STS, 27 de Diciembre de 2011

PRIMERO .- En el recurso contencioso-administrativo número 25/2009, seguido por los trámites del proceso de protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 17 de junio de 2010 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Fallamos: Que desestimando la causa de inadmisibilidad opuesta por el Abogado del Estado, procede desestimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Adela Gilsanz Madroño, en nombre y representación de D. Ángel , contra la desestimación presunta por silencio de la solicitud de revisión de oficio de la resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 4 de noviembre de 1998, por la que se aprobó e hizo pública la relación definitiva de aspirantes que habían superado las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997; sin hacer expresa imposición de costas».

SEGUNDO .- Notificada la anterior resolución, D. Ángel presentó escrito preparatorio de recurso de casación, recayendo diligencia de ordenación de la Sala de instancia, de fecha 23 de julio de 2010, por la que se tuvo por preparado dicho recurso, acordándose la remisión de las actuaciones y el emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo, ante la que ha comparecido D. Ángel como parte recurrente, así como el Abogado el Estado, como parte recurrida y el MINISTERIO FISCAL.

TERCERO .- D. Ángel formalizó la interposición del recurso de casación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88.1.d), de la Ley de la Jurisdicción y después de exponer razonadamente el motivo en que lo apoya, suplica a la Sala dicte sentencia "por la que case y anule la sentencia recurrida, dictando otra más ajustada a derecho, por la que estimando el recurso declare la nulidad de la desestimación presunta, por silencio, de la solicitud de revisión de oficio por ser contraria a los artículos 14 y 23 .2 CE y por ende, incurrir en la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992 , de la Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia de 4 de noviembre de 1998, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997, para que se anulase su exclusión de la relación de aspirantes seleccionados aprobada por la Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 4 de noviembre de 1998, declarando su derecho a ser incluido en la relación de aprobados, de conformidad con los criterios establecidos en las bases, y ser nombrada funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia con los efectos económicos y administrativos correspondientes y demás procedente en Derecho, con expresa condena en costas de la instancia y del recurso a la Administración demandada".

CUARTO .- Instruido el Magistrado Ponente designado, dio cuenta a la Sala, acordándose la admisión del recurso, y remitidas las actuaciones a esta Sección Séptima, se dio traslado del escrito de interposición del recurso al ABOGADO DEL ESTADO, como parte recurrida, quien presentó escrito en el que solicitaba " tenga por formulada oposición al recurso de casación y, previos los trámites procedentes, dicte resolución desestimándolo, por ser conforme a derecho la resolución judicial impugnada, con expresa imposición de costas a la parte recurrida"".

El MINISTERIO FISCAL, presentó escrito de alegaciones en el que concluye la procedencia de declarar haber lugar al recurso de casación con los siguientes pronunciamientos:

"1.- Que procede acordar la apreciada vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a la función pública reconocido en el artículo 23.2 CE , restableciendo en su derecho al recurrente, casando y dejando sin efecto la sentencia de 17 de junio de 2010, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional .

2. - Que procede acordar la estimación del recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de revisión de oficio formalizada por el mismo y, en consecuencia, anular la exclusión del actor de la relación definitiva de aprobados a la oposición de Auxiliares de la Administración de Justicia convocada por Orden de 17 de noviembre de 1997.

3. - Que procede declarar el derecho del recurrente a ser incluido en la relación definitiva de tales aprobados, de conformidad con los criterios establecidos en las Bases de la Convocatoria de la oposición y a ser nombrado funcionario auxiliar de la Administración de Justicia con los efectos económicos y administrativos correspondientes."

QUINTO .- Conclusas las actuaciones, se señaló para la deliberación y fallo de este recurso de casación, el día 21 de diciembre de 2011, pero se suspendió el señalamiento y se dio traslado a las partes intervinientes por cinco días para que alegasen lo conveniente sobre la lista de aspirantes, sin aplicar la fórmula de transformación, elaborada por el Ministerio de Justicia (incorporada al recurso de casación nº 6884/2009) ajustada al número de plazas que figuraban en la Resolución de 4 de noviembre de 1998, habiendo formulado alegaciones:

1. La parte recurrente y el Abogado del Estado, que insisten en las respectivas solicitudes formuladas en el recurso de casación.

