STSJ Andalucía 684/2009, 30 de Marzo de 2009
| Ponente | PABLO VARGAS CABRERA |
| ECLI | ES:TSJAND:2009:11476 |
| Número de Recurso | 3067/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 684/2009 |
| Fecha de Resolución | 30 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº 684/2009
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA
-SECCIÓN PRIMERARECURSO Nº 3067/2001
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES.
PRESIDENTE:
D. JOAQUÍN GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS
MAGISTRADOS:
D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ
Dª MARÍA TERESA GÓMEZ PASTOR
D. PABLO VARGAS CABRERA
_________________________________________
En la ciudad de Málaga, a 30 de marzo de dos mil nueve.
Visto por la Sección Primera (Funcional) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado en nombre de S.M. el REY, la siguiente Sentencia en el recurso número 3067/2001, en el que son parte, de una como recurrente, M.S. AGUAMARINA S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Mª Luisa Gallur Pardini, y defendida por el Letrado D. José Luís Hidalgo Fernández Zuñiga; y por la parte demandada, TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCÍA representado y defendido por el Sr. Abogado del Estado, en relación al Impuesto de Sociedades.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. PABLO VARGAS CABRERA, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la referida representación procesal, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía- Sala de Málaga- de fecha 26 de septiembre de 2001 desestimatoria de la reclamación número 29/1568/00 y 29/1631/00 (acumulados), interpuesta en relación en relación con liquidación del Impuesto de Sociedades, ejercicio 1993, y sanción tributaria, respectivamente, registrándose el recurso con el número 3067/2001, y de cuantía 139.920,84 euros.
Teniendo por interpuesto el recurso, se acordó su tramitación conforme a las normas establecidas para el procedimiento en primera o única instancia en el Capítulo I del Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, recibido el expediente administrativo se dio traslado a la parte actora para deducir demanda, lo que efectuó en tiempo y forma mediante escrito, que en lo sustancial se da aquí por reproducido.
Dado traslado al demandado para contestar la demanda, lo efectuó mediante escrito, que en lo sustancial se da por reproducido en el que suplicaba se dictase sentencia por la que desestime por ser ajustado a derecho el acto administrativo impugnado.
Recibido el juicio a prueba fueron propuestas y practicadas las que constan en sus respectivas piezas, y no siendo necesaria la celebración del vista pública, pasaron los autos a conclusiones, que evacuaron las partes en tiempo y forma mediante escritos que obran unidos a autos, señalándose seguidamente día para votación y fallo.
En la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias legales.
Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Andalucía-Sala de Málaga contra el acuerdo del Inspector-Jefe de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Málaga de fecha 11 de abril de 2000, a través del cual se regularizaba la situación tributaria de la actora en relación con los ingresos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades que debió realizar durante el periodo 1993 en función de los rendimientos devengados a precios de mercado por los capitales pertenecientes a otras entidades mercantiles vinculadas a ella y que éstas le tenían cedidos, confirmando la propuesta contenida en el acta de la Inspección de Tributos, de disconformidad, de 28 de enero de ese mismo año 2000, y la relativa al acuerdo del mismo Inspector-Jefe, de fecha 17 de abril de 2000, por la que se imponía a la recurrente dos multas por la comisión de una infracción grave consistente en haber dejado de ingresar en plazo las cantidades a cuenta calculadas por la Inspección.
La pretensión que se hace valer este proceso es la revocación de la anterior resolución, y de la que le sirve de causa. Los motivos que fundamentan esta pretensión anulatoria son, en primer lugar, la caducidad del procedimiento y, en su caso, la perención del mismo. Caducidad o perención que llevarían a la prescripción del derecho de la Hacienda a liquidar.
Articula la Administración Estatal demandada, la corrección de la actuación fiscal.
