STSJ Canarias 327/2008, 13 de Noviembre de 2008
| Ponente | ANGEL ACEVEDO CAMPOS |
| ECLI | ES:TSJICAN:2008:4413 |
| Número de Recurso | 176/2006 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 327/2008 |
| Fecha de Resolución | 13 de Noviembre de 2008 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA 327
ILMO. SR. PRESIDENTE
D./Dña. Angel Acevedo y Campos
ILMO./A. SRES./AS. MAGISTRADOS/AS
D./Dña. Rafael Alonso Dorronsoro
D./Dña. Maria Pilar Alonso Sotorrio
En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 2008 .
Visto por esta TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. con sede en Santa Cruz de Tenerife, integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el recurso Contencioso-Administrativo número 0000176/2006, interpuesto por Luis Angel, representado la Procuradora de los Tribunales D./Dña. Mª De La Paloma Aguirre López y dirigido por el Letrado D. Juan Pedro Ojeda Hayek y como Administración demandada, la General del Estado, dirigida por el Abogado del Estado, versando sobre Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, cuantía 66.416`66 euros, Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON.Angel Acevedo y Campos, se ha dictado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia con base en los siguientes
Frente a liquidación girada por la Administración Tributaria en concepto de IRPF, ejercicio 1998, y que fue discrepante con la autoliquidación presentada por el actor, formuló éste reclamación económico-administrativa ante el TEAR, que fue desestimada por resolución de 31 de Enero de 2006.
Por la representación de la parte demandante, antes mencionada, se interpuso recurso contencioso-administrativo, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia,por la cual se estimen las pretensiones de esta parte, declarando nula de pleno derecho la liquidación practicada por la Administración.
La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella e interesando una sentencia,por la que se desestime el recurso, por ajustarse a Derecho la resolución recurrida.
Practicada la prueba propuesta, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.
Señalado el día y hora para la votación y fallo, tuvo lugar la reunión de Tribunal en la fecha fijada
Aparecen observadas las formalidades de tramitación.
Vistos los preceptos legales citados por las partes y los que son de general aplicación.
Disconforme la Administración con la declaración presentada por el recurrente en Junio de 1999 respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio de 1998, acto declaratorio sujeto a un periodo voluntario para su verificación que concluyó el 20 de junio de 1999, inició la Inspección Tributaria,en 28 de Mayo de 2003, actuaciones de comprobación e investigación, con notificación al interesado el 4 de Junio siguiente, y luego de practicarse diversas diligencias, con intervención del sujeto pasivo, en 26 de junio, 18 de Diciembre de 2003 y en 19 de Enero de 2004, culminaron las mismas con el Acta de disconformidad de 4 de Febrero de 2004, que confirmada mediante resolución de la Inspectora Jefe de 3 de Junio de 2004 notificada al contribuyente al siguiente día, es puesta en tela de Juicio tal resolución en el escrito de demanda, denunciándose la inobservancia de lo normado en el art. 60.4 del Reglamento General de la Inspección de Tributos, al no haberse dictado la resolución que puso fin al expediente dentro del mes siguiente al término del plazo de quince días que se concedió al sujeto pasivo para formular alegaciones frente al Acta de disconformidad, omisión que, sin embargo, no se traduce en la caducidad del procedimiento, pues si se tiene en cuenta que preceptuado en el art. 105.2 de la Ley General Tributaria que "la inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa", ha sido respetada esta regla por la disposición adicional quinta 1, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando establece que "en todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria", ha venido ello a determinar que el incumplimiento del plazo de un mes de que dispone el Inspector-Jefe, según el art. 60.4 del Reglamento General de Inspección de Tributos, para dictar el acuerdo de liquidación, computado aquél desde la terminación del plazo de alegaciones que, en su caso, formule el interesado frente al Acta de disconformidad, no lleve aparejado la caducidad, siendo así que al no prever el art. 60.4 del RGT los efectos de la falta de resolución por el Inspector-Jefe en el plazo que dicho precepto fija, haya que deducir que la mediación de un tiempo superior al mes entre el final del plazo para las alegaciones del
contribuyente al Acta de disconformidad y la notificación de la liquidación no entrañó más que la irregularidad no invalidante del art. 63.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al no ser verdaderamente esencial, dada su naturaleza, el plazo o término señalado en el art. 60.4 del R.G.I .T, y sí, en cambio, el que la Administración determinara la deuda tributaria dentro del término fijado en los arts. 64 a) y 65 de la Ley General Tributaria
La parte actora, en escrito de 1 de Septiembre de 2008,ha introducido como novedad la cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Marzo de 2008 a los fines de que sea apreciada de oficio por esta Sala la prescripción con motivo de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo por la Administración Tributaria, pretensión que se funda en que en el periodo que medió entre el 26 de junio de 2003 y el 19 de Enero de 2004 se registró inactividad de la Administración por tiempo superior a seis meses,al considerar el demandante que las diligencias practicadas en 18 de Diciembre de 2003 y 19 de Enero de 2004 fueron superfluas e inútiles para interrumpir el plazo de prescripción, y a cuyo efecto invoca, entre otras sentencias del Tribunal Supremo, las de 6 de Noviembre de 1993, 8 de Febrero de 2002 y 13 de Febrero de 2007, cuestión ésta que al exigir el análisis de tales diligencias, permite poner de relieve que si en la de 18 de Diciembre de 2003 se solicitó del sujeto pasivo compareciente ( el actor) que justificara la exención de las cantidades recibidas por importe de 80.456.589 ptas, al no constar que se hubieran vendido las acciones, que se hubiese liquidado la sociedad Playa de las Teresitas S. A. o que el contribuyente fuera titular de otros terrenos integrados en la Junta de Compensación, ha de reputarse dicha diligencia como encaminada a la comprobación y liquidación del tributo devengado por el hecho impunible y, por consiguiente, con efectos interruptores de la prescripción, sucediendo lo mismo con relación a la diligencia de 19 de Enero de 2004, concerniente a la comunicación al recurrente de la propuesta de liquidación, con trámite de audiencia al...
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