SAP Córdoba 55/2008, 13 de Marzo de 2008
| Ponente | JOSE ALFREDO CABALLERO GEA |
| ECLI | ES:APCO:2008:282 |
| Número de Recurso | 25/2008 |
| Procedimiento | PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO |
| Número de Resolución | 55/2008 |
| Fecha de Resolución | 13 de Marzo de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Córdoba, Sección 2ª |
S E N T E N C I A Nº 55/08
SECCION Nº 2 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA
MAGISTRADO:
ILMO. SR. DON JOSE ALFREDO CABALLERO GEA
JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE CÓRDOBA
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: JUICIO DE FALTAS NÚM. 228/2007
APELACIÓN ROLLO NÚM. 25/2008
En la ciudad de CÓRDOBA, a trece de marzo de dos mil ocho
Visto por el Ilmo. Sr. Magistrado indicado al margen, constituido en Tribunal Unipersonal, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en autos seguidos en el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE CÓRDOBA, por FALTA DE COACCIONES;
Siendo recurrente don Luis Angel .
PROCURADOR don MARCIAL GÓMEZ BALSERA.
ABOGADO don ANTONIO MANUEL MÁRMOL RUIZ
Apelados:
Doña Penélope
PROCURADOR don RAMÓN ROLDÁN DE LA HABA
ABOGADO don BARTOLOMÉ JURADO LUQUE
MINISTERIO FISCAL.
Que por el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE CÓRDOBA se dictó sentencia con fecha TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE, NÚM. 415/2007, cuyo fallo es como sigue: "Debo absolver y absuelvo a Penélope, de la falta de coacciones del artículo 620.2 del Código Penal, declarando de oficio las costas del presente procedimiento.
Se aceptan y se tienen aquí por reproducidos los HECHOS DECLARADOS PROBADOS por la Sentencia recurrida. SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por don Luis Angel, que fue admitido. Remitidos los autos a esta Audiencia, se está en el caso de dictar sentencia conforme a lo dispuesto en la L.E.Crim.
Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia apelada.
Nos encontramos con una sentencia absolutoria, que es recurrida sobre la base, en primer lugar, de alegar error en la valoración de la prueba.
La doctrina del Tribunal Constitucional ha sostenido constantemente que el recurso de apelación supone la realización de un nuevo juicio, al que se enfrenta el órgano conocedor del mismo con total libertad de apreciación de la prueba practicada, pudiendo sustituir el criterio valorativo del órgano de instancia (Sentencias 323/93 de 8 de noviembre, 259/94 de 3 de octubre, 272/94 de 17 de octubre, 157/95 de 6 de noviembre, 176/98 de 11 de diciembre, 43/97 de 10 de marzo, 172/94 de 14 de octubre, 101/98 de 18 de mayo, 152/98 de 13 de julio, 196/98 de 13 de octubre y 120/99 de 28 de junio ). Los únicos límites reconocidos se refirieron a la lógica necesidad de congruencia con las pretensiones ejercitadas (215/99 de 29 de noviembre, que contempla un supuesto de incongruencia extra petitum, y los abundantes pronunciamientos sobre la prohibición de reformatio in peius: sentencias 54/85 de 18 de abril, 17/89 de 30 de enero, 129/89 de 3 de julio, 203/89 de 4 de diciembre, 19/92 de 14 de febrero, 45/93 de 8 de febrero, 25/94 de 27 de enero, 144/96 de 16 de septiembre, 56/99 de 12 de abril, 16/2000 de 31 de enero y 200/00 de 24 de julio ), e igualmente a la necesidad de explicar adecuadamente las razones que han levado al apartamiento de los criterios de la resolución recurrida (59/97 de 18 de marzo).
