SAN, 7 de Febrero de 2012
| Ponente | JOSE LUIS TERRERO CHACON |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2012:626 |
| Número de Recurso | 110/2010 |
SENTENCIA
Madrid, a siete de febrero de dos mil doce.
Visto el recurso contencioso administrativo que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido D. Luis Alberto , representado por la Procuradora Dª. MARÍA JESUS FERNÁNDEZ SALAGRE y asistido por el Letrado D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ RODRÍGUEZ , contra la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE JUSTICIA) , representada y asistida por el ABOGADO DEL ESTADO , sobre NACIONALIDAD .
Ha sido ponente del presente recurso, el Ilmo. Sr. Magistrado de esta Sala y Sección D. JOSE LUIS TERRERO CHACON .
Para el más correcto examen del recurso contencioso-administrativo que enjuiciamos, debemos tener en cuenta los siguientes presupuestos fácticos:
1) Con fecha de registro 22 de febrero de 2007, el recurrente, nacional de Marruecos, solicitó la nacionalidad española por residencia.
2) Tramitado el correspondiente expediente administrativo, la Dirección General de los Registros y del Notariado, por delegación del Ministro de Justicia, dictó resolución con fecha 30 de septiembre de 2009, desestimando la petición del recurrente por no haber justificado suficientemente buena conducta cívica, ya que de la documentación obrante en el expediente administrativo, resultaba que había sido condenado "como autor de un delito de agresión sexual en grado de tentativa, seguido en Ejecutoria 848/2007, por el Juzgado de lo Penal nº 26 de Madrid", sin que del resto de la documentación obrante en el expediente administrativo se dedujeran elementos positivo suficientes para desvirtuar dicha conclusión.
3) Contra la indicada resolución se interpone el presente recurso contencioso administrativo.
Interpuesto el citado recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y repartido a esta Sección, después de admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda.
En el escrito de demanda se sostienen, en síntesis, los siguientes argumentos frente a la resolución recurrida:
1) Para acreditar la buena conducta cívica debe llevarse a cabo una valoración mediante el examen del conjunto de la trayectoria personal del solicitante.
2) Las condenas penales muy lejanas en el tiempo no impiden la concurrencia de buena conducta cívica, como en el supuesto enjuiciado, donde el recurrente fue condenado por una actuación que ocurrió en el año 2005 y que dio lugar a una condena que se encuentra en suspenso, condena derivada del primer delito del recurrente y que revistió menor peligrosidad.
3) La comisión de delitos por el recurrente "no le marca para siempre" y le impide gozar de "buena condcuta cívica", circunstancia que concurre en el supuesto enjuiciado.
Por lo anteriormente expresado, la demanda concluye solicitando que se dicte sentencia concediendo la nacionalidad española al recurrente.
Presentada la demanda, se dio traslado de la misma al Abogado del Estado con entrega del expediente administrativo para que la contestara; y formalizada dicha contestación, solicitó en el suplico la desestimación de recurso y la condena en costas de la parte recurrente.
El Abogado del Estado alega en su contestación a la demanda, básicamente, lo siguiente:
1) En el supuesto enjuiciado la resolución administrativa objeto de recurso es plenamente ajustada a Derecho, ya que durante la sustanciación del expediente administrativo ha quedado debidamente acreditado que, a lo largo de la trayectoria personal del recurrente, existen hechos de especial relevancia por su gravedad, que no pueden dejar de valorarse y son suficientes para considerar que el actor no goza de la buena conducta cívica en los términos que tal concepto ha sido delimitado jurisprudencialmente.
2) Durante la tramitación del expediente de nacionalidad se ha acreditado que el solicitante tiene antecedentes como autor de un delito de agresión sexual en grado de tentativa, seguido en Ejecutoria 848/2007 por "el Juzgado de lo Penal nº 26 de Madrid", sin que del resto de la documentación que obra en el expediente administrativo se deduzcan elementos positivos suficientes para desvirtuar esta conclusión, y sin que el referido hecho se haya producido en momento temporal alejado de la solicitud de nacionalidad.
