STS, 19 de Octubre de 2007
| Ponente | MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:2007:7083 |
| Número de Recurso | 3490/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 19 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Octubre de dos mil siete.
Visto el recurso de casación nº 3490/2004, interpuesto por la Procuradora Doña María Eugenia Pato Sanz, en nombre y representación de Doña Sonia, contra el auto de fecha 13 de enero de 2004, confirmado en súplica por el de 2 de marzo de 2004, por el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8ª), en su recurso nº 2460/03, resolvió inadmitir el formulado por la parte actora, sobre caducidad del expediente de expulsión del territorio nacional.
Preparado por la representación de Doña Sonia recurso de casación contra las resoluciones antes dichas, la Sala de instancia lo tuvo por preparado en providencia de fecha 18 de marzo de 2004, emplazándose a las partes para ante este Tribunal Supremo.
En fecha 2 de abril de 2004 Doña Sonia, presentó escrito interponiendo este recurso de casación, en el cual, después de exponer y razonar los motivos de impugnación que esgrimió, terminó suplicando se declare haber lugar al recurso de casación y se declare la admisión del recurso contenciosoadministrativo.
Por providencia de fecha 5 de marzo de 2007 se admitió a trámite el presente recurso de casación, y por resolución de 24 de mayo de 2007 se ordenó dar traslado a la parte recurrida para oposición, formalizándose por escrito de 26 de junio de 2007 y se ordenó quedaran los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 17 de octubre de 2007, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y López, Magistrado de la Sala
Se impugna en este recurso de casación nº 3490/2004 el auto de fecha 13 de enero de 2004 (confirmado por el de 2 de marzo de 2004 ), dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8ª) en su recurso contencioso administrativo nº 2460/03 por el cual se inadmitió el interpuesto por Doña Sonia contra la inactividad de la Administración ante la solicitud de declaración de caducidad del expediente de expulsión y archivo del mismo.
La Sala de instancia dictó providencia con fecha 16 de diciembre de 2003 acordando oír a las partes sobre la posible inadmisibilidad del recurso por inexistencia de acto impugnado -art. 25.1 en relación con el art. 51.1.c) LJ, al considerar que el acto impugnado en el proceso era el acuerdo de iniciación de un expediente de expulsión, mero acto de trámite que no ponía fin a la vía administrativa. Evacuado el trámite, mediante auto de 13 de enero de 2004 declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto, con la siguiente fundamentación jurídica: " como ya se ha pronunciado esta Sala y Sección en numerosos Autos, el hecho de que la Administración no haya concluido y resuelto el expediente en plazo no autoriza a impugnar una supuesta caducidad que solo se produciría si llegase a adoptar la resolución sancionadora fuera del plazo legalmente establecido, y entonces sería, mediante la impugnación de esa Resolución final, cuando cabría instar su anulación por caducidad del procedimiento. Concurriendo, pues, la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 51 .c) en relación con el art. 25 LJCA, procede inadmitir ·a limine" el recurso."
Interpuesto recurso de súplica contra ese auto, fue desestimado por otro de 2 de marzo de 2004 .
Alega la parte recurrente en casación la infracción del artículo 44, apartados 1 y 2 de la Ley 30/1992 (LRJ-PAC ) y del artículo 98 del reglamento de desarrollo de la L.O. 4/2000, aprobado por RD 864/2001, en relación con los artículos 25 y 29 de la Ley 29/98, de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Insiste la recurrente en que en el caso examinado se produjo la caducidad del procedimiento sancionador, y frente a lo afirmado por la Sala de instancia, entiende que hay un verdadero acto susceptible de recurso, toda vez que tras la iniciación del expediente administrativo sancionador, y una vez transcurrido su plazo de tramitación, pidió expresamente la declaración de caducidad del procedimiento, no recibiendo respuesta alguna a esta petición, de manera que el acto impugnado en el proceso es la negativa de la Administración a declarar la caducidad del referido expediente sancionador, siendo este un acto impugnable.
Estimaremos el recurso de casación.
El acto administrativo que aquí se impugna es la desestimación por silencio de la siguiente petición de la interesada, que se adjuntó como documento unido al escrito de interposición del recurso contencioso administrativo:
Que el día 03 de noviembre de 2002 se me comunicó incoación de expediente de expulsión de carácter preferente con traslado de la propuesta de expulsión, en las dependencias de esta Brigada, y no estando conforme con ella, y dentro del periodo de 48 horas para plantear alegaciones, vine a plantearlas, y que consta en el expediente administrativo al cual me remito. Desde esa fecha a la actual han transcurrido más de seis meses sin haber recibido notificación alguna en el domicilio ut supra mencionado, que por mor del escrito de alegaciones era el designado para notificaciones, por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, vengo a solicitar la CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EXPULSION
Y ante el silencio de la Administración, se interpuso el recurso contencioso administrativo, declarado inadmisible por el auto que ahora se recurre en casación.
Como se ve, en el proceso no se impugnaba el acuerdo de iniciación de un expediente sancionador, ni la falta de respuesta a las alegaciones de descargo presentadas en el curso del mismo, sino que se impugnó la falta de respuesta a la solicitud de que se declarara la caducidad del expediente administrativo, por no haberse resuelto en determinado plazo.
Y esta es una petición que será o no acertada, pero su desestimación por silencio da lugar a un acto administrativo perfectamente recurrible, que es el referente a si el expediente ha incurrido o no en caducidad.
La afirmación de la Sala de instancia de que la eventual caducidad del expediente sólo operará y podrá alegarse como motivo impugnatorio una vez ---si es que llega a dictarse--- se acuerde la expulsión, es equivocada. La caducidad opera y puede alegarse (y su no declaración, expresa o presunta, puede impugnarse) por el puro transcurso del plazo.
Si las cosas fueran de otro modo, y la Administración nunca dictara resolución expresa ni declarara la caducidad, el interesado no podría nunca acceder a los Tribunales de Justicia a fin de que estos la declararan, cosa que carecería de sentido.
Se está, pues, en el caso de declarar haber lugar al recurso de casación, por infracción de aquellos preceptos, a fin de que continúe ante la Sala de instancia la tramitación del recurso contencioso administrativo.
Al declararse haber lugar al recurso de casación procede no condenar en las costas de casación (artículo 139-2 de la L.J .), y no existen razones que aconsejen hacerla respecto de las de instancia.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos haber lugar al recurso de casación nº 3490/2004 interpuesto por Dª. Sonia, contra el auto de fecha 13 de enero de 2004, confirmado en súplica por el de 2 de marzo de 2004, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8ª), en su recurso nº 2460/03, y en consecuencia: 1º.- Revocamos dichos autos.
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- Declaramos que el recurso contencioso administrativo nº 3490/2004 debe continuar su tramitación.
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- No hacemos condena ni en las costas de instancia ni en las de casación.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y López, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
