SAN, 20 de Septiembre de 2010
| Ponente | ANA ISABEL GOMEZ GARCIA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2010:4192 |
| Número de Recurso | 199/2009 |
SENTENCIA
Madrid, a veinte de septiembre de dos mil diez.
Visto el presente recurso contencioso administrativo nº 199/09, interpuesto ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional por la Procuradora Dª. Esperanza Álvaro Mateo, en nombre y representación de
D. Roberto, contra Resolución del Ministerio del Interior, de fecha 19 de enero de 2009, sobre denegación del
reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo, en el que la Administración demandada ha estado dirigida y
representada por el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. ANA ISABEL GOMEZ GARCIA, Magistrada de la Sección.
El presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la representación procesal de D. Roberto contra la Resolución del Ministerio del Interior, de fecha 19 de enero de 2009, que le deniega el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo.
Presentado el recurso, se reclamó el expediente administrativo y se dio traslado de todo ello a la parte actora para que formalizara la demanda, la cual expuso los hechos, invocó los fundamentos de derecho y terminó por suplicar que, previos los tramites legales pertinentes, se dicte sentencia en la que, estimando el recurso, se declare no ser conforme a Derecho la resolución impugnada, dejándola sin efecto, por resultar nula de pleno derecho, y reconociendo el derecho del recurrente a que le sea reconocida la condición de refugiado o, subsidiariamente, se acuerde la autorización de su permanencia en España por razones humanitarias, con imposición de costas a la Administración demandada.
Formalizada la demanda se dio traslado al Abogado del Estado para que la contestara, el cual expuso los hechos y fundamentos de Derecho y suplicó se dictara sentencia desestimando el recurso y confirmando la resolución impugnada por ser ajustada a Derecho, con imposición de costas a la recurrente.
Habiendo sido solicitado el recibimiento a prueba del procedimiento se practicó la propuesta, con el resultado que obra en la causa, y, evacuado trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos, señalándose para votación y fallo el día 15 de septiembre del año en curso en que, efectivamente, se votó y falló.
Se dirige el presente recurso contra la resolución de fecha 19 de enero de 2009, dictada por el Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior, denegatoria del reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo al recurrente D. Roberto, nacional de Colombia. Se razona en los fundamentos de dicha resolución, como motivos de la denegación del asilo solicitado, en síntesis, que parte de los elementos probatorios aportados no constituyen prueba o indicio de la persecución alegada, pues o bien se refieren exclusivamente a la situación general del país de origen o bien acreditan solo circunstancias personales del solicitante que, en sí mismas y según la información disponible de su país de origen, no determinan necesariamente la existencia de la persecución alegada; que el relato resulta incongruente en la descripción de los hechos que motivaron la persecución alegada y de los aspectos esenciales de la misma, por lo que no puede considerarse que el solicitante haya establecido suficientemente tal persecución, sin que se deduzcan del expediente otros elementos que indiquen que la misma haya existido o que justifiquen un temor fundado a sufrirla.
En consecuencia, en la resolución impugnada no se aprecia la existencia de temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas que permitan reconocer la condición de refugiado, tal como exige el artículo 1.A.2, párrafo primero, de la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, y conforme a lo dispuesto en el artículo I.2 del Protocolo de Nueva York de 1967, sobre dicho Estatuto, instrumentos internacionales ambos a los que expresamente se remite el artículo 3 de la Ley de Asilo . Tampoco se aprecian razones humanitarias o de interés público para autorizar la permanencia en España al amparo del artículo 17.2 de la Ley de Asilo .
Frente a los anteriores razonamientos, alega la actora en la demanda del recurso, como motivos en los que apoya su pretensión anulatoria de la resolución impugnada, en esencia, que sufrió persecución en su país como consecuencia de su pertenencia al movimiento Holmista del Partido Liberal y haber sido miembro activo del movimiento de liberación contra las FARC.
Invoca infracción de los artículos 6.4, 9, 24.2 y 26.2 del Real Decreto 203/1995, por no haber comunicado su solicitud de asilo al ACNUR en el plazo de 24 horas, no haber procedido la Administración a investigar las circunstancias alegadas e infracción del deber de formular propuesta motivada e individualizada por la Comisión Interministerial. Asimismo, alega la concurrencia de las circunstancias previstas en el art. 31.3 del RD 203/1995 y circunstancias de carácter humanitario para autorizar su permanencia en España, y falta de motivación suficiente en la resolución impugnada.
El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por las razones expuestas en su escrito de contestación a la demanda.
La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que «la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España».
La Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, establece en su artículo 3 :
1. Se reconocerá la condición de refugiado y, por tanto, se concederá asilo a todo extranjero que cumpla los requisitos previstos en los Instrumentos Internacionales ratificados por España, y en especial en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el día 28 julio 1951, y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 enero 1967 . (...)
Tales requisitos son (art. 1 de la Convención y I.2 del Protocolo):
Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él
.
Precisa el artículo 8 que para que se resuelva favorablemente la solicitud de asilo bastará que aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple los requisitos a que se refiere el número 1 del art. 3 .
Por su parte, dispone el artículo 17 de dicha Ley :
"1. La inadmisión a trámite o la denegación de la solicitud de asilo determinarán el rechazo en frontera o la salida obligatoria o expulsión del territorio español, según los casos, del extranjero si careciera de alguno de los requisitos para entrar o permanecer en España de acuerdo con la legislación general de extranjería.
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No obstante lo dispuesto en el número anterior, por razones humanitarias o de interés público podrá autorizarse, en el marco de la legislación general de extranjería, la permanencia en España del interesado cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite o denegada, en particular cuando se trate de personas que, como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país y que no cumplan los requisitos a que se refiere el núm. 1 art. 3 de esta ley .
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En todo caso, el rechazo o la expulsión del interesado no podrá determinar el incumplimiento de la obligación establecida en el ap. 1 art. 33 Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, ni suponer el envío a un tercer Estado en que carezca de protección efectiva contra la devolución al país perseguidor, con arreglo a la citada Convención."
El artículo 33 de la citada Convención establece la prohibición de expulsión y de devolución para los Estados contratantes respecto de los refugiados a los territorios donde su vida o libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o sus opiniones políticas.
El asilo se configura así como un instrumento legal de protección para la defensa de ciudadanos de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos por las causas que enumera. En este sentido, la jurisprudencia (SSTS de 4 de marzo, 10 de abril, 18 y 19 de julio de 1.989 y 13 de noviembre de 2.000, entre otras) ha determinado en qué forma y condiciones ha de actuar la Administración para que su conducta quede ajustada al ordenamiento jurídico, precisando que:
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El otorgamiento de la condición de refugiado a que se refiere el artículo...
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