2. El Ministerio Fiscal que subraya que la parte recurrente no alcanza la cifra mínima establecida por la circunscripción de Andalucía y no está incluida en la relación definitiva de aprobadas, elaborada por el Ministerio de Justicia.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas, Presidente de la Sección

PRIMERO .- Es objeto del presente recurso de casación la Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 17 de junio de 2010 , que desestima el recurso interpuesto por D. Ángel , representado por la Procuradora doña ADELA GILSANZ MADROÑO, contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la solicitud de revisión de oficio de la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 4 de noviembre de 1998, por la que se aprobó e hizo pública la relación definitiva de aspirantes que habían superado las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997.

SEGUNDO .- El Sr. Ángel articula un único motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , en el que denuncia que la sentencia recurrida infringe los artículos 14 y 23.2 de la Constitución , 62.1.a ), 102 y 106 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y la jurisprudencia que cita.

Tras reproducir la argumentación jurídica de la sentencia recurrida, aduce, en síntesis, que la Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre casos análogos, en sentido contrario al de la sentencia impugnada. Cita a tal efecto, las sentencias de 26 y 27 de enero de 2010 ( recursos de casación núms. 4416/2006 y 4108/2006 ), en las que se estimaron solicitudes de revisión de actos diez años después de que se dictara la resolución administrativa en cuestión, sobre acceso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.

Lo propio sucede, dice, en las sentencias de 23 de enero de 2009 (recurso de casación nº 3711/2006 ), y 22 de julio de 2008 (recurso de casación nº 6779/2005 ), en las que se aceptó la revisión de oficio de resoluciones administrativas (referidas a la misma resolución de 24 de marzo de 1993, sobre acceso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia) dictadas doce años y cuatro meses antes.

Argumenta el actor que, en el presente caso, al igual que ocurriera en las sentencias citadas, se solicita la nulidad de la Resolución de 4 de noviembre de 1998 una vez que conoce la sentencia de la Sección Séptima de la Sala Tercera de 12 de julio de 2006, dictada en el recurso de casación nº 749/2000 , que anuló la fórmula de conversión de puntos empleada en el primer ejercicio del proceso selectivo y solicita y obtiene certificación de la Administración demandada sobre la puntuación obtenida en el proceso selectivo y la que hubiese obtenido de haber aplicado ésta correctamente las bases de la convocatoria en los términos de la sentencia referida. Considera por ello, que el período de tiempo transcurrido desde ese momento hasta la fecha de la solicitud de revisión de oficio instada por los actores no puede suponer un límite a la facultad revisora.

Sostiene el recurrente que se encuentra en identidad de situación que los beneficiarios por las sentencias de esta Sala de 12 de junio de 2006 rec. 749/00 , 29 de junio y 15 y 22 de diciembre de 2005 rec. 6843/01 , 970/00 , y 1445/00 . El resultado fue que, en lugar de los 157,82 puntos reales, se quedó con 139,31, puntuación inferior a la de la última seleccionada para el ámbito territorial de Andalucía. Por ello, si se hubieran aplicado correctamente las bases reguladoras del procedimiento selectivo sin vulnerar los derechos de igualdad y de acceso a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad debiera haber superado el proceso selectivo y ser nombrado funcionario.

TERCERO .- El examen de las actuaciones y el análisis de la sentencia, cuya nulidad pretende el recurrente, permite concretar los siguientes hechos extraídos del expediente administrativo y de los documentos obrantes en estos Autos:

1. ) D. Ángel participó en el proceso selectivo convocado por Orden de 17 de noviembre de 1997 para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, Turno Libre.

2. ) La parte recurrente concurrió por el ámbito territorial de Andalucía, obteniendo en el primer ejercicio 84,33 puntos reales (65,82 puntos transformados) y en el segundo ejercicio 73,49 puntos. Obteniendo así 157,82 puntos reales (139,31 puntos transformados).

