STS, 4 de Julio de 2011

En el Recurso contencioso-disciplinario militar ordinario núm. 26/08, deducido en su día por la Cabo Primero de la Guardia Civil Doña Petra contra la resolución del Excmo. Sr. Ministro de Defensa de fecha 22 de enero de 2008, confirmatoria, en vía de alzada, de la del Excmo. Sr. Director General de la Policía y de la Guardia Civil de 28 de noviembre de 2007, dictada en el Expediente Gubernativo núm. NUM000 , de registro de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se le impuso la sanción disciplinaria de tres meses de suspensión de empleo, como autora de la falta muy grave prevista en el apartado 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil , consistente en "observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la Institución que no constituyan delito", la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dictó, con fecha 13 de julio de 2010, Sentencia -rectificada por Auto de 22 de julio siguiente-, en la que expresamente declaró probados los siguientes hechos:

"PRIMERO.- Con fecha 28 de diciembre de dos mil seis, DON Carlos Jesús , Secretario General de la Asociación Unificada de Guardias Civiles dirigió a la Excma. Sra. Delegada del Gobierno en Madrid un escrito en el que ponía en conocimiento de la mencionada Autoridad que el día 20 de enero de 2007, la mencionada Asociación (AUGC) celebrará reunión en la Plaza Mayor de Madrid y hacía constar lo siguiente:

1. - La reunión se llevará a cabo en la Plaza Mayor de Madrid el día 20 de enero de 2007, teniendo previsto su inicio a las 12'00 horas y una duración de 60 minutos aproximadamente.

2. - El objeto de la misma es la realización de un acto público dirigido a asociados, familiares y simpatizantes de la AUGC bajo el lema «DERECHOS YA» en el transcurso del cual se dará lectura a una declaración y/o manifiesto.

3. - Para la realización de la reunión se prevé ocupar la Plaza Mayor de Madrid, en donde se ubicará un escenario, una zona reservada para invitados, zona para medios de comunicación social, a tenor del croquis que se acompaña como Documento número UNO.

   Así mismo, se ubicarán medios de difusión de sonido.

4. - AUGC dispondrá de Servicio de Orden propio, en torno a la zona de invitados pertenecientes a Partidos Políticos, Sindicatos y Agentes Sociales del más alto nivel y representatividad, se considera necesario que se adopten las medidas de seguridad que se consideren oportunas de ámbito policial, asistencial, de tráfico y aparcamiento de autoridades y/o vehículos particulares que se han considerado convenientes por la Delegación del Gobierno en Madrid en colaboración con los Departamentos y Servicios del Ayuntamiento de Madrid (Folios 293 y 294).

   El oficio de referencia contiene el logotipo AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) al que se acompaña un croquis (folio 295) descriptivo de la disposición de los concurrentes al acto, así como de la colocación de invitados, slogan, bancos con gradas y control de sonido.

   SEGUNDO.- Con fecha 8 de enero de 2007, la Excma. Sra. Delegada del Gobierno en Madrid dirige escrito al Sr. DON Carlos Jesús , en calidad de Secretario General de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en el que deja constancia de los siguientes extremos:

   Acuso recibo de su comunicación, con fecha de entrada en esta Delegación del Gobierno el día 28 de diciembre de 2006, en la que informa sobre la intención de llevar a cabo una concentración en la Plaza Mayor de Madrid el próximo día 20 de enero de 2007 desde las 12:00 horas hasta las 13:00 horas, bajo el lema «DERECHOS YA» y en relación con la misma participa que esta Delegación no tiene inconveniente en que se lleve a cabo el citado acto.

   En relación con la instalación de elementos físicos en la vía pública (instalación de un escenario) y la utilización de instrumentos musicales o símbolos (utilización de medios de difusión de sonido), le participo que deberá obtener la correspondiente autorización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril , reguladora de las Bases del Régimen Local y en las Ordenanzas del Excmo. Ayuntamiento de Madrid que regula la materia.

   Dado que la responsabilidad del acto corresponde a los organizadores, deberán adoptarse por los mismos las medidas de seguridad en base a lo previsto en los artículos 4 y 9 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión , modificada por la Ley Orgánica 9/1999 de 21 de abril .

   Por otra parte, le recuerdo que el artículo 4º, punto 4, de la referida Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión establece que «La existencia de militares de uniforme o haciendo uso de su condición de militar a reuniones o manifestaciones públicas, se regirá por su legislación específica» (Folio 299).

   TERCERO.- Por distintos medios de comunicación social fue anunciada la concentración de la fecha de referencia poniendo de manifiesto cuál era el objetivo de la misma. Así, la cadena COPE con fecha 10 de enero de 2007 y bajo el lema «La Guardia Civil exigirá en la calle al Gobierno que cumpla sus promesas» daba el siguiente comunicado:

   La Guardia Civil volverá a salir a la calle el próximo día 20 para exigir al Gobierno que cumpla sus promesas electorales. (folio 203).

   El diario EL NORTE DE CASTILLA emitía el titular concentración de la Guardia Civil en Madrid con 60 asistentes (folio 205).

   El diario La Razón en su editorial de fecha jueves 11 de enero de 2007 exponía el epígrafe: «los Guardias Civiles volverán a concentrarse para reivindicar sus derechos» (folio 206).

   Por su parte, el diario El Mundo, también se hacía eco de la convocatoria bajo el lema «Los Guardias Civiles pedirán en la calle democratizar el Cuerpo. Miles de Agentes se manifestarán el próximo día en Madrid bajo el lema "Derechos Ya" (folio 207).

   El medio «Libertad digital» con fecha 10 de enero de 2007 anunciaba que «Miles de Guardias Civiles se manifestarán el día 20 en Madrid para pedir al Gobierno que cumpla su palabra.» (folio 209).

   CUARTO.- El día 20 de enero de 2007, tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid la concentración convocada y organizada por AUGC en la que participó, vistiendo el uniforme reglamentario del Cuerpo de la Guardia Civil, la hoy expedientada, Cabo 1º DOÑA Petra , destinada en el Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil. La imagen de la expedientada Cabo 1º DOÑA Petra aparece en los informativos de la primera y segunda edición de la cadena autonómica Telemadrid y TV1, así como en las ediciones digitales La Vanguardia.es (folio 252) y El Mundo.es (folio 275). En los referidos reportajes gráficos puede observarse la ubicación de un estrado central o escenario en cuya parte posterior y de cara al publico en general, se desplegaba una pancarta con el lema «AUGC DERECHOS YA»; delante de la misma se observa a varios miembros de la Guardia Civil haciendo uso del uniforme reglamentario y entre ellos a la expedientada, Cabo 1º DOÑA Petra que ocupaba, en el espacio reseñado a la Organización y en primera fila, un lugar destacado, próximo al atril del orador.

   QUINTO.- En el transcurso del acto, una persona conocida en el mundo de la cultura fue el encargado de leer el manifiesto de cuyo texto destacan las siguientes alocuciones: Los Guardias Civiles, sus familiares, amigos y amigas, procedentes de todos los rincones de nuestro país, volvemos a estar de nuevo aquí; los Guardias Civiles quieren escapar definitivamente de la miseria de derechos con que la historia les ha tratado continuamente. No queremos una Guardia Civil militarizada, donde campan a sus anchas privilegios y prebendas injustificables. No queremos un régimen disciplinario rancio, conservador, más duro que el que se aplica al resto de Cuerpos de Policía. Queremos respuestas y soluciones, quieren tener derecho a disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que el resto de la sociedad. Tenemos unidad y fortaleza para continuar el tiempo que haga falta esta legítima lucha. Es la hora de cumplir con los procesos y los compromisos adquiridos. Si no lo hacen así, volveremos. Y será en todas las plazas de pueblos y ciudades donde resuene con más fuerza aún: DERECHOS YA. (folios 328 a 330).

   SEXTO.- En las editoriales del EL MUNDO.es referente al acto realizado el sábado 20 de enero, así como el domingo día 21 se hace referencia a la intervención en el mismo, como oradores, del Presidente del Movimiento contra la Intolerancia y el representante de la Asociación Pro-sindicales de la AUME, del Cuerpo Nacional de Policía (SUP y CEP), de la Ertzaintza y de las Mozos D'Escuadra, así como el Secretario General de Comisiones Obreras quien reclama del Gobierno que cumpliera sus compromisos electorales y animó a los agentes a seguir la lucha sindical. (Folios 248 y 255).

   SÉPTIMO.- Las editoriales de LA RAZÓN.es, de fecha 20 de enero de 2007 y LA VANGUARDIA.es de la misma fecha, actualizado a las 17 horas ponen de manifiesto los lemas siguientes, proferidos por los asistentes al acto:

   Somos civiles, no militares

   , «Zapatero embustero» y «Rubalcaba súbenos la paga». (Folios 242 y 252).

   OCTAVO.- En editoriales del día siguiente fue portada de distintos periódicos la concentración del día 20 celebrada en la Plaza Mayor de Madrid.

   El periódico ABC, en la referida edición titula su portada como «Miles de Guardias Civiles protestan al grito de "Zapatero, embustero". En una manifestación histórica 12.000 agentes (3000 de uniforme) le acusan de incumplir su promesa de modernizar el Cuerpo». En su página 14 bajo la rúbrica «Miles de guardias Civiles toman la Plaza Mayor al grito de ¡Zapatero, embustero! dice que: «es la mayor movilización de la Historia de la Benemérita y muchos agentes vestían de uniforme» (folios 260 y 261).

   En la portada de EL MUNDO de ese mismo día y bajo una fotografía en la que puede observarse a un Guardia Civil de espaldas y con el puño izquierdo levantado aparece como titular: «El puño y el Tricornio» señalando a continuación que «más de 3.000 agentes uniformados de la Guardia Civil se encontraron ayer en la madrileña Plaza Mayor para reivindicar más derechos constitucionales y para exigir al PSOE que cumpla sus compromisos electorales. La protesta partió de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y se convirtió en la más importante protagonizada por agentes de uniforme». (Folio 266).

   El diario «EL PAÍS» en su página 26, bajo una fotografía del acto titula: «3000 Guardias Civiles de uniforme claman en Madrid por la desmilitarización del Cuerpo». (folio 270).

   NOVENO.- La Sala, apreciando en conciencia la prueba practicada tanto en el Expediente Gubernativo como en el Procedimiento Contencioso-Disciplinario y a tenor de los hechos que ha declarado expresamente probados, ha llegado a la más firme convicción de la certeza de los mismos y extrae aquélla, particularmente, del escrito de puesta en conocimiento, por parte del Secretario General de la Asociación Unificada de Guardias a la Delegada del Gobierno en Madrid de la concentración que iba a tener lugar en la Plaza Mayor de Madrid el día 20 de enero de 2007 (folios 293 y 294); del oficio de contestación de la Excma. Sra. Delegada del Gobierno en Madrid (folio 299); de los anuncios relativos a la concentración llevados a cabo por distintos medios de comunicación: (folios 203, 205, 206, 207 y 209); de la participación en la referida concentración de la expedientada Cabo 1º DOÑA Petra y las condiciones en las que participó en dicha concentración (folios 252 y 275); del texto del manifiesto que fue leído en el transcurso de dicho acto; de las personas ajenas a la Institución de la Guardia Civil que intervinieron en el acto (folios 284 y 285); los lemas que, según distintas editoriales de periódicos se profirieron en el mismo (folios 242 y 252); y los comentarios que los diarios ABC, EL MUNDO Y LA RAZÓN llevaron a cabo acerca de lo acaecido en la concentración en las editoriales del día siguiente (folios 260, 261, 266 y 270)".

El fallo de la referida Sentencia es del tenor literal siguiente:

"Que por aplicación retroactiva de las disposiciones de la Ley Orgánica 12/2007 de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso-disciplinario militar nº 26/08 interpuesto por la Cabo 1º de la Guardia Civil DOÑA Petra en el sentido que anulamos y dejamos sin efecto la sanción disciplinaria de TRES MESES DE SUSPENSIÓN DE EMPLEO con los efectos previstos en el artículo 16 de la Ley Disciplinaria del Instituto, impuesta mediante Resolución del Excmo. Director General de la Policía y de la Guardia Civil de fecha 28 de noviembre de 2007 confirmada en todos sus extremos en vía de alzada por Resolución del Excmo. Sr. Ministro de Defensa de fecha 22 de enero de 2008.

Y apreciamos la comisión de una falta grave de «observar conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil, prevista en el nº 1 del artículo 8º de la Ley Orgánica 12/2007 de 22 de octubre de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil imponiendo a la recurrente, Cabo 1º de la Guardia Civil DOÑA Petra , como autora de la misma, la sanción de UN MES DE SUSPENSIÓN DE EMPLEO con los efectos prevenidos en el artículo 13 de dicha disposición legal, debiendo procederse a la redacción de la documentación personal de la sancionada con arreglo a lo resuelto en esta Sentencia con los efectos económicos correspondientes, sin que resulte procedente, sin embargo, el reconocimiento de indemnización alguna en su favor por las razones antedichas".

Notificada a las partes dicha Sentencia, la representación procesal de la Cabo Primero de la Guardia Civil sancionada presentó escrito, que tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Militar Central el 1 de septiembre de 2010 , solicitando se tuviera por preparado recurso de casación contra aquella, e igualmente, mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General del indicado Tribunal el 1 de septiembre de 2010, el Abogado del Estado solicitó que se tuviera por preparado recurso de casación contra la meritada Sentencia, lo que se acordó por el Tribunal de instancia por Auto de 9 de septiembre siguiente, ordenando al propio tiempo remitir los autos originales a esta Sala así como emplazar a las partes para comparecer ante la misma en el plazo improrrogable de treinta días.

Recibidos por esta Sala los autos originales y personadas las partes en tiempo y forma ante la misma, por la representación procesal de la Cabo Primero de la Guardia Civil recurrente se formalizó, mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal Supremo el 12 de noviembre de 2010, el preanunciado recurso de casación con fundamento en los siguientes motivos:

Al amparo procesal del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , por infracción "de los artículos 24, apartados 1 y 2 , en relación con el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Segundo.- Igualmente por la vía que autoriza el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , "por vulneración del artículo 24, apartado 2 de la Constitución Española".

