STS, 6 de Octubre de 2010
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 06 Octubre 2010 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Octubre de dos mil diez.
Visto por esta Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina nº 238/2009, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Rayón Castilla en nombre y representación de doña Angelina, contra la sentencia de 27 de noviembre de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo 471/06, sobre liquidaciones tributarias en concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1998.
Interviene como parte recurrida el Abogado del Estado en la representación que le es propia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia de 27 de noviembre de 2008, que contiene el siguiente fallo: "Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso interpuesto por la procuradora D. Ana Rayón García, en representación de Dª. Angelina, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 24 de febrero de 2006, que desestimó de forma acumulada las reclamaciones económico administrativas número NUM000 y NUM001, que interpuso contra la liquidación de 3 de octubre de 2001 resultante del acta de disconformidad número NUM002 en concepto de Impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio de 1998, por importe de 57.156,91 euros y contra el acuerdo sancionador por infracción tributaria grave derivado del acta anterior en cuantía de 35.495,58 euros, por no ser ajustada a Derecho la resolución recurrida en cuento a la sanción que se anula, así como la sanción por infracción tributaria grave de la que procede por haber caducado el procedimiento. No se hace expresa condena en costas."
Notificada la sentencia, se presentó escrito en 2 de febrero de 2009 por la representación procesal de doña Angelina interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina, interesando se tuviera por interpuesto en tiempo y forma hábiles.
El Abogado del Estado, por escrito de 31 de marzo de 2009, solicitó que se tuviera por formulada su oposición a dicho recurso, interesando su desestimación, confirmando la doctrina y criterio de la sentencia recurrida.
Recibidas las actuaciones, por providencia de 17 de septiembre de 2010 se señaló para votación y fallo el 22 de septiembre de 2010, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramon Trillo Torres,
Se impugna, mediante este recurso de casación en unificación de doctrina, la sentencia de fecha 27 de noviembre de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo 471/06, interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 24 de febrero de 2006, desestimatoria de las reclamaciones deducidas frente, en primer lugar, al Acuerdo de la Oficina Técnica de la Delegación Especial de Madrid de la AEAT, en la que se practica liquidación derivada del Acta modelo A02 y nº NUM002, por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1998 y, en segundo lugar, contra el acuerdo por el que se impone sanción grave, con cuantías respectivas de
57.156,91 y 35.495,58 euros., acuerdo, este último, anulado por la sentencia objeto de este recurso, que declaró ajustada a derecho solamente la liquidación practicada.
El recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en la Sección Cuarta, Capítulo III, Título IV (arts. 96 a 99 ) de la Ley procesal de esta Jurisdicción, se configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. "Se trata, con este medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación -siempre que se den, desde luego, los requisitos de su procedencia-, sino "sólo" cuando la inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales específicamente enfrentadas... No es, pues, esta modalidad casacional una forma de eludir la inimpugnabilidad de sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario, ni, por ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para anular, sí, sentencias ilegales, pero sólo si estuvieran en contradicción con otras de Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo específicamente traídas al proceso como opuestas a la que se trate de recurrir" (S.15-7-2003 ).
Esa configuración legal del recurso de casación para la unificación de doctrina determina la exigencia de que en su escrito de formalización se razone y relacione de manera precisa y circunstanciada las identidades que determinan la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia (art. 97 ).
Por ello, como señala la sentencia de 20 de abril de 2004, "la contradicción entre las sentencias aportadas para el contraste y la impugnada debe establecerse sobre la existencia de una triple identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones. No cabe, en consecuencia, apreciar dicha identidad sobre la base de la doctrina sentada en las mismas sobre supuestos de hecho distintos, entre sujetos diferentes o en aplicación de normas distintas del ordenamiento jurídico.
Si se admitiera la contradicción con esta amplitud, el recurso de casación para la unificación de doctrina no se distinguiría del recurso de casación ordinario por infracción de la jurisprudencia cuando se invocara la contradicción con sentencias del Tribunal Supremo. No se trata de denunciar el quebrantamiento de la doctrina, siquiera reiterada, sentada por el Tribunal de casación, sino de demostrar la contradicción entre dos soluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico no sólo en los aspectos doctrinales o en la materia considerada, sino también en los sujetos que promovieron la pretensión y en los elementos de hecho y de Derecho que integran el presupuesto y el fundamento de ésta."
