STS, 20 de Abril de 2002

Que debemos declarar, y declaramos, haber lugar al recurso de casación formulado por la Administración General del Estado contra la Sentencia de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, Sección Segunda, de fecha 29 de Octubre de 1996, recaída en el recurso contencioso-administrativo al principio reseñado, Sentencia la expresada que se casa y anula. Todo ello con estimación parcial del expresado recurso contencioso-administrativo que la misma resolvió, en el sentido de resultar improcedentes las sanciones impuestas a la entidad mercantil "Alfa Laval, S.A.", por los actos liquidatorios inicialmente impugnados, que asimismo se anulan en dicho extremo, como también, y en la misma medida, las resoluciones económico-administrativas que los confirmaron, con desestimación del resto de las pretensiones y sin hacer especial imposición de costas causadas en la instancia y en este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Contencioso-Administrativo ________________________________________________ VOTO PARTICULAR FECHA:20/04/2002 VOTO PARTICULAR que emite el Magistrado Alfonso Gota Losada por discrepar del parecer de los demás Magistrados, expresado en la sentencia dictada con fecha 20 de Abril de 2002, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo -Sección Segunda- resolutoria del recurso de casación nº 491/1997, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Acepto íntegramente los Antecedentes de Hecho y los Fundamentos de Derecho Primero, Segundo y Tercero de la sentencia referida, discrepando respecto de los demás Fundamentos de Derecho, y, consecuentemente, del Fallo. FUNDAMENTOS DE DERECHO ................... ................... ................... CUARTO.- Es preciso hacer constar, en relación al recurso contencioso- administrativo de instancia, que el problema se centra en la interpretación que haya de darse al art. 36.2 del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto 3359/1967, de 23 de Diciembre, pero antes de reproducir este precepto, es menester, como ocurre tantas veces en la tarea de interpretación de nuestro Derecho Tributario, dado su constante "perpetumm móbile", reproducir las normas relacionadas con esta materia, que a modo de aluvión configuraron el régimen de la Previsión para Inversiones, en el Impuesto sobre Sociedades, por cierto derogadas todas ellas en 1978, salvo en el Régimen Fiscal de Canarias donde continuaron. La Ley de 26 de Diciembre de 1957 por la que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para el bienio económico 1958-1959 y Reformas Tributarias, constituyó una de las piezas clave de la política económica liberalizadora, que produjo el extraordinario desarrollo económico de la década de los sesenta. Esta Ley (art. 69 a 75) dió sustantividad propia a la antigua Tarifa III de la Contribución sobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, creando el Impuesto sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades jurídicas, introduciendo diversas modificaciones, en especial sobre determinación de la base imponible mediante las evaluaciones globales, pero, en lo esencial, continuaron vigentes las normas de aquella Contribución sobre Utilidades, estableciendo (art. 97) como medida de fomento de las inversiones, a efectos de este Impuesto, del Impuesto Industrial Cuota de Beneficios, de la Contribución Territorial Rústica y de la Contribución General sobre la Renta, los denominados "Fondos de previsión para inversiones", que, consistían en la exención de las dotaciones, con cargo a beneficios y rendimientos, que se hicieran a dichos Fondos. El planteamiento económico de estos Fondos era fomentar a la vez el ahorro y la inversión empresarial, mediante una medida de política económico-fiscal rigurosamente ortodoxa, a fin de evitar todo efecto inflacionista, toda vez que las inversiones se financiarían mediante el ahorro, que conllevaba la previa reducción del consumo. Este propósito aparece claramente defendido en la Exposición de Motivos de la Ley de 27 de Diciembre de 1957, que afirmaba: "Con las medidas adoptadas se pretende estimular la autofinanciación de las Empresas, que es el cauce normal por el que deben discurrir sus propios ahorros, aún limitándolo a los de las propias Empresas inversoras. Si las medidas previstas tienen éxito, el Tesoro puede experimentar un quebranto de doscientos a trescientos millones de pesetas en la recaudación, que sólo se halla justificado ante la imperiosa necesidad de estimular la formación de un equipo industrial mayor y mejor dotado". El artículo 97 dispuso: "A partir de la promulgación de esta Ley, dentro de los límites y con sujeción a las normas que en ella se establecen, quedarán exentas de tributar por el Impuesto sobre Sociedades, las cantidades que las Empresas industriales, de transportes, mineras y agrícolas destinen de sus beneficios a previsión para inversiones. (...)". A continuación, el artículo 98 disponía: "La exención se aplicará a las asignaciones que en cada ejercicio se destinen a la indicada previsión, hasta el límite del cincuenta por ciento de la parte del beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto de distribución, y siempre que el beneficio declarado por la empresa, a efectos de su tributación por Impuesto sobre Sociedades, no sea inferior al 6 por 100 de su capital desembolsado, mas la reservas efectivas. A este respecto sólo se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas expresas de la empresa, excluidas las de carácter legal, mediante el oportuno acuerdo formal de asignación, adoptado al realizarse la aprobación por los socios del balance y cuenta de resultados. (...)". El artículo 99 dispuso: "El importe de las cantidades destinadas a la previsión para inversiones deberá quedar materializado, dentro del ejercicio en que sea aprobado el balance correspondiente, en cuenta corriente de efectivo en el Banco de España, títulos de la Deuda del Estado y valores mobiliarios autorizados a tal fin por la Junta de Inversiones (...)". El artículo 100 preceptuó, por último: "De la materialización de la previsión para inversiones se podrá disponer por las empresas para la adquisición efectiva (...) de elementos materiales de activo fijo que tengan relación directa con el negocio o actividad industrial de la empresa (...)". En uso de las autorizaciones concedidas al Ministro de Hacienda, éste aprobó la Orden de 12 de Marzo de 1958, verdadero reglamento de desarrollo de la Ley de 26 de Diciembre de 1957, en la parte relativa al Fondo de Previsión para Inversiones. En lo que interesa al caso, es importante reproducir el dispositivo 3º, párrafo segundo, de dicha Orden, que preceptuó: "A este fin, sólo se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas de la Entidad, excluidas las de carácter legal, que tengan efectiva naturaleza de tales, y siempre que medie el oportuno acuerdo formal de asignación, adoptado al realizarse la aprobación por los socios del balance y cuenta de resultados correspondientes. Sin embargo, a los fines del cómputo de los beneficios no distribuidos, las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que eventualmente se hubiere detraido del conjunto de las reservas de la Empresa, con destino a su reparto a los socios o partícipes, ya en el ejercicio a que la desgravación se refiera, ya en el que se acordara la asignación correspondiente. (...)" (Lo subrayado por la Sala no figuraba en el texto legal). La Ley 41/1964, de 11 de Junio, de Reforma del Sistema Tributario, introdujo diversas modificaciones en la previsión para inversiones, entre las que cabe destacar: 1. La extendió a todas las empresas cualquiera que fuera su actividad. 