Mediante Diligencia de ordenación de 15 de noviembre de 2010, se designa ponente al Excmo. Sr. Magistrado Don Francisco Javier de Mendoza Fernández para restablecer la igualdad en el turno de ponencias y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , se acuerda dar traslado de las actuaciones al Iltmo. Sr. Abogado del Estado por plazo de treinta días para que manifieste si sostiene o no el recurso, y, en caso afirmativo, formule escrito de interposición ajustado a lo que previene el apartado 1 del citado precepto.

Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo el 16 de diciembre de 2010, la legal representación del Estado manifiesta que, de conformidad con el artículo 93.3 de la Ley Jurisdiccional y debidamente autorizada por el Ministerio de Defensa, no sostiene la casación.

Recibido el Expediente y pasadas las actuaciones al ponente designado, Excmo. Sr. Magistrado Don Francisco Javier de Mendoza Fernández, mediante Auto de fecha 21 de diciembre de 2010 se acuerda tener por justificada la abstención presentada por dicho Magistrado para formar la Sala que ha de conocer el presente Recurso por hallarse incurso en la causa núm. 16 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -por el conocimiento previo que del objeto del litigio ha tenido en el desempeño de su anterior cargo, en razón de haber informado, en su calidad de Asesor Jurídico de la Guardia Civil, en el Expediente Gubernativo seguido a la hoy recurrente-, quedando por consiguiente apartado del conocimiento del presente Recurso de Casación núm. 201/131/2010, designándose nuevo ponente al Excmo. Sr. Magistrado Don Fernando Pignatelli Meca.

Mediante Providencia de fecha 12 de enero de 2011 se admite a trámite el recurso interpuesto por la representación procesal de la Cabo Primero de la Guardia Civil Doña Petra , y se confiere traslado del mismo por plazo de treinta días al Iltmo. Sr. Abogado del Estado a fin de que formalice su escrito de oposición, evacuando este dicho trámite en tiempo y forma solicitando la desestimación de la impugnación.

No habiendo solicitado las partes la celebración de vista y no conceptuándola tampoco necesaria esta Sala, se declaró concluso el presente rollo, señalándose, por Providencia de fecha 14 de abril de 2011, el día 27 de abril siguiente, a las 11:00 horas, para la deliberación, votación y fallo del Recurso.

Mediante Providencia de 27 de abril de 2011, y a propuesta del Magistrado Ponente, dado el interés casacional y la estrecha relación que la cuestión objeto del presente Recurso guarda con otros deducidos frente a Sentencias de análogo contenido a la dictada con fecha 13 de julio de 2010 por el Tribunal Militar Central, se suspendió el señalamiento previsto para dicho día a efectos de proceder a la deliberación, votación y fallo del aludido Recurso, convocándose para el conocimiento del mismo al Pleno de la Sala según lo previsto en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , quedando las actuaciones pendientes de nuevo señalamiento cuando proceda.

Por Providencia de 26 de mayo de 2011 se señaló el día 29 de junio siguiente, a las 10:30 horas, para la deliberación, votación y fallo del Recurso por el Pleno de la Sala.

Mediante Auto de fecha 20 de junio de 2011 se acuerda tener por justificada la abstención presentada por el Excmo. Sr. Magistrado Don Francisco Menchén Herreros para formar el Pleno de la Sala que ha de conocer el presente Recurso por hallarse incurso en la causa núm. 16 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -por el conocimiento previo que del objeto del litigio ha tenido en el desempeño de su anterior cargo, en razón de haber emitido informe, en su calidad de Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa, en el Expediente Gubernativo seguido a la hoy recurrente-, quedando, por consiguiente, apartado del conocimiento del presente Recurso de Casación núm. 201/131/2010.

Con fecha 29 de junio de 2011, a las 10'30 horas, se llevó a efecto por el Pleno de la Sala -constituido en la forma que en el encabezamiento ha quedado referenciada- la deliberación, votación y fallo del Recurso, con el resultado decisorio que a continuación se expresa.

Por el cauce procesal que autoriza el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , denuncia la parte, como primer motivo de casación según el orden de interposición de su escrito de recurso, haberse vulnerado su derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, relacionado con el derecho a la defensa y a no sufrir indefensión, todos ellos estrechamente ligados a la salvaguardia del derecho a la tutela judicial efectiva, con amparo en los artículos 24 de la Constitución y 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ello en razón de no haberse practicado, en sede del incidente de recusación promovido por la hoy recurrente, las diligencias de prueba interesadas para probar y acreditar la concurrencia de determinadas causas de recusación en las personas de los Vocales militares titular y suplente de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central que vio y falló el Recurso contencioso-disciplinario militar ordinario núm. 26/08, Generales de Brigada de la Guardia Civil Don Prudencio y Don Roberto , fundamentando su pretensión en el Auto dictado en el Recurso de Inconstitucionalidad núm. 8045/2006, del Pleno del Tribunal Constitucional , que establece una doctrina que, a juicio de la demandante, "no requiere mayor comentario y que, en definitiva y a la postre, justifica la tesis de esta parte y que se relaciona directamente con el contenido del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos". A todo lo cual añade la recurrente que ha podido conocer ahora, "a través de otro procedimiento", la participación del General Prudencio en la sesión del Consejo Superior de la Guardia Civil de 3 de octubre de 2009 en la que, según afirma, se emitieron informes sobre Expedientes Disciplinarios relativos a miembros de la Junta Directiva Nacional de la AUGC "en relación con hechos similares a los que se referían las resoluciones objeto del recurso contencioso-disciplinario militar ordinario" -en referencia al que da lugar a la presente impugnación-, lo que, a juicio de la parte, hace notorio que la postura de dicho General de Brigada como componente de la Sala que debía dictar sentencia no era de imparcialidad, objetividad y neutralidad, por lo que concurrían razones y causas que justificaban su abstención y, en su caso, su recusación.

En relación con el derecho a un juez imparcial, que se enmarca o forma parte del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 de la Constitución, nuestra Sentencia de 23 de noviembre de 1999 indica que "en reciente sentencia de esta Sala, de 2 de octubre de 1.999 se recoge la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y se establece: «La Sala Segunda de este Tribunal Supremo en sentencia reciente de 17 de abril de 1.999 , después de un examen exhaustivo de las distintas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, concluye que la asunción sucesiva de funciones instructoras y sentenciadoras no puede examinarse en abstracto y se hace inevitable descender al caso concreto; no todo acto de instrucción compromete la imparcialidad del Juzgador "sino tan solo aquellos que, por provocar una convicción anticipada sobre la participación del imputado en el hecho punible pueden crear en su ánimo determinados prejuicios sobre la culpabilidad inhabilitándole así para conocer del juicio oral"» ... Esta doctrina ha sido refrendada en Sentencia del Tribunal Constitucional 162/99 de 27 de Septiembre y Sentencias de 7 de abril y 15 de octubre de 1.999 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", por lo que entiende que "en el caso presente, no se ha producido quiebra alguna de la imparcialidad objetiva del Vocal Militar componente del Tribunal Sentenciador, que previamente había intervenido en el auto confirmatorio del procesamiento, ya que esta decisión, en modo alguno puede reputarse función instructora ...".

A su vez, esta Sala, en su Sentencia de 30 de noviembre de 2004 , afirma que "la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico garantizan la independencia y la imparcialidad de Jueces y Magistrados, con carácter general y en el caso concreto sometido a su conocimiento. Conforme a los arts. 24.2 y 117.1 CE la independencia y la imparcialidad se elevan a la categoría de elementos consustanciales de todo órgano jurisdiccional. Su legitimación funcional presupone la inexistencia de causas o motivos que, bien por algún tipo de relación del Juez con el objeto del proceso o con las partes del mismo, permitan advertir la inclinación, real o probable, de ese Juez hacía una solución determinada del caso. En este sentido, el derecho al Juez imparcial se enmarca en el más amplio ámbito del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, como tiene insistentemente declarado el Tribunal Constitucional, entre otras en sus Sentencias 55/1990, de 28 de marzo ; 85/1992, de 8 de junio ; 138/1994, de 9 de mayo ; 56/1994, de 24 de febrero . De otro lado tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 10 ), como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1), y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 6.1 ), consagran el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente. Sobre la interpretación de dicho art. 6.1 ha tenido ocasión de pronunciarse con reiteración el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Sentencias tales como las de fechas 01.10.1982 (asunto Piersack ); 26.10.1984 (asunto de Cubber ); 24.05.1989 (asunto Hauschildt ); 24.02.1993 (asunto Padovani ); 22.04.1994 (asunto Saraiva de Carvalho ); 20.02.1996 (asunto Lobo Machado ); 28.10.1998 (asunto Castillo Algar ); 02.03.2000 (asunto Garrido Guerrero ) y 25.07.2002 (asunto Perote Pellón). Por todas las declaraciones que al caso convienen se reproduce, parcialmente, el contenido del Fundamento nº 48 de la Sentencia «Hauschildt», según la cual «a este respecto incluso las apariencias pueden ser importantes, lo que está en juego es la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática deben merecer a los que acuden a ellos. Por consiguiente, cualquier Juez de quien se pueda temer legítimamente la falta de imparcialidad debe ser recusado. Lo que sí será decisivo es que los temores estén objetivamente justificados»".

Hemos dicho, en la Sentencia de esta Sala de 12 de febrero de 2008 , que "del expresado derecho al proceso con todas las garantías o juicio justo, proclamado en el art. 24.2 CE . y en diversos Tratados y Convenios internacionales suscritos por España (art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales; art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), forma parte el derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial en cuyos miembros no concurra ningún dato, a partir del cual puedan albergar las partes la duda fundada de que aquellos han formado criterio anticipado sobre el fondo del asunto a enjuiciar, en base al contacto previo tenido con los hechos y los elementos que puedan servir como prueba de los mismos, de los que se deduzca, situados ya en el orden penal en donde la imparcialidad juega con mayor relevancia, la participación atribuible al acusado y su culpabilidad. Existe una consolidada jurisprudencia del TEDH (Sentencias 06.12.1988, «Barberá, Mesegué y Jabardo» ; 28.10.1998, «Castillo Algar» ; 02.03.2000, «Garrido Guerrero» y 25.07.2002 ; «Perote Pellón», entre otras); de este Tribunal Supremo (Sala 5ª 27.06.1997; 23.11.1999 ; 22.03.2000 ; 02.02.2001 ; 03.06.2002 y 25.11.2002; y Sala 2ª 17 . 04.1999 ; 13.02.2001 ; 22.11.2001 ; 24.06.2003 y 03.10.2003 ), y doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias 145/1988, de 12 de julio ; 170/1993, de 27 de mayo ; 98/1997, de 20 de mayo , y más recientemente 45/2006, de 13 de febrero y 156/2007 , de 2 de julio), según la cual la falta de imparcialidad objetiva puede deducirse de aquel contacto previo o toma en consideración de los hechos procesales, ya consista en la realización de verdaderos actos de instrucción, en el conocimiento en otra instancia de la causa o de la confirmación del procesamiento o de las medidas cautelares adoptadas por el Juez instructor, siempre que se haya producido, o podido producir, el efecto que se trata de evitar consistente en la formación de un prejuicio o convencimiento anticipado que haga temer fundadamente al inculpado que el asunto está ya decidido, con quiebra de la confianza que, en cuanto a la ecuanimidad sobre todo, los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Conforme a dichas jurisprudencia y doctrina aquel efecto «contaminante» que inhabilita para integrar el órgano de enjuiciamiento, por pérdida de la debida imparcialidad, se extrae más claramente a partir de la realización de auténticos actos de instrucción, del conocimiento de la causa en instancia previa, del ejercicio de la función acusadora en el mismo asunto o del hecho de haber acordado el propio Tribunal el procesamiento del acusado, si bien que su valoración debe hacerse no en aplicación de formulaciones genéricas sino acudiendo al caso concreto para verificar la real implicación en el proceso del Tribunal sentenciador o de alguno de sus miembros, ponderación casuística que resulta todavía más necesaria en los casos frecuentes de confirmación en grado de apelación del Auto de procesamiento".

Por su parte, nuestra Sentencia de 17 de febrero de 2010 señala que "tiene declarado con reiteración el Tribunal Constitucional que la imparcialidad judicial forma parte de las garantías básicas del proceso (artículo 24.2 de la Constitución española), «constituyendo incluso la primera de ellas» -recuerda en su sentencia nº 36/08 , citando las sentencias números 38/03 , 39/04 y 156/07 -, «por cuanto condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional». La dimensión más evidente de la imparcialidad judicial es la que se refiere a la ausencia de una relación del juez con las partes que puede suscitar un interés previo en favorecerlas o perjudicarlas. Esta imparcialidad ha sido denominada por el Tribunal Constitucional, siguiendo un criterio clasificador distinto al utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «imparcialidad subjetiva». Y junto a ella existe la denominada «imparcialidad objetiva», que se dirige a garantizar que los jueces y tribunales que intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni prejuicios en su ánimo derivados de una resolución o contacto previos con el objeto del proceso".

Finalmente, en su Sentencia de 12 de julio de 2010 ha sentado esta Sala que quien ha de revisar por vía de recurso en sede administrativa -más aún en sede judicial- la sanción impuesta ha de encontrarse "en una posición de imparcialidad objetiva respecto de la decisión que haya de adoptar, sin haber tomado postura o haber manifestado anticipadamente su parecer, de forma que haga sospechar fundadamente que no guardará la debida ecuanimidad sobre el asunto", añadiendo que "precisamente en la Sentencia del TEDH de 16 de septiembre de 1999 , «Caso Buscemi», se establecía que «el hecho de que el Presidente del Tribunal haya empleado públicamente expresiones a través de las cuales enjuiciaba desfavorablemente al demandante antes de presidir el órgano judicial que debía juzgar el asunto, no parece compatible con las exigencias de imparcialidad de todo tribunal, establecidas en el artículo 6.1 del Convenio ». Y, a la misma conclusión debe llegarse en el ámbito del procedimiento disciplinario sancionador, dada la especial proyección que en él -como antes señalábamos- debe tener la garantía de imparcialidad. La ausencia de un prejuicio sobre el asunto que habrá de resolverse resulta exigible y la exteriorización de una opinión formada respecto de la culpabilidad del sancionado quiebra la objetividad requerida para pronunciarse sobre éste", así como que "en el ámbito de la imparcialidad, como recordábamos en nuestra sentencia de 25 de noviembre de 2002, «la doctrina del TEDH , al interpretar el artículo 6.1 del Convenio de 4 de noviembre de 1950 , subraya que la imparcialidad se debe apreciar de una manera subjetiva, intentando determinar la convicción personal de un Juez en un caso concreto, y de una manera objetiva, que asegure que existían las garantías suficientes para excluir al respecto toda duda legítima ( Ss. T.E.D.H. 9-6-98 y 28-10-98 ) que pueda derivarse de ciertos hechos verificables que autoricen a sospechar de esa imparcialidad», habiendo significado dicho Tribunal que «incluso las apariencias pueden revestir importancia», lo que determina que «todo juez del que pueda dudarse de su imparcialidad debe abstenerse de conocer del asunto o puede ser recusado» ( Sentencia del TEDH de 26 de octubre de 1984 , Caso «De Cubber»)".

