, y a este fin consideraba el artículo 533.5 de la anterior LEC de 1881, como excepción dilatoria o procesal, la litispendencia en el mismo o en otro Juzgado o Tribunal competente.
Su finalidad es tanto evitar la eventual existencia de fallos contradictorios entre sí, como el agotamiento en un primer proceso de la necesidad de protección jurídica de las partes litigantes. O, dicho en otros términos, la excepción de que se trata impide a las partes del proceso pendiente incoar otro que tenga un objeto idéntico.
Por consiguiente, la identidad procesal determinante de la litispendencia comprende los tres elementos propios de la cosa juzgada: sujetos, causa petendi y petitum, siendo la exclusión del segundo proceso consecuencia de la coincidencia de dichos elementos. No en vano la cosa juzgada es otra causa de inadmisibilidad aludida en el mismo apartado que la litispendencia ( artículo 69.d de la LJCA )".
Ya en el fondo del asunto, se hace necesario ordenar las cuestiones que se someten a enjuiciamiento de la Sala, pues todas ellas gravitan sobre la legalidad de la Ordenanza con la particularidad de que, es preciso hacer notar ya desde este momento, en el segundo de los actos recurridos, tal como se enuncian en el fundamento primero, concurre además la limitación de medios de oposición a la providencia de apremio, en los términos del artículo 167.3 de la Ley General Tributaria, sin que en el caso ello tenga relevancia, pues a tales motivos se superpondría una eventual nulidad de la Ordenanza que, como tal, sería suficiente para dejar sin efecto la providencia de apremio, sin que a ello sea obstáculo que tal motivo no figure como entre los que son propios de la oposición a la providencia, y señalados en el precepto mencionado, según jurisprudencia del Tribunal Supremo y de esta Sala de la que se hace cita en el texto acotado que más adelante se reseñará, a la que debe añadirse la más reciente de 26/5/11 (recurso 16590/09) .
Y, en lo que a todas las demás cuestiones se refiere, es necesario advertir, como la representación procesal de la Administración demandada invoca, que se trata de aspectos sobre los que ya esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente, planteados por la misma recurrente, por lo que el principio de unidad de doctrina nos obliga a mantener en este momento lo ya señalado en anteriores ocasiones. CUARTO.- Comenzando ya por el análisis de los motivos de recurso y en cuanto a que el servicio no pueda prestarse de modo indirecto mediante la imposición de una tasa y sí en cambio, a través de un precio público, en la sentencia de 11/11/2010 (recurso de apelación 15037/10 ) señalamos lo siguiente:
"Fronte á sentenza de instancia -que reproduce a de 30.04.2009 deste Tribunal- o recorrente opón que non se pronuncia respecto da xurisprudenza que se achega e que, segundo o recorrente, apoia a súa pretensión de que, o presta-lo servizo de recollida de lixo unha empresa privada -concesionaria- estaríamos ante un prezo público e non ante unha taxa.
O recorrente cita en apoio da súa pretensión a recenté sentenza de 05.02.2009 do TS que, nembargantes, tiña como obxecto: El presente recurso de casación se interpone por la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. (en adelante, EMACSA), contra la Sentencia de 25 de enero de 2005, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que desestima el recurso contencioso- administrativo núm. 467/1998 instado por dicha entidad contra la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 29 de diciembre de 1997, por la que se autorizaban las tarifas de agua potable para el año 1998 en los municipios de Córdoba y Cardeña (BOJA núm. 5, de 15 de enero de 1998).
Dentro desta sentenza se recolle que a STSX Andalucía utilizaba como un dos argumentos: porque tales tarifas no son tasas a tenor de la doctrina dictada por este Tribunal en las Sentencias de 7 de marzo de 1998 (que niega que sea tasa la contraprestación satisfecha por el suministro del agua, no a la Administración, sino a una concesionaria entidad privada ) y de 12 de febrero de 1998 (que afirma que solo son tasas los pagos por el servicio de abastecimiento de agua prestado directamente por la propia Administración y no por una sociedad de carácter mercantil o una entidad concesionaria);...máis este razoamento non é tido en conta polo TS para resolve-lo recurso de casación.
Polo dito, a xurisprudenza citada polo recorrente refírese a un suposto distinto -subministro de auga- e aplica unha xurisprudenza (a citada do ano 1998) que seguiu unha lexislación antiga, e non a actual.
Ademais de subliñar este extremo, tamén debemos concordar co letrado da Deputación de que o recurso é -parcialmente- incorrecto no seu discurso, o non facer unha crítica global dos pronunciamentos da sentenza, en concreto, verbo da cuestión de que estarmos ante unha dilixencia de embargo -e non ante a liquidación- o que limitaría as posibilidades de impugnación ós previstos no artigo 170.3 Lei 58/2003, sendo difícilmente admisible que, neste trámite se poida solicita-la nulidade por vía indirecta da Ordenanza Municipal, con base en cuestións que afectan á liquidación.
En todo caso, e dado que o recurso non se fundou, en exclusiva nesta cuestión e que a falta de congruencia é parcial, resulta obrigado a resolve-lo fondo da controversia.
Para resolve-la controversia quizabes sexa preciso reproduci-lo contido da STS
16.07.2009 que explica a diferencia entre o prezo público e...
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