2. Eximió, sin límite alguno, las plusvalías por enajenación de activos, o como consecuencia de indemnizaciones de seguros percibidos por siniestros de esos mismos elementos de activo, siempre que se destinaren a dotar la previsión para inversiones. 3. Creó además la Reserva para inversiones de exportación. Pero, en lo esencial, la Previsión para Inversiones continuó rigiéndose por las normas contenidas en la Ley de 26 de Diciembre de 1957, en lo que no resultó modificada por la Ley 41/1964, de 11 de Junio. El precepto fundamental quedó redactado del siguiente modo: Artículo 89. 1. La reducción a que se refiere el artículo 87 se aplicará a las dotaciones que en cada ejercicio se hagan a la indicada previsión, hasta el límite del 50 por 100 de la parte del beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto de distribución, y siempre que el beneficio declarado por la entidad a efectos de su tributación por el Impuesto sobre Sociedades no sea inferior al 6 por 100 de su capital desembolsado mas las reservas efectivas, reduciéndose esta suma a su estado medio en el caso de haber variado alguno de sus sumandos durante el ejercicio y al período de imposición si éste fuera inferior a doce meses. 2. A efectos de lo dispuesto en el número anterior, sólo se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas expresas de la entidad, excluidas las de carácter legal, sea durante el ejercicio, e incluso aunque se le haya aplicado lo dispuesto en el artículo anterior, sea con cargo a la cuenta de resultados correspondiente, y siempre que exista, al respecto, el oportuno acuerdo formal de asignación adoptado por los socios al llevar a cabo la aprobación del balance y cuenta de resultados del ejercicio de que se trate". (lo subrayado por la Sala son las innovaciones introducidas respecto del artículo 98 de la Ley 26 de Diciembre de 1957). Conviene explicar el sentido y alcance de estas modificaciones que, en realidad, son dos, la primera que aparece en el apartado 1, es indiferente respecto de la cuestión planteada en este recurso de casación, pues tendía a llenar una laguna legal, en relación al cálculo del límite del 6 por 100, pues en la antigua Tarifa III de la Contribución sobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria los tipos de gravamen eran progresivos en función del tanto por ciento del beneficio fiscal o base imponible respecto del capital, y por ello existían normas que regulaban la determinación del capital fiscal, cuando este se modificaba a lo largo del ejercicio, mediante una media ponderada en función de los tiempos, normas que son las incorporadas por este apartado 1. La modificación no hizo sino llenar dicha laguna. El inciso que en el apartado 2, dice: "... e incluso aunque se le haya aplicado lo dispuesto en el artículo anterior", se refiere a la determinación del capital fiscal. En cambio, la modificación introducida en el apartado 2, por cierto de manera tosca y confusa, tiene una gran relevancia, pues vislumbra las alteraciones del beneficio no distribuido del ejercicio, como consecuencia de operaciones realizadas con las reservas voluntarias constituidas con anterioridad, bien en el ejercicio de que se trata, bien en el ejercicio siguiente de aprobación de las cuentas, con el propósito de conseguir artificiosamente una mayor posibilidad de dotar el Fondo de Previsión para Inversiones. Posteriormente analizaremos con mas detalle esta cuestión, que es crucial para comprender el artículo 36, apartado 2, del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades de 23 de Diciembre de 1967. No lo olvidemos. El redactor del Texto Refundido de la Ley de Regularización de Balances, aprobado por Decreto 1985/1964, de 2, de Julio conocedor del significado de la incorporación de las reservas a capital, como demostró en el acto de presentación ante la Asociación para el Progreso de la Dirección (Fundamento de Derecho Octavo de esta Sentencia), de la normativa reguladora de la Previsión para Inversiones, vigente en 1964, e intérprete acertado de la misma, incluyó en dicho Texto refundido el apartado 6, del artículo 12, que disponía: "A los efectos del cómputo de las dotaciones anuales a la previsión para inversiones a que se refieren los artículo 87 y siguientes de la Ley 41/1964, de Reforma del sistema tributario, no se considerará que han sido disminuidas las reservas de la sociedad por el hecho de que el saldo de la Cuenta se incorpore al capital". La Orden Ministerial de 17 de Diciembre de 1964, por la que se reglamentó el régimen de los Fondos de Previsión para Inversiones, con arreglo a los preceptos vigentes de la Ley de 26 de Diciembre de 1957 y las normas contenidas en la Ley 41/1964, de 11 de Junio, de Reforma del Sistema Tributario, reprodujo en su dispositivo tercero, el párrafo de la Orden Ministerial de 12 de Marzo de 1958, que hemos subrayado, es decir el que se refería a la detracción del conjunto de las reservas de la Empresa, con destino a su reparto a los socios o partícipes. Y, así, llegamos al artículo 36 del Texto refundido del Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas, aprobado por Decreto 3.359/1967, de 23 de Diciembre, aplicable al caso de autos, y que dispone: "2. Las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que eventualmente se hubiese detraído del conjunto de las reservas de la entidad ya en el ejercicio a que la reducción de la base imponible se refiera, ya en el que se adoptara el acuerdo de realizar las asignaciones. No se considerará que han sido disminuidas las reservas de las entidades acogidas a la Ley de Regularización de Balances por el hecho de que el saldo de la Cuenta de Regularización se incorpore al capital". Se observa que ha desaparecido el párrafo incluido en las O.O.M.M. de 12 de Marzo de 1958 y de 17 de Diciembre de 1964, que refería la detracción sólo a la distribución material de las reservas voluntarias entre los socios o partícipes. Esta eliminación, como explicamos después, fue acertada, sencillamente, porque el cómputo de la dotación a la Previsión para Inversiones, reducible, podía verse afectado por hechos y operaciones financieras muy diversas, y no sólo por su reparto entre los socios o partícipes. De acuerdo con las normas de este artículo 36, y sin tener en cuenta por ahora, la operación de aumento de capital, que luego analizaremos, el cálculo de la reducción por dotación a la Previsión para Inversiones, según el acuerdo de reparto de beneficios del ejercicio 1977, adoptado por ALFA LAVAL, S.A. el 26 de Junio de 1978 era, clasificadas fiscalmente, a estos efectos, las partidas de aplicación, en beneficios distribuidos y no distribuidos, como sigue: "Beneficios distribuidos": a Dividendos.......... 