A su vez, la Sala Segunda de este Tribunal Supremo, en su Sentencia de 2 de febrero de 2011 -R. 1144/2010 -, tras afirmar que "el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, reconoce el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial establecido por la Ley. En el mismo sentido se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.1 , y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 10 . La doctrina del Tribunal Constitucional, después de algunas sentencias que lo situaban en el marco del derecho al juez legal, ha establecido que el derecho a un Juez imparcial forma parte del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 de la Constitución. Aunque la imparcialidad también venga asegurada en otro aspecto por las normas que regulan el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, en cuanto que impide la designación de jueces ad hoc", señala que "es claro que la primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad del juzgador. Puede afirmarse que no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad, como tercero no condicionado por ningún prejuicio respecto de la culpabilidad del acusado, bien sea derivado de su contacto con el objeto del proceso con anterioridad al juicio, o bien de su relación con las partes. El TEDH, en la sentencia del Caso Piersack c. Bélgica, de 1 de octubre de 1982 , distinguió ya entre un aspecto subjetivo que trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto, y un aspecto objetivo que se refiere a si éste ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable al respecto. El Tribunal aunque ha reconocido las dificultades para apreciar la falta de imparcialidad subjetiva, y después de afirmar que la imparcialidad personal de un magistrado se presume salvo prueba en contrario (Sentencia Hauschildt contra Dinamarca), ha señalado que <>. ( STEDH de 6 enero 2010 Vera Fernández-Huidobro contra España). El Tribunal Constitucional, aunque ha aceptado la distinción la ha dotado de un contenido diferente, y ha diferenciado entre la imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones con las partes que puedan dar lugar a un previo posicionamiento sobre la cuestión, y la imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el Juez o Tribunal no ha tenido un contacto previo con el thema decidendi y, por tanto, que se acerca al objeto del mismo sin prevenciones en su ánimo (por todas, SSTC 47/1982, de 12 de julio, F. 3 ; 157/1993, de 6 de mayo, F. 2 ; 47/1998, de 2 de marzo, F. 4 ; 11/2000, de 17 de enero, F. 4 ; y 52/2001, de 26 de febrero, F. 3 ; 154/2001, de 2 de julio, F. 3 , y 155/2002, de 22 de julio , F. 2)", para concluir que "en cualquier caso, no se trata de primar los deseos o preferencias del justiciable respecto a la composición personal del órgano de enjuiciamiento, ni tampoco de atender sus dudas basadas en meras apreciaciones o impresiones personales, sino que para que pueda afirmarse que un Tribunal puede no ser imparcial es preciso que las dudas sobre la imparcialidad estén objetivamente justificadas. Aunque las apariencias son importantes, pues pueden afectar a la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los ciudadanos en general, y en particular a quienes son parte en el proceso ( STEDH de 1 de octubre de 1982, caso Piersack ; STEDH de 26 de octubre de 1984, caso De Cuber , y STEDH de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt ), las dudas sobre la imparcialidad, para ser atendidas, no pueden basarse en meras impresiones sino que requieren una justificación objetiva. El Juez ha de ser, y ha de aparecer, como alguien que no tenga respecto a la cuestión concreta sobre la que ha de resolver y en cuanto a las personas interesadas en ella, ninguna idea preconcebida ni ninguna relación que pueda enturbiar su imparcialidad. El TEDH se ha referido al punto de vista del acusado respecto de la imparcialidad del Tribunal, para decir que aunque su visión de la cuestión es importante, no es sin embargo decisiva. Mayor importancia ha concedido al hecho de que sus sospechas puedan valorarse como objetivamente justificadas. (Entre otras en la STEDH de 25 septiembre 2001, Caso Kizilöz contra Turquía ; en la STEDH de 25 julio 2002 Caso Perote Pellón contra España , y en la STEDH de 17 de junio de 2003, Caso Pescador Valero c. España). La misma línea ha seguido el Tribunal Constitucional, que en la STC 69/2001, de 17 de marzo , con cita de otras muchas resoluciones, recordaba que <>. Como señala en la STC 60/2008 , entre otras, <STC 5/2004, de 16 de enero , FJ 2). Ahora bien, según la misma doctrina, aun cuando es cierto que en este ámbito las apariencias son muy importantes, porque lo que está en juego es la confianza que en una sociedad democrática los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos, no basta con que tales dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas ( SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14 y 16; 140/2004, de 13 de septiembre , FJ 4). Por ello la imparcialidad del Juez ha de presumirse y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas ( SSTC 170/1993, de 27 de mayo, FJ 3 ; 162/1999, de 27 de septiembre , FJ 5) ...>>".

Limitando el objeto de nuestro examen casacional a la recusación del General Prudencio -que fue quien, en definitiva, integró la Sala que dictó la Sentencia ahora impugnada-, y partiendo de que el artículo 58 de la Ley Procesal Militar no exige para proponer la recusación -a diferencia de lo que dispone el artículo 223.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial - acompañar al escrito en que esta se formule un principio de prueba sobre los motivos en que se funde, bastando exponer la causa en que la recusación "se apoye y los hechos en que se funde, así como los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios probatorios de que intente valerse" la parte recusante, es lo cierto que, tras serle notificada la Providencia, de fecha 9 de junio de 2010, del Tribunal Militar Central, por la que se acordaba comunicar a las partes los nombres de los Vocales militares no pertenecientes al Cuerpo Jurídico Militar insaculados como titular y suplente, se planteó por la hoy demandante ante la Sala de Justicia del citado Tribunal Militar Central, mediante escrito de fecha 14 de junio siguiente, la recusación de tales Vocales militares con base en las causas 9ª y 11ª -"tener interés directo o indirecto en el procedimiento" y "haber intervenido en otro concepto, en el mismo procedimiento", respectivamente- del artículo 53 de la Ley Procesal Militar , exponiendo al efecto los hechos en que se fundamentaba la recusación, así como los puntos de hecho sobre los que había de versar la prueba y los medios probatorios -documental y testifical- de que intentaba valerse.

En dicho escrito de 14 de junio de 2010 entendía la parte promotora de la recusación que los citados Generales de la Guardia Civil "desempeñan un puesto de confianza y de apoyo directo al Director General de la Policía y de la Guardia Civil, que tiene entre sus competencias cuestiones que han sido abordadas dentro del ámbito de actuación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC ..., de tal manera que puede señalarse que tienen ambos Vocales, un interés directo o indirecto, en el resultado del procedimiento o un posicionamiento contrario a las posturas que son defendidas por la AUGC, por sus dirigentes y afiliados, de tal manera, que es perfectamente razonable pensar que no ejerzan su función desde la situación de plena imparcialidad, objetividad y neutralidad, dada su condición, además, de oficiales generales de la Institución y miembros de pleno derecho del Consejo Superior de la Guardia Civil", añadiendo que "en relación con esta última condición han podido informar en procedimientos disciplinarios relativos a dirigentes de AUGC, de tal manera que hayan formado postura en relación con hechos similares a los [que] figuran como probados en las resoluciones disciplinarias que constituyen el objeto del presente recurso contencioso-disciplinario militar ordinario", e interesando la práctica de prueba documental -consistente en que "por la Dirección general de la Policía y de la Guardia Civil, se remita copia certificada de todas las actas del Consejo Superior de la Guardia Civil en las que hayan participado y/o asistido desde su ascenso al empleo de general de brigada del Cuerpo de la Guardia Civil" los Generales Prudencio y Roberto - y testifical -a evacuar en las personas de los aludidos Generales Prudencio y Roberto -.

Habiéndose dado traslado de copia del escrito de recusación a los dos recusados, manifestaron ambos, en síntesis, mediante sendos escritos de fechas 17 y 18 de junio de 2010, no tener interés directo o indirecto en el procedimiento y no haber formado parte del Consejo Superior del Cuerpo que emitió informe en relación con el procedimiento disciplinario incoado a la hoy demandante.

Mediante Providencia de fecha 28 de junio de 2008 se inadmite por inútil la testifical interesada en ambos Generales, "toda vez que nada más tendrían que aportar con su declaración que lo ya alegado en sus correspondientes escritos a los efectos del presente incidente de recusación", y se rechaza por no pertinente la documental interesada "puesto que la recusación ha de entenderse formulada en relación a un procedimiento concreto y a una o más causas determinadas, no debiéndose admitir una prueba como la solicitada de carácter general, más aún cuando no se especifica que relación tiene con el presente recurso contencioso-disciplinario, entendiendo no obstante, que en razón del mismo, es suficiente solicitar de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, certificado sobre si los dos Generales de Brigada de la Guardia Civil recusados asistieron y/o participaron en la reunión del Consejo Superior de la Guardia Civil de fecha 20 de noviembre de 2007, en la que se emitió el informe preceptivo en relación con el expediente gubernativo del que traen razón los presentes autos".

Emitida que fue tal certificación, con fecha 30 de junio de 2010, por el General Secretario del Consejo Superior de la Guardia Civil, en sentido negativo, en el Auto de 8 de julio de 2010, dictado en méritos a la pieza separada aperturada para sustanciar el incidente de recusación planteado, el Tribunal Militar Central acordó desestimar la recusación formulada.

Por razones metodológicas, la primera cuestión a analizar ha de ser la concerniente a si el General de Brigada de la Guardia Civil Prudencio se hallaba incurso en la causa de recusación enunciada en el ordinal 11º del artículo 53 de la Ley Procesal Militar , consistente en "haber intervenido en otro concepto en el mismo procedimiento", por cuanto que el análisis de su eventual concurrencia ha de ser previo al de la causa 9ª -"tener interés directo o indirecto en el procedimiento"- del meritado artículo 53 de la Ley Rituaria castrense.

Y a tal efecto resulta esencial, como a continuación veremos, despejar la cuestión concerniente a si el General de Brigada de la Guardia Civil Prudencio participó en la sesión del Consejo Superior del Cuerpo que la demandante afirma que se celebró en A Coruña, bajo la presidencia del Director General de la Policía y de la Guardia Civil, el 3 de octubre de 2009 o en cualesquiera otras sesiones de dicho órgano colegiado en que eventualmente se hubiera emitido informe sobre procedimientos sancionadores instruidos con motivo de los concretos hechos ocurridos en la Plaza Mayor de Madrid el 20 de enero de 2007, y si ello comporta que dicho Oficial General hubiera tomado postura en relación con el específico caso de la hoy demandante, Cabo Primero de la Guardia Civil Petra , que se resolvió por el órgano jurisdiccional militar de que aquél formó parte mediante la Sentencia dictada con fecha 13 de julio de 2010 .

En cuanto a la causa de abstención o recusación enunciada en el ordinal 11º del artículo 53 de la Ley Procesal Militar -"haber intervenido en otro concepto en el mismo procedimiento"-, nuestra Sentencia de 21 de junio de 1997 dice, respecto a ella, que la expresión "otro concepto" alude "a los que sean distintos del resolutorio sobre el que prioritariamente se proyectan las causas de abstención y recusación", y, en el presente caso, puede equipararse a las previstas en los ordinales 13ª -"haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo"- o 16ª -"haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad"-, ambos del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Pues bien, resulta indubitable que en el concreto procedimiento disciplinario instruido a la hoy demandante y del que trae razón la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central de 13 de julio de 2010 , el General Prudencio no tuvo intervención, ni directa ni indirecta, en concepto alguno, pues, según certificación expedida el 30 de junio de 2010 por el General Jefe de la Jefatura de Enseñanza, Secretario del Consejo Superior de la Guardia Civil, obrante en la pieza separada de incidente de recusación, el General de dicho Cuerpo Don Prudencio no asistió a "la sesión de dicho Órgano celebrada el día 20 de noviembre de dos mil siete, en la cual se emitió informe sobre el Expediente Gubernativo número 18/07", instruido a la hoy demandante y en méritos al cual se dictó, como hemos dicho, la Sentencia de fecha 13 de julio de 2010 , ahora recurrida. Por su parte, el recusado manifiesta en sede del meritado incidente de recusación, en escrito de fecha 17 de junio de 2010, que "como Oficial General de la Guardia Civil, forma parte del Consejo Superior de dicho Instituto, desde el 20 de junio de 2008, no habiendo informado en ningún procedimiento disciplinario relativo a dirigentes de AUGC, en relación con hechos similares a los que figuran como probados en las resoluciones disciplinarias que constituyen el recurso contencioso-disciplinario ordinario en la que [la] referida Cabo 1º está incursa, toda vez que el Acuerdo adoptado por el Consejo Superior de la Guardia Civil, relacionado con el tema del Expediente Gubernativo instruido a la misma, fue adoptado con fecha del 20 de noviembre de dos mil siete".

Y, por otro lado, la circunstancia de que, según afirma la parte recurrente, los procedimientos disciplinarios que fueron objeto de consideración por el Consejo Superior de la Guardia Civil el 3 de octubre de 2009 fueran relativos a "miembros de la Junta Directiva nacional de AUGC, con cargos de la máxima relevancia y responsabilidad asociativa, en relación con hechos similares a los que se referían las resoluciones objeto del recurso contencioso-disciplinario militar ordinario" -y con independencia de que no se ha acreditado en modo alguno por dicha parte sobre qué hechos concretos versaban realmente tales procedimientos, ni siquiera la circunstancia de ser los en ellos encartados miembros de ninguna Asociación-, para nada hace "notorio" respecto al General de Brigada de la Guardia Civil Don Prudencio , como con destacable desenvoltura afirma la representación procesal de la demandante, "que su postura a la hora de abordar su labor de componente de la Sala que debía dictar sentencia, no era de imparcialidad, ni de objetividad y neutralidad".