3) Ni durante la sustanciación del expediente administrativo, ni en esta sede jurisdiccional, el actor ha acreditado, en la forma exigida por la jurisprudencia, la buena conducta cívica prevenida en el artículo 22.4 del Código Civil .
Contestada la demanda y no abierto el procedimiento a prueba, las actuaciones quedaron conclusas para sentencia, señalándose para votación y fallo del recurso el día 31 de enero de 2012, fecha en la que, efectivamente, el recurso se votó y falló.
Se interpone el presente recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dictada por delegación del Ministro de Justicia, de fecha 20 de septiembre de 2009, que deniega la nacionalidad española al recurrente por falta de buena conducta cívica.
Como quiera que los presupuestos fácticos y las alegaciones de las partes se recogen en los antecedentes de hecho de la sentencia, procederemos seguidamente al enjuiciamiento y resolución del recurso.
Y para la resolución del presente recurso debemos comenzar recordando, que los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, según los casos; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional.
Los primeros no plantean especiales problema para su apreciación.
En cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente revisable, sin que quepan soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.
En la misma línea, nuestro Tribunal Supremo insiste en que el requisito de la buena conducta cívica constituye un concepto jurídico indeterminado, por lo que la Administración debe verificar si concurre o no: si la respuesta es afirmativa, debe conceder la nacionalidad española; si la respuesta es negativa, debe denegarla. No puede, por tanto, fundar su decisión en consideraciones de oportunidad o conveniencia ( SSTS de 17 de marzo de 2009 , 26 de mayo de 2009 y 12 de febrero de 2010 ).
Como pone de manifiesto el Alto Tribunal, la norma legal de referencia, esto es, el artículo 22.4 del Código Civil , impone el deber de "justificar en el expediente ... , buena conducta cívica", por lo que nos movemos en el ámbito de un concepto jurídico indeterminado que tendremos de perfilar y concretar mediante su particularización fáctica; o, mejor dicho, que tendremos, respecto del mismo, en el marco de nuestra actuación jurisdiccional, que comprobar, desde una perspectiva de legalidad, como ha sido utilizado por la Administración para convertirlo en elemento determinante de la denegación que revisamos, y, en concreto, sí, en tal proceso de determinación objetiva del concepto de "buena conducta cívica" han concurrido los elementos necesarios para convertir el mismo en una adecuada y correcta proyección de la realidad circundante ( STS de 27 de octubre de 2010 ).
De esta forma, el concepto jurídico indeterminado de "buena conducta cívica" emerge como una categoría conceptual que tiene unos contornos precisos y delimitados, aunque necesitados de concreción en cada caso, fuera de los cuales no se puede apreciar. Esta operación de determinación puede oscilar, para considerar que concurre una buena conducta cívica, desde aquellos que han observado una conducta ejemplar, virtuosa e intachable a aquellos en quienes la conducta ha sido la común y ordinaria de cualquier buen ciudadano pero, en todo caso, suficiente para desenvolverse adecuadamente en sociedad. No olvidemos que la determinación del contenido de este tipo de conceptos jurídicos rebasa su acepción literal para asumir el sentido que la experiencia le ha ido atribuyendo ( STS de 29 de octubre de 2010 ).
Por lo que se refiere a la particular valoración de la buena conducta cívica como presupuesto para el reconocimiento de la nacionalidad española, nuestro Tribunal Supremo ha sentado una doctrina que podemos sistematizar en los siguientes términos:
1) La concesión de la nacionalidad española por residencia es un acto que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía del Estado y supone el otorgamiento de una cualidad que lleva implícita un conjunto de derechos y obligaciones, otorgamiento condicionado al cumplimiento por el solicitante de determinados requisitos. Entre estos requisitos, el artículo 22.4 del Código Civil exige que el peticionario de nacionalidad acredite positivamente la observancia de buena conducta cívica ( SSTS de 13 y 20 de abril , 9 y 23 de septiembre , 6 de noviembre y 25 de diciembre de 2004 , y 11 de octubre y 25 de septiembre de 2005 ).
2) El concepto buena conducta cívica se integra por la apreciación singular del interés público conforme a unos criterios, preferentemente políticos, marcados explícita o implícitamente por el...
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