12.100.000 ptas. a Reserva de Inversiones de Exportación.......... 14.534.629 " a Previsión para pago Impuesto s/Sociedades... 63.320.361 " Subtotal.......... 89.995.053 ptas. "Beneficios no distribuidos": a Reservas voluntarias.......... 49.951.633 ptas. a Previsión para Inversiones.......... 64.485.692 " Subtotal........... 114.437.325 ptas. Conviene aclarar que el artículo 36, apartado 3, del Texto refundido del Impuesto sobre Sociedades de 23 de Diciembre de 1967, disponía a los sólos efectos del cálculo de la dotación reducible de la Previsión para inversiones, y para lograr la concurrencia simultánea de las dotaciones a la Reserva para Inversiones de Exportación, a las Reservas voluntarias y a la Previsión para Inversiones, que: "3. Las dotaciones a la Reserva para Inversiones de Exportación tendrán el mismo tratamiento que los beneficios distribuidos, a efectos de la Previsión para Inversiones". Esta es la razón por la cual hemos incluido la Reserva para Inversiones de Exportación en la rúbrica de "Beneficios distribuidos", a pesar de ser una reserva fiscal expresa. Obviamente, la reducción por dotación a la Previsión para Inversiones, admisible fiscalmente, sería, en principio, el: 50% sobre 114.437.325 = 57.218.662 ptas; esta menor cifra originaría un posterior reajuste de la distribución de beneficios, mediante la aplicación de la correspondiente fórmula polinómica, al aumentar el Impuesto sobre Sociedades a pagar y, por tanto, su correspondiente Previsión, lo cual influiría a su vez sobre las asignaciones a reservas. No obstante ésta es una cuestión que no interesa al caso. QUINTO.- Esta Sala mantiene doctrina reiterada, consistente en considerar que en la interpretación de los beneficios fiscales (exenciones, bonificaciones, reducciones, etc) el criterio fundamental de interpretación de sus preceptos, dentro de los varios propuestos por el artículo 3º, apartado 1, del Código Civil, es el "espíritu y finalidad de aquellos", es decir de su "ratio legis" o fundamento, que en el caso de autos implica comprobar esencialmente, si el sujeto pasivo ha ahorrado parte del beneficio, obtenido en 1977, lo ha destinado formalmente a la Previsión para Inversiones, ha mantenido estos recursos en las cuentas, títulos y valores señalados por el Ministro de Hacienda, y por último ha invertido la Previsión para Inversiones en elementos de activo fijo, de los señalados por la Ley, pues, precisamente, la realización de esta inversión, financiada del modo referido, es la que justifica el privilegio fiscal de la exención (reducción de la base imponible). Es innegable que la Previsión para Inversiones es una reserva especial de naturaleza fiscal, (art. 39.1 del T.R 1967), que se caracteriza por la indisponibilidad de la misma, o lo que es lo mismo por su aplicación obligatoria a la realización de determinadas inversiones, y a la vez por su materialización provisional (art. 39.2 y 3 T.R.) en activos líquidos, específicamente contabilizados, y por la utilización o enajenación, en su caso, de estos, en su momento, para su materialización definitiva (art. 90) en las inversiones planeadas, contabilizadas en el balance en cuenta separada (ar. 44.T.R.), materialización que debía mantenerse "sine die", a cuyo efecto, se perdía la exención, si tales inversiones reales se enajenaran, salvo que el importe obtenido se reinvirtiera en activos similares (art. 46), e, incluso, las amortizaciones de los elementos de activo, que constituían las inversiones acogidas al régimen de la Previsión para Inversiones, debían ser materializadas en la forma dispuesta, para su posterior aplicación a la reposición de los mismos (art. 45 del T.R.). En cambio, y esto es fundamental, las reservas voluntarias, eran, en principio, disponibles, para los fines que la empresa tuviera a bien, o lo que es lo mismo no existía obligación de mantenerlas, como ocurría en la Previsión para Inversiones, lo cual nos lleva a plantear la pregunta: ¿Porqué y para qué se estableció el apartado 2, del artículo 36 del Texto refundido de 1967?, que dispone: "las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que eventualmente se hubiere detraído del conjunto de las reservas de la entidad, ya en el ejercicio a que la reducción de la base imponible se refiera, ya en el que se adoptara el acuerdo de realizar las asignaciones". Para contestar esta pregunta es necesario traer a colación: A) El llamado, y calificado como "sacrosanto", principio de división de ejercicios, que se proclamó en la Disposición Decimotercera de la Tarifa III de la Contribución sobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, Texto refundido de 22 de Septiembre de 1922, que preceptuó: "La Contribución por esta Tarifa se liquidará por el mismo período de tiempo del ejercicio económico de la Empresa, y atendiendo solamente a los resultados económicos obtenidos en dicho ejercicio". Este principio fue respetado por la Ley de 26 de Diciembre de 1957 y por la Ley 41/1964, de 11 de Junio, si bien ésta lo modificó en parte al permitir por primera vez en nuestro Derecho Tributario, la compensación fiscal de pérdidas, y así fue reconocido en el artículo 12, apartado 1, del Texto refundido del Impuesto sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades jurídicas, de 23 de Diciembre de 1967, que dispuso: "1. El período de la imposición coincidirá con el ejercicio económico de la entidad, y para la determinación de la base imponible se atenderá solamente a los resultados obtenidos en el mismo, salvo la compensación de pérdidas establecida en el artículo 19". Y B) La autofinanciación paralela a la Previsión para Inversiones, mediante las simultáneas dotaciones a las Reservas voluntarias, al menos de igual cuantía. SEXTO.