Ello no obstante, es lo cierto que, dada la multiplicidad de procedimientos sancionadores incoados en el ámbito de la Guardia Civil con ocasión de los hechos ocurridos en la Plaza Mayor de Madrid el día 20 de enero de 2007 -como se deduce de la orden de incoación del Expediente Gubernativo núm. NUM000 , obrante a los folios 1 y 2 del procedimiento-, y cuya acumulación a los núms. 11/07 y 13/07 al 30/07 interesó la parte hoy demandante en sede del Expediente Gubernativo núm. NUM000 , mediante escrito de fecha 9 de marzo de 2007 -folio 386-, solicitud que fue desestimada por Acuerdo del Director General de la Policía y de la Guardia Civil de 29 de marzo siguiente -folios 384 y 385-, y ello, aún cuando, según dicho Acuerdo, "existe sin duda una conexidad objetiva entre todos los expedientes, en cuanto todos ellos parten de la implicación de los expedientados en la asistencia a un acto público convocado por una Asociación", si bien entiende que "la eventual responsabilidad de cada uno de ellos, ha de depurarse de forma individualizada, en función de su contribución personal a la gestación y desarrollo de la iniciativa ...", no es posible, en buena lógica, descartar, de manera absoluta e incontrovertible, que, en los procedimientos de aquella índole eventualmente sometidos a informe del Consejo Superior de la Guardia Civil -del que formaba parte, como Vocal nato, el General de Brigada Prudencio desde el 20 de junio de 2008- entre el 20 de junio de 2008 y el 8 de julio de 2010 -fecha, esta última, en que se dictó el Auto de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central desestimando la recusación planteada por la hoy demandante-, no figurara alguno instruido con ocasión de aquellos hechos acaecidos en la Plaza Mayor de Madrid el 20 de enero de 2007 de que se trata, lo que implicaría que el Vocal militar que integró la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central que dictó, en fecha 13 de julio de 2010, la Sentencia ahora impugnada hubiera tenido algún tipo de relación con el objeto del proceso, formando criterio en relación con el mismo -es decir, con los hechos ocurridos en la Plaza Mayor de Madrid el día 20 de enero de 2007-, socavándose así, legítima y justificadamente, la confianza de la hoy demandante acerca de la inexistencia en dicho Vocal militar de una inclinación, real o probable, hacia una solución determinada del caso, duda razonable que, evidentemente, hubiera sido despejada a través de la práctica de las diligencias de prueba interesadas por la recusante en el escrito de 14 de junio de 2010, por el que propuso su recusación -y, especialmente, de la "documental consistente en que por la Dirección general de la Policía y de la Guardia Civil, se remita copia certificada de todas las actas del Consejo Superior de la Guardia Civil en las que hayan participado y/o asistido desde su ascenso al empleo de general de brigada del Cuerpo de la Guardia Civil" los Generales Don Prudencio y Don Roberto -, cuyo resultado hubiera sido determinante en orden a confirmar, o no, los justificados y legítimos temores de aquella acerca de que el recusado General Prudencio hubiera formado criterio anticipado sobre el fondo del asunto que enjuició, con la consiguiente afectación de su imparcialidad.

En suma, con relación a la aludida causa 11ª del artículo 53 de la Ley Procesal Militar -"haber intervenido en otro concepto en el mismo procedimiento"-, y a pesar de la "evidente vaguedad del mencionado precepto" - Sentencia, antedicha, de esta Sala, de 21 de junio de 1997 -, es obvio que no puede afirmarse que la actuación del General Prudencio no ya el 3 de octubre de 2009, como aduce la demandante, sino en las reuniones del Consejo Superior eventualmente habidas entre las fechas antes señaladas, no haya de incardinarse en la causa de abstención o de recusación de que se trata -y, por ende, en las 13ª y 16ª del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -, pues el hecho de haber tomado parte como miembro del Consejo Superior de la Guardia Civil en cualquier sesión de este órgano en la que se emitiera informe en relación con cualesquiera de los Expedientes Gubernativos -los núms. 11/07 y 13/07 al 30/07, excluido el 18/07- instruidos con ocasión de la concentración habida en la Plaza Mayor de Madrid el 20 de enero de 2007 pudiera comportar, como dicen nuestras Sentencias de 2 de octubre de 2001 , 3 de junio de 2002 , 3 de octubre de 2004 y 6 de junio de 2005 , "la circunstancia de que por su contacto con el objeto del proceso a través del conocimiento y valoración de lo instruido, pueda haber formado una convicción anticipada sobre los hechos procesales" y, por ende, sobre "la participación y culpabilidad" de la hoy recurrente.

A este respecto, no puede desconocerse que el Consejo Superior de la Guardia Civil, creado por Real Decreto 854/1993, de 4 de junio -BOE núm. 154, de 29 de junio -, es, según el artículo 9.1 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil -BOE núm. 283, de 26 de noviembre -, un "órgano colegiado asesor y consultivo de los Ministros de Defensa y del Interior, del Secretario de Estado de Seguridad y del Director General de la Guardia Civil" que, a tenor de lo dispuesto tanto en el apartado 1 del artículo 2 del citado Real Decreto 854/1993 como en el párrafo primero del artículo 2 de la Orden General Comunicada núm. 3 del Director General del Instituto, de 7 de febrero de 1997, está constituido por "todos los Oficiales Generales de la Guardia Civil en servicio activo" y que, según el artículo 1 del tan nombrado Real Decreto , está "integrado en la Dirección General de la Guardia Civil". Entre las funciones que le encomienda el apartado 1 del artículo 9 de la mencionada Ley 42/1999 , la letra c) de aquél señala la de "cumplimentar los trámites de audiencia preceptivos en los expedientes gubernativos que afecten al personal del Cuerpo, de conformidad con lo preceptuado en la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil ", Ley Orgánica esta que, en su artículo 52.2 , y con referencia al Expediente Gubernativo -mediante el que, ex artículo 31.2 de la misma, se depurará la responsabilidad "originada por las infracciones disciplinarias muy graves"-, estipula que "previamente a la imposición de la sanción será preceptivo oír al órgano superior consultivo de la Guardia Civil", previsión que, en la actualmente vigente Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre , del régimen disciplinario del Instituto, su artículo 64.2 residencia, "en el caso de expedientes [disciplinarios] instruidos por faltas muy graves", en el "Consejo Superior de la Guardia Civil", al que "se deberá oír" y que emitirá su opinión "una vez formulada por el instructor la correspondiente propuesta de resolución".

Pues bien, en cuanto Vocal nato integrante -desde el 20 de junio de 2008- de dicho órgano colegiado asesor y consultivo, el General de Brigada Prudencio pudo emitir, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa antes aludida, su parecer en relación con una serie de procedimientos disciplinarios que, aunque la parte recurrente no ha acreditado -ni en el incidente de recusación ante el Tribunal Militar Central ni ante esta Sala- que tengan el mismo objeto procesal -y ni siquiera que estén relacionados, según el último inciso de la causa prevista en el número 13º del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial - que aquél en el que se dictó la resolución que fue luego objeto de la Sentencia del Tribunal Militar Central de 13 de julio de 2010 , es lo cierto que alguno de ellos, dada la multiplicidad de los instruidos, puede referirse a los mismos hechos por razón de los cuales la hoy demandante fue sancionada.

Sobre el derecho al juez imparcial que se consagra en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y ratificado por España mediante Instrumento de 4 de octubre de 1979 -según el cual "toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley ..."- y que se proclama, asimismo, en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Resolución 2200 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966, ratificado por España mediante Instrumento de 27 de abril de 1977 -a cuyo tenor "... toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial ..."-, preceptos, ambos, que traen causa del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 -que reza que "toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial ..."-, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concluido, en síntesis y a los efectos que ahora interesan, a tenor de su numerosa jurisprudencia al respecto - SSTEDH Piersack contra Bélgica, de 1 de octubre de 1982 , De Cubber contra Bélgica, de 26 de octubre de 1984 , Hauschildt contra Dinamarca, de 24 de mayo de 1989 , Huber contra Suiza, de 23 de octubre de 1990 , Saint Marie contra Francia, de 16 de diciembre de 1992 , Padovani contra Italia, de 26 de febrero de 1993 , Saraiva de Carvalho contra Portugal, de 22 de abril de 1994 , Thomann contra Suiza, de 10 de junio de 1996, Ferrantelli y Santangelo contra Italia, de 7 de agosto de 1996, Gautrin y otros contra Francia, de 20 de mayo de 1998 , Castillo Algar contra España, de 28 de octubre de 1998 , Garrido Guerrero contra España, de 2 de marzo de 2000 , Perote Pellón contra España, de 25 de julio de 2002 , Pescador Valero contra España, de 17 de junio de 2003 , Dépiets contra Francia, de 10 de febrero de 2004, Gómez de Liaño y Botella contra España, de 22 de julio de 2008 , Vera Fernández- Huidobro contra España, de 6 de enero de 2010 y Cardona Serrat contra España, de 26 de octubre de 2010 , entre otras-, que la imparcialidad del Juez o Tribunal, entendida como ausencia de idea preconcebida de culpabilidad en la persona a que se va a someter a enjuiciamiento, ha de contemplarse tanto desde una perspectiva subjetiva -la imparcialidad personal o subjetiva del Juez, es decir, el prejuicio subjetivo o lo que, en su fuero interno, piensa este del caso concernido, se presume siempre mientras no se pruebe lo contrario- como objetiva -verificando si en el concreto caso de que se trata hay garantías suficientes para excluir, desde las alegaciones efectuadas por el recusante, toda duda legítima sobre la imparcialidad del Juez-.

A tal efecto, el TEDH, para el que "la imparcialidad se define de ordinario por la falta de prejuicio o de criterio formado. Su existencia se aprecia de distintas maneras. El Tribunal distingue entre el trámite subjetivo, que trata de determinar lo que pensaba el juez en su fuero interno o cuál era su interés en un asunto particular, y el trámite objetivo, que lleva a determinar si ofrecía unas garantías suficientes para excluir a este respecto cualquier duda legítima [ Sentencias Piersack contra Bélgica (TEDH 1982, 6) 1 octubre 1982, ap. 30 , Serie A, núm. 53 y Grieves contra Reino Unido (PROV 2004, 2730) (GS), núm. 57067/2000, ap. 69, 16 diciembre 2003]" -Sentencia Vera Fernández-Huidobro contra España, de 6 de enero de 2010 ( TEDH 2010/3 )-, recuerda que "la existencia de la imparcialidad, a los efectos del artículo 6.1 , se debe apreciar de modo subjetivo, intentando determinar la convicción personal de un juez en dicha ocasión, y también con arreglo a un criterio objetivo que lleve a la seguridad de que reunía las garantías suficientes para excluir, a este respecto, cualquier legítima duda (véase, entre otras, Sentencia De Cubber de 26 de octubre 1984 [TEDH 1984, 16], Serie A, núm. 86, pgs. 13 y 14, ap. 24)" -Sentencias Hauschildt contra Dinamarca, de 24 de mayo de 1989 ( TEDH 1989, 8) y Pescador Valero contra España, de 17 de junio de 2003 (TEDH 2003, 27)-, añadiendo que "la imparcialidad en el sentido del artículo 6.1 [del Convenio ] se aprecia de una doble manera: la primera consiste en intentar determinar la convicción personal de tal o cual Juez en tal ocasión, la segunda lleva a asegurarse de que ofrecía garantías suficientes para excluir a este respecto toda duda legítima (véase, entre otras, mutatis mutandis, Sentencia Saraiva de Carvalho contra Portugal de 22 de abril de 1994 [TEDH 1994, 19], serie A, núm. 286-B, pg. 38, ap. 33)" -Sentencia Gautrin y otros contra Francia, de 20 de mayo de 1998 (TEDH 1998, 73)-, es decir, que, determinada, primeramente, la convicción personal del juez en el caso concreto, se debe, en segundo lugar, asegurar que el procedimiento ofrece garantías suficientes para excluir a este particular toda duda legítima. En el mismo sentido, afirma el TEDH que "en su Sentencia Piersack de 1 de octubre 1982 (TEDH 1982, 6), el Tribunal ha precisado que la imparcialidad puede «apreciarse de diversas formas»: procede distinguir «entre una perspectiva subjetiva, tratando de determinar lo que tal juez pensaba en su fuero interno» en tal ocasión «y una perspectiva objetiva, dirigida a comprobar si ofrecía garantías suficientes para excluir a este respecto toda legítima»", añadiendo que "en esta materia, incluso las apariencias pueden revestir importancia; según un adagio inglés citado en la Sentencia Delcourt de 17 enero 1970 (TEDH 1970, 1) (serie A, núm. 11, pg. 17.31), «justice must not only be done: it must also be seen to be done» [«no solamente debe hacerse justicia: sino también parecer que se hace»]. ... debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables, comenzando, en el orden penal, por los acusados (sentencia previamente citada de 1 de octubre de 1982, pgs. 14-15, ap. 30)" - Sentencia De Cubber contra Bélgica, de 26 de octubre de 1984 (TEDH 1984, 16)-.

Y sigue diciendo el TEDH que "para resolver si en un determinado caso hay un motivo legítimo para temer que un juez no sea imparcial, el punto de vista del acusado es importante, pero no es decisivo ( Sentencia Piersack de 1 octubre 1982) [TEDH 1982, 6], Serie A, núm. 53, pg. 16, ap. 31). Lo que sí será decisivo es que sus temores estén objetivamente justificados" -Sentencia Hauschildt contra Dinamarca, de 24 de mayo de 1989 (TEDH 1989, 8)-, es decir, que el elemento determinante de la apreciación de la falta, o no, de imparcialidad objetiva consiste en saber si las aprensiones o recelos del interesado pueden pasar por objetivamente justificadas, añadiendo que para apreciar ese aspecto objetivo es preciso "preguntarse si, independientemente del comportamiento personal del Juez, ciertos hechos comprobables permiten sospechar de la imparcialidad de éste. Incluso las apariencias son importantes en este caso. En ello estriba la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables ( Sentencia Castillo Algar contra España de 28 octubre 1998 [TEDH 1998, 51], Repertorio 1998-VIII, pg. 3116, ap. 45). De ello se desprende que para pronunciarse sobre la existencia, en un asunto concreto, de una razón legítima para temer que un Juez carezca de imparcialidad, se tiene en cuenta el punto de vista del acusado pero no juega éste un papel decisivo. El elemento determinante consiste en saber si se pueden considerar las aprensiones del interesado como objetivamente justificables ( Sentencias Ferrantelli y Santangelo contra Italia, de 7 agosto 1996 [TEDH 1996, 34], Repertorio 1996-III, pg. 951-952, ap. 58; Wettstein contra Suiza [TEDH 2000, 682], núm. 33958/1996, ap. 44, TEDH 2000-XII)" -Sentencia Pescador Valero contra España, de 17 de junio de 2003 (TEDH 2003, 27)-.