Esta línea interpretativa perfectamente estable, ya ofreció un primer momento crítico, representado en el voto particular mantenido contra la sentencia 172/97 de 14 de octubre por el Magistrado Ruiz Vadillo, cuestionando que el órgano conocedor del recurso pueda revocar una sentencia de signo absolutorio, valorando de manera diversa la prueba testifical, sin sometimiento al principio de inmediación. Con posterioridad, las sentencias 111/99 de 14 de junio, 120/99 de 28 de junio, 215/99 de 29 de noviembre y 139/00 de 29 de mayo, analizan explícitamente el problema del recurso de apelación frente a sentencias de instancia de signo absolutorio, concluyendo que no impiden la condena en la segunda instancia, y que dicho pronunciamiento condenatorio no afecta a la presunción de inocencia.
Finalmente, la importante sentencia 167/02 de 18 de septiembre, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, modifica el criterio precedente, para concluir que la condena en segunda instancia tras una anterior sentencia absolutoria supone una infracción de la presunción de inocencia, en tanto sólo se puede ser desvirtuada en virtud de la existencia de una mínima y suficiente actividad probatoria, producida con las debidas garantías procesales, es decir, la practicada bajo la inmediación del órgano jurisdiccional y sometida a los principios de contradicción y de publicidad. Tal criterio ha sido posteriormente corroborado por las sentencias 170/02 de 30 de septiembre (con la matización de que en este caso no se valoraron pruebas personales, sino cuestiones meramente jurídicas) 197, 198 y 200/02 de 28 de octubre, 212/02 de 11 de noviembre, 230/02 de 9 de diciembre, 41/03 de 27 de octubre, 68/03 de 9 de abril, 118/03 de 16 de junio, 189/03 de 27 de octubre, 209/03 de 1 de diciembre, 4/04 de 14 de enero, 10 y 12/04 de 9 de febrero, 28/04 de 4 de marzo, 40/04 de 22 de marzo, 50 /04 de 30 de marzo, 75/04 de 26 de abril, 94, 95 y 96/04 de 24 de mayo, 128/04 de 19 de julio, 192/04 de 2 de noviembre, 200/04 de 15 de noviembre, 14/05 de 31 de enero, 19/05 de 1 de febrero, 27 y 31/05 de 14 de febrero, 43/05 de 28 de febrero, 59, 63 y 65/05 de 14 de marzo, 78/05 de 4 de abril, 105, 111, 112, 113 y 116/05 de 9 de mayo, 136/05 de 23 de mayo, 143 y 153/05 de 6 de junio, 163, 166, 168 y 170/05 de 20 de junio, 202, 203 y 208/05 de 18 de julio, 229/05 de 12 de septiembre, 267, 271 y 272/05 de 24 de octubre, 282 y 285/05 de 7 de noviembre, 307 y 324/05 de 12 de diciembre).
Es claro, pues, que la Audiencia Provincial no puede considerar desvirtuada la presunción de inocencia del acusado inicialmente absuelto en un juicio de faltas o en el ámbito del procedimiento abreviado, en tanto no presencia las pruebas personales que fundaron aquélla declaración absolutoria. El Tribunal de apelación puede valorar la prueba, coincidiendo o no con la apreciación del Juez de primera instancia, pero tratándose de la declaración del acusado o de prueba testifical que exigen inmediación, sólo puede llevar a cabo una nueva y distinta valoración si se cumplen las exigencias aludidas.
Ahora bien, en la mencionada sentencia 167/02 el Tribunal Constitucional se afirma que, aún no existiendo un derecho a la sustanciación de una audiencia pública en segunda instancia, si lo estima adecuado cuando el debate se refiere a cuestiones de hecho y se estudia en su conjunto la culpabilidad del acusado, y ello aunque las partes no hubieran solicitado la celebración de vista.
Sin embargo, y así lo recoge la sentencia de la A.P. de Madrid de 19 de enero de 2006, el art. 790.3º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal limita los supuestos de práctica de diligencias de prueba en el recurso de apelación, a las que no pudieron proponerse en la primera instancia, a las propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que fuese formulada en su momento la oportuna reserva, y a las admitidas que no fueron...
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