- El principio, de división de ejercicios (A), trasladado a la reducción por dotación a la Previsión para Inversiones, significa lisa y llanamente, que esta reducción debe cuantificarse teniendo presente exclusivamente los resultados o beneficios del ejercicio de que se trate, y las aplicaciones concretas de los mismos, sin que, y aquí reside la clave de la contestación, puedan admitirse, a estos efectos, acciones u omisiones que tiendan a alterar la cuantía de los beneficios no distribuidos, mediante el aumento del beneficio repartible del ejercicio y/o la disminución artificiosa de los beneficios distribuidos. Sin ánimo exhaustivo, exponemos a continuación las posibles y mas frecuentes alteraciones: a) Incumplimiento de normas legales o estatutarias imperativas, relativas a la distribución de beneficios: * Acuerdo de no distribución de los dividendos, exigidos estatutariamente. * Incumplimiento de la dotación obligatoria a la reserva legal. b) Operaciones financieras legales: * Incorporación al beneficio del ejercicio del remanente de ejercicios anteriores. * Traspaso de las reservas voluntarias a la reserva legal para cumplir la dotación obligatoria de esta última. *Pago de dividendos o participaciones en beneficios con cargo a reservas voluntarias, constituidas con anterioridad, bien, "a cuenta", en el ejercicio de que se trate, o en el ejercicio siguiente. * Pago del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio con cargo a reservas. Respecto de las que hemos denominado operaciones con incumplimiento de normas, no ha sido preciso, por razones obvias, salir al paso de ellas, en relación al cálculo de la dotación a la Previsión para Inversiones, reducible, porque va de suyo, que la Hacienda Pública no tiene que pasar por dichas ilegalidades, de manera que tendrá en cuenta, a estos efectos, las asignaciones a dividendos, a la reserva legal, a participaciones en beneficios del Consejo o a favor del personal, etc., que fuesen procedentes de acuerdo con nuestro Ordenamiento jurídico o estatutario. En cambio, respecto de las operaciones legales, consistentes en utilizar las reservas voluntarias, constituidas, el remanente de ejercicios anteriores, etc. etc. para los fines indicados, la Ley de 26 de Diciembre de 1957 no las contempló expresamente, pero lo cierto es que resaltó que la dotación a la Previsión para Inversiones debería ser con cargo al beneficio obtenido en el mismo período, y tácitamente se deducía que dicho beneficio, tanto la parte distribuida como la no distribuida, no podía ser alterada por operaciones basadas en resultados de ejercicios anteriores, mediante la aplicación o si se quiere distribución, de las reservas voluntarias constituidas con anterioridad. Las posibles alteraciones artificiosas del beneficio no distribuido del ejercicio fueron tenidas en cuenta en la Orden Ministerial de 12 de Marzo de 1958, en cuyo dispositivo 3º, párrafo segundo, se preceptuó que para el cómputo de los beneficios no distribuidos, es decir de la base de aplicación del límite del 50 por 1000, de exención, éstos se considerarían disminuidos en el importe detraido del conjunto de las reservas de la Empresa, con destino a su reparto a los socios o partícipes, precisión esta última, que no hizo sino reconocer el supuesto mas frecuente. La Ley 41/1964, de 11 de Junio, de Reforma Tributaria, no reprodujo expresamente este precepto de la Orden Ministerial de 12 de Marzo de 1958, pero lo ratificó al disponer que la Previsión para Inversiones se regularía en la no modificado por ella, por la Ley de 27 de Diciembre de 1957. La Orden Ministerial de 17 de Diciembre de 1964 reprodujo, como no podía ser menos, el dispositivo 3º, párrafo segundo de la Orden Ministerial de 12 de Marzo de 1958. El Texto refundido del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto 3.359/1967, de 23 de Diciembre, sí incluyó este precepto en el apartado 2, de su artículo 36, porque, evidentemente, debía tener rango legal, por afectar sustancialmente a la determinación de la base de cálculo de la exención o mejor reducción de la base imponible, pero suprimió el inciso "con destino a su reparto a los socios o participes", omisión intencionada, no casual, cuando lo que procedía técnicamente era haber respetado ese inciso, por cuanto contemplaba el supuesto mas frecuente de aplicación de las reservas voluntarias, debiendo haber añadido: "y otras aplicaciones similares", como, por ejemplo, el pago del Impuesto sobre Sociedades, o la dotación a la reserva legal con cargo a las reservas voluntarias constituidas, etc. etc. Esta omisión intencionada, no ha hecho sino confundir a las empresas y a todos los que han pretendido interpretarla, como apreciaremos después. Razonado esto, hora es de encararnos, desde la perspectiva del principio de división de ejercicios, con la operación que hizo la empresa en 1978, antes del acuerdo formal de reparto del beneficio, consistente en aumentar el capital en cuantía de 160.000.000 de ptas, capitalizando reservas voluntarias por importe de 81.120.000 ptas., mas la Cuenta de Regularización de Balance Ley 14-Noviembre- 1973 por importe de 78.800.000 ptas. (hay un pequeño error numérico en los hechos expuestos en la sentencia de 80.000 ptas). Además, con cargo a la Reserva voluntaria pagó la retención por el concepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital, por cuantía de 9.013.333 ptas., por la entrega de acciones liberadas con cargo a dicha Reserva Voluntaria, que como es sabido, en aquél entonces, tenía la consideración de dividendo. Pues bien, la operación financiera consistente en capitalizar las reservas voluntarias, y los saldos de las cuentas de actualización o de regularización de balances, es, y lo reiteramos ahora apodícticamente, neutral respecto del problema que estamos analizando de posible alteraciones del beneficio distribuido y del beneficio no distribuido del ejercicio 1977, porque, sencillamente, no tiene relación alguna con el beneficio del ejercicio, una parte del cual se destina a la Previsión para Inversiones, y buena prueba de ello es que el Texto refundido de la Ley de Regularización de Balances, aprobado por Decreto 1985/1964, de 2 de Julio, que refundió, valga la redundancia, los preceptos de la Ley 76/1961, de 23 de Diciembre, de Regularización de Balances, y los introducidos sobre esta materia por la Ley 41/1964, de 11 de Junio, de Reforma Tributaria, tuvo presente también las normas sobre la Previsión para Inversiones, e, interpretándolas correctamente, dispuso en su artículo 12, apartado cinco, que: "El saldo de la Cuenta, hasta tanto no se incorpore al capital de la sociedad, tendrá, a efectos exclusivamente fiscales, la consideración de fondo de reserva", por supuesto voluntaria, porque voluntarias fueron siempre las regularizaciones de balances, añadiendo en su apartado 6, fundamental para esclarecer la cuestión que estamos analizando, que: "A los efectos del cómputo de las dotaciones anuales a la previsión para inversiones a que se refieren los artículos 87 y siguientes de la Ley 41/1964, de Reforma del Sistema Tributario, no se considerará que han sido disminuidas las reservas de la sociedad por el hecho de que el saldo de la Cuenta se incorpore al capital", por la sencilla razón, de que esta operación jurídico- mercantil no modifica en absoluto la cuantificación del beneficio del ejercicio y su distribución, respecto de la Empresa. SÉPTIMO.