Por último, tras sentar que "en lo que concierne a la imparcialidad subjetiva, el Tribunal siempre ha considerado que la imparcialidad personal de un magistrado se presume hasta que se prueba lo contrario (Kyoruanou contra Chipre [PROV 2006, 237] [GC] de 15 diciembre 2005, núm. 73797/2001, ap. 119)", señala el TEDH que "en cuanto a la imparcialidad objetiva, hay que preguntarse, cuando un tribunal completo está en cuestión, si ... ciertos hechos verificables autorizan a dudar de la imparcialidad de éste", añadiendo que "la respuesta a la cuestión de si estas dudas pueden considerarse objetivamente justificadas varía según las circunstancias del caso; el simple hecho de que un Juez haya adoptado decisiones con anterioridad al proceso no puede, en sí mismo, justificar las dudas sobre la falta de imparcialidad (Sentencia Hauschildt [TEDH 1989, 8] citada, pg. 22, ap. 50). Lo que cuenta es el alcance de las medidas adoptadas por el juez con anterioridad al proceso" - Sentencia Gómez de Liaño y Botella contra España, de 22 de julio de 2008 (TEDH 2008, 51)-.

En definitiva, teniendo en cuenta la presunción de desinterés o imparcialidad subjetiva -y las dificultades de prueba de la misma, incumbiendo la carga de dicha prueba a quien sostenga la quiebra de la debida imparcialidad- del Juez, es la exigencia de imparcialidad objetiva de este -o ajeneidad del juzgador con el objeto del proceso y con las partes o personas que actúan en el mismo- la que proporciona una importante garantía adicional, y, en este aspecto, las apariencias tienen importancia por la confianza que los Tribunales deben inspirar a los justiciables y a la sociedad democrática en general, por lo que lo determinante es verificar si, en las circunstancias del caso de que se trate, los recelos o aprensiones del denunciante están justificados objetivamente, es decir, desde una perspectiva externa, debiendo, en consecuencia, estarse al examen individualizado de cada caso concreto para determinar si las dudas y temores suscitados acerca de la imparcialidad del juzgador pueden "considerarse como objetivamente justificados" - STEDH de 22 de julio de 2008, caso Gómez de Liaño y Botella contra España -.

Por su parte, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente sobre esta cuestión, destacando, entre sus Sentencias más recientes al respecto, la STC núm. 26/2007, de 12 de febrero , que establece que "la imparcialidad judicial, además de reconocida explícitamente en el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, está implícita en el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE ), constituyendo una exigencia que condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional, con una especial trascendencia en el ámbito penal. El reconocimiento de este derecho exige, por estar en juego la confianza que los Tribunales deben inspirar en una sociedad democrática, que se garantice al acusado que no concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial, incluidas aquellas que, desde una perspectiva objetiva, pueden producirse, entre otras consideraciones, por haber tenido el juzgador una relación o contacto previo con el thema decidendi. Hemos puntualizado, no obstante, que lo determinante y decisivo es que las razones del acusado para dudar de la imparcialidad judicial estén objetivamente justificadas, lo que no se produce por el simple hecho de que el Juez haya tenido una participación en el procedimiento con anterioridad al enjuiciamiento de fondo, siendo necesario valorar las circunstancias de cada caso concreto", añadiendo que "la determinación de cuáles son las circunstancias específicas que posibilitan en cada caso considerar como objetivamente justificadas las dudas sobre la imparcialidad judicial no está vinculada tanto con una relación nominal de actuaciones o decisiones previas que queden vedadas al juzgador cuanto, especialmente, con la comprobación, en cada supuesto en particular, de si la intervención previa en la que el interesado centra sus dudas ha sido realizada por el órgano judicial teniendo que adoptar una decisión valorando cuestiones sustancialmente idénticas o muy cercanas a aquellas que deben ser objeto de pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo".

En la STC núm. 55/2007, de 12 de marzo , afirma el Juez de la Constitución que "es doctrina reiterada de este Tribunal que una de las exigencias inherentes al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE ), en tanto que condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional, es la imparcialidad judicial, conforme a la cual, por estar en juego la confianza que los Jueces y Tribunales deben inspirar en una sociedad democrática, debe garantizarse a las partes que no concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial. A estos efectos se viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del Juez con aquéllas, y una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el Juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él. Se ha puntualizado, no obstante, que no basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del Juez surjan en la mente de la parte, sino que lo determinante y decisivo es que las razones para dudar de la imparcialidad judicial, por un lado, queden exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos y, por otro, alcancen una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas (por todas, SSTC 5/2004, de 16 de enero, F. 2 , y 240/2005, de 10 de octubre , F. 3)".

A su vez, la STC núm. 60/2008, de 26 de mayo , dice que "es necesario subrayar que, según doctrina de este Tribunal, la imparcialidad judicial se encuentra dirigida, en efecto, a asegurar que la pretensión sea decidida por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio y que se someta exclusivamente al Ordenamiento jurídico como criterio de juicio. Esta sujeción estricta a la Ley supone que la libertad de criterio en que estriba la independencia judicial no sea orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del Derecho. En definitiva, la obligación de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: primera, que el Juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica en su favor o en contra ( STC 5/2004, de 16 de enero , F. 2)", añadiendo que "aún cuando es cierto que en este ámbito las apariencias son muy importantes, porque lo que está en juego es la confianza que en una sociedad democrática los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos, no basta con que tales dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas ( SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FF. 14 y 16; 140/2004, de 13 de septiembre , F. 4). Por ello la imparcialidad del Juez ha de presumirse y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas ( SSTC 170/1993, de 27 de mayo, F. 3 ; 162/1999, de 27 de septiembre , F. 5) y han de fundarse en causas tasadas e interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas".

Finalmente, afirma a este respecto la STC núm. 116/2008, de 13 de octubre , que "debemos tener presente que desde la STC 145/1988, de 12 de julio , hemos incardinado el derecho fundamental al juez imparcial en el art. 24.2 CE , en cuanto reconoce el derecho a un juicio público con todas las garantías, «garantías en las que debe incluirse, aunque no se cite en forma expresa, el derecho a un juez imparcial, que constituye sin duda una garantía fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho, como lo es el nuestro de acuerdo con el art. 1.1 de la Constitución» (F. 5 ). Ciertamente, la imparcialidad judicial es una garantía tan esencial de la función jurisdiccional que condiciona su existencia misma: «Sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional», recordamos en la STC 151/2000, de 12 de junio , F. 3", añadiendo que "el instrumento primordial para preservar el derecho al Juez imparcial es la recusación, cuya importancia resulta reforzada si se considera que estamos no sólo ante un presupuesto procesal del recurso de amparo por la supuesta vulneración del derecho al Juez imparcial, sino que el derecho a recusar se integra, asimismo, en el contenido del derecho a un proceso público con todas las garantías, reconocido en el art. 24.2 CE ( STC 140/2004, de 13 de septiembre F. 4)".

Pues bien, a tenor de cuanto hemos señalado anteriormente, en el caso de autos, y desde la perspectiva de cualquier observador externo, es lo cierto que la pluralidad de procedimientos sancionadores incoados como consecuencia de los hechos acaecidos el 20 de enero de 2007 en la Plaza Mayor de Madrid -que dio lugar a la solicitud, en sede administrativa, mediante escrito de la hoy demandante de 9 de marzo de 2007, de acumulación de tales Expedientes Gubernativos, y ya en sede judicial, mediante escrito de 29 de abril de 2008, a la de acumulación de los Recursos contencioso-disciplinarios militares ordinarios núms. 28/08, 29/08, 31/08, 36/08, 41/08, 42/08, 45/08, 46/08 y 48/08 seguidos ante el Tribunal Militar Central-, la peculiar conformación del "órgano colegiado asesor y consultivo de los Ministros de Defensa y del Interior, del Secretario de Estado de Seguridad y del Director General de la Guardia Civil" que, como hemos visto, es el Consejo Superior de la Guardia Civil, del que forman parte, como miembros o Vocales natos, todos los Oficiales Generales del Cuerpo en servicio activo, las funciones que legalmente ejerce este órgano en relación a los procedimientos disciplinarios por falta muy grave y las facultades que a los Vocales del tan citado Consejo Superior confieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 6 de la Orden General Comunicada núm. 3, de 7 de febrero de 1997 , sobre regulación del funcionamiento del Consejo Superior de la Guardia Civil -"recibir, con antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria, el Orden del día de la reunión a celebrar y la información relativa a los asuntos sometidos a la consideración del Consejo" y "participar en el debate y votación de los asuntos incluidos en el Orden del día correspondiente"-, integran un cúmulo de circunstancias factuales que pueden inducir, objetiva y justificadamente, a entender que, en el lapso temporal comprendido entre el 20 de junio de 2008 -día a partir del que el General Prudencio entra a formar parte del Consejo Superior del Instituto Armado- y el 8 de julio de 2010 -fecha del Auto por el que se acordó desestimar la recusación planteada-, o, mejor, el 13 de julio siguiente -fecha en que se llevó a cabo por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central la deliberación y votación del Recurso contencioso-disciplinario militar ordinario núm. 26/08-, el aludido General de Brigada de la Guardia Civil pudo, en su calidad de miembro del meritado Consejo Superior, participar, eventualmente, en la emisión por dicho órgano de informe preceptivo acerca de cualquiera de los varios procedimientos disciplinarios por falta muy grave que se incoaron en el ámbito de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para investigar los hechos ocurridos en la Plaza Mayor de Madrid el 20 de enero de 2007 -los relativos a los miembros del Instituto que se designan en la orden de incoación obrante a los folios 1 y 2 del Expediente Gubernativo núm. NUM000 o cualesquiera otros-, lo que permitiría, razonablemente, entender afectada la imparcialidad objetiva del General de Brigada Don Prudencio al momento de integrar, el 13 de julio de 2010, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central que enjuició y falló el Recurso contencioso-disciplinario militar ordinario núm. 26/08, dictando la Sentencia de la citada fecha 13 de julio de 2010 que es objeto de la presente impugnación.

En consecuencia, en este examen casuístico a que, en orden a analizar, desde la óptica de la demandante, las dudas o aprensiones que pudieran aducirse por dicha parte respecto a la formación en el juzgador de un prejuicio o convencimiento anticipado que haga temer fundadamente a aquella que el asunto estaba ya decidido, defraudando así su confianza en el órgano de enjuiciamiento, nos conduce la examinada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional, de la Sala Segunda de este Alto Tribunal y de esta propia Sala, asistía la razón a la demandante al momento de formular la recusación para recelar justificadamente que, a través de la eventual participación del General de Brigada Prudencio en otras sesiones del Consejo Superior de la Guardia Civil celebradas antes del momento en que fue designado, mediante insaculación, para formar parte de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central que hubo de ver y fallar el Recurso contencioso- disciplinario militar ordinario núm. 26/08 -e, incluso, celebradas antes del día 13 de julio de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto del juicio ante dicha Sala de Justicia-, pudiera este haber anticipado su criterio en relación a elementos esenciales de lo que constituía el fondo de la cuestión a debatir en el aludido Recurso, al haber formado parte del Consejo Superior del Cuerpo que hubiera, eventualmente, emitido su preceptivo informe en relación a procedimientos sancionadores instruidos no sobre la actividad de la AUGC o sus dirigentes, sino sobre, o con ocasión de, los concretos hechos que tuvieron lugar en la Plaza Mayor de Madrid el día 20 de enero de 2007, lo que, en tal caso, comportaría que materialmente la imparcialidad de dicho Oficial General habría quedado afectada, en su aspecto o vertiente objetiva, al quedar de manifiesto un conocimiento constitutivo de un verdadero juicio adelantado de los elementos factuales -e, incluso, jurídicos- integrantes de la infracción disciplinaria, en términos más que suficientes para suscitar en la parte hoy demandante dudas o prevenciones legítimas y objetivamente fundadas o justificadas acerca de la imparcialidad del General Prudencio , por razón de haberse producido por su parte un conocimiento o un juicio previo de los hechos.

La incontrovertible concurrencia en el caso de autos de este conjunto de circunstancias conduce, pues, a entender que la hoy demandante tenía, objetivamente, motivos legítimos y razonables para temer que pudiera existir ese prejuicio, sin que sus justificadas aprensiones acerca de que quien había de fallar sobre el fondo del asunto pudiera haber intervenido -mediante la eventual emisión de aquél informe preceptivo- en la instrucción de procedimientos disciplinarios relacionados con aquél - vulnerando así la necesaria diferencia entre el órgano instructor y el decisor- fueran debidamente despejadas, al no admitirse, en el incidente de recusación que formuló, la práctica de la documental interesada en el escrito de fecha 14 de junio de 2010, tendente a aclarar tales legítimas dudas, desestimación que se produjo no ya por Auto motivado sino, como hemos dicho, mediante la Providencia de 28 de junio de 2010 -folio 20 de la pieza separada de incidente de recusación-, cuyo escueto razonamiento motivador resulta inasumible por poco fundamentado, puesto que en la recusación formulada en aquél escrito de 14 de junio anterior se especifica la relación de la prueba documental en el mismo solicitada con el Recurso contencioso- disciplinario militar ordinario núm. 26/08, habiéndose acreditado, por lo expuesto, la relevancia de la prueba denegada -es decir, la relación entre el hecho que se quiso y no se pudo probar y la prueba inadmitida y no practicada- y es por ello por lo que ha de despejarse la razonable duda acerca de si en otros procedimientos disciplinarios distintos del que da lugar a dicho Recurso el General de Brigada recusado intervino o no en su calidad de miembro del Consejo Superior de la Guardia Civil, relación que en el escrito de recusación se especifica claramente, lo que convierte en pertinente y necesaria la documental cuya práctica se inadmite en aquella Providencia de 28 de junio de 2010.