Sobre el alcance de la exigencia o carga procesal impuesta al recurrente de reflejar en el escrito de interposición la relación precisa y circunstanciada de las referidas identidades, se pronuncia la sentencia de 3 de marzo de 2005, señalando que "Como decían muy expresivamente las sentencias de 29 de septiembre de 2003 (recurso núm. 312/2002) y 10 de febrero de 2004 (recurso núm. 25/2003 ), no es la primera vez que nuestra Sala ha tenido ocasión de comprobar que quienes hacen uso de este recurso de casación excepcional centran su discurso casi exclusivamente en la demostración de que la doctrina de la sentencia impugnada está en contradicción con las sentencias de contraste y prestan, en cambio, muy escasa e incluso ninguna atención a los requisitos de identidad sustancial entre hechos, fundamentos y pretensiones de una y otra sentencia (art. 96.1 de la L.J.C.A .).
Y el art. 97.1 dispone imperativamente que el recurso de casación para la unificación de doctrina se interpondrá mediante escrito razonado que deberá contener relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida. Y es que, precisamente porque ésta modalidad de recurso de casación es un recurso contra sentencias no susceptibles de recurso de casación ordinario y cuya cuantía sea superior a tres millones de pesetas (art. 96.3), ha de ponerse particular cuidado en razonar que esos presupuestos efectivamente se dan en el caso que se somete al Tribunal de casación.
Queremos decir con esto que, al conocer de este tipo de recursos, nuestra Sala tiene que empezar por determinar si existe igualdad sustancial entre los hechos, fundamentos y pretensiones (art. 96.1 ), para lo cual el Letrado de la parte recurrente ha de poner un exquisito cuidado en razonar, de forma "precisa y circunstanciada", que se dan las tres clases de identidades sustanciales que exige ese precepto: en los hechos, en los fundamentos y en las pretensiones. Y esa argumentación demostrativa ha de someterla el Letrado a la Sala en su escrito de interposición del recurso (art. 97.1 ), sin que basten meras afirmaciones genéricas de que esos presupuestos concurren en el caso. Y es éste Tribunal el que luego, y a la vista de esos razonamientos y de las sentencias de contraste que, testimoniadas con expresión de su firmeza, se acompañen, decidirá si, tal como dice la parte recurrente, se dan esas identidades en cuyo caso pasará a analizar si hay o no contradicción en la doctrina.
En resumen, en el recurso de casación para la unificación de doctrina es tan importante razonar con precisión las identidades cuya concurrencia exigen los arts. 96.1 y 97.1 (presupuestos de admisión) como la identidad de doctrina (cuestión de fondo). Sin la concurrencia de esas identidades sustanciales en los hechos, en los fundamentos y en las pretensiones no hay lugar a entrar a analizar el problema de fondo, o sea, la contradicción de doctrina. Y ésta doble exigencia vincula en primer lugar al Letrado de la parte recurrente, sin que éste Tribunal pueda suplir lo no hecho por aquél, y ello porque el principio de la tutela judicial efectiva protege tanto a la parte que recurre como a la que se opone".
En el mismo sentido las sentencias de 21 y 28 de febrero y 23 de mayo de 2005 .
Atendiendo a estas consideraciones generales, se aprecia que en este caso la parte recurrente se limita a señalar en su escrito de interposición que " La sentencia de fecha 27 de noviembre de 2008 incurre, dicho sea con todos los respetos, en una clara oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en cuanto a la interpretación y aplicación del principio de "Incremento patrimonial no justificado". Esta oposición a la doctrina jurisprudencial se refleja en las Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 19 de octubre de 1992, 17 de noviembre de 1999, 10 de mayo de 2004 y 28 de junio de 2007 . Todas ellas manifiestan la necesidad de que exista ocultación en las rentas, se prueba la existencia de los referidos incrementos patrimoniales y la inexistencia de los mismos cuando se ha probado por parte del sujeto pasivo su previa existencia ya declarada", sin ninguna precisión o concreción sobre los sujetos intervinientes en cada caso y su posición jurídica, los hechos enjuiciados, las pretensiones formuladas o el fundamento de las decisiones o pronunciamientos jurisdiccionales, no dedicando espacio o apartado alguno en su escrito de interposición del recurso a razonar y precisar de manera circunstancia tales identidades de hechos, fundamentos y pretensiones, que se exige para una adecuada formulación del recurso, lo que determina la natural y legal consecuencia de que proceda declarar su inadmisibilidad, con imposición de las costas a la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el artículo 139.3 de la Ley de la Jurisdicción fija en 1.000 euros la cifra máxima por honorarios de Letrado de la parte recurrida.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por la representación procesal de doña Angelina, contra la sentencia de 27 de noviembre de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo 471/06, sentencia que queda firme; con imposición a la parte recurrente de las costas causadas, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139.3 de la LRJCA, señala en 1.000 euros la cifra máxima por honorarios de Letrado de la parte recurrida.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Juan Gonzalo Martinez Mico Emilio Frias Ponce Angel Aguallo Aviles Jose Antonio Montero Fernandez Ramon Trillo Torres PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Ramon Trillo Torres, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.