- La autofinanciación paralela (B) a la Previsión para Inversiones, mediante simultánea dotación a las reservas voluntarias, por igual cuantía, al menos, que las dotaciones a dicha Previsión, significa que la autofinanciación exenta o mejor reducible de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, por medio de la Previsión para Inversiones, debía estar acompañada de otra autofinanciación, no exenta, por medio de las Reservas voluntarias, cuya dotación en el ejercicio económico de que se trataba debía ser al menos igual a la dotación hecha a la Previsión para Inversiones, reducible. Pero había diferencias entre una y otra. La Previsión para Inversiones debía materializarse forzosamente en las inversiones exigidas por la Ley fiscal (art. 40 del T.R. de 23-12-1967), las Reservas voluntarias, no; la Previsión para Inversiones debía mantenerse en el Pasivo del Balance, permanentemente (art. 39.1 de dicho T.R.), las Reservas voluntarias, sólo, en parte, durante el proceso financiero de autofinanciación, con importantes peculiaridades que expondremos después. Pues bien, la conjunción del principio de división de ejercicios y de la autofinanciación paralela, implicaba que la distribución de las reservas voluntarias, producía efectos, pero sólo respecto de cada ejercicio, en concreto, separada e independientemente, de manera que una empresa que hubiera dotado la Previsión para inversiones, durante los ejercicios, T1 y T2, dotando en igual cuantía las Reservas voluntarias, y en el ejercicio T3, dotase dicha Previsión en 60 u.m. y la Reserva voluntaria por igual cuantía, si en dicho ejercicio T3, o en el posterior T4 en que se adoptó el acuerdo de aprobación de las cuentas y de distribución del beneficio de T3, como dice el art. 36, apartado 2, del Texto refundido, citado, detrajera 80 u.m. de las reservas voluntarias constituidas en T1 y T2, perdería el derecho a la reducción por Previsión para Inversiones del ejercicio T3, por cuantía de 60 u.m., pero el exceso de 20 u.m., no mermaría las reducciones de la Previsión para Inversiones de los ejercicios T1 y T2, dado el principio de división de ejercicios y los términos, por cierto muy defectuosos del artículo 36, apartado 2, del Texto refundido citado, porque lo lógico y correcto hubiera sido mantener a lo largo de todo el proceso de autofinanciación, al menos, la igualdad de las dotaciones a las Reservas voluntarias y a la Previsión para Inversiones, lográndose así doble autofinanciación, una, cautiva en parte, la de las Reservas voluntarias, y otra, la de la Previsión para Inversiones, totalmente regulada fiscalmente, de manera que al terminar el proceso de autofinanciación, y de realización efectiva de la inversión real de la Previsión para inversiones en los activos señalados por el Texto refundido, se habría producido una doble autofinanciación, si bien las Reservas voluntarias podrían recuperar su total libertad de disposición, ya que no existe norma alguna que obligue a mantenerlas en el Pasivo del Balance, "sine die". La realidad del régimen jurídico fiscal de la Previsión para Inversiones era muy diferente, pues sólo exigía respecto de cada ejercicio, en concreto, y esto es muy importante, que existiera una autofinanciación paralela, neta, igual al menos a la dotación en ese ejercicio a la Previsión para Inversiones, pero no prohibía distribuir la totalidad del saldo de las Reservas voluntarias constituidas en ejercicios anteriores, conducta que sólo implicaba la pérdida del derecho a la reducción de la dotación a la Previsión para Inversiones de dicho ejercicio, pero no la de las dotaciones anteriores, de manera que era legalmente posible que a lo largo del proceso de autofinanciación, al final del mismo, la cifra acumulada de la Previsión para Inversiones, objeto de reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, fuera notoriamente superior a las reservas voluntarias, rompiéndose, por tanto, la ecuación financiera: Reservas voluntarias = Previsión para Inversiones. Es obligado reconocer que el tratamiento fiscal de las Reservas voluntarias, relacionadas con la Previsión para Inversiones, fue muy deficiente. Pues bien, la capitalización de las reservas voluntarias durante el proceso de autofinanciación mediante la Previsión para Inversiones comporta, y esto no lo podía ignorar la Inspección de Hacienda, la consolidación total y permanente de la autofinanciación paralela, lográndose así al menos la ecuación financiera expuesta. Dicho de otro modo si se supera el rabulismo interpretativo seguido por los Inspectores actuarios, hay que concluir que el modo mas perfecto y conveniente para el interés público, que es la razón última de la Previsión para Inversiones, es el de capitalizar las reservas voluntarias. OCTAVO.- La doctrina científica, en este caso, una de las personas que mas ha colaborado en la elaboración de los textos legales y reglamentarios, sobre la regularización de balances, en el acto de presentación de la nueva normativa sobre la Previsión para Inversiones, en 1964, en la Asociación para el Progreso de la Dirección, por los funcionarios mas conspicuos de la Dirección General de Tributos, justificó el apartado sexto, del artículo 12, del Texto refundido mencionado, diciendo: "Según la norma reglamentaria (se refiere al dispositivo 3º, párrafo 4º de la O.M. de 17 de Diciembre de 1964) acabada de citar, la detracción de reservas para su reparto a los socios de la entidad disminuirá los beneficios no distribuidos, criterio lógico que recoge fielmente el espíritu que informa la legalidad vigente, (...) fines que esencialmente se concretan a estimular los procesos de autofinanciación de las empresas para realizar inversiones adicionales; ya que en otro caso, es decir cuando se dotase al referido Fondo (de Previsión para Inversiones), por un lado y, por otro, se distribuyesen las reservas, las dos operaciones por ser de signo diferente se neutralizarían, resultando imposible el cumplimiento de los indicados fines. Ahora bien, para aclarar debidamente las ideas sobre lo expuesto considero del mayor interés establecer la debida diferenciación entre estas dos operaciones financieras: distribución de reservas a los socios o accionistas de la entidad (mediante la entrega de numerario generalmente) y la mera incorporación de dicha reserva al capital social. (...). en efecto, la distribución real y efectiva de reservas entre los socios o accionistas, entraña la disminución del neto patrimonial de la entidad (...). Por el contrario, la mera incorporación de reservas al capital social no produce en absoluto merma alguna en el neto patrimonial de la entidad, neto que continua siendo cuantitativamente igual. Puede afirmarse que la incorporación de reservas al capital social es intranscendente en sus aspectos económicos y financieros (...). Pues bien, en una interpretación "a minoris", si se admite que la incorporación a capital de la Cuenta de regularización es intranscendente a efectos del cómputo de la dotación exenta a la Previsión para Inversiones, incorporación que según los artículos 10, 11 y 12 del Texto refundido de 1964, puede referirse tanto a la actualización de los activos, como a la regularización de activos ocultos y a la eliminación de pasivos ficticios, y dado que en la primera hipótesis, es decir la de la actualización, no comporta aumento alguno del patrimonio de la empresa en términos reales, sino sólo nominales, es incuestionable que, con mas razón, habrá de admitirse igual efecto fiscal si se incorporan las reservas voluntarias, que sí implicaron en el momento de su constitución un aumento del patrimonio neto de la empresa, en términos reales. NOVENO.