Así pues, la Providencia de que se trata ocasionó a la hoy demandante una efectiva indefensión, pues la prueba no admitida no solo era pertinente, por su relación con el "thema decidendi", sino que, además, era relevante o decisiva en términos de defensa, en el sentido de que su resultado, de haberse practicado, hubiera tenido virtualidad para determinar si el Vocal militar insaculado había intervenido -o no- en otro concepto en el mismo procedimiento o en otro relacionado con él, en los términos a que se contraen las aludidas causas 11ª del artículo 53 de la Ley Procesal Militar y concordantes 13ª y 16ª del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en la medida en que el ordinal 11ª del artículo 53 de la Ley Adjetiva marcial se refiere no solo al "mismo procedimiento", lo que no es el caso, sino, cohonestándolo con los ordinales 13ª y 16ª del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , a otros que, por traer razón de los hechos ocurridos el 20 de enero de 2007 en la Plaza Mayor de Madrid, se relacionen con el objeto del presente Recurso o determinen que el recusado haya conocido el objeto del mismo y formado criterio sobre él-, y, en definitiva, para determinar si la imparcialidad objetiva de este, al momento de dictar la Sentencia impugnada, se hallaba, o no, afectada.

En suma, y como conclusión necesariamente derivada de lo expuesto, entiende la Sala que, en orden a despejar los fundados recelos, prevenciones, temores o aprensiones que aquél cúmulo de circunstancias hubo de originar a la hoy demandante, el Tribunal Militar Central debió admitir y practicar la documental interesada en el escrito de recusación de 14 de junio de 2010 -"consistente en que por la Dirección general de la Policía y de la Guardia Civil, se remita copia certificada de todas las actas del Consejo Superior de la Guardia Civil en las que hayan participado y/o asistido desde su ascenso al empleo de general de brigada del Cuerpo de la Guardia Civil" los Generales Don Prudencio y Don Roberto -, documental que debiera haberse limitado a traer a los autos copia certificada no de todas las Actas de las sesiones del Consejo Superior de la Guardia Civil en que hubieran participado los Generales Prudencio y Roberto , como pretende la parte, sino, tan solo, de aquellas en que hubieran participado los aludidos Oficiales Generales desde el momento de su ascenso a dicho empleo militar al de dictarse la Sentencia impugnada y en que dicho órgano hubiera, eventualmente, emitido su preceptivo parecer en relación con los concretos procedimientos disciplinarios instruidos con ocasión, exclusivamente, de los hechos ocurridos el 20 de enero de 2007 en la Plaza Mayor de Madrid, originando dicha inadmisión una vulneración del derecho de defensa de la hoy denunciante, con la consiguiente conculcación del derecho esencial a un proceso con todas las garantías que es correlato de aquél, lo que lleva consigo la estimación del presente Recurso, casando y anulando la Sentencia impugnada y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , reponiendo las actuaciones al estado y momento inmediatamente anterior a acordarse, en el incidente de recusación, mediante Providencia de fecha 28 de junio de 2010, inadmitir la práctica de la prueba interesada en el escrito de 14 de junio anterior promoviendo la recusación.

En consecuencia, deberán reponerse las actuaciones al estado y momento procesal en que se incurrió en la infracción, debiendo continuarse el proceso desde aquél momento.

Y sin que, lógicamente, debamos en el presente momento abordar el otro motivo de casación alegado por la demandante y ni siquiera, dentro de este primer motivo, el examen de la causa de recusación configurada en el ordinal 9º del artículo 53 de la Ley Procesal Militar .

Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio .

En consecuencia,

A modo de relación de hechos he de anotar los siguientes.

- Con fecha 13 de julio de 2010, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, dictó sentencia estimando parcialmente el recurso contencioso disciplinario militar número 26/08 , interpuesto por la cabo primero de la Guardia Civil Doña Petra , imponiendo a la recurrente la sanción de un mes de suspensión de empleo, ante la comisión de falta grave prevista en el número 1 del artículo 8 de la L.O. 12/2007, de 22 de octubre , de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, consistente en "observar conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil".

- Los hechos, expresamente declarados probados, que asumo, constan en la citada sentencia del Tribunal Militar Central, así como en la de esta Sala de 4 de julio de 2011, de cuyo fallo discrepo.

- En breve síntesis, éstos se refieren a la reunión llevada a cabo, en la Plaza Mayor de Madrid, el día 20 de enero de 2007, en la que participó, y por ello fue sancionada, la expedientada cabo primero Doña Petra .

- Contra citada Sentencia del Tribunal Militar Central, la encartada interpuso recurso de casación, ante esta Sala, cuyo motivo primero se formuló al amparo procesal del art. 5.4 de la LOPJ , por infracción del art. 24, apartados 1 y 2 , en relación con el art. 6 apartado 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

- Con fecha 4 de julio de 2011, tras la pertinente deliberación y votación, la Sala, con el voto de la mayoría, ha dictado Sentencia "casando y anulando la sentencia recurrida, y acordando la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la resolución, mediante providencia de fecha 28 de junio de 2010, de inadmisión de la prueba cuya práctica se interesaba en el escrito de 14 de junio anterior, por el que se promovía el incidente de recusación planteado, por la hoy demandante, contra los Excmos. Sres. Generales de Brigada de la Guardia Civil, Don Prudencio y Don Roberto : vocales militares, titular y suplente respectivamente, insaculados para integrar la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, que debía llevar a cabo, el 13 de julio de 2010, la deliberación votación y fallo del recurso contencioso disciplinario militar ordinario número 26/08, con anulación de todas las resoluciones posteriores a dicha providencia".

- La Sala, limita el objeto de su examen casacional a la recusación del general Prudencio , que fue quien integró la Sala que dictó la sentencia impugnada, de fecha 13 de julio de 2010 .

- Igualmente, limita su atención, «por razones metodológicas, a determinar si el referido general Prudencio , se hallaba incurso en la causa de recusación enunciada en el ordinal 11 del art. 53 de la Ley Procesal Militar , consistente en "haber intervenido en otro concepto en el mismo procedimiento", por cuanto que el análisis de su eventual concurrencia, ha de ser previo al de la causa 9ª, "tener interés directo o indirecto en el procedimiento", del meritado art. 53 de la Ley rituaria Castrense».

- En la pauta que estima procedente, la sentencia de 4 de julio de 2011, centra la cuestión debatida, "en razón de no haberse practicado, en sede del incidente de recusación promovido por la hoy recurrente, las diligencias de prueba interesadas para probar y acreditar la concurrencia, de determinadas causas de recusación, en las personas de los Vocales militares" de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, ya referido.

- A tal fin, trae a colación sentencias de esta Sala de 23 de noviembre de 1999 , 30 de noviembre de 2004 , 12 de febrero de 2008 , 17 de febrero de 2010 , 12 de julio de 2010 y 2 de febrero de 2011 , ésta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sentencias, que contienen profusa doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y al Convenio Europeo de Derechos Humanos; todas en relación con el derecho a un Juez imparcial, tanto en términos subjetivos como objetivos (Fundamentos de Derecho primero, segundo, sexto y séptimo).

- En su fundamento tercero, la sentencia trae a colación el escrito de recusación, de 14 de junio de 2010, en el que se alude a que los referidos Generales de la Guardia Civil, en su condición de oficiales Generales de la Institución, y miembros de pleno derecho del Consejo Superior de la Guardia Civil, han podido informar en procedimientos disciplinarios relativos a dirigentes de AUGC; de tal manera que hayan formado postura en relación con hechos similares a los que figuran como probados en la resolución disciplinaria objeto de recurso; siendo por ello que se interesa práctica de prueba documental consistente en que, "por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil se remita copia certificada, de todas las actas del Consejo Superior de la Guardia Civil, en las que hayan participado y/o asistido desde su ascenso al empleo de General de Brigada del cuerpo de la Guardia Civil, los reiterados Generales Prudencio y Roberto ".

- También refiere la sentencia en el fundamento tercero, que mediante sendos escritos, de 17 y 18 de junio de 2010, los generales recusados evacuaron informes consignando no tener interés directo en el procedimiento, ni haber formado parte del Consejo Superior que emitió informe en relación con el procedimiento disciplinario incoado a la hoy demandante. Y añade que, mediante providencia de fecha 28 de junio de 2010, el Tribunal Militar Central rechazó la documental interesada; acordando, sólo, dirigirse a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil quien, en su razón, con fecha 30 de junio de 2010, emitió certificado en sentido negativo a que los recusados generales hubieren asistido y/o participado en la reunión del Consejo Superior de la Guardia Civil, de fecha 20 de noviembre de 2007, en la que se emitió el preceptivo informe, en relación con el expediente gubernativo, del que traen causa las presentes actuaciones. Tribunal Militar Central que, por auto de 8 de julio de 2010, acordó desestimar la recusación formulada.

- En el fundamento de derecho cuarto, anota resultar indubitable que en el concreto procedimiento disciplinario, instruido a la hoy demandante, el general Prudencio no tuvo intervención directa ni indirecta en concepto alguno pues, como cita la referida certificación de 30 de junio, no asistió a la sesión del Consejo Superior de la Guardia Civil, celebrada el día 20 de noviembre de 2007, en la que se emitió informe sobre el expediente gubernativo instruido a la cabo primero Petra , y en méritos del que se dictó la sentencia de 13 de julio de 2010 , hoy recurrida.

- Trae a colación que el recusado, General Prudencio , en su citado informe de fecha 17 de junio de 2010, afirma que "como Oficial General de la Guardia Civil, forma parte del Consejo Superior de dicho Instituto, desde el 20 de junio de 2008, no habiendo informado en ningún procedimiento disciplinario relativo a dirigentes de AUGC, en relación con hechos similares a los que figuran como probados en las resoluciones disciplinarias, que constituyen el recurso contencioso-disciplinario ordinario, en la que la referida cabo primero está incursa".

- En el quinto fundamento, con ilustrada referencia al carácter y funciones del Consejo Superior de la Guardia Civil, del que el general Prudencio es vocal nato desde el 20 de junio de 2008, plantea la necesidad de descartar que el reiterado General, (que integró la Sala que dictó sentencia en fecha 13 de julio de 2010 ), en tal condición de vocal del Consejo, hubiera intervenido en procedimientos sometidos a informes de éste, desde el 20 de junio de 2008 al 8 de julio de 2010 (fecha del auto desestimatorio de la recusación).

- En el fundamento octavo, abordando precedente planteamiento, y atendiendo las dudas alegadas por la recurrente, concluye afirmando la relevancia de la prueba denegada en la providencia del Tribunal Militar Central de 28 de junio de 2010, desestimatoria de la prueba, cuyo razonamiento motivador considera inasumible por poco fundamentado.

- En el fundamento noveno, tras considerar que la aludida providencia ocasionó a la hoy demandante una efectiva indefensión pues, afirma, el Tribunal Militar Central debió admitir y practicar la documental interesada en el escrito de recusación de 14 de junio de 2010, para determinar si la imparcialidad objetiva del general Prudencio , al momento de dictar la sentencia impugnada, se hallaba o no afectada, acuerda la nulidad que el fallo de la sentencia establece.

Sabido es, y la sentencia de 3 de diciembre de 2010 lo recuerda, con cita de otras que también incluye del Tribunal Constitucional , que el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, consagrado como fundamental en el art. 24.2 de la C.E ., no comprende "un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, en virtud de la que las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer". El derecho a la prueba, efectivamente no es absoluto ni se configura con carácter ilimitado, o incondicionado, con independencia de su necesidad o pertinencia. De tal modo, que ni el reconocimiento de la relevancia constitucional de tal derecho, ni el principio de interdicción de la indefensión, desapoderan al Tribunal competente de su facultad para valorar la pertinencia de las pruebas propuestas, a los efectos de su admisión; pudiendo, el Tribunal denegar aquellas que considere impertinentes, inútiles o generadoras de indebidas dilaciones.

Sabido también es, y la sentencia con cuyo fallo discrepo cumplidamente lo refiere, que el Instituto de la recusación forma parte del derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial, en cuyos miembros no concurra ningún dato a partir del que puedan albergar, las partes, duda fundada de que aquellos han formado criterio anticipado, del supuesto a enjuiciar, en base al contacto previo con los hechos y los elementos que puedan servir como prueba de los mismos. Es decir, que quede afectada la imparcialidad subjetiva u objetiva que se predica de todo juzgador. Aunque la imparcialidad, igualmente cita, también ha de venir asegurada por otro aspecto que las normas asimismo regulan, referido al derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley.

Existe pues, un derecho a la imparcialidad del juez, pero también existe el derecho a la inamovilidad del juzgador legalmente predeterminado; de tal manera que por mor de pretendidas imparcialidades se altere aludida predeterminación.

Es por ello, que el Instituto de la recusación se estructura legalmente, tanto en la Ley Procesal Militar como en la L.O.P.J. de forma rigurosa, exigiendo para su viabilidad requisitos que no pueden quedar al arbitrio o veleidad de quien lo invoca, ni ser extensivamente aplicado. Efectivamente, el ordinal 11 del art. 53 de la Ley Procesal Militar establece, taxativamente, como causa de recusación "haber intervenido en otro concepto en el mismo procedimiento"; y su artículo 58 impone "que la recusación se propondrá por escrito, en el que se expondrá la causa en que se apoye y los hechos en que se funde, así como los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba, y los medios probatorios de que intente valerse". La LOPJ, más allá de la Ley Procesal Militar que se ha de aplicar al presente caso, aún en el trámite recusatorio, art. 222.2 , determina: que "la recusación se propondrá por escrito, que deberá expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde, acompañando un principio de prueba sobre los mismos".

Es claro, y lo recoge la sentencia discrepada, que con la recusación, "en cualquier caso no se trata de primar los deseos, o preferencias del justiciable, respecto a la composición personal del órgano de enjuiciamiento; ni tampoco atender sus dudas basadas en meras apreciaciones o impresiones personales. Sino que, para que pueda afirmarse que un Tribunal puede no ser imparcial, es preciso que las dudas sobre la imparcialidad estén objetivamente justificadas. Aunque las apariencias son importantes, pues pueden afectar a la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los ciudadanos en general, y en particular a quienes son parte del proceso, las dudas cobre la imparcialidad, para ser atendidas, no pueden basarse en meras impresiones, sino que requieren una justificación objetiva".

Desde tales premisas, en el caso concreto, es de observar:

- La hoy recurrente, Sra. Petra , formuló incidente de recusación ante la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central; en su trámite el recusado, general de brigada de la Guardia Civil Don Prudencio , emitió informe al respecto en 17 de junio de 2010. Siendo dictada providencia, en fecha 28 de junio de 2010, inadmitiendo la prueba propuesta por inútil y no pertinente. Consta, igualmente en el trámite, informe del Excmo. Sr. Secretario del Consejo Superior de la Guardia Civil, de 30 de junio de 2010; y también que fue dictado auto, en fecha 8 de julio de 2010, desestimando la recusación formulada.

