STSJ Galicia 626/2010, 17 de Junio de 2010
| Ponente | JUAN CARLOS FERNANDEZ LOPEZ |
| ECLI | ES:TSJGAL:2010:6852 |
| Número de Recurso | 4616/2007 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 626/2010 |
| Fecha de Resolución | 17 de Junio de 2010 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.2
A CORUÑA
SENTENCIA: 00626/2010
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0004616/2007
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 002 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos. Sres. D.
JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ BARRERA
JOSE MARIA ARROJO MARTINEZ
JUAN CARLOS FERNANDEZ LOPEZ
A CORUÑA, diecisiete de Junio de dos mil diez.
En el recurso contencioso-administrativo 0004616 /2007 que pende de resolución en esta Sala, interpuesto por Romeo, representado por
el Procurador D. JOSE MANUEL LADO FERNANDEZ, contra RESOLUCIÓN 25-09-07 CPTOPT DESESTIMANDO R/REPOSICIÓN Nº R.P.U.2007/95G/ RESOLUCION 2407 DIRECTOR XERAL URBANISMO EXPEDIENTE R/ REPOSICIÓN LEGALIDAD URBANISTICA Nº 107B2006/52-0. Es parte demandada la CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES DE LA XUNTA DE GALICIA, representada y dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA . La cuantía del recurso es indeterminada.
El representante procesal de don Romeo interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución del secretario xeral de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de
25.09.07 (dictada por delegación de su titular), que confirmó la de su director xeral de Urbanismo de
02.04.07 (igualmente dictada por delegación), en la que declaró que la vivienda unifamiliar construida en el lugar de Pontes, Noalla (Sanxenxo) era ilegalizable y se imponía su demolición y la prohibición de usos.
Admitido el recurso a trámite, se han presentado los escritos de demanda y contestación, a los que ha seguido la práctica de la prueba documental, testifical y pericial interesadas por la parte actora y la formulación de los escritos de conclusiones, tras lo cual se ha declarado finalizado el debate procesal.
Mediante providencia de 30.04.10 se ha señalado el 10.06.10 para votación y fallo, que ha tenido lugar en esa fecha.
Se han observado todas las prescripciones legales.
Es ponente el señor magistrado don JUAN CARLOS FERNANDEZ LOPEZ.
Como consecuencia de la visita de inspección que realizan los vigilantes urbanísticos de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, acuerda su director xeral incoar un procedimiento de restauración de la legalidad por las obras de construcción de una vivienda unifamiliar en el lugar de Pontes, Noalla (Sanxenxo), procedimiento que finalizó por resolución del titular de ese centro directivo de 02.04.07 (dictada por delegación de su titular), que declaró que esa construcción era ilegalizable al erigirse en suelo urbanizable no sectorizado, por lo que ordenó su demolición y la prohibición de usos, resolución confirmada, en sede de recurso de reposición, por la del secretario xeral de ese departamento de 25.09.07 (también dictada por delegación) que aquí se impugna.
La demanda pretende que se anule tal resolución, con fundamento en estos cuatro motivos: el primero, por carecer el departamento autonómico de competencia para adoptar medidas en suelo que no sea rústico, el segundo, por ser legalizables las obras y no haberse ofrecido un plazo para ello, el tercero, por haberle producido al interesado indefensión al no haberse llamado al procedimiento a otros interesados, y el cuarto, por haber caducado el procedimiento de restauración de la legalidad.
A esa pretensión y sus motivos se opone el letrado autonómico y a todos ellos se les debe dar respuesta en los términos que ambos han planteado.
En primer término sostiene la demanda que el departamento autonómico sólo tiene competencia para tramitar y resolver procedimientos de restauración respecto de actuaciones realizadas en suelo rústico, tal y como establece el artículo 214.2 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, lo que no era el caso, pues la vivienda litigiosa se ubicaba en suelo urbanizable no sectorizado.
Como ya ha recordado esta sala en su sentencia de 05.11.09, la expresada ley establece dos clases de suelo urbanizable, el delimitado, para el cual el plan general ha de contener las determinaciones de ordenación básica propias de ese plan general a través de los planes de sectorización (artículo 57 ) y el no delimitado, en el que el plan general no contiene determinaciones, sino que establece criterios (artículo 58 ); la consecuencia de ello es que los terrenos incluidos dentro de este tipo de suelo urbanizable no delimitado (o sectorizado) pueden ser aptos para urbanizar, pero...
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