Como dice la sentencia de esta Sala de 18 de febrero de 2008 (rec. 3068/2001 ) en supuesto semejante a este y que por ello debemos reiterar en sus razonamientos, de entre los motivos en los que la parte actora basa su impugnación debe considerarse en primer lugar el relativo a la caducidad por perención del derecho a liquidar en el año 2000 los ingresos a cuenta correspondientes al ejercicio de 1993 según lo dispuesto en los arts. 9 y 64 de la Ley General Tributaria del año 1963, 42 y 43 de la Ley 30/02, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en el RD. 803/93 y de conformidad con las previsiones de la Ley 1/98, de Garantías y Derechos de los Contribuyentes, teniendo como fechas de referencia la correspondiente, como inicial, la de verificación de la declaración del impuesto en cuestión, según los términos del art. 101 de la Ley General Tributaria, y el año 2000, en el que habría perecido el derecho a liquidar por el periodo 1993. Es decir, que o había caducado el procedimiento tributario por el transcurso del plazo de tres meses previsto en el art. 42.2 de la Ley 30/92 (antes de su reforma por la Ley 1/99 ), o por la consumación del plazo de cuatro años de prescripción prevenido en la Ley 1/98 .
Abordando esta cuestión, se ha de establecer la sucesión fáctica que se expone en la demanda y que no se ha contradicho en su contestación, es decir, que la comprobación de los ejercicios 1992 a 1996 se inició el 12 de febrero de 1998, que el 28 de enero de 2000 se extendió la correspondiente acta de disconformidad, que fue confirmada por el acuerdo impugnado de 11 de abril de 2000, notificada el siguiente día 24, y que el 2 de febrero de 2000 se inició el expediente sancionador que concluyó por medio de la resolución de 17 de abril de ese mismo año, notificada el 27 del mismo mes.
A este respecto cabe señalar, con carácter previo a cualquier otra consideración, que la disposición transitoria única de la Ley 1/998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, preceptúa que los procedimientos tributarios ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión, lo que determina que la referida Ley 1/1998 no resulte de aplicación al supuesto que se examina, toda vez que dicha norma legal entró en vigor cuando el procedimiento de comprobación e investigación ya había dado comienzo, pues la referida Ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 27 de febrero de 1998 .
A propósito de la caducidad alegada, el artículo el artículo 31 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, en la redacción entonces vigente -Real Decreto 939/1986, señalaba que "1 . Iniciadas las actuaciones inspectoras, deberán proseguir hasta su terminación, de acuerdo con su naturaleza y carácter", que "2. Las actuaciones inspectoras se desarrollarán durante los días que sean precisos. Cada día, la Inspección practicará las actuaciones que estime oportunas. Al término de las actuaciones de cada día se suspenderán y la Inspección podrá fijar el lugar, día y hora para su reanudación; ésta podrá tener lugar desde el día hábil siguiente hasta el plazo máximo de seis meses..." añadiendo en el apartado 5º que "La Inspección de los Tributos deberá practicar sus actuaciones procurando siempre perturbar en la menor medida posible el desarrollo normal de las actividades laborales, empresariales o profesionales del obligado tributario...".
Del contenido del referido precepto, en la redacción entonces aplicable, se desprende que no se señalaba ningún plazo máximo de duración de las actuaciones de comprobación e investigación, disponiendo en su apartado segundo ya referido que se "desarrollarán durante los días que sean preciso" y previendo en su apartado 4º las consecuencias o efectos de la interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras por tiempo superior a seis meses, consistente en entender "no producida la interrupción del computo de la prescripción como consecuencia del inicio de tales actuaciones" -art. 31.4 .a)-, debiendo tenerse presente que el límite temporal a las actuaciones inspectoras fue establecido mediante el Real Decreto 1930/98, de 11 de septiembre .
Así, en relación a la caducidad ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2002 lo siguiente: "" ...Disposición Adicional 5ª , ap. 1, de la Ley 30/1992, también, antes y después de la reforma introducida por la Ley 4/1999, aunque debe hacerse constar que esta Ley ha añadido un nuevo párrafo 2º en ese ap. 1, según el cual, "los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria"-. Por otra parte, tanto en el procedimiento administrativo común como en los procedimientos tributarios -arts. 99.2 de la Ley Procedimental de 1958, art. 92 de la Ley 30/1992 y arts. 105 y 106 de la Ley General Tributaria, al incumplimiento de los plazos de resolución o de duración de los expedientes por la Administración no puede anudarse, sin más, el efecto de caducidad de los mismos ni, por tanto, el de que los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción. Es más: el Real Decreto 803/1993, por el que se modificaron determinados procedimientos...
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