- Interpuesto recurso de casación ante esta Sala, por la recurrente se reitera, en definitiva, la desestimada recusación. En su razón cuestiona el acierto tanto de la providencia de fecha 28 de junio de 2010, como del auto de fecha 8 de julio de 2010. A tal fin, anota que el incidente de recusación se resolvió sin que se practicasen las pruebas interesadas, y sugiere que el recusado ha podido informar en procedimientos disciplinarios relativos a dirigentes de AUGC, de tal manera que haya formado postura, en relación con hechos similares a los que figuran como probados en las resoluciones disciplinarias, que constituyen el objeto del recurso contencioso-disciplinario militar planteado. En su relación, indica que el general Prudencio participó en la reunión del Consejo Superior de la Guardia Civil, celebrada el día 3 de octubre de 2009, adjuntando fotocopia del acta correspondiente a dicha sesión.

- Los referidos extremos han sido considerados, y constan, en la sentencia discrepada; debiéndose evitar, por tanto, reiterarlos en su concreto contenido.

Ello no obsta a que se deba apreciar:

1. La imprecisión, generalidad y eventualidad, con la que se planteó el incidente de recusación y la petición de prueba que se efectúa. Tal formulación, entiendo, justifica el pronunciamiento contenido en la providencia de 28 de junio de 2010; providencia suficientemente motivada por cuanto que, de conformidad con reiterada jurisprudencia cuya cita huelga, adecuadamente satisface el conocimiento de su razón de decidir. Deficiencia, referida, que también justifica el criterio desestimatorio del auto, de fecha 8 de julio de 2010, que, atendiendo a la impertinencia e inutilidad de la prueba, resolvió, desestimándolo, el incidente de recusación.

2. Que dicha imprecisión, generalidad y eventualidad, queda evidente con la utilización del término "similares", que la recurrente plasma en sus escritos al efecto; llegando incluso a citar, como posible ejemplo, a efectos de contaminación del recusado, el acta de la sesión del Consejo Superior de la Guardia Civil, de fecha 3 de octubre de 2009. Documento que, sin embargo, viene referido a hechos absolutamente diferentes a los que constituyen el objeto del expediente disciplinario que nos ocupa. En este, se sanciona a la cabo primero Doña Petra por la comisión de una falta grave de "observar conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil", prevista en el número 1 del art. 8 de la L.O. 12/07, de 22 de octubre , de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil; en aquél, se informa, respecto de otro encartado, por la presunta falta muy grave prevista en el nº 3 del art. 7 de la L.O. 12/07, bajo el concepto de "la promoción o pertenencia a partidos políticos o a sindicatos, así como el desarrollo de actividades políticas o sindicales".

3. Que, como se ha anotado, la discrepada sentencia en su fundamento de derecho cuarto, trae a colación que el recusado, general Prudencio , en su informe de 17 de junio de 2010 afirma: "como oficial general de la Guardia Civil, forma parte del Consejo Superior de dicho Instituto desde el 20 junio de 2008, no habiendo informado en ningún procedimiento disciplinario relativo a dirigentes de AUGC, en relación con hechos similares a los que figuran como probados, en las resoluciones disciplinarias que constituyen el recurso contencioso-disciplinario ordinario en la que referida Cabo 1º esta incursa; toda vez que el acuerdo adoptado por el Consejo Superior de la Guardia Civil, relacionado con el tema del Expediente Gubernativo instruido a la misma, fue adoptado con fecha del 20 de noviembre de dos mil siete".

   Desde tan rotunda afirmación la secuencia cronológica de lo acontecido resulta ser:

   - 20 de noviembre de 2007, sesión del Consejo en la que se informó sobre el expediente de la encartada.

   - 20 de junio de 2008, ascenso a general del Sr. Prudencio .

   - 17 de junio de 2010, informe del general Sr. Prudencio , en el trámite recusatorio

   - 28 de junio de 2010, providencia desestimatoria de la prueba.

   - 8 de julio de 2010, Auto desestimatorio del incidente de recusación.

   - 13 de julio de 2010, Sentencia del Tribunal Militar Central.

4. Que ello establecido, por constatado, es obvio que, salvo que el general Prudencio no haya sido veraz en su informe de 17 de junio de 2010, incurriendo por ende en la correspondiente responsabilidad, no se le deba atribuir "contaminación" alguna cuando formó parte del Tribunal que dictó la sentencia objeto del presente recurso.

   En definitiva, ante las referidas deficiencias que a mi juicio presenta el planteamiento del incidente de recusación, ya declaradas en la providencia de fecha 28 de junio de 2010, en el informe del Ministerio Fiscal al efecto, y en el auto desestimatorio de 8 de julio de 2010; en cuanto infringen el régimen de la prueba y el riguroso Instituto de la recusación, a más del contenido del informe del general Prudencio de fecha 17 de junio, concluyo que, constituida la recusación formulada en meramente cautelar o preventiva, no debió dictarse la sentencia de fecha 4 de julio en los términos de su pronunciamiento. Debiéndose, antes bien, haber emitido un pronunciamiento contrario respecto a la nulidad que se acuerda y, por tanto, no haber estimado el recurso.

   Voto Particular

   VOTO PARTICULAR

   FECHA:05/07/2011

   VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON Javier Juliani Hernan A LA SENTENCIA DE FECHA 4 DE JULIO DE 2011 DICTADA EN EL RECURSO DE CASACION NUMERO 201/131/2010.

   Mi discrepancia con el parecer mayoritario del pleno de la Sala viene motivada porque, a mi entender, el recurso de casación interpuesto por la Cabo Primero de la Guardia Civil Doña Petra no debió ser estimado en los términos que se expresan en la Sentencia con la que me muestro disconforme.

   Considero que en la referida Sentencia no debe anularse la providencia de fecha 28 de junio de 2010 del Instructor del incidente de recusación promovido por la hoy recurrente contra los vocales designados por insaculación como titular y suplente para integrar la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central que debía llevar a cabo la deliberación, votación y fallo de su recurso contencioso-disciplinario militar ordinario, ni las actuaciones posteriores a dicha providencia, ni acordarse la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicha providencia, disponiéndose al propio tiempo traer a dicho incidente de recusación "copia certificada únicamente de aquellas Actas de las sesiones del Consejo Superior de la Guardia Civil en que hubieran participado los aludidos Oficiales Generales desde el momento de su ascenso a dicho empleo militar al de dictarse la Sentencia impugnada y en que dicho órgano hubiera, eventualmente, emitido su preceptivo parecer en relación con los concretos procedimientos disciplinarios instruidos con ocasión, exclusivamente, de los hechos ocurridos el 20 de enero de 2007 en la Plaza Mayor de Madrid"

   La justificación en lo esencial de tal decisión podemos encontrarla en el fundamento de derecho octavo de la expresada Sentencia en el que se afirma que:

   ".....asistía la razón a la demandante al momento de formular la recusación para recelar justificadamente que, a través de la eventual participación del General de Brigada Prudencio en otras sesiones del Consejo Superior de la Guardia Civil celebradas antes del momento en que fue designado, mediante insaculación, para formar parte de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central que hubo de ver y fallar el Recurso contencioso-disciplinario militar ordinario núm. 29/08 -e, incluso, celebradas antes del día 13 de julio de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto del juicio ante dicha Sala de Justicia-, pudiera este haber anticipado su criterio en relación a elementos esenciales de lo que constituía el fondo de la cuestión a debatir en el aludido Recurso, al haber formado parte del Consejo Superior del Cuerpo que hubiera, eventualmente, emitido su preceptivo informe en relación a procedimientos sancionadores instruidos no sobre la actividad de la AUGC o sus dirigentes, sino sobre, o con ocasión de, los concretos hechos que tuvieron lugar en la Plaza Mayor de Madrid el día 20 de enero de 2007 , lo que, en tal caso, comportaría que materialmente la imparcialidad de dicho Oficial General habría quedado afectada, en su aspecto o vertiente objetiva, al quedar de manifiesto un conocimiento constitutivo de un verdadero juicio adelantado de los elementos factuales -e, incluso, jurídicos- integrantes de la infracción disciplinaria, en términos más que suficientes para suscitar en la parte hoy demandante dudas o prevenciones legítimas y objetivamente fundadas o justificadas acerca de la imparcialidad del General Prudencio , por razón de haberse producido por su parte un conocimiento o un juicio previo de los hechos .....sin que sus justificadas aprensiones acerca de que quien había de fallar sobre el fondo del asunto pudiera haber intervenido -mediante la eventual emisión de aquél informe preceptivo- en la instrucción de procedimientos disciplinarios relacionados con aquél - vulnerando así la necesaria diferencia entre el órgano instructor y el decisor- fueran debidamente despejadas, al no admitirse, en el incidente de recusación que formuló, la práctica de la documental interesada en el escrito de fecha 14 de junio de 2010, tendente a aclarar tales legítimas dudas, desestimación que se produjo no ya por Auto motivado sino, como hemos dicho, mediante la Providencia de 28 de junio de 2010 -folio 20 de la pieza separada de incidente de recusación-, cuyo escueto razonamiento motivador resulta inasumible por poco fundamentado, puesto que en la recusación formulada en aquél escrito de 14 de junio anterior se especifica la relación de la prueba documental en el mismo solicitada con el Recurso contencioso- disciplinario militar ordinario núm. 26/08....".

   Discrepo respetuosamente de la mayoría de la Sala y de la fundamentación que se ofrece para acordar tal nulidad y la práctica de una prueba que, en mi opinión, no se corresponde con la solicitada por la promotora del referido incidente y deviene innecesaria en los términos en los que la recusación fue planteada, por las siguientes razones:

   1. - La aquí recurrente se remite ahora al incidente de recusación planteado en su día y en el que invocó respecto de los Generales de la Guardia Civil D. Prudencio y D. Roberto como causas de recusación las determinadas como 9ª y 11ª en el artículo 53 de la Ley Orgánica Procesal Militar, fundando la recusación en su escrito de 14 de junio de 2010 , en el que se promovía dicho incidente, en que ambos vocales:

      "Desempeñaban un puesto de confianza y de apoyo directo al Director General de la Policía y de la Guardia Civil , que tiene entre sus competencias cuestiones que han sido abordadas dentro del ámbito de actuación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles AUGC, en cumplimiento de sus fines estatuarios, entre otras las relativas a las condiciones económicas y retributivas de los guardias civiles, la participación en misiones internacionales con unidades de las Fuerzas Armadas, seguridad de los acuartelamientos, centros y organismos de al Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en el ámbito de la Guardia Civil, reforma de la jornada de trabajo, diseño de la nueva Ley de Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, no aplicación del Código Penal Militar. Es decir, sus ámbitos de responsabilidad inciden, de forma directa, en cuestiones y aspectos que constituyen aspectos de la reivindicación de la AUGC, de tal manera que puede señalarse que tienen ambos Vocales, un interés directo o indirecto, en el resultado del procedimiento o un posicionamiento contrario a las posturas que son defendidas por la AUGC, por sus dirigentes y afiliados, de tal manera, que es perfectamente razonable pensar que no ejerzan su función desde la situación de plena imparcialidad, objetividad, y neutralidad, dada su condición, además de Oficiales Generales de la Institución y miembros de pleno derecho del Consejo Superior de la Guardia Civil. En relación con esta última condición, han podido informar en procedimientos disciplinarios relativos a dirigentes de AUGC, de tal manera que hayan formado postura en relación con hechos similares a los que figuran como probados en las resoluciones disciplinarias que constituyen el objeto del presente recurso contencioso-disciplinario militar ordinario " .

      A continuación se interesaba por la promovente de la recusación, como medios probatorios de los que intentaba valerse, la "documental consistente en que por la Dirección general de la Policía y de la Guardia Civil, se remita copia certificada de todas las actas del Consejo Superior de la Guardia Civil en las que hayan participado y/o asistido desde su ascenso al empleo de general de brigada del Cuerpo de la Guardia Civil " y la declaración testifical de los referidos Generales.

      Se concluía el referido escrito suplicando de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, que acordara la estimación de la recusación instada "procediendo a una nueva designación de vocales que sean independientes, imparciales, y que estén desvinculados por completo del mando militar de la Guardia Civil ".

   2. - Al sustanciarse la recusación promovida se recibió informe de ambos recusados, significando el General Prudencio , que fue quien finalmente formó parte de la Sala que en primera instancia enjuició el recurso, que, desde el 20 de junio de 2008, en que como Oficial General de la Guardia Civil formaba parte del Consejo Superior de dicho Instituto, no había informado "en ningún procedimiento disciplinario relativo a dirigentes de AUGC, en relación con hechos similares a los que figuran como probados en las resoluciones disciplinarias que constituyen el recurso contencioso disciplinario ordinario en el que la referida Cabo 1º está incurso".

   3. - El Instructor del incidente, en providencia de 28 de junio de 2010, acordó inadmitir por inútil la testifical interesada en relación con ambos Generales, "toda vez que nada más tendrían que aportar con su declaración que lo ya alegado en sus correspondientes escritos a los efectos del presente incidente de recusación" y rechazar "por no pertinente la documental interesada, puesto que la recusación ha de entenderse formulada en relación a un procedimiento concreto y a una o más causas determinadas, no debiéndose admitir una prueba como la solicitada de carácter general, más aún cuando no se especifica que relación tiene con el presente recurso contencioso-disciplinario, entendiendo no obstante, que en razón del mismo, es suficiente solicitar de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, certificado sobre si los dos Generales de Brigada de la Guardia Civil recusados asistieron y/o participaron en la reunión del Consejo Superior de la Guardia Civil de fecha 20 de noviembre de 2007, en la que se emitió el informe preceptivo en relación con el expediente gubernativo del que traen razón los presentes autos".

   4. - Posteriormente, al resolver el Tribunal Militar Central con fecha 8 de julio de 2010, de conformidad con el informe desfavorable del fiscal jurídico militar, la recusación promovida, se rechazaron ambas causas de recusación, señalándose respecto a la establecida como novena en el artículo 53 de la Ley Procesal Militar que no se podía apreciar en ninguno de los vocales militares dicha causa de " tener interés directo o indirecto en el procedimiento", porque "olvida el representante de la actora que el presente recurso contencioso disciplinario número 26/08 lo ha instado su representada, Guardia Civil Petra , y no la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a la que repetidamente se remite en el escrito de recusación" y porque "el interés debe ser personal, y no cabe hablar de interés por razón del estatuto profesional o de su estatuto personal como Guardias Civiles o de unas obligaciones legales como Generales de Brigada del Benemérito Cuerpo".