- En la tesis mantenida por la Inspección de Hacienda, subyace una idea errónea y es la de considerar que junto a la indisponibilidad de la Previsión para Inversiones, impuesta expresamente por la Ley, existe una indisponibilidad tácita de las reservas voluntarias que han sido tenidas en cuenta para el cómputo máximo (50%) de la dotación exenta a dicha Previsión para Inversiones, indisponibilidad tácita que se deduce del apartado 2, del artículo 36 del Texto refundido del Impuesto sobre Sociedades de 23 de Diciembre de 1967. Esta tesis es radicalmente errónea, porque las reservas voluntarias son, en principio, disponibles, salvo: a) Que, respecto del ejercicio de que se trate, su distribución pueda alterar, como ya hemos dicho, el beneficio no distribuido, que el artículo 36.2, denomina como "asignaciones a reservas", distribución que ha de tener lugar en el ejercicio a que la reducción de la base imponible se refiera, o en el que se adopte el acuerdo de realizar las asignaciones, que es el ejercicio siguiente, pero, obviamente, si la empresa dejara en años siguientes de dotar la Previsión para Inversiones, podría distribuir las reservas voluntarias, sin efecto retroactivo alguno, como ha reconocido el Tribunal Económico Administrativo Central, en varias resoluciones; y b) Que en el ejercicio de que se trate debe haber una dotación neta efectiva a las reservas voluntarias igual al menos a la dotación a la Previsión para Inversiones, en ese mismo ejercicio. Insistimos de nuevo, que la distribución de las reservas voluntarias lleva consigo la aplicación de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 2, referido, sólo en la medida que provoque la modificación del cómputo de la dotación a la Previsión para Inversiones o incumpla la autofinanciación paralela, y así, desde este condicionamiento, se comprende la lúcida contestación de la Dirección General de Tributos a una consulta, de fecha 14 de Mayo de 1971, en la que dijo: "Se pueden repartir dividendos con cargo a reservas voluntarias, detrayendo el exceso de dotación a estas reservas, sin que se vean afectadas las reducciones por dotación a la previsión para inversiones que fueron practicadas en la base imponible al liquidar el Impuesto sobre Sociedades". Esta opinión se comprende con dos sencillos ejemplos. El primero parte de una dotación a la Previsión para Inversiones del 50 por 100 de los "beneficios no distribuidos", lo cual, si partimos de una cifra de 100 u.m., implica una dotación a reserva voluntaria del 50 u.m. y una dotación a la Previsión para Inversiones de 50 u.m., en este caso, una mínima distribución de la reserva voluntaria, por ejemplo de 1 u.m. comporta la alteración de la dotación a la Previsión para Inversiones, que deberá ser el 50% de 99 u.m., o sea 49'5 u.m. El segundo parte, en cambio, de una dotación a la Previsión para Inversiones del 30% del "beneficio no distribuido", lo cual, implica que las dotaciones serán: a reserva voluntaria, 70 u.m. y a Previsión para Inversiones, 30. u.m., por lo que la empresa podrá distribuir la reserva voluntaria en 40 u.m., en el ejercicio, sin que ello signifique alteración de la dotación efectuada a la Previsión para Inversiones, porque en esta segunda hipótesis continuará respetándose el límite máximo del 50% sobre 60 u.m., igual a 30 u.m. DÉCIMO.- Es mas, el verdadero desideratum de la autofinanciación exenta mediante dotación a la Previsión para Inversiones, es decir la máxima perfección financiera, jurídico-mercantil y fiscal, habría sido exigir que las dotaciones a las reservas voluntarias por mor de la autofinanciación paralela se capitalizaran, para así consolidarla, en este caso con las garantías jurídicas que se derivan del capital social, como cifra de retención patrimonial, pero al legislador le pareció excesiva tal exigencia, y renunció a ella, pero los Inspectores actuarios y la Oficina gestora sí conocían lo que significa capitalizar las reservas voluntarias y la Cuenta de regularización Ley 50/1973, pero interpretaron equivocadamente el apartado 2, del artículo 36, citado, incurriendo en un error metodológico grave, consistente en confundir el plano del Impuesto sobre Sociedades, en el que es obligado moverse para determinar si ha habido o no distribución de las reservas voluntarias, en el que priva el parámetro esencial del mantenimiento o no del neto patrimonial, con el plano del Impuesto sobre las Rentas del Capital, en el que se consideraba como hecho imponible (reparto de dividendos) la entrega de acciones liberadas por incorporación de las reservas voluntarias al capital social, llegando a la absurda conclusión de penalizar fiscalmente la máxima expresión de la autofinanciación paralela a la Previsión para Inversiones, consolidada definitivamente mediante la capitalización de las reservas voluntarias, en contra del interés público, consistente, como decía la Exposición de Motivos de la Ley de 26 de Diciembre de 1957 en "estimular la formación de un equipo industrial mayor y mejor dotado". Insistimos, que para el cómputo de la dotación a la Previsión para Inversiones, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, no del Impuesto sobre las Rentas del Capital, hay que atender exclusivamente a los conceptos económico-financieros propios de la empresa de que se trata, debiendo quedar al margen sus socios o accionistas. Por último, sólo nos queda exclamar que, desde la perspectiva de la empresa, que es la que hay que utilizar: ¡No es beneficio distribuido el que se lleva a capital!. DECIMO PRIMERO.- La incorporación de las reservas voluntarias y de la Cuenta de Regularización de Balances-Ley 50/1973, de 14 de Noviembre, ha de contemplarse exclusivamente desde la perspectiva de la Empresa, siendo indiferente a los efectos del cómputo de la dotación exenta (reducción de la base imponible) que tal incorporación implique la entrega a los accionistas de las correspondientes acciones liberadas, entrega ésta que en 1978 era hecho imponible a efectos del Impuesto sobre las Rentas del Capital, según lo dispuesto textualmente en el artículo 13, apartado 2, del Texto refundido, aprobado por Decreto 3.375/1967, de 23 de Diciembre y consecuentemente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de Sociedades, perceptoras de tales acciones liberadas. La tributación por el Impuesto sobre las Rentas de Capital de la entrega a los accionistas de acciones liberadas, con cargo a reservas, era consecuencia de la naturaleza de este tributo como real o de producto, que no tenía en cuenta los efectos que tal entrega tenía en el capital precedente, que producía el dividendo, sin reconocer, por tanto, que "ex ante" el accionista tenía derecho a una parte alícuota del capital mas las reservas, representada por las acciones antiguas, y, "ex post", la misma participación pero representada por las acciones antiguas mas las acciones nuevas ( las entregadas liberadas), de manera que el valor total no variaba, o lo que es lo mismo no existía "per se", en dicha operación, auténtica renta fiscal. Este hecho económico fue reconocido por la Ley 44/1978, de 8 de Septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que suprimió el Impuesto sobre las Rentas del Capital, y dispuso que las acciones completamente liberadas serían valoradas en cero pesetas, y por lo satisfecho, en su caso, si las acciones se hubiesen recibido parcialmente liberadas. Insistimos, pues, que la entrega de acciones liberadas como consecuencia de la incorporación de las reservas voluntarias a capital, carece de toda transcendencia respecto del cómputo de la dotación a la Previsión para Inversiones, tanto desde la perspectiva de la empresa, como desde los perceptores de tales acciones liberadas, hecho este que es intranscendente por ajeno a la cuestión que estamos analizando. No obstante, lo anterior, sí ha de considerarse que disminuye el "beneficio no distribuido" o mejor "asignaciones a las reservas expresas", el pago del Impuesto sobre las Rentas del Capital correspondiente a la entrega de las acciones liberadas, que se ha hecho con cargo a las reservas voluntarias, porque esta partida concreta no se ha incorporado al capital, y es, por tanto, una disminución evidente de las reservas. DECIMO SEGUNDO.- En cuanto a la pretensión de que, de no aceptarse la dotación a la Previsión para inversiones de 1977, en la cuantía señalada por la recurrente, podría la empresa acogerse a los beneficios establecidos en el artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades del 27 de Diciembre de 1978, respecto de la materialización de dicha dotación, no ha lugar a analizarlo, toda vez que en este voto particular sí se reconoce la virtualidad y validez de la dotación controvertida, razón por la cual el régimen jurídico de la materialización se regía por el Texto refundido, aprobado por Decreto 3.389/1967, de 23 de Diciembre, y, en su caso, por las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 61/1978, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. En cambio, la parte de dotación a la Previsión para Inversiones, del ejercicio 1977, "que resulte como consecuencia de la disminución de las "asignaciones a reservas" o sea del "beneficio no distribuido", derivada del pago del Impuesto sobre las Rentas del Capital por la entrega de las acciones liberadoras, no admitida a los efectos de la reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, tal dotación y la materialización de esa parte de la dotación a la Previsión para Inversiones, se convierten en absolutamente disponibles y libres, a todos los efectos. DÉCIMO TERCERO.- Descartado que la operación de capitalización de las reservas voluntarias por cuantía de 81.120.000 ptas, comporte la pérdida correspondiente de la reducción de la base imponible por dotación a la Previsión para Inversiones, obvio es que no ha lugar siquiera a plantear la existencia de infracción tributaria alguna. Por el contrario, hemos sostenido que sí procede disminuir la reducción por dotación a la Previsión para inversiones, por la parte de las reservas voluntarias, destinadas al pago del Impuesto sobre las Rentas del Capital, por el concepto de entrega de acciones liberadas, porque evidentemente, sí se ha producido una detracción efectiva a las reservas voluntarias por dicha razón, pues nadie puede negar que el patrimonio de la empresa se ha visto disminuido por la salida de 9.013.333 ptas, por pago del Impuesto sobre las Rentas del Capital, de manera que hay que plantear congruentemente, si existe o no infracción tributaria derivada de esta operación, en concreto. Este voto particular acepta los razonamiento de la sentencia, de la que disiente, que declaró la inexistencia de infracción tributaria alguna, pero nuestro razonamiento va mucho mas allá, porque la propuesta de los Inspectores actuarios, aceptada por la Oficina gestora y ratificada por las resoluciones de los Tribunales Económico Administrativos, descubre una heterodoxa conducta tributaria. Todo empezó con la Orden Ministerial de 1 de Junio de 1935, que dispuso, con toda corrección técnica: "Que en caso de que se declaren libres de impuesto (se refería a la Tarifa II de la Contribución sobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria), los dividendos o participaciones gravados en los epígrafes A) y B) del número 2º (dividendos y participaciones en beneficios) de la Tarifa II de la Contribución sobre las Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, se girará la respectiva liquidación del tributo, aplicando el tipo de gravamen que corresponda, según aquellos epígrafes, a la base imponible que resulte de la aplicación de la fórmula matemática que figura en el cuerpo de esta resolución: D x 100/ 100-T = Base imponible en la que, D= Representa el líquido declarado T = Tipo de gravamen". Con esta fórmula, resultado de una sencilla ecuación de primer grado, se hallaba una base imponible tal, que deducido el impuesto, daba el líquido o neto percibido. Esta Orden Ministerial contemplaba el supuesto frecuente de personas, sociedades, etc, que para cubrirse de los efectos de posibles aumentos de los tipos de gravamen, pactaban explícitamente el pago neto de impuestos o sea la retribución líquida a percibir, e implícitamente una retribución íntegra variable, en función de los tipos de gravamen vigentes en cada momento, de manera que esta retribución íntegra aumentaba, cuando se incrementaban los tipos, y viceversa disminuía cuando decrecían los tipos, a efectos de mantener invariable la retribución o utilidad neta pactada. Por supuesto, el "pacto de utilidades libres de impuestos", partía indefectiblemente de la obligación de retener, que se aceptaba y se cumplía. Distinto, por supuesto, era la ocultación de las retribuciones, y por ende de las correspondientes retenciones, y sobre todo el de inexistencia de la obligación de retener. Y, así, llegamos al nudo de la cuestión, el de las retribuciones