3. ) El Tribunal Calificador único además de establecer en 78 la puntuación mínima necesaria para superar el primer ejercicio, resolvió aplicar una fórmula de transformación de la realmente obtenida en el mismo con el fin de que quedaran comprendidas en una escala que iba de 50 a 98 sustituyendo a la que iba de 78 a 98. Para ello consideró que 78 puntos equivalían a 50 y con arreglo a esa equivalencia convirtió todas las puntuaciones.

4. ) Esta Sala dictó sentencia el 12 de julio de 2006 en el recurso 749/2000 estimando el recurso de los allí recurrentes al considerar que la fórmula correctora no era igualitaria.

5. ) El 21 de noviembre de 2008, D. Ángel instó, al amparo del artículo 102 de la Ley 30/92 , la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de la Resolución de 4 de noviembre de 1998, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997, por ser dicho acto contrario a los artículos 14 y 23.2 de la CE e incurrir en la causa de nulidad del artículo 62.1.a) de la Ley 30/92 .

6. ) Frente a la desestimación presunta de la solicitud de revisión de oficio, interpuso recurso contencioso-administrativo por el procedimiento de protección jurisdiccional de derechos fundamentales que concluyó con la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, aquí recurrida, desestimatoria de dicho recurso.

   Los argumentos expresados por la Sala de instancia para estimar el recurso interpuesto, reproduciendo a estos afectos la Sentencia de 14 de julio de 2009 (dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 2/2008 seguido por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales), son los siguientes:

   ...Pero, si bien la revisión de oficio se puede realizar en cualquier momento y, por tanto, se trata de una acción imprescriptible, sin límite temporal alguno, hay que tener en cuenta los límites previstos en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , que prevé que las facultades de revisión no pueden ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulta contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

   Así las cosas, la actora dejó transcurrir más de ocho años de la resolución cuya nulidad se pretende (en el supuesto enjuiciado casi diez años) cuando, además, se trata de un acto de trascendencia importante para ella, como era no haber superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, siendo un fraude de ley el hecho de que la demandante inste el procedimiento de revisión de oficio como instrumento para reabrir la vía administrativa que dejó de utilizar.

   Por tanto, no puede estimarse el recurso contencioso administrativo, "...por más que la demandante invoque motivos de nulidad radical, por la elemental razón que no puede considerarse conforme a derecho, por razones de seguridad jurídica, pretender que la vía impugnatoria permanezca abierta de manera indeterminada... ( sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2008 ). La solución contraria, que se postula en la demanda, comportaría simple y llanamente reabrir plazos fenecidos expandiendo los contornos de la revisión de oficio hasta confundirlos con la impugnación ordinaria de los actos administrativos, lo que repugna a las más elementales exigencias derivadas de la seguridad jurídica, permitiendo cuestionar un acto administrativo dictado en 1998, aduciendo las mismas razones que se debieron invocar entonces mediante un recurso interpuesto en cumplimiento de los plazos impugnatorios legalmente fijados ( sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2008 ).

7. ) El Ministerio Fiscal en el último escrito de alegaciones aduce que la parte recurrente no alcanza la cifra mínima establecida por la circunscripción de Andalucía y no está incluida en la relación definitiva de aprobados, confeccionada por el Ministerio de Justicia.

   CUARTO .- Expuestos los términos del debate el motivo de casación ha de ser acogido y por tanto, el recurso de casación ha de ser estimado.

   Conviene señalar que esta Sala y Sección ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un asunto análogo al presente - denegación de la solicitud de nulidad de pleno derecho de la resolución administrativa referida a la oposición de Oficiales de la Administración de Justicia-, en nuestra sentencia de 13 de julio de 2009 (recurso de casación nº 3709/2006 ), en la que se abordaba la cuestión referida a la aplicación de los límites a la revisión del artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , en concreto en lo relativo a si "el tiempo transcurrido" entre la fecha de la resolución y la fecha de la solicitud de nulidad de pleno derecho permitiría la aplicación del citado artículo 106 y, consecuentemente, ello impediría la revisión de oficio al amparo del artículo 102 de la mencionada Ley 30/92 . En dicha sentencia se mantenía al respecto en el fundamento de derecho segundo que:

   «(../..) sin que sea óbice a ello la alegación del tiempo transcurrido entre la resolución administrativa cuya revisión de oficio se pretendía y el momento en que se presentó la solicitud de la misma. Y no lo es, en primer lugar, porque no hay un plazo máximo establecido por la Ley al efecto. Y, en segundo término, porque para hacer valer ese límite hay que tener presente todas las circunstancias concurrentes. La apreciación de las que se han dado en este caso lleva a la solución contraria a la defendida por la Abogado del Estado. En efecto, tal como dice la sentencia recurrida, la nulidad radical derivada de la infracción del artículo 23.2 de la Constitución que se cometió en la evaluación de la segunda prueba y las consecuencias que eso supuso para el proceso selectivo -plasmadas en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo- llevan a excluir que el tiempo transcurrido en este caso impida la revisión de oficio."

   Pues bien, el anterior criterio resulta plenamente aplicable al presente recurso de casación, toda vez que esta Sala y Sección ha tenido ocasión de pronunciarse -además de las sentencias a las que alude la parte recurrente-, en las de 20 de mayo de 2011 (recurso de casación nº 6129/2009 ) y 21 de julio de 2011 (recurso de casación nº 5094/2010 ) respecto a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997 del Ministerio de Justicia y, más concretamente, en lo relativo a la utilización de la fórmula correctora por el Tribunal Calificador en la corrección del primer ejercicio y si la misma cumplía las condiciones para poder ser considerada efectivamente igualitaria y rectamente ajustada a lo establecido en las bases de la convocatoria, llegando a la conclusión que la calificación del primer ejercicio fue efectivamente discriminatoria y perjudicial, acogiendo por ello la violación de los artículos 14 y 23 de de la Constitución que se denunciaba.

   En consecuencia, aplicando el criterio expuesto respecto al transcurso del tiempo del artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , en los supuestos en que una actuación administrativa es anulada en vía judicial por vulnerar los derechos fundamentales del artículo 14 y 23 de la Constitución derivándose de dicha declaración la posible nulidad de pleno derecho que la parte recurrente reclama al amparo de la imprescriptibilidad de este vicio invalidante, debe llevar a excluir la posibilidad de aplicación del límite temporal a la revisión, contenido en el referido artículo 106 que fue aplicado por la sentencia recurrida, que por este motivo debe ser anulada y nos obliga a resolver el pleito dentro de los términos en que está establecido el debate procesal.

   QUINTO .- Como ha subrayado el Ministerio Fiscal en la fase de alegaciones [apartado b) del antecedente quinto de esta resolución] en cuanto al fondo del recurso sustanciado en el escrito de demanda no procede la estimación del recurso contencioso-administrativo en cuanto a reconocer el derecho de la parte recurrente a que se le tenga por superado el proceso selectivo convocado por Orden de 17 de noviembre de 1997 para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, con los efectos administrativos y económicos correspondientes, ya que resulta acreditado en las actuaciones que la puntuación total obtenida, sin la fórmula de transformación, que fue anulada por esta Sala y Sección, no supera la cifra mínima establecida por la circunscripción de Andalucía, que fue por la que concurrió.

   SEXTO .- Los razonamientos expuestos conducen a la estimación parcial del recurso de casación y a la desestimación del recurso contencioso-administrativo. Sin costas.

Estimamos parcialmente el recurso de casación nº 5089/2010, interpuesto por la Procuradora Dª Adela Gilsanz Madroño, en nombre y representación de D. Ángel , contra la sentencia dictada el 17 de junio de 2010, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que anulamos y desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 25/2009 , en cuanto al reconocimiento del derecho del recurrente a que se le tenga por superado el proceso selectivo convocado por la Orden de 17 de noviembre de 1997 para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, en coherencia con el fundamento jurídico quinto de esta resolución.

No hacemos imposición de costas en la instancia debiendo soportar cada parte las suyas del recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha, lo que Certifico. Rubricado.