      Por lo que respecta a la segunda de las causas invocadas, la recogida en el número 11 del artículo 53 de la Ley Procesal Militar , consistente en "haber intervenido en otro concepto en el mismo procedimiento", recuerda que la Ley Orgánica de Competencia y Organizacion de la Jurisdicción Militar "establece como una obligación, con carácter de acto de servicio preferente la intervención de los militares en la Administración de Justicia, siendo imperativo que cualquier excusa o abstención esté amparada en hechos objetivos o causa legal para hacer ceder tal obligación, lo que ya adelantamos, no ocurre en el presente supuesto, pues lo que se alega son meras hipótesis y situaciones de carácter genérico que de admitirse de forma general llevarían al absurdo de imposibilitar dictar resolución a cualquier Tribunal Militar conforme a las Leyes Orgánicas y Procesales vigentes". Los juzgadores de instancia razonan para también rechazarla, que "como entienden los propios recusados, afirma el Ministerio Fiscal y se deduce de la prueba practicada no hay documento ni dato objetivo alguno que conste en el procedimiento y avale la intervención de los Generales Prudencio y Roberto en el expediente gubernativo del que traen razón los autos. En consecuencia, si no ha habido intervención alguna, tal causa de recusación es inexistente".

   5. - Pues bien, por lo que se refiere a la actuación del Instructor del incidente y a la resolución del Tribunal Militar Central sobre la recusación planteada, me remito al voto particular discrepante emitido en relación con esta Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Benito Galvez Acosta, al que me adhiero, pero además he de manifestar que, por contra de lo que entiende la mayoría de la Sala, no sólo no procedía la anulación de la providencia citada, sino que tampoco resulta procedente practicar la prueba interesada por la promovente de la recusación, en lo que se refiere a la documental propuesta por ésta, circunscribiéndola a "los concretos procedimientos disciplinarios instruidos con ocasión, exclusivamente, de los hechos ocurridos el 20 de enero de 2007 en la Plaza Mayor de Madrid".

   6. - En este sentido, hay que precisar que fue la propia demandante, quien al fijar el alcance de la recusación, se refirió tan sólo a las causas 9ª y 11ª determinadas en el artículo 53 de la Ley Procesal Militar , esto es, "tener interés directo o indirecto en el procedimiento" y "haber intervenido en otro concepto en el mismo procedimiento", fundando tan sólo en los supuestos previstos en ambas causas la recusación de los mismos y argumentando como base de ellas el desempeño por ambos Generales de puestos de confianza y, lo que resultaba más determinante, desprendiéndose claramente de su exposición que la recusación se formulaba por su condición de Oficiales Generales de la Guardia Civil y por su pertenencia al Consejo Superior del Instituto Armado, dado que, según la demandante expresaba en su referido escrito, "es perfectamente razonable pensar que no ejerzan su función desde la situación de plena imparcialidad, objetividad, y neutralidad, dada su condición, además de oficiales generales de la Institución y miembros de pleno derecho del Consejo Superior de la Guardia Civil" , suscitándose tan sólo como una mera posibilidad, que hubieran podido informar " en relación con hechos similares a los que figuran como probados en las resoluciones disciplinarias que constituyen el objeto del presente recurso contencioso-disciplinario militar ordinario ", sin que con el término "similares" se refiriera la recusante a los mismos hechos que se enjuician en el presente recurso .

      Ello es así porque del referido escrito se desprende que la prueba interesada por la recusante no tenía por objeto acreditar la participación de los recusados en las concretas reuniones del Consejo Superior de la Guardia Civil en que dichos Generales hubieran podido informar sobre los expedientes disciplinarios derivados de los hechos ocurridos el 20 de enero de 2007 en la Plaza Mayor de Madrid (como ahora finalmente determina esta Sala), solicitando las actas correspondientes a las reuniones en las que se hubieran adoptado acuerdos en relación con tales hechos, sino que se extendía a "todas las actas del Consejo Superior de la Guardia Civil en las que hayan participado y/o asistido desde su ascenso al empleo de general de brigada del Cuerpo de la Guardia Civil", pues evidentemente, con la práctica de dicha prueba tan general e inconcreta, se pretendía acreditar la desafección de ambos Generales a la mencionada Asociación y así evidenciar que no podían ejercer con "plena imparcialidad, objetividad y neutralidad", en el Tribunal Militar Central, lo que, según la recusante, era "perfectamente razonable pensar", pretendiendo que los vocales designados estuvieran "desvinculados por completo del mando militar de la Guardia Civil".

   7. - Es tan evidente que, al instar la recusación su promovente, no resultaba trascendente para ella que los recusados hubieran podido informar sobre los concretos hechos ocurridos el 20 de enero de 2007, que en este momento, al formular su recurso ante esta Sala, el recurrente refiere (como así se recoge en la Sentencia de la que discrepamos) que "ha podido conocer ahora que el General Prudencio participó en la reunión del Consejo Superior de la Guardia Civil de 3 de octubre de 2009, sesión en la que en el punto segundo del orden del día, se hubo de emitir informes sobre los expedientes disciplinarios relativos a Don Fructuoso , Don Higinio , Don Lázaro y Don Mario , todos ellos, miembros de la Junta Directiva Nacional de la AUGC, con cargos de la máxima relevancia y responsabilidad asociativa, en relación con hechos similares a los que se referían las resoluciones objeto del recurso contencioso-disciplinario militar ordinario, de tal manera que este dato, desde nuestro punto de vista, hacía notorio que su postura a la hora de abordar su labor de componente de la Sala que debía dictar sentencia, no era de imparcialidad, ni de objetividad y de neutralidad, por lo [que] concurrían ciertamente, razones y causas que justificaban su abstención y en su caso, su recusación".

      Obviamente hay que entender que, al referirse nuevamente la recurrente a "hechos similares", no se están invocando "los mismos hechos" que acaecieron el 20 de enero de 2007. Se persiste en hablarnos de "hechos similares" , que no de "los mismos hechos" , sin concretar la ahora recurrente que se refiere específicamente a "los ocurridos el 20 de enero de 2007 en la Plaza Mayor de Madrid" , porque -como acertadamente se explica por el Magistrado Sr. Benito Galvez Acosta en su voto discrepante- el expediente al que se refiere el acta de la sesión del Consejo Superior de la Guardia Civil de fecha 3 de octubre de 2009, se circunscribe a hechos absolutamente distintos de los que constituyen el objeto del expediente disciplinario que se sustancia en este recurso, pues en éste se sanciona a la Cabo Primero Doña Petra por la comisión de una falta grave de "observar conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil", prevista en el número 1 del art. 8 de la L.O. 12/07, de 22 de octubre , de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, y en él que ahora se cita por la recurrente, sobre un sustrato fáctico diferente, se sancionó a otro expedientado por la presunta falta muy grave prevista en el nº 3 del art. 7 de la L.O. 12/07, bajo el concepto de "la promoción o pertenencia a partidos políticos o a sindicatos, así como el desarrollo de actividades políticas o sindicales", lo que en definitiva abunda en nuestro planteamiento.

   8. - Porque, y aunque no deje de ser cierto que -como reconoce la Sentencia de la que discrepamos- existió una multiplicidad de procedimientos sancionadores incoados en el ámbito de la Guardia Civil con ocasión de los hechos ocurridos en la Plaza Mayor de Madrid el día 20 de enero de 2007 y que lógicamente existía una conexidad objetiva entre todos ellos, resulta evidente que la recurrente en la recusación instada no quiso concretar entonces, ni ahora ha venido a precisar (cuando lógicamente todos los expedientes tramitados por dichos hechos se encuentran ya concluidos, dado que sucedieron en enero de 2007 y el que aquí nos ocupa se incoó el día 2 del mes siguiente), que al remitirse a "procedimientos similares" no se estaba o se está refiriendo a los mismos o idénticos hechos acaecidos en la Plaza Mayor el 20 de enero de 2007.

      No se trata de una imprecisión -en todo caso tan sólo imputable a quien pretendía el apartamiento de los vocales militares legalmente designados- y dadas las causas de recusación invocadas, no cabía esperar que el Instructor del incidente determinara que, la recusación por la pretendida falta de imparcialidad, objetividad y neutralidad de los recusados por su intervención en "hechos similares" , había de referirla a la posible participación de éstos en los expedientes derivados de los mismos hechos que se enjuiciaban en el presente caso y que debía acordar la práctica de la prueba solicitada en tal sentido, porque no se expresaba por la promotora del incidente que se estuviera refiriendo a los mismos hechos o que unos y otros guardaran algún tipo de relación en su desarrollo, y por ello hemos de insistir en que no se interesaba la aportación de las concretas actas de las reuniones del Consejo Superior de la Guardia Civil en las que se hubieran informado los expedientes derivados de los hechos del 20 de enero de 2007, sino "todas las actas" de dicho órgano consultivo, sin concretar por ello los hechos en que se fundaba, ni precisar los puntos de hecho sobre los que había de versar la prueba, según exige el artículo 58 de la Ley Procesal Militar , alegándose -como bien dice el Tribunal Militar Central- "meras hipótesis y situaciones de carácter genérico" con una imprecision y generalidad que resulta evidente al emplearse el término "similares" y no referirse a los mismos hechos acaecidos el 20 de enero de 2007.

      Como se reconoce en la sentencia de la que discrepamos "la parte recurrente no ha acreditado -ni en el incidente de recusación ante el Tribunal Militar Central ni ante esta Sala- que tengan el mismo objeto procesal -y ni siquiera que estén relacionados, según el último inciso de la causa prevista en el número 13º del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial - que aquél en el que se dictó la resolución que fue luego objeto de la Sentencia del Tribunal Militar Central de 13 de julio de 2010 ", pero es que en el propio escrito de la recurrente en el que se promovió la recusación, según se desprende de él, tampoco estaba interesada en ello, porque como ya hemos señalado la finalidad de la prueba solicitada era otra distinta y su práctica -con la amplitud interesada en su día por la recurrente- no es ordenada ahora por esta Sala, con lo que, en definitiva, se confirma la razón de su rechazo por el Instructor del incidente.

   9. - En definitiva, en razón de los propios términos en que venía planteada la recusación de los vocales designados por la hoy recurrente, hemos de concluir que la anulación de la providencia denegatoria y la realización de la prueba que ahora se ordena practicar, resultan improcedentes por ser ésta última innecesaria. El General Prudencio , que formó finalmente parte del Tribunal hizo declaración expresa de que, desde su ascenso a General el 20 de junio de 2008, no había informado en ningún procedimiento disciplinario relativo a dirigentes de AUGC, en relación con hechos similares a los que figuraban como probados en las resoluciones disciplinarias que eran objeto del recurso en cuestión, dando cumplida respuesta con ello a la recusación en los términos tan generales e imprecisos en los que se había instado la recusación: "más aún -como abunda la providencia denegatoria- cuando no se especifica que relación tiene [la prueba solicitada] con el presente recurso contencioso-disciplinario".

      Y debe también apuntarse que al sustanciarse el incidente de recusación y denegarse la prueba específicamente solicitada, se conocía que el General Prudencio (que formó finalmente parte del Tribunal), había sido promovido al empleo de Oficial General en junio de 2008, esto es, casi un año y medio después de que ocurrieran los hechos, y siete meses después de que se hubiera emitido el informe preceptivo en relación con el expediente gubernativo 17/2007. Así como que el dato que se nos ofrece por la recurrente, para argumentar ahora sobre la posible contaminación de dicho General, corrobora -si cabe en mayor medida- que tal contaminación no estaba referida a una posible participación del recusado en los mismos hechos sucedidos el 20 de enero de 2007, pues la recurrente se remite a una reunión del Consejo Superior que tuvo lugar el 3 de octubre de 2009, más de dos años y medio después de que se produjeran los hechos enjuiciados en el presente asunto.

      Con ello en definitiva se confirma que la finalidad de la prueba propuesta por la recusante en su día no era determinar si los vocales designados habían participado en las reuniones del Consejo Superior de la Guardia Civil en las que se había informado sobre los expedientes disciplinarios instruidos en razón de los mismos hechos acaecidos el 20 de enero de 2007, sino acreditar que dichos Oficiales Generales habían "formado postura en relación con hechos similares" en los que habían participado miembros de la citada Asociación Unificada de la Guardia Civil, para así poder demostrar su "posicionamiento contrario a las posturas que son defendidas por la AUGC, por sus dirigentes y afiliados" y su falta de plena imparcialidad, objetividad y neutralidad.

   10. - Como conclusión de lo hasta aquí expuesto hemos de señalar que, dados los términos en los que fue promovida en su día la recusación y fue solicitada la prueba, la práctica de la que ahora se ordena por esta Sala no resulta procedente, por ser distinta de la que se solicitó en el incidente y con la que no se pretendía conocer si los vocales recusados habían informado sobre los expedientes disciplinarios instruidos en razón de los mismos hechos acaecidos el 20 de enero de 2007.

       Entiendo que la Sala, que en definitiva no admite la práctica de la prueba en los propios términos en que se solicitó en su día en el incidente de recusación, no debió estimar el recurso de casación interpuesto, no resulta justificada la anulación de la referida providencia de 28 de junio de 2010 y no procede la retroacción de las actuaciones al momento de dictar ésta, cuando la prueba que se ordena por la Sala admitir y practicar, ni fue interesada al promover la recusación, ni por ello -al no practicarla- se llegó a producir indefensión a la ahora recurrente, pues ni fue planteada entonces, ni lo es ahora, como relevante o decisiva por la propia recusante para decidir sobre la recusación instada, y sólo la prueba que siendo pertinente puede ser decisiva, por mostrar aptitud para variar el resultado del proceso, ha de estimarse necesaria, y su indebida denegación puede dar lugar a indefensión con relevancia constitucional.

       Considero que la Sala habría debido en la resolución de este recurso entrar a conocer el fondo de la cuestión planteada y pronunciarse en definitiva sobre la procedencia del rechazo de la recusación instada, pues la prueba que ahora se ha de practicar no resulta necesaria a tal efecto, sin que el no realizarla pueda producir indefensión material alguna a la entonces promovente de la recusación y hoy recurrente.

       PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Pignatelli Meca , estando el mismo celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que como Secretario, certifico.