o utilidades pagadas en especie, respecto de las cuales es indiscutible que no era posible la retención, pues ésta sólo podía exigirse respecto de las retribuciones dinerarias, toda vez que el ingreso en el Tesoro Público sólo podía hacerse en dinero o medios de pago equivalentes. La Ley 41/1964, de 11 de Junio, de Reforma del Sistema Tributario, dispuso en su artículo 45, apartado 3, en relación al Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, lo siguiente: " En el caso de que personas naturales o jurídicas obligadas a declarar utilidades por ellas satisfechas y a retener la contribución correspondiente, abonen dichas utilidades íntegras, sin deducción del impuesto, tendrá la consideración de base imponible aquélla cifra de la que, deducida la deuda tributaria, resultase la utilidad realmente pagada". El Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre las Rentas del Capital aprobado por Decreto 3357/1967, de 23 de Diciembre, cómo la Ley 41/1964, no contenía respecto de este Impuesto, una norma similar a la del artículo 45, apartado 3, mencionada, la reprodujo, con ligeras variantes, en el artículo 22, con el siguiente texto: " Cuando las personas o entidades obligadas a retener el Impuesto declarasen que los rendimientos han sido abonados sin deducción del tributo, tendrá la consideración de percepción íntegra aquella cifra de la que deducida la cuota tributaria resultase el líquido realmente pagado". Este precepto era el vigente en 1977 y 1978. Se aprecia claramente, que este precepto parte de rendimientos respecto de los cuales existe obligación de retener. Está fuera de toda duda, que en las retribuciones en especie no hay obligación de retener, pues opinar lo contrario significaría tanto cómo tener que cortar una parte del bocadillo que la empresa entrega a sus trabajadores, (este hecho se planteó en la realidad) o retirar una o dos piezas del regalo de una vajilla por abrir una cuenta corriente, o una pequeña parte de las acciones liberadas entregadas a los socios o accionistas, que es el caso de autos. Pese a ello, la Inspección de Hacienda, tergiversando el sentido del artículo 22, reproducido, se dedicó sistemáticamente a elevar al íntegro las retribuciones en especie, concretamente la entrega de acciones liberadas, presuponiendo artificiosamente que existía obligación de retener. Esta práctica fue radicalmente cortada por el artículo 147 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 2384/1981, de 3 de Agosto, que dispuso: "3. No existe obligación de practicar retención por las retribuciones en especie que no supongan la entrega, transferencia o abono en cuentas, de dinero u otro documento que lo represente", que si bien no regía en la fecha de autos, como disposición normativa, sus criterios interpretativos, ínsitos en él, eran válidos retroactivamente. Buena prueba de ello, es que cuando la Ley 14/1985, de 29 de Mayo, de Régimen fiscal de Determinados Activos Financieros, reguló el gravamen de las retribuciones en especie, (posteriormente generalizado por la Ley 18/1991, de 6 de Junio, del I.R.P.F.), al no poder utilizar las retenciones, inventó el instrumento tributario de los "ingresos a cuenta", a cargo del pagador, y como Ave Fénix, restauró la idea de la elevación al íntegro, mediante la fórmula de sumar, a efectos de su integración en la base imponible del I.R.P.F., al valor de la retribución en especie, el propio ingreso a cuenta, norma susceptible de una serena y razonable crítica, cuestión que, sin embargo, es ajena, a este recurso de casación. La conclusión última, es que ALFA LAVAL, S.A. no estaba obligada a retener cantidad alguna en concepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital, por la entrega de las acciones liberadas, de modo que ha de afirmarse que no existió infracción tributaria alguna, por pagar dicho Impuesto con cargo a las Reservas voluntarias, aunque ello implicara la disminución de la reducción por dotación a la Previsión para Inversiones. DECIMO CUARTO.- En conclusión procede estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo nº 02/207.450/1990, declarando que la incorporación de las reservas voluntarias a capital llevada a cabo el 6 de Junio de 1978, no disminuye las asignaciones a reservas, a los efectos previstos en el artículo 36, apartado 2, del Texto refundido del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto 3359/1967, de 23 de Diciembre, pero, en cambio, sí produce tal disminución, la parte de las reservas voluntarias, aplicadas al pago del Impuesto sobre las Rentas del Capital, correspondiente a la entrega de acciones liberadas, así como que los hechos referidos no constituyen infracción tributaria, desestimando las demás pretensiones. DECIMO QUINTO.- No procede acordar la expresa imposición de las costas de instancia, y en cuanto a las causadas en el presente recurso de casación que cada parte pague las suyas. Por las razones expuestas, en nombre de Su Majestad el Rey y por la Potestad de juzgar que nos ha conferido el Pueblo español en la Constitución. FALLAMOS PRIMERO.- Estimar el recurso de casación nº 491/1997, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, contra la sentencia dictada con fecha 29 de Octubre de 1996, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Segunda- de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 02/207.450/1990, sentencia que se casa y anula. SEGUNDO.- Desestimar en parte el recurso contencioso-administrativo nº 02/207.450/1990, interpuesto por la entidad mercantil ALFA LAVAL, S.A., respecto solamente de la liquidación por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1977, declarando que no se produjo la prescripción del derecho de la Administración para liquidar el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1977, y estimarlo, en parte, declarando que la incorporación de las reservas voluntarias a capital realizada el 6 de Junio de 1978 por esta sociedad, no disminuye las "asignaciones a reservas expresas" a efectos del cómputo de la dotación reducible hecha a la Previsión para Inversiones, es decir no le es aplicable lo dispuesto en el apartado 2, del artículo 36 del Texto refundido del Impuesto sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas, aprobado por Decreto 3359/1967, de 23 de Diciembre, si bien, por el contrario, sí es aplicable este precepto respecto del pago con cargo a reservas voluntarias, del Impuesto sobre las Rentas del Capital correspondiente a la entrega de las acciones liberadas a los accionistas, y por último que no ha existido infracción tributaria alguna. TERCERO.- No acordar la especial imposición de las costas de instancia y en cuanto a las causadas en este recurso de casación que cada parte pague las suyas. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. PASCUAL SALA SÁNCHEